Aprueba propuestas de modificación constitucional
Dpa, Afp y Reuters
Caracas, 19 de octubre. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una serie de propuestas de modificación en el texto de la Constitución, incluyendo cambios fundamentales en el ámbito económico, que le allanará el terreno al proyecto socialista del presidente Hugo Chávez.
Luego de una sesión que se extendió hasta altas horas de la noche de este jueves, el Poder Legislativo aprobó los principales cambios que el gobierno desea incluir en la Carta Magna, si así lo legitima luego un referendo popular previsto para diciembre.
El impulso de un modelo económico productivo de transición al socialismo, la erradicación de las prácticas del monopolio y la definición de varios tipos de propiedad además de la privada, entre las que se incluyen la pública, la social, la colectiva y la mixta, son los puntos a incluir en el texto de la Constitución.
Con tres jornadas de deliberaciones, en el seno del Congreso vnezolano se han aprobado 23 de los 58 artículos presentados para ser reformados.
Sobre la transición hacia el socialismo con esta reforma, se destacó que “no es el mercado el que determinará qué debe producirse, ni el neoliberalismo el que impondrá las pautas del modelo económico, sino la soberanía económica del pueblo, en función de un plan de desarrollo integral nacional”.
Asimismo, se citó que sin propiedad social “no hay socialismo posible”.
Sin embargo, han sido la restricción al “debido proceso” judicial y a la información en estados de excepción –como un golpe de Estado– lo que ha provocado mayor controversia y hasta fisuras en las filas gubernamentales, y que ha permitido revitalizar a la oposición.
El fiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez, calificó en ese contexto de “inconstitucional” la restricción del debido proceso, al considerar que “es un derecho absoluto que no debe ser restringido ni siquiera durante los estados de excepción”. Advirtió a los congresistas que tal derecho es “inviolable”.
La Conferencia Episcopal de Venezuela y los grupos de derechos humanos reiteraron sus críticas contra la reforma constitucional de corte socialista. La Iglesia católica dijo que la reforma es “moralmente inaceptable” ante su doctrina social, por considerar que “limita la libertad de los venezolanos” e “incrementa el poder del Estado”.
El documento de la Conferencia Episcopal de Venezuela parece calca de los emitidos por la oposición oligárquica, lo cual es perfectamente congruente con la trayectoria histórica de la Iglesia ya que siempre sus jerarcas han estado a favor de los privilegiados porque ellos mismos lo son. De esta forma, una vez más, la iglesia, aunque no toda, le da la espalda al pueblo venezolano. Lo que es "moralmente inaceptable" es que la iglesia argumente la limitación de la libertad cuando es ésta la que veta la voluntad popular y se hace cómplice del robo y los crímenes que la derecha comete en contra del pueblo. Esos "grupos de derechos humanos" no son más que asociaciones patito conformados por la oposición oligárquica que pretenden engañar al pueblo. Afortunadamente los venezolanos tienen ya un nivel de conciencia tan elevado que las mentiras no harán más que hundir cada vez más a los grupos de traidores que pretenden reinstaurar un régimen criminal que por décadas tuvo a los venezolanos hundidos en la miseria.
sábado, octubre 20, 2007
Retira el presidente boliviano al ejército y la policía del aeropuerto de Viru Viru
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, encabeza retoma de las instalaciones
Ordena Evo Morales investigación de presuntos actos de corrupción en esa terminal aérea
Rosa Rojas (Corresponsal)
La Paz, 19 de octubre. El gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, retiró esta madrugada la fuerza combinada de la policía y el ejército que había ocupado el pasado jueves el aeropuerto cruceño de Viru Viru, para evitar choques con manifestantes, y anunció el comienzo de “una investigación minuciosa de presuntos actos de corrupción” en la terminal aérea.
