Editorial
La decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de presentar una controversia sobre constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las reformas sobre el aborto aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) revela el cariz autoritario del gobierno federal, que busca imponer sus convicciones a espaldas de este cuerpo legislativo y de la población de la capital.
En la ciudad de México, sin duda, el apoyo a dicha reforma legislativa, que permite la interrupción del embarazo antes de las 12 primeras semanas de gestación, fue manifiesto. La sociedad civil, innumerables organizaciones no gubernamentales, partidos y muchos personajes de la vida política y artística del país se pronunciaron activamente para impulsar su aprobación. Por el contrario, las movilizaciones en contra, instigadas por organizaciones como Pro Vida y la Iglesia católica, tuvieron poca particiación.
Para varios especialistas en derecho constitucional es claro: los recursos promovidos por la PGR y la CNDH ante la SCJN son una muestra más de la posición dogmática de un gobierno de "derecha, clerical y fiel seguidor de las políticas que dicta el Vaticano".
Y es que, aseguraron, no existe ninguna violación al marco constitucional con las reformas aprobadas. Elisur Arteaga Nava, constitucionalista y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó que las reformas que despenalizan la interrupción del embarazo "no obligan ni invitan a nadie a abortar; además se aprobaron como parte de las competencias de la ALDF para crear tipos penales y despenalizar acciones, sin que se violente ningún marco constitucional".
Si bien reconoció que existe competencia legítima de PGR y CNDH para interponer la acción de inconstitucionalidad, "eso no quiere decir que tengan razón, y en este caso no la tienen porque la asamblea capitalina tiene facultades legítimas para legislar en materia penal y sobre tipos penales, ya que no se trata de un delito federal".
Agregó que la jurisprudencia de la SCJN no puede ser invocada, porque el objetivo de una controversia es demostrar que una normatividad es contraria a la Constitución, "pero no para poner en evidencia que no se está de acuerdo con una decisión legítima". Es decir, no existen motivos para que la resolución de la ALDF sea derogada.
Por otra parte, la decisión de la PGR y la CNDH no sólo atenta contra la independencia de poderes marcada en la Constitución y pone en duda la capacidad del Congreso y del gobierno locales para actuar conforme a sus propios planes, también es una afrenta para la mayoría de los ciudadanos, que apoyaron las reformas. No hay que olvidar que la acción es una imposición del gobierno federal que fracasó en el Legislativo del DF y en las calles y que ahora se traslada al terreno legal.
Para evitar casos como este y otros que afectan la competencia del gobierno capitalino y del Legislativo local, sería deseable avanzar en el proyecto de una reforma política en el DF, dotándola de su propia Constitución. Como señaló el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, es absurdo continuar subordinando a la ciudad en temas como el de la salud.
Ahora el Soberanes pretende pasar por encima de los derechos humanos de los habitantes de la capital de la República. La despenalización del aborto es la voluntad de la población del Distrito Federal en voz de sus representantes en el Congreso y no estamos dispuestos a aceptar las imposiciones de un grupo de mojigatos intolerantes que se creen con el poder de controlar la salud, la vida y las decisiones personales de diez millones de personas. Esto es tan increíble que sólo podemos pensar que es una cortina de humo por la protestas, esas sí, que implican a toda la República en relación a la ley del ISSSTE, a la militarización y al espionaje telefónico.
domingo, mayo 27, 2007
sábado, mayo 26, 2007
Lo legal no siempre es justo
PUNTO DE VISTA
LO LEGAL NO SIEMPRE ES JUSTO
POR: José Angel Miramontes Cordero
El debate sobre la nueva Ley del Issste sigue vigente. En las páginas de los principales diarios de circulación nacional y local continúa tocándose este tema. Me llamó poderosamente la atención un artículo que el domingo pasado (20 de mayo) publicó aquí en Noroeste el prestigiado fiscalista, César Javier Carvajal Espinosa de los Monteros (CJCEM) titulado: “Lo injusto no siempre es inconstitucional”.
En su documento el Licenciado Carbajal comenta que, con sobrada razón, los trabajadores y trabajadoras que cotizan para el Issste han interpuesto un cúmulo de amparos por considerar que la nueva ley violenta sus derechos adquiridos a través del tiempo en que han venido laborando para la dependencia a la cual pertenecen; fundamentalmente lo estipulado por el Artículo 14 de nuestra Carta Magna que habla sobre la garantía de no retroactividad de la norma jurídica.
Señala CJCEM que: “Si bien el establecimiento de mayores cargas a los trabajadores que se establecen en la nueva ley advierten la injusticia de la norma, también lo es, debe decirse, que el H. Pleno Tribunal al analizar casos análogos, se ha pronunciado en el sentido de que modificar los requisitos para acceder a determinadas prestaciones contenidas en la ley anterior o sustituida, no implica violentar derechos adquiridos de los trabajadores....”)
Más adelante el especialista en temas fiscales precisa que debe distinguirse entre derechos adquiridos y meras expectativas de derecho. En pocas palabras lo que Carbajal Espinosa de los Monteros quiere decir es que, quienes ya cumplieron con los requisitos para poder jubilarse (30 años hombres y 28 años mujeres) sí tienen sus derechos a salvo, en tanto que, quienes aún no cumplen con el tiempo estipulado, se estará frente una mera expectativa de derechos, por lo que, “el legislador sí puede variar las condiciones y elementos de la norma jurídica para requisitar el ejercicio de un derecho”.
El Abogado fundamenta su análisis en la Tesis Jurisprudencial: P./J. 42/98. Página 10 emanada del H. Pleno Tribunal y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en Agosto de 1998. Dicha tesis indica que la: “Jubilación de los trabajadores al servicio del estado de Nuevo León. Los párrafos primero y segundo del Artículo sexto Transitorio del Decreto 241 que reformó la ley del ISSSTELEON, en cuanto a las bases que rigen a aquella, no violan garantías de irretroactividad”. Por lo tanto, lo que aquí se plantea como algo legal, también demuestra un duro acto de injusrticia.
Sin pretender en lo más mínimo descalificar lo escrito por CJCEM -no tengo por qué hacerlo- sino más bien con la finalidad de enriquecer el debate, es necesario hacer las siguientes observaciones.
1) Los derechos de los trabajadores no están a discusión en virtud de que los contratos y leyes deben cumplirse en su exacta magnitud bajo el principio de seguridad jurídica; es decir, si alguien fue contratado bajo ciertas condiciones (leyes, normas, cláusulas) los derechos adquiridos por ese “alguien” deben de respetarse.
2) Ninguna ley debe aplicarse de manera retroactiva, ni mucho menos de manera selectiva. No puede ser discriminatoria. Debe responder al principio de generalidad. Tal como lo dice la siguiente tesis jurisprudencial: Novena Epoca Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: IX, Abril de 1999 Tesis: P./J. 23/99 Página: 256 Materia: Constitucional Jurisprudencia. Rubro:
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O DECRETO, NO BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE SE LE HAYA DADO AL MOMENTO DE SU CREACIÓN, SINO A SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINA COMO NORMA DE CARÁCTER GENERAL.
”Para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad es preciso analizar la naturaleza jurídica del acto impugnado y, para ello, es necesario tener en cuenta que un acto legislativo es aquel mediante el cual se crean normas generales, abstractas e impersonales. La ley refiere un número indeterminado e indeterminable de casos y va dirigida a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables (...) la diferencia sustancial entre una ley y un decreto, en cuanto a su aspecto material, es que mientras la ley regula situaciones generales, abstractas e impersonales, el decreto regula situaciones particulares, concretas e individuales..."
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número 23/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve.
3) Nótese que en el caso de los trabajadores del ISSSTELEON se trata de la aplicación de un artículo transitorio de un Decreto. En el caso nuestro es de la abrogación de una ley. Ley que debe cumplir con los principios que señala la Tesis Jurisprudencial anterior y la Constitución misma y que no fueron considerados por el legislador en la elaboración de su contenido.
4) Los elementos constitutivos de los derechos de los trabajadores ya están dados desde antes de que se aplique la nueva ley, en su reglamento, contrato colectivo y en la Ley Suprema.
Finalmente, sabemos que la resolución del juez encargado de este delicado asunto no es tan sencilla y que este señor será sometido a presiones de toda índole, principalmente de las que provengan de las altas esferas del poder. Ojalá el impartidor de justicia cumpla con esta tarea con sapiencia y magnanimidad.
NOTA: Se convoca a todos los demandantes de amparo contra la ley a una reunión informativa, este lunes 27 de mayo a las 5:30 de la tarde en la sala audiovisual de la preparatoria Rubén Jaramillo (Mazatlán, Sin.). Te esperamos.
LO LEGAL NO SIEMPRE ES JUSTO
POR: José Angel Miramontes Cordero
El debate sobre la nueva Ley del Issste sigue vigente. En las páginas de los principales diarios de circulación nacional y local continúa tocándose este tema. Me llamó poderosamente la atención un artículo que el domingo pasado (20 de mayo) publicó aquí en Noroeste el prestigiado fiscalista, César Javier Carvajal Espinosa de los Monteros (CJCEM) titulado: “Lo injusto no siempre es inconstitucional”.
En su documento el Licenciado Carbajal comenta que, con sobrada razón, los trabajadores y trabajadoras que cotizan para el Issste han interpuesto un cúmulo de amparos por considerar que la nueva ley violenta sus derechos adquiridos a través del tiempo en que han venido laborando para la dependencia a la cual pertenecen; fundamentalmente lo estipulado por el Artículo 14 de nuestra Carta Magna que habla sobre la garantía de no retroactividad de la norma jurídica.
Señala CJCEM que: “Si bien el establecimiento de mayores cargas a los trabajadores que se establecen en la nueva ley advierten la injusticia de la norma, también lo es, debe decirse, que el H. Pleno Tribunal al analizar casos análogos, se ha pronunciado en el sentido de que modificar los requisitos para acceder a determinadas prestaciones contenidas en la ley anterior o sustituida, no implica violentar derechos adquiridos de los trabajadores....”)
Más adelante el especialista en temas fiscales precisa que debe distinguirse entre derechos adquiridos y meras expectativas de derecho. En pocas palabras lo que Carbajal Espinosa de los Monteros quiere decir es que, quienes ya cumplieron con los requisitos para poder jubilarse (30 años hombres y 28 años mujeres) sí tienen sus derechos a salvo, en tanto que, quienes aún no cumplen con el tiempo estipulado, se estará frente una mera expectativa de derechos, por lo que, “el legislador sí puede variar las condiciones y elementos de la norma jurídica para requisitar el ejercicio de un derecho”.
El Abogado fundamenta su análisis en la Tesis Jurisprudencial: P./J. 42/98. Página 10 emanada del H. Pleno Tribunal y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en Agosto de 1998. Dicha tesis indica que la: “Jubilación de los trabajadores al servicio del estado de Nuevo León. Los párrafos primero y segundo del Artículo sexto Transitorio del Decreto 241 que reformó la ley del ISSSTELEON, en cuanto a las bases que rigen a aquella, no violan garantías de irretroactividad”. Por lo tanto, lo que aquí se plantea como algo legal, también demuestra un duro acto de injusrticia.
Sin pretender en lo más mínimo descalificar lo escrito por CJCEM -no tengo por qué hacerlo- sino más bien con la finalidad de enriquecer el debate, es necesario hacer las siguientes observaciones.
1) Los derechos de los trabajadores no están a discusión en virtud de que los contratos y leyes deben cumplirse en su exacta magnitud bajo el principio de seguridad jurídica; es decir, si alguien fue contratado bajo ciertas condiciones (leyes, normas, cláusulas) los derechos adquiridos por ese “alguien” deben de respetarse.
2) Ninguna ley debe aplicarse de manera retroactiva, ni mucho menos de manera selectiva. No puede ser discriminatoria. Debe responder al principio de generalidad. Tal como lo dice la siguiente tesis jurisprudencial: Novena Epoca Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: IX, Abril de 1999 Tesis: P./J. 23/99 Página: 256 Materia: Constitucional Jurisprudencia. Rubro:
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O DECRETO, NO BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE SE LE HAYA DADO AL MOMENTO DE SU CREACIÓN, SINO A SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINA COMO NORMA DE CARÁCTER GENERAL.
”Para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad es preciso analizar la naturaleza jurídica del acto impugnado y, para ello, es necesario tener en cuenta que un acto legislativo es aquel mediante el cual se crean normas generales, abstractas e impersonales. La ley refiere un número indeterminado e indeterminable de casos y va dirigida a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables (...) la diferencia sustancial entre una ley y un decreto, en cuanto a su aspecto material, es que mientras la ley regula situaciones generales, abstractas e impersonales, el decreto regula situaciones particulares, concretas e individuales..."
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número 23/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve.
3) Nótese que en el caso de los trabajadores del ISSSTELEON se trata de la aplicación de un artículo transitorio de un Decreto. En el caso nuestro es de la abrogación de una ley. Ley que debe cumplir con los principios que señala la Tesis Jurisprudencial anterior y la Constitución misma y que no fueron considerados por el legislador en la elaboración de su contenido.
4) Los elementos constitutivos de los derechos de los trabajadores ya están dados desde antes de que se aplique la nueva ley, en su reglamento, contrato colectivo y en la Ley Suprema.
Finalmente, sabemos que la resolución del juez encargado de este delicado asunto no es tan sencilla y que este señor será sometido a presiones de toda índole, principalmente de las que provengan de las altas esferas del poder. Ojalá el impartidor de justicia cumpla con esta tarea con sapiencia y magnanimidad.
NOTA: Se convoca a todos los demandantes de amparo contra la ley a una reunión informativa, este lunes 27 de mayo a las 5:30 de la tarde en la sala audiovisual de la preparatoria Rubén Jaramillo (Mazatlán, Sin.). Te esperamos.
El derecho a informar y estar informado
Este tema no tiene relación alguna con el de la libertad de prensa ni con la libertad de expresión, lo que significa una ratificación clara y contundente de los derechos fundamentales de los ciudadanos sobre la libre expresión.
"La Informacion es un Derecho, no una Mercancia".....................
Las frecuencias de radiodifusión son patrimonio de la humanidad, administradas por los Estados nacionales, para satisfacer el mayor bienestar de sus pueblos. Nadie puede pensar que son propiedad de una empresa o corporación.
Por ende es potestad de los estados nacionales la concesión, revocación o renovación de las concesiones, de acuerdo con su Constitución, sus legislaciones nacionales y los criterios de la ONU sobre derechos humanos y el interés colectivo. Numerosos Estados, entre ellos varios latinoamericanos, han hecho uso de esa potestad soberana en el pasado reciente.
TeleSURtv.net / Nota recomendada por adriana
Para ver nota completa y video presionar al link
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/nota/index.php?ckl=11838
Declaración final de las Jornadas Internacionales de Telesur “El derecho a informar y estar informado”
El consejo asesor de TeleSUR aprobó un manifiesto final al que se sumaron todos los participantes de las jornadas internacionales "El derecho ciudadano a informar y estar informado" que culminó este domingo en la ciudad de Caracas, tras dos días de debates.
El consejo asesor de Telesur tras dos días de reuniones aprueba el siguiente manifiesto al que se han adherido los participantes de las jornadas.
Las frecuencias de radiodifusión son patrimonio de la humanidad, administradas por los Estados nacionales, para satisfacer el mayor bienestar de sus pueblos. Nadie puede pensar que son propiedad de una empresa o corporación.
Por ende es potestad de los estados nacionales la concesión, revocación o renovación de las concesiones, de acuerdo con su Constitución, sus legislaciones nacionales y los criterios de la ONU sobre derechos humanos y el interés colectivo. Numerosos Estados, entre ellos varios latinoamericanos, han hecho uso de esa potestad soberana en el pasado reciente.
Este tema no tiene relación alguna con el de la libertad de prensa ni con la libertad de expresión, lo que significa una ratificación clara y contundente de los derechos fundamentales de los ciudadanos sobre la libre expresión.
Para garantizar que sea patrimonio de la humanidad, es imprescindible una democratización de las frecuencias radioeléctricas en América Latina, donde la concesión de las mismas ha favorecido la concentración en grandes grupos económicos, nacionales y transnacionales, y no la creación de televisoras de servicio público.
