Raúl Zibechi
En los últimos días dos prestigiosos economistas de izquierda coincidieron en apuntar hacia el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva como responsable por el retraso de la puesta en marcha del Banco del Sur. Con ello desnudaron que detrás de las declaraciones en favor de la integración regional, juegan un papel relevante los intereses vinculados con las multinacionales que están bloqueando las mejores intenciones encabezadas por Venezuela y Ecuador, secundadas por la mayor parte de los países sudamericanos.
El peruano Oscar Ugarteche, en un artículo titulado “Brasil versus Banco del Sur”, fue muy explícito al señalar que lo único que falta es voluntad política ya que los problemas técnicos están resueltos y el banco cuenta ya con estatuto: “La mayor resistencia del gobierno brasileño a la arquitectura regional es que quisiera que el Banco del Sur financie la IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana)”. El gobierno de Lula ha colocado en el centro de su política regional este conjunto de obras que buscan fomentar el comercio biocénico (Pacífico-Atlántico), para poner los recursos naturales de modo más barato y rápido en los mercados del primer mundo.
En realidad Brasil no necesita un banco regional que se desempeñe como entidad de desarrollo ya que posee su propio banco, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que cuenta con mayores recursos para invertir en la región que el BID y el Banco Mundial. Por eso, como señala Ugarteche, puso “el taco en la tierra” para frenar el lanzamiento del Banco del Sur que se iba a producir en julio en Venezuela. La conclusión, según el economista, es que “oponerse a la arquitectura financiera sudamericana es hacerle un servicio al status quo, al Tesoro estadunidense y a las instituciones financieras de Washington, debilitadas y desprestigiadas”.
El belga Eric Toussaint, presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, aseguró en entrevista que “Brasil no apoya la iniciativa del Banco del Sur porque no lo necesita para sus proyectos de potencia económica”. Sin embargo, el gobierno de Lula participa formalmente en la iniciativa “ya que si este banco se concretiza, Brasil no puede estar ausente porque podría perder una parte del peso dominante que tiene”. Mientras los gobiernos de Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales quieren acelerar la puesta en marcha del Banco del Sur, “Brasil trata de reducir la velocidad”, concluye Toussaint.
El tema no es menor y no depende de voluntades personales sino de estrategias de larga duración. Brasil quiere ser la potencia global de Sudamérica, y para ello necesita alzarse con la hegemonía regional. La IIRSA es una de las herramientas, ya que el principal beneficiado en la región será la burguesía paulista, por vía doble: se asegura la rápida circulación de mercancías hacia el norte y el grueso de las empresas constructoras de estas gigantescas obras de infraestructura serán brasileñas. Pero la IIRSA no es una creación de Lula, sino del anterior gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Lula se limita a continuarla y profundizarla.
Es necesario, entonces, comprender la estrategia de Brasil. En un reciente libro Samuel Pinheiro Guimaraes (Desafios brasileiros na era dos gigantes, Contraponto, 2006), el número dos de la diplomacia de Itamaraty explica los objetivos a largo plazo de su país: “El ascenso brasileño a la condición de gran potencia no debe ser considerado una utopía, sino un objetivo nacional necesario. Su no realización correspondería al fracaso en enfrentar los desafíos que tiene por delante y, por tanto, aceleraría el ingreso en un periodo de gran inestabilidad (y eventuales conflictos internos)”. Uno de los principales “desafíos” se relaciona con la distribución de la riqueza, ya que Brasil es considerado el “campeón mundial de la desigualdad”. Agrega que Sudamérica “es la región clave y base para la estrategia mundial de Brasil”.
La claridad del diplomático permite comprender el tipo de integración que busca Brasil. La burguesía brasileña opera de la misma forma como lo hacía la europea en los albores del imperialismo: para no verse forzada a una distribución de la riqueza necesitó expandirse hacia las regiones más pobres en las que podía obtener ganancias suplementarias. ¿No es eso lo que están haciendo las elites brasileñas, cuyas empresas dominan ya porciones importantes de las fuerzas productivas y de los recursos naturales de Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Argentina?
Es cierto, como apunta Ugarteche, que la oportunidad es ahora que el gobierno de George W. Bush está debilitado y no puede oponerse a una integración sudamericana autónoma al área del dólar. No sería la primera vez que una nación de este continente le hace el juego a la superpotencia. Pero sería la primera ocasión en que un gobierno que se proclama de “izquierda” contribuye a reforzar los lazos de dependencia. Por eso el debate abierto resulta prioritario. Los gobernantes de la región, por elementales razones diplomáticas, no pueden apuntar con el dedo a gobernantes de otros países. Pero los demás no podemos ni debemos disimular la existencia de dos caminos opuestos y contradictorios.
Ciertamente la situación en Brasil es muy difícil, sobre todo para los movimientos que son la única izquierda realmente existente. La opción por el etanol realizada por Lula al recibir a Bush en marzo pasado, equivale a darle vía libre a las multinacionales para avanzar sobre la Amazonia y la agricultura familiar. Por eso llama la atención que intelectuales europeos como Toni Negri, en gira por varios países de la región, sostenga la peregrina tesis de que todos los gobiernos progresistas apuntan en la misma dirección ya que fortalecen el multilateralismo. Eso es cierto, pero supone una mirada eurocéntrica. En estos momentos, en este continente, el verdadero multilateralismo pasa por impulsar una integración capaz de desafiar la hegemonía estadunidense, no de reforzarla.
sábado, septiembre 01, 2007
Maíz transgénico y descampesinización
Silvia Ribeiro*
Pese al claro rechazo al maíz transgénico por parte de la gran mayoría de la población, las trasnacionales que controlan el negocio siguen presionando para que se aprueben estos granos en México. Para ello prueban nuevas trampas y mentiras, a ver si alguna resulta. Si no, intentarán otros métodos, como hicieron para lograr que el Congreso apruebe una ley de bioseguridad (la Ley Monsanto) y luego una de certificación y comercialización de semillas, totalmente a su favor y en contra de los intereses nacionales.
Para las trasnacionales de los agro-transgénicos –que son las mismas que controlan el mercado mundial de semillas comerciales– es fundamental legalizar la contaminación transgénica en México a través del aval oficial para su siembra. México, por su alto consumo de maíz, es un mercado importante, sobre todo si todos usaran sus semillas.
Pero tienen un “problema”: más del 85 por ciento de los productores de maíz son campesinos, no quieren transgénicos y usan sus propias semillas. Incluso en los casos que estos campesinos usan híbridos, la mayoría son resultantes de la investigación pública y además, los “acriollan”, es decir, los adaptan y vuelven a sembrarlos.
Mirando las estrategias de las trasnacionales, apoyadas por leyes y políticas gubernamentales, parecería que la solución que pretenden dar a esto es terminar con los campesinos. A ver si así por fin dejan sus semillas y los que queden no tengan más opción que comprárselas a ellos.
Por un lado llevan una guerra mediática y demagógica con amenazas como “ya, muy pronto, el próximo mes o el siguiente” se aprobará la “experimentación” con maíz transgénico, que en realidad no se propone “experimentar” nada, sino abrir el canal para su comercialización.
Para decorar este escenario y ocultar el desprecio que tienen por el maíz nativo (del cual sacaron todas las variedades que hoy venden), las trasnacionales se consiguieron unos agricultores títere que se muestran negando alegremente lo mejor de su historia y su país. El libreto de este teatrito es el contrato de Monsanto con la CNC, que afirma crearán un banco de semillas de maíz nativo y al mismo tiempo promoverán la introducción de maíz transgénico. O sea, el zorro va a cuidar a las gallinas, abriendo una empresa de venta de pollos.
Aunque el proyecto es ridículo –por ejemplo dicen muy ufanos que “ya tienen 60 variedades”, cuando en México hay miles de variedades de maíz nativo en las comunidades campesinas– el papel al que se presta la CNC, no sólo es una traición, como lo han llamado los campesinos, sino una vergüenza nacional e internacional, de dimensiones históricas. Tomando el discurso que les dictan las transnacionales, dicen que es para que haya “opciones”. Pero no existe país en el mundo donde habiendo transgénicos no se haya contaminado. La contaminación es inevitable y por tanto intencional. Sirve a las empresas para crear situaciones de hecho y que todos tengan que primero aceptar los transgénicos, y ya legalizados, pagar por ellos. También dice la CNC que es “para conservar” las semillas porque otras instituciones no lo hacen. ¡Qué ignorancia! La diversidad del maíz no es la que puedan congelar en un banco, que de todos modos sí los hay públicos, sino la que existe en los campos, viva y alimentada en cada siembra, en cada intercambio, por las familias campesinas e indígenas.
Pero hay situaciones más peligrosas. Monsanto, por ejemplo, ha logrado en Veracruz –con la complicidad de Sedeso y la Fundación Miguel Alemán–, embarcar a grupos de campesinos a sembrar maíz híbrido, con la promesa de que sacarían mucha producción y les pagarían un precio más alto. Les dijeron que estaba “comprobado” que si usaban los agrotóxicos que vienen en el mismo paquete y trabajaban con tractores, obtendrían altos rendimientos, y que ellos comprarían la producción. Las instituciones nombradas prestaron millones de pesos para adquirir maquinaria e insumos. Como no podían llegar al volumen que puso Monsanto, los campesinos arrendaron tierras de vecinos. Pero, el rendimiento no fue el “comprobado” y para la cosecha de invierno 2007 les pagaron apenas 1.50 pesos por kilo, por debajo del precio pactado. Los campesinos quedaron endeudados y sin maíz para comer. Este tipo de experimentos o muy similares se repiten en otras partes del país.
A Monsanto y otras empresas con prácticas similares, les resultan un excelente negocio (venden sus semillas y agrotóxicos, no corren riesgo, las instituciones los subsidian). Además, Monsanto no es un productor de grano de maíz, sino de semillas, entonces este experimento parece más bien diseñado para probar la adaptación de sus variedades híbridas a los distintos climas y regiones del país, para luego convertirlas en transgénicos. Los costos del experimento, la tierra agotada, el trabajo mal pago, la contaminación con agrotóxicos y las deudas le quedan a los campesinos.
Las trasnacionales, los empresarios y muchas autoridades seguirán derrochando ingenio y dinero público para inventar maneras de expulsar a los campesinos y pueblos indígenas de la tierra. La lucha de resistencia, por lo tanto seguirá. Por todo ello no podemos olvidar que los campesinos siguen siendo la base real de la alimentación de todos. El tema no es “campesino”: es de todos.
*Investigadora del Grupo ETC
Pese al claro rechazo al maíz transgénico por parte de la gran mayoría de la población, las trasnacionales que controlan el negocio siguen presionando para que se aprueben estos granos en México. Para ello prueban nuevas trampas y mentiras, a ver si alguna resulta. Si no, intentarán otros métodos, como hicieron para lograr que el Congreso apruebe una ley de bioseguridad (la Ley Monsanto) y luego una de certificación y comercialización de semillas, totalmente a su favor y en contra de los intereses nacionales.
Para las trasnacionales de los agro-transgénicos –que son las mismas que controlan el mercado mundial de semillas comerciales– es fundamental legalizar la contaminación transgénica en México a través del aval oficial para su siembra. México, por su alto consumo de maíz, es un mercado importante, sobre todo si todos usaran sus semillas.
Pero tienen un “problema”: más del 85 por ciento de los productores de maíz son campesinos, no quieren transgénicos y usan sus propias semillas. Incluso en los casos que estos campesinos usan híbridos, la mayoría son resultantes de la investigación pública y además, los “acriollan”, es decir, los adaptan y vuelven a sembrarlos.
Mirando las estrategias de las trasnacionales, apoyadas por leyes y políticas gubernamentales, parecería que la solución que pretenden dar a esto es terminar con los campesinos. A ver si así por fin dejan sus semillas y los que queden no tengan más opción que comprárselas a ellos.
Por un lado llevan una guerra mediática y demagógica con amenazas como “ya, muy pronto, el próximo mes o el siguiente” se aprobará la “experimentación” con maíz transgénico, que en realidad no se propone “experimentar” nada, sino abrir el canal para su comercialización.
Para decorar este escenario y ocultar el desprecio que tienen por el maíz nativo (del cual sacaron todas las variedades que hoy venden), las trasnacionales se consiguieron unos agricultores títere que se muestran negando alegremente lo mejor de su historia y su país. El libreto de este teatrito es el contrato de Monsanto con la CNC, que afirma crearán un banco de semillas de maíz nativo y al mismo tiempo promoverán la introducción de maíz transgénico. O sea, el zorro va a cuidar a las gallinas, abriendo una empresa de venta de pollos.