El repliegue de la fuerza uniformada es “para no ingresar al juego de la confrontación que pretenden llevar adelante los dirigentes cívicos y departamentales de Santa Cruz”, señaló el vocero de la Presidencia de la República, Alex Contreras, cuyos grupos llevaron a cabo una nueva protesta en las inmediaciones pese al retiro del operativo militar de salvaguarda.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció que la gente de la administración aeroportuaria regional depositaba en una cuenta personal el dinero de cobros irregulares a las líneas aéreas, y que “no se sabe” el destino de 250 mil dólares mensuales que cobraban por aterrizajes y despegues.
También el presidente Evo Morales reclamó a las autoridades de la prefectura de Santa Cruz, que encabeza el derechista Rubén Costas, y del Comité Cívico local al mando de Branco Marinkovic que se abstengan de encubrir los actos de corrupción de los funcionarios de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea.
El Poder Ejecutivo, en un comunicado dijo que no se puede permitir que la administración de ese aeropuerto vital “continúe en manos de la corrupción y de la ilegalidad”, realizando cobros indebidos, “extorsionando a las líneas aéreas, manejando los ingresos al margen de la ley y atentando contra el desarrollo de la integración aeronáutica comercial cruceña y nacional”.
El conflicto en el aeropuerto de Viru Viru se desató a principios de esta semana cuando la administración de esa terminal comenzó a hacer los cobros en efectivo a las empresas, que lo calificaron de “ilegales” y provocó el martes anterior la suspensión de vuelos de una aerolínea estadunidenses y de dos brasileñas.
El prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, quien encabezó con los cívicos a manifestantes en la “retoma” de “las instalaciones” aeroportuarias, envalentonado lanzó duras críticas e insultos contra lo que llamó “poder totalitario centralista” y declaró “persona no grata” al presidente venezolano Hugo Chávez que, dijo, “no tiene pisada” en Santa Cruz y a quien calificó de “macaco mayor”.
Estos sectores políticos, que son representativos de la oligarquía local y de la derecha radical, lanzaron consignas de “autonomía”, “democracia y libertad” y “Viru Viru es nuestro, carajo”.
También fustigaron al ejército boliviano por “tener” el apoyo de su similar venezolano y lo acusaron de disparar contra las mujeres y los ancianos.
Costas aseveró que los militares se retiraron de Viru Viru porque “la primera condición que les pusimos los líderes cruceños (al gobierno) es que inmediatamente este aeropuerto se desmilitarizara”.
Las autoridades aeroportuarias reportaron que las operaciones en la terminal aérea se reanudaron pocas horas después.
Ordena Evo Morales investigación de presuntos actos de corrupción en esa terminal aérea
Rosa Rojas (Corresponsal)
La Paz, 19 de octubre. El gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, retiró esta madrugada la fuerza combinada de la policía y el ejército que había ocupado el pasado jueves el aeropuerto cruceño de Viru Viru, para evitar choques con manifestantes, y anunció el comienzo de “una investigación minuciosa de presuntos actos de corrupción” en la terminal aérea.
El repliegue de la fuerza uniformada es “para no ingresar al juego de la confrontación que pretenden llevar adelante los dirigentes cívicos y departamentales de Santa Cruz”, señaló el vocero de la Presidencia de la República, Alex Contreras, cuyos grupos llevaron a cabo una nueva protesta en las inmediaciones pese al retiro del operativo militar de salvaguarda.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció que la gente de la administración aeroportuaria regional depositaba en una cuenta personal el dinero de cobros irregulares a las líneas aéreas, y que “no se sabe” el destino de 250 mil dólares mensuales que cobraban por aterrizajes y despegues.
También el presidente Evo Morales reclamó a las autoridades de la prefectura de Santa Cruz, que encabeza el derechista Rubén Costas, y del Comité Cívico local al mando de Branco Marinkovic que se abstengan de encubrir los actos de corrupción de los funcionarios de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea.
El Poder Ejecutivo, en un comunicado dijo que no se puede permitir que la administración de ese aeropuerto vital “continúe en manos de la corrupción y de la ilegalidad”, realizando cobros indebidos, “extorsionando a las líneas aéreas, manejando los ingresos al margen de la ley y atentando contra el desarrollo de la integración aeronáutica comercial cruceña y nacional”.