En este sentido, aplaudimos las recientes decisiones de Argentina, Brasil y Uruguay de rescatar el espacio público. En Argentina, el canal cultural Encuentro, abre una nueva perspectiva desde el propio estado. Brasil avanzó hacia la conformación de una televisión pública nacional, que involucra a emisoras estatales, regionales, legislativas, educativas, universitarias y comunitarias, además de usuarios y organizaciones sociales. El Poder legislativo uruguayo puso en marcha una nueva ley para la radiodifusión comunitaria, que apunta a la democratización del espectro radioeléctrico.
Al mismo tiempo denunciamos las campañas de manipulación y desestabilización a las que están sometiendo los medios de comunicación a los gobiernos de Bolivia y Ecuador en un intento de condicionar e impedir el desarrollo de políticas populares por parte de esos ejecutivos.
En el caso específico de la no renovación de la licencia a la televisora RCTV en Venezuela, la decisión está totalmente ajustada al derecho, y no significa ninguna arbitrariedad, ni ilegalidad. Extraña, asimismo, la injerencia de organizaciones internacionales y multilaterales en asuntos internos de una nación, sobre todo cuando la preocupación ha sido sobre lo intereses sectoriales de una sola empresa, en un país donde existen más de 45 televisoras y 800 radioemisoras privadas.
Caracas, 20 de mayo de 2007
TeleSUR
El consejo asesor de TeleSUR aprobó un manifiesto final al que se sumaron todos los participantes de las jornadas internacionales
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/nota/index.php?ckl=11838
Para ver más notas relacionadas visite la dirección: www.telesurtv.net
IMPORTANTE: La empresa TeleSUR no se responsabiliza por el contenido y la cantidad de mensajes enviados por el remitente
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Las frecuencias de radiodifusión son patrimonio de la humanidad, administradas por los Estados nacionales, para satisfacer el mayor bienestar de sus pueblos. Nadie puede pensar que son propiedad de una empresa o corporación.
Por ende es potestad de los estados nacionales la concesión, revocación o renovación de las concesiones, de acuerdo con su Constitución, sus legislaciones nacionales y los criterios de la ONU sobre derechos humanos y el interés colectivo. Numerosos Estados, entre ellos varios latinoamericanos, han hecho uso de esa potestad soberana en el pasado reciente.
TeleSURtv.net / Nota recomendada por adriana
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Declaración final de las Jornadas Internacionales de Telesur “El derecho a informar y estar informado”
El consejo asesor de TeleSUR aprobó un manifiesto final al que se sumaron todos los participantes de las jornadas internacionales "El derecho ciudadano a informar y estar informado" que culminó este domingo en la ciudad de Caracas, tras dos días de debates.
El consejo asesor de Telesur tras dos días de reuniones aprueba el siguiente manifiesto al que se han adherido los participantes de las jornadas.
Las frecuencias de radiodifusión son patrimonio de la humanidad, administradas por los Estados nacionales, para satisfacer el mayor bienestar de sus pueblos. Nadie puede pensar que son propiedad de una empresa o corporación.
Por ende es potestad de los estados nacionales la concesión, revocación o renovación de las concesiones, de acuerdo con su Constitución, sus legislaciones nacionales y los criterios de la ONU sobre derechos humanos y el interés colectivo. Numerosos Estados, entre ellos varios latinoamericanos, han hecho uso de esa potestad soberana en el pasado reciente.
Este tema no tiene relación alguna con el de la libertad de prensa ni con la libertad de expresión, lo que significa una ratificación clara y contundente de los derechos fundamentales de los ciudadanos sobre la libre expresión.
Para garantizar que sea patrimonio de la humanidad, es imprescindible una democratización de las frecuencias radioeléctricas en América Latina, donde la concesión de las mismas ha favorecido la concentración en grandes grupos económicos, nacionales y transnacionales, y no la creación de televisoras de servicio público.
En este sentido, aplaudimos las recientes decisiones de Argentina, Brasil y Uruguay de rescatar el espacio público. En Argentina, el canal cultural Encuentro, abre una nueva perspectiva desde el propio estado. Brasil avanzó hacia la conformación de una televisión pública nacional, que involucra a emisoras estatales, regionales, legislativas, educativas, universitarias y comunitarias, además de usuarios y organizaciones sociales. El Poder legislativo uruguayo puso en marcha una nueva ley para la radiodifusión comunitaria, que apunta a la democratización del espectro radioeléctrico.
Al mismo tiempo denunciamos las campañas de manipulación y desestabilización a las que están sometiendo los medios de comunicación a los gobiernos de Bolivia y Ecuador en un intento de condicionar e impedir el desarrollo de políticas populares por parte de esos ejecutivos.
En el caso específico de la no renovación de la licencia a la televisora RCTV en Venezuela, la decisión está totalmente ajustada al derecho, y no significa ninguna arbitrariedad, ni ilegalidad. Extraña, asimismo, la injerencia de organizaciones internacionales y multilaterales en asuntos internos de una nación, sobre todo cuando la preocupación ha sido sobre lo intereses sectoriales de una sola empresa, en un país donde existen más de 45 televisoras y 800 radioemisoras privadas.
Caracas, 20 de mayo de 2007
TeleSUR
El consejo asesor de TeleSUR aprobó un manifiesto final al que se sumaron todos los participantes de las jornadas internacionales
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Colombia sacudida por paro nacional contra políticas del gobierno de Uribe
El Turbión - Número 171 – mayo 24 de 2007
Más de 42.000 personas marcharon el miércoles 23 de mayo en Bogotá, en el marco del Paro Nacional. A la convocatoria, realizada por la Gran Coalición Democrática, respondieron organizaciones de estudiantes, maestros, trabajadores, pensionados, indígenas, campesinos, afrocolombianos, vendedores ambulantes, mujeres, desplazados, pobladores de los barrios populares y de diversos sectores de la sociedad que salieron a las calles para rechazar el Tratado de Libre Comercio, el recorte a las transferencias presupuestales a las regiones, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2010, la política represiva del gobierno de Uribe y la penetración de las mafias paramilitares en el Estado.
Desde las 10 de la mañana, hora de la convocatoria, más de 15 diferentes concentraciones se dieron, de acuerdo a la Secretaría de Gobierno del Distrito, por toda Bogotá, generando una gigantesca parálisis de los principales corredores viales de la capital y, en particular, del centro de la ciudad, donde el paso de las marchas hacia la Plaza de Bolívar, sede del Congreso, las altas cortes y del Palacio de Gobierno, estuvo marcado por gigantescas masas humanas que ocuparon la Carrera Séptima, la décima, la avenida El Dorado, la NQS y la calle 53, para demostrar su descontento con el régimen y las medidas de gobierno asumidas por la actual administración.
Sin plata para lo fundamental
La agenda legislativa del Gobierno Nacional ha estado marcada por la sombra de una crisis económica que se avecinaría con la caída del precio del dólar y el sorprendente aumento de la inflación que se presenta actualmente. Para evitar este conflicto, el Ejecutivo ha introducido iniciativas en el Congreso que recortarían, aún más, los ya insuficientes recursos que el Estado destina a la salud, la educación, el saneamiento básico y la atención de la población en situación de vulnerabilidad, y ha anunciado la posible implementación de una nueva reforma tributaria para atenuar los efectos de fenómenos como el masivo ingreso de divisas, relacionadas en muchos casos con el lavado de activos del narcoparamilitarismo, y el uso de las finanzas públicas en las corruptelas propias del proceso de elecciones regionales que se aproxima.
En este sentido, no es raro que se pretenda, por vía de una nueva reforma a la Constitución de 1991, recortar nuevamente los recursos que la nación transfiere a los departamentos para el funcionamiento de estos servicios básicos, lo cual pondría en apuros a las administraciones departamentales y municipales de las zonas más pobres para garantizar el sostenimiento de hospitales, puestos de salud, escuelas y hasta redes de acueducto y alcantarillado, de forma que se verían abocadas estas instituciones a una quimérica autofinanciación, al cierre definitivo o a su privatización.
Este elemento, junto con la aprobación en el Congreso del PND, que articula el panorama del país para los próximos años, ha generado la indignación de profesores, estudiantes, trabajadores de la salud y de los servicios públicos, así como de usuarios y comunidades organizadas en las regiones.
Tal fuerza cobra esta problemática que los educadores agrupados en Fecode y las principales organizaciones de estudiantes de secundaria –Andes, FES, UDES, OCE, Consec– han iniciado un cese de actividades de carácter indefinido que mantiene sin clases una gran mayoría de los planteles públicos del país y que ha desatado las iras del gobierno, que no ha dudado en catalogar la protesta de ilegítima y a estas organizaciones de mentir al país al denunciar el recorte de más de 42.000 millones de pesos para la educación, liderando, tal como lo señaló Uribe Vélez, “un paro injusto, un paro político”, mientras la ministra de Educación, Cecilia María Vélez White, los ha acusado de “irresponsables” por apoyar las demandas estudiantiles y por proponer un retorno a la liquidación de transferencias consagrada en la Constitución de 1991.
Ante este panorama, los principales dirigentes del gremio magisterial han manifestado que “aceptar la reforma a las transferencias es aceptar la pérdida de más de 32.000 plazas docentes” y que el propio gobierno admite, en los documentos de análisis elaborados para sustentar su posición para el debate parlamentario, que “la reforma a las transferencias –de 2001– ha significado una pérdida de recursos para departamentos y municipios”. De acuerdo con Fecode, los recortes entre 2009 y 2019, fecha de culminación del plan marco de gobierno de Uribe, los recortes ascenderían a 52 billones de pesos, que, sumados a los más de 14 billones que ya se han quitado a las regiones, serían los mismos recursos “que el presidente reparte a dedo en esa especie de Corte de los Milagros en que se han convertido los semanales Consejos Comunitarios”.
La parálisis, mientras tanto, se mantiene en casi todo el país, aún con zonas en las que los profesores no se unieron a la protesta o fueron coaccionados para no participar, ya sea por vía de la intimidación o por la presión laboral. Se calcula que apenas un 14% de los colegios públicos del país seguiría funcionando normalmente, mientras la ministra habla de una normalidad del 60% y anuncia medidas contra los líderes del movimiento como el no pago de sus salarios.
A la marcha del miércoles 23 en Bogotá han asistido al menos 4.000 estudiantes de secundaria de Bogotá y unos 2.500 de otras regiones que se encontraban marchando entre Fusagasugá y la capital para participar del Paro Nacional.
Más información
Más de 42.000 personas marcharon el miércoles 23 de mayo en Bogotá, en el marco del Paro Nacional. A la convocatoria, realizada por la Gran Coalición Democrática, respondieron organizaciones de estudiantes, maestros, trabajadores, pensionados, indígenas, campesinos, afrocolombianos, vendedores ambulantes, mujeres, desplazados, pobladores de los barrios populares y de diversos sectores de la sociedad que salieron a las calles para rechazar el Tratado de Libre Comercio, el recorte a las transferencias presupuestales a las regiones, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2010, la política represiva del gobierno de Uribe y la penetración de las mafias paramilitares en el Estado.
Desde las 10 de la mañana, hora de la convocatoria, más de 15 diferentes concentraciones se dieron, de acuerdo a la Secretaría de Gobierno del Distrito, por toda Bogotá, generando una gigantesca parálisis de los principales corredores viales de la capital y, en particular, del centro de la ciudad, donde el paso de las marchas hacia la Plaza de Bolívar, sede del Congreso, las altas cortes y del Palacio de Gobierno, estuvo marcado por gigantescas masas humanas que ocuparon la Carrera Séptima, la décima, la avenida El Dorado, la NQS y la calle 53, para demostrar su descontento con el régimen y las medidas de gobierno asumidas por la actual administración.
Sin plata para lo fundamental
La agenda legislativa del Gobierno Nacional ha estado marcada por la sombra de una crisis económica que se avecinaría con la caída del precio del dólar y el sorprendente aumento de la inflación que se presenta actualmente. Para evitar este conflicto, el Ejecutivo ha introducido iniciativas en el Congreso que recortarían, aún más, los ya insuficientes recursos que el Estado destina a la salud, la educación, el saneamiento básico y la atención de la población en situación de vulnerabilidad, y ha anunciado la posible implementación de una nueva reforma tributaria para atenuar los efectos de fenómenos como el masivo ingreso de divisas, relacionadas en muchos casos con el lavado de activos del narcoparamilitarismo, y el uso de las finanzas públicas en las corruptelas propias del proceso de elecciones regionales que se aproxima.
En este sentido, no es raro que se pretenda, por vía de una nueva reforma a la Constitución de 1991, recortar nuevamente los recursos que la nación transfiere a los departamentos para el funcionamiento de estos servicios básicos, lo cual pondría en apuros a las administraciones departamentales y municipales de las zonas más pobres para garantizar el sostenimiento de hospitales, puestos de salud, escuelas y hasta redes de acueducto y alcantarillado, de forma que se verían abocadas estas instituciones a una quimérica autofinanciación, al cierre definitivo o a su privatización.
Este elemento, junto con la aprobación en el Congreso del PND, que articula el panorama del país para los próximos años, ha generado la indignación de profesores, estudiantes, trabajadores de la salud y de los servicios públicos, así como de usuarios y comunidades organizadas en las regiones.
Tal fuerza cobra esta problemática que los educadores agrupados en Fecode y las principales organizaciones de estudiantes de secundaria –Andes, FES, UDES, OCE, Consec– han iniciado un cese de actividades de carácter indefinido que mantiene sin clases una gran mayoría de los planteles públicos del país y que ha desatado las iras del gobierno, que no ha dudado en catalogar la protesta de ilegítima y a estas organizaciones de mentir al país al denunciar el recorte de más de 42.000 millones de pesos para la educación, liderando, tal como lo señaló Uribe Vélez, “un paro injusto, un paro político”, mientras la ministra de Educación, Cecilia María Vélez White, los ha acusado de “irresponsables” por apoyar las demandas estudiantiles y por proponer un retorno a la liquidación de transferencias consagrada en la Constitución de 1991.
Ante este panorama, los principales dirigentes del gremio magisterial han manifestado que “aceptar la reforma a las transferencias es aceptar la pérdida de más de 32.000 plazas docentes” y que el propio gobierno admite, en los documentos de análisis elaborados para sustentar su posición para el debate parlamentario, que “la reforma a las transferencias –de 2001– ha significado una pérdida de recursos para departamentos y municipios”. De acuerdo con Fecode, los recortes entre 2009 y 2019, fecha de culminación del plan marco de gobierno de Uribe, los recortes ascenderían a 52 billones de pesos, que, sumados a los más de 14 billones que ya se han quitado a las regiones, serían los mismos recursos “que el presidente reparte a dedo en esa especie de Corte de los Milagros en que se han convertido los semanales Consejos Comunitarios”.
La parálisis, mientras tanto, se mantiene en casi todo el país, aún con zonas en las que los profesores no se unieron a la protesta o fueron coaccionados para no participar, ya sea por vía de la intimidación o por la presión laboral. Se calcula que apenas un 14% de los colegios públicos del país seguiría funcionando normalmente, mientras la ministra habla de una normalidad del 60% y anuncia medidas contra los líderes del movimiento como el no pago de sus salarios.
A la marcha del miércoles 23 en Bogotá han asistido al menos 4.000 estudiantes de secundaria de Bogotá y unos 2.500 de otras regiones que se encontraban marchando entre Fusagasugá y la capital para participar del Paro Nacional.
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Acusan en Bolivia a embajador de EU de "injerencista"
ROSA ROJAS
La Paz, 25 de mayo. El embajador de Estados Unidos en Bolivia, Philip Goldberg, fue acusado este viernes por la ministra de Justicia, Celima Torrico; el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, y el coordinador de la bancada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, de "injerencismo" en los asuntos internos del país. El diplomático manifestó su apoyo al Poder Judicial, acusado de "corrupto" por el presidente Evo Morales.
El mandatario llamó el jueves a las organizaciones sociales a reforzar su apoyo al proceso de cambio que impulsa su gobierno, luego de afirmar en la capital, Sucre, sede del Poder Judicial, que "se siente bloqueado" por los magistrados que no acompañan las medidas tomadas por su administración, como la nacionalización de los hidrocarburos.