Aunque el proyecto es ridículo –por ejemplo dicen muy ufanos que “ya tienen 60 variedades”, cuando en México hay miles de variedades de maíz nativo en las comunidades campesinas– el papel al que se presta la CNC, no sólo es una traición, como lo han llamado los campesinos, sino una vergüenza nacional e internacional, de dimensiones históricas. Tomando el discurso que les dictan las transnacionales, dicen que es para que haya “opciones”. Pero no existe país en el mundo donde habiendo transgénicos no se haya contaminado. La contaminación es inevitable y por tanto intencional. Sirve a las empresas para crear situaciones de hecho y que todos tengan que primero aceptar los transgénicos, y ya legalizados, pagar por ellos. También dice la CNC que es “para conservar” las semillas porque otras instituciones no lo hacen. ¡Qué ignorancia! La diversidad del maíz no es la que puedan congelar en un banco, que de todos modos sí los hay públicos, sino la que existe en los campos, viva y alimentada en cada siembra, en cada intercambio, por las familias campesinas e indígenas.
Pero hay situaciones más peligrosas. Monsanto, por ejemplo, ha logrado en Veracruz –con la complicidad de Sedeso y la Fundación Miguel Alemán–, embarcar a grupos de campesinos a sembrar maíz híbrido, con la promesa de que sacarían mucha producción y les pagarían un precio más alto. Les dijeron que estaba “comprobado” que si usaban los agrotóxicos que vienen en el mismo paquete y trabajaban con tractores, obtendrían altos rendimientos, y que ellos comprarían la producción. Las instituciones nombradas prestaron millones de pesos para adquirir maquinaria e insumos. Como no podían llegar al volumen que puso Monsanto, los campesinos arrendaron tierras de vecinos. Pero, el rendimiento no fue el “comprobado” y para la cosecha de invierno 2007 les pagaron apenas 1.50 pesos por kilo, por debajo del precio pactado. Los campesinos quedaron endeudados y sin maíz para comer. Este tipo de experimentos o muy similares se repiten en otras partes del país.
A Monsanto y otras empresas con prácticas similares, les resultan un excelente negocio (venden sus semillas y agrotóxicos, no corren riesgo, las instituciones los subsidian). Además, Monsanto no es un productor de grano de maíz, sino de semillas, entonces este experimento parece más bien diseñado para probar la adaptación de sus variedades híbridas a los distintos climas y regiones del país, para luego convertirlas en transgénicos. Los costos del experimento, la tierra agotada, el trabajo mal pago, la contaminación con agrotóxicos y las deudas le quedan a los campesinos.
Las trasnacionales, los empresarios y muchas autoridades seguirán derrochando ingenio y dinero público para inventar maneras de expulsar a los campesinos y pueblos indígenas de la tierra. La lucha de resistencia, por lo tanto seguirá. Por todo ello no podemos olvidar que los campesinos siguen siendo la base real de la alimentación de todos. El tema no es “campesino”: es de todos.
*Investigadora del Grupo ETC
Los trabajadores, nueve meses después
Arturo Alcalde Justiniani
El escenario del Informe presidencial, ya sea en el Palacio Legislativo o en el Auditorio Nacional, no debería ser centro de la atención pública; lo esencial es su contenido, la rendición de cuentas, comparar las promesas con los hechos. En el campo laboral, el análisis nos obliga a revisar las variables fundamentales: empleo, salario, administración de la justicia, reformas y propuestas para responder a necesidades del país, en general, y de la mayoría de la población, aquella que a la hora de los saldos siempre sale perdiendo.
El comportamiento del empleo durante la gestión de Felipe Calderón tiene varias lecturas. Si nos atenemos a los datos del desempleo abierto, observamos un incremento de 3.47 a 3.95 por ciento, situación que se agrava por el brutal crecimiento del empleo informal, a grado tal que más de la mitad de la población económicamente activa se encuentra en esa situación.
La creación de nuevas plazas, de acuerdo con la información del Instituto Mexicano del Seguro Social, presenta un repunte de casi 540 mil empleos. Comparado con el viejo reclamo de crear anualmente alrededor de un millón de puestos, este dato parece positivo; sin embargo, cuando entramos al análisis puntual, sobresale que alrededor de 60 por ciento de éstos son de carácter temporal y se ejercen en condiciones precarias. El Programa del Primer Empleo, tan publicitado por el gobierno federal, ha generado magros resultados por la baja aceptación entre los empresarios.
En materia salarial, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática reporta una inflación de 4.36 por ciento en este periodo; si bien no existen datos precisos sobre incremento salarial, atendiendo al aumento del mínimo en 3.9 por ciento (otorgado el pasado mes de diciembre), los trabajadores salen perdiendo. En el proyecto de presupuesto, de próxima entrega, podremos confirmar si esta injusta política salarial se redita.
La verdadera política laboral en el inicio de este sexenio se expone en la posición asumida por el Ejecutivo federal frente a los conflictos, en los cuales ha sido patente su alianza con el sector patronal. Por su dimensión, destacan tres. El embate de Grupo México contra los trabajadores mineros, que al inicio del sexenio parecía enderezarse, cuando la Secretaría del Trabajo, acatando una sentencia judicial, repuso a la directiva sindical ilegalmente depuesta. Con esas acciones se generaron expectativas de que este gobierno iba a doblegar a la soberbia empresarial y a crear condiciones para un ambiente recíproco de respeto, como ocurre en otras empresas del sector minero. Lamentablemente se repitieron errores pasados y se hizo causa común con los empleadores, transitando hacia un callejón sin salida.
El segundo caso es el golpe gubernamental a los sobrecargos de Mexicana de Aviación, quienes fueron afectados por la modificación de sus condiciones de trabajo, además de que se les negó toda acción legal para defenderse. La manera en que se resolvió este conflicto manda una señal peligrosa: el gobierno está dispuesto a retorcer la justicia laboral para apoyar a las empresas, sacando del cajón de los olvidos un expediente en desuso: los conflictos colectivos de naturaleza económica.
Esta actitud genera agravios que enturbian el escenario laboral, tan necesitado de reformas estructurales que favorezcan la concertación responsable, el sindicalismo honesto y la mejora sustantiva de los salarios y la seguridad social.
En tanto, el tercer caso fue la promoción de la nueva Ley del ISSSTE, que jamás podrá calificarse de acierto, simplemente porque engaña a los trabajadores prometiéndoles mejores pensiones, cuando en los hechos convierte a las aseguradoras privadas en los principales beneficiarios. La reforma se pudo plantear de manera distinta si hubiera prevalecido el interés social. Se optó por la visión privatizadora que ha generado una rebeldía inesperada: más de la mitad de los 2.4 millones de afiliados al instituto expresaron su oposición a la reforma por la vía directa o mediante amparos. Cuatro meses después, muy pocos creen en las campañas del gobierno. Cada día se acredita, incluso con datos de organismos internacionales, que los impugnadores de la ley tenían razón, al menos en sus argumentos centrales.
Evaluar al gobierno en materia laboral obliga a revisar cuáles son sus verdaderos intereses y alianzas, y ayuda a ubicar en quiénes se apoya para tomar las principales decisiones y diseñar sus planes futuros. Desafortunadamente, siguen siendo, por un lado, el sector empresarial más duro y, por otro, el sindicalismo corporativo y sus liderazgos anquilosados. Esta área parece ser su mayor debilidad, pues explica la ausencia de iniciativas para defender el valor del trabajo frente a embates tan evidentes como la subcontratación, la simulación de las llamadas empresas de servicio y la creciente tendencia a la precarización laboral.
Bien sabemos que México se ha quedado, en lo general, rezagado frente a muchos otros países en materia de crecimiento, competitividad, gasto social y, sobre todo, cohesión social para compartir un proyecto común.
Al margen de su actuación concreta, el Ejecutivo federal debe explicitar la política laboral que aplicará en el futuro. Se ha archivado el lenguaje superfluo de la “nueva cultura laboral”, tan pregonada por su antecesor; se han dado pasos en favor de la transparencia en materia de información laboral, pero los retos fundamentales no pueden seguir soslayados, especialmente la reforma institucional que permita, como en muchos otros países, mejorar los niveles de protección, haciéndolos compatibles con los ajustes y la flexibilidad del mercado. No hay acciones ni planes alentadores, a pesar de que el campo laboral es un área de oportunidad para reducir el encono social, producto esencial de la creciente inequidad.
El escenario del Informe presidencial, ya sea en el Palacio Legislativo o en el Auditorio Nacional, no debería ser centro de la atención pública; lo esencial es su contenido, la rendición de cuentas, comparar las promesas con los hechos. En el campo laboral, el análisis nos obliga a revisar las variables fundamentales: empleo, salario, administración de la justicia, reformas y propuestas para responder a necesidades del país, en general, y de la mayoría de la población, aquella que a la hora de los saldos siempre sale perdiendo.
El comportamiento del empleo durante la gestión de Felipe Calderón tiene varias lecturas. Si nos atenemos a los datos del desempleo abierto, observamos un incremento de 3.47 a 3.95 por ciento, situación que se agrava por el brutal crecimiento del empleo informal, a grado tal que más de la mitad de la población económicamente activa se encuentra en esa situación.
La creación de nuevas plazas, de acuerdo con la información del Instituto Mexicano del Seguro Social, presenta un repunte de casi 540 mil empleos. Comparado con el viejo reclamo de crear anualmente alrededor de un millón de puestos, este dato parece positivo; sin embargo, cuando entramos al análisis puntual, sobresale que alrededor de 60 por ciento de éstos son de carácter temporal y se ejercen en condiciones precarias. El Programa del Primer Empleo, tan publicitado por el gobierno federal, ha generado magros resultados por la baja aceptación entre los empresarios.
En materia salarial, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática reporta una inflación de 4.36 por ciento en este periodo; si bien no existen datos precisos sobre incremento salarial, atendiendo al aumento del mínimo en 3.9 por ciento (otorgado el pasado mes de diciembre), los trabajadores salen perdiendo. En el proyecto de presupuesto, de próxima entrega, podremos confirmar si esta injusta política salarial se redita.
La verdadera política laboral en el inicio de este sexenio se expone en la posición asumida por el Ejecutivo federal frente a los conflictos, en los cuales ha sido patente su alianza con el sector patronal. Por su dimensión, destacan tres. El embate de Grupo México contra los trabajadores mineros, que al inicio del sexenio parecía enderezarse, cuando la Secretaría del Trabajo, acatando una sentencia judicial, repuso a la directiva sindical ilegalmente depuesta. Con esas acciones se generaron expectativas de que este gobierno iba a doblegar a la soberbia empresarial y a crear condiciones para un ambiente recíproco de respeto, como ocurre en otras empresas del sector minero. Lamentablemente se repitieron errores pasados y se hizo causa común con los empleadores, transitando hacia un callejón sin salida.
El segundo caso es el golpe gubernamental a los sobrecargos de Mexicana de Aviación, quienes fueron afectados por la modificación de sus condiciones de trabajo, además de que se les negó toda acción legal para defenderse. La manera en que se resolvió este conflicto manda una señal peligrosa: el gobierno está dispuesto a retorcer la justicia laboral para apoyar a las empresas, sacando del cajón de los olvidos un expediente en desuso: los conflictos colectivos de naturaleza económica.
Esta actitud genera agravios que enturbian el escenario laboral, tan necesitado de reformas estructurales que favorezcan la concertación responsable, el sindicalismo honesto y la mejora sustantiva de los salarios y la seguridad social.
En tanto, el tercer caso fue la promoción de la nueva Ley del ISSSTE, que jamás podrá calificarse de acierto, simplemente porque engaña a los trabajadores prometiéndoles mejores pensiones, cuando en los hechos convierte a las aseguradoras privadas en los principales beneficiarios. La reforma se pudo plantear de manera distinta si hubiera prevalecido el interés social. Se optó por la visión privatizadora que ha generado una rebeldía inesperada: más de la mitad de los 2.4 millones de afiliados al instituto expresaron su oposición a la reforma por la vía directa o mediante amparos. Cuatro meses después, muy pocos creen en las campañas del gobierno. Cada día se acredita, incluso con datos de organismos internacionales, que los impugnadores de la ley tenían razón, al menos en sus argumentos centrales.
Evaluar al gobierno en materia laboral obliga a revisar cuáles son sus verdaderos intereses y alianzas, y ayuda a ubicar en quiénes se apoya para tomar las principales decisiones y diseñar sus planes futuros. Desafortunadamente, siguen siendo, por un lado, el sector empresarial más duro y, por otro, el sindicalismo corporativo y sus liderazgos anquilosados. Esta área parece ser su mayor debilidad, pues explica la ausencia de iniciativas para defender el valor del trabajo frente a embates tan evidentes como la subcontratación, la simulación de las llamadas empresas de servicio y la creciente tendencia a la precarización laboral.
Bien sabemos que México se ha quedado, en lo general, rezagado frente a muchos otros países en materia de crecimiento, competitividad, gasto social y, sobre todo, cohesión social para compartir un proyecto común.
Al margen de su actuación concreta, el Ejecutivo federal debe explicitar la política laboral que aplicará en el futuro. Se ha archivado el lenguaje superfluo de la “nueva cultura laboral”, tan pregonada por su antecesor; se han dado pasos en favor de la transparencia en materia de información laboral, pero los retos fundamentales no pueden seguir soslayados, especialmente la reforma institucional que permita, como en muchos otros países, mejorar los niveles de protección, haciéndolos compatibles con los ajustes y la flexibilidad del mercado. No hay acciones ni planes alentadores, a pesar de que el campo laboral es un área de oportunidad para reducir el encono social, producto esencial de la creciente inequidad.