El conflicto en el aeropuerto de Viru Viru se desató a principios de esta semana cuando la administración de esa terminal comenzó a hacer los cobros en efectivo a las empresas, que lo calificaron de “ilegales” y provocó el martes anterior la suspensión de vuelos de una aerolínea estadunidenses y de dos brasileñas.
El prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, quien encabezó con los cívicos a manifestantes en la “retoma” de “las instalaciones” aeroportuarias, envalentonado lanzó duras críticas e insultos contra lo que llamó “poder totalitario centralista” y declaró “persona no grata” al presidente venezolano Hugo Chávez que, dijo, “no tiene pisada” en Santa Cruz y a quien calificó de “macaco mayor”.
Estos sectores políticos, que son representativos de la oligarquía local y de la derecha radical, lanzaron consignas de “autonomía”, “democracia y libertad” y “Viru Viru es nuestro, carajo”.
También fustigaron al ejército boliviano por “tener” el apoyo de su similar venezolano y lo acusaron de disparar contra las mujeres y los ancianos.
Costas aseveró que los militares se retiraron de Viru Viru porque “la primera condición que les pusimos los líderes cruceños (al gobierno) es que inmediatamente este aeropuerto se desmilitarizara”.
Las autoridades aeroportuarias reportaron que las operaciones en la terminal aérea se reanudaron pocas horas después.
Acribilla un comando a tres agentes en la provincia de Buenos Aires
Los asesinatos en un centro de telecomunicaciones, “mensajes mafiosos” contra Kirchner
Acusa la administración peronista a “la vieja Argentina” y a sectores de la pasada dictadura militar
“No es una casualidad que se dé a pocos días de las elecciones presidenciales”, dice el mandatario
Stella Calloni (Corresponsal)
Los cuerpos de los tres policías ultimados por un comando en La Plata son llevados en ambulancia a las instalaciones del ministerio público Foto: Reuters
Buenos Aires, 19 de octubre. Tres agentes de la policía que custodiaban en las afueras de la ciudad de La Plata un centro de telecomunicaciones de la provincia de Buenos Aires fueron acribillados hoy por un grupo de sujetos que se dio a la fuga, hecho que fue considerado como “un mensaje mafioso” contra el gobierno del presidente argentino, Néstor Kirchner.
A nueve días de las elecciones presidenciales, el mandatario y su esposa, la senadora y candidata peronista Cristina Fernández, condenaron el acto criminal que causó conmoción en la opinión pública por la brutalidad con que fue ejecutado.
Después de matarlos con disparos de sus armas de fuego, el comando acuchilló a los uniformados que resguardaban las instalaciones del Ministerio de Seguridad de una provincia que concentra 40 por ciento de los electores del país sudamericano.
“No es casualidad que se dé a tan pocos días de las elecciones”, dijo el gobernante peronista, visiblemente conmovido, durante un acto en la casa de gobierno.
Kirchner, quien hoy suspendió todas su actividades, consideró que el hecho podría estar relacionado “con los juicios que se están llevando adelante” contra los responsables de crímenes de lesa humanidad de la pasada dictadura militar (1976-1983).
Acusó a los sectores “de la vieja Argentina”, entre los que incluyó a quienes “no quieren ser juzgados” y los que “hablan contra la inseguridad”, en referencia a la campaña mediática sobre el tema para asustar a los electores a días de los comicios.
Ante centenares de seguidores, la senadora y candidata presidencial Cristina Fernández de Kirchner afirmó que “por más que nos golpeen, no nos van a derrotar, no nos van a herir”.
Durante un acto proselitista en la provincia de Santa Fe, ligó estos crímenes con los intereses de los sectores molestos por los pasos de independencia que se han dado en una Argentina “que rompe con el pasado”.
También mencionó que hay quienes quieren mostrar que “en Argentina todo anda mal” y ocultar el hecho de que el país sudamericano se reconstruye “desde sus propias cenizas”.