También en Sucre, donde igualmente asistió a la conmemoración del 198 aniversario del departamento de Chuquisaca, Goldberg, quien hizo una "visita protocolar" a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, encabezados por su presidente, Héctor Sandoval, aseveró: "Estados Unidos considera que ninguna democracia puede ser fuerte sin el respeto a la independencia de los poderes".
El embajador estadunidense señaló que "las democracias solamente se fortalecen mediante el respeto a sus instituciones, a su independencia; es decir, el respeto a los principios esenciales que una democracia debe tener".
Al respecto, Torrico criticó la intromisión del diplomático estadunidense en asuntos internos bolivianos y dijo que lo que Goldberg debe hacer es colaborar con Bolivia para que Estados Unidos extradite al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien se refugió allá luego de su caída por la represión de movimientos populares en 2003, con saldo de 67 muertos y cientos de heridos. Novillo aseveró, por su parte, que la cancillería boliviana "debería hacer una representación" para llamar a Goldberg a rendir cuentas.
La Paz, 25 de mayo. El embajador de Estados Unidos en Bolivia, Philip Goldberg, fue acusado este viernes por la ministra de Justicia, Celima Torrico; el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, y el coordinador de la bancada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, de "injerencismo" en los asuntos internos del país. El diplomático manifestó su apoyo al Poder Judicial, acusado de "corrupto" por el presidente Evo Morales.
El mandatario llamó el jueves a las organizaciones sociales a reforzar su apoyo al proceso de cambio que impulsa su gobierno, luego de afirmar en la capital, Sucre, sede del Poder Judicial, que "se siente bloqueado" por los magistrados que no acompañan las medidas tomadas por su administración, como la nacionalización de los hidrocarburos.
También en Sucre, donde igualmente asistió a la conmemoración del 198 aniversario del departamento de Chuquisaca, Goldberg, quien hizo una "visita protocolar" a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, encabezados por su presidente, Héctor Sandoval, aseveró: "Estados Unidos considera que ninguna democracia puede ser fuerte sin el respeto a la independencia de los poderes".
El embajador estadunidense señaló que "las democracias solamente se fortalecen mediante el respeto a sus instituciones, a su independencia; es decir, el respeto a los principios esenciales que una democracia debe tener".
Al respecto, Torrico criticó la intromisión del diplomático estadunidense en asuntos internos bolivianos y dijo que lo que Goldberg debe hacer es colaborar con Bolivia para que Estados Unidos extradite al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien se refugió allá luego de su caída por la represión de movimientos populares en 2003, con saldo de 67 muertos y cientos de heridos. Novillo aseveró, por su parte, que la cancillería boliviana "debería hacer una representación" para llamar a Goldberg a rendir cuentas.
Terminan campañas electorales en España; este domingo, la votación
Elegirán 65,347 concejales y 812 diputados
NOTIMEX
Madrid, 25 de mayo. Los partidos políticos españoles cerraron hoy sus campañas para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 27 de mayo, en las que el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el opositor Partido Popular (PP), de derecha, buscan fortalecer su poder. Los comicios se celebrarán en 13 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, mientras Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía celebran sus procesos en un calendario diferente.
Después de 15 días de campaña, este sábado será la jornada de reflexión para dar paso a las votaciones del domingo.
En estas elecciones serán electos 65 mil 347 concejales y 812 diputados para los parlamentos autonómicos; en éstas se conformarán nuevos gobierno o habrá relección.
De las comunidades autónomas en que habrá votaciones, el PSOE gobierna en Asturias, Aragón, Castilla La Mancha y Extremadura. El PP, en Madrid, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia, además de Ceuta y Melilla.
En las elecciones anteriores -en 2003- el PSOE fue la formación política más votada, al lograr 34.8 por ciento de los sufragios (unos 7 millones 900 mil) y el PP logró 34.2 por ciento (unos 7 millones 800 mil).
De acuerdo con diferentes sondeos de intención de voto, podría haber cambio de gobierno en las Islas Canarias y Baleares en favor del PSOE, y en Asturias en favor del PP. También se calcula que en Navarra los socialistas podrían aumentar su número de sufragios.
Del Correo del blog:
NOTIMEX
Madrid, 25 de mayo. Los partidos políticos españoles cerraron hoy sus campañas para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 27 de mayo, en las que el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el opositor Partido Popular (PP), de derecha, buscan fortalecer su poder. Los comicios se celebrarán en 13 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, mientras Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía celebran sus procesos en un calendario diferente.
Después de 15 días de campaña, este sábado será la jornada de reflexión para dar paso a las votaciones del domingo.
En estas elecciones serán electos 65 mil 347 concejales y 812 diputados para los parlamentos autonómicos; en éstas se conformarán nuevos gobierno o habrá relección.
De las comunidades autónomas en que habrá votaciones, el PSOE gobierna en Asturias, Aragón, Castilla La Mancha y Extremadura. El PP, en Madrid, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia, además de Ceuta y Melilla.
En las elecciones anteriores -en 2003- el PSOE fue la formación política más votada, al lograr 34.8 por ciento de los sufragios (unos 7 millones 900 mil) y el PP logró 34.2 por ciento (unos 7 millones 800 mil).
De acuerdo con diferentes sondeos de intención de voto, podría haber cambio de gobierno en las Islas Canarias y Baleares en favor del PSOE, y en Asturias en favor del PP. También se calcula que en Navarra los socialistas podrían aumentar su número de sufragios.
Del Correo del blog:
COORDINADORA ESTATAL DE ASOCIACIONES SOLIDARIAS CON EL SAHARA
Por la Descolonización y la Independencia del Sáhara
ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS EN CANARIAS
DOMINGO 27 DE MAYO
ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS EN CANARIAS
DOMINGO 27 DE MAYO
Caracas, lista para enfrentar disturbios por cierre de RCTV
Desestima el presidente Hugo Chávez la condena de eurodiputados a la disposición
Especialistas resaltan el papel de algunos medios de información durante el golpe de 2002
"Gobierno y pueblo", atentos a posibles sabotajes cuando se presente Tves, la nueva emisora
STELLA CALLONI
Caracas, 25 de mayo. En un escenario cargado de rumores y tensión, ante una posible conspiración de opositores, el gobierno del presidente Hugo Chávez espera un fin de semana agitado. Son fuertes los preparativos para evitar "cualquier provocación" que pueda enturbiar la fiesta por el inicio de operaciones de Televisora Social (Tves), cuando en la medianoche del próximo 27 de mayo finalice la concesión del espacio radioeléctrico que desde hace más de 50 años posee la empresa Radio Caracas Televisión (RCTV).
El mandatario desestimó ayer el voto de 43 legisladores del Parlamento Europeo -en una cámara integrada por 784, que estaba vacía-, quienes condenaron la medida del gobierno venezolano de no renovar la concesión al monopolio informativo RCTV. Otros 22 votaron en favor de Venezuela. Esto último, señalaron voceros gubernamentales en Caracas, "muestra una respuesta absolutamente débil ante la presión de Estados Unidos y las derechas más recalcitrantes".
Chávez agradeció a eurodiputados socialistas que rehusaran estar presentes en esa votación de la "extrema derecha europea", a la que calificó de "fascista, franquista y hitlerista".
De la misma manera, restó importancia a que en Estados Unidos el republicano Richard Lugar y el demócrata Christopher Dodd solicitaran al senado condenar al gobierno venezolano. Insistieron en llamar "cierre" lo que Chávez considera como "el final de una concesión y el derecho soberano del país", y mencionaron que no hay sentencia judicial alguna que pruebe la "actividad delictiva" de RCTV, lo cual, dicen, supone una violación a los compromisos firmados por Venezuela en materia de derechos humanos.
"Esto es un planteamiento tergiversado, porque en ningún momento se habla de que haya una situación judicial o se intente cerrar esa empresa por desinformar, y menos aún por la línea editorial distinta al pensamiento del gobierno, sino que termina una concesión y no se renueva. Esa es la verdad. Lamentamos que algunos políticos se hayan dejado engañar de esta manera. Además, saben que RCTV puede ocupar las señales de cable que quiera", sostuvieron voceros gubernamentales.
¿Cuál violación a la libertad de expresión?
Quizá Chávez se inspiró en los jóvenes analistas que están trabajando en diversos organismos estatales, quienes en días pasados concluyeron que Estados Unidos "no tiene moral para demandar nada, ya que impuso leyes de silencio y obligó a medios y periodistas a mentir y convalidar la invasión a Irak, donde ocurre un verdadero genocidio, a sabiendas de que los argumentos expuestos para actuar eran falsos".
También recordaron que "gobierno y pueblo" estarán atentos "a posibles sabotajes" cuando sea lanzada Tves. Señalaron que durante el golpe de abril de 2002, se cortó la señal a la única televisora estatal y "se unieron todos los medios del poder para desinformar y mentir, como se ha comprobado internacionalmente".
Con estudiantes, en la conferencia Universidades autónomas rumbo al socialismo, Chávez hizo una larga reflexión sobre los peligros que rodean la democracia venezolana, "por los diversos mecanismos conspirativos".
"En cualquier lugar de América Latina, durante 200 años, donde aparecieron movimientos que pusieron en peligro la hegemonía imperialista y de las élites en nuestros países, allí estuvo la mano del imperio", dijo. Advirtió que si se suscita una situación desestabilizadora, actuará para disuadir cualquier intento de provocación o violencia.
En un documento de Periodistas por la Verdad en Venezuela se responde a lo que llaman manipulación y tergiversación de la verdad, "con evidente intención política de confundir a la opinión pública nacional e internacional sobre la legalidad y legitimidad de esa acción".
Afirman que la concesión "fue otorgada a la sociedad mercantil RCTV el 20 de septiembre de 1952 y no se previó plazo de vigencia, ya que fue otorgada bajo el régimen de la Ley de Telecomunicaciones de 1940, pero su duración quedó establecida en el reglamento sobre concesiones para televisoras y radiodifusoras del 27 de mayo de 1987, el cual determinó en el artículo primero que las concesiones para el establecimiento y explotación de estaciones televisoras y radiodifusoras se otorgarán por 20 años". Destacaron: "por eso la concesión vence el 27 de mayo de 2007".
Asimismo, explicaron que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en su artículo 210, sostiene que "todos los derechos y obligaciones adquiridos al amparo de la anterior legislación permanecen en pleno vigor en los mismos términos y condiciones establecidas en las respectivas concesiones y permisos. Esa legislación estima 20 años para el vencimiento de la concesión".
El documento rechaza lo afirmado por uno de los dueños de RCTV, Marcel Granier, de que "no renovar la concesión atenta contra la libertad de expresión y los derechos humanos", lo que es absolutamente falso. El gobierno de Chávez no tomó medidas ante el golpe de 2002 y el paro patronal y petrolero, durante los cuales la televisión era la principal propagandista".
Investigadores que trabajaron en el Libro blanco sobre RCTV, publicado por el Ministerio de Comunicación e Información, recopilaron conclusiones de organismos internacionales que investigaron lo sucedido durante el "golpe mediático de Estado" de 2002. En éstas se menciona al Consejo de Asuntos Hemisféricos, con sede en Washington, en un documento del 11 de marzo de 2003, que sostiene que "el intransigente antagonismo de los medios hacia el gobierno llegó a provocar un sentimiento de burla hacia el orden constitucional de la nación".
También advierte que "los periódicos y las estaciones de televisión sirvieron de tribuna a los voceros de ultraderecha más radicales de la oposición. Durante el paro general patronal las estaciones privadas de televisión sacrificaron el tiempo de comerciales pagados para transmitir la petición de renuncia del presidente".
Especialistas resaltan el papel de algunos medios de información durante el golpe de 2002
"Gobierno y pueblo", atentos a posibles sabotajes cuando se presente Tves, la nueva emisora
STELLA CALLONI
Caracas, 25 de mayo. En un escenario cargado de rumores y tensión, ante una posible conspiración de opositores, el gobierno del presidente Hugo Chávez espera un fin de semana agitado. Son fuertes los preparativos para evitar "cualquier provocación" que pueda enturbiar la fiesta por el inicio de operaciones de Televisora Social (Tves), cuando en la medianoche del próximo 27 de mayo finalice la concesión del espacio radioeléctrico que desde hace más de 50 años posee la empresa Radio Caracas Televisión (RCTV).
El mandatario desestimó ayer el voto de 43 legisladores del Parlamento Europeo -en una cámara integrada por 784, que estaba vacía-, quienes condenaron la medida del gobierno venezolano de no renovar la concesión al monopolio informativo RCTV. Otros 22 votaron en favor de Venezuela. Esto último, señalaron voceros gubernamentales en Caracas, "muestra una respuesta absolutamente débil ante la presión de Estados Unidos y las derechas más recalcitrantes".
Chávez agradeció a eurodiputados socialistas que rehusaran estar presentes en esa votación de la "extrema derecha europea", a la que calificó de "fascista, franquista y hitlerista".
De la misma manera, restó importancia a que en Estados Unidos el republicano Richard Lugar y el demócrata Christopher Dodd solicitaran al senado condenar al gobierno venezolano. Insistieron en llamar "cierre" lo que Chávez considera como "el final de una concesión y el derecho soberano del país", y mencionaron que no hay sentencia judicial alguna que pruebe la "actividad delictiva" de RCTV, lo cual, dicen, supone una violación a los compromisos firmados por Venezuela en materia de derechos humanos.
"Esto es un planteamiento tergiversado, porque en ningún momento se habla de que haya una situación judicial o se intente cerrar esa empresa por desinformar, y menos aún por la línea editorial distinta al pensamiento del gobierno, sino que termina una concesión y no se renueva. Esa es la verdad. Lamentamos que algunos políticos se hayan dejado engañar de esta manera. Además, saben que RCTV puede ocupar las señales de cable que quiera", sostuvieron voceros gubernamentales.
¿Cuál violación a la libertad de expresión?
Quizá Chávez se inspiró en los jóvenes analistas que están trabajando en diversos organismos estatales, quienes en días pasados concluyeron que Estados Unidos "no tiene moral para demandar nada, ya que impuso leyes de silencio y obligó a medios y periodistas a mentir y convalidar la invasión a Irak, donde ocurre un verdadero genocidio, a sabiendas de que los argumentos expuestos para actuar eran falsos".
También recordaron que "gobierno y pueblo" estarán atentos "a posibles sabotajes" cuando sea lanzada Tves. Señalaron que durante el golpe de abril de 2002, se cortó la señal a la única televisora estatal y "se unieron todos los medios del poder para desinformar y mentir, como se ha comprobado internacionalmente".
Con estudiantes, en la conferencia Universidades autónomas rumbo al socialismo, Chávez hizo una larga reflexión sobre los peligros que rodean la democracia venezolana, "por los diversos mecanismos conspirativos".
"En cualquier lugar de América Latina, durante 200 años, donde aparecieron movimientos que pusieron en peligro la hegemonía imperialista y de las élites en nuestros países, allí estuvo la mano del imperio", dijo. Advirtió que si se suscita una situación desestabilizadora, actuará para disuadir cualquier intento de provocación o violencia.
En un documento de Periodistas por la Verdad en Venezuela se responde a lo que llaman manipulación y tergiversación de la verdad, "con evidente intención política de confundir a la opinión pública nacional e internacional sobre la legalidad y legitimidad de esa acción".
Afirman que la concesión "fue otorgada a la sociedad mercantil RCTV el 20 de septiembre de 1952 y no se previó plazo de vigencia, ya que fue otorgada bajo el régimen de la Ley de Telecomunicaciones de 1940, pero su duración quedó establecida en el reglamento sobre concesiones para televisoras y radiodifusoras del 27 de mayo de 1987, el cual determinó en el artículo primero que las concesiones para el establecimiento y explotación de estaciones televisoras y radiodifusoras se otorgarán por 20 años". Destacaron: "por eso la concesión vence el 27 de mayo de 2007".