La reformita electoral
John M. Ackerman
La propuesta de reforma constitucional presentada de manera sorpresiva en el último día de la gestión de Manlio Fabio Beltrones como presidente de la comisión ejecutiva para la reforma del Estado no responde a las demandas ciudadanas ni atiende de fondo las graves carencias en materia electoral. Esperábamos una reforma histórica que ayudara a rencauzar nuestra democracia, tan agraviada por la impunidad, la simulación y la falta de legitimidad. A cambio se nos ofrece una propuesta reducida, que deja fuera los asuntos medulares.
Quizá lo más preocupante sea la rotunda resistencia de los legisladores para detener el cada vez más abundante flujo de recursos que llevan nuestros impuestos a las arcas de los grandes consorcios televisivos. Al parecer seguiremos con el régimen de costumbre en que el dinero y las “buenas relaciones” con las televisoras decidirán la suerte de los candidatos.
La propuesta de Beltrones no reduce en lo absoluto el financiamiento anual para las actividades ordinarias de los partidos, sólo se limita a reducir el financiamiento adicional que se les otorga en años electorales. Lo que tal reducción provocará, si no se transforma de fondo el régimen de contratación de medios, es la búsqueda desesperada por parte de candidatos y partidos de fuentes alternas de financiamiento. Los narcotraficantes, sin duda, estarán muy complacidos con la oportunidad de llenar el vacío que súbitamente se les abre.
Del mismo modo en que los legisladores y los partidos mostraron su indigna subordinación ante los grandes consorcios mediáticos con la aprobación de la ley Televisa, hoy también se niegan a enfrentar el poder fáctico de la gran pantalla. Nuestros políticos tampoco se atreven a enfrentar la intervención indebida del sector privado en las campañas electorales. El código electoral ya prohíbe de manera explícita los donativos de empresas mercantiles y la contratación de propaganda de parte de terceros. El problema no era la ausencia de prohibiciones, sino de sanciones explícitas, argumento que ha sido esgrimido por el IFE, el tribunal electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para justificar su total pasividad frente a graves violaciones que se cometieron en el proceso electoral pasado.
Con la reforma se abre la posibilidad de que el IFE pueda sancionar económica o administrativamente a las “personas físicas o morales”, además de que se anula el llamado secreto fiscal. Esto podría implicar un avance si la ley secundaria reglamentara estas facultades con toda precisión. Sin embargo, la propuesta deja totalmente fuera la aplicación de sanciones penales a los actores privados que violen la ley. Como bien sabemos, la amenaza de algunas multas aquí o allá nunca detendrá las ambiciosas tendencias de los grandes intereses económicos del país. La cárcel, en cambio, sería un desincentivo más efectivo.
Los integrantes de la comisión ejecutiva para la reforma del Estado también han mostrado su total falta de compromiso con la ciudadanía, al dejar completamente intacto el actual proceso de nombramiento de los consejeros electorales a partir de las propuestas de grupos parlamentarios. Tal procedimiento garantiza que los nuevos funcinarios deban sus puestos de manera directa a uno u otro partido. Por muy “ciudadano” que sea su perfil, los nuevos consejeros estarán marcados de origen.
Otras propuestas sumamente preocupantes son la cancelación de la posibilidad de anular comicios por la vía “abstracta”; la eliminación de la facultad de la Corte para investigar de oficio “la violación del voto público”, y la ausencia de algún pronunciamiento con respecto a la autonomía de la Fepade.
Los partidos seguramente anunciarán que el plan es arreglar estos y otros problemas a la hora de aterrizar las reformas constitucionales en la ley electoral. Pero la historia nos enseña que tales afirmaciones son poco más que una cortina de humo. En 1989, en aras de conseguir el apoyo del PAN para la reforma constitucional, los legisladores del PRI firmaron una “carta de intención” en la que se comprometían formalmente con el contenido de la ley secundaria. El tricolor tardó menos de tres meses en desconocer el contenido de la famosa carta.
En 1996, después de meses de negociación y una reforma constitucional aprobada por consenso, el PRI, sorpresivamente, cambió de postura y aprobó por la libre la nueva versión del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Eso permitió que de última hora el monto del financiamiento público para los partidos se quintuplicara, que los candados para evitar que militantes fueran al mismo tiempo funcionarios electorales se desvanecieran, que el alcance de las coaliciones se acotara, que la fórmula para distribuir los tiempos oficiales se modificara por completo, y que las penalizaciones por la violación de topes de campaña se atenuaran de forma importante.
Estamos en una coyuntura crucial. Lo que no se incluya en la actual reforma constitucional muy difícilmente se podrá incorporar mañana. Más vale que los legisladores rectifiquen hoy, en lugar de lamentar durante años las grandes oportunidades perdidas en aquel otoño de 2007.
Integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La propuesta de reforma constitucional presentada de manera sorpresiva en el último día de la gestión de Manlio Fabio Beltrones como presidente de la comisión ejecutiva para la reforma del Estado no responde a las demandas ciudadanas ni atiende de fondo las graves carencias en materia electoral. Esperábamos una reforma histórica que ayudara a rencauzar nuestra democracia, tan agraviada por la impunidad, la simulación y la falta de legitimidad. A cambio se nos ofrece una propuesta reducida, que deja fuera los asuntos medulares.
Quizá lo más preocupante sea la rotunda resistencia de los legisladores para detener el cada vez más abundante flujo de recursos que llevan nuestros impuestos a las arcas de los grandes consorcios televisivos. Al parecer seguiremos con el régimen de costumbre en que el dinero y las “buenas relaciones” con las televisoras decidirán la suerte de los candidatos.
La propuesta de Beltrones no reduce en lo absoluto el financiamiento anual para las actividades ordinarias de los partidos, sólo se limita a reducir el financiamiento adicional que se les otorga en años electorales. Lo que tal reducción provocará, si no se transforma de fondo el régimen de contratación de medios, es la búsqueda desesperada por parte de candidatos y partidos de fuentes alternas de financiamiento. Los narcotraficantes, sin duda, estarán muy complacidos con la oportunidad de llenar el vacío que súbitamente se les abre.
Del mismo modo en que los legisladores y los partidos mostraron su indigna subordinación ante los grandes consorcios mediáticos con la aprobación de la ley Televisa, hoy también se niegan a enfrentar el poder fáctico de la gran pantalla. Nuestros políticos tampoco se atreven a enfrentar la intervención indebida del sector privado en las campañas electorales. El código electoral ya prohíbe de manera explícita los donativos de empresas mercantiles y la contratación de propaganda de parte de terceros. El problema no era la ausencia de prohibiciones, sino de sanciones explícitas, argumento que ha sido esgrimido por el IFE, el tribunal electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para justificar su total pasividad frente a graves violaciones que se cometieron en el proceso electoral pasado.
Con la reforma se abre la posibilidad de que el IFE pueda sancionar económica o administrativamente a las “personas físicas o morales”, además de que se anula el llamado secreto fiscal. Esto podría implicar un avance si la ley secundaria reglamentara estas facultades con toda precisión. Sin embargo, la propuesta deja totalmente fuera la aplicación de sanciones penales a los actores privados que violen la ley. Como bien sabemos, la amenaza de algunas multas aquí o allá nunca detendrá las ambiciosas tendencias de los grandes intereses económicos del país. La cárcel, en cambio, sería un desincentivo más efectivo.
Los integrantes de la comisión ejecutiva para la reforma del Estado también han mostrado su total falta de compromiso con la ciudadanía, al dejar completamente intacto el actual proceso de nombramiento de los consejeros electorales a partir de las propuestas de grupos parlamentarios. Tal procedimiento garantiza que los nuevos funcinarios deban sus puestos de manera directa a uno u otro partido. Por muy “ciudadano” que sea su perfil, los nuevos consejeros estarán marcados de origen.
Otras propuestas sumamente preocupantes son la cancelación de la posibilidad de anular comicios por la vía “abstracta”; la eliminación de la facultad de la Corte para investigar de oficio “la violación del voto público”, y la ausencia de algún pronunciamiento con respecto a la autonomía de la Fepade.
Los partidos seguramente anunciarán que el plan es arreglar estos y otros problemas a la hora de aterrizar las reformas constitucionales en la ley electoral. Pero la historia nos enseña que tales afirmaciones son poco más que una cortina de humo. En 1989, en aras de conseguir el apoyo del PAN para la reforma constitucional, los legisladores del PRI firmaron una “carta de intención” en la que se comprometían formalmente con el contenido de la ley secundaria. El tricolor tardó menos de tres meses en desconocer el contenido de la famosa carta.
En 1996, después de meses de negociación y una reforma constitucional aprobada por consenso, el PRI, sorpresivamente, cambió de postura y aprobó por la libre la nueva versión del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Eso permitió que de última hora el monto del financiamiento público para los partidos se quintuplicara, que los candados para evitar que militantes fueran al mismo tiempo funcionarios electorales se desvanecieran, que el alcance de las coaliciones se acotara, que la fórmula para distribuir los tiempos oficiales se modificara por completo, y que las penalizaciones por la violación de topes de campaña se atenuaran de forma importante.
Estamos en una coyuntura crucial. Lo que no se incluya en la actual reforma constitucional muy difícilmente se podrá incorporar mañana. Más vale que los legisladores rectifiquen hoy, en lugar de lamentar durante años las grandes oportunidades perdidas en aquel otoño de 2007.
Integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Qué ha sucedido en este país
Enrique Calderón A.
A veces me cuesta trabajo explicar a los jóvenes, e incluso a mí mismo, lo que le ha pasado a nuestro país en los últimos 60 años (a partir de 1950). Desde luego que entonces había pobreza y nuestros problemas eran muchos en la ciudad, que padecía inundaciones, apagones y en ocasiones falta de víveres, o en el medio rural, donde faltaban escuelas, médicos y trabajo para los campesinos, que empezaban a migrar a las ciudades y a Estados Unidos. Sin embargo, éramos un país próspero, alegre y con una cultura de hondas raíces nacionales.
Los mexicanos nos sentíamos seguros y orgullosos de nosotros mismos, teníamos un país fuerte, sabíamos que contábamos con los recursos para superar nuestros problemas, de ello nos hablaban las escuelas y las universidades, los hospitales y las obras hidroeléctricas que surgían a lo largo de nuestro territorio, los cañaverales y los cultivos de maíz en el campo, las industrias y los pequeños talleres de artesanos en las ciudades.
Yo tuve oportunidad de salir a estudiar en 1963, para hacer un posgrado a Estados Unidos, y pude trabajar allí varios años, en una empresa de alta tecnología, para hacer mi tesis. Nunca pensé venir de un país inferior o atrasado, tampoco tuve la menor duda de que al terminar mis estudios regresaría a México, donde mis conocimientos serían útiles y me permitirían lograr un desarrollo profesional similar al de mis compañeros de escuela en aquel país.
Eso no pasa hoy. Los jóvenes emigran en busca de trabajos y oportunidades. Un buen número de los que salen a estudiar piensan desde el principio que aquí es poco lo que podrán hacer, en un país inseguro, cada día más controlado por la delincuencia organizada, sin certidumbre a futuro y sin motivos de orgullo más allá de los que nos pueda brindar algún deportista por un tiempo; no tenemos ni hemos tenido un proyecto de nación por mucho tiempo, tampoco pareciéramos contar con líderes capaces para recuperar el rumbo.
¿Cuál es la explicación de todo esto? ¿Cuándo fue que perdimos el rumbo? ¿Qué podemos hacer hoy para recuperar nuestro camino? ¿Se debe todo a nuestro crecimiento demográfico desmedido? Estas son preguntas que los mexicanos debiéramos hacernos, discutir sobre ellas, buscar respuestas colectivas, en especial para la tercera.
En la tercera: no es el crecimiento demográfico sino el crecimiento de la avaricia, de la rapacidad, de la corrupción, del cinismo y de la inmoralidad, no andemos buscándole por un lado que no es, eso se llama simulación.
En lo personal pienso que nuestro desastre tiene que ver con el proceso de globalización, no porque éste sea malo por sí mismo, pues existen evidencias en el sentido opuesto, sino por la forma en que ha sido instrumentado por gobernantes ineptos, rapaces, faltos de visón e irresponsables, comprometidos más con intereses y empresas extranjeras que con el país al que supuestamente servían. De ello da cuenta la aplicación de prácticas que los gobiernos impulsores de la globalización no han realizado en sus propios países.
El proceso de globalización sí tiene que ver con ese desastre porque es en sí mismo malo, mutila la pluralidad, la diversidad y provee a los países ricos de herramientas para explotar a los pobres, no nos hagamos.
La permisividad de prácticas monopólicas, la entrega del mercado de consumo a empresas extranjeras, con el desmantelamiento consecuente de cadenas productivas mexicanas, la ausencia de créditos y apoyos para los pequeños productores agropecuarios e industriales, la falta de visión para utilizar la industria energética nacional como motor del desarrollo interno, tal como ha sucedido en otros países y, desde luego, la generalización de las prácticas de corrupción arropada por una supuesta normatividad y transparencia gubernamental, están en el origen de la problemática descrita.