El presidente de Argentina se reunió esta mañana con el gobernador de La Plata, Felipe Solá, y otros altos funcionarios. A su vez, hubo urgentes reuniones de gabinete en la provincia.
La policía descartó que el ataque haya tenido como móvil el robo, porque no faltó nada en la planta ubicada en un lugar descampado y solitario.
La mirada también se vuelve a los viejos sectores políticos de la provincia que fueron separados de sus cargos en los últimos años y a grupos ligados con la pasada dictadura militar, que en estos días han aumentado los ataques y amenazas contra el presidente y la candidata oficial.
Por otra parte, también hay fuerte molestia en el entorno presidencial cuando a sólo unos días de las elecciones la Corte Suprema bonaerense decidió tomar las resoluciones con relación a la impugnación del candidato a gobernador de la opositora Unión-Propuesta Republicana, el empresario Francisco de Narváez, por haber nacido en Colombia.
También otros impugnaban al oficialista Daniel Scioli, actual vicepresidente y candidato a gobernador por esa provincia.
Kirchner señaló que “no puede ser que a nueve días de las elecciones se esté decidiendo si el señor De Narváez se puede presentar o no”, además de que también otros funcionarios gubernamentales criticaron esta decisión del órgano judicial.
El asesinato de los policías se produce después de otro extraño crimen cometido el pasado jueves contra un comisario de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Lomas de Zamora.
Esto coincidió con una campaña mediática sobre la inseguridad que alude a una serie de hechos registrados en las últimas horas, “como si una mano negra hubiera decidido activar esos delitos y hacer gritar esa inseguridad” para golpear al gobierno.
Los policías asesinados fueron identificados como el sargento Pedro Germán Díaz, de 45 años, y los oficiales Ricardo Torres Barbosa y Alejandro Rubén Batalaro, de 26 y 27 años, respectivamente.
Alto funcionario, en la mira
León Arslanián, ministro de Seguridad bonaerense, también es un hombre “en la mira”, puesto que recientemente ordenó la depuración de esa fuerza, constituida por casi 50 mil hombres.
El funcionario separó de sus cargos en los últimos años a más de mil 600 policías por actos de corrupción, apremios ilegales y otros delitos graves.
Aquellos cuadros policiales ligados a la dictadura militar, que fueron parte de la represión ilegal, mantienen nexos desde las sombras, se relacionan con los grupos que trabajan en agencias de seguridad privada, algunas de ellas dirigidas por mercenarios.
Otros hechos graves también se han imputado a mensajes “mafiosos” de ese poder en las sombras, como el caso de la desaparición –en septiembre del año pasado– del albañil peronista Jorge Julio López, testigo clave en los juicios contra responsables de delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura, también ocurrido en La Plata.
Y de la misma manera se vincula el secuestro que sufrió otro trabajador peronista en la localidad de Escobar, provincia de Buenos Aires, un militante relacionado con los sectores kirchneristas, quien estuvo desaparecido durante varios días y en diciembre de 2006 fue abandonado en un paraje solitario con rastros de haber sido torturado.
El presidente Kirchner denunció en esa ocasión a los sectores oscuros “del pasado”, de la dictadura militar, interesados en detener los pasos de la justicia durante la actual administración.
Acusa la administración peronista a “la vieja Argentina” y a sectores de la pasada dictadura militar
“No es una casualidad que se dé a pocos días de las elecciones presidenciales”, dice el mandatario
Stella Calloni (Corresponsal)
Los cuerpos de los tres policías ultimados por un comando en La Plata son llevados en ambulancia a las instalaciones del ministerio público Foto: ReutersBuenos Aires, 19 de octubre. Tres agentes de la policía que custodiaban en las afueras de la ciudad de La Plata un centro de telecomunicaciones de la provincia de Buenos Aires fueron acribillados hoy por un grupo de sujetos que se dio a la fuga, hecho que fue considerado como “un mensaje mafioso” contra el gobierno del presidente argentino, Néstor Kirchner.