Asimismo, explicaron que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en su artículo 210, sostiene que "todos los derechos y obligaciones adquiridos al amparo de la anterior legislación permanecen en pleno vigor en los mismos términos y condiciones establecidas en las respectivas concesiones y permisos. Esa legislación estima 20 años para el vencimiento de la concesión".
El documento rechaza lo afirmado por uno de los dueños de RCTV, Marcel Granier, de que "no renovar la concesión atenta contra la libertad de expresión y los derechos humanos", lo que es absolutamente falso. El gobierno de Chávez no tomó medidas ante el golpe de 2002 y el paro patronal y petrolero, durante los cuales la televisión era la principal propagandista".
Investigadores que trabajaron en el Libro blanco sobre RCTV, publicado por el Ministerio de Comunicación e Información, recopilaron conclusiones de organismos internacionales que investigaron lo sucedido durante el "golpe mediático de Estado" de 2002. En éstas se menciona al Consejo de Asuntos Hemisféricos, con sede en Washington, en un documento del 11 de marzo de 2003, que sostiene que "el intransigente antagonismo de los medios hacia el gobierno llegó a provocar un sentimiento de burla hacia el orden constitucional de la nación".
También advierte que "los periódicos y las estaciones de televisión sirvieron de tribuna a los voceros de ultraderecha más radicales de la oposición. Durante el paro general patronal las estaciones privadas de televisión sacrificaron el tiempo de comerciales pagados para transmitir la petición de renuncia del presidente".
Acusan productores al Ejecutivo de actuar sin conocer la realidad del agro
El Plan Nacional de Desarrollo, sin visión sobre problemas históricos: campesinos
Afirman que el gobierno permite la "compra desmesurada" y el abandono de tierras
GABRIEL LEON ZARAGOZA
Aunque el gobierno federal pretende consensuar entre las organizaciones y los sectores vinculados con el campo su política agropecuaria para los próximos seis años, el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (Planade) que presenta en la materia adolece de una visión seria y responsable para atacar los problemas históricos, pero sobre todo, carece de políticas públicas que contrarresten el abandono y compra "desmesurada" de tierras, refiere en un análisis el Consejo Nacional Campesino y Pesquero (Conacope).
El presidente del organismo rural, Andrés Cosetl, puntualizó que el pretendido plan sexenal federal está rebasado porque propone programas "sin conocer la realidad del campo", como prever la adecuación de los cambios climáticos, cuyos efectos negativos ya tienen lugar en el país. A la fecha, amplias regiones son puntos vulnerables "y no se les ha invertido un centavo", mencionó.
El dirigente del consejo, con presencia estatal en 28 entidades y que agrupa a poco más de 200 organismos estatales y municipales, dijo que aunque en el borrador del documento federal se prevé la inversión, el uso racional del agua, la reconversión productiva y el impulso de políticas públicas para atender las necesidades de cada región, el Planade no considera la reactivación integral del campo.
Pretende, refiere el dirigente, seguir afectando a los pequeños productores, toda vez que los trámites y accesos crediticios se mantienen "muy rígidos". Actualmente, destacó, quienes emprenden los trámites son sólo aquellos que tienen capacidad económica.
Consideró que el planteamiento federal "no es pertinente para el desarrollo integral del campo", el cual, dijo, requiere de mayor inversión, menos burocracia y la vigilancia permanente a las actividades que tienen lugar en el sector rural, ya que con la presunta intención de apoyos a la tierra, importantes sectores privados nacionales e internacionales compran, a precios irrisorios, los bienes privados que los campesinos no logran retener.
Refirió que otro problema en el sector agropecuario es la ausencia de incentivos para evitar la migración, sobre todo de la población joven.
Entre los temas que el gobierno federal pareciera que deja pendientes, expuso, se encuentra también el cuidado de los recursos naturales, como el agua, cuya necesaria presencia en buena parte del campo nacional es indispensable en grandes cantidades debido a que la producción agrícola tradicional depende esencialmente de este líquido.
NO SÓLO EL PELELE NO CONOCE LA REALIDAD DEL AGRO, NO CONOCE LA REALIDAD, PUNTO. Y MÁS DE CIEN MILLONES DEPENDIENDO DE UN ENAJENADO MENTAL.
Afirman que el gobierno permite la "compra desmesurada" y el abandono de tierras
GABRIEL LEON ZARAGOZA
Aunque el gobierno federal pretende consensuar entre las organizaciones y los sectores vinculados con el campo su política agropecuaria para los próximos seis años, el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (Planade) que presenta en la materia adolece de una visión seria y responsable para atacar los problemas históricos, pero sobre todo, carece de políticas públicas que contrarresten el abandono y compra "desmesurada" de tierras, refiere en un análisis el Consejo Nacional Campesino y Pesquero (Conacope).
El presidente del organismo rural, Andrés Cosetl, puntualizó que el pretendido plan sexenal federal está rebasado porque propone programas "sin conocer la realidad del campo", como prever la adecuación de los cambios climáticos, cuyos efectos negativos ya tienen lugar en el país. A la fecha, amplias regiones son puntos vulnerables "y no se les ha invertido un centavo", mencionó.
El dirigente del consejo, con presencia estatal en 28 entidades y que agrupa a poco más de 200 organismos estatales y municipales, dijo que aunque en el borrador del documento federal se prevé la inversión, el uso racional del agua, la reconversión productiva y el impulso de políticas públicas para atender las necesidades de cada región, el Planade no considera la reactivación integral del campo.
Pretende, refiere el dirigente, seguir afectando a los pequeños productores, toda vez que los trámites y accesos crediticios se mantienen "muy rígidos". Actualmente, destacó, quienes emprenden los trámites son sólo aquellos que tienen capacidad económica.
Consideró que el planteamiento federal "no es pertinente para el desarrollo integral del campo", el cual, dijo, requiere de mayor inversión, menos burocracia y la vigilancia permanente a las actividades que tienen lugar en el sector rural, ya que con la presunta intención de apoyos a la tierra, importantes sectores privados nacionales e internacionales compran, a precios irrisorios, los bienes privados que los campesinos no logran retener.
Refirió que otro problema en el sector agropecuario es la ausencia de incentivos para evitar la migración, sobre todo de la población joven.
Entre los temas que el gobierno federal pareciera que deja pendientes, expuso, se encuentra también el cuidado de los recursos naturales, como el agua, cuya necesaria presencia en buena parte del campo nacional es indispensable en grandes cantidades debido a que la producción agrícola tradicional depende esencialmente de este líquido.
NO SÓLO EL PELELE NO CONOCE LA REALIDAD DEL AGRO, NO CONOCE LA REALIDAD, PUNTO. Y MÁS DE CIEN MILLONES DEPENDIENDO DE UN ENAJENADO MENTAL.
Buscan ONG difundir a escala mundial violación de derechos indígenas en el país
Analizan hoy en foro el caso de la veracruzana Ernestina Ascensión Rosario
El gobierno transgredió garantías fundamentales y acuerdos internacionales en la materia, dicen
EMIR OLIVARES ALONSO
En el caso de la "violación y asesinato" de la indígena Ernestina Ascensión Rosario por militares destacamentados en la sierra de Zongolica, Veracruz, el Estado mexicano ha transgredido los derechos humanos, ha puesto en entredicho la autonomía municipal e incumplido los acuerdos a que está obligado por la Constitución y con la Organización Internacional del Trabajo en materia de derechos indígenas, aseguraron diferentes grupos civiles.
El Comité Ciudadano Rosario Ibarra, el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, la Red de Organizaciones Ciudadanas de Veracruz y el ayuntamiento constitucional de Soledad Atzompa -de donde era originaria Ascensión Rosario- manifestaron que lo sucedido a la nahua "es una muestra de la historia sistemática de violaciones a las garantías fundamentales que se vive en la sierra de Zongolica y otras regiones indígenas del país".
Hoy, las ONG y la representación municipal mencionada realizarán un encuentro en el que se analizará este caso, con el objetivo es dar a conocer nacional e internacionalmente la problemática de los derechos humanos en esa zona de Veracruz, así como discutir el papel que juega el Ejército mexicano en municipios y comunidades indígenas del país.
En un documento conjunto recordaron que el pasado 25 de febrero, la anciana de 73 años fue atacada sexualmente por elementos castrenses, como la propia víctima reveló a una de sus hijas; ataque que -según las ONG- fue la causa de su muerte la madrugada del día siguiente.
Sin embargo, consideraron que tanto el gobierno federal como la Comisión Nacional de Derechos Humanos "enturbiaron la investigación y negaron los hechos ocurridos", y recientemente el gobierno de Veracruz -cuya procuraduría de Justicia sostenía la hipótesis del asesinato y la violación- también "confirmó la versión oficial de que no hubo crimen alguno".
Durante el foro denominado Ernestina, reclamo de justicia, derechos humanos, autonomía indígena y municipal, se harán propuestas de modificación constitucional "para garantizar un trato justo" entre las fuerzas armadas y los pueblos indígenas, y para que los militares no vulneren la autonomía india.
Hoy y mañana diversos activistas y especialistas en derecho analizarán el caso y su relación con las comunidades indígenas, la incursión de las fuerzas armadas en estas regiones del país y el impulso a las garantías fundamentales.
El gobierno transgredió garantías fundamentales y acuerdos internacionales en la materia, dicen
EMIR OLIVARES ALONSO
En el caso de la "violación y asesinato" de la indígena Ernestina Ascensión Rosario por militares destacamentados en la sierra de Zongolica, Veracruz, el Estado mexicano ha transgredido los derechos humanos, ha puesto en entredicho la autonomía municipal e incumplido los acuerdos a que está obligado por la Constitución y con la Organización Internacional del Trabajo en materia de derechos indígenas, aseguraron diferentes grupos civiles.
El Comité Ciudadano Rosario Ibarra, el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, la Red de Organizaciones Ciudadanas de Veracruz y el ayuntamiento constitucional de Soledad Atzompa -de donde era originaria Ascensión Rosario- manifestaron que lo sucedido a la nahua "es una muestra de la historia sistemática de violaciones a las garantías fundamentales que se vive en la sierra de Zongolica y otras regiones indígenas del país".
Hoy, las ONG y la representación municipal mencionada realizarán un encuentro en el que se analizará este caso, con el objetivo es dar a conocer nacional e internacionalmente la problemática de los derechos humanos en esa zona de Veracruz, así como discutir el papel que juega el Ejército mexicano en municipios y comunidades indígenas del país.
En un documento conjunto recordaron que el pasado 25 de febrero, la anciana de 73 años fue atacada sexualmente por elementos castrenses, como la propia víctima reveló a una de sus hijas; ataque que -según las ONG- fue la causa de su muerte la madrugada del día siguiente.
Sin embargo, consideraron que tanto el gobierno federal como la Comisión Nacional de Derechos Humanos "enturbiaron la investigación y negaron los hechos ocurridos", y recientemente el gobierno de Veracruz -cuya procuraduría de Justicia sostenía la hipótesis del asesinato y la violación- también "confirmó la versión oficial de que no hubo crimen alguno".
Durante el foro denominado Ernestina, reclamo de justicia, derechos humanos, autonomía indígena y municipal, se harán propuestas de modificación constitucional "para garantizar un trato justo" entre las fuerzas armadas y los pueblos indígenas, y para que los militares no vulneren la autonomía india.
Hoy y mañana diversos activistas y especialistas en derecho analizarán el caso y su relación con las comunidades indígenas, la incursión de las fuerzas armadas en estas regiones del país y el impulso a las garantías fundamentales.
Obra del IFE, la falta de fiscalización a la guerra sucia contra AMLO: Ibope
Rubén Jara dice que los partidos mienten; la empresa sí monitoreó 757 mil 545 espots
Reconoce el directivo que se produjo conteo duplicado; acepta compulsa de 35 mil dvd
ROBERTO GARDUÑO
La empresa Ibope, contratada para monitorear los promocionales que los partidos difundieron en el proceso electoral de 2006, endosó la responsabilidad al Instituto Federal Electoral (IFE) por la ausencia de una fiscalización de los espots que divulgó el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) y las empresas que respaldaron a Felipe Calderón en la campaña de desprestigio contra Andrés Manuel López Obrador.
Rubén Jara, presidente de la empresa que dedica la mayoría de sus actividades a realizar monitoreos para las televisoras, justificó el papel del IFE, que como contratante le pagó 46 millones de pesos, acusó a los partidos de mentir -porque éstos sostienen que la empresa no monitoreó 757 mil 545 espots- y consideró que la metodología utilizada por Ibope es infalible.
En respuesta, el PRD, mediante Horacio Duarte y Guadalupe Acosta Naranjo, emplazaron al IFE y a la empresa, para el próximo jueves, a una compulsa pública de los 35 mil dvd que incluyen los 757 mil 545 promocionales, cuya grabación total suma 248 años de imágenes y sonido, incluidos en el monitoreo aplicado en 20 ciudades determinadas por el instituto electoral entre el 19 de enero y el 28 de junio de 2006.
Vigilante de sus intereses, Rubén Jara adujo que el IFE lo contrató para grabar, clasificar, guardar y reportar cuáles fueron las actividades publicitarias de las campañas políticas. Incluso se dio tiempo de exaltar los servicios que presta a las televisoras. "Nuestra empresa es la moneda de cambio que utilizan los medios y los anunciantes para cobrarse y pagarse las pautas publicitarias que transmiten. Ibope no es una empresa nueva o advenediza; la firma es líder en la medición de actividad publicitaria en los distintos medios de comunicación desde 1995. Pero líder sin duda, y todas las agencias de medios y todos los anunciantes, y la inmensa mayoría de los medios de comunicación saben que esta información se entrega."
Ciudad uno, dos y tres
Ante la denuncia del PRD sobre la cuantificación doble de espots, Jara terminó por aceptar que tal hecho sí ocurrió. "No hay duplicación en los espots nacionales: nosotros lo encontramos sobre todo en radio. Si encontramos un espot que pasa en la ciudad uno, en la ciudad dos y la ciudad tres, es el mismo espot. Nuestra obligación y para lo que nos contrataron, es para reportar que ese espot pasó en la ciudad uno, dos y tres, porque nosotros no tenemos cómo saber si un partido lo compró en la ciudad dos y compró también que pasara en la ciudad uno y tres. Entonces, nosotros sí reportamos el mismo espot, si pasa en tres ciudades, y no es cadena nacional, ¡claro que lo reportamos!"
-¿No se está jugando el prestigio con este monitoreo?
-El trabajo que nosotros hicimos en los 757 mil espots es perfectamente auditable. Son, efectivamente, los que se transmitieron; no los podemos inventar, ahí están, y la respuesta es sí. Pero en cualquier caso es auditable y si alguien se quiere tomar la molestia de ver los 2 millones de horas de grabación, puede hacerlo. Pues, el prestigio nos lo jugamos todos los días. Digo todos los días, porque como nosotros medimos los ratings de televisión, todos los días decimos, minuto a minuto, cuántas personas vieron cada uno de los canales de televisión, incluyendo la televisión pagada.
-¿Qué responde Ibope a los partidos políticos?
-Nosotros no somos un actor político; entonces, en principio yo me pronuncio por algo que sé que somos una gente técnica, especialistas en metodología y nos dedicamos simplemente a eso. Desde luego que, como ser humano, me puedo dar cuenta de todas estas cosas que están sucediendo, pero a mí me parece que las respuestas a esos planteamientos de los partidos las debe dar el instituto, no nosotros.
-¿Qué pasó con los espots como papas Sabritas, del CCE?
-De ninguna manera creo yo que el IFE haya manipulado nada, simplemente ha hecho un trabajo de conciliación, del cual nosotros no hemos formado parte, no tenemos conocimiento y no tenemos información. En términos de los espots como los del CCE, nuestro contrato claramente especifica que nosotros teníamos que registrar y reportar los espots que tenían claramente identificación partidista. Esos no son espots que nosotros hubiéramos tenido dentro de nuestro mandato, dentro de nuestro contrato.
-¿Sencillamente se dejaron de lado?
-Sí, sencillamente se dejaron de lado. No están incluidos.
-¿Es decir, que los errores que pueda haber habido son responsabilidad del IFE?
-Yo no acepto que haya habido ningún error, porque yo no sé de los errores. El decir que hay errores es una suposición de usted; entonces, bueno... pero no lo sé.
