MARIANA CHAVEZ
Querétaro, Qro., 10 de agosto. La secretaria de patrimonio nacional del "gobierno legítimo" de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum Pardo, denunció que han enfrentado obstáculos en entidades gobernadas por el Partido Acción Nacional (PAN) para desarrollar actividades de afiliación de simpatizantes del ex candidato presidencial, por lo que pidió respeto y responsabilizó a las autoridades de "cualquier cosa que nos ocurra".
Indicó que acudió a una entrevista a un programa de una estación del grupo Radio Centro. Al salir del edificio, ubicado en la zona centro de esta capital, en el costado de su vehículo "casualmente" había un "rayón" al parecer hecho con algún objeto punzocortante.
"Cuando bajamos, casualmente el único coche que estaba totalmente rayado era el nuestro", expresó. No obstante, dijo que no tiene pruebas para señalar que la acción sea consecuencia o tenga relación con algún asunto político.
"Pero (la agresión) se orienta para allá, puesto que era el único automóvil en ese lugar que estaba rayado y era de las pocas veces que nos abrían espacio en esa estación (de radio)", agregó.
Refirió que como parte de la campaña de credencialización del "gobierno legítimo" de López Obrador, "hemos tenido algunos incidentes", como la suspensión de energía eléctrica en los módulos donde se llevaría a cabo dicha actividad.
Sheinbaum aseguró que la acción política del ex candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos ha sido ejercida de manera pacífica y bajo la ley.
"No solamente pedimos que se nos permita realizar nuestro trabajo, sino también hacemos responsable al gobierno del estado (Querétaro) en caso de que nos ocurra cualquier cosa", expresó.
Sheinbaum afirmó que en todo el país ya han credencializado a un millón 500 mil personas, de las cuales 15 mil son de Querétaro, donde tienen una meta de 30 mil afiliados.
Sobre los recursos que destinará el gobierno federal mediante el esquema Proyectos de Inversión de Impacto Diferido en el Gasto, consideró que es un reflejo de la opción que tomó el gobierno de Vicente Fox y que quiere continuar la administración de Felipe Calderón para permitir la inversión privada en materia de electricidad y petróleo. Consideró que esta situación propicia que la inversión privada también genere deuda.
sábado, agosto 11, 2007
Denuncian a Ramírez Acuña y al INM por detención de españoles en Oaxaca
La querella ante la PGR se presentó por abusos cometidos: Rosario Ibarra
Es un acto fuera de derecho, pues no se acreditó delito alguno, dice la senadora
Los golpearon y robaron sus documentos, afirma la Limeddh, que interpuso un amparo
GEORGINA SALDIERNA, OCTAVIO VELEZ ASCENCIO
Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presentó ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia en contra del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, por la detención de cuatro ciudadanos españoles en la ciudad de Oaxaca.
Se trata de Laia Serra Perelló, Ramón Sesén Marquina, Nuria Morelló Calafell y Ariadna Nieto Espiné, quienes tras ser detenidos y sufrir agresiones físicas y sexuales por parte de elementos policiacos, fueron remitidos a la estación migratoria de Iztapalapa, donde se encuentran desde el 6 de agosto con la amenaza de ser deportados.
Según la denuncia presentada, durante la detención y el traslado de los cuatro españoles a la ciudad de México se les robó dinero, sus pasaportes y las formas migratorias con las que podrían demostrar su legal estancia en el país.
En vista de que llevan más de cuatro días privados de su libertad sin que las autoridades hayan verificado su calidad migratoria, el documento considera que los funcionarios citados han incurrido en omisiones en sus funciones, con lo que habrían cometido el delito de ejercicio indebido del servicio público.
La senadora Rosario Ibarra de Piedra consideró que la detención de estas cuatro personas que entraron a México con sus documentos en regla es una grosería, una injusticia y un acto fuera de derecho.
La legisladora defendió la inocencia de los detenidos y lamentó su detención por policías estatales mientras paseaban, sin que hubiera razón para ello.
De hecho, la denuncia establece que los extranjeros se encuentran privados ilegalmente de su libertad, pues no existe orden de aprehensión que así lo mandate; no fueron detenidos en la comisión de algún delito ni tampoco han infringido de modo alguno la normatividad respectiva de migración, hecho que podría ser corroborado por la propia autoridad migratoria o con el requerimiento de la información respectiva al consulado o embajada de España.
De los cuatro, Laia Serra es abogada e integrante de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), una ONG que en diciembre pasado visitó Oaxaca y elaboró un informe sobre los abusos cometidos en el estado durante el conflicto magisterial del año pasado.
La captura e incomunicación son ilegales: ONG
En tanto, en Oaxaca, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) calificó como ilegal la detención de cuatro ciudadanos españoles y un mexicano el domingo en el centro histórico de esa ciudad, porque la policía local nunca pudo acreditar la comisión de un delito.
"Esta es otra ilegalidad de la policía", afirmó el abogado de la filial Oaxaca de la Limeddh, Isaac Torres Carmona, en una conferencia de prensa donde estuvo acompañado de José Damián Reséndiz Saucedo, uno de los detenidos.
Sin embargo, el titular de la Secretaría de Protección Ciudadana de Oaxaca, Sergio Segreste Ríos, argumentó que el arresto del mexicano y los cuatro españoles "fue por escandalizar en la vía pública".
"Por eso, el mexicano pagó su fianza y pudo salir; los españoles no, porque no pudieron justificar su estancia legal en el país", afirmó.
Además rechazó que la policía haya vejado o violado los derechos humanos de los detenidos. "Seguramente van a decir que los violamos o ultrajamos, pero no fue así; nada más los detuvimos y los pusimos a disposición del juez calificador por escandalizar en vía pública", dijo.
El domingo José Damián Reséndiz Saucedo, junto con los españoles Ramón Sesén Marquina, Nuria Morelló Calafell, Ariadna Nieto Espiné y Laia Serra Perelló fueron aprehendidos frente al mercado Cuarto Centenario, a unas cinco calles del zócalo de la ciudad.
Según el abogado de la Limeddh, la policía local acusó al mexicano y a los españoles de "faltas administrativas" para poder justificar la ilegalidad cometida, porque "a pesar de sus intentos, nunca pudieron acreditar la existencia de un delito".
Torres Carmona denunció que los detenidos fueron golpeados por policías uniformados y vestidos de civil, e incomunicados.
Subrayó que la policía local robó sus pertenencias y despojó de sus documentos a los españoles para poder presentarlos al INM por supuestamente no poder comprobar su estancia legal en el país.
Ante esto, mencionó que la Limeddh interpuso un amparo por incomunicación en el juzgado primero de distrito en el estado.
Reséndiz Saucedo presentó por su parte una denuncia penal en el Ministerio Público del fuero común, por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo.
En un comunicado, la Caravana Alianza Rebelde Intergaláctica, organización civil a la que pertenece Reséndiz y que simpatiza con el movimiento zapatista, detalló que la detención de las cinco personas ocurrió después de participar en la presentación de videos de la resistencia y autonomía zapatista en el zócalo.
Y la Embajada de España, ¿qué está haciendo para proteger a los ciudadanos españoles que son maltratados por el gobierno mexicano?
Es un acto fuera de derecho, pues no se acreditó delito alguno, dice la senadora
Los golpearon y robaron sus documentos, afirma la Limeddh, que interpuso un amparo
GEORGINA SALDIERNA, OCTAVIO VELEZ ASCENCIO
Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presentó ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia en contra del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, por la detención de cuatro ciudadanos españoles en la ciudad de Oaxaca.
Se trata de Laia Serra Perelló, Ramón Sesén Marquina, Nuria Morelló Calafell y Ariadna Nieto Espiné, quienes tras ser detenidos y sufrir agresiones físicas y sexuales por parte de elementos policiacos, fueron remitidos a la estación migratoria de Iztapalapa, donde se encuentran desde el 6 de agosto con la amenaza de ser deportados.
Según la denuncia presentada, durante la detención y el traslado de los cuatro españoles a la ciudad de México se les robó dinero, sus pasaportes y las formas migratorias con las que podrían demostrar su legal estancia en el país.
En vista de que llevan más de cuatro días privados de su libertad sin que las autoridades hayan verificado su calidad migratoria, el documento considera que los funcionarios citados han incurrido en omisiones en sus funciones, con lo que habrían cometido el delito de ejercicio indebido del servicio público.
La senadora Rosario Ibarra de Piedra consideró que la detención de estas cuatro personas que entraron a México con sus documentos en regla es una grosería, una injusticia y un acto fuera de derecho.
La legisladora defendió la inocencia de los detenidos y lamentó su detención por policías estatales mientras paseaban, sin que hubiera razón para ello.
De hecho, la denuncia establece que los extranjeros se encuentran privados ilegalmente de su libertad, pues no existe orden de aprehensión que así lo mandate; no fueron detenidos en la comisión de algún delito ni tampoco han infringido de modo alguno la normatividad respectiva de migración, hecho que podría ser corroborado por la propia autoridad migratoria o con el requerimiento de la información respectiva al consulado o embajada de España.
De los cuatro, Laia Serra es abogada e integrante de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), una ONG que en diciembre pasado visitó Oaxaca y elaboró un informe sobre los abusos cometidos en el estado durante el conflicto magisterial del año pasado.
La captura e incomunicación son ilegales: ONG
En tanto, en Oaxaca, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) calificó como ilegal la detención de cuatro ciudadanos españoles y un mexicano el domingo en el centro histórico de esa ciudad, porque la policía local nunca pudo acreditar la comisión de un delito.
"Esta es otra ilegalidad de la policía", afirmó el abogado de la filial Oaxaca de la Limeddh, Isaac Torres Carmona, en una conferencia de prensa donde estuvo acompañado de José Damián Reséndiz Saucedo, uno de los detenidos.
Sin embargo, el titular de la Secretaría de Protección Ciudadana de Oaxaca, Sergio Segreste Ríos, argumentó que el arresto del mexicano y los cuatro españoles "fue por escandalizar en la vía pública".
"Por eso, el mexicano pagó su fianza y pudo salir; los españoles no, porque no pudieron justificar su estancia legal en el país", afirmó.
Además rechazó que la policía haya vejado o violado los derechos humanos de los detenidos. "Seguramente van a decir que los violamos o ultrajamos, pero no fue así; nada más los detuvimos y los pusimos a disposición del juez calificador por escandalizar en vía pública", dijo.
El domingo José Damián Reséndiz Saucedo, junto con los españoles Ramón Sesén Marquina, Nuria Morelló Calafell, Ariadna Nieto Espiné y Laia Serra Perelló fueron aprehendidos frente al mercado Cuarto Centenario, a unas cinco calles del zócalo de la ciudad.
Según el abogado de la Limeddh, la policía local acusó al mexicano y a los españoles de "faltas administrativas" para poder justificar la ilegalidad cometida, porque "a pesar de sus intentos, nunca pudieron acreditar la existencia de un delito".
Torres Carmona denunció que los detenidos fueron golpeados por policías uniformados y vestidos de civil, e incomunicados.
Subrayó que la policía local robó sus pertenencias y despojó de sus documentos a los españoles para poder presentarlos al INM por supuestamente no poder comprobar su estancia legal en el país.
Ante esto, mencionó que la Limeddh interpuso un amparo por incomunicación en el juzgado primero de distrito en el estado.
Reséndiz Saucedo presentó por su parte una denuncia penal en el Ministerio Público del fuero común, por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo.
En un comunicado, la Caravana Alianza Rebelde Intergaláctica, organización civil a la que pertenece Reséndiz y que simpatiza con el movimiento zapatista, detalló que la detención de las cinco personas ocurrió después de participar en la presentación de videos de la resistencia y autonomía zapatista en el zócalo.
Y la Embajada de España, ¿qué está haciendo para proteger a los ciudadanos españoles que son maltratados por el gobierno mexicano?
Rebatiña, muestra de la crisis que enfrenta Calderón
LAURA POY SOLANO
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguró que la "rebatiña" por el poder entre la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, y Josefina Vázquez Mota, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), es una muestra más de la "grave crisis" que enfrenta el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa en "prácticamente todos los frentes".
Los profesores disidentes señalaron que el "enfrentamiento" entre la lideresa magisterial y Vázquez Mota es un "pleito de poder, no de intereses educativos, porque a los charros del SNTE y a la administración federal lo que menos les importa es la enseñanza".
Es evidente, insistieron, que la relación entre la cúpula del sindicato y Calderón Hinojosa "ha comenzado a resquebrajarse, porque la ambición de poder no tiene límites entre quienes sólo buscan el beneficio personal y el control a toda costa de las instituciones".
El pago de facturas electorales a la cúpula charra, afirmaron, no quedó saldado con la entrega de la "Subsecretaría de Educación Básica, a cargo de Fernando González Sánchez, cuyo único mérito es ser yerno de Gordillo y a quien entregaron el destino educativo de más de 24 millones de alumnos de formación básica, lo que le permite controlar casi 80 por ciento de los recursos de la SEP".
El único logro del Presidente, "aumentar al doble los problemas"
En México, advirtieron, se está llegando al límite no sólo en el sistema educativo, sino en todos los frentes, social, económico y político, porque el único logro que se puede atribuir al presidente Calderón Hinojosa es que "en menos de un año aumentó al doble los problemas heredados por su antecesor, Vicente Fox Quesada, a quien la enseñanza simplemente le pasó de noche".
Aseguraron que con un sistema educativo en el "abandono, al que pretenden imponer reformas que no cuentan con el consenso de padres de familia y maestros, que además resultan absurdas e inoperantes ante la realidad escolar que se vive en el aula, ni Gordillo Morales ni Vázquez Mota apuestan por un modelo laico, gratuito y de calidad para la educación en México".
Por el contrario, insistieron, si algo identifica la "grave crisis" en ese sector del país es el interés de la "cúpula del SNTE y de las propias autoridades educativas por afianzar, cada quien por su cuenta y con sus intereses, un modelo educativo privatizador, clerical y regulado por el mercado".
El problema, abundaron, es que en las "altas esferas del poder burocrático de la SEP y del SNTE la rebatiña no a concluido, auque la pelea es por las migajas de un sistema que hace mucho abandonó las prioridades en enseñanza de millones de mexicanos".
Destacaron que el conflicto por el control de la SEP "hace más evidente que nuestro sistema educativo enfrenta a una burocracia sin capacidad, sin autoridad moral ni claridad en las políticas públicas que deberían garantizar una instrucción de calidad para todos".
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguró que la "rebatiña" por el poder entre la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, y Josefina Vázquez Mota, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), es una muestra más de la "grave crisis" que enfrenta el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa en "prácticamente todos los frentes".
Los profesores disidentes señalaron que el "enfrentamiento" entre la lideresa magisterial y Vázquez Mota es un "pleito de poder, no de intereses educativos, porque a los charros del SNTE y a la administración federal lo que menos les importa es la enseñanza".
Es evidente, insistieron, que la relación entre la cúpula del sindicato y Calderón Hinojosa "ha comenzado a resquebrajarse, porque la ambición de poder no tiene límites entre quienes sólo buscan el beneficio personal y el control a toda costa de las instituciones".
El pago de facturas electorales a la cúpula charra, afirmaron, no quedó saldado con la entrega de la "Subsecretaría de Educación Básica, a cargo de Fernando González Sánchez, cuyo único mérito es ser yerno de Gordillo y a quien entregaron el destino educativo de más de 24 millones de alumnos de formación básica, lo que le permite controlar casi 80 por ciento de los recursos de la SEP".
El único logro del Presidente, "aumentar al doble los problemas"
En México, advirtieron, se está llegando al límite no sólo en el sistema educativo, sino en todos los frentes, social, económico y político, porque el único logro que se puede atribuir al presidente Calderón Hinojosa es que "en menos de un año aumentó al doble los problemas heredados por su antecesor, Vicente Fox Quesada, a quien la enseñanza simplemente le pasó de noche".
Aseguraron que con un sistema educativo en el "abandono, al que pretenden imponer reformas que no cuentan con el consenso de padres de familia y maestros, que además resultan absurdas e inoperantes ante la realidad escolar que se vive en el aula, ni Gordillo Morales ni Vázquez Mota apuestan por un modelo laico, gratuito y de calidad para la educación en México".
Por el contrario, insistieron, si algo identifica la "grave crisis" en ese sector del país es el interés de la "cúpula del SNTE y de las propias autoridades educativas por afianzar, cada quien por su cuenta y con sus intereses, un modelo educativo privatizador, clerical y regulado por el mercado".
El problema, abundaron, es que en las "altas esferas del poder burocrático de la SEP y del SNTE la rebatiña no a concluido, auque la pelea es por las migajas de un sistema que hace mucho abandonó las prioridades en enseñanza de millones de mexicanos".
Destacaron que el conflicto por el control de la SEP "hace más evidente que nuestro sistema educativo enfrenta a una burocracia sin capacidad, sin autoridad moral ni claridad en las políticas públicas que deberían garantizar una instrucción de calidad para todos".