No es una coincidencia que al final de todo esto, el actual gobierno sea uno de los más débiles y cuestionados de la historia moderna de México. Su permanencia en el poder requiere del establecimiento y cumplimiento de compromisos con algunos de los grupos de interés más cuestionados, incluyendo a los asociados con el gobierno anterior.
Su permanencia en el poder es inadmisible porque es espurio, está usurpando un cargo que no le corresponde. Es ingenuo que pensar que pueda cumplir compromisos con el pueblo que es a quien sirve, los únicos compromisos que medio puede cumplir es con aquellos sectores que le orquestaron el fraude y que pertenecen a las capas rapaces, explotadoras y apátridas. Así que lo mejor es que el gobierno usurpador renuncie para empezar con la incipiente democracia que habíamos ganado.
En este escenario resulta difícil pensar en soluciones a corto plazo, ni de carácter genérico; me atrevo a pensar, por ello, en proyectos puntuales en campos específicos, que permitan resolver algunos de los problemas estructurales que enfrenta el país, y que al mismo tiempo puedan servir de motores para la generación de empleos y de ejemplos a seguir, declarándolos proyectos nacionales de alta prioridad, reservados para su ejecución por empresas mexicanas con una normatividad orientada al fomento económico.
Jajajajaja, increíble, creo que este Calderón, que no es el espurio, vive en otro país, ¿de dónde sacará esas esperanzas?
Algunos ejemplos específicos podrían estar relacionados con: A) El desarrollo y la aplicación de fuentes alternas de energía en la industria, el transporte y los servicios urbanos. B) El desarrollo de un plan de servicios, de cuidado y atención, de capacitación, de actividades productivas y de entretenimiento para los adultos mayores. C) El desarrollo de un programa orientado a la conformación de una industria de alimentos, orientada a asegurar tanto nuestra autosuficiencia alimentaria como una capacidad razonable de exportación.
Ajá...
Estoy seguro de que otros temas igualmente importantes pueden ser sugeridos por los lectores. Muchas naciones han utilizado con éxito este tipo de estrategias.
¿Por qué no se da una asomada por los medios alternativos? O que vea la Verdad sea dicha aunque se desvele, de todas formas sus buenas intenciones nostálgicas parecen de desvelado. Pareciera que supone legitimar al gobierno si se aplican unos parches por aquí y por allá para seguir en la simulación.
A veces me cuesta trabajo explicar a los jóvenes, e incluso a mí mismo, lo que le ha pasado a nuestro país en los últimos 60 años (a partir de 1950). Desde luego que entonces había pobreza y nuestros problemas eran muchos en la ciudad, que padecía inundaciones, apagones y en ocasiones falta de víveres, o en el medio rural, donde faltaban escuelas, médicos y trabajo para los campesinos, que empezaban a migrar a las ciudades y a Estados Unidos. Sin embargo, éramos un país próspero, alegre y con una cultura de hondas raíces nacionales.
Los mexicanos nos sentíamos seguros y orgullosos de nosotros mismos, teníamos un país fuerte, sabíamos que contábamos con los recursos para superar nuestros problemas, de ello nos hablaban las escuelas y las universidades, los hospitales y las obras hidroeléctricas que surgían a lo largo de nuestro territorio, los cañaverales y los cultivos de maíz en el campo, las industrias y los pequeños talleres de artesanos en las ciudades.
Yo tuve oportunidad de salir a estudiar en 1963, para hacer un posgrado a Estados Unidos, y pude trabajar allí varios años, en una empresa de alta tecnología, para hacer mi tesis. Nunca pensé venir de un país inferior o atrasado, tampoco tuve la menor duda de que al terminar mis estudios regresaría a México, donde mis conocimientos serían útiles y me permitirían lograr un desarrollo profesional similar al de mis compañeros de escuela en aquel país.
Eso no pasa hoy. Los jóvenes emigran en busca de trabajos y oportunidades. Un buen número de los que salen a estudiar piensan desde el principio que aquí es poco lo que podrán hacer, en un país inseguro, cada día más controlado por la delincuencia organizada, sin certidumbre a futuro y sin motivos de orgullo más allá de los que nos pueda brindar algún deportista por un tiempo; no tenemos ni hemos tenido un proyecto de nación por mucho tiempo, tampoco pareciéramos contar con líderes capaces para recuperar el rumbo.
¿Cuál es la explicación de todo esto? ¿Cuándo fue que perdimos el rumbo? ¿Qué podemos hacer hoy para recuperar nuestro camino? ¿Se debe todo a nuestro crecimiento demográfico desmedido? Estas son preguntas que los mexicanos debiéramos hacernos, discutir sobre ellas, buscar respuestas colectivas, en especial para la tercera.
En la tercera: no es el crecimiento demográfico sino el crecimiento de la avaricia, de la rapacidad, de la corrupción, del cinismo y de la inmoralidad, no andemos buscándole por un lado que no es, eso se llama simulación.
En lo personal pienso que nuestro desastre tiene que ver con el proceso de globalización, no porque éste sea malo por sí mismo, pues existen evidencias en el sentido opuesto, sino por la forma en que ha sido instrumentado por gobernantes ineptos, rapaces, faltos de visón e irresponsables, comprometidos más con intereses y empresas extranjeras que con el país al que supuestamente servían. De ello da cuenta la aplicación de prácticas que los gobiernos impulsores de la globalización no han realizado en sus propios países.
El proceso de globalización sí tiene que ver con ese desastre porque es en sí mismo malo, mutila la pluralidad, la diversidad y provee a los países ricos de herramientas para explotar a los pobres, no nos hagamos.
La permisividad de prácticas monopólicas, la entrega del mercado de consumo a empresas extranjeras, con el desmantelamiento consecuente de cadenas productivas mexicanas, la ausencia de créditos y apoyos para los pequeños productores agropecuarios e industriales, la falta de visión para utilizar la industria energética nacional como motor del desarrollo interno, tal como ha sucedido en otros países y, desde luego, la generalización de las prácticas de corrupción arropada por una supuesta normatividad y transparencia gubernamental, están en el origen de la problemática descrita.
No es una coincidencia que al final de todo esto, el actual gobierno sea uno de los más débiles y cuestionados de la historia moderna de México. Su permanencia en el poder requiere del establecimiento y cumplimiento de compromisos con algunos de los grupos de interés más cuestionados, incluyendo a los asociados con el gobierno anterior.
Su permanencia en el poder es inadmisible porque es espurio, está usurpando un cargo que no le corresponde. Es ingenuo que pensar que pueda cumplir compromisos con el pueblo que es a quien sirve, los únicos compromisos que medio puede cumplir es con aquellos sectores que le orquestaron el fraude y que pertenecen a las capas rapaces, explotadoras y apátridas. Así que lo mejor es que el gobierno usurpador renuncie para empezar con la incipiente democracia que habíamos ganado.
En este escenario resulta difícil pensar en soluciones a corto plazo, ni de carácter genérico; me atrevo a pensar, por ello, en proyectos puntuales en campos específicos, que permitan resolver algunos de los problemas estructurales que enfrenta el país, y que al mismo tiempo puedan servir de motores para la generación de empleos y de ejemplos a seguir, declarándolos proyectos nacionales de alta prioridad, reservados para su ejecución por empresas mexicanas con una normatividad orientada al fomento económico.
Jajajajaja, increíble, creo que este Calderón, que no es el espurio, vive en otro país, ¿de dónde sacará esas esperanzas?
Algunos ejemplos específicos podrían estar relacionados con: A) El desarrollo y la aplicación de fuentes alternas de energía en la industria, el transporte y los servicios urbanos. B) El desarrollo de un plan de servicios, de cuidado y atención, de capacitación, de actividades productivas y de entretenimiento para los adultos mayores. C) El desarrollo de un programa orientado a la conformación de una industria de alimentos, orientada a asegurar tanto nuestra autosuficiencia alimentaria como una capacidad razonable de exportación.
Ajá...
Estoy seguro de que otros temas igualmente importantes pueden ser sugeridos por los lectores. Muchas naciones han utilizado con éxito este tipo de estrategias.
¿Por qué no se da una asomada por los medios alternativos? O que vea la Verdad sea dicha aunque se desvele, de todas formas sus buenas intenciones nostálgicas parecen de desvelado. Pareciera que supone legitimar al gobierno si se aplican unos parches por aquí y por allá para seguir en la simulación.
Liberación de la pobreza
Miguel Concha
Amnistía Internacional (AI), el movimiento de derechos humanos más grande del mundo, acaba de anunciar en un comunicado muchos cambios en la manera de realizar su trabajo. Dicho comunicado se emitió oficialmente en el contexto de la clausura de la 28 reunión de su Consejo Internacional, que se llevó a cabo del 12 al 17 de agosto en Cocoyoc, Morelos, con la participación de más de 400 delegados de 75 países, con el propósito de planificar, revisar y tomar decisiones respecto a su trabajo.
La dirección mundial de AI declaró que “en un mundo maltrecho a causa de la división y la discordia, avivadas por la desigualdad y la impunidad”, concluía la reunión de su Consejo Internacional “con el compromiso rotundo de abordar la pobreza y la desigualdad como los grandes peligros mundiales que amenazan los derechos humanos universales”.
Los cambios no son nuevos en la organización. El año 1976, al anunciar en Estados Unidos que extendería su trabajo para oponerse a todos los casos de condenas a muerte en el mundo, perdió un porcentaje importante de su membresía. Años más tarde, y después de una serie de debates muy intensos, AI amplió su mandato por la visión de un mundo en el que “todas las personas disfruten de los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales”. Esto incluye abordar la problemática desde una perspectiva integral, que permite investigar todo tipo de violaciones, sin limitarse a sólo algunas de ellas.
Para ser congruentes con los principios que ahora rigen a la organización, AI ha venido estudiando su forma particular de actuar con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales. La decisión no es fácil, y en numerosas ocasiones este trabajo se ve limitado por lo difícil que es abordar con una misma perspectiva los derechos económicos, sociales y culturales en todos los países del mundo, a pesar de que las violaciones a éstos son las que afectan a un inmenso porcentaje de la población mundial, y están detrás y muchas veces ocasionan otro tipo de violaciones.
Desde hace algunos años AI ha trabajado en favor de presos de conciencia o de presos políticos que defienden esta clase de derechos. Como ejemplo tenemos el caso de los campesinos ecologistas de Guerrero, Montiel, Cabrera y Arreaga, encarcelados injustamente por defender los bosques. Sin embargo, en esos casos la organización se limitaba a denunciar las violaciones a sus derechos civiles, como consecuencia de sus acciones por reivindicar derechos económicos, sociales o culturales. Ahora AI se plantea directamente su forma de trabajar este tipo de violaciones, al afirmar en su comunicado que “la dignidad humana de todas las personas es la base de la causa de los derechos humanos”; y que, “al trabajar por la liberación de los presos de conciencia, o de los presos de la pobreza, los prejuicios y la violencia, permanecerá fiel a su misión de defender la dignidad de los marginados”.
Promover la dignidad de las personas que a causa de la pobreza y los perjuicios tienen un acceso mínimo a los derechos humanos, añade, “es la tarea más apremiante que se le presenta a Amnistía Internacional”. “Como líderes de este movimiento mundial de defensa de los derechos humanos –expresó en esa ocasión Irene Khan–, reiteramos nuestra convicción y determinación de hacer todo lo posible por levantarnos y defender los derechos humanos universales de todas las personas en todo el mundo”.
¿Cuál va a ser la forma como la organización actúe frente a las injusticias económicas que se dan en el mundo, de manera que pueda incidir en las condiciones inequitativas existentes entre estados y dentro de los mismos, para que disminuyan? Son preguntas muy serias que los miembros de AI se han venido formulando, y cuyas respuestas apenas se han empezado a discutir en la reunión última de su Consejo Internacional. Sin embargo, el movimiento mundial de derechos humanos no puede dejar de congratularse de que AI decida apoyar el trabajo a favor de la solución de esta problemática, que es ya parte fundamental de la agenda de una gran cantidad de organizaciones y movimientos sociales, nacionales e internacionales. Su aportación será, sin duda, de gran ayuda para que estos derechos puedan hacerse exigibles y justiciables, atendiendo a la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.
La pobreza es, en efecto, la expresión de una enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos, y resulta inaceptable permanecer indiferentes frente al abuso de poder y la discriminación en las oportunidades para alcanzar una vida digna que se dan entre nosotros. A este respecto, las palabras de Nelson Mandela son una ilustración perfecta para el anuncio que ha hecho AI: “Al igual que ocurre con la esclavitud y el apartheid, la pobreza no es algo natural. Es el hombre quien la crea, y son las acciones de los seres humanos las que pueden vencerla y erradicarla. Vencer la pobreza no es un gesto de caridad. Es un acto de justicia. Constituye la protección de un derecho humano fundamental, el derecho a la dignidad y a una vida digna”.