Al comentarle el destino de los 281 mil promocionales que denunció el IFE como no comprobados, Jara respondió: "Nosotros no tenemos ni la más remota idea de cuáles sean esos 281 mil. Yo lo que sí le puedo asegurar es que son parte de los 757 mil, no son además de, son parte de los 757 mil, de eso sí se lo aseguro, porque el IFE no tiene ninguno otro adicional a los 757. Pero cuáles sean, no lo sabemos porque eso surgió, esa cifra ha surgido después del proceso de conciliación y de fiscalización del instituto".
-Los partidos dicen que no hay tales 757 mil espots. ¿Quién miente, ustedes, el IFE o los partidos?
-Si los partidos dicen que no hay 757 mil espots, entonces mienten los partidos, porque sí los hay, porque está la evidencia: existen 757 mil clips demostrando que hay 757 espots.
Reconoce el directivo que se produjo conteo duplicado; acepta compulsa de 35 mil dvd
ROBERTO GARDUÑO
La empresa Ibope, contratada para monitorear los promocionales que los partidos difundieron en el proceso electoral de 2006, endosó la responsabilidad al Instituto Federal Electoral (IFE) por la ausencia de una fiscalización de los espots que divulgó el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) y las empresas que respaldaron a Felipe Calderón en la campaña de desprestigio contra Andrés Manuel López Obrador.
Rubén Jara, presidente de la empresa que dedica la mayoría de sus actividades a realizar monitoreos para las televisoras, justificó el papel del IFE, que como contratante le pagó 46 millones de pesos, acusó a los partidos de mentir -porque éstos sostienen que la empresa no monitoreó 757 mil 545 espots- y consideró que la metodología utilizada por Ibope es infalible.
En respuesta, el PRD, mediante Horacio Duarte y Guadalupe Acosta Naranjo, emplazaron al IFE y a la empresa, para el próximo jueves, a una compulsa pública de los 35 mil dvd que incluyen los 757 mil 545 promocionales, cuya grabación total suma 248 años de imágenes y sonido, incluidos en el monitoreo aplicado en 20 ciudades determinadas por el instituto electoral entre el 19 de enero y el 28 de junio de 2006.
Vigilante de sus intereses, Rubén Jara adujo que el IFE lo contrató para grabar, clasificar, guardar y reportar cuáles fueron las actividades publicitarias de las campañas políticas. Incluso se dio tiempo de exaltar los servicios que presta a las televisoras. "Nuestra empresa es la moneda de cambio que utilizan los medios y los anunciantes para cobrarse y pagarse las pautas publicitarias que transmiten. Ibope no es una empresa nueva o advenediza; la firma es líder en la medición de actividad publicitaria en los distintos medios de comunicación desde 1995. Pero líder sin duda, y todas las agencias de medios y todos los anunciantes, y la inmensa mayoría de los medios de comunicación saben que esta información se entrega."
Ciudad uno, dos y tres
Ante la denuncia del PRD sobre la cuantificación doble de espots, Jara terminó por aceptar que tal hecho sí ocurrió. "No hay duplicación en los espots nacionales: nosotros lo encontramos sobre todo en radio. Si encontramos un espot que pasa en la ciudad uno, en la ciudad dos y la ciudad tres, es el mismo espot. Nuestra obligación y para lo que nos contrataron, es para reportar que ese espot pasó en la ciudad uno, dos y tres, porque nosotros no tenemos cómo saber si un partido lo compró en la ciudad dos y compró también que pasara en la ciudad uno y tres. Entonces, nosotros sí reportamos el mismo espot, si pasa en tres ciudades, y no es cadena nacional, ¡claro que lo reportamos!"
-¿No se está jugando el prestigio con este monitoreo?
-El trabajo que nosotros hicimos en los 757 mil espots es perfectamente auditable. Son, efectivamente, los que se transmitieron; no los podemos inventar, ahí están, y la respuesta es sí. Pero en cualquier caso es auditable y si alguien se quiere tomar la molestia de ver los 2 millones de horas de grabación, puede hacerlo. Pues, el prestigio nos lo jugamos todos los días. Digo todos los días, porque como nosotros medimos los ratings de televisión, todos los días decimos, minuto a minuto, cuántas personas vieron cada uno de los canales de televisión, incluyendo la televisión pagada.
-¿Qué responde Ibope a los partidos políticos?
-Nosotros no somos un actor político; entonces, en principio yo me pronuncio por algo que sé que somos una gente técnica, especialistas en metodología y nos dedicamos simplemente a eso. Desde luego que, como ser humano, me puedo dar cuenta de todas estas cosas que están sucediendo, pero a mí me parece que las respuestas a esos planteamientos de los partidos las debe dar el instituto, no nosotros.
-¿Qué pasó con los espots como papas Sabritas, del CCE?
-De ninguna manera creo yo que el IFE haya manipulado nada, simplemente ha hecho un trabajo de conciliación, del cual nosotros no hemos formado parte, no tenemos conocimiento y no tenemos información. En términos de los espots como los del CCE, nuestro contrato claramente especifica que nosotros teníamos que registrar y reportar los espots que tenían claramente identificación partidista. Esos no son espots que nosotros hubiéramos tenido dentro de nuestro mandato, dentro de nuestro contrato.
-¿Sencillamente se dejaron de lado?
-Sí, sencillamente se dejaron de lado. No están incluidos.
-¿Es decir, que los errores que pueda haber habido son responsabilidad del IFE?
-Yo no acepto que haya habido ningún error, porque yo no sé de los errores. El decir que hay errores es una suposición de usted; entonces, bueno... pero no lo sé.
Al comentarle el destino de los 281 mil promocionales que denunció el IFE como no comprobados, Jara respondió: "Nosotros no tenemos ni la más remota idea de cuáles sean esos 281 mil. Yo lo que sí le puedo asegurar es que son parte de los 757 mil, no son además de, son parte de los 757 mil, de eso sí se lo aseguro, porque el IFE no tiene ninguno otro adicional a los 757. Pero cuáles sean, no lo sabemos porque eso surgió, esa cifra ha surgido después del proceso de conciliación y de fiscalización del instituto".
-Los partidos dicen que no hay tales 757 mil espots. ¿Quién miente, ustedes, el IFE o los partidos?
-Si los partidos dicen que no hay 757 mil espots, entonces mienten los partidos, porque sí los hay, porque está la evidencia: existen 757 mil clips demostrando que hay 757 espots.
Financia EU espionaje telefónico en México: Los Angeles Times
El gobierno de Calderón se pliega a mecanismos fijados por la Casa Blanca, señala
Washington paga 3 millones de dólares por tecnología para la intervención de comunicaciones
El sistema de vigilancia amenaza libertades individuales en este país, advierte el Centro Pro
Autoridades podrán hurgar correos electrónicos; se compartirán los datos con la nación vecina
¿Es esto por lo que votó la parte de las clases medias que le tenían miedo a López Obrador? ¿Así es como querían "vivir mejor"? Ya no sólo espiados y controlados por el gobierno espurio sino por el gobierno de los Estados Unidos.
Roberto González Amador y David Brooks
Con dinero del gobierno de Estados Unidos, la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa obtuvo tecnología para aumentar su capacidad de intervenir llamadas telefónicas y hurgar en las cuentas de correo electrónico de ciudadanos mexicanos.
Se trata de una acción que Los Angeles Times, diario que reveló ayer el acuerdo, califica como una muestra de la manera en que "el gobierno conservador de México" está "crecientemente dispuesto" a cooperar con los mecanismos de aplicación de la ley fijados por la Casa Blanca.
La información recogida por el gobierno de Calderón con el Sistema de Intervención de Comunicaciones, como se llama el dispositivo financiado con 3 millones de dólares aportados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, podrá ser vista también por dependencias de la administración estadunidense, informó el diario.
Amplía Estados Unidos su extensión territorial
En ese contexto, Isabel Uriarte, responsable del programa de seguridad ciudadana del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, declaró a La Jornada que el sistema de espionaje de ciudadanos cedido por el gobierno de Estados Unidos representa un riesgo a las libertades individuales en México.
"Es un asunto delicadísimo", comentó Uriarte. "Este hecho concreto forma parte de la anexión de México al perímetro de seguridad creado por Estados Unidos después del 11 de septiembre" de 2001, cuando Nueva York y Washington fueron golpeadas por ataques terroristas, consideró.
El gobierno de Estados Unidos, añadió, está ampliando su extensión territorial con acciones como la descrita por el rotativo estadunidense. Lamentó que el Poder Ejecutivo de México se deje presionar y acepte actuar contra la privacidad de sus ciudadanos.
La integrante del Centro Pro afirmó que el uso de equipo de espionaje cedido por Estados Unidos puede formar parte de una estrategia de endurecimiento del gobierno mexicano, ya anticipada con la propuesta de reformas legales -que se discute en el Congreso- para poder realizar cateos sin orden judicial, lo cual esgrime la administración de Calderón como necesario para combatir la delincuencia organizada.
"Están en peligro los derechos humanos en México; cualquiera puede ser acusado sin respeto a las garantías individuales", advirtió Uriarte, y anticipó que el Centro Pro publicará en los próximos días un reporte especial sobre el sistema de intercepción de comunicaciones pagado por el Departamento de Estado.
Información compartida
"Se trata de una operación del gobierno de México financiada por Estados Unidos", señaló al diario californiano Susan Pittman, de la Oficina Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado.
El diario reveló que el sistema permitirá a las autoridades mexicanas seguir a los usuarios de teléfonos celulares mientras viajan "e incluye una gran capacidad de almacenamiento que hará posible identificar a los usuarios mediante su voz".
Según el diario, que publicó la noticia en primera plana, el sistema está terminado y será usado por el gobierno mexicano "muy pronto". La tecnología fue desarrollada por Verint Systems Inc, empresa que el rotativo califica de "muy bien conectada políticamente" con el gobierno estadunidense y tiene su sede en Melville, Nueva York.
Hasta ahora el gobierno mexicano no ha informado públicamente que se disponga a utilizar equipo cedido por un gobierno extranjero para intervenir llamadas telefónicas o cuentas de correo electrónico. Fuentes del Congreso consultadas ayer por La Jornada dijeron que el gobierno no ha reportado al Legislativo esos acuerdos.
Los Angeles Times publica que la información sobre este equipo de intercepción y el trato entre los gobiernos de México y Estados Unidos para utilizarlo aquí es pública en el país vecino.
Las especificaciones del contrato, añadió el diario, señalan que el sistema está diseñado con el fin de que ambos gobiernos puedan "diseminar de manera oportuna y precisa la información a sus respectivas autoridades federales, estatales y locales, así como a sus socios privados e internacionales".
La posibilidad de participación estadunidense en la vigilancia electrónica puede ser un asunto muy sensible en México, donde Estados Unidos se advierte como un vecino históricamente entrometido, añadió el diario.
"No es claro qué tan extensa será la red de vigilancia del sistema. Expertos legales dicen que los fiscales que tengan acceso a las grabaciones hechas en México podrían usarlas en las cortes estadunidenses", añadió.
El periódico recordó que Calderón ha solicitado al Congreso mexicano que se modifiquen las leyes para permitir que la policía pueda hacer cateos y grabar de modo secreto las conversaciones entre sospechosos de crímenes graves. Su propuesta eliminaría el requisito legal vigente de contar con una orden judicial para intervenir las comunicaciones y sería un medio para aplicar el nuevo sistema de intercepción. Estos cambios legales son vistos como un requisito en la batalla contra las bandas de narcotráfico, abundó.
"Pero otros sostienen que los cambios que se buscan debilitarían las protecciones constitucionales en términos de derechos civiles y abrirían las puertas a un tipo de espionaje interno como el que ha plagado a otros países latinoamericanos", añadió.
John Ackerman, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, citado por el diario, comentó que la propuesta de Calderón se dirige a los casos urgentes de crimen organizado.
El problema, añadió, es que cuando el sistema judicial se pone al margen, el gobierno puede decidir como quiera respecto a dichas intervenciones. "Sin la participación de un juez, la puerta se abre de par en par para el abuso extensivo de las libertades civiles".
Washington paga 3 millones de dólares por tecnología para la intervención de comunicaciones
El sistema de vigilancia amenaza libertades individuales en este país, advierte el Centro Pro
Autoridades podrán hurgar correos electrónicos; se compartirán los datos con la nación vecina
¿Es esto por lo que votó la parte de las clases medias que le tenían miedo a López Obrador? ¿Así es como querían "vivir mejor"? Ya no sólo espiados y controlados por el gobierno espurio sino por el gobierno de los Estados Unidos.
Roberto González Amador y David Brooks
Con dinero del gobierno de Estados Unidos, la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa obtuvo tecnología para aumentar su capacidad de intervenir llamadas telefónicas y hurgar en las cuentas de correo electrónico de ciudadanos mexicanos.
Se trata de una acción que Los Angeles Times, diario que reveló ayer el acuerdo, califica como una muestra de la manera en que "el gobierno conservador de México" está "crecientemente dispuesto" a cooperar con los mecanismos de aplicación de la ley fijados por la Casa Blanca.
La información recogida por el gobierno de Calderón con el Sistema de Intervención de Comunicaciones, como se llama el dispositivo financiado con 3 millones de dólares aportados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, podrá ser vista también por dependencias de la administración estadunidense, informó el diario.
Amplía Estados Unidos su extensión territorial
En ese contexto, Isabel Uriarte, responsable del programa de seguridad ciudadana del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, declaró a La Jornada que el sistema de espionaje de ciudadanos cedido por el gobierno de Estados Unidos representa un riesgo a las libertades individuales en México.
"Es un asunto delicadísimo", comentó Uriarte. "Este hecho concreto forma parte de la anexión de México al perímetro de seguridad creado por Estados Unidos después del 11 de septiembre" de 2001, cuando Nueva York y Washington fueron golpeadas por ataques terroristas, consideró.
El gobierno de Estados Unidos, añadió, está ampliando su extensión territorial con acciones como la descrita por el rotativo estadunidense. Lamentó que el Poder Ejecutivo de México se deje presionar y acepte actuar contra la privacidad de sus ciudadanos.
La integrante del Centro Pro afirmó que el uso de equipo de espionaje cedido por Estados Unidos puede formar parte de una estrategia de endurecimiento del gobierno mexicano, ya anticipada con la propuesta de reformas legales -que se discute en el Congreso- para poder realizar cateos sin orden judicial, lo cual esgrime la administración de Calderón como necesario para combatir la delincuencia organizada.
"Están en peligro los derechos humanos en México; cualquiera puede ser acusado sin respeto a las garantías individuales", advirtió Uriarte, y anticipó que el Centro Pro publicará en los próximos días un reporte especial sobre el sistema de intercepción de comunicaciones pagado por el Departamento de Estado.
Información compartida
"Se trata de una operación del gobierno de México financiada por Estados Unidos", señaló al diario californiano Susan Pittman, de la Oficina Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado.
El diario reveló que el sistema permitirá a las autoridades mexicanas seguir a los usuarios de teléfonos celulares mientras viajan "e incluye una gran capacidad de almacenamiento que hará posible identificar a los usuarios mediante su voz".
Según el diario, que publicó la noticia en primera plana, el sistema está terminado y será usado por el gobierno mexicano "muy pronto". La tecnología fue desarrollada por Verint Systems Inc, empresa que el rotativo califica de "muy bien conectada políticamente" con el gobierno estadunidense y tiene su sede en Melville, Nueva York.
Hasta ahora el gobierno mexicano no ha informado públicamente que se disponga a utilizar equipo cedido por un gobierno extranjero para intervenir llamadas telefónicas o cuentas de correo electrónico. Fuentes del Congreso consultadas ayer por La Jornada dijeron que el gobierno no ha reportado al Legislativo esos acuerdos.
Los Angeles Times publica que la información sobre este equipo de intercepción y el trato entre los gobiernos de México y Estados Unidos para utilizarlo aquí es pública en el país vecino.
Las especificaciones del contrato, añadió el diario, señalan que el sistema está diseñado con el fin de que ambos gobiernos puedan "diseminar de manera oportuna y precisa la información a sus respectivas autoridades federales, estatales y locales, así como a sus socios privados e internacionales".