Salinas instruye a Calderón sobre cómo legitimarse, afirma AMLO
En reunión secreta planearon cómo enfrentarnos, dice en Chiapas el "presidente legítimo"
El mandatario que impusieron a México no sólo es espurio, sino mediocre e incapaz; "no nos dejaremos"
FABIOLA MARTINEZ
Andrés Manuel López Obrador firma libros luego de un mitin en Francisco León, Chiapas Foto: La Jornada
Copainala, Chis., 10 de agosto. Andrés Manuel López Obrador informó aquí sobre una reunión privada entre Felipe Calderón Hinojosa y el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, ocurrida el sábado pasado en la Riviera Maya.
El encuentro fue para que "el perverso Salinas" dijera a Calderón cómo gobernar, cómo legitimarse y cómo acabar con nosotros, dijo López Obrador.
Pero no les tenemos miedo -advirtió-, y más temprano que tarde vamos a derrotar a esa mafia de la política que los impuso. "Fue una reunión secreta para ponerse de acuerdo acerca de cómo van a enfrentarnos, porque no están satisfechos, no están contentos con habernos robado la elección, porque saben que seguimos adelante, y eso les preocupa mucho", expresó el político tabasqueño ante cientos de personas congregadas en la plaza central de este municipio, enclavado en la región zoque.
"Yo sé que ese encuentro fue para que Calderón recibiera consejos del perverso de Salinas de Gortari. Estoy informado de eso; (pero) nosotros vamos a seguir adelante", dijo. Calderón no sólo es espurio, sino incapaz, totalmente mediocre; ese es el presidente pelele que desgraciadamente tiene el país, expresó el ex candidato presidencial de PRD, PT y Convergencia.
Antes, el "presidente legítimo" visitó Francisco León, uno de los municipios más pobres de México, asentado en las faldas del volcán Chichonal.
Después de 25 años de que hiciera erupción, los pobladores del lugar siguen marginados; es una región indígena, la de Mezcalapa, gobernada por el PAN; sin drenaje ni servicios médicos.
Ahí, en el mitin de arranque de campaña de los candidatos perredistas locales, se escucharon quejas por la discriminación y la exclusión; dolor, sufrimiento y desgracias que "no terminaron en 1982", tras la erupción del volcán ubicado en un tramo de la región Mezcalapa, cuna de los zoques.
López Obrador realiza una gira nacional en la que pretende visitar -en un lapso de dos años- los cerca de 2 mil 500 municipios del país, como parte del movimiento del "gobierno legítimo" que encabeza. Hasta este viernes acumulaba poco más de 660 ayuntamientos visitados.
Este domingo concluirá el recorrido de 118 municipios de Chiapas, entidad en la cual se ubica una quinta parte de los 100 más pobres de México, y donde el próximo 7 de octubre se realizarán elecciones para presidentes municipales y renovar el Congreso local.
En Francisco León, un caserío de no más de 2 mil personas, que tiene como fondo el cráter del Chichonal, el "presidente legítimo" reiteró que Calderón Hinojosa es un mandatario impuesto que no tiene ningún valor: "no se puede respetar a un delincuente", dijo ante sus simpatizantes.
Ellos -agregó- querían que aceptáramos el fraude (del 2 de julio del año pasado), ¡pero los mandamos al diablo, porque no se puede negociar la voluntad del pueblo!
Luego, siguió en su viaje por el Mezcalapa, zona identificada por sus rigurosas costumbres; la mayoría de sus pobladores son practicantes en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quienes se congregan para el estudio bíblico a partir del viernes por la tarde y hasta un día después.
Con todo ello, antes de resguardarse en sus templos, cientos de personas acudieron a los mítines. Primero en Tecpan, donde López Obrador denunció que existe un "bloqueo informativo" en los medios de comunicación para que no sean difundidas las actividades de su movimiento.
Luego estuvo en Copainalá y Ocotepec, cuya mayoría poblacional es zoque. Ahí el mitin fue breve, debido a una tormenta que azotó justo al momento de la concentración. Sin embargo, los indígenas -muy pobres, marginados- permanecieron de pie, estoicos, pese a la furia de la lluvia.
Más tarde viajó a Coapilla, la zona ecológica del Mezcalapa y, por la noche, siempre en apoyo de los candidatos perredistas, visitó Usumacinta, ubicado justo al lado de la imponente hidroeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, alimentada por el río Grijalva. Comunidades ricas en recursos naturales, pero con altos niveles de pobreza. López Obrador cerró la jornada de este viernes en Chicoasén.
El mandatario que impusieron a México no sólo es espurio, sino mediocre e incapaz; "no nos dejaremos"
FABIOLA MARTINEZ
Andrés Manuel López Obrador firma libros luego de un mitin en Francisco León, Chiapas Foto: La JornadaCopainala, Chis., 10 de agosto. Andrés Manuel López Obrador informó aquí sobre una reunión privada entre Felipe Calderón Hinojosa y el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, ocurrida el sábado pasado en la Riviera Maya.
El encuentro fue para que "el perverso Salinas" dijera a Calderón cómo gobernar, cómo legitimarse y cómo acabar con nosotros, dijo López Obrador.
Pero no les tenemos miedo -advirtió-, y más temprano que tarde vamos a derrotar a esa mafia de la política que los impuso. "Fue una reunión secreta para ponerse de acuerdo acerca de cómo van a enfrentarnos, porque no están satisfechos, no están contentos con habernos robado la elección, porque saben que seguimos adelante, y eso les preocupa mucho", expresó el político tabasqueño ante cientos de personas congregadas en la plaza central de este municipio, enclavado en la región zoque.
"Yo sé que ese encuentro fue para que Calderón recibiera consejos del perverso de Salinas de Gortari. Estoy informado de eso; (pero) nosotros vamos a seguir adelante", dijo. Calderón no sólo es espurio, sino incapaz, totalmente mediocre; ese es el presidente pelele que desgraciadamente tiene el país, expresó el ex candidato presidencial de PRD, PT y Convergencia.
Antes, el "presidente legítimo" visitó Francisco León, uno de los municipios más pobres de México, asentado en las faldas del volcán Chichonal.
Después de 25 años de que hiciera erupción, los pobladores del lugar siguen marginados; es una región indígena, la de Mezcalapa, gobernada por el PAN; sin drenaje ni servicios médicos.
Ahí, en el mitin de arranque de campaña de los candidatos perredistas locales, se escucharon quejas por la discriminación y la exclusión; dolor, sufrimiento y desgracias que "no terminaron en 1982", tras la erupción del volcán ubicado en un tramo de la región Mezcalapa, cuna de los zoques.
López Obrador realiza una gira nacional en la que pretende visitar -en un lapso de dos años- los cerca de 2 mil 500 municipios del país, como parte del movimiento del "gobierno legítimo" que encabeza. Hasta este viernes acumulaba poco más de 660 ayuntamientos visitados.
Este domingo concluirá el recorrido de 118 municipios de Chiapas, entidad en la cual se ubica una quinta parte de los 100 más pobres de México, y donde el próximo 7 de octubre se realizarán elecciones para presidentes municipales y renovar el Congreso local.
En Francisco León, un caserío de no más de 2 mil personas, que tiene como fondo el cráter del Chichonal, el "presidente legítimo" reiteró que Calderón Hinojosa es un mandatario impuesto que no tiene ningún valor: "no se puede respetar a un delincuente", dijo ante sus simpatizantes.
Ellos -agregó- querían que aceptáramos el fraude (del 2 de julio del año pasado), ¡pero los mandamos al diablo, porque no se puede negociar la voluntad del pueblo!
Luego, siguió en su viaje por el Mezcalapa, zona identificada por sus rigurosas costumbres; la mayoría de sus pobladores son practicantes en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quienes se congregan para el estudio bíblico a partir del viernes por la tarde y hasta un día después.
Con todo ello, antes de resguardarse en sus templos, cientos de personas acudieron a los mítines. Primero en Tecpan, donde López Obrador denunció que existe un "bloqueo informativo" en los medios de comunicación para que no sean difundidas las actividades de su movimiento.
Luego estuvo en Copainalá y Ocotepec, cuya mayoría poblacional es zoque. Ahí el mitin fue breve, debido a una tormenta que azotó justo al momento de la concentración. Sin embargo, los indígenas -muy pobres, marginados- permanecieron de pie, estoicos, pese a la furia de la lluvia.
Más tarde viajó a Coapilla, la zona ecológica del Mezcalapa y, por la noche, siempre en apoyo de los candidatos perredistas, visitó Usumacinta, ubicado justo al lado de la imponente hidroeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, alimentada por el río Grijalva. Comunidades ricas en recursos naturales, pero con altos niveles de pobreza. López Obrador cerró la jornada de este viernes en Chicoasén.
El nuevo club de Tobi
Gustavo Gordillo
El nuevo club de Tobi. No sólo está compuesto por misóginos. Además de misóginos, son miembros distinguidos de este club reconocidos homófobos, simuladores políticos, manipuladores mediáticos, travestistas políticos y sobre todo cínicos descarados. Grandes discursos sobre la transición democrática y pequeñas chicanerías en la política cotidiana. Con la mano derecha citan a Bobbio, a Weber o a Dahl, y con la mano izquierda se limpian el fundillo con las citas célebres. Llaman discrepancias políticas a los conflictos de intereses. Acusan de nepotismo al dueño del rancho vecino, pero en el suyo propio lo atascan de tíos, primos, hijos, hijas, amantos y amantas, y hasta pericos, gatos y perros. Se lamentan de las imperfecciones de la transición. Brindan por la tolerancia y el pluralismo. Pero si te descuidas te sueltan semejante pedorrón apestoso en homenaje a los contubernios políticos que establecen en las cloacas de la política nacional. Son los ladrones que llaman ladrones a los demás.
¿Cuándo se jodió Peru? Pregunta un personaje a otro en Conversaciones en la Catedral de Vargas Llosa. Lo mismo deberíamos preguntarnos respecto al sistema de partidos políticos en México. ¿Cuándo se jodió? Para entender el actual deterioro del sistema de partidos que se expresa en luchas intestinas intermitentes, cinismo rampante y ausencia de lazos de lealtad, es conveniente recordar cómo se garantizó durante el régimen de partido hegemónico, la lealtad en ausencia de un código prográmatico como ocurrió con otros partidos históricos. Me parece que la certidumbre de la permanencia en el poder fue el cemento que garantizó lealtad y disciplina. Permitió además, una lenta pero discernible circulación de las elites partidistas. Este pacto de lealtad y complicidad con su doble juego hacia las disidencias: cooptación o represión, fue impugnado desde tres ámbitos.
La ruptura del pacto hegemónico. El primer ámbito, con las señeras reformas electorales de Reyes Heroles, destapa un zigzagueante proceso de apertura electoral que finalmente instaura con la negociación de las nuevas reglas electorales en el gobierno de Zedillo, una real competencia. El segundo ámbito es producto de la modernización de la sociedad mexicana. La ampliación de las oportunidades de acceso a educación básica, el desigual y caótico proceso de urbanización y las sistemáticas crisis económicas de fin de sexenio; generaron unas clases medias informadas, antisistémicas y en ocasiones capaces de articular movilizaciones cívicas de diversas intensidades. El tercer ámbito de impugnación es más complejo. Es producto de la percepción ciudadana de un gobierno ineficiente atrapado en redes de clientelismo y corrupción, profundamente injusto con aquellos que no tienen poder político o poder económico. El resentimiento social contra la impunidad de los poderosos es probablemente el resorte más profundo en las movilizaciones de los últimos años.
Fragmentación y poder distribuido. Por otra parte, como consecuencia de la alternancia un cierto grado de poder político expresado en diputaciones, senadurías, gubernaturas y puestos administrativos está distribuido entre los tres principales partidos. Esto genera dos reacciones. Una, hacia un pacto oligárquico para erigir barreras de entrada a otros potenciales actores políticos -en el ámbito de nuevos partidos, de candidaturas independientes y de un falso federalismo que rápidamente deviene en arreglos cupulares para erigir fortalezas inexpugnables en las entidades federativas-, con lo cual se bloquea una mejor expresión del pluralismo social. Por otra parte una cierta estabilidad política. Esta estabilidad no se logra através de la deliberación pública o de reglas claras para la competencia interna sino de una fuga hacia adelante. Acuerdos mínimos de corto plazo, vetos cruzados que llevan a la inmovilidad política y económica y disfrute desmedido de pingues beneficios para quienes han logrado establecer condiciones monopólicas en sus respectivos mercados políticos.
Aquí es no coopelas o cuello. Hay un conjunto de incentivos perversos que juegan en contra de la cooperación, es decir de negociaciones y acuerdos políticos que permitan enfrentar conjuntamente los grandes dilemas sociales que amenazan gravemente distintos ámbitos de la convivencia nacional. Estos provienen de una paradoja. Parece que hay una relación inversa entre aumento de competencia electoral y debilidad de los partidos políticos. La respuesta instintiva ha sido reducir la competencia entre distintas opciones bloqueando la presencia de nuevos partidos, impidiendo candidaturas independientes, cerrando la posibilidad de coaliciones limitadas a algunas candidaturas. Se requiere por el contrario atender al otro lado de la paradoja.
¿Cómo fortalecer el sistema de partidos políticos? Desde luego que no restringiendo su número cuyo efecto sería fortalecer una ya presente oligarquía partidista. Sí en cambio condicionar el acceso a recursos públicos y privados a una determinada validación de esa opción por los ciudadanos. En segundo lugar disminuyendo sustancialmente los recursos públicos y privados a los partidos a partir de definir una distinta y máps sana relación entre las competencias electorales y los medios de comunicación, estableciendo una mejor proporción en el uso de los recursos públicos entre gasto corriente y gasto en inversión de recursos humanos -capacitación, formación de cuadros y publicaciones. En tercer lugar promoviendo con recursos públicos y privados la proliferación de asociaciones ciudadanas -impedidas para acceder al estatus de partidos políticos- y con funciones estrictamente delimitadas de por llamarlo así construcción de ciudadanía fuertemente cargadas al ámbito de la fiscalización ciudadana de candidaturas, compromisos de candidatos, propuestas programáticas y desempeño público. Una cuarta iniciativa sería el establecimiento consensuado entre partidos, autoridades electorales y medios de comunicación de un código de ética política.
Claridad discursiva. Se requiere además fomentar una cultura basada en llamar a las cosas por su nombre. El consenso verdadero sólo surge de la exposición clara de las discrepancias y las divergencias. No del lenguaje de la ambigüedad vestido de aparente sobriedad lingüística que busca encubrir diferencias para simular. Sólo así se podrá disolver al nuevo club de Tobi que ha hecho del cinismo su consigna, del lenguaje cantinflesco su forma de comunicación y de la impunidad política el ominoso signo de nuestro tiempo.
El nuevo club de Tobi. No sólo está compuesto por misóginos. Además de misóginos, son miembros distinguidos de este club reconocidos homófobos, simuladores políticos, manipuladores mediáticos, travestistas políticos y sobre todo cínicos descarados. Grandes discursos sobre la transición democrática y pequeñas chicanerías en la política cotidiana. Con la mano derecha citan a Bobbio, a Weber o a Dahl, y con la mano izquierda se limpian el fundillo con las citas célebres. Llaman discrepancias políticas a los conflictos de intereses. Acusan de nepotismo al dueño del rancho vecino, pero en el suyo propio lo atascan de tíos, primos, hijos, hijas, amantos y amantas, y hasta pericos, gatos y perros. Se lamentan de las imperfecciones de la transición. Brindan por la tolerancia y el pluralismo. Pero si te descuidas te sueltan semejante pedorrón apestoso en homenaje a los contubernios políticos que establecen en las cloacas de la política nacional. Son los ladrones que llaman ladrones a los demás.
¿Cuándo se jodió Peru? Pregunta un personaje a otro en Conversaciones en la Catedral de Vargas Llosa. Lo mismo deberíamos preguntarnos respecto al sistema de partidos políticos en México. ¿Cuándo se jodió? Para entender el actual deterioro del sistema de partidos que se expresa en luchas intestinas intermitentes, cinismo rampante y ausencia de lazos de lealtad, es conveniente recordar cómo se garantizó durante el régimen de partido hegemónico, la lealtad en ausencia de un código prográmatico como ocurrió con otros partidos históricos. Me parece que la certidumbre de la permanencia en el poder fue el cemento que garantizó lealtad y disciplina. Permitió además, una lenta pero discernible circulación de las elites partidistas. Este pacto de lealtad y complicidad con su doble juego hacia las disidencias: cooptación o represión, fue impugnado desde tres ámbitos.