A nueve días de las elecciones presidenciales, el mandatario y su esposa, la senadora y candidata peronista Cristina Fernández, condenaron el acto criminal que causó conmoción en la opinión pública por la brutalidad con que fue ejecutado.
Después de matarlos con disparos de sus armas de fuego, el comando acuchilló a los uniformados que resguardaban las instalaciones del Ministerio de Seguridad de una provincia que concentra 40 por ciento de los electores del país sudamericano.
“No es casualidad que se dé a tan pocos días de las elecciones”, dijo el gobernante peronista, visiblemente conmovido, durante un acto en la casa de gobierno.
Kirchner, quien hoy suspendió todas su actividades, consideró que el hecho podría estar relacionado “con los juicios que se están llevando adelante” contra los responsables de crímenes de lesa humanidad de la pasada dictadura militar (1976-1983).
Acusó a los sectores “de la vieja Argentina”, entre los que incluyó a quienes “no quieren ser juzgados” y los que “hablan contra la inseguridad”, en referencia a la campaña mediática sobre el tema para asustar a los electores a días de los comicios.
Ante centenares de seguidores, la senadora y candidata presidencial Cristina Fernández de Kirchner afirmó que “por más que nos golpeen, no nos van a derrotar, no nos van a herir”.
Durante un acto proselitista en la provincia de Santa Fe, ligó estos crímenes con los intereses de los sectores molestos por los pasos de independencia que se han dado en una Argentina “que rompe con el pasado”.
También mencionó que hay quienes quieren mostrar que “en Argentina todo anda mal” y ocultar el hecho de que el país sudamericano se reconstruye “desde sus propias cenizas”.
El presidente de Argentina se reunió esta mañana con el gobernador de La Plata, Felipe Solá, y otros altos funcionarios. A su vez, hubo urgentes reuniones de gabinete en la provincia.
La policía descartó que el ataque haya tenido como móvil el robo, porque no faltó nada en la planta ubicada en un lugar descampado y solitario.
La mirada también se vuelve a los viejos sectores políticos de la provincia que fueron separados de sus cargos en los últimos años y a grupos ligados con la pasada dictadura militar, que en estos días han aumentado los ataques y amenazas contra el presidente y la candidata oficial.
Por otra parte, también hay fuerte molestia en el entorno presidencial cuando a sólo unos días de las elecciones la Corte Suprema bonaerense decidió tomar las resoluciones con relación a la impugnación del candidato a gobernador de la opositora Unión-Propuesta Republicana, el empresario Francisco de Narváez, por haber nacido en Colombia.
También otros impugnaban al oficialista Daniel Scioli, actual vicepresidente y candidato a gobernador por esa provincia.
Kirchner señaló que “no puede ser que a nueve días de las elecciones se esté decidiendo si el señor De Narváez se puede presentar o no”, además de que también otros funcionarios gubernamentales criticaron esta decisión del órgano judicial.
El asesinato de los policías se produce después de otro extraño crimen cometido el pasado jueves contra un comisario de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Lomas de Zamora.
Esto coincidió con una campaña mediática sobre la inseguridad que alude a una serie de hechos registrados en las últimas horas, “como si una mano negra hubiera decidido activar esos delitos y hacer gritar esa inseguridad” para golpear al gobierno.
Los policías asesinados fueron identificados como el sargento Pedro Germán Díaz, de 45 años, y los oficiales Ricardo Torres Barbosa y Alejandro Rubén Batalaro, de 26 y 27 años, respectivamente.
Alto funcionario, en la mira
León Arslanián, ministro de Seguridad bonaerense, también es un hombre “en la mira”, puesto que recientemente ordenó la depuración de esa fuerza, constituida por casi 50 mil hombres.
El funcionario separó de sus cargos en los últimos años a más de mil 600 policías por actos de corrupción, apremios ilegales y otros delitos graves.
Aquellos cuadros policiales ligados a la dictadura militar, que fueron parte de la represión ilegal, mantienen nexos desde las sombras, se relacionan con los grupos que trabajan en agencias de seguridad privada, algunas de ellas dirigidas por mercenarios.