Amnistía Internacional (AI), el movimiento de derechos humanos más grande del mundo, acaba de anunciar en un comunicado muchos cambios en la manera de realizar su trabajo. Dicho comunicado se emitió oficialmente en el contexto de la clausura de la 28 reunión de su Consejo Internacional, que se llevó a cabo del 12 al 17 de agosto en Cocoyoc, Morelos, con la participación de más de 400 delegados de 75 países, con el propósito de planificar, revisar y tomar decisiones respecto a su trabajo.
La dirección mundial de AI declaró que “en un mundo maltrecho a causa de la división y la discordia, avivadas por la desigualdad y la impunidad”, concluía la reunión de su Consejo Internacional “con el compromiso rotundo de abordar la pobreza y la desigualdad como los grandes peligros mundiales que amenazan los derechos humanos universales”.
Los cambios no son nuevos en la organización. El año 1976, al anunciar en Estados Unidos que extendería su trabajo para oponerse a todos los casos de condenas a muerte en el mundo, perdió un porcentaje importante de su membresía. Años más tarde, y después de una serie de debates muy intensos, AI amplió su mandato por la visión de un mundo en el que “todas las personas disfruten de los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales”. Esto incluye abordar la problemática desde una perspectiva integral, que permite investigar todo tipo de violaciones, sin limitarse a sólo algunas de ellas.
Para ser congruentes con los principios que ahora rigen a la organización, AI ha venido estudiando su forma particular de actuar con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales. La decisión no es fácil, y en numerosas ocasiones este trabajo se ve limitado por lo difícil que es abordar con una misma perspectiva los derechos económicos, sociales y culturales en todos los países del mundo, a pesar de que las violaciones a éstos son las que afectan a un inmenso porcentaje de la población mundial, y están detrás y muchas veces ocasionan otro tipo de violaciones.
Desde hace algunos años AI ha trabajado en favor de presos de conciencia o de presos políticos que defienden esta clase de derechos. Como ejemplo tenemos el caso de los campesinos ecologistas de Guerrero, Montiel, Cabrera y Arreaga, encarcelados injustamente por defender los bosques. Sin embargo, en esos casos la organización se limitaba a denunciar las violaciones a sus derechos civiles, como consecuencia de sus acciones por reivindicar derechos económicos, sociales o culturales. Ahora AI se plantea directamente su forma de trabajar este tipo de violaciones, al afirmar en su comunicado que “la dignidad humana de todas las personas es la base de la causa de los derechos humanos”; y que, “al trabajar por la liberación de los presos de conciencia, o de los presos de la pobreza, los prejuicios y la violencia, permanecerá fiel a su misión de defender la dignidad de los marginados”.
Promover la dignidad de las personas que a causa de la pobreza y los perjuicios tienen un acceso mínimo a los derechos humanos, añade, “es la tarea más apremiante que se le presenta a Amnistía Internacional”. “Como líderes de este movimiento mundial de defensa de los derechos humanos –expresó en esa ocasión Irene Khan–, reiteramos nuestra convicción y determinación de hacer todo lo posible por levantarnos y defender los derechos humanos universales de todas las personas en todo el mundo”.
¿Cuál va a ser la forma como la organización actúe frente a las injusticias económicas que se dan en el mundo, de manera que pueda incidir en las condiciones inequitativas existentes entre estados y dentro de los mismos, para que disminuyan? Son preguntas muy serias que los miembros de AI se han venido formulando, y cuyas respuestas apenas se han empezado a discutir en la reunión última de su Consejo Internacional. Sin embargo, el movimiento mundial de derechos humanos no puede dejar de congratularse de que AI decida apoyar el trabajo a favor de la solución de esta problemática, que es ya parte fundamental de la agenda de una gran cantidad de organizaciones y movimientos sociales, nacionales e internacionales. Su aportación será, sin duda, de gran ayuda para que estos derechos puedan hacerse exigibles y justiciables, atendiendo a la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.
La pobreza es, en efecto, la expresión de una enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos, y resulta inaceptable permanecer indiferentes frente al abuso de poder y la discriminación en las oportunidades para alcanzar una vida digna que se dan entre nosotros. A este respecto, las palabras de Nelson Mandela son una ilustración perfecta para el anuncio que ha hecho AI: “Al igual que ocurre con la esclavitud y el apartheid, la pobreza no es algo natural. Es el hombre quien la crea, y son las acciones de los seres humanos las que pueden vencerla y erradicarla. Vencer la pobreza no es un gesto de caridad. Es un acto de justicia. Constituye la protección de un derecho humano fundamental, el derecho a la dignidad y a una vida digna”.
Dueños de la banca, los mismos de siempre
Carlos Fernández-Vega
A la furibunda reacción de los barones del dinero (de entonces) por la expropiación bancaria, el gobierno lopezportillista reaccionó como sólo el sistema sabía hacerlo: en medio del caos, multitudinaria concentración de apoyo en el Zócalo capitalino y miles de desplegados de las “fuerzas vivas” en los que comparaban al entonces presidente con Lázaro Cárdenas. Mientras, el país se deshacía.
Siguieron ocho años de banca virtual, compartida al 34 por ciento con ex banqueros y especuladores, porque en los hechos las casas de bolsa y el mercado bursátil se convirtieron en el verdadero sistema financiero (de representar el 2 por ciento en 1982, pasó al 73.2 por ciento en 1989, el año previo a la reprivatización bancaria), hasta que, costumbre obliga, lo reventaron en octubre de 1987, llevándose entre las patas a miles de pequeños inversionistas. La respuesta gubernamental al atraco fue (De la Madrid dixit) impunidad para los saqueadores y acusación de “ambiciosos” a los saqueados. La mesa, pues estaba, servida.
Y llegó Salinas de Gortari con su ola privatizadora y su Alicia en el país de los banqueros: se comprometió a “conformar un sistema financiero más eficiente y competitivo; garantizar una participación diversificada y plural en el capital, con lo que se impiden fenómenos indeseables de concentración, y vincular la aptitud y calidad moral de la administración de los bancos con un adecuado nivel de capitalización; (la “nueva” banca) no servirá para la especulación de unos cuantos; asegurar que la banca mexicana sea controlada por mexicanos; evitar la concentración en agrupaciones formadas por bancos, casas de bolsa, aseguradoras y otros intermediarios… Ello dio lugar en el pasado a prácticas nocivas para la sociedad, como la canalización preferente de recursos otorgados a empresas relacionadas con los grupos bancarios o bien operaciones de complacencia”.
En los hechos hizo exactamente lo contrario: sólo los grandes grupos financiero-industriales, las principales casas de bolsa y los más destacados ex banqueros compraron los 18 bancos reprivatizados. Como ejemplo, las casas de bolsa: Acciones y Valores (compró Banamex), Operadora de Bolsa (Serfin), Probursa (Mercantil de México), Grupo Bursátil Mexicano (Atlántico), Prime (Internacional), Inverlat (Comermex), Estrategia Bursátil (Banoro), Mexival (Banpaís), Inverméxico (Banco Mexicano), Abaco (Confía). Y los grupos industriales: Valores Monterrey-(Bancomer), Grupo Industrial Maseca Banorte, “empresarios del sureste” (Carlos Cabal Peniche, BCH, después Banca Unión). Pero no importó, porque los mismos que de pie ovacionaron a José López Portillo por estatizar la banca, el primero de septiembre de 1982, y defenestraron a los banqueros “vendepatrias”, aplaudieron, catárticos, a Carlos Salinas de Gortari, el 2 de mayo de 1990, por reprivatizarla.
En abril de 1990, un mes antes del anuncio salinista, ocho casas de bolsa (de 26 en total) concentraban el 65 por ciento de los CAPS (la primera “devolución” autorizada por De la Madrid), y los acaparadores resultaron ser los nuevos propietarios (por ejemplo, Roberto Hernández y Alfredo Harp (se quedaron con Banamex); Eugenio Garza Lagüera (Bancomer); Adrián Sada (Serfin); Jorge Lankenau (Confía); José Madariaga y Eugenio Clariond (MMM); Agustín Legorreta, Enrique Robinson Bours y los Autrey (Comermex) y Alfonso de Garay Gutiérrez y Jorge Rojas Mota Velasco (Atlántico). Siete años atrás, casi todos ellos también gozaron de las mieles y subsidios del Ficorca.
En 1991-1992, los citados y unos cuantos más se quedaron con los 18 bancos. Y dos años después, exprimidas, las instituciones financieras reventaron, no sin antes expoliar a los usuarios de la banca (el margen financiero se incrementó a 290 por ciento en algunos casos y el embargo de bienes de los créditohabientes en 450 por ciento). Pero llegó Zedillo, el salvador.
La crisis más severa de la historia estalló en la boca de millones de mexicanos desprotegidos, pero no en la de los neobanqueros que habían tomado sus precauciones. El 7 de febrero de 1995, La Jornada informaba: dos semanas ante de la devaluación de 1994, cinco casas de bolsa, de igual número de grupos financieros, incrementaron hasta en 357 por ciento el monto de sus operaciones con Tesobonos, con una ganancia especulativa cercana a 5 mil millones de dólares. ¿Las casas de bolsa de quiénes? Entre otras, las de Roberto Hernández y Alfredo Harp; Carlos Gómez y Gómez (se quedó con Somex), Adrián Sada y José Madariaga Lomelín, en ese entonces presidente de los banqueros, y Angel Isidoro Rodríguez, El Divino. A lo largo de 1995, el gobierno zedillista pagó alrededor de 30 mil millones de dólares, en dólares, por bonos denominados en pesos, con una tasa de interés pagadera en pesos, y otorgando como “premio”, en pesos, el diferencial del tipo de cambio con el dólar resultante entre la fecha de compra y la de vencimiento.
Ese fue el principio. Vendría el Fobaproa y su “rescate” a los mismos de siempre, con Guillermo Ortiz, hoy en el Banco de México, Miguel Mancera y José Angel Gurría, ahora en la OCDE, como operadores y cabezas visibles. La Auditoría Superior de la Federación documentó que el 80 por ciento de los ilícitos cometidos en el “rescate” quedaron impunes por omisiones o dilaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación (Hacienda) y la PGR, sin considerar el sexenio foxista, quien en bandeja de plata entregó todo a la banca. En el proceso, especulación, avidez, usura, robo, impunidad, banqueros ricos, banca pobre, “legalización” y “entierro” de la deuda del Fobaproa, disfrazada de IPAB, con los mismos personajes citados, más los cómplices en partidos y Congreso, entre ellos Felipe Calderón, que hoy despacha en Los Pinos.
“Legalizado” el atraco, llegó el “cambio” y la extranjerización masiva: una vez “saneado”, el 90 por ciento del sistema financiero que opera en el país quedó en manos de las trasnacionales financieras, quienes reforzaron la usura e hicieron de México su paraíso de las utilidades.
Las rebanadas del pastel
¿Y el país? De la banca. ¿Y los mexicanos? Siguen pagando. Todo, en 25 años. Y van por más.
A la furibunda reacción de los barones del dinero (de entonces) por la expropiación bancaria, el gobierno lopezportillista reaccionó como sólo el sistema sabía hacerlo: en medio del caos, multitudinaria concentración de apoyo en el Zócalo capitalino y miles de desplegados de las “fuerzas vivas” en los que comparaban al entonces presidente con Lázaro Cárdenas. Mientras, el país se deshacía.
Siguieron ocho años de banca virtual, compartida al 34 por ciento con ex banqueros y especuladores, porque en los hechos las casas de bolsa y el mercado bursátil se convirtieron en el verdadero sistema financiero (de representar el 2 por ciento en 1982, pasó al 73.2 por ciento en 1989, el año previo a la reprivatización bancaria), hasta que, costumbre obliga, lo reventaron en octubre de 1987, llevándose entre las patas a miles de pequeños inversionistas. La respuesta gubernamental al atraco fue (De la Madrid dixit) impunidad para los saqueadores y acusación de “ambiciosos” a los saqueados. La mesa, pues estaba, servida.
Y llegó Salinas de Gortari con su ola privatizadora y su Alicia en el país de los banqueros: se comprometió a “conformar un sistema financiero más eficiente y competitivo; garantizar una participación diversificada y plural en el capital, con lo que se impiden fenómenos indeseables de concentración, y vincular la aptitud y calidad moral de la administración de los bancos con un adecuado nivel de capitalización; (la “nueva” banca) no servirá para la especulación de unos cuantos; asegurar que la banca mexicana sea controlada por mexicanos; evitar la concentración en agrupaciones formadas por bancos, casas de bolsa, aseguradoras y otros intermediarios… Ello dio lugar en el pasado a prácticas nocivas para la sociedad, como la canalización preferente de recursos otorgados a empresas relacionadas con los grupos bancarios o bien operaciones de complacencia”.