La ruptura del pacto hegemónico. El primer ámbito, con las señeras reformas electorales de Reyes Heroles, destapa un zigzagueante proceso de apertura electoral que finalmente instaura con la negociación de las nuevas reglas electorales en el gobierno de Zedillo, una real competencia. El segundo ámbito es producto de la modernización de la sociedad mexicana. La ampliación de las oportunidades de acceso a educación básica, el desigual y caótico proceso de urbanización y las sistemáticas crisis económicas de fin de sexenio; generaron unas clases medias informadas, antisistémicas y en ocasiones capaces de articular movilizaciones cívicas de diversas intensidades. El tercer ámbito de impugnación es más complejo. Es producto de la percepción ciudadana de un gobierno ineficiente atrapado en redes de clientelismo y corrupción, profundamente injusto con aquellos que no tienen poder político o poder económico. El resentimiento social contra la impunidad de los poderosos es probablemente el resorte más profundo en las movilizaciones de los últimos años.
Fragmentación y poder distribuido. Por otra parte, como consecuencia de la alternancia un cierto grado de poder político expresado en diputaciones, senadurías, gubernaturas y puestos administrativos está distribuido entre los tres principales partidos. Esto genera dos reacciones. Una, hacia un pacto oligárquico para erigir barreras de entrada a otros potenciales actores políticos -en el ámbito de nuevos partidos, de candidaturas independientes y de un falso federalismo que rápidamente deviene en arreglos cupulares para erigir fortalezas inexpugnables en las entidades federativas-, con lo cual se bloquea una mejor expresión del pluralismo social. Por otra parte una cierta estabilidad política. Esta estabilidad no se logra através de la deliberación pública o de reglas claras para la competencia interna sino de una fuga hacia adelante. Acuerdos mínimos de corto plazo, vetos cruzados que llevan a la inmovilidad política y económica y disfrute desmedido de pingues beneficios para quienes han logrado establecer condiciones monopólicas en sus respectivos mercados políticos.
Aquí es no coopelas o cuello. Hay un conjunto de incentivos perversos que juegan en contra de la cooperación, es decir de negociaciones y acuerdos políticos que permitan enfrentar conjuntamente los grandes dilemas sociales que amenazan gravemente distintos ámbitos de la convivencia nacional. Estos provienen de una paradoja. Parece que hay una relación inversa entre aumento de competencia electoral y debilidad de los partidos políticos. La respuesta instintiva ha sido reducir la competencia entre distintas opciones bloqueando la presencia de nuevos partidos, impidiendo candidaturas independientes, cerrando la posibilidad de coaliciones limitadas a algunas candidaturas. Se requiere por el contrario atender al otro lado de la paradoja.
¿Cómo fortalecer el sistema de partidos políticos? Desde luego que no restringiendo su número cuyo efecto sería fortalecer una ya presente oligarquía partidista. Sí en cambio condicionar el acceso a recursos públicos y privados a una determinada validación de esa opción por los ciudadanos. En segundo lugar disminuyendo sustancialmente los recursos públicos y privados a los partidos a partir de definir una distinta y máps sana relación entre las competencias electorales y los medios de comunicación, estableciendo una mejor proporción en el uso de los recursos públicos entre gasto corriente y gasto en inversión de recursos humanos -capacitación, formación de cuadros y publicaciones. En tercer lugar promoviendo con recursos públicos y privados la proliferación de asociaciones ciudadanas -impedidas para acceder al estatus de partidos políticos- y con funciones estrictamente delimitadas de por llamarlo así construcción de ciudadanía fuertemente cargadas al ámbito de la fiscalización ciudadana de candidaturas, compromisos de candidatos, propuestas programáticas y desempeño público. Una cuarta iniciativa sería el establecimiento consensuado entre partidos, autoridades electorales y medios de comunicación de un código de ética política.
Claridad discursiva. Se requiere además fomentar una cultura basada en llamar a las cosas por su nombre. El consenso verdadero sólo surge de la exposición clara de las discrepancias y las divergencias. No del lenguaje de la ambigüedad vestido de aparente sobriedad lingüística que busca encubrir diferencias para simular. Sólo así se podrá disolver al nuevo club de Tobi que ha hecho del cinismo su consigna, del lenguaje cantinflesco su forma de comunicación y de la impunidad política el ominoso signo de nuestro tiempo.
IMSS-labriegos: ¿y después del colapso de la "reforma" Levy?
Gustavo Leal F.*
El 13 de junio el politólogo Juan Molinar Horcasitas, por empeño de Felipe Calderón actual director general del IMSS, arribó con pasos enérgicos a la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República en calidad de "par" del cuestionado Javier Lozano, un "experto" en comunicaciones que hoy ocupa la Secretaría del Trabajo.
Ambos habían sido citados para atender el espinoso asunto de la brutal "reforma" que Santiago Levy impuso a los labriegos (abril de 2005) y enfrentar, de paso, la demanda de los grandes exportadores agropecuarios que, reunidos en el mismo recinto, solicitaban se prorrogara por seis meses más el decreto de Vicente Fox que los exime del pago de las cuotas de sus trabajadores eventuales al IMSS.
Estuvieron presentes, además de organizaciones campesinas y sindicatos de jornaleros, el Consejo Nacional Agropecuario, la Asociación de Organismos Agricultores del Norte del Estado de Sonora, la Unión Agrícola Regional de Productores de Hortalizas del Valle de Mexicali, las Asociaciones Agrícolas de Sinaloa, productores de café y plátano, y agroempresarios de Oaxaca, Chiapas, Jalisco y Tabasco, entre otros.
En abril de 2005 Levy dejó a su suerte y casi sin protección social al 16 por ciento de los 4 millones 700 mil trabajadores del medio rural que sólo cuentan con su mano de obra para obtener un ingreso y que amparaba el IMSS.
Su "reforma" (adiciones a la Ley del Seguro Social para "ampliar la cobertura para los trabajadores del campo y sus familias") "acotó" la cobertura, para cubrir retiro, invalidez y riesgos de trabajo a aquellos jornaleros con ocupación de al menos 27 semanas al año con un mismo patrón y reconociendo el pago de cuotas a partir de la estacionalidad agrícola.
Simultáneamente sustituyó el subsidio que les otorgaba el instituto desde junio de 1998 y eliminó las guarderías, los apoyos monetarios para embarazadas, subrogó a los patrones los servicios médicos y les descontó 30 por ciento del salario para financiar su afiliación.
¿Cuál fue el "argumento"? Aduciendo que el IMSS no era solvente para mantener un subsidio que venció en junio de 2004 gracias a la fracasada reforma zedillista de 1995-1997, que reconoce a los trabajadores del campo como sujetos de pleno derecho al régimen obligatorio -al estar sujetos a una relación laboral- aunque la tecnocracia zedillista haya demorado tres años para hacerla efectiva, vía un decreto presidencial -con vigencia de seis años- y los dejara, finalmente, en el limbo más de seis meses.
Sólo dos años después el fracaso de la "reforma" Levy era más que patente. Fue entonces que los exportadores solicitaron a Lozano y Horcasitas que la Presidencia prorrogara el decreto por seis meses más de exención de pago de cuotas o cuotas mínimas porque "no vamos a poder cumplir con la ley, no estamos en condiciones de cumplir las cuotas al IMSS por los trabajadores eventuales, será un costo más".
El "experto" en comunicaciones Lozano procuró ser "tajante": no habrá más subsidios del gobierno para cubrir las cuotas de los patrones al IMSS de los trabajadores eventuales, "para quienes explotan a menores, no han mejorado las condiciones de vida de los jornaleros, no estén al corriente en sus aportaciones o incumplan con la ley". Y agregó: "la quinta parte de los jornaleros son niños que no van a la escuela. ¿Quién nos asegura que para diciembre habrán cambiado las cosas?"
El productor de plátano tabasqueño Adam Prats le espetó: "que el gobierno ponga 70 por ciento y nosotros cubrimos el 30 restante".
Mientras tanto, e intentando no rezagarse mucho, el politólogo Horcasitas -con gesticulaciones casi teatrales- aseveró que la Ley del IMSS "debe reformarse", porque "la forma en que está redactada" hace "nugatorios" los derechos de los trabajadores del campo, sin acabar de percatarse de que estaba enterrando el tecnocrático "diagnóstico" del invariablemente equívoco Levy. "Así como está la ley -pretendió matizar- nunca van a tener vivienda del Infonavit (sic). Hay que reformar la ley".
Y esto no es todo. A decir de la Central Campesina Independiente, el Fondo de Ahorro para Campesinos Mayores que opera por medio de la Afore XXI (Javier Beristáin Iturbide), a propuesta del gobierno federal para que los ejidatarios mayores de 65 años -el 31 por ciento- que hayan vendido la totalidad de sus derechos parcelarios y deseen ahorrar e invertir en una pensión digna, será del todo insuficiente. De hecho, los campesinos tendrán que vender sus terrenos si aspiran a una pensión vitalicia de mil 517 pesos, un salario mínimo. Hoy día, hasta 63 por ciento de los ejidatarios y comuneros supera los 50 años de edad.
Días después, el nombre de Javier Lozano rodaba asociado al oscuro personaje llamado Zhenli Ye Gon, y Molinar Horcasitas reconocía el naufragio del calderonista Programa de Primer Empleo, que ofreció "modificar", aunque simultáneamente pregonara que el IMSS "tiene sustento sólo para tres años" y -con su teatralidad característica- comunicara que "recibía con el mejor ánimo" el pliego petitorio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social para "negociar" el contrato colectivo de trabajo.
Y ello a pesar de que -cobrando un sueldo de entre 200 mil y 224 mil pesos mensuales- después de nueve meses, Molinar y su director de Prestaciones Médicas, Santiago Echevarría, siguen sin aportar un gramo de "inteligencia" institucional para enfrentar los problemas de fondo y mejorar efectivamente los servicios de salud de la institución "a su cargo".
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
El 13 de junio el politólogo Juan Molinar Horcasitas, por empeño de Felipe Calderón actual director general del IMSS, arribó con pasos enérgicos a la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República en calidad de "par" del cuestionado Javier Lozano, un "experto" en comunicaciones que hoy ocupa la Secretaría del Trabajo.
Ambos habían sido citados para atender el espinoso asunto de la brutal "reforma" que Santiago Levy impuso a los labriegos (abril de 2005) y enfrentar, de paso, la demanda de los grandes exportadores agropecuarios que, reunidos en el mismo recinto, solicitaban se prorrogara por seis meses más el decreto de Vicente Fox que los exime del pago de las cuotas de sus trabajadores eventuales al IMSS.
Estuvieron presentes, además de organizaciones campesinas y sindicatos de jornaleros, el Consejo Nacional Agropecuario, la Asociación de Organismos Agricultores del Norte del Estado de Sonora, la Unión Agrícola Regional de Productores de Hortalizas del Valle de Mexicali, las Asociaciones Agrícolas de Sinaloa, productores de café y plátano, y agroempresarios de Oaxaca, Chiapas, Jalisco y Tabasco, entre otros.
En abril de 2005 Levy dejó a su suerte y casi sin protección social al 16 por ciento de los 4 millones 700 mil trabajadores del medio rural que sólo cuentan con su mano de obra para obtener un ingreso y que amparaba el IMSS.
Su "reforma" (adiciones a la Ley del Seguro Social para "ampliar la cobertura para los trabajadores del campo y sus familias") "acotó" la cobertura, para cubrir retiro, invalidez y riesgos de trabajo a aquellos jornaleros con ocupación de al menos 27 semanas al año con un mismo patrón y reconociendo el pago de cuotas a partir de la estacionalidad agrícola.
Simultáneamente sustituyó el subsidio que les otorgaba el instituto desde junio de 1998 y eliminó las guarderías, los apoyos monetarios para embarazadas, subrogó a los patrones los servicios médicos y les descontó 30 por ciento del salario para financiar su afiliación.
¿Cuál fue el "argumento"? Aduciendo que el IMSS no era solvente para mantener un subsidio que venció en junio de 2004 gracias a la fracasada reforma zedillista de 1995-1997, que reconoce a los trabajadores del campo como sujetos de pleno derecho al régimen obligatorio -al estar sujetos a una relación laboral- aunque la tecnocracia zedillista haya demorado tres años para hacerla efectiva, vía un decreto presidencial -con vigencia de seis años- y los dejara, finalmente, en el limbo más de seis meses.
Sólo dos años después el fracaso de la "reforma" Levy era más que patente. Fue entonces que los exportadores solicitaron a Lozano y Horcasitas que la Presidencia prorrogara el decreto por seis meses más de exención de pago de cuotas o cuotas mínimas porque "no vamos a poder cumplir con la ley, no estamos en condiciones de cumplir las cuotas al IMSS por los trabajadores eventuales, será un costo más".
El "experto" en comunicaciones Lozano procuró ser "tajante": no habrá más subsidios del gobierno para cubrir las cuotas de los patrones al IMSS de los trabajadores eventuales, "para quienes explotan a menores, no han mejorado las condiciones de vida de los jornaleros, no estén al corriente en sus aportaciones o incumplan con la ley". Y agregó: "la quinta parte de los jornaleros son niños que no van a la escuela. ¿Quién nos asegura que para diciembre habrán cambiado las cosas?"
El productor de plátano tabasqueño Adam Prats le espetó: "que el gobierno ponga 70 por ciento y nosotros cubrimos el 30 restante".
Mientras tanto, e intentando no rezagarse mucho, el politólogo Horcasitas -con gesticulaciones casi teatrales- aseveró que la Ley del IMSS "debe reformarse", porque "la forma en que está redactada" hace "nugatorios" los derechos de los trabajadores del campo, sin acabar de percatarse de que estaba enterrando el tecnocrático "diagnóstico" del invariablemente equívoco Levy. "Así como está la ley -pretendió matizar- nunca van a tener vivienda del Infonavit (sic). Hay que reformar la ley".
Y esto no es todo. A decir de la Central Campesina Independiente, el Fondo de Ahorro para Campesinos Mayores que opera por medio de la Afore XXI (Javier Beristáin Iturbide), a propuesta del gobierno federal para que los ejidatarios mayores de 65 años -el 31 por ciento- que hayan vendido la totalidad de sus derechos parcelarios y deseen ahorrar e invertir en una pensión digna, será del todo insuficiente. De hecho, los campesinos tendrán que vender sus terrenos si aspiran a una pensión vitalicia de mil 517 pesos, un salario mínimo. Hoy día, hasta 63 por ciento de los ejidatarios y comuneros supera los 50 años de edad.
Días después, el nombre de Javier Lozano rodaba asociado al oscuro personaje llamado Zhenli Ye Gon, y Molinar Horcasitas reconocía el naufragio del calderonista Programa de Primer Empleo, que ofreció "modificar", aunque simultáneamente pregonara que el IMSS "tiene sustento sólo para tres años" y -con su teatralidad característica- comunicara que "recibía con el mejor ánimo" el pliego petitorio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social para "negociar" el contrato colectivo de trabajo.
Y ello a pesar de que -cobrando un sueldo de entre 200 mil y 224 mil pesos mensuales- después de nueve meses, Molinar y su director de Prestaciones Médicas, Santiago Echevarría, siguen sin aportar un gramo de "inteligencia" institucional para enfrentar los problemas de fondo y mejorar efectivamente los servicios de salud de la institución "a su cargo".
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
El desdén como estilo de gobierno
Ricardo Robles O.
La discriminación sobre los pueblos indios lleva siglos ya, y más de lo que reconocemos o quisiéramos, se ha instituido como una política razonable, aceptada por las autoridades. Denuncias, reclamos o intereses indígenas son tópicos a ignorar, para olvidar. Mientras más se derechizan los gobiernos, aumenta el desdén por los asuntos de indios, como si ese fuera el trato normal, algo que así debe ser. Los indígenas van siendo para ellos vestigios del atraso desechable, no más.
Desde el inicio del sexenio actual, la militarización propagandeada, con ocasión o sin ella, hizo temer lo peor. Venían tiempos autoritarios de un gobierno que iniciaba su ejercicio con debilidad congénita y sin clara aceptación general. Desde entonces se han ido confirmando los temores; más aún, al parecer se va perfilando tal manera de gobernar. Hay rasgos comunes en el tratamiento de muy diversos casos.
No sólo van actuando así sobre los pueblos indios -pero sí especialmente-, como con ratones de laboratorio, para que toda la nación (no indígena) aprenda en carne ajena las cautelas y provechos del disentir o el asentir. Un caso que casi lleva seis meses de iniciado y tres de cancelado nos ayuda a considerar esto. Es una historia que se trastocó, se enmarañó, se manoseó políticamente sin pudor alguno. La tomo aquí en memoria de una dignidad personal y colectiva que fue ultrajada por el gobierno.