Otros hechos graves también se han imputado a mensajes “mafiosos” de ese poder en las sombras, como el caso de la desaparición –en septiembre del año pasado– del albañil peronista Jorge Julio López, testigo clave en los juicios contra responsables de delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura, también ocurrido en La Plata.
Y de la misma manera se vincula el secuestro que sufrió otro trabajador peronista en la localidad de Escobar, provincia de Buenos Aires, un militante relacionado con los sectores kirchneristas, quien estuvo desaparecido durante varios días y en diciembre de 2006 fue abandonado en un paraje solitario con rastros de haber sido torturado.
El presidente Kirchner denunció en esa ocasión a los sectores oscuros “del pasado”, de la dictadura militar, interesados en detener los pasos de la justicia durante la actual administración.
Banamex pagó Aeroméxico con parte de los intereses de pagarés Fobaproa
La institución propiedad de Citigroup difirió impuestos por $5 mil 205.6 millones
Arrigunaga, uno de los diseñadores del rescate, es empleado del banco: Di Costanzo
Israel Rodríguez J. y Susana González G.
Banamex, la marca con que opera en México el estadunidense Citigroup, compró Aeroméxico con sólo una porción de los recursos que el propio Fobaproa-IPAB entregó como parte de los intereses que le generaron los pagarés derivados del nuevo programa del rescate bancario.
Además, Banamex tiene impuestos diferidos que no pagó por 5 mil 205.6 millones de pesos (unos 500 millones de dólares) que están registrados en sus activos al cierre del primer semestre del año, según revelan informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
De acuerdo con un amplio análisis elaborado por la secretaría de la hacienda pública del denominado gobierno legítimo encabezado por Andrés Manuel López Obrador, Banamex recibió del Fobaproa pagarés por montos de aproximadamente 79 mil millones de pesos, que al final del “saneamiento” se transformaron en una erogación por casi 104 mil millones de pesos (a valor actual).
Adicionalmente, el Fondo Bancario para la Protección al Ahorro (Fobaproa) le compró indebidamente créditos por aproximadamente 7 mil millones de pesos, al adquirir cartera con todo e intereses moratorios.
Además, entre el 21 de julio y el 29 de diciembre de 2005, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) realizó a Banamex pagos anticipados por 31 mil 820 millones de pesos (unos 3 mil millones de pesos) derivado del Nuevo Programa para sustituir los antiguos pagarés.
Más adelante, durante 2006 el IPAB canalizó 28 mil 960 millones de pesos (alrededor de 2 mil 800 millones de dólares) como otro pago anticipado a Banamex derivado de la estrategia de saneamiento financiero para lograr ahorros en pagos futuros.
Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública, recordó que uno de los principales artífices de la estrategia del extinto Fobaproa, Javier Arrigunaga, es ahora un empleado más de Banamex.
El especialista señaló: “Una vez más, como si poseyera al genio de la lámpara y su suerte fuese inagotable, Banamex libró todos los aparentes obstáculos legales que al menos en teoría le impedían participar en la compra-venta de Aeroméxico y adquiere la estratégica línea aérea en una operación plagada de recelos”.
Un factor de sospecha es, justo decirlo, la decisión de las autoridades para “cerrar” la subasta en una hora determinada e impedir así la entrada de otra oferta que hubiera permitido elevar el costo de la aerolínea hasta por lo menos 260 millones de dólares.
Así, de esta manera se le vendió a Banamex una línea aérea en 249.1 millones de dólares, en prácticamente el precio de un solo avión de vanguardia.
Al no permitir esa puja dejando correr más tiempo para la subasta, las autoridades incumplieron de plano el mandato que les obliga teóricamente a maximizar la recuperación en el proceso de venta de Aeroméxico, pues conforme a la ley era su responsabilidad “tutelar por una sana administración del activo y proceder a la venta de los bienes al mejor precio posible”.