La posibilidad de participación estadunidense en la vigilancia electrónica puede ser un asunto muy sensible en México, donde Estados Unidos se advierte como un vecino históricamente entrometido, añadió el diario.
"No es claro qué tan extensa será la red de vigilancia del sistema. Expertos legales dicen que los fiscales que tengan acceso a las grabaciones hechas en México podrían usarlas en las cortes estadunidenses", añadió.
El periódico recordó que Calderón ha solicitado al Congreso mexicano que se modifiquen las leyes para permitir que la policía pueda hacer cateos y grabar de modo secreto las conversaciones entre sospechosos de crímenes graves. Su propuesta eliminaría el requisito legal vigente de contar con una orden judicial para intervenir las comunicaciones y sería un medio para aplicar el nuevo sistema de intercepción. Estos cambios legales son vistos como un requisito en la batalla contra las bandas de narcotráfico, abundó.
"Pero otros sostienen que los cambios que se buscan debilitarían las protecciones constitucionales en términos de derechos civiles y abrirían las puertas a un tipo de espionaje interno como el que ha plagado a otros países latinoamericanos", añadió.
John Ackerman, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, citado por el diario, comentó que la propuesta de Calderón se dirige a los casos urgentes de crimen organizado.
El problema, añadió, es que cuando el sistema judicial se pone al margen, el gobierno puede decidir como quiera respecto a dichas intervenciones. "Sin la participación de un juez, la puerta se abre de par en par para el abuso extensivo de las libertades civiles".
Bush lo espera todo de un zambombazo
Fidel Castro Ruz
Era la palabra que me venía a la mente. Busqué en un diccionario y estaba allí, de origen onomatopéyico y connotación trágica: zambombazo. Tal vez nunca la haya usado en mi vida.
Bush es una persona apocalíptica. Observo sus ojos, su rostro y su obsesiva preocupación por simular que todo lo que ve en las "pantallas invisibles" son razonamientos espontáneos. Escuché que su voz se quebraba cuando respondió a las críticas de su propio padre a la política que sigue en Irak. Expresa sólo emociones y finge siempre racionalidad. Conoce sin embargo el valor de cada frase y cada palabra en el público al que se dirige.
Lo dramático es que lo que espera que ocurra cueste muchas vidas al pueblo estadunidense.
No se puede estar jamás de acuerdo, en cualquier tipo de guerra, con hechos que sacrifiquen a civiles inocentes. Nadie podría justificar los ataques de la aviación alemana contra ciudades británicas en la Segunda Guerra Mundial, ni los mil bombarderos que en lo más álgido de la contienda destruían sistemáticamente ciudades alemanas, ni las dos bombas atómicas que en un acto de puro terrorismo contra ancianos, mujeres y niños Estados Unidos hizo estallar sobre Hiroshima y Nagasaki.
Bush expresó su odio contra el mundo pobre cuando habló el primero de junio de 2002, en West Point, de atacar preventiva y sorpresivamente a "60 o más oscuros rincones del mundo".
¿A quién van a hacer creer ahora que los miles de armas nucleares que poseen, la cohetería y los sistemas de dirección precisos y exactos que han desarrollado, son para combatir el terrorismo? ¿Acaso servirán para eso los submarinos sofisticados que construyen sus aliados británicos, capaces de circunvalar la Tierra sin salir a la superficie y reprogramar sus cohetes nucleares en pleno vuelo? Lo que jamás pude imaginarme es que un día se utilizaran semejantes justificaciones. Con esas armas el imperialismo pretende institucionalizar una tiranía mundial. Apunta con ellas a otras grandes naciones que surgen no como adversarios militares capaces de superar su tecnología en armas de destrucción masiva, sino como potencias económicas que rivalizarán con Estados Unidos, cuyo sistema económico y social consumista, caótico y despilfarrador, es absolutamente vulnerable.
Lo peor del zambombazo en el que ahora pone sus esperanzas Bush es el antecedente de su actuación cuando los acontecimientos del 11 de septiembre, en que, conocedor de la inminencia de un golpe sangriento al pueblo estadunidense, y pudiendo preverlo e incluso evitarlo, salió de vacaciones con su aparato administrativo completo. Desde el día en que fue designado Presidente -gracias al fraude que, como en una república bananera, llevaron a cabo sus amigos de la mafia de Miami-, y antes de su toma de posesión, W. Bush era informado detalladamente con los mismos datos y por la misma vía que los recibía el Presidente de Estados Unidos, quien así lo indicó. En ese momento aún faltaban más de nueve meses para los trágicos acontecimientos simbolizados en la caída de las torres gemelas.
Si de nuevo sucediera algo igual con material explosivo de cualquier tipo, o de carácter nuclear, ya que hay uranio enriquecido regado a granel por el mundo desde la época de la guerra fría, ¿cuál sería el destino probable de la humanidad? Trato de recordar, analizo muchos instantes de su marcha a través de los milenios, y me pregunto: ¿son acaso subjetivos mis puntos de vista?
Ayer mismo Bush se jactaba de haberles ganado la batalla a sus adversarios en el Congreso. Tiene 100 mil millones de dólares, todo el dinero que necesita para duplicar, como desea, el envío de soldados estadunidenses a Irak y proseguir la matanza. Los problemas en la región se agravan.
Cualquier opinión sobre las últimas proezas del presidente de Estados Unidos se vuelve fiambre en cuestión de horas. ¿A este pequeño miura moral tampoco el pueblo estadunidense lo puede agarrar por los cuernos?
25 de mayo de 2007
Los artículos del presidente cubano se pueden consultar en www.jornada.unam.mx/reflexiones
Era la palabra que me venía a la mente. Busqué en un diccionario y estaba allí, de origen onomatopéyico y connotación trágica: zambombazo. Tal vez nunca la haya usado en mi vida.
Bush es una persona apocalíptica. Observo sus ojos, su rostro y su obsesiva preocupación por simular que todo lo que ve en las "pantallas invisibles" son razonamientos espontáneos. Escuché que su voz se quebraba cuando respondió a las críticas de su propio padre a la política que sigue en Irak. Expresa sólo emociones y finge siempre racionalidad. Conoce sin embargo el valor de cada frase y cada palabra en el público al que se dirige.
Lo dramático es que lo que espera que ocurra cueste muchas vidas al pueblo estadunidense.
No se puede estar jamás de acuerdo, en cualquier tipo de guerra, con hechos que sacrifiquen a civiles inocentes. Nadie podría justificar los ataques de la aviación alemana contra ciudades británicas en la Segunda Guerra Mundial, ni los mil bombarderos que en lo más álgido de la contienda destruían sistemáticamente ciudades alemanas, ni las dos bombas atómicas que en un acto de puro terrorismo contra ancianos, mujeres y niños Estados Unidos hizo estallar sobre Hiroshima y Nagasaki.
Bush expresó su odio contra el mundo pobre cuando habló el primero de junio de 2002, en West Point, de atacar preventiva y sorpresivamente a "60 o más oscuros rincones del mundo".
¿A quién van a hacer creer ahora que los miles de armas nucleares que poseen, la cohetería y los sistemas de dirección precisos y exactos que han desarrollado, son para combatir el terrorismo? ¿Acaso servirán para eso los submarinos sofisticados que construyen sus aliados británicos, capaces de circunvalar la Tierra sin salir a la superficie y reprogramar sus cohetes nucleares en pleno vuelo? Lo que jamás pude imaginarme es que un día se utilizaran semejantes justificaciones. Con esas armas el imperialismo pretende institucionalizar una tiranía mundial. Apunta con ellas a otras grandes naciones que surgen no como adversarios militares capaces de superar su tecnología en armas de destrucción masiva, sino como potencias económicas que rivalizarán con Estados Unidos, cuyo sistema económico y social consumista, caótico y despilfarrador, es absolutamente vulnerable.
Lo peor del zambombazo en el que ahora pone sus esperanzas Bush es el antecedente de su actuación cuando los acontecimientos del 11 de septiembre, en que, conocedor de la inminencia de un golpe sangriento al pueblo estadunidense, y pudiendo preverlo e incluso evitarlo, salió de vacaciones con su aparato administrativo completo. Desde el día en que fue designado Presidente -gracias al fraude que, como en una república bananera, llevaron a cabo sus amigos de la mafia de Miami-, y antes de su toma de posesión, W. Bush era informado detalladamente con los mismos datos y por la misma vía que los recibía el Presidente de Estados Unidos, quien así lo indicó. En ese momento aún faltaban más de nueve meses para los trágicos acontecimientos simbolizados en la caída de las torres gemelas.
Si de nuevo sucediera algo igual con material explosivo de cualquier tipo, o de carácter nuclear, ya que hay uranio enriquecido regado a granel por el mundo desde la época de la guerra fría, ¿cuál sería el destino probable de la humanidad? Trato de recordar, analizo muchos instantes de su marcha a través de los milenios, y me pregunto: ¿son acaso subjetivos mis puntos de vista?
Ayer mismo Bush se jactaba de haberles ganado la batalla a sus adversarios en el Congreso. Tiene 100 mil millones de dólares, todo el dinero que necesita para duplicar, como desea, el envío de soldados estadunidenses a Irak y proseguir la matanza. Los problemas en la región se agravan.
Cualquier opinión sobre las últimas proezas del presidente de Estados Unidos se vuelve fiambre en cuestión de horas. ¿A este pequeño miura moral tampoco el pueblo estadunidense lo puede agarrar por los cuernos?
25 de mayo de 2007
Los artículos del presidente cubano se pueden consultar en www.jornada.unam.mx/reflexiones
El imperio de Monsanto y la destrucción del maíz
Silvia Ribeiro
El monopolio más marcado de la historia del industrialismo lo tiene Monsanto con las semillas transgénicas. Según sus propios datos, esta trasnacional estadunidense controla más de 80 por ciento del rubro, porcentaje ampliamente mayor que el que detenta cualquier otra empresa en su campo, sea petrolera, química o informática.
Monsanto avanza además hacia el control de todas las semillas, no sólo transgénicas. Para ello ha comprado empresas semilleras en todo el mundo, con el fin de controlar un sector que aunque modesto en volumen de dinero -comparado con otras industrias-, es absolutamente imprescindible: es la llave de toda la cadena alimentaria. Una vez que controle la mayoría de las semillas convencionales (no transgénicas), lo único que necesitará hacer es dejar de producirlas, y a través de una política de hechos consumados -al no existir alternativas en el mercado y en contubernio con las escasas empresas que queden en el rubro- obligar a todos a sembrar sus transgénicos. A unos porque no tendrán otra opción y a otros -los campesinos que plantan sus propias semillas- a punta de contaminación, juicios y semillas suicidas Terminator
Según el monitoreo de la industria que hace el Grupo ETC (antes con el nombre de RAFI), a principios de la década de 1980 existían en el mundo más de 7 mil empresas semilleras que producían semillas para el mercado comercial. Ninguna llegaba a uno por ciento del mercado.
Hace algo más de una década, las empresas que producían agrotóxicos -como Monsanto, Dow, Bayer, Dupont y otras- comenzaron a comprar intensivamente a las semilleras. De esta forma promovieron la venta de semillas y agrotóxicos de la compañía en paquete. El resultado más visible de este casamiento de conveniencia fueron los transgénicos: más de dos tercios de los transgénicos plantados son cultivos resistentes a agrotóxicos.
En 1997, las 10 mayores empresas semilleras habían pasado a controlar la tercera parte del mercado mundial de venta de semillas comerciales. A 2005, las 10 más grandes tenían ya la mitad del mercado. Actualmente, las 10 mayores poseen 55 por ciento del mercado mundial, pero entre tres -Monsanto, Dupont y Syngenta- acaparan 44 por ciento. Monsanto -que en 1996 ni siquiera aparecía entre las 10 mayores- abarca 20 por ciento del total global.
Dos de las compras más significativas de Monsanto en los años recienes -que lo convirtieron en la semillera industrial más grande del mundo- fueron la mexicana Seminis (ex Savia y Grupo Pulsar) con lo que logró la mayoría del mercado mundial de semillas de frutas y hortalizas, y la de Delta & Pine Land, la mayor empresa de semillas de algodón y dueña de la primer patente de semillas suicidas Terminator.
Es evidente que avanzando por medios legales e ilegales -desde la contaminación transgénica y los juicios por patentes que hace contra las víctimas hasta el soborno de funcionarios y legisladores para que le otorguen autorizaciones y hagan leyes o reglamentos a su favor- Monsanto pretende apoderarse del mercado mundial de semillas, o como mínimo, repartírselo con un par de otras trasnacionales.
En camino hacia ese objetivo, Monsanto compró hace una década la compañía Agracetus, para apoderarse de una patente monopólica sobre toda la soya transgénica del planeta. Esta patente la acaba de perder el 3 de mayo de 2007 en la Oficina Europea de Patentes, como consecuencia de un litigio que duró 13 años, iniciado por el Grupo ETC junto a una coalición de organizaciones sociales y ambientalistas, que finalmente derrotaron a Monsanto. Pero en ese periodo, Monsanto usó y abusó de este monopolio para hacer juicios y amenazar desde productores a gobiernos, creando un monopolio de facto sobre la soya, aunque ya no tenga la patente.
En este contexto, es totalmente cínico que Monsanto, uno de los mayores contaminadores del planeta y responsable junto a un par de otras transnacionales de la contaminación transgénica del maíz campesino en México, anuncie que va a hacer un fondo para "proteger el maíz nativo". Para ello, pretende formar con algunos de los pocos productores industriales de maíz en México, un banco de semillas nativas. La propuesta ni siquiera es original -también Syngenta, Dupont y otras productoras de transgénicos tienen proyectos similares en otros países- ya que proviene de Croplife International, una asociación internacional de estas empresas para defender sus intereses en la comunidad internacional.
Monsanto pretende así lavar su imagen de contaminador, acceder -y patentar cuando le convenga- razas de maíz campesino que le resultan imprescindibles para seguir desarrollando sus semillas transgénicas y por otro lado justificar la introducción de más transgénicos y la contaminación futura.
Los industriales de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, que firmaron este acuerdo con Monsanto -quién sabe a qué precio- probablemente ya ni saben qué es el maíz nativo, porque hace tiempo son esclavos de lo que les vendan las empresas semilleras.
Los que de verdad conocen, cuidan y siguen plantando el maíz nativo -85 por ciento de los que producen maíz en México- son campesinos e indígenas y ya declararon que no piensan dejarlo ni dejar que los dueños del dinero y los industriales se apropien de él. Les llevan 10 mil años de experiencia y más de 500 de resistencia.
*Investigadora del Grupo ETC
El monopolio más marcado de la historia del industrialismo lo tiene Monsanto con las semillas transgénicas. Según sus propios datos, esta trasnacional estadunidense controla más de 80 por ciento del rubro, porcentaje ampliamente mayor que el que detenta cualquier otra empresa en su campo, sea petrolera, química o informática.
Monsanto avanza además hacia el control de todas las semillas, no sólo transgénicas. Para ello ha comprado empresas semilleras en todo el mundo, con el fin de controlar un sector que aunque modesto en volumen de dinero -comparado con otras industrias-, es absolutamente imprescindible: es la llave de toda la cadena alimentaria. Una vez que controle la mayoría de las semillas convencionales (no transgénicas), lo único que necesitará hacer es dejar de producirlas, y a través de una política de hechos consumados -al no existir alternativas en el mercado y en contubernio con las escasas empresas que queden en el rubro- obligar a todos a sembrar sus transgénicos. A unos porque no tendrán otra opción y a otros -los campesinos que plantan sus propias semillas- a punta de contaminación, juicios y semillas suicidas Terminator
Según el monitoreo de la industria que hace el Grupo ETC (antes con el nombre de RAFI), a principios de la década de 1980 existían en el mundo más de 7 mil empresas semilleras que producían semillas para el mercado comercial. Ninguna llegaba a uno por ciento del mercado.