El caso de la señora Ernestina Ascensión Rosario, indígena nahua violada y asesinada, como bien parece creíble tras la confusión mediática, fue ampliamente difundido -casi publicitado-, tanto que parece diseñado, o al menos usado, para divulgar un mensaje del Poder Ejecutivo a la nación. El mensaje busca atemorizar dejando claro que se gobernará con diversas violencias. Primera, el gobierno se impondrá como él decida y con la fuerza del Ejército. Segunda, nadie cuestionará las acciones de las fuerzas armadas, aunque sean criminales. Tercera, los derechos humanos se subordinarán al Estado y nadie podrá invocarlos contra él. Cuarta, la verdad será definida por el Ejecutivo: ni los hechos ni los testigos ni las investigaciones tendrán valor. Quinto, los medios habrán de ser obsequiosos al hablar o al callar.
En este caso todo eso sucede y se maneja a placer. Cuando ya todo apuntaba a la impunidad simple y acostumbrada para el Ejército, el Presidente interviene con una declaración gratuita, sobre una investigación inconclusa, diagnosticando "gastritis". Los actores empiezan a cambiar sus posturas previas, a negociar o claudicar, casi todos. Proliferan las declaraciones contradictorias, se lava la imagen del Ejecutivo, se activan los oportunistas, se silencia e incomunica a las víctimas, se ignora a los testigos, se encubre y disculpa a los delincuentes, se arrebata el aval de las autoridades discrepantes, se crea toda la confusión posible para que los más se harten y olviden, o acaten la versión oficial. Y luego, que todos callen cuando oficialmente se cierra el caso.
Algunos casos han sido más conocidos, pero eso mismo va sucediendo en muchos, al menos en buena parte. Como ejemplos: los crímenes, violaciones, represiones, torturas y más en los conflictos de Atenco y Oaxaca, la masacre de Viejo Velasco Suárez, el asesinato del ecologista Aldo Zamora, el hostigamiento a múltiples adherentes de la otra campaña, a los defensores de la naturaleza y los opositores a La Parota, el disimulo ante los desaparecidos y los presos políticos... Es el desdén para los indios como política de Estado.
Otros casos ampliamente difundidos también revelan esos rasgos recurrentes del gobierno actual. Están ahí los sabotajes a Pemex, los gobernadores blindados, los dólares de Zhenli, las empresas mineras solapadas, los tráficos de influencias... Así se desdeña a la gran mayoría de los mexicanos.
El gobierno federal deja ver su miedo creciente. Falto de autoridad moral, obstinado en mantener su control del país con miedos que no logra instalar, parece relegar un ámbito cuidado tradicionalmente: el de la opinión internacional. Además de maneras descorteses, parece que ha decidido exhibir sus desplantes más allá de las fronteras, desdeñando a Amnistía Internacional. Sólo le falta seguir con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al parecer no está midiendo el impacto ni el rebote que pudieran tener esos desdenes. Más allá de sus fronteras no puede infundir miedo ni tiene ejércitos. ¿Pensará acaso el gobierno federal que puede imponer al mundo sus versiones, carentes de verdad y de justicia, sólo porque las afirma?
La discriminación sobre los pueblos indios lleva siglos ya, y más de lo que reconocemos o quisiéramos, se ha instituido como una política razonable, aceptada por las autoridades. Denuncias, reclamos o intereses indígenas son tópicos a ignorar, para olvidar. Mientras más se derechizan los gobiernos, aumenta el desdén por los asuntos de indios, como si ese fuera el trato normal, algo que así debe ser. Los indígenas van siendo para ellos vestigios del atraso desechable, no más.
Desde el inicio del sexenio actual, la militarización propagandeada, con ocasión o sin ella, hizo temer lo peor. Venían tiempos autoritarios de un gobierno que iniciaba su ejercicio con debilidad congénita y sin clara aceptación general. Desde entonces se han ido confirmando los temores; más aún, al parecer se va perfilando tal manera de gobernar. Hay rasgos comunes en el tratamiento de muy diversos casos.
No sólo van actuando así sobre los pueblos indios -pero sí especialmente-, como con ratones de laboratorio, para que toda la nación (no indígena) aprenda en carne ajena las cautelas y provechos del disentir o el asentir. Un caso que casi lleva seis meses de iniciado y tres de cancelado nos ayuda a considerar esto. Es una historia que se trastocó, se enmarañó, se manoseó políticamente sin pudor alguno. La tomo aquí en memoria de una dignidad personal y colectiva que fue ultrajada por el gobierno.
El caso de la señora Ernestina Ascensión Rosario, indígena nahua violada y asesinada, como bien parece creíble tras la confusión mediática, fue ampliamente difundido -casi publicitado-, tanto que parece diseñado, o al menos usado, para divulgar un mensaje del Poder Ejecutivo a la nación. El mensaje busca atemorizar dejando claro que se gobernará con diversas violencias. Primera, el gobierno se impondrá como él decida y con la fuerza del Ejército. Segunda, nadie cuestionará las acciones de las fuerzas armadas, aunque sean criminales. Tercera, los derechos humanos se subordinarán al Estado y nadie podrá invocarlos contra él. Cuarta, la verdad será definida por el Ejecutivo: ni los hechos ni los testigos ni las investigaciones tendrán valor. Quinto, los medios habrán de ser obsequiosos al hablar o al callar.
En este caso todo eso sucede y se maneja a placer. Cuando ya todo apuntaba a la impunidad simple y acostumbrada para el Ejército, el Presidente interviene con una declaración gratuita, sobre una investigación inconclusa, diagnosticando "gastritis". Los actores empiezan a cambiar sus posturas previas, a negociar o claudicar, casi todos. Proliferan las declaraciones contradictorias, se lava la imagen del Ejecutivo, se activan los oportunistas, se silencia e incomunica a las víctimas, se ignora a los testigos, se encubre y disculpa a los delincuentes, se arrebata el aval de las autoridades discrepantes, se crea toda la confusión posible para que los más se harten y olviden, o acaten la versión oficial. Y luego, que todos callen cuando oficialmente se cierra el caso.
Algunos casos han sido más conocidos, pero eso mismo va sucediendo en muchos, al menos en buena parte. Como ejemplos: los crímenes, violaciones, represiones, torturas y más en los conflictos de Atenco y Oaxaca, la masacre de Viejo Velasco Suárez, el asesinato del ecologista Aldo Zamora, el hostigamiento a múltiples adherentes de la otra campaña, a los defensores de la naturaleza y los opositores a La Parota, el disimulo ante los desaparecidos y los presos políticos... Es el desdén para los indios como política de Estado.
Otros casos ampliamente difundidos también revelan esos rasgos recurrentes del gobierno actual. Están ahí los sabotajes a Pemex, los gobernadores blindados, los dólares de Zhenli, las empresas mineras solapadas, los tráficos de influencias... Así se desdeña a la gran mayoría de los mexicanos.
El gobierno federal deja ver su miedo creciente. Falto de autoridad moral, obstinado en mantener su control del país con miedos que no logra instalar, parece relegar un ámbito cuidado tradicionalmente: el de la opinión internacional. Además de maneras descorteses, parece que ha decidido exhibir sus desplantes más allá de las fronteras, desdeñando a Amnistía Internacional. Sólo le falta seguir con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al parecer no está midiendo el impacto ni el rebote que pudieran tener esos desdenes. Más allá de sus fronteras no puede infundir miedo ni tiene ejércitos. ¿Pensará acaso el gobierno federal que puede imponer al mundo sus versiones, carentes de verdad y de justicia, sólo porque las afirma?
Inclusión social y sentido de pertenencia
Miguel Concha
Frente a los altos índices de pobreza e indigencia que se dan en nuestra región, la extrema desigualdad que la caracteriza, y las diversas formas de discriminación y exclusión social que perviven en nuestra realidad, los jefes de Estado y de gobierno participantes en la 16 Cumbre Iberoamericana, realizada en Montevideo, Uruguay, del 3 al 5 de noviembre del año pasado, resolvieron que este año el tema de la 17 cumbre, que tendrá lugar del 8 al 10 de noviembre en Chile, sea el de la cohesión social y el de las políticas sociales, para alcanzar sociedades más inclusivas en Iberoamérica.
Para ello, con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Secretaría General Iberoamericana encomendó a la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) la elaboración de un documento base que lleva por título Cohesión social, y como significativo subtítulo Integración y sentido de pertenencia en el subcontinente.
Para la Cepal, en efecto, la cohesión social se refiere tanto a la eficacia de los mecanismos instituidos de inclusión social, como a los comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman la sociedad. Entre los primeros se incluyen el empleo, los sistemas educacionales, la titularidad de derechos y las políticas de fomento de la equidad, el bienestar y la protección social; y entre los segundos la confianza en las instituciones, el capital social, el sentido de pertenencia y solidaridad, la aceptación de normas de convivencia y la disposición a participar en espacios de deliberación en proyectos colectivos.
La cohesión social se define entonces como la dialéctica entre los mecanismos instituidos de inclusión y exclusión sociales, y las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que ellos operan. Para reducir las brechas en materia de discriminación y exclusión, que comprometen la gobernabilidad, el orden social democrático y la solidez del Estado de derecho, y crear un sentido de pertenencia de los individuos a la sociedad, fundado en el goce efectivo de la ciudadanía y en una ética democrática, se requieren recursos y voluntad política, y por ello se propone la necesidad de sellar un pacto de cohesión social, acorde a las singularidades de cada país, que incluya los recursos económicos, políticos e institucionales para su viabilidad.
En dicho pacto deben preverse mecanismos para proteger a las partes más débiles, y entre otras cosas evitar también la imposición de obligaciones desproporcionadas y/o considerar formas específicas de consulta para validar las modificaciones contractuales, mediante el cumplimiento de requisitos procedimentales. Sobre todo deben participar y hacerse valer los intereses de los sectores que tradicionalmente han sido excluidos o marginados de los mecanismos de diálogo institucional, para lo cual se requiere trascender una noción de participación relacionada puramente con la delegación y representación de la democracia, en favor de canales múltiples de consulta, participación eficaz, diálogo y concertación social.
Entre las iniciativas de participación la Cepal menciona el derecho de iniciativa popular, para presentar leyes ante el Congreso; las audiencias públicas, como mecanismo previo a la toma de decisiones o a la aprobación de normas por parte de la administración y del Congreso; las distintas formas de consulta ciudadana, y los procedimientos de impugnación pública de propuestas de los poderes políticos. También formas de participación en la formulación y control de ejecución del presupuesto, como el Consejo Económico y Social, que en el contexto de la reforma del Estado, el "espacio tripartito", conformado por organizaciones obreras, campesinas y civiles, propone hoy en México para garantizar el cumplimiento de los derechos sociales.
Para la Cepal el sentido de pertenencia social depende de muchos factores y se promueve desde diversas instancias. Una de ellas es la de la ciudadanía, que implica avanzar en la plena universalidad de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, lo que requiere conjugar el estado de derecho, el respeto a las libertades, la representación política y el mayor acceso a oportunidades de bienestar, de uso productivo de capacidades y de protección social. Por ello es necesario avanzar en la implementación de políticas sociales cuyo efecto, inmediato o mediato, sea extender el acceso a la educación de calidad, al empleo y a otros activos por parte de los grupos más privados de éste, así como fortalecer la exigibilidad de los derechos humanos integrales, tanto por vía jurídica como administrativa.
Es igualmente indispensable garantizar de manera irrestricta, como primera forma de garantía social o extrainstitucional en la esfera de lo público, el cumplimiento de los derechos civiles y políticos, sobre todo los que permiten criticar al gobierno, dirigirle reclamos, participar en la vida política y proponer alternativas políticas. Todo esto sin olvidar que las finanzas públicas deben vincularse con el objetivo de la cohesión social, y que por ello a partir de ciertas reglas, dentro de las cuales se compromete a actuar la autoridad fiscal, deben conciliarse el contrato de cohesión social y el pacto fiscal. No considero que el país esté marchando en esta dirección.
Frente a los altos índices de pobreza e indigencia que se dan en nuestra región, la extrema desigualdad que la caracteriza, y las diversas formas de discriminación y exclusión social que perviven en nuestra realidad, los jefes de Estado y de gobierno participantes en la 16 Cumbre Iberoamericana, realizada en Montevideo, Uruguay, del 3 al 5 de noviembre del año pasado, resolvieron que este año el tema de la 17 cumbre, que tendrá lugar del 8 al 10 de noviembre en Chile, sea el de la cohesión social y el de las políticas sociales, para alcanzar sociedades más inclusivas en Iberoamérica.
Para ello, con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Secretaría General Iberoamericana encomendó a la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) la elaboración de un documento base que lleva por título Cohesión social, y como significativo subtítulo Integración y sentido de pertenencia en el subcontinente.
Para la Cepal, en efecto, la cohesión social se refiere tanto a la eficacia de los mecanismos instituidos de inclusión social, como a los comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman la sociedad. Entre los primeros se incluyen el empleo, los sistemas educacionales, la titularidad de derechos y las políticas de fomento de la equidad, el bienestar y la protección social; y entre los segundos la confianza en las instituciones, el capital social, el sentido de pertenencia y solidaridad, la aceptación de normas de convivencia y la disposición a participar en espacios de deliberación en proyectos colectivos.
La cohesión social se define entonces como la dialéctica entre los mecanismos instituidos de inclusión y exclusión sociales, y las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que ellos operan. Para reducir las brechas en materia de discriminación y exclusión, que comprometen la gobernabilidad, el orden social democrático y la solidez del Estado de derecho, y crear un sentido de pertenencia de los individuos a la sociedad, fundado en el goce efectivo de la ciudadanía y en una ética democrática, se requieren recursos y voluntad política, y por ello se propone la necesidad de sellar un pacto de cohesión social, acorde a las singularidades de cada país, que incluya los recursos económicos, políticos e institucionales para su viabilidad.
En dicho pacto deben preverse mecanismos para proteger a las partes más débiles, y entre otras cosas evitar también la imposición de obligaciones desproporcionadas y/o considerar formas específicas de consulta para validar las modificaciones contractuales, mediante el cumplimiento de requisitos procedimentales. Sobre todo deben participar y hacerse valer los intereses de los sectores que tradicionalmente han sido excluidos o marginados de los mecanismos de diálogo institucional, para lo cual se requiere trascender una noción de participación relacionada puramente con la delegación y representación de la democracia, en favor de canales múltiples de consulta, participación eficaz, diálogo y concertación social.
Entre las iniciativas de participación la Cepal menciona el derecho de iniciativa popular, para presentar leyes ante el Congreso; las audiencias públicas, como mecanismo previo a la toma de decisiones o a la aprobación de normas por parte de la administración y del Congreso; las distintas formas de consulta ciudadana, y los procedimientos de impugnación pública de propuestas de los poderes políticos. También formas de participación en la formulación y control de ejecución del presupuesto, como el Consejo Económico y Social, que en el contexto de la reforma del Estado, el "espacio tripartito", conformado por organizaciones obreras, campesinas y civiles, propone hoy en México para garantizar el cumplimiento de los derechos sociales.
Para la Cepal el sentido de pertenencia social depende de muchos factores y se promueve desde diversas instancias. Una de ellas es la de la ciudadanía, que implica avanzar en la plena universalidad de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, lo que requiere conjugar el estado de derecho, el respeto a las libertades, la representación política y el mayor acceso a oportunidades de bienestar, de uso productivo de capacidades y de protección social. Por ello es necesario avanzar en la implementación de políticas sociales cuyo efecto, inmediato o mediato, sea extender el acceso a la educación de calidad, al empleo y a otros activos por parte de los grupos más privados de éste, así como fortalecer la exigibilidad de los derechos humanos integrales, tanto por vía jurídica como administrativa.
Es igualmente indispensable garantizar de manera irrestricta, como primera forma de garantía social o extrainstitucional en la esfera de lo público, el cumplimiento de los derechos civiles y políticos, sobre todo los que permiten criticar al gobierno, dirigirle reclamos, participar en la vida política y proponer alternativas políticas. Todo esto sin olvidar que las finanzas públicas deben vincularse con el objetivo de la cohesión social, y que por ello a partir de ciertas reglas, dentro de las cuales se compromete a actuar la autoridad fiscal, deben conciliarse el contrato de cohesión social y el pacto fiscal. No considero que el país esté marchando en esta dirección.
Bomba de tiempo
Carlos Fernández-Vega
Pidiregas, a punto de explotar
Pagos por $825 mil millones
Deuda social pendiente
Pues nada, que la "solución definitiva" (Zedillo dixit) a la escasa inversión en infraestructura energética (léase Pidiregas) nunca fue tal y que, por el contrario, el mecanismo financiero utilizado está a punto de explotar.
El costo de los Pidiregas, como se ha comentado en este espacio, es una bomba de tiempo con mecha cada vez más corta y, según el calendario de pagos, al presente sexenio (resultara quien resultara en las urnas) le toca la parte más peligrosa de la deuda contratada por los dos anteriores (Zedillo, el "inventor" de la "solución definitiva", y Fox, que con este mecanismo se sirvió con la cuchara grande), porque de 2007 a 2012 deberá erogar alrededor de 825 mil millones de pesos (a precios de 2006) por amortización e intereses (por éstos últimos 240 mil millones).