En los hechos hizo exactamente lo contrario: sólo los grandes grupos financiero-industriales, las principales casas de bolsa y los más destacados ex banqueros compraron los 18 bancos reprivatizados. Como ejemplo, las casas de bolsa: Acciones y Valores (compró Banamex), Operadora de Bolsa (Serfin), Probursa (Mercantil de México), Grupo Bursátil Mexicano (Atlántico), Prime (Internacional), Inverlat (Comermex), Estrategia Bursátil (Banoro), Mexival (Banpaís), Inverméxico (Banco Mexicano), Abaco (Confía). Y los grupos industriales: Valores Monterrey-(Bancomer), Grupo Industrial Maseca Banorte, “empresarios del sureste” (Carlos Cabal Peniche, BCH, después Banca Unión). Pero no importó, porque los mismos que de pie ovacionaron a José López Portillo por estatizar la banca, el primero de septiembre de 1982, y defenestraron a los banqueros “vendepatrias”, aplaudieron, catárticos, a Carlos Salinas de Gortari, el 2 de mayo de 1990, por reprivatizarla.
En abril de 1990, un mes antes del anuncio salinista, ocho casas de bolsa (de 26 en total) concentraban el 65 por ciento de los CAPS (la primera “devolución” autorizada por De la Madrid), y los acaparadores resultaron ser los nuevos propietarios (por ejemplo, Roberto Hernández y Alfredo Harp (se quedaron con Banamex); Eugenio Garza Lagüera (Bancomer); Adrián Sada (Serfin); Jorge Lankenau (Confía); José Madariaga y Eugenio Clariond (MMM); Agustín Legorreta, Enrique Robinson Bours y los Autrey (Comermex) y Alfonso de Garay Gutiérrez y Jorge Rojas Mota Velasco (Atlántico). Siete años atrás, casi todos ellos también gozaron de las mieles y subsidios del Ficorca.
En 1991-1992, los citados y unos cuantos más se quedaron con los 18 bancos. Y dos años después, exprimidas, las instituciones financieras reventaron, no sin antes expoliar a los usuarios de la banca (el margen financiero se incrementó a 290 por ciento en algunos casos y el embargo de bienes de los créditohabientes en 450 por ciento). Pero llegó Zedillo, el salvador.
La crisis más severa de la historia estalló en la boca de millones de mexicanos desprotegidos, pero no en la de los neobanqueros que habían tomado sus precauciones. El 7 de febrero de 1995, La Jornada informaba: dos semanas ante de la devaluación de 1994, cinco casas de bolsa, de igual número de grupos financieros, incrementaron hasta en 357 por ciento el monto de sus operaciones con Tesobonos, con una ganancia especulativa cercana a 5 mil millones de dólares. ¿Las casas de bolsa de quiénes? Entre otras, las de Roberto Hernández y Alfredo Harp; Carlos Gómez y Gómez (se quedó con Somex), Adrián Sada y José Madariaga Lomelín, en ese entonces presidente de los banqueros, y Angel Isidoro Rodríguez, El Divino. A lo largo de 1995, el gobierno zedillista pagó alrededor de 30 mil millones de dólares, en dólares, por bonos denominados en pesos, con una tasa de interés pagadera en pesos, y otorgando como “premio”, en pesos, el diferencial del tipo de cambio con el dólar resultante entre la fecha de compra y la de vencimiento.
Ese fue el principio. Vendría el Fobaproa y su “rescate” a los mismos de siempre, con Guillermo Ortiz, hoy en el Banco de México, Miguel Mancera y José Angel Gurría, ahora en la OCDE, como operadores y cabezas visibles. La Auditoría Superior de la Federación documentó que el 80 por ciento de los ilícitos cometidos en el “rescate” quedaron impunes por omisiones o dilaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación (Hacienda) y la PGR, sin considerar el sexenio foxista, quien en bandeja de plata entregó todo a la banca. En el proceso, especulación, avidez, usura, robo, impunidad, banqueros ricos, banca pobre, “legalización” y “entierro” de la deuda del Fobaproa, disfrazada de IPAB, con los mismos personajes citados, más los cómplices en partidos y Congreso, entre ellos Felipe Calderón, que hoy despacha en Los Pinos.
“Legalizado” el atraco, llegó el “cambio” y la extranjerización masiva: una vez “saneado”, el 90 por ciento del sistema financiero que opera en el país quedó en manos de las trasnacionales financieras, quienes reforzaron la usura e hicieron de México su paraíso de las utilidades.
Las rebanadas del pastel
¿Y el país? De la banca. ¿Y los mexicanos? Siguen pagando. Todo, en 25 años. Y van por más.
Ser indio es un delito
Gloria Muñoz Ramírez
Dos heridos de bala, seis presos, más de 30 desalojados, amenazas, persecuciones, heridos y desaparecidos, es el saldo de un mes de hostigamiento gubernamental federal y estatal (militar, paramilitar, policiaco y judicial) en las comunidades indígenas de Chiapas, particularmente en las regiones autónomas zapatistas.
En Chiapas sigue siendo un delito ser indio, y más un indio que, zapatista o no, habita en Montes Azules, la región natural más codiciada de todo el país y que, bajo pretextos gubernamentales “conservacionistas”, pretende ser entregada a trasnacionales que ofrecen proyectos de ecoturismo, autopistas, explotación de hidrocarburos y un sinfín de planes (en algunos casos ya cumplidos o encaminados) que están muy lejos del objetivo de preservar la biosfera.
El pasado 18 de agosto se vivió en las comunidades Buen Samaritano y Nuevo San Manuel un verdadero infierno, en el que unos 39 pobladores, entre ellos 26 niños, fueron desalojados con violencia y trasladados en helicópteros a La Trinitaria, donde fueron depositados en un ex prostíbulo, en condiciones insalubres donde rápidamente se propagaron enfermedades.
“Cuando nos subieron al helicóptero, un policía agarró a mi niño de los pelos, le dio una patada en la espalda. Les dije que no lo golpearan porque estaba herido, pero me agarraron y arrastraron en medio del lodazal con todo y niño”, relata una víctima.
En testimonios recogidos por el Servicio Internacional para la Paz (Sipaz), en el ex prostíbulo de La Trinitaria, cerca de un basurero, una señora relata que los policías llegaron con extrema violencia y a la solicitud de explicaciones respondieron con gritos y patadas: “Nos dijeron: ahorita no hay explicación, no discutan más... te venimos a sacar y ya. Vámonos pa’ dentro”.
Los policías armados, vestidos con uniformes de color azul oscuro y negro, entraron a las casas sin mostrar ningún documento, arrojando todo al piso y ordenando a las familias reunirse en un punto de la comunidad, bajo el engaño de que ahí les darían una explicación. La explicación, por supuesto, no llegó, y de los pelos los subieron a los helicópteros. Tampoco les dejaron llevar ninguna de sus pertenencias.
No les dijeron a dónde las llevaban, como tampoco se los dijeron a los seis hombres que primero fueron trasladados a Tuxtla Gutiérrez y después al penal de El Amate (Cereso 14), acusados de daño en propiedad ajena, atentados contra la ecología del estado, despojo, asociación delictuosa y portación de armas de fuego.
Un resumen de la política gubernamental hacia las comunidades indígenas lo ofreció en el operativo una mujer policía: “Nos dijeron que no tenemos derechos, que es el momento del desalojo y ya. No tenemos derecho ni de hablar”. A cualquier pregunta, relatan, la respuesta se acompañó de golpes en la espalda.
“Ya no aguantamos más... todas las noches las pasamos sentadas y los niños llorando bajo la lluvia. Ya no se puede”, grita el grupo de mujeres que aún esta semana se encontraba en La Trinitaria.
Dos heridos de bala, seis presos, más de 30 desalojados, amenazas, persecuciones, heridos y desaparecidos, es el saldo de un mes de hostigamiento gubernamental federal y estatal (militar, paramilitar, policiaco y judicial) en las comunidades indígenas de Chiapas, particularmente en las regiones autónomas zapatistas.
En Chiapas sigue siendo un delito ser indio, y más un indio que, zapatista o no, habita en Montes Azules, la región natural más codiciada de todo el país y que, bajo pretextos gubernamentales “conservacionistas”, pretende ser entregada a trasnacionales que ofrecen proyectos de ecoturismo, autopistas, explotación de hidrocarburos y un sinfín de planes (en algunos casos ya cumplidos o encaminados) que están muy lejos del objetivo de preservar la biosfera.
El pasado 18 de agosto se vivió en las comunidades Buen Samaritano y Nuevo San Manuel un verdadero infierno, en el que unos 39 pobladores, entre ellos 26 niños, fueron desalojados con violencia y trasladados en helicópteros a La Trinitaria, donde fueron depositados en un ex prostíbulo, en condiciones insalubres donde rápidamente se propagaron enfermedades.
“Cuando nos subieron al helicóptero, un policía agarró a mi niño de los pelos, le dio una patada en la espalda. Les dije que no lo golpearan porque estaba herido, pero me agarraron y arrastraron en medio del lodazal con todo y niño”, relata una víctima.
En testimonios recogidos por el Servicio Internacional para la Paz (Sipaz), en el ex prostíbulo de La Trinitaria, cerca de un basurero, una señora relata que los policías llegaron con extrema violencia y a la solicitud de explicaciones respondieron con gritos y patadas: “Nos dijeron: ahorita no hay explicación, no discutan más... te venimos a sacar y ya. Vámonos pa’ dentro”.
Los policías armados, vestidos con uniformes de color azul oscuro y negro, entraron a las casas sin mostrar ningún documento, arrojando todo al piso y ordenando a las familias reunirse en un punto de la comunidad, bajo el engaño de que ahí les darían una explicación. La explicación, por supuesto, no llegó, y de los pelos los subieron a los helicópteros. Tampoco les dejaron llevar ninguna de sus pertenencias.
No les dijeron a dónde las llevaban, como tampoco se los dijeron a los seis hombres que primero fueron trasladados a Tuxtla Gutiérrez y después al penal de El Amate (Cereso 14), acusados de daño en propiedad ajena, atentados contra la ecología del estado, despojo, asociación delictuosa y portación de armas de fuego.
Un resumen de la política gubernamental hacia las comunidades indígenas lo ofreció en el operativo una mujer policía: “Nos dijeron que no tenemos derechos, que es el momento del desalojo y ya. No tenemos derecho ni de hablar”. A cualquier pregunta, relatan, la respuesta se acompañó de golpes en la espalda.
“Ya no aguantamos más... todas las noches las pasamos sentadas y los niños llorando bajo la lluvia. Ya no se puede”, grita el grupo de mujeres que aún esta semana se encontraba en La Trinitaria.
Carta abierta a Diputados del PRD
Va de nues compañeros...Se les recuerda que esta farsa del dizque in-forme no debería de ser nuestra ocupación. La discusión debería de ser en el sentido de buscar los Mecanismos para DESTITUIR AL USURPADOR y llevarlo a JUICIO POLITICO ¿Cómo es posible que pretendan siquiera recibirlo, mucho menos que a partir de ahí, se dirija a La Nación?...Solo se les recuerda: NO DESACATEN EL MANDATO CIUDADANO. DE HACERLO, ATENGANSE A LAS CONSECUENCIAS.
Carta Abierta a Diputados del PRD
Señora Diputada Ruth Zavaleta
y señoress Diputados del PRD:
Yo, ciudadano mexicano en pleno uso de los derechos civiles y políticos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a ustedes muy atentamente:
ÚNICO.- Que, como representantes de la Soberanía Nacional, surgidos de una elección democrática, y siendo mandatarios de la voluntad del Pueblo, no permitan que quien no fue elegido legítimamente, viole con su sola presencia los preceptos Constitucionales, el Recinto donde se asienta uno de los Poderes de la Unión.
Asimismo, que no sólo se abstengan de avalar de facto a un presidente usurpador, sino que, sin ampararse en justificaciones legaloides, con valentía y firmeza, como en su momento lo hicieron otros mexicanos patriotas sin demérito de sus principios, como el senador Belisario Domínguez, pongan en el tema de tan alta REPRESENTACIÓN NACIONAL la evidencia de la usurpación de la voluntad ciudadana, ocurrida en la elección presidencial de 2006.
Para ello no se necesita más que la firmeza de la voluntad y no la violencia física, para lo cual Sra. Diputada Ruth Zavaleta, sólo pido que; cuando el Usurpador acuda ante Usted a entregar “SU DOCUMENTO” lo envíe con todo comedimiento a la “Oficialía de Partes”, invitándolo a que se retire de inmediato de esa alta TRIBUNA DE LA NACIÓN que sólo deben ocupar legisladores, pues nada tiene que hacer ahí, pidiéndole a sus compañeros de partido que lo acompañen a la SALIDA, haciéndole una valla de espaldas.
Su actuación será calificada sobre todo por aquellos ciudadanos que votaron por Ustedes y, conforme a sus acciones, LA HISTORIA Y EL PUEBLO EMITIRÁ SU JUICIO INAPELABLE.
Protesto lo necesario.
Salomón Castro Treto
Cd. Juárez, Chih.
Viva Andrés Manuel Lopez Obrador, Presidente Legítimo de México
Convocatoria a escuchar un Informe de verdad
Te invitamos a oir el contra informe
Análisis crítico sobre los 9 meses de gestión del espurio.
por José Agustín Ortiz Pinchetti
Mario di Constanzo
Gustavo Iruegas
domingo 2 de septiembre 12.00 AM CINE VILLA OLÍMPICA
UFraude y sus compinches: el CANCER nacional!