Hace algo más de una década, las empresas que producían agrotóxicos -como Monsanto, Dow, Bayer, Dupont y otras- comenzaron a comprar intensivamente a las semilleras. De esta forma promovieron la venta de semillas y agrotóxicos de la compañía en paquete. El resultado más visible de este casamiento de conveniencia fueron los transgénicos: más de dos tercios de los transgénicos plantados son cultivos resistentes a agrotóxicos.
En 1997, las 10 mayores empresas semilleras habían pasado a controlar la tercera parte del mercado mundial de venta de semillas comerciales. A 2005, las 10 más grandes tenían ya la mitad del mercado. Actualmente, las 10 mayores poseen 55 por ciento del mercado mundial, pero entre tres -Monsanto, Dupont y Syngenta- acaparan 44 por ciento. Monsanto -que en 1996 ni siquiera aparecía entre las 10 mayores- abarca 20 por ciento del total global.
Dos de las compras más significativas de Monsanto en los años recienes -que lo convirtieron en la semillera industrial más grande del mundo- fueron la mexicana Seminis (ex Savia y Grupo Pulsar) con lo que logró la mayoría del mercado mundial de semillas de frutas y hortalizas, y la de Delta & Pine Land, la mayor empresa de semillas de algodón y dueña de la primer patente de semillas suicidas Terminator.
Es evidente que avanzando por medios legales e ilegales -desde la contaminación transgénica y los juicios por patentes que hace contra las víctimas hasta el soborno de funcionarios y legisladores para que le otorguen autorizaciones y hagan leyes o reglamentos a su favor- Monsanto pretende apoderarse del mercado mundial de semillas, o como mínimo, repartírselo con un par de otras trasnacionales.
En camino hacia ese objetivo, Monsanto compró hace una década la compañía Agracetus, para apoderarse de una patente monopólica sobre toda la soya transgénica del planeta. Esta patente la acaba de perder el 3 de mayo de 2007 en la Oficina Europea de Patentes, como consecuencia de un litigio que duró 13 años, iniciado por el Grupo ETC junto a una coalición de organizaciones sociales y ambientalistas, que finalmente derrotaron a Monsanto. Pero en ese periodo, Monsanto usó y abusó de este monopolio para hacer juicios y amenazar desde productores a gobiernos, creando un monopolio de facto sobre la soya, aunque ya no tenga la patente.
En este contexto, es totalmente cínico que Monsanto, uno de los mayores contaminadores del planeta y responsable junto a un par de otras transnacionales de la contaminación transgénica del maíz campesino en México, anuncie que va a hacer un fondo para "proteger el maíz nativo". Para ello, pretende formar con algunos de los pocos productores industriales de maíz en México, un banco de semillas nativas. La propuesta ni siquiera es original -también Syngenta, Dupont y otras productoras de transgénicos tienen proyectos similares en otros países- ya que proviene de Croplife International, una asociación internacional de estas empresas para defender sus intereses en la comunidad internacional.
Monsanto pretende así lavar su imagen de contaminador, acceder -y patentar cuando le convenga- razas de maíz campesino que le resultan imprescindibles para seguir desarrollando sus semillas transgénicas y por otro lado justificar la introducción de más transgénicos y la contaminación futura.
Los industriales de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, que firmaron este acuerdo con Monsanto -quién sabe a qué precio- probablemente ya ni saben qué es el maíz nativo, porque hace tiempo son esclavos de lo que les vendan las empresas semilleras.
Los que de verdad conocen, cuidan y siguen plantando el maíz nativo -85 por ciento de los que producen maíz en México- son campesinos e indígenas y ya declararon que no piensan dejarlo ni dejar que los dueños del dinero y los industriales se apropien de él. Les llevan 10 mil años de experiencia y más de 500 de resistencia.
*Investigadora del Grupo ETC
Credibilidad
Arturo Alcalde Justiniani
La ausencia de credibilidad se ha convertido en un común denominador, casi todas las instituciones generan desconfianza, la población no cree en la policía, partidos políticos, sindicatos y legisladores, las iglesias son cuestionadas por su lejanía con los valores que promueven. Esta visión se confirma con el Informe global de corrupción 2007, de Transparencia Internacional, publicado hace un par de días en Londres, al señalar que el 80 por ciento de la población mexicana percibe al sistema judicial como corrupto.
La distancia entre ciudadanos e instituciones parece aumentar, el gobierno del cambio decepcionó al reproducir los viejos vicios, cambiar de partido no significó solución alguna. Todo indica que quienes ocupan puestos de decisión están más preocupados por sus propios intereses que en atender las preocupaciones de la sociedad. Mientras el país se enfrenta a un creciente nivel de desigualdad, un pequeño sector de la población ostenta estar encantado de la vida y reclama que nada cambie.
Observemos dos temas de interés nacional. La necesidad de reformar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) parecía evidente, hace tiempo que los servicios médicos sufrían deterioro constante, el número de camas es insuficiente y los enfermos padecen largos períodos de espera. Como en otras instituciones similares del mundo, las reglas pensionarias requerían ser modificadas por cambios en la dinámica poblacional, epidemiológica y de empleo; sin embargo, en lugar de plantearse claramente estos problemas, la mayoría de los legisladores optaron por un acuerdo cupular al margen de la voluntad de sus representados. Muchos de ellos ni siquiera leyeron la ley, eso sí, sin vergüenza alguna aprobaron un artículo decimosexto transitorio con privilegios especiales aplicables sólo para diputados y senadores. Confírmelo usted.
La aprobación de la nueva Ley del ISSSTE abonó la desconfianza y falta de credibilidad, porque se sustentó en mentiras burdas como prometer mejores pensiones o negar la privatización de las mismas. Buena parte de los trabajadores del Estado respondieron a su modo acudiendo al amparo; el resultado consta en más de 163 mil expedientes, muchos de ellos abarcando por sí solos a miles de quejosos; tan sólo dos amparos los suscriben más de 10 mil. Si son más o menos de medio millón de quejosos no importa tanto, lo indiscutible es la inconformidad de los destinatarios de la reforma.
Los legisladores que aprobaron la ley debieron examinar los estragos ocasionados por el sistema individualizado de cuentas y el abuso de las Afore en el sistema de pensiones -iniciado en nuestro país hace diez años para los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-, pero jamás se llevó a cabo este diagnóstico fundamental. El propio presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ha reconocido las millonarias ganancias de las Afore, que contrastan con el salario mínimo que percibirá la mayoría de los jubilados. Al aprobar la Ley del ISSSTE se optó por un camino que había demostrado serios problemas en Chile, basta señalar que este gobierno se ha visto obligado a aportar 5 mil millones de dólares anuales para cubrir las deficiencias del sistema. Los creadores de la ley ignoraron otras experiencias más cercanas a la realidad mexicana mediante sistemas mixtos que permitieran que el destino de los fondos y sus beneficios se orientaran a favor de los propios trabajadores y no al de las compañías aseguradoras privadas, que son las verdaderas triunfadoras de esta legislación.
Hace poco más de un año, el Poder Legislativo actuó de manera similar con motivo de la aprobación de la ley Televisa. Nuevamente los intereses públicos se hicieron de lado y se comprometió un patrimonio esencial para la población. Resulta difícil imaginar un tema más trascendente para el futuro del país que la función social de los medios de comunicación. Día tras día, la población se entera con nuevas evidencias de las maniobras, ayer denunciadas, hoy confirmadas. Los legisladores, sin dar la cara a sus electores, traicionaron su mandato poniéndose al servicio de un pequeño grupo de millonarios. La población necesitada de educación, información veraz para su mejor organización y superación de condiciones de vida; las comunidades alejadas, y el futuro de la gente común y corriente quedaron acorralados; hoy deben confiar en que nueve ministros del máximo tribunal de justicia tengan la valentía suficiente para hacer prevalecer el orden constitucional. Obviamente no se trata de un problema técnico, cualquier persona entiende que los medios de comunicación no se pueden someter a remate, sería absurdo hacerlo con el agua, el aire o el derecho a los servicios públicos.
La evidente fractura entre la ciudadanía y sus representantes formales, especialmente los legisladores, obliga a revisar el método de toma de decisiones en las cámaras. El acuerdo cupular, que empieza a convertirse en costumbre, no puede sustituir el debate público informado, confrontado con la visión de los ciudadanos. Para favorecer este cambio los opositores o partidos inconformes deberán participar con propuestas viables e integrales, formalizadas en iniciativas de ley, que permitan convencer a la población de que hay otros caminos mejores en cada uno de los temas de la agenda.
Nadie debería festejar la crisis de credibilidad que crece en nuestro país, porque cierra caminos para todos e impacta a las nuevas generaciones, en general resistentes a involucrarse como en otros tiempos, en esfuerzos en favor de la justicia y la solidaridad. Si este desencuentro se consolida, será cada vez más difícil transitar hacia la reforma institucional que requiere nuestro país.
La ausencia de credibilidad se ha convertido en un común denominador, casi todas las instituciones generan desconfianza, la población no cree en la policía, partidos políticos, sindicatos y legisladores, las iglesias son cuestionadas por su lejanía con los valores que promueven. Esta visión se confirma con el Informe global de corrupción 2007, de Transparencia Internacional, publicado hace un par de días en Londres, al señalar que el 80 por ciento de la población mexicana percibe al sistema judicial como corrupto.
La distancia entre ciudadanos e instituciones parece aumentar, el gobierno del cambio decepcionó al reproducir los viejos vicios, cambiar de partido no significó solución alguna. Todo indica que quienes ocupan puestos de decisión están más preocupados por sus propios intereses que en atender las preocupaciones de la sociedad. Mientras el país se enfrenta a un creciente nivel de desigualdad, un pequeño sector de la población ostenta estar encantado de la vida y reclama que nada cambie.
Observemos dos temas de interés nacional. La necesidad de reformar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) parecía evidente, hace tiempo que los servicios médicos sufrían deterioro constante, el número de camas es insuficiente y los enfermos padecen largos períodos de espera. Como en otras instituciones similares del mundo, las reglas pensionarias requerían ser modificadas por cambios en la dinámica poblacional, epidemiológica y de empleo; sin embargo, en lugar de plantearse claramente estos problemas, la mayoría de los legisladores optaron por un acuerdo cupular al margen de la voluntad de sus representados. Muchos de ellos ni siquiera leyeron la ley, eso sí, sin vergüenza alguna aprobaron un artículo decimosexto transitorio con privilegios especiales aplicables sólo para diputados y senadores. Confírmelo usted.
La aprobación de la nueva Ley del ISSSTE abonó la desconfianza y falta de credibilidad, porque se sustentó en mentiras burdas como prometer mejores pensiones o negar la privatización de las mismas. Buena parte de los trabajadores del Estado respondieron a su modo acudiendo al amparo; el resultado consta en más de 163 mil expedientes, muchos de ellos abarcando por sí solos a miles de quejosos; tan sólo dos amparos los suscriben más de 10 mil. Si son más o menos de medio millón de quejosos no importa tanto, lo indiscutible es la inconformidad de los destinatarios de la reforma.
Los legisladores que aprobaron la ley debieron examinar los estragos ocasionados por el sistema individualizado de cuentas y el abuso de las Afore en el sistema de pensiones -iniciado en nuestro país hace diez años para los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-, pero jamás se llevó a cabo este diagnóstico fundamental. El propio presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ha reconocido las millonarias ganancias de las Afore, que contrastan con el salario mínimo que percibirá la mayoría de los jubilados. Al aprobar la Ley del ISSSTE se optó por un camino que había demostrado serios problemas en Chile, basta señalar que este gobierno se ha visto obligado a aportar 5 mil millones de dólares anuales para cubrir las deficiencias del sistema. Los creadores de la ley ignoraron otras experiencias más cercanas a la realidad mexicana mediante sistemas mixtos que permitieran que el destino de los fondos y sus beneficios se orientaran a favor de los propios trabajadores y no al de las compañías aseguradoras privadas, que son las verdaderas triunfadoras de esta legislación.
Hace poco más de un año, el Poder Legislativo actuó de manera similar con motivo de la aprobación de la ley Televisa. Nuevamente los intereses públicos se hicieron de lado y se comprometió un patrimonio esencial para la población. Resulta difícil imaginar un tema más trascendente para el futuro del país que la función social de los medios de comunicación. Día tras día, la población se entera con nuevas evidencias de las maniobras, ayer denunciadas, hoy confirmadas. Los legisladores, sin dar la cara a sus electores, traicionaron su mandato poniéndose al servicio de un pequeño grupo de millonarios. La población necesitada de educación, información veraz para su mejor organización y superación de condiciones de vida; las comunidades alejadas, y el futuro de la gente común y corriente quedaron acorralados; hoy deben confiar en que nueve ministros del máximo tribunal de justicia tengan la valentía suficiente para hacer prevalecer el orden constitucional. Obviamente no se trata de un problema técnico, cualquier persona entiende que los medios de comunicación no se pueden someter a remate, sería absurdo hacerlo con el agua, el aire o el derecho a los servicios públicos.
La evidente fractura entre la ciudadanía y sus representantes formales, especialmente los legisladores, obliga a revisar el método de toma de decisiones en las cámaras. El acuerdo cupular, que empieza a convertirse en costumbre, no puede sustituir el debate público informado, confrontado con la visión de los ciudadanos. Para favorecer este cambio los opositores o partidos inconformes deberán participar con propuestas viables e integrales, formalizadas en iniciativas de ley, que permitan convencer a la población de que hay otros caminos mejores en cada uno de los temas de la agenda.
Nadie debería festejar la crisis de credibilidad que crece en nuestro país, porque cierra caminos para todos e impacta a las nuevas generaciones, en general resistentes a involucrarse como en otros tiempos, en esfuerzos en favor de la justicia y la solidaridad. Si este desencuentro se consolida, será cada vez más difícil transitar hacia la reforma institucional que requiere nuestro país.
Ley antiterrorismo
Carlos Montemayor / I
Ahora el Senado considera una forma de modernización de las leyes en México reconocer el delito de terrorismo como una realidad mundial, de cuyo riesgo debemos precavernos. En verdad, nos tardamos en reconocer esa "realidad mundial", pues desde 1995 el presidente William Clinton había convocado a los países más poderosos del mundo (no a los más vulnerables) a emprender la cruzada contra el terrorismo. En Lyon, Francia, el 27 de junio de aquel año, en la reunión anual del Grupo de los Siete, había dicho que un ataque terrorista "contra uno de nosotros es un ataque contra todos". Se sugería que el terrorismo era un enemigo de la elite mundial y del progreso, incluso un enemigo de la cultura hegemónica del mundo. Por ello era posible pensar que el término terrorismo no era resultado, en términos reales, de un análisis social, sino que provenía de una descalificación política utilitaria.
Más tarde, la ley estadunidense definió el terrorismo como la"violencia premeditada, políticamente motivada y llevada contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos" y el terrorismo internacional como el "que involucra a ciudadanos o el territorio de más de un país". En septiembre de 2001 el Departamento de Estado dio a conocer en Estados Unidos el Informe global sobre terrorismo, que identificaba a 29 organizaciones terroristas en todo el mundo. De ellas, 14 eran de tendencia extremista islámica y contaban con algún tipo de apoyo abierto o encubierto de gobiernos de países como Afganistán, Siria, Líbano, Irán o Libia. Varias de estas organizaciones islámicas habían hecho explícito uno de sus objetivos: atacar intereses de Estados Unidos.
El informe del Departamento de Estado presentaba en las fichas de cada una de estas organizaciones su descripción, principales actividades, fuerza estimada, área de operaciones y sus apoyos externos. Las organizaciones eran básicamente de fundamentalistas islámicos y de "extrema izquierda". Incorporaron en la lista a organizaciones como las FARC, de Colombia; ETA, de España; IRA, de Irlanda, e inclusive al grupo Gente Contra el Gansterismo y las Drogas (PAGAD, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo inicial era luchar contra las mafias violentas del narcotráfico y que, finalmente, se había vuelto en contra del gobierno de Sudáfrica.
Según ese informe, las organizaciones fundamentalistas islámicas habían aumentado su actividad por el estallido de la violencia en el conflicto palestino-israelí en septiembre de 2000, dato relevante porque el informe apuntó que la mayoría de ellas tenían a Israel y a Estados Unidos como sus principales blancos.