La cresta de este delicado asunto se registra entre 2007 y 2010 (cerca de 500 mil millones de pesos, a precios de 2005, lo que no quiere decir que en años posteriores la situación sea llevadera), con las erogaciones más voluminosas, y en este sentido el Banco de México subraya que el gobierno federal deberá erogar en 2008 un monto equivalente a 200 mil millones de pesos para cubrir la amortización de capital y pago de intereses de los Pidiregas contratados en los dos sexenios anteriores (sin considerar lo que en este renglón acumule la "continuidad"). Tales obligaciones equivalen a dos terceras partes de los 300 mil millones de pesos en que el gobierno federal espera aumentar la recaudación con la propuesta de "reforma" fiscal presentada en junio pasado (La Jornada, Roberto González y Antonio Castellanos), monto que -aseguran en Los Pinos- se destinaría "al pago de la deuda social".
En efecto, se destinaría al pago de deuda, pero obvio es que no a la social, porque en el presente sexenio por concepto de Pidiregas (capital e intereses) se involucran erogaciones cercanas a un Fobaproa (80 mil y 120 mil millones de dólares, respectivamente), con el agravante de que el plazo se limita a seis años, y no de 30 como el original "rescate" bancario, aunque de cualquier suerte los recursos salen del mismo sitio, los bolsillos de los mexicanos.
Era previsible el estallido, pero, como es costumbre, nuestros gobernantes, en el mejor de los casos, y sólo en el mejor, desechan lo preventivo porque les fascina recoger la pedacería tras la explosión. Por ello, vale la pena un paseo por esta corta cuan costosísima historia: el "invento" zedillista, los Pidiregas (aplicables para Pemex y la CFE) se echaron a caminar en 1996 y en los siguientes cuatro años ese gobierno erogó 12 mil 340 millones de pesos por amortización e intereses. En 1996, este mecanismo representó menos de 0.1 por ciento del PIB; en 2005 se acercó al 2 por ciento, un incremento de mil 900 por ciento en el periodo. Comparados con la inversión presupuestaria, avanzaron de 0.5 a 50.5 del valor total de la inversión impulsada por el sector público en le periodo citado.
A la administración Zedillo le fue bien comparada con la del "cambio", porque a la del presidente Fox le significó erogaciones cercanas a 260 mil millones de pesos (71 mil de ellos en 2006), 2 mil por ciento más que en la anterior. De ese monto, 40 por ciento correspondió al pago de intereses. Entre 2001 y 2006 el pago de intereses por el concepto referido se incrementó alrededor de mil 400 por ciento (de 6 mil 937 millones de pesos en 2001 a 102 mil 421 millones en 2006).
Tiempo atrás se comentó en este espacio que el adeudo por Pidiregas ha crecido geométricamente, pero la bomba podría explotarle en la cara al gobierno de la "continuidad". En su periodo constitucional, si lo libra, deberá hacer pagos por Pidiregas (amortización e intereses) cercanos a 825 mil millones de pesos, un monto más de tres veces superior al cubierto por la administración foxista y casi 7 mil por ciento mayor al pagado durante el zedillato. Originalmente, esta fórmula fue presentada por el gobierno zedillista como "la solución definitiva" a la prácticamente nula inversión en infraestructura energética. Diez años después, la bomba de tiempo estallaría justo a mediados del presente sexenio; a precios de 2005 acumulan un billón 544 mil 378.5 millones de pesos (80 por ciento en Pemex y 20 por ciento en la CFE), más 511 mil 382.3 millones de pesos por intereses, lo que suma 2 billones 55 mil 760.7 millones, que deberán pagarse en un horizonte que concluye en 2044.
La mecha, pues, cada vez más corta, y de acuerdo con información de la Cámara de Diputados se pueden prever las necesidades de flujo presupuestal para los próximos años: de cumplirse las metas programadas, existirán mayores presiones de recursos fiscales para los próximos siete años, por un monto medio anual de 134 mil 526.8 millones de pesos de 2005.
Es previsible hacia dónde irían los recursos de la eventual "reforma fiscal", porque el pago de la deuda social se mantendrá en reserva.
Las rebanadas del pastel
No es para entristecerse, porque la buena noticia es que al sucesor del gobierno actual (que bien podría ser el del "cambio", con "continuidad" y "persistencia") sólo le tocará pagar 680 mil millones de pesos en su sexenio (a precios de 2006) por los Pidiregas de Zedillo y Fox (los contratados por Calderón se contabilizan aparte). Lo mejor del caso es que quien esté sentado en Los Pinos allá por el año 2044 cubrirá una bicoca: apenas 199 millones de pesos (ídem). Tal vez entonces, y sólo tal vez, podría darse el primer abono para cubrir la deuda social, si México no estalla antes.
Pidiregas, a punto de explotar
Pagos por $825 mil millones
Deuda social pendiente
Pues nada, que la "solución definitiva" (Zedillo dixit) a la escasa inversión en infraestructura energética (léase Pidiregas) nunca fue tal y que, por el contrario, el mecanismo financiero utilizado está a punto de explotar.
El costo de los Pidiregas, como se ha comentado en este espacio, es una bomba de tiempo con mecha cada vez más corta y, según el calendario de pagos, al presente sexenio (resultara quien resultara en las urnas) le toca la parte más peligrosa de la deuda contratada por los dos anteriores (Zedillo, el "inventor" de la "solución definitiva", y Fox, que con este mecanismo se sirvió con la cuchara grande), porque de 2007 a 2012 deberá erogar alrededor de 825 mil millones de pesos (a precios de 2006) por amortización e intereses (por éstos últimos 240 mil millones).
La cresta de este delicado asunto se registra entre 2007 y 2010 (cerca de 500 mil millones de pesos, a precios de 2005, lo que no quiere decir que en años posteriores la situación sea llevadera), con las erogaciones más voluminosas, y en este sentido el Banco de México subraya que el gobierno federal deberá erogar en 2008 un monto equivalente a 200 mil millones de pesos para cubrir la amortización de capital y pago de intereses de los Pidiregas contratados en los dos sexenios anteriores (sin considerar lo que en este renglón acumule la "continuidad"). Tales obligaciones equivalen a dos terceras partes de los 300 mil millones de pesos en que el gobierno federal espera aumentar la recaudación con la propuesta de "reforma" fiscal presentada en junio pasado (La Jornada, Roberto González y Antonio Castellanos), monto que -aseguran en Los Pinos- se destinaría "al pago de la deuda social".
En efecto, se destinaría al pago de deuda, pero obvio es que no a la social, porque en el presente sexenio por concepto de Pidiregas (capital e intereses) se involucran erogaciones cercanas a un Fobaproa (80 mil y 120 mil millones de dólares, respectivamente), con el agravante de que el plazo se limita a seis años, y no de 30 como el original "rescate" bancario, aunque de cualquier suerte los recursos salen del mismo sitio, los bolsillos de los mexicanos.
Era previsible el estallido, pero, como es costumbre, nuestros gobernantes, en el mejor de los casos, y sólo en el mejor, desechan lo preventivo porque les fascina recoger la pedacería tras la explosión. Por ello, vale la pena un paseo por esta corta cuan costosísima historia: el "invento" zedillista, los Pidiregas (aplicables para Pemex y la CFE) se echaron a caminar en 1996 y en los siguientes cuatro años ese gobierno erogó 12 mil 340 millones de pesos por amortización e intereses. En 1996, este mecanismo representó menos de 0.1 por ciento del PIB; en 2005 se acercó al 2 por ciento, un incremento de mil 900 por ciento en el periodo. Comparados con la inversión presupuestaria, avanzaron de 0.5 a 50.5 del valor total de la inversión impulsada por el sector público en le periodo citado.
A la administración Zedillo le fue bien comparada con la del "cambio", porque a la del presidente Fox le significó erogaciones cercanas a 260 mil millones de pesos (71 mil de ellos en 2006), 2 mil por ciento más que en la anterior. De ese monto, 40 por ciento correspondió al pago de intereses. Entre 2001 y 2006 el pago de intereses por el concepto referido se incrementó alrededor de mil 400 por ciento (de 6 mil 937 millones de pesos en 2001 a 102 mil 421 millones en 2006).
Tiempo atrás se comentó en este espacio que el adeudo por Pidiregas ha crecido geométricamente, pero la bomba podría explotarle en la cara al gobierno de la "continuidad". En su periodo constitucional, si lo libra, deberá hacer pagos por Pidiregas (amortización e intereses) cercanos a 825 mil millones de pesos, un monto más de tres veces superior al cubierto por la administración foxista y casi 7 mil por ciento mayor al pagado durante el zedillato. Originalmente, esta fórmula fue presentada por el gobierno zedillista como "la solución definitiva" a la prácticamente nula inversión en infraestructura energética. Diez años después, la bomba de tiempo estallaría justo a mediados del presente sexenio; a precios de 2005 acumulan un billón 544 mil 378.5 millones de pesos (80 por ciento en Pemex y 20 por ciento en la CFE), más 511 mil 382.3 millones de pesos por intereses, lo que suma 2 billones 55 mil 760.7 millones, que deberán pagarse en un horizonte que concluye en 2044.
La mecha, pues, cada vez más corta, y de acuerdo con información de la Cámara de Diputados se pueden prever las necesidades de flujo presupuestal para los próximos años: de cumplirse las metas programadas, existirán mayores presiones de recursos fiscales para los próximos siete años, por un monto medio anual de 134 mil 526.8 millones de pesos de 2005.
Es previsible hacia dónde irían los recursos de la eventual "reforma fiscal", porque el pago de la deuda social se mantendrá en reserva.
Las rebanadas del pastel
No es para entristecerse, porque la buena noticia es que al sucesor del gobierno actual (que bien podría ser el del "cambio", con "continuidad" y "persistencia") sólo le tocará pagar 680 mil millones de pesos en su sexenio (a precios de 2006) por los Pidiregas de Zedillo y Fox (los contratados por Calderón se contabilizan aparte). Lo mejor del caso es que quien esté sentado en Los Pinos allá por el año 2044 cubrirá una bicoca: apenas 199 millones de pesos (ídem). Tal vez entonces, y sólo tal vez, podría darse el primer abono para cubrir la deuda social, si México no estalla antes.
Represión sindical en Francia
Gloria Muñoz Ramírez
En una acción creativa, pacífica e insólita un grupo de marineros de Córcega desvió un barco anclado en Marsella a Bastia, su puerto de matrícula, para protestar contra la privatización de una línea marítima que enlaza esta isla mediterránea con Occitania. Se trataba de llamar la atención de la opinión pública corsa y francesa en general sobre el drama social de una privatización que dejaría a cientos de personas sin empleo, además de que la naviera estatal es clave para la supervivencia económica y cultural de la isla, pues es la principal vía de comunicación con el exterior.
El 27 de septiembre de 2005 cuatro marineros del Sindicato de Trabajadores Corsos (STC) comunicaron sus intenciones al capitán del ferry Pascal Paoli, quien se negó a abandonar el barco y los acompañó en la travesía. Miles de personas se congregaron posteriormente en el puerto de Bastia para recibir y apoyar a los sindicalistas, en un día de fiesta y reivindicación sindical. Dos años después todos los que participaron en la protesta son juzgados como piratas y pueden enfrentar condenas de hasta 30 años de cárcel. Es la criminalización de la lucha sindical.
Contra Alain Mosconi, secretario general del STC-Marins, y contra Felix Da Gregorio, se inició un procedimiento criminal en el que se les acusa de piratería y secuestro del capitán de la embarcación. La acusación de piratería fue sacada del baúl de las reliquias del Código Penal francés para ser usada contra los marineros que no podían quedarse con los brazos cruzados ante la privatización de un instrumento del desarrollo económico y social de Córcega.
El Pascal Paoli no fue elegido al azar, pues representa un fuerte símbolo para el nacionalismo corso, ya que Paoli impulsó en 1755 la Constitución corsa y es considerado como la primera persona que se refirió a una "Nación corsa" ante genoveses y franceses (la isla fue "cedida" por los genoveses a Francia en 1768.)
En una acción sin precedentes al menos en los últimos cien años, el gobierno francés envió al Ejército para reprimir una protesta sindical. Los marineros fueron trasladados al puerto militar de Tolon (Occitania) y, posteriormente, a Marsella. Cientos de muestras de apoyo han recibido desde entonces, entre ellas una campaña de firmas en la que, además de denunciar el conflicto que condujo a la simbólica y pacífica acción, se hace hincapié en el rechazo a la criminalización del sindicalismo, algo inadmisible en el país cuna de la defensa de los derechos humanos (y en cualquier país del mundo). Para apoyar la petición de suspensión de los procedimientos la página electrónica es http://stc-marins.com/petition/php/appel.php.
"Por nuestra parte, lo que recordaremos con el tiempo, por encima de todo, como algo escrito con tinta indeleble en lo más profundo de nosotros, es que aquel día no teníamos ningunas pretensiones, ningún rencor, ningún odio, sino sólo una convicción y una esperanza", señala Mosconi.
Los marineros, además, buscan caminos de vinculación con los zapatistas mexicanos, pues, señalan, "en Córcega también hay una lucha por la tierra y el territorio".
En una acción creativa, pacífica e insólita un grupo de marineros de Córcega desvió un barco anclado en Marsella a Bastia, su puerto de matrícula, para protestar contra la privatización de una línea marítima que enlaza esta isla mediterránea con Occitania. Se trataba de llamar la atención de la opinión pública corsa y francesa en general sobre el drama social de una privatización que dejaría a cientos de personas sin empleo, además de que la naviera estatal es clave para la supervivencia económica y cultural de la isla, pues es la principal vía de comunicación con el exterior.
El 27 de septiembre de 2005 cuatro marineros del Sindicato de Trabajadores Corsos (STC) comunicaron sus intenciones al capitán del ferry Pascal Paoli, quien se negó a abandonar el barco y los acompañó en la travesía. Miles de personas se congregaron posteriormente en el puerto de Bastia para recibir y apoyar a los sindicalistas, en un día de fiesta y reivindicación sindical. Dos años después todos los que participaron en la protesta son juzgados como piratas y pueden enfrentar condenas de hasta 30 años de cárcel. Es la criminalización de la lucha sindical.
Contra Alain Mosconi, secretario general del STC-Marins, y contra Felix Da Gregorio, se inició un procedimiento criminal en el que se les acusa de piratería y secuestro del capitán de la embarcación. La acusación de piratería fue sacada del baúl de las reliquias del Código Penal francés para ser usada contra los marineros que no podían quedarse con los brazos cruzados ante la privatización de un instrumento del desarrollo económico y social de Córcega.
El Pascal Paoli no fue elegido al azar, pues representa un fuerte símbolo para el nacionalismo corso, ya que Paoli impulsó en 1755 la Constitución corsa y es considerado como la primera persona que se refirió a una "Nación corsa" ante genoveses y franceses (la isla fue "cedida" por los genoveses a Francia en 1768.)
En una acción sin precedentes al menos en los últimos cien años, el gobierno francés envió al Ejército para reprimir una protesta sindical. Los marineros fueron trasladados al puerto militar de Tolon (Occitania) y, posteriormente, a Marsella. Cientos de muestras de apoyo han recibido desde entonces, entre ellas una campaña de firmas en la que, además de denunciar el conflicto que condujo a la simbólica y pacífica acción, se hace hincapié en el rechazo a la criminalización del sindicalismo, algo inadmisible en el país cuna de la defensa de los derechos humanos (y en cualquier país del mundo). Para apoyar la petición de suspensión de los procedimientos la página electrónica es http://stc-marins.com/petition/php/appel.php.
"Por nuestra parte, lo que recordaremos con el tiempo, por encima de todo, como algo escrito con tinta indeleble en lo más profundo de nosotros, es que aquel día no teníamos ningunas pretensiones, ningún rencor, ningún odio, sino sólo una convicción y una esperanza", señala Mosconi.
Los marineros, además, buscan caminos de vinculación con los zapatistas mexicanos, pues, señalan, "en Córcega también hay una lucha por la tierra y el territorio".
Qué bonito país
Jaime Avilés
Norberto Rivera Foto: María Luisa Severiano
Rosario Ibarra Foto: María Luisa Severiano
Faltan sólo unos días para que se dicte sentencia en el caso de los militares que violaron a 14 prostitutas en un tugurio del poblado de Castaños, en Coahuila. Los hechos ocurrieron el 11 de julio del año pasado, cuando los uniformados, que teóricamente resguardaban una oficina del Instituto Federal Electoral para cuidar los "votos" que en ella había, salieron de ahí drogados y borrachos y llegaron a la pequeña zona roja para someter a los clientes y disponer sexualmente de las mujeres durante muchas horas.