Sanción del IFE a partidos por 107 mdp; el PRD, el más castigado
* Lo multa con 32 millones 467 mil pesos
México, D.F., 31 de agosto (apro).- El Consejo General del IFE aprobó en la madrugada de este viernes una resolución para sancionar a los partidos políticos por 107 millones 374 mil 925 pesos, al tiempo que se abrieron 26 procedimientos oficiosos para investigar “exhaustivamente” el origen y destino de algunos recursos no aclarados.La decisión del IFE fue tomada en medio de protestas de los partidos políticos y deslindes de los consejeros a la negativa rotunda de Luis Carlos Ugalde por presentar su renuncia.Los procedimientos oficiosos se agregan al que se abrió para investigar el origen y destino de los recursos de 281 mil spots aún no aclarados.Durante la sesión, el representante del PRD, Horacio Duarte, reprochó a los consejeros que no cumplieran con el compromiso asumido por ellos mismos, de culminar las investigaciones del llamado spotgate para finales de agosto y “como siempre, no cumplieron”.En los actuales procedimientos oficiosos, 8 se destinarán a indagar los recursos no aclarados del PRI, partido que se quedó a menos de 3 millones de pesos de rebasar el tope de gastos de campaña del 2006; 6 procedimientos, para las cuentas del PRD; 4 para el Partido Nueva Alianza (Panal); 3 para el PAN; 3 para Alternativa y 2 para Convergencia.Por otro lado, las sanciones más fuertes, proporcionalmente, fueron para el partido Alternativa Socialdemócrata que, con apenas 1 año de vida, recibió una sanción de 15 millones 586 mil pesos, un monto similar a la sanción del PRI (15 millones 189 mil pesos). La sanción para el PRD fue la más elevada, de 32 millones 467 mil pesos, seguida por el PAN, con 32 millones 384 mil pesos.El consejero Andrés Albo, presidente de la Comisión de Fiscalización, indicó que los procedimientos oficiosos que acompañan a la resolución aprobada permitirán que los partidos utilicen su garantía de audiencia, respecto a posibles faltas detectadas.
Clarisimo esta que el UFraude y sus compinches junto con el TEFJF son unos mafiosos, enfermos mentales y compinches incondicionales de los PANazis. Comiencen por hacer limpia desde su cloaca.....castigando a el PAN y eliminandolo del pais, porque es"el CANCER de Mexico".
Que devuelvan sus curules los chuchos!
Mexicanos al grito de Wal-Mart
Televisa tomará el Zócalo el 15 con sus estrellas
Propuesta: que los chuchos devuelvan sus curules
Mandoki llama a una rueda de prensa urgente
Si Vicente Fox afirmaba que su gobierno era “de empresarios, por empresarios y para empresarios”, los senadores y diputados de los tres grandes partidos de México podrían decir que su reforma electoral es “de legisladores, por legisladores y para legisladores”. Muy bien comprenden que si no limpian los escombros del instituto y del tribunal electoral devastados por el golpe del 2 de julio, los comicios de 2009 no tendrán legitimidad y por lo tanto su carrera parlamentaria se irá al demonio.
La reforma electoral que han consensado panistas, priístas y perredistas no reforma mucho: fue escrita sobre las rodillas para decapitar a Luis Carlos Ugalde y a sus cómplices en el fraude que elevó a la Presidencia a un sujeto sin verbo ni complemento, y luego será usada como moneda de cambio para involucrar al PRD en reformas menos simpáticas.
¿Qué va a reformar la supuesta reforma? Aparte de borrar de la vista del público al ectoplasma que preside el Instituto del Fraude Electoral, pretende “reducir los tiempos y costos de campaña”, “limitar el financiamiento y la duración de las precampañas”, crear una “contraloría interna del IFE”, prohibir “la propaganda negra” y la reconversión de sindicatos en partidos políticos, así como la sustitución “escalonada” de consejeros y magistrados electorales. Y ya. ¿Y la televisión? Muy bien, muy feliz, muy contenta bajo el aura de impunidad que le permitirá seguir siendo la que absorbe todo el dinero que el Estado da a los partidos y la que, al final, decidirá quién gana y quién dizque gobierna.
No hay, especialmente de parte de los “reformadores” del PRD, una sola alusión al hecho de que en países como Brasil, Chile, Inglaterra y Francia las leyes electorales precisan que los candidatos no podrán contratar –caso específico de Francia– más de 45 minutos de tiempo en televisión ¡en todo el proceso! En cuanto a lo demás, qué importa si reducen o no los costos de las campañas si éstos nunca han sido respetados y las sanciones al respecto llegan mucho tiempo después. ¿Y la “propaganda negra”? Los empresarios tenían terminantemente prohibido intervenir en favor o en contra de ningún candidato y sin embargo lo hicieron a lo largo de 2006 y volverán a hacerlo porque el nuevo “marco jurídico” les importará lo mismo que el actual: nada.
¿No eran expresiones de “propaganda negra” las andanadas mediáticas del gobierno de Fox contra Andrés Manuel López Obrador? ¿O qué eran, si no, los videoescándalos de Ahumada, el Nicogate y la ho-rri-pi-lan-te violación a la ley que significó abrir una calle de cien metros en el predio El Encino? Así, pues, la televisión, sus magnates y sus aguerridos levantacejas ya enfrían el champaña: seguirán siendo los amos, los que deciden, los que descalifican, los que en su imaginación “legitiman”, y por supuesto los que engordan con el dinero que el IFE les entrega a través de los partidos. Cantemos, pues, loas a los magnánimos reformadores del tripartidismo emergente: que sus nombres queden inscritos con letras de ocio en los muros del Congreso.
Para que una reforma constitucional pueda ser aprobada, incluso una tan minúscula como ésta, se requieren las tres cuartas partes de los votos de los legisladores. Es obvio que el PAN, el PRI y sus partiditos achichincles no alcanzan a reunir ese porcentaje y necesitan por fuerza al PRD. ¿Qué rara urgencia tenía el PRD de pactar acuerdos “históricos” con el partido del asesino serial de Oaxaca y el góber precioso de Puebla? ¿Por qué ni siquiera insinuaron que antes de hablar seriamente de nada esos dos facinerosos tenían que ser echados de sus cargos por el bien de los más pobres? Pero no, les ganó la prisa para pasar a la historia como los que sacaron la basura –léase Ugalde y compinches– por la puerta delantera del sistema, con bombo y platillo, cuando todo el país sabe que esa era materia orgánica podrida ya, y que de todos modos había que tirarla.
Qué fácil, qué rápido y qué barato se vendieron los epónimos reformadores del PRD. Ahora habrá que ver qué les cobrarán a cambio: la reforma fiscal y luego la energética. Qué pronto se les olvidó que fueron electos “como parte del ascenso de la voluntad popular que reclamaba y reclama un verdadero cambio”, como bien señalaron ayer en un mensaje al pueblo de México y a la Convención Nacional Democrática la senadora Rosario Ibarra y el diputado José Antonio Almazán, que hoy no estarán en San Lázaro para repudiar así, con su digna ausencia, el carácter espurio de la caricatura de “gobierno” de Felipe Calderón.
El sábado pasado, los lectores de Desfiladero coincidieron en que la mejor forma de protesta contra el golpe de Estado era que los legisladores salieran de la Cámara cuando el lavador de dólares de Zhenli Ye Gon entrara a deletrear su Informe. Para la nueva derecha llamada Nueva Izquierda esa opinión colectiva fue el pretexto mínimo que necesitaban y sin más corrieron a echarse en brazos de la ultraderecha panista. “Nada ni nadie impedirá que Calderón cumpla con su deber el primero de septiembre”, afirmó Carlos Navarrete y todos los chuchos lo secundaron eufóricos.
Pero al usar el voto que los llevó a las cámaras para servir a los que burlaron la voluntad del pueblo, esos legisladores perredistas se convierten ahora en tardíos cómplices del fraude electoral y se vuelven por lo tanto espurios ellos mismos. Así lo interpreta con claridad admirable Rosa María Benítez (rosmabeni63@hotmail.com) que desde Culiacán propone: “Las bases de nuestro movimiento deben pedir la renuncia de los diputados del FAP que traicionen al pueblo el día del Informe; que se vayan, al fin que ahí están sus suplentes. La revocación de mandato debe empezar por casa. Y a ver cuándo organizamos un mitin de protesta frente al PRD”.
En tanto, Televisa informó el miércoles que el grupo RBD ya es “franquicia de Wal-Mart”. El anuncio surge después de que el oligopolio de Emilio Azcárraga filtró que el 15 de septiembre ese conjunto actuará en el Zócalo. Con ello pretende llenar la plaza de jóvenes fans de la peor música de plástico para que Calderón dé el Grito sin gorra militar. Eso demuestra que la televisión y Wal-Mart entran al recate del “gobierno” que impusieron y van a defenderlo a cualquier costo.
Por lo pronto, el próximo lunes a las 10 de la mañana, en el salón Don Genaro del Sheraton Centro Histórico, Luis Mandoki hará una importante revelación sobre su película 2 de julio: el fraude que nadie vio, y que los golpistas de Los Pinos aguardan con tanta alegría como la que George WC Bush siente por los documentales de Michael Moore. El llamado del cineasta mexicano va dirigido en especial a los medios alternativos e independientes. Hay que pasar la voz… Y sí, ¿cuándo hacemos un mitin frente al PRD para exigir que devuelvan sus curules los chuchos?
Desfiladero
Jaime Avilés jamastu@gmail.com
MAS claro que el agua NO puede estar!, todos a plantarnos en El Zocalo!!!!!
PLANTON FRENTE AL PALACIO!
C O N V O C A T O R I A. La Resistencia Civil Pacífica convoca a TODOS los comités de ciudadanos en resistencia, miembros del Gobierno Legítimo y a los hombres y mujeres libres a participar junto con el compañero Gerardo Fernández Noroña al plantón que tendrá lugar frente al Palacio Nacional desde el mediodía de HOY sábado 1 de septiembre hasta el domingo 2.No se le permitirá la entrada al presidente usurpador al Palacio Nacional, ni para ponerse la banda tricolor hoy sábado 1, antes de su predecible intento de apoderarse de la tribuna ante el Congreso de la Unión, ni mañana domingo cuando intente ingresar a dar su informe.La cita es el día de HOY sábado 1 de septiembre, frente a la puerta "Mariana" del Palacio Nacional a las 11:50 de la mañana. Es muy importante que se lleven impermeables y ropa adecuada para pasar ahí la noche.
viernes, agosto 31, 2007
Otro agravio: mancillar el Congreso de la Unión
Lo único que van a lograr permitiéndole al pelele usurpador llegar a la tribuna del Congreso de la Unión es volver a agraviar a la ciudadanía que votó por el PRD, obviamente y como ya se ha dicho por apoyar a AMLO. Ya no queda duda que el Congreso de la Unión es otra de las instituciones podridas que hay que mandar al diablo. Nos queda claro que los dedos de una mano son suficientes para contar a nuestros representantes en el congreso.
La tribuna del Congreso de la Unión quedará mancillada con la presencia del usurpador y la llenarán de la mierda que representa ese traidor.
Esto lo van a pagar muy caro, con el pueblo no podrán negociar NADA, nosotros no negociamos con mafiosos traidores. Finalmente la organización que lucha por la transformación del país se fortalecerá y mandará a los traidores del PRD a la mierda que es donde tendrían que estar desde hace rato, y así no tendremos que estar cargado con la rémora que representa estarlos educando y haciéndolos conscientes de lo que son principios, convicciones, valentía y patriotismo. Pobres mequetrefes, vendidos y mediocres.
Pero el pueblo es mucha pieza, seguirá adelante hasta vencer y mandará a todos esos vendidos al diablo.
¡VIVA EL PRESIDENTE LEGÍTIMO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR!
¡VIVA LA RESISTENCIA CIVIL PACÍFICA!
¡VIVA MÉXICO!
La tribuna del Congreso de la Unión quedará mancillada con la presencia del usurpador y la llenarán de la mierda que representa ese traidor.
Esto lo van a pagar muy caro, con el pueblo no podrán negociar NADA, nosotros no negociamos con mafiosos traidores. Finalmente la organización que lucha por la transformación del país se fortalecerá y mandará a los traidores del PRD a la mierda que es donde tendrían que estar desde hace rato, y así no tendremos que estar cargado con la rémora que representa estarlos educando y haciéndolos conscientes de lo que son principios, convicciones, valentía y patriotismo. Pobres mequetrefes, vendidos y mediocres.
Pero el pueblo es mucha pieza, seguirá adelante hasta vencer y mandará a todos esos vendidos al diablo.
¡VIVA EL PRESIDENTE LEGÍTIMO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR!
¡VIVA LA RESISTENCIA CIVIL PACÍFICA!
¡VIVA MÉXICO!