Así las cosas, veamos ahora lo que constituye quizás el texto central de esta reforma legislativa en México: "Se impondrá pena de prisión de seis a 40 años y hasta mil 200 días de multa, sin prejuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación".
Cada una de las hipótesis enlistadas aquí tipifican o pueden tipificar delitos en sí mismos; no requieren el contexto del terrorismo ni los vínculos con las organizaciones identificadas por el gobierno estadunidense. Pero sí se trata de un retroceso legal porque se recurre a elementos ambiguos como "que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella". Numerosos motivos y circunstancias que producen esos efectos no pueden tipificarse como evidencia terrorista. La alarma, el temor o el terror lo produce la presencia del Ejército o de los cuerpos policiacos en operativos de cateos ilegales y represivos y la militarización actual de varios estados de la República en la lucha contra el narcotráfico. También lo producen las bandas de secuestradores en ciertos sectores de la población, o los asesinos seriales (el Mataviejitas, que resultó ser la Mataviejitas, por ejemplo), las vendettas del crimen organizado, los asaltos a mano armada en vía pública o en transportes colectivos, y en ninguno de estos casos podríamos hablar tampoco de terrorismo. Es decir, el rasgo que tipifica a las organizaciones que Estados Unidos considera tales no es el terror que producen, sino la descalificación política con que se les proscribe.
En cuanto a la seguridad nacional, aclaremos que ella está en riesgo en México desde hace tiempo no por la cercanía del terrorismo, sino por el desmantelamiento del poder del Estado en el sistema bancario, por la imposible autosuficiencia alimentaria, por la expansión y hegemonía de los cárteles del narcotráfico y por el endeudamiento colosal del país, entre otras cosas.
Pero resulta más peligroso referirse al terrorismo como una fuerza que busca "presionar a la autoridad para que tome una determinación". En México han venido presionando a todo tipo de autoridades, con magníficos resultados, las elites financieras e industriales del país, el sistema bancario (que ha dejado de ser mexicano), los consorcios trasnacionales, los gobiernos de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ante esta presión real para que la autoridad "tome una determinación", la presión de los terroristas parece una broma. Esto sería, al menos, la parte blanca del caso.
La parte riesgosa es la tentación de confundir el término terrorismo con la inconformidad social. Pues, insisto, el "terrorismo" fue una creación del poder de las elites mundiales para descalificar a ciertos grupos, y no fue resultado del surgimiento de una realidad criminal evidente o de una intencionalidad comprobable de causar terror como fin principal.
Ahora el Senado considera una forma de modernización de las leyes en México reconocer el delito de terrorismo como una realidad mundial, de cuyo riesgo debemos precavernos. En verdad, nos tardamos en reconocer esa "realidad mundial", pues desde 1995 el presidente William Clinton había convocado a los países más poderosos del mundo (no a los más vulnerables) a emprender la cruzada contra el terrorismo. En Lyon, Francia, el 27 de junio de aquel año, en la reunión anual del Grupo de los Siete, había dicho que un ataque terrorista "contra uno de nosotros es un ataque contra todos". Se sugería que el terrorismo era un enemigo de la elite mundial y del progreso, incluso un enemigo de la cultura hegemónica del mundo. Por ello era posible pensar que el término terrorismo no era resultado, en términos reales, de un análisis social, sino que provenía de una descalificación política utilitaria.
Más tarde, la ley estadunidense definió el terrorismo como la"violencia premeditada, políticamente motivada y llevada contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos" y el terrorismo internacional como el "que involucra a ciudadanos o el territorio de más de un país". En septiembre de 2001 el Departamento de Estado dio a conocer en Estados Unidos el Informe global sobre terrorismo, que identificaba a 29 organizaciones terroristas en todo el mundo. De ellas, 14 eran de tendencia extremista islámica y contaban con algún tipo de apoyo abierto o encubierto de gobiernos de países como Afganistán, Siria, Líbano, Irán o Libia. Varias de estas organizaciones islámicas habían hecho explícito uno de sus objetivos: atacar intereses de Estados Unidos.
El informe del Departamento de Estado presentaba en las fichas de cada una de estas organizaciones su descripción, principales actividades, fuerza estimada, área de operaciones y sus apoyos externos. Las organizaciones eran básicamente de fundamentalistas islámicos y de "extrema izquierda". Incorporaron en la lista a organizaciones como las FARC, de Colombia; ETA, de España; IRA, de Irlanda, e inclusive al grupo Gente Contra el Gansterismo y las Drogas (PAGAD, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo inicial era luchar contra las mafias violentas del narcotráfico y que, finalmente, se había vuelto en contra del gobierno de Sudáfrica.
Según ese informe, las organizaciones fundamentalistas islámicas habían aumentado su actividad por el estallido de la violencia en el conflicto palestino-israelí en septiembre de 2000, dato relevante porque el informe apuntó que la mayoría de ellas tenían a Israel y a Estados Unidos como sus principales blancos.
Así las cosas, veamos ahora lo que constituye quizás el texto central de esta reforma legislativa en México: "Se impondrá pena de prisión de seis a 40 años y hasta mil 200 días de multa, sin prejuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación".
Cada una de las hipótesis enlistadas aquí tipifican o pueden tipificar delitos en sí mismos; no requieren el contexto del terrorismo ni los vínculos con las organizaciones identificadas por el gobierno estadunidense. Pero sí se trata de un retroceso legal porque se recurre a elementos ambiguos como "que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella". Numerosos motivos y circunstancias que producen esos efectos no pueden tipificarse como evidencia terrorista. La alarma, el temor o el terror lo produce la presencia del Ejército o de los cuerpos policiacos en operativos de cateos ilegales y represivos y la militarización actual de varios estados de la República en la lucha contra el narcotráfico. También lo producen las bandas de secuestradores en ciertos sectores de la población, o los asesinos seriales (el Mataviejitas, que resultó ser la Mataviejitas, por ejemplo), las vendettas del crimen organizado, los asaltos a mano armada en vía pública o en transportes colectivos, y en ninguno de estos casos podríamos hablar tampoco de terrorismo. Es decir, el rasgo que tipifica a las organizaciones que Estados Unidos considera tales no es el terror que producen, sino la descalificación política con que se les proscribe.
En cuanto a la seguridad nacional, aclaremos que ella está en riesgo en México desde hace tiempo no por la cercanía del terrorismo, sino por el desmantelamiento del poder del Estado en el sistema bancario, por la imposible autosuficiencia alimentaria, por la expansión y hegemonía de los cárteles del narcotráfico y por el endeudamiento colosal del país, entre otras cosas.
Pero resulta más peligroso referirse al terrorismo como una fuerza que busca "presionar a la autoridad para que tome una determinación". En México han venido presionando a todo tipo de autoridades, con magníficos resultados, las elites financieras e industriales del país, el sistema bancario (que ha dejado de ser mexicano), los consorcios trasnacionales, los gobiernos de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ante esta presión real para que la autoridad "tome una determinación", la presión de los terroristas parece una broma. Esto sería, al menos, la parte blanca del caso.
La parte riesgosa es la tentación de confundir el término terrorismo con la inconformidad social. Pues, insisto, el "terrorismo" fue una creación del poder de las elites mundiales para descalificar a ciertos grupos, y no fue resultado del surgimiento de una realidad criminal evidente o de una intencionalidad comprobable de causar terror como fin principal.
Un futuro sin miedo
Miguel Concha
El pasado miércoles Amnistía Internacional presentó su Informe 2007, en el que documenta las cuestiones de derechos humanos que motivaron su preocupación en 2006. En la introducción, significativamente titulada Libertad frente al terror, su secretaria general explica las graves violaciones a los derechos humanos que en cadena se dan contra las personas y grupos en el mundo actual, como productos del miedo, el cual, como nosotros sabemos, en los manuales de contrainsurgencia es propuesto por los regímenes autoritarios como medida de desmovilización social y de control político. Con la experiencia que le ha dado la investigación de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, y sin pretender desde luego hacer un análisis estructural completo, menos desde la perspectiva de América Latina, en la raíz de esta situación sicológica individual y colectiva, Irene Khan encuentra de manera pertinente al "capitalismo desenfrenado" -con sus secuelas de desigualdad social, pobreza, delincuencia y violencia-, en el contexto de gobiernos débiles y corruptos, empresas y actores económicos refractarios a una regularización internacional obligatoria, una política ineficaz contra el terror, e incluso organismos internacionales de protección a los derechos humanos ineficaces. Todo lo cual ha producido una manera errónea y perversa de enfrentar los masivos problemas sociales como migración, marginación, discriminación, disentimiento, inseguridad y violencia, conculcando derechos humanos y comprometiendo de manera efectiva el bienestar de todos. Al fin y al cabo los derechos humanos son obstáculos para la expansión actual del capitalismo mundial.
En congruencia con la misión de su organización, al final, la secretaria general propone un futuro sostenible sin miedo, basado en el fortalecimiento verdadero del estado de derecho y en la garantía de los derechos humanos, y en un rechazo de una mentalidad propia de la guerra fría. "Un sistema basado en el estado de derecho -sostiene Irene Khan-, que funcione adecuadamente en el ámbito nacional, es la salvaguardia última de los derechos humanos. Pero tal sistema, si pretende ser verdaderamente justo, ha de incluir a las mujeres y a los sectores desfavorecidos."
"La mayoría de las personas indigentes -dice con razón- no están amparadas por la ley. Para que su inserción en el sistema sea significativo -añade-, es necesario hacer efectivos los derechos económicos y sociales, materializándolos en políticas y programas públicos." Para ello se requiere, igualmente, revitalizar la reforma de la ONU en materia de derechos humanos, eliminar el exclusivismo político y la manipulación de su nuevo consejo en la materia, y que el nuevo secretario general haga valer su liderazgo como defensor de los derechos humanos. Para lograrlo se cuenta sobre todo con la gran reserva, cada vez más amplia, de la organización de la sociedad civil, a la que también ella considera como el hecho más significativo que permite albergar esperanzas de transformación en el panorama de los derechos humanos.
Para la secretaria general de Amnistía Internacional, en efecto, si la migración no regulada es el miedo de las clases ricas, el capitalismo desenfrenado -impulsado por la globalización y cuyos efectos sociales son muy dispares, tanto en el ámbito mundial, como en cada país- es el temor de los pobres.
Además, la debilidad, el gran empobrecimiento y, con frecuencia, la profunda corrupción de ciertos Estados, han generado un vacío de poder que están llenando las empresas y otros agentes económicos, los cuales llevan tiempo resistiéndose a normas internacionales vinculantes. Por ello, la respuesta a esa situación no radica, de fondo, en la construcción de muros para impedir la entrada, sino en la promoción de sistemas que protejan los derechos de las personas vulnerables, al mismo tiempo que se quieran respetar las prerrogativas de los Estados para regular la migración.
"El aumento de la delincuencia y la violencia armada -dice también- son fuente de miedo constante, lo que ha llevado a muchos gobiernos a adoptar políticas que en teoría combaten enérgicamente la delincuencia, pero que en realidad criminalizan a los sectores más desfavorecidos y los exponen al doble peligro de las bandas y la brutalidad policial." Y como si pensara en nuestro propio país, afirma enfáticamente que proporcionar seguridad a un grupo de personas, a costa de los derechos de otros, no soluciona el problema.
"La experiencia muestra que la mejor forma de reforzar la seguridad pública es mediante un enfoque integral, que combine una actuación policial mejorada, con la provisión de servicios básicos, como la atención a la salud, la educación y el alojamiento de las comunidades más desfavorecidas, de modo que éstas sientan que defender la seguridad y estabilidad de la sociedad, redunda en beneficio propio". Pues, como afirma Irene Khan, la sociedad no quiere vivir bajo el síndrome del miedo, sino de la sostenibilidad.
El pasado miércoles Amnistía Internacional presentó su Informe 2007, en el que documenta las cuestiones de derechos humanos que motivaron su preocupación en 2006. En la introducción, significativamente titulada Libertad frente al terror, su secretaria general explica las graves violaciones a los derechos humanos que en cadena se dan contra las personas y grupos en el mundo actual, como productos del miedo, el cual, como nosotros sabemos, en los manuales de contrainsurgencia es propuesto por los regímenes autoritarios como medida de desmovilización social y de control político. Con la experiencia que le ha dado la investigación de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, y sin pretender desde luego hacer un análisis estructural completo, menos desde la perspectiva de América Latina, en la raíz de esta situación sicológica individual y colectiva, Irene Khan encuentra de manera pertinente al "capitalismo desenfrenado" -con sus secuelas de desigualdad social, pobreza, delincuencia y violencia-, en el contexto de gobiernos débiles y corruptos, empresas y actores económicos refractarios a una regularización internacional obligatoria, una política ineficaz contra el terror, e incluso organismos internacionales de protección a los derechos humanos ineficaces. Todo lo cual ha producido una manera errónea y perversa de enfrentar los masivos problemas sociales como migración, marginación, discriminación, disentimiento, inseguridad y violencia, conculcando derechos humanos y comprometiendo de manera efectiva el bienestar de todos. Al fin y al cabo los derechos humanos son obstáculos para la expansión actual del capitalismo mundial.
En congruencia con la misión de su organización, al final, la secretaria general propone un futuro sostenible sin miedo, basado en el fortalecimiento verdadero del estado de derecho y en la garantía de los derechos humanos, y en un rechazo de una mentalidad propia de la guerra fría. "Un sistema basado en el estado de derecho -sostiene Irene Khan-, que funcione adecuadamente en el ámbito nacional, es la salvaguardia última de los derechos humanos. Pero tal sistema, si pretende ser verdaderamente justo, ha de incluir a las mujeres y a los sectores desfavorecidos."
"La mayoría de las personas indigentes -dice con razón- no están amparadas por la ley. Para que su inserción en el sistema sea significativo -añade-, es necesario hacer efectivos los derechos económicos y sociales, materializándolos en políticas y programas públicos." Para ello se requiere, igualmente, revitalizar la reforma de la ONU en materia de derechos humanos, eliminar el exclusivismo político y la manipulación de su nuevo consejo en la materia, y que el nuevo secretario general haga valer su liderazgo como defensor de los derechos humanos. Para lograrlo se cuenta sobre todo con la gran reserva, cada vez más amplia, de la organización de la sociedad civil, a la que también ella considera como el hecho más significativo que permite albergar esperanzas de transformación en el panorama de los derechos humanos.
Para la secretaria general de Amnistía Internacional, en efecto, si la migración no regulada es el miedo de las clases ricas, el capitalismo desenfrenado -impulsado por la globalización y cuyos efectos sociales son muy dispares, tanto en el ámbito mundial, como en cada país- es el temor de los pobres.
Además, la debilidad, el gran empobrecimiento y, con frecuencia, la profunda corrupción de ciertos Estados, han generado un vacío de poder que están llenando las empresas y otros agentes económicos, los cuales llevan tiempo resistiéndose a normas internacionales vinculantes. Por ello, la respuesta a esa situación no radica, de fondo, en la construcción de muros para impedir la entrada, sino en la promoción de sistemas que protejan los derechos de las personas vulnerables, al mismo tiempo que se quieran respetar las prerrogativas de los Estados para regular la migración.
"El aumento de la delincuencia y la violencia armada -dice también- son fuente de miedo constante, lo que ha llevado a muchos gobiernos a adoptar políticas que en teoría combaten enérgicamente la delincuencia, pero que en realidad criminalizan a los sectores más desfavorecidos y los exponen al doble peligro de las bandas y la brutalidad policial." Y como si pensara en nuestro propio país, afirma enfáticamente que proporcionar seguridad a un grupo de personas, a costa de los derechos de otros, no soluciona el problema.
"La experiencia muestra que la mejor forma de reforzar la seguridad pública es mediante un enfoque integral, que combine una actuación policial mejorada, con la provisión de servicios básicos, como la atención a la salud, la educación y el alojamiento de las comunidades más desfavorecidas, de modo que éstas sientan que defender la seguridad y estabilidad de la sociedad, redunda en beneficio propio". Pues, como afirma Irene Khan, la sociedad no quiere vivir bajo el síndrome del miedo, sino de la sostenibilidad.
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