Por invitación del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, acudió a Castaños para reconfortar a las muchachas y apoyarlas en su defensa. Desde entonces, el prelado ha sufrido presiones, amenazas e incluso una persecución en carretera por el desierto. En vísperas del fallo que prepara el juez que lleva el asunto, las perspectivas no son buenas. Se teme que tres de los cuatro soldados detenidos puedan ser absueltos y que la procuraduría estatal no se inconforme si así sucede. Ello en razón de que algunas de las víctimas cedieron a las intimidaciones de sus agresores y cambiaron sus declaraciones o se desdijeron de ellas.
Monseñor Vera teme que una sentencia exculpatoria para quienes a punta de pistola se aprovecharon de aquellas pobres "tendrá efectos nocivos para el resto del país". Así lo dijo a principios de la semana que termina: "Si deciden dejar esto en la impunidad, dar el mensaje de que no pasó nada, como lo han hecho con la señora Ernestina Ascensión, en Zongolica, y con la familia de Sinaloa, estaremos caminando hacia una dictadura, pues es muy delicado que nadie pida cuentas al Ejército que, como estamos viendo, gobierna y vigila México".
Felipe Calderón, que nunca había gobernado a nadie y no sabe cómo hacerlo, mantiene su alianza con las fuerzas armadas recibiendo "lealtad institucional" a cambio de impunidad absoluta, con todos los riesgos que esta palpable expresión de debilidad implica para los ciudadanos: mientras no haya sanciones, los abusos de las tropas contra la gente seguirán al alza (y José Luis Soberanes las bendecirá alegando que son "exageraciones" de Amnistía Internacional).
Pero mientras el Ejecutivo federal da carta blanca a sus guardianes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lo justifica, el obispo de Saltillo resiste con la fuerza de su autoridad moral, aunque en medio de un terrible aislamiento, porque el jefe local de la Iglesia católica, el cardenal Norberto Rivera Carrera, está ocupado en asuntos más serios: trata de desvirtuar las acusaciones de que encubrió a un cura pederasta cuando era obispo de Tehuacán, Puebla, para eludir el castigo que la justicia estadunidense le aplicará si demuestra que fue cómplice de aquel violador de niños.
El Ejército, la CNDH y la jerarquía eclesiástica son tres instituciones que reflejan la profunda descomposición política del país, pero no son todas: allí está, por su parte, la Procuraduría General de la República y, con ella, de nuevo Calderón, intentando echar tierra sobre los 205 millones de dólares incautados a Zhenli Ye Gon que fueron "lavados" a toda prisa por el "gobierno" de México, para darle, a medida que pasa el tiempo, más y más credibilidad a las palabras del contrabandista asiático de que parte de ese dinero provenía de fondos secretos del PAN.
En este contexto, la derecha está de fiesta porque nadie votó por el partido de Andrés Manuel López Obrador en las recientes elecciones de Baja California y Oaxaca. Andan celebrando el acontecimiento con euforia porque significa, dicen, el colapso del movimiento de resistencia civil pacífica. Tienen sangre fría cuando alaban tan flagrante mentira y se niegan a leer el mensaje del abstencionismo, que en Oaxaca alejó de las urnas a siete de cada 10 votantes.
Las fuerzas políticas aglutinadas en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), no vinculadas con López Obrador (por desgracia), se negaron a tachar los nombres de los candidatos perredistas porque éstos pertenecen a la nueva derecha que se hace llamar Nueva Izquierda y son tan poco confiables como los priístas y los panistas juntos: son lo mismo. Pero el vacío que le hicieron al proceso tiene un significado más grande: el 2 de julio de 2006 la oligarquía destruyó el sistema electoral mexicano y la gente no lo olvida. Las votaciones ya no sirven para nada: el pueblo tiene que encontrar otros caminos -y la resistencia pacífica los ofrece- para derrotar a quienes desbarataron las débiles instituciones democráticas para mantenerse enquistados en el poder, desafiando y amenazando al pueblo, provocándolo para someterlo por medio de la represión.
Las cosas continuarán empeorando no sólo porque Calderón y su equipo son ciento por ciento incapaces de interrumpir -ya no digamos remediar- el naufragio que han causado, sino porque además del desempleo, la carestía y el hambre -pronto habrá un nuevo aumento en el precio de la tortilla-, la captación de recursos externos sigue en picada. Antes, la derecha empresarial católica decía que si un priísta administrara el desierto del Sahara terminaría importando arena; hoy, bajo la égida de los mochos, las ventas de Pemex registran una baja histórica, mientras las remesas crecieron, en los ocho meses que van de 2007, apenas 0.6 por ciento, de acuerdo con un reporte del Banco de México difundido anteayer.
De este lado del río hay franca irritación ante la brutalidad sin atenuantes que el gobierno de Marcelo Ebrard usó contra las prostitutas de La Merced: la política de cero tolerancia aplicada en detrimento de uno de los grupos sociales más desprotegidos fue prusiana: redadas de mujeres que ahora están presas, clausura de siete hoteles de paso y nuevas expropiaciones de predios hablan de un autoritarismo que repugna a la izquierda capitalina. Pero eso no es todo: en la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, la ex dirigente nacional de las y los sobrecargos, ha lanzado una persecución política contra cuatro militantes del ala conservadora de ese gremio, quienes la acusan de haber contratado ilegalmente a una persona que al mismo tiempo cobra en el sindicato y en Mexicana de Aviación.
Alejandra Barrales tiene contactos en las más altas esferas del poder, pero por lo visto carece de amigos que la quieran tanto como para hacerle ver que al acusar penalmente a sus opositores por el supuesto robo de "un expediente", con el único fin de amedrentarlos para que "ya le bajen" a sus denuncias (que por otra parte son justas y están bien fundadas), cometió un gravísimo error. Ahora bien, si en el campo de la izquierda el periodismo tampoco sirve para promover rectificaciones...
Esta columna sigue recibiendo cartas acerca de quién debe dar el Grito en el Zócalo. Hasta ahora, la mayoría se inclina por López Obrador, pero en segundo lugar va doña Rosario Ibarra de Piedra, muy adelante de Marcelo, a quien algunos le dicen ya El Káiser.
Norberto Rivera Foto: María Luisa Severiano
Rosario Ibarra Foto: María Luisa SeverianoFaltan sólo unos días para que se dicte sentencia en el caso de los militares que violaron a 14 prostitutas en un tugurio del poblado de Castaños, en Coahuila. Los hechos ocurrieron el 11 de julio del año pasado, cuando los uniformados, que teóricamente resguardaban una oficina del Instituto Federal Electoral para cuidar los "votos" que en ella había, salieron de ahí drogados y borrachos y llegaron a la pequeña zona roja para someter a los clientes y disponer sexualmente de las mujeres durante muchas horas.
Por invitación del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, acudió a Castaños para reconfortar a las muchachas y apoyarlas en su defensa. Desde entonces, el prelado ha sufrido presiones, amenazas e incluso una persecución en carretera por el desierto. En vísperas del fallo que prepara el juez que lleva el asunto, las perspectivas no son buenas. Se teme que tres de los cuatro soldados detenidos puedan ser absueltos y que la procuraduría estatal no se inconforme si así sucede. Ello en razón de que algunas de las víctimas cedieron a las intimidaciones de sus agresores y cambiaron sus declaraciones o se desdijeron de ellas.
Monseñor Vera teme que una sentencia exculpatoria para quienes a punta de pistola se aprovecharon de aquellas pobres "tendrá efectos nocivos para el resto del país". Así lo dijo a principios de la semana que termina: "Si deciden dejar esto en la impunidad, dar el mensaje de que no pasó nada, como lo han hecho con la señora Ernestina Ascensión, en Zongolica, y con la familia de Sinaloa, estaremos caminando hacia una dictadura, pues es muy delicado que nadie pida cuentas al Ejército que, como estamos viendo, gobierna y vigila México".
Felipe Calderón, que nunca había gobernado a nadie y no sabe cómo hacerlo, mantiene su alianza con las fuerzas armadas recibiendo "lealtad institucional" a cambio de impunidad absoluta, con todos los riesgos que esta palpable expresión de debilidad implica para los ciudadanos: mientras no haya sanciones, los abusos de las tropas contra la gente seguirán al alza (y José Luis Soberanes las bendecirá alegando que son "exageraciones" de Amnistía Internacional).
Pero mientras el Ejecutivo federal da carta blanca a sus guardianes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lo justifica, el obispo de Saltillo resiste con la fuerza de su autoridad moral, aunque en medio de un terrible aislamiento, porque el jefe local de la Iglesia católica, el cardenal Norberto Rivera Carrera, está ocupado en asuntos más serios: trata de desvirtuar las acusaciones de que encubrió a un cura pederasta cuando era obispo de Tehuacán, Puebla, para eludir el castigo que la justicia estadunidense le aplicará si demuestra que fue cómplice de aquel violador de niños.
El Ejército, la CNDH y la jerarquía eclesiástica son tres instituciones que reflejan la profunda descomposición política del país, pero no son todas: allí está, por su parte, la Procuraduría General de la República y, con ella, de nuevo Calderón, intentando echar tierra sobre los 205 millones de dólares incautados a Zhenli Ye Gon que fueron "lavados" a toda prisa por el "gobierno" de México, para darle, a medida que pasa el tiempo, más y más credibilidad a las palabras del contrabandista asiático de que parte de ese dinero provenía de fondos secretos del PAN.
En este contexto, la derecha está de fiesta porque nadie votó por el partido de Andrés Manuel López Obrador en las recientes elecciones de Baja California y Oaxaca. Andan celebrando el acontecimiento con euforia porque significa, dicen, el colapso del movimiento de resistencia civil pacífica. Tienen sangre fría cuando alaban tan flagrante mentira y se niegan a leer el mensaje del abstencionismo, que en Oaxaca alejó de las urnas a siete de cada 10 votantes.
Las fuerzas políticas aglutinadas en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), no vinculadas con López Obrador (por desgracia), se negaron a tachar los nombres de los candidatos perredistas porque éstos pertenecen a la nueva derecha que se hace llamar Nueva Izquierda y son tan poco confiables como los priístas y los panistas juntos: son lo mismo. Pero el vacío que le hicieron al proceso tiene un significado más grande: el 2 de julio de 2006 la oligarquía destruyó el sistema electoral mexicano y la gente no lo olvida. Las votaciones ya no sirven para nada: el pueblo tiene que encontrar otros caminos -y la resistencia pacífica los ofrece- para derrotar a quienes desbarataron las débiles instituciones democráticas para mantenerse enquistados en el poder, desafiando y amenazando al pueblo, provocándolo para someterlo por medio de la represión.
Las cosas continuarán empeorando no sólo porque Calderón y su equipo son ciento por ciento incapaces de interrumpir -ya no digamos remediar- el naufragio que han causado, sino porque además del desempleo, la carestía y el hambre -pronto habrá un nuevo aumento en el precio de la tortilla-, la captación de recursos externos sigue en picada. Antes, la derecha empresarial católica decía que si un priísta administrara el desierto del Sahara terminaría importando arena; hoy, bajo la égida de los mochos, las ventas de Pemex registran una baja histórica, mientras las remesas crecieron, en los ocho meses que van de 2007, apenas 0.6 por ciento, de acuerdo con un reporte del Banco de México difundido anteayer.
De este lado del río hay franca irritación ante la brutalidad sin atenuantes que el gobierno de Marcelo Ebrard usó contra las prostitutas de La Merced: la política de cero tolerancia aplicada en detrimento de uno de los grupos sociales más desprotegidos fue prusiana: redadas de mujeres que ahora están presas, clausura de siete hoteles de paso y nuevas expropiaciones de predios hablan de un autoritarismo que repugna a la izquierda capitalina. Pero eso no es todo: en la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, la ex dirigente nacional de las y los sobrecargos, ha lanzado una persecución política contra cuatro militantes del ala conservadora de ese gremio, quienes la acusan de haber contratado ilegalmente a una persona que al mismo tiempo cobra en el sindicato y en Mexicana de Aviación.
Alejandra Barrales tiene contactos en las más altas esferas del poder, pero por lo visto carece de amigos que la quieran tanto como para hacerle ver que al acusar penalmente a sus opositores por el supuesto robo de "un expediente", con el único fin de amedrentarlos para que "ya le bajen" a sus denuncias (que por otra parte son justas y están bien fundadas), cometió un gravísimo error. Ahora bien, si en el campo de la izquierda el periodismo tampoco sirve para promover rectificaciones...
Esta columna sigue recibiendo cartas acerca de quién debe dar el Grito en el Zócalo. Hasta ahora, la mayoría se inclina por López Obrador, pero en segundo lugar va doña Rosario Ibarra de Piedra, muy adelante de Marcelo, a quien algunos le dicen ya El Káiser.
Denuncia de detención y hostigamiento
Denuncia de detención y hostigamiento
escrito por medios libres
miércoles, 08 de agosto de 2007
A los medios libres nacionales e internacionales
A la prensa honesta
A la otra campaña nacional e internacional
A la comisión sexta
A los pueblos del mundo
Compañeros y compañeras:
La Caravana Alianza Rebelde Intergaláctica cerró su trabajo con el II Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los pueblos del mundo, con la finalidad para preparar la segunda etapa hacia el Encuentro Indígena Continental a celebrarse en Sonora. Y antes de la llegada al Distrito federal, decidimos realizar trabajo comunitario con colectivos de Oaxaca que siguen resistiendo la funesta política de Ulises Ruíz.
Ayer Domingo 5 de Agosto, en plena euforía y burla democrática, con casillas abandonadas, poblados desiertos, (tal como si lo que estuvieramos viendo fuese la derrota misma de la farsa electoral que prima en este país) se efectuaron las elecciones locales para “elegir” diputaciones. Por su puesto no podía faltar la excesiva accción policíaca que “cubría” que el orden y “estado de derecho” que no se quebreantara, en una tan exitosa pugna electoral; cuando lo que reino fue el abstencionismo (80%), histórico dicen algunos, otros decimos la pura realidad; decidimos con dicho escenario gris, negro y de cartón ( por lo de las casillas) proyectar películas en le centro del Zócalo de la capital oaxaqueña sobre la autonomía indígena zapatista y la resistencia oaxaqueña.
Asi fueron los hechos.
Siendo las 9:30 de la noche de dicho Domingo de abstinencia, nos dirigiamos después de terminar la proyección hacia el bus que nos transporta, cuando nuestro compañero y cuatro turistas catalanes son arremetidos por 5 camionetas ford lobo, rojas y blancas sin placas, con personal de la Unidad Policial de Operaciones Especiales (UPOE), conocidos por la identidad oaxaqueña por la policía más prepoetente, con armas largas y cortando cartucho, acompañados por ¿policias? vestidos de civil.
Todo sucedió en la calle independencia, muy cerca de la plaza de la danza, cuando Damian Reséndiz Saucedo y las cuatro catalanes, fueron detenidos bajo el argumento de “proyectar películas del EZLN”; narra Damián “al momento de la detención lo hicieron en ingles, después preguntaron de dónde eramos, el catalán dijo que ciudadanos españoles a lo que los policias respondieron haciendo gala de su reconocida ignorancia -hablan español; sin mas preguntas fuimos forzados con lujo de violencia a subir a dichas camionetas, bajo amenazas nos invitaron a conocer la verdadera oaxaca a una mazmorra de las muchas que nos presumía quien comandaba el operativo. Nunca pidieron documentación, nos pusieron boca abajo, y durante el traslado a la cárcel clandestina donde nos bajaron de la unidad con la cabeza cubierta, a unos los increpaban por ser españoles y a mi por ser chilango...
”Esta es la posición xenofóbica que a diaro difunde el gobierno de URO en contra de quienes nos hemos solidarizado con la rebeldía oaxaqueña. Estas acciones no nos intimidan, por el contrario nuestro coraje crece a gritos contra este estado de sitio que vive la ciudad de Oaxaca.
Somos culpables de conocer la verdadera Oaxaca, de ser sometidos a tratos crueles y degradantes, amenazas de ser ahogados, de pretender cortar el cabello, robar aretes, pulseras y collares, de burlarse de nuestra condición; esto ya no se puede tolerar.
Después de este recorrido infernal siguió las preguntas repetidas una y otra vez por las autoridades municipales, quienes terminan el trabajo sucio de la UPOE. Ellos determinaron enviar a las autoridades migratorias a las turistas catalanes y dejar detenido a Damian en la cárcel municipal o pagar una multa de 150 pesos, prefiriendo pasar 11 horas detenido y conseguir su libertad por la mañana siguiente (Lunes 6 de Agosto).
Por lo mencionado anteriormente, hacemos responsable al gobierno Oaxaqueño, encabezado por el funesto Ulises Ruiz, que tan sólo por ejercer el derecho que tenemos ya no sólo como mexicanos sino como ciudadanos del mundo por usar los espacios públicos como lugares idoneos para informar y difundir la realidad que vive con dolo, con sangre y a veces con muerte éste país llamado México.
Oaxaca y el resto del territorio del país, no es de aquellos y aquellas que con el poder en la mano, reprimen a cualquier por decir lo que piensa.