El secretario de la Hacienda Pública recordó que en 2001 se vendió Banamex a Citigroup en casi 125 mil millones de pesos en beneficio de particulares y mediante una operación bursátil que los libró de pagar impuestos por casi 12 mil 500 millones de pesos
Di Costanzo Armenta se preguntó: “¿No resulta por lo menos ilegítimo (no hablemos ya de legalidad) aceptar que la línea aérea se compre con recursos vinculados de una u otra forma con transacciones financieras en las que figura o figuró dinero de los contribuyentes que Banamex recibió vía rescate bancario?”.
Por ello, consideró que las autoridades tendrán que responder muchas interrogantes, más temprano que tarde, en un proceso que está plagado de sospechas y múltiples irregularidades.
Altibajos en la BMV
La venta de Aeroméxico provocó brevemente una tendencia alcista en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que benefició a algunas empresas que habían registrado cierres a la baja, pero la euforia duró poco porque hubo toma de utilidades que al final propiciaron un cierre a la baja en el mercado de valores, señaló Roberto Galván, presidente de Vanguardia Investment.
De hecho, al concluir la sesión de ayer el índice de precios y cotizaciones de la BMV cerró con una caída de mil 12.72 puntos, 3.08 por ciento menos respecto del cierre previo, al ubicarse en 31 mil 823.40 unidades, lo que fue considerado por algunos analistas como “un viernes negro”.
–¿La venta de acciones de Aeroméxico resultó favorable para la BMV?
–Pues sí, pero más bien se efectuó dentro de una coyuntura alcista ante expectativas de reportes, sobre todo de América Móvil. Pero sí podemos decir que lo de Aeroméxico contribuyó un poco a las actividades de la bolsa, pero se trató de una euforia que pasó muy rápido.
Roberto Galván manifestó que la venta de Aeroméxico se presta a suspicacias porque es de cuestionarse que el IPAB ajustara los tiempos de la subasta a los de Banamex, por lo que se puede hacer una lectura de que hubo preferencia por el postor que resultó ganador.
Resulta absurdo, dijo, que el IPAB fijara una hora para cerrar la subasta con el argumento de que prolongarla por más tiempo le hubiera implicado un alto costo, cuando llevaba años a cargo de Aeroméxico y lo que eventualmente hubiera perdido por esperarse un poco más lo hubiera recuperado de haber permitido que la puja siguiera.
“Fue un criterio muy poco inteligente porque si el precio por cada acción de Aeroméxico ya prácticamente se había duplicado respecto de la oferta original, en realidad se podría haber obtenido mucho más, ya que nadie sabía hasta dónde podían llegar las ofertas”, dijo.
Ponderó que aun cuando Aeroméxico sea considerada una empresa que trabaja en números rojos, los pasivos que acumula le servirán para obtener diversas deducciones fiscales, pero además lo más importante de esa empresa radica en su posición estratégica en la aviación nacional por el número de rutas y la presencia que tiene tanto en todos los aeropuertos del país, como en muchos del extranjero.
Así que, puntualizó, su venta resultó a todas luces “un negocio redondo” para el ganador, más aún porque por ley una subasta llevada a cabo en la BMV no obliga al comprador a pagar ningún impuesto.
No obstante, agregó, ese no era el único mecanismo con el que se podía vender Aeroméxico y, entre las dudas que deja el reciente proceso con el cual ganó Banamex y el grupo de empresarios representados por José Luis Barraza, se incluye el porqué el gobierno no optó por la licitación.
Arrigunaga, uno de los diseñadores del rescate, es empleado del banco: Di Costanzo
Israel Rodríguez J. y Susana González G.
Banamex, la marca con que opera en México el estadunidense Citigroup, compró Aeroméxico con sólo una porción de los recursos que el propio Fobaproa-IPAB entregó como parte de los intereses que le generaron los pagarés derivados del nuevo programa del rescate bancario.