Boletín Informativo ISA núm 182
http://www.serviciodenoticiasis
Sumario:
I. Lección de dignidad y de ética política de los legisladores Rosario Ibarra y José Antonio Almazán: “Nos debemos al voto y al apoyo popular y no tenemos madera de traidores”
II. Por el bien de México, Calderón tiene que renunciar: AMLO
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LECCIÓN DE DIGNIDAD Y DE ÉTICA POLÍTICA DE LOS LEGISLADORES ROSARIO IBARRA Y JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN: “NOS DEBEMOS AL VOTO Y AL APOYO POPULAR Y NO TENEMOS MADERA DE TRAIDORES”
En el marco de los estiras y afloja en que se ha convertido el quehacer legislativo en vísperas de este 1 de septiembre, la senadora de la República Rosario Ibarra de Piedra y el diputado federal y representante del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) José Antonio Almazán hicieron pública el día de hoy una carta dirigida al pueblo de México y a la Convención Nacional Democrática en donde fijan su postura con respecto al gobierno de facto de Felipe Calderón.
Por la importancia que tiene dicho documento en cuanto al compromiso que los mencionados legisladores refrendan con sus electores y por lo que representa en tanto nuevas formas de hacer política, el servicio de noticias ISA lo reproduce a continuación íntegramente.
Al pueblo de México,
A la Convención Nacional Democrática
Este primero de septiembre se inicia un nuevo periodo de sesiones del Congreso de la Unión. Nosotros sabemos que fuimos electos como parte del ascenso de la voluntad popular que reclamaba y reclama un verdadero cambio en el rumbo del país, sumido ya por años en el curso neoliberal que hace más profunda cada día la desigualdad, y se enorgullece de que aquí viva el hombre más rico del mundo, sin que le importe la suerte de los millones de seres humanos que viven y mueren en la miseria.
Los millones de mexicanos pobres piensan y quieren que cambie ese estilo especial de gobernar, que sólo se interesa en lo suyo y que menosprecia el anhelo del pueblo, el deseo de un cambio verdaderamente democrático, que no se limite a la festejada alternancia en el gobierno, sino que vea por ellos, que defienda la soberanía nacional poniendo fin a la subordinación a los intereses extranjeros y que además sea capaz de acabar con la simulación, con la impunidad, con la corrupción, con la constante violación de los derechos humanos.
Fue esa esperanza en un verdadero cambio la que hizo posible la altísima votación que nos llevó al Congreso, pero la aspiración de esa gente era llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y en lugar de ello sufrió la afrenta de un nuevo fraude electoral, para imponer mañosamente a un gobernante ilegítimo, un personaje gris que asegurara la continuidad de su política neoliberal, profundamente antipopular.
Para lograrlo, aquellos que en el pasado reclamaban derechos democráticos, que aunque los limitaban al respeto al voto, hoy, como en estampida pasaron por encima de todos los derechos, para imponer su política privatizadora, que arranca derechos sociales históricamente conquistados por el pueblo y que no han dudado un ápice en recurrir a la represión, emulando y a veces superando las prácticas de los peores tiempos del priismo: encarcelamiento ilegal, desaparición forzada; renovadas prácticas de tortura, violación de mujeres y hombres en cautiverio y, sobre todo, la intimidatoria presencia del ejército en todo el territorio nacional, que bajo el pretexto del combate al narcotráfico, llega a la creación de cuerpos inconstitucionales y lanza la amenaza de reformas legales que conviertan en crimen la protesta social.
Ante la ilegitimidad de la imposición, fuimos convocados a organizarnos en una Convención Nacional Democrática que resistiera, que luchara contra los designios de un gobierno espurio; que reconociera un gobierno —ese sí— legítimamente representativo de la voluntad popular y que luchara por medios pacíficos y con la movilización popular, contra las instituciones caducas, sucias de corrupción, que han demostrado en hechos vergonzosos su descomposición: un instituto electoral que justificó el fraude, un tribunal que lo avaló, un gobierno de hecho que se apoya en la militarización del país y que solapa crímenes como los asesinatos y violaciones de mujeres por integrantes del ejército, cuyos altos mandos son beneficiados con aumentos en sus haberes, a diferencia de la situación general de los trabajadores. Una Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que solapa crímenes, repitiendo en forma vergonzosa las palabras del usurpador de la presidencia.
Desechamos todas las ofertas políticas hechas desde el Poder impuesto, que llevan la intención de conseguir aunque sea un mínimo reconocimiento, un gesto de los legisladores y representantes populares que hemos llegado al Congreso gracias al voto de quienes ansiaban un cambio. Nos debemos a ese voto y a ese apoyo popular y no tenemos madera de traidores.
Las presiones, ofertas y concesiones son el pan de cada día y de cada hora en esta etapa difícil para los ilegítimos. Nosotros no nos hacemos parte de acuerdo alguno, que según dicen, supone civilidad, apego a la Constitución, talento y cordura. No caemos en la trampa de quienes, con estrecha visión electoralista, nos dicen que una conducta radical, como la que sostuvimos el año pasado, nos desprestigia y merma votos. Lo que nos desprestigiaría y marcaría, no para una siguiente elección, sino ante la Historia, sería claudicar de nuestro compromiso democrático y por intereses personales o de grupo, dar reconocimiento en cualquier forma a quien no lo merece. Por eso en contra de acuerdos pactados que no aceptamos, no estaremos presentes en la sesión del Congreso el día que sea el Informe, como nueva protesta por la imposición y la burla a la voluntad popular. Si no se considera posible una nueva acción de rechazo, por lo menos que nuestra ausencia sirva para marcar diferencias.
Senadora de la República Rosario Ibarra de Piedra
Diputado federal José Antonio Almazán González
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POR EL BIEN DE MÉXICO, CALDERÓN TIENE QUE RENUNCIAR: AMLO
Por el clima de ingobernabilidad y de crisis política que impera en el país, Andrés Manuel López Obrador exigió que Felipe Calderón renuncie al espurio cargo de presidente, “para que no le siga haciendo daño a México y porque sería lo más sano para la nación”.
A un día de que Felipe Calderón presente su informe de actividades, el presidente legítimo de México afirmó que “el presidente pelele carece de autoridad moral y de autoridad política y hasta es ninguneado por todos aquellos mafiosos que lo impusieron en el cargo, porque es fruto de un fraude electoral”.
En el segundo día de recorrido por municipios de Tlaxcala, López Obrador aseguró que Calderón está acorralado, sometido y atrapado por la mafia política que participó en el fraude electoral, como la lideresa del magisterio, Elba Esther Gordillo; el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, y un grupo de banqueros, entre otros. “Al estar acorralado, atrapado y agarrado del cuello, lo mejor sería que Calderón renunciará al cargo que usurpó ilegal e ilegítimamente”, demandó.
“Ahora que en México campea una ambiente de ingobernabilidad y que no hay visos de solución a los graves y grandes problemas del país la mejor opción es que Felipe Calderón dejé el cargo”, afirmó el dirigente de la izquierda en México y recordó que “lo que mal empieza, mal acaba”.
López Obrador explicó también que Calderón hizo compromisos con la mafia de la política, que ahora le exigen que cumpla lo prometido. “Por ejemplo, a Elba Esther Gordillo le entregó el manejo de la Subsecretaría de Educación Pública y el yerno de la lideresa, Fernando González Sánchez, ocupa una de las principales subsecretarías de la dependencia; Luis Carlos Ugalde le demanda a Calderón que no le quiten del puesto que ocupa en el máximo órgano electoral, pese a la exigencia unánime de los principales partidos políticos representados en el Congreso de la Unión”, detalló, para concluir subrayando: “en las mafias de todo el mundo se aplica una consigna: ‘cuando se distribuye mal el botín, hay motín’”.
Posteriormente, en el encuentro que sostuvo con los habitantes de San Damián Texoloc, el presidente legítimo de los mexicanos manifestó que Calderón anda a salto de mata, en vísperas de rendir su reporte de actividades. “En principio, la presidencia ilegítima y la dirigencia nacional panista dijeron que el evento sería en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pero luego corrigieron y optaron por el Auditorio Nacional, que tiene una capacidad para 10 mil asistentes. Sin embargo, se cambió de sede a última hora, ante el temor de que se vayan a colar ciudadanos que podrían lanzar consignas en contra de Calderón, a pesar de que el Estado Mayor Presidencial colocó filtros y puestos de revisión e impuso un estado de sitio en los alrededores del mencionado recinto. Ahora, Calderón tomó la decisión de exponer su informe en Palacio Nacional que se convirtió en la escenografía para que el presidente espurio hable ante la televisión, en lugar de dirigirse al pueblo de México”.
Por la tarde, ante el pueblo de Santa Isabel Tetlatlahuca, López Obrador reiteró que un personaje siniestro del IFE —como llamó a Ugalde— “quiere chantajear al presidente pelele, para que no lo remuevan del consejo general del Instituto. Casualmente, el pleno del Consejo Coordinador Empresarial salió en defensa de Ugalde y con seguridad Calderoncito ya no va a poder hacer nada, porque está acorralado por los mafiosos de la política”, explicó Andrés Manuel López Obrador ante simpatizantes que acudieron a una más de las asambleas informativas que está efectuando en cada uno de los municipios del país.
Por la mañana, el presidente legítimo de México expresó a los habitantes del municipio de Nativitas que Calderón está interesado en que su mensaje se trasmita sólo por la televisión, porque “qué sería el pelele sin la tele”.
En Santa Apolonia Teacalco, López Obrador señaló que “el presidente usurpador no puede gobernar al país porque no tiene capacidad y porque está al servicio de una minoría rapaz y ahora está cediendo a todo tipo de chantaje. Ante la comunidad de este municipio, afirmó que los millones de mexicanos que participan en el movimiento de transformación de México y sus instituciones tienen toda la autoridad moral y política y “podemos dar la cara y ver a los ojos de cualquier ciudadano, porque no tenemos nada de que avergonzarnos”.
Del cerebro vacío que retacaron de mierda y odio los medios
¡¡Hey Resistentes, ¿Cómo ven lo que contesta este Señor??, Es increíble que todavía exista gente que no capta la gravedad de la situación en el país con el des-gobierno USURPADOR.
(se refiere a la invitación que se le envió para reflexionar sobre el pensamiento revolucionario de AMLO)
On 8/29/07, Carlos Araiza Arreygue < charlie_aaa@hotmail.com> wrote:
(se refiere a la invitación que se le envió para reflexionar sobre el pensamiento revolucionario de AMLO)
On 8/29/07, Carlos Araiza Arreygue < charlie_aaa@hotmail.com> wrote:
que puedo decir sino JA JA ¿realmente tiene algún pensamiento, ya no digamos
"revolucionario"?
Por favor, para esto no me escriban, realmente no me interesa, pero entre
tanto, SONRIE AMLO NO GANÓ y el PRD está peor que nunca.
Comentario al correo del Sr. Carlos Araiza Arreygue: Ningún cerebro vacío que los medios y su egoísmo retacaron de mierda y, por tanto, sin posibilidad mínima de análisis puede captar nada más que el sentimiento de odio que debe tener principalmente por su señora madre que crió semejante bodrio. Su interés debe ser qué pasó con María Laura Isabel a quien Fernando Federico abandonó con un hijo que por cierto no es de él o de si los rines del BMW están más chidos que los del Mercedes o de que piensa Oscar Mario Beteta de la caída de la Bolsa,...
Del correo
Este e-mail envie a Ruth Zavaleta, con todo respeto:
Diputada Ruth Zavaleta:
No sé si usted leerá este e-mail, no lo sé. Pero sí sé que habemos muchos mexicanos que no consideramos a Calderón nuestro presidente. No fue limpia la elección y eso usted lo sabe también. Si usted le ha otorgado el rango de "constitucional", es cosa suya muy personal, no se la voy a discutir. Sin embargo, como diputada que fue elegida por los millones que consideramos espurio a Calderón, por los mismos que votamos por Andrés Manuel y por el PRD, debe usted tomar en cuenta los sentimientos heridos de esos millones, para actuar en consecuencia este primero de septiembre. Con todo el respeto que a usted le inspire ese "presidente constitucional", salga al vestíbulo a recibir el informe que éste le presente, Y NO MÁS. Por ningún motivo permita que él entre al pleno y tome el micrófono.
LE EXHORTO A RESPETAR A LOS MILLONES A QUIENES NOS
ESCAMOTEARON DE MALA MANERA LA
PRESIDENCIA EN 2006
Diputada Ruth Zavaleta:
No sé si usted leerá este e-mail, no lo sé. Pero sí sé que habemos muchos mexicanos que no consideramos a Calderón nuestro presidente. No fue limpia la elección y eso usted lo sabe también. Si usted le ha otorgado el rango de "constitucional", es cosa suya muy personal, no se la voy a discutir. Sin embargo, como diputada que fue elegida por los millones que consideramos espurio a Calderón, por los mismos que votamos por Andrés Manuel y por el PRD, debe usted tomar en cuenta los sentimientos heridos de esos millones, para actuar en consecuencia este primero de septiembre. Con todo el respeto que a usted le inspire ese "presidente constitucional", salga al vestíbulo a recibir el informe que éste le presente, Y NO MÁS. Por ningún motivo permita que él entre al pleno y tome el micrófono.
LE EXHORTO A RESPETAR A LOS MILLONES A QUIENES NOS
ESCAMOTEARON DE MALA MANERA LA
PRESIDENCIA EN 2006
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