El compañero Damian Reséndiz, integrante de radiokupa está libre, pero la incomunicación, golpes y vejaciones a su ser nadie se lo quitará, por eso hasta que no desaparezcamos de una vez por todas al capitalismo que mata, reprime y asesina a cualquiera, el mundo que queremos, será solo una idea.
¡Alto a la brutalidad policiaca!
¡Libertad a todos los presos y presas políticas del país y el mundo!
¡Alto al hostigamiento a quienes piensan un mundo libertario!
¡Alto al hostigamiento a los medios libres!
Caravana Alianza Rebelde Intergaláctica
Marea Creciente (Rising Tide)
Producciones Radiokupa
Organización Maikiralasal´ii de venezuela
Lunes 6 de Agosto, en plena farsa electoral
Pd. los espacios públicos son de nosotros, libéralos.
Modificado el ( jueves, 09 de agosto de 2007 )
escrito por medios libres
miércoles, 08 de agosto de 2007
A los medios libres nacionales e internacionales
A la prensa honesta
A la otra campaña nacional e internacional
A la comisión sexta
A los pueblos del mundo
Compañeros y compañeras:
La Caravana Alianza Rebelde Intergaláctica cerró su trabajo con el II Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los pueblos del mundo, con la finalidad para preparar la segunda etapa hacia el Encuentro Indígena Continental a celebrarse en Sonora. Y antes de la llegada al Distrito federal, decidimos realizar trabajo comunitario con colectivos de Oaxaca que siguen resistiendo la funesta política de Ulises Ruíz.
Ayer Domingo 5 de Agosto, en plena euforía y burla democrática, con casillas abandonadas, poblados desiertos, (tal como si lo que estuvieramos viendo fuese la derrota misma de la farsa electoral que prima en este país) se efectuaron las elecciones locales para “elegir” diputaciones. Por su puesto no podía faltar la excesiva accción policíaca que “cubría” que el orden y “estado de derecho” que no se quebreantara, en una tan exitosa pugna electoral; cuando lo que reino fue el abstencionismo (80%), histórico dicen algunos, otros decimos la pura realidad; decidimos con dicho escenario gris, negro y de cartón ( por lo de las casillas) proyectar películas en le centro del Zócalo de la capital oaxaqueña sobre la autonomía indígena zapatista y la resistencia oaxaqueña.
Asi fueron los hechos.
Siendo las 9:30 de la noche de dicho Domingo de abstinencia, nos dirigiamos después de terminar la proyección hacia el bus que nos transporta, cuando nuestro compañero y cuatro turistas catalanes son arremetidos por 5 camionetas ford lobo, rojas y blancas sin placas, con personal de la Unidad Policial de Operaciones Especiales (UPOE), conocidos por la identidad oaxaqueña por la policía más prepoetente, con armas largas y cortando cartucho, acompañados por ¿policias? vestidos de civil.
Todo sucedió en la calle independencia, muy cerca de la plaza de la danza, cuando Damian Reséndiz Saucedo y las cuatro catalanes, fueron detenidos bajo el argumento de “proyectar películas del EZLN”; narra Damián “al momento de la detención lo hicieron en ingles, después preguntaron de dónde eramos, el catalán dijo que ciudadanos españoles a lo que los policias respondieron haciendo gala de su reconocida ignorancia -hablan español; sin mas preguntas fuimos forzados con lujo de violencia a subir a dichas camionetas, bajo amenazas nos invitaron a conocer la verdadera oaxaca a una mazmorra de las muchas que nos presumía quien comandaba el operativo. Nunca pidieron documentación, nos pusieron boca abajo, y durante el traslado a la cárcel clandestina donde nos bajaron de la unidad con la cabeza cubierta, a unos los increpaban por ser españoles y a mi por ser chilango...
”Esta es la posición xenofóbica que a diaro difunde el gobierno de URO en contra de quienes nos hemos solidarizado con la rebeldía oaxaqueña. Estas acciones no nos intimidan, por el contrario nuestro coraje crece a gritos contra este estado de sitio que vive la ciudad de Oaxaca.
Somos culpables de conocer la verdadera Oaxaca, de ser sometidos a tratos crueles y degradantes, amenazas de ser ahogados, de pretender cortar el cabello, robar aretes, pulseras y collares, de burlarse de nuestra condición; esto ya no se puede tolerar.
Después de este recorrido infernal siguió las preguntas repetidas una y otra vez por las autoridades municipales, quienes terminan el trabajo sucio de la UPOE. Ellos determinaron enviar a las autoridades migratorias a las turistas catalanes y dejar detenido a Damian en la cárcel municipal o pagar una multa de 150 pesos, prefiriendo pasar 11 horas detenido y conseguir su libertad por la mañana siguiente (Lunes 6 de Agosto).
Por lo mencionado anteriormente, hacemos responsable al gobierno Oaxaqueño, encabezado por el funesto Ulises Ruiz, que tan sólo por ejercer el derecho que tenemos ya no sólo como mexicanos sino como ciudadanos del mundo por usar los espacios públicos como lugares idoneos para informar y difundir la realidad que vive con dolo, con sangre y a veces con muerte éste país llamado México.
Oaxaca y el resto del territorio del país, no es de aquellos y aquellas que con el poder en la mano, reprimen a cualquier por decir lo que piensa.
El compañero Damian Reséndiz, integrante de radiokupa está libre, pero la incomunicación, golpes y vejaciones a su ser nadie se lo quitará, por eso hasta que no desaparezcamos de una vez por todas al capitalismo que mata, reprime y asesina a cualquiera, el mundo que queremos, será solo una idea.
¡Alto a la brutalidad policiaca!
¡Libertad a todos los presos y presas políticas del país y el mundo!
¡Alto al hostigamiento a quienes piensan un mundo libertario!
¡Alto al hostigamiento a los medios libres!
Caravana Alianza Rebelde Intergaláctica
Marea Creciente (Rising Tide)
Producciones Radiokupa
Organización Maikiralasal´ii de venezuela
Lunes 6 de Agosto, en plena farsa electoral
Pd. los espacios públicos son de nosotros, libéralos.
Modificado el ( jueves, 09 de agosto de 2007 )
Dilemas del Pelele-Usurpador Calderón
De Blogotitlan. Columna Asimetrías
Por Fausto Fernández Ponte
Dilemas de Calderón
Mandatarios democráticamente elegidos y respaldados por sus respectivos pueblos en Latinoamérica, piden al presidente formal de México que el país se integre a Nuestra América, pero Calderón duda y en el mejor de los casos consultaría con el gobierno de Washington.
I
Ante las reiteradas invitaciones de mandatarios de Nuestra América --de Argentina, Brasil y Venezuela-- a que el Estado mexicano se adhiera al movmiento de integración económica, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón tiene varios dilemas.
Don Felipe, como sábese, se ostenta espuriamente como Presidente de México, dadas las colosales irregularidades del proceso electoral del 2 de julio del año pasado y la magra votación que obtuvo --15 millones de votos, de un universo de casi 72 millones--.
A esas invitaciones francas y directas de los presidentes Néstor Kirchner, Inácio Lula da Silva y Hugo Chávez, el señor Calderón ha respondido con generalidades y sin comprometerse a adherir a su gobierno a la causa de Nuestra América.
Esa causa, sabido es, es la recuperación de la soberanía de los países ya citados, así como Bolivia y Ecuador y, en menor medida, Uruguay, emnpeñados en hacerse con el patrimonio de los pueblos, en poder, todavía, de consorcios trasnacionales.
Esos consorcios trasnacionales son, en su inmensa mayoría, de Estados Unidos, España, Inglaterra y de otros estados --Francia, Alemania, Japón y Canadá--, cuyos gobiernos actúan para adelantar y defender lo intereses de aquellos. El caso de México es típico.
II
Así es. Es un caso de libro de texto en materia de dependencia de su economía con respecto a la de EU, de dominación de su sistema bancario y financiero y su mercado interno y de control del aparato político de decisiones estratégicas.
Incluso, señálese sin tapujos, en materia de seguridad nacional la dependencia mexicana con respecto a los interees estratégicos estadounidenses configura una realidad de dependencia que mucho tiene, a la luz de ciertos hechos, de sometimiento.
En este último rubro, esa dependencia atroz e ignominiosa se nos muestra a los connacionales y a los pueblos y gobiernos de Nuestra América --la indo, afro e ibérica-- en que el Estado mexicano es socio en la falacia aniterrorista del gobierno de EU.
Así, el gobierno estadounidense --que, a diferencia del de México, es objetivo del terrorismo internacional-- involucra a nuestro país en una lucha que no era nuestra ni teníamos parte en ella. Por eso, hoy somos blanco del terrorismo.
También ha involucrado Washington --instrumento de los consorcios trasnacionales-- al gobierno mexicano en una guerra contra las organizaciones del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que sólo beneficia a intereses de EU.
III
Dada esa realidad, el señor Calderón no tiene mucho espacio para tomar una decisión --que sería de importancia estratégica suma a favor de los verdaderos interees del pueblo de México-- de adherirse a los afanes integracionistas de Nuestra América.
Esa integración es, por definición, opuesta a los intereses de los consorcios trasnacionales, particularmente de EU y España, pues representaría un acto de recuperación de soberanía de los estados americanos y control sobre sus patrimonios nacionales.
Existe, por añadidura, otro componente de los dilemas del señor Calderón: la forma de organización económica prevaleciente en México se nutre de la aberrante filosofía del neoliberalismo, que preconiza que el Estado abdique de sus potestades.
Una de esas potestades es, precisamente, la rectoría económica y, dentro de esa potestad --que es constitucional--, la de planificar la economía. Hoy esa última tarea es realizada por los mismísimos consorcios trasnacionales y sus cómplices locales.
Para adherirse a ese movimiento de búsqueda de una segunda independencia de Nuestra América --ésta vez, de los consorcios trasnacionales de EU y España--, presumiblemente el señor Calderón consultaría con Washington. La razón es obvia.
ffponte@gmail,com
Glosario:
Abdique: del verbo abdicar. Ceder soberanía o renunciar a ella. Renunciar a derechos, ventajas, etcétera.
Falacia:engaño, fraude o mentira.
Por Fausto Fernández Ponte
Dilemas de Calderón
Mandatarios democráticamente elegidos y respaldados por sus respectivos pueblos en Latinoamérica, piden al presidente formal de México que el país se integre a Nuestra América, pero Calderón duda y en el mejor de los casos consultaría con el gobierno de Washington.
I
Ante las reiteradas invitaciones de mandatarios de Nuestra América --de Argentina, Brasil y Venezuela-- a que el Estado mexicano se adhiera al movmiento de integración económica, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón tiene varios dilemas.
Don Felipe, como sábese, se ostenta espuriamente como Presidente de México, dadas las colosales irregularidades del proceso electoral del 2 de julio del año pasado y la magra votación que obtuvo --15 millones de votos, de un universo de casi 72 millones--.
A esas invitaciones francas y directas de los presidentes Néstor Kirchner, Inácio Lula da Silva y Hugo Chávez, el señor Calderón ha respondido con generalidades y sin comprometerse a adherir a su gobierno a la causa de Nuestra América.
Esa causa, sabido es, es la recuperación de la soberanía de los países ya citados, así como Bolivia y Ecuador y, en menor medida, Uruguay, emnpeñados en hacerse con el patrimonio de los pueblos, en poder, todavía, de consorcios trasnacionales.
Esos consorcios trasnacionales son, en su inmensa mayoría, de Estados Unidos, España, Inglaterra y de otros estados --Francia, Alemania, Japón y Canadá--, cuyos gobiernos actúan para adelantar y defender lo intereses de aquellos. El caso de México es típico.
II
Así es. Es un caso de libro de texto en materia de dependencia de su economía con respecto a la de EU, de dominación de su sistema bancario y financiero y su mercado interno y de control del aparato político de decisiones estratégicas.
Incluso, señálese sin tapujos, en materia de seguridad nacional la dependencia mexicana con respecto a los interees estratégicos estadounidenses configura una realidad de dependencia que mucho tiene, a la luz de ciertos hechos, de sometimiento.
En este último rubro, esa dependencia atroz e ignominiosa se nos muestra a los connacionales y a los pueblos y gobiernos de Nuestra América --la indo, afro e ibérica-- en que el Estado mexicano es socio en la falacia aniterrorista del gobierno de EU.
Así, el gobierno estadounidense --que, a diferencia del de México, es objetivo del terrorismo internacional-- involucra a nuestro país en una lucha que no era nuestra ni teníamos parte en ella. Por eso, hoy somos blanco del terrorismo.
También ha involucrado Washington --instrumento de los consorcios trasnacionales-- al gobierno mexicano en una guerra contra las organizaciones del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que sólo beneficia a intereses de EU.
III
Dada esa realidad, el señor Calderón no tiene mucho espacio para tomar una decisión --que sería de importancia estratégica suma a favor de los verdaderos interees del pueblo de México-- de adherirse a los afanes integracionistas de Nuestra América.
Esa integración es, por definición, opuesta a los intereses de los consorcios trasnacionales, particularmente de EU y España, pues representaría un acto de recuperación de soberanía de los estados americanos y control sobre sus patrimonios nacionales.
Existe, por añadidura, otro componente de los dilemas del señor Calderón: la forma de organización económica prevaleciente en México se nutre de la aberrante filosofía del neoliberalismo, que preconiza que el Estado abdique de sus potestades.
Una de esas potestades es, precisamente, la rectoría económica y, dentro de esa potestad --que es constitucional--, la de planificar la economía. Hoy esa última tarea es realizada por los mismísimos consorcios trasnacionales y sus cómplices locales.
Para adherirse a ese movimiento de búsqueda de una segunda independencia de Nuestra América --ésta vez, de los consorcios trasnacionales de EU y España--, presumiblemente el señor Calderón consultaría con Washington. La razón es obvia.
ffponte@gmail,com
Glosario:
Abdique: del verbo abdicar. Ceder soberanía o renunciar a ella. Renunciar a derechos, ventajas, etcétera.
Falacia:engaño, fraude o mentira.
viernes, agosto 10, 2007
Comisión de la verdad
Propone el FAP crear una “comisión de la verdad” sobre los comicios de 2006
de la redacción
México, D.F., 9 de agosto (apro).- Con el fin de que se documente “realmente” lo ocurrido durante el proceso electoral del 2 de julio de 2006, el Frente Amplio Progresista (FAP) propuso hoy la creación de una “Comisión de la Verdad”,
Con ello, se dijo, se evitaría que la documentación electoral sea destruida.
El coordinador del FAP, Jesús Ortega, y los coordinadores del PRD en las cámaras de Senadores y Diputados, Carlos Navarrete y Javier González, afirmaron, en conferencia de prensa, que el 2 de julio “no está cerrado” y que es necesario “esclarecer la verdad histórica”.
Según Ortega, es contradictorio que en México esté vigente el derecho a la información y se pretenda destruir las boletas electorales del 2 de julio para evitar que la ciudadanía tenga acceso a ellas.
Navarrete manifestó el apoyo de los senadores del PRD a la iniciativa para crear esa comisión.
La iniciativa fue presentada el pasado 2 de julio por el diputado Carlos Navarro, quien señaló que en ella se propone crear una “Comisión de la Verdad” para investigar lo ocurrido el 2 de julio de 2006.
Añadió que en la comisión estarían ciudadanos independientes con un “alto prestigio intelectual”.
¡Ojo! Hay sondeo para votar. Lleva el 85% a favor, no sé como hay alguien (15%) que no quiere, es decir, están de acuerdo con que se oculte la verdad. Así que voten, aunque sean panistas deberían querer saber sí es cierto que ganaron ¿no? Lo que pasa es que saben que no ganaron y están de acuerdo con el fraude, lo dicho el panismo no es ético, es moralmente imposible que gobiernen.
de la redacción
México, D.F., 9 de agosto (apro).- Con el fin de que se documente “realmente” lo ocurrido durante el proceso electoral del 2 de julio de 2006, el Frente Amplio Progresista (FAP) propuso hoy la creación de una “Comisión de la Verdad”,
Con ello, se dijo, se evitaría que la documentación electoral sea destruida.
El coordinador del FAP, Jesús Ortega, y los coordinadores del PRD en las cámaras de Senadores y Diputados, Carlos Navarrete y Javier González, afirmaron, en conferencia de prensa, que el 2 de julio “no está cerrado” y que es necesario “esclarecer la verdad histórica”.
Según Ortega, es contradictorio que en México esté vigente el derecho a la información y se pretenda destruir las boletas electorales del 2 de julio para evitar que la ciudadanía tenga acceso a ellas.
Navarrete manifestó el apoyo de los senadores del PRD a la iniciativa para crear esa comisión.
La iniciativa fue presentada el pasado 2 de julio por el diputado Carlos Navarro, quien señaló que en ella se propone crear una “Comisión de la Verdad” para investigar lo ocurrido el 2 de julio de 2006.
Añadió que en la comisión estarían ciudadanos independientes con un “alto prestigio intelectual”.
¡Ojo! Hay sondeo para votar. Lleva el 85% a favor, no sé como hay alguien (15%) que no quiere, es decir, están de acuerdo con que se oculte la verdad. Así que voten, aunque sean panistas deberían querer saber sí es cierto que ganaron ¿no? Lo que pasa es que saben que no ganaron y están de acuerdo con el fraude, lo dicho el panismo no es ético, es moralmente imposible que gobiernen.
De Democracy now
El periodista canadiense Avi Lewis habla sobre Maher Arar, el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte, el sistema de salud canadiense y las fábricas de Argentina recuperadas por sus trabajadores.
A partir del 20 de Agosto, miles de activistas planean reunirse en Montebello, Quebec, para protestar contra el encuentro entre el presidente Bush, el primer ministro canadiense Stephen Harper y el presidente mexicano Felipe Calderón. El periodista canadiense Avi Lewis habla con nosotros sobre el "Acuerdo de Seguridad y Prosperidad" y su relación con la detención de Maher Arar.
Avi Lewis es el conductor de un programa internacional de análisis de noticias reciente en las noticias de la televisión canadiense - CBC - Canadian Broadcasting Corporation. Este programa progresista que pasa diariamente se llama "On the Map." Avi es también autor y realizador de documentales. Este verano Avi, con el premiado periodista Naomi Klein, coescribió el prefacio de un nuevo libro sobre el movimiento de creación de fábricas por trabajadores en Argentina, llamado "Sin Patron: Stories from Argentina's Worker Run Factories" y fue publicado por Haymarket Books en Junio. Es una compilación de Lavaca, una editorial Argentina de un colectivo activista. Hace tres años Avi y Naomi trabajaron juntos para producir "The Take" (La Toma), un documental sobre los trabajadores que reclamaron espacios en Argentina.
Según comenta Avi los tres mandatarios se reunirán para establecer una serie de políticas que con el título de "Acuerdo de Seguridad y Prosperidad" que sin pasar por el legislativo y sin que la población esté enterada se implementarán para "integrar la zona norte" de América. En realidad parece que se trata de una política y un control en términos de migración, servicios médicos y alimentación en relación con los Tratados de Libre Comercio que amenazan la soberanía de las naciones y a las libertades civiles. Todas estas medidas serán tomadas sin que exista un debate público, ni una legislación, a espaldas de la población. Por ello se reunirán los activistas y manifestarán su protesta.
Así que más vale que también los mexicanos vayamos tomando cartas en el asunto. Por principio los legisladors tendrán que preguntarle a este pelele que sólo va a recibir órdenes de que se trata su reunión y luego que nos la expliquen para ver si estamos de acuerdo.
http://www.democracynow.org/article.pl?sid=07/08/10/142241
A partir del 20 de Agosto, miles de activistas planean reunirse en Montebello, Quebec, para protestar contra el encuentro entre el presidente Bush, el primer ministro canadiense Stephen Harper y el presidente mexicano Felipe Calderón. El periodista canadiense Avi Lewis habla con nosotros sobre el "Acuerdo de Seguridad y Prosperidad" y su relación con la detención de Maher Arar.
Avi Lewis es el conductor de un programa internacional de análisis de noticias reciente en las noticias de la televisión canadiense - CBC - Canadian Broadcasting Corporation. Este programa progresista que pasa diariamente se llama "On the Map." Avi es también autor y realizador de documentales. Este verano Avi, con el premiado periodista Naomi Klein, coescribió el prefacio de un nuevo libro sobre el movimiento de creación de fábricas por trabajadores en Argentina, llamado "Sin Patron: Stories from Argentina's Worker Run Factories" y fue publicado por Haymarket Books en Junio. Es una compilación de Lavaca, una editorial Argentina de un colectivo activista. Hace tres años Avi y Naomi trabajaron juntos para producir "The Take" (La Toma), un documental sobre los trabajadores que reclamaron espacios en Argentina.
Según comenta Avi los tres mandatarios se reunirán para establecer una serie de políticas que con el título de "Acuerdo de Seguridad y Prosperidad" que sin pasar por el legislativo y sin que la población esté enterada se implementarán para "integrar la zona norte" de América. En realidad parece que se trata de una política y un control en términos de migración, servicios médicos y alimentación en relación con los Tratados de Libre Comercio que amenazan la soberanía de las naciones y a las libertades civiles. Todas estas medidas serán tomadas sin que exista un debate público, ni una legislación, a espaldas de la población. Por ello se reunirán los activistas y manifestarán su protesta.
Así que más vale que también los mexicanos vayamos tomando cartas en el asunto. Por principio los legisladors tendrán que preguntarle a este pelele que sólo va a recibir órdenes de que se trata su reunión y luego que nos la expliquen para ver si estamos de acuerdo.
http://www.democracynow.org/article.pl?sid=07/08/10/142241
Convocatoria
La Resistencia Creativa invita a convencionistas, comités ciudadanos en resistencia, hombres y mujeres libres de México, este domingo 12 de agosto del 2007 a las 11:00 hrs. en el Hemiciclo a Juárez, en esta ocasión estarán con nosotros Jesusa Rodríguez y Gerardo Fernández Noroña hablando sobre Resistencia Civil Pacífica.
No olvides traer propuestas creativas de RCP para el próximo 1º de Septiembre.
¡Tu participación es importante!
Resistencia Creativa
No olvides traer propuestas creativas de RCP para el próximo 1º de Septiembre.
¡Tu participación es importante!
Resistencia Creativa
Boletín Informativo ISA núm 161
http://serviciodenoticiasisa
Sumario:
I. Revela López Obrador reunión secreta Salinas-Calderón, el sábado pasado, “porque están preocupados por el avance del movimiento de cambio auténtico que se gestó después del fraude electoral”
II. Dio a conocer el Tribunal de Justicia Popular los resolutivos de su sesión de instalación
----------------
REVELA LÓPEZ OBRADOR REUNIÓN SECRETA SALINAS-CALDERÓN, EL SÁBADO PASADO, “PORQUE ESTÁN PREOCUPADOS POR EL AVANCE DEL MOVIMIENTO DE CAMBIO AUTÉNTICO QUE SE GESTÓ DESPUÉS DEL FRAUDE ELECTORAL”
Durante su encuentro con el pueblo de Copainalá, en el tercer día de la gira que realiza por el norte de Chiapas, López Obrador dio a conocer la realización de un cónclave Salinas-Calderón, en la Riviera Maya, el pasado sábado, en el hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen. “Tengo una información para todo el país”, inició esta vez su alocución el presidente legítimo de México, y vertió la información de la citada reunión.
Andrés Manuel López Obrador reveló que “el presidente pelele recibió consejos del perverso de Salinas de Gortari, para poder legitimarse ante el pueblo de México, porque no sabe qué hacer y no sólo es espurio, sino que es incapaz y totalmente mediocre”, afirmó.
En el encuentro, afirmó, “ambos personajes acordaron cómo van a enfrentar en el futuro al movimiento de transformación de México, porque no quedaron satisfechos con robarse la elección presidencial”, precisó el presidente legítimo de México. “Salinas y Calderón —subrayó— están preocupados por el avance del movimiento de cambio auténtico que se gestó después del fraude electoral del 2 de julio de 2006 y en el encuentro a escondidas se pusieron de acuerdo acerca de cómo nos van a enfrentar hacia adelante”.
Sin embargo, aclaró que seguirá con el movimiento para renovar las instituciones públicas y con el recorrido que realiza por los dos mil 500 municipios del país. “Vamos a seguir adelante, no les tenemos ningún miedo —ni a Salinas ni a Calderón—y más temprano que tarde vamos a derrotar a esa mafia”, manifestó.
López Obrador explicó así los motivos del encuentro de Salinas y Calderón: “Fue para que Calderón recibiera consejos del perverso de Carlos Salinas de Gortari. Calderón está pidiéndole consejos a Salinas, para ver cómo se va a legitimar, porque lo impuso en el cargo la mafia de la política. No sabe qué hacer, porque no sólo es espurio, sino que es incapaz, es totalmente un mediocre, eso es el presidente pelele que desgraciadamente se tiene en el país”, destacó.
En vísperas de las elecciones locales chiapanecas, en donde se renovarán 118 alcaldías, López Obrador expresó su seguridad de que no siempre triunfa el dinero sobre la dignidad y la moral del pueblo de Chiapas. “Los comicios representan una contienda política entre la dignidad y el dinero”, opinó en referencia al reparto de dinero en efectivo por parte del candidato del PRI a presidente municipal de Copainalá.
Un día antes, el presidente legítimo de los mexicanos había hecho referencia también a la necesidad de mantener la unidad de los chiapanecos de abajo.
En la reunión informativa con la comunidad de Venustiano Carranza, con la asistencia de seis mil simpatizantes de su causa, López Obrador convocó al pueblo chiapaneco a la unidad y a mantener la paz y la armonía, y condenó los enfrentamientos entre le pueblo de Chiapas. “No tenemos por qué seguir con enfrentamientos entre hermanos, quizá en otra época sí hubo justificación para ello, pero ya no; ahora tenemos que estar todos juntos y unidos.
La declaración de López Obrador se circunscribió en el marco del atentado del cual fue víctima hace poco más de un mes el candidato a la presidencial municipal de Venustiano Carranza por el Partido de la Revolución Democrática, José Bernardo Magdalena Velásquez, del que resultó herido de bala. “Desde aquí les digo que vamos a apoyar a ‘Nino’ —como llamó a José Bernardo— y contará con todo mi respaldo y mi apoyo. Mientras se recupera voy a pedirles a compañeros de México y de Chiapas para hacer campaña a favor de nuestro candidato para que él sea el próximo presidente municipal de Venustiano Carranza”, afirmó el presidente legítimo de México.
El día de hoy, en el mensaje que dirigió al pueblo de Chiapas que radica en los municipios de Francisco León, Tecpatán, Ocotepec, Coapilla y Osumacinta, López Obrador informó que en la radio y televisión se habla hasta la saciedad de la llamada reforma fiscal. Y preguntó a la ciudadanía: “¿Qué entienden de la reforma fiscal? Seguramente no podrán contestar, porque nadie sabe qué significa la reforma fiscal, porque el gobierno usurpador, con la asociación de algunos medios de comunicación, oculta la verdad”, aseguró. “Lo que quiere el gobierno usurpador es cobrar más impuestos a los trabajadores, a los productores y a los pequeños y medianos comerciantes y empresarios. En la reforma fiscal calderonista, se incluye un proyecto para aplicar un impuesto especial a la gasolina y al diesel. Ahora quieren aumentar 50 centavos el litro de la gasolina y no lo sabe la mayor parte de la gente. Con la denominada reforma fiscal, el gobierno usurpador quiere exprimir más al pueblo, quiere dejar al pueblo como un limón exprimido”, agregó.
Dio a conocer también que el presidente pelele tiene la intención de privatizar el sector energético, en particular pretende depositar el petróleo en manos del capital privado extranjero, pero, aclaró, “no vamos a permitir que siga la entrega de bienes nacionales, como el petróleo, a extranjeros”.
------------------------------
DIO A CONOCER EL TRIBUNAL DE JUSTICIA POPULAR LOS RESOLUTIVOS DE SU SESIÓN DE INSTALACIÓN
Conforme a la convocatoria de distintas organizaciones sociales y ciudadanos, el pasado fin de semana se instaló en el Zócalo de la Ciudad de México el Tribunal de Justicia Popular con el fin de enjuiciar a los responsables de delitos de distinta índole que agravian a la sociedad mexicana y a la humanidad entera.
Una de las organizaciones participantes, la Convención Nacional Democrática, y en particular sus núcleos de Coyoacán, han hecho llegar a servicio de noticias ISA los resolutivos adoptados, mismos que a continuación resumimos.
Bajo el considerando de que “el Estado mexicano ha abandonado el principio constitucional fundacional de que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste y se ha olvidado de que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”, lo que ha generado una política de criminalización de las luchas sociales y de persecución, hostigamiento, represión brutal —que ha reeditado prácticas como la tortura, el asesinato político y la desaparición forzada—, “violentando en todos los casos el conjunto de las garantías individuales del pueblo”, y frente al abandono, indolencia, incapacidad y complicidad del Estado en sus tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, y los tres poderes de la unión: ejecutivo, legislativo y judicial, al haber abandonado sus obligaciones constitucionales, las organizaciones convocantes se constituyeron en Tribunal de Justicia Popular.
En ese carácter, manifestaron que, “ante la inutilidad y parcialidad manifiesta de los órganos de procuración e impartición de justicia mexicanos, decidieron enjuiciar a: Felipe Calderón, Ulises Ruiz, Enrique Peña Nieto, Mario Marín, Santiago Creel, Diódoro Carrasco, César Ruiz, Roberto Albores, Rafael Macedo de la Concha, Alfredo Oropeza Garnica, Francisco Ramírez Acuña, Guillermo Galván Galván, Eduardo Medina Mora, Wilfredo Robledo, Abel Villicana, Nazario Gutiérrez, Vicente Fox, general “n”. Vargas Fozado y a Genaro García Luna, a quienes resulten responsables como probables autores intelectuales y a las fuerzas represivas de los estados de Oaxaca, Estado de México, y Policía Federal Preventiva, “así como al ejército mexicano que ha actuado inconstitucionalmente en labores de policía, reprimiendo al pueblo mexicano, y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que mediante jurisprudencia permitió la utilización del ejército en esas labores”.
El Tribunal de Justicia Popular Nacional fundamentó su trabajo en lo dispuesto por los artículos 20, apartado A, fracción VI, 39, 108 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, así como las disposiciones contenidas en los instrumentos jurídicos internacionales que regulan y sancionan los crímenes de lesa humanidad, respecto a los cuales México es signante y ratificante, y quedó conformado por “ ciudadanas y ciudadanos independientes, en ejercicio pleno de nuestra libertad de expresión y manifestación”.
En la sesión del 3 de agosto de 2007, fueron presentadas y ratificadas las denuncias y recibieron pruebas que “inicial e indiciariamente acreditan la probable responsabilidad de los acusados en la comisión de delitos diversos, como son los siguientes: a) ordenar y propiciar ejecuciones extrajudiciales; b) ordenar y propiciar desaparición forzada de personas; c) ordenar y propiciar la aplicación de tortura, en forma sistemática, a todos los detenidos en los diversos movimientos sociales, en particular en San Salvador Atenco y Oaxaca; [...] d) ordenar y propiciar ataques a la integridad corporal y a la salud de grupos nacionales, particularmente los pueblos indios, toda vez que los acusados han aplicado una política económica en México que ha generado 60 millones de pobres y cientos de miles que mueren de inanición cada año, especialmente nuestros niños; [..] e) ordenar y propiciar lesiones; f) ordenar y propiciar violación sexual; g) ordenar y propiciar robo; h) ordenar y propiciar allanamientos de morada; i) practicar delincuencia organizada; j) el ejercicio indebido de la función pública; y h) daños en las cosas y lo que resulte”.
Por todas las consideraciones anteriores, por la gravedad de las acusaciones “y por el terrible drama social que ese estado de cosas representa para la nación mexicana”, el Tribunal acordó la continuación del juicio, para lo cual la Procuraduría Popular Nacional procederá a recabar el mayor caudal probatorio posible, como son las denuncias de sobrevivientes de la tortura, de víctimas de los hechos punibles, de familiares, amigos, compañeros y vecinos, así como mediante diligencias, como la inspección y el levantamiento de las actas circunstanciadas en los lugares de los hechos, incluidos los nuevos testimonios y dictámenes periciales de expertos en la materia que analicen a profundidad las circunstancias que inciden en este proceso.
Expuesto y fundado lo anterior, el Tribunal Popular Nacional resolvió instaurar juicio popular en contra de los acusados “por existir indicios preponderantes suficientes, así como fuertes presunciones legales y humanas, para procesarlos.
Asimismo, en tanto el Tribunal de Justicia Popular tramita el citado juicio, se declaró a los enjuiciados inhabilitados moralmente para realizar cualquier acto o declaración a nombre del pueblo de México o de alguno de sus sectores. Asimismo, deberán permanecer dentro del territorio nacional, en calidad de arraigados, a fin de que respondan de las acusaciones que el pueblo les formula y que se realizaron ante el Tribunal.
Toda vez que los acusados no comparecieron a juicio, se les hace efectivo el apercibimiento dictado con anterioridad y para no dejarlos en estado de indefensión este Tribunal Popular les designará un defensor, para que en su nombre alegue y, en su caso, ofrezca pruebas de descargo.
Finalmente, se dispuso continuar el Juicio con apego estricto a las normas constitucionales y legales nacionales invocadas, así como de los instrumentos jurídicos internacionales a los que se hizo alusión, hasta concluir con una resolución plenamente ajustada a derecho y con base en que el Tribunal Popular Nacional es un Tribunal de Conciencia.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