Además, Banamex tiene impuestos diferidos que no pagó por 5 mil 205.6 millones de pesos (unos 500 millones de dólares) que están registrados en sus activos al cierre del primer semestre del año, según revelan informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
De acuerdo con un amplio análisis elaborado por la secretaría de la hacienda pública del denominado gobierno legítimo encabezado por Andrés Manuel López Obrador, Banamex recibió del Fobaproa pagarés por montos de aproximadamente 79 mil millones de pesos, que al final del “saneamiento” se transformaron en una erogación por casi 104 mil millones de pesos (a valor actual).
Adicionalmente, el Fondo Bancario para la Protección al Ahorro (Fobaproa) le compró indebidamente créditos por aproximadamente 7 mil millones de pesos, al adquirir cartera con todo e intereses moratorios.
Además, entre el 21 de julio y el 29 de diciembre de 2005, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) realizó a Banamex pagos anticipados por 31 mil 820 millones de pesos (unos 3 mil millones de pesos) derivado del Nuevo Programa para sustituir los antiguos pagarés.
Más adelante, durante 2006 el IPAB canalizó 28 mil 960 millones de pesos (alrededor de 2 mil 800 millones de dólares) como otro pago anticipado a Banamex derivado de la estrategia de saneamiento financiero para lograr ahorros en pagos futuros.
Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública, recordó que uno de los principales artífices de la estrategia del extinto Fobaproa, Javier Arrigunaga, es ahora un empleado más de Banamex.
El especialista señaló: “Una vez más, como si poseyera al genio de la lámpara y su suerte fuese inagotable, Banamex libró todos los aparentes obstáculos legales que al menos en teoría le impedían participar en la compra-venta de Aeroméxico y adquiere la estratégica línea aérea en una operación plagada de recelos”.
Un factor de sospecha es, justo decirlo, la decisión de las autoridades para “cerrar” la subasta en una hora determinada e impedir así la entrada de otra oferta que hubiera permitido elevar el costo de la aerolínea hasta por lo menos 260 millones de dólares.
Así, de esta manera se le vendió a Banamex una línea aérea en 249.1 millones de dólares, en prácticamente el precio de un solo avión de vanguardia.
Al no permitir esa puja dejando correr más tiempo para la subasta, las autoridades incumplieron de plano el mandato que les obliga teóricamente a maximizar la recuperación en el proceso de venta de Aeroméxico, pues conforme a la ley era su responsabilidad “tutelar por una sana administración del activo y proceder a la venta de los bienes al mejor precio posible”.
El secretario de la Hacienda Pública recordó que en 2001 se vendió Banamex a Citigroup en casi 125 mil millones de pesos en beneficio de particulares y mediante una operación bursátil que los libró de pagar impuestos por casi 12 mil 500 millones de pesos
Di Costanzo Armenta se preguntó: “¿No resulta por lo menos ilegítimo (no hablemos ya de legalidad) aceptar que la línea aérea se compre con recursos vinculados de una u otra forma con transacciones financieras en las que figura o figuró dinero de los contribuyentes que Banamex recibió vía rescate bancario?”.
Por ello, consideró que las autoridades tendrán que responder muchas interrogantes, más temprano que tarde, en un proceso que está plagado de sospechas y múltiples irregularidades.
Altibajos en la BMV
La venta de Aeroméxico provocó brevemente una tendencia alcista en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que benefició a algunas empresas que habían registrado cierres a la baja, pero la euforia duró poco porque hubo toma de utilidades que al final propiciaron un cierre a la baja en el mercado de valores, señaló Roberto Galván, presidente de Vanguardia Investment.
De hecho, al concluir la sesión de ayer el índice de precios y cotizaciones de la BMV cerró con una caída de mil 12.72 puntos, 3.08 por ciento menos respecto del cierre previo, al ubicarse en 31 mil 823.40 unidades, lo que fue considerado por algunos analistas como “un viernes negro”.
–¿La venta de acciones de Aeroméxico resultó favorable para la BMV?
–Pues sí, pero más bien se efectuó dentro de una coyuntura alcista ante expectativas de reportes, sobre todo de América Móvil. Pero sí podemos decir que lo de Aeroméxico contribuyó un poco a las actividades de la bolsa, pero se trató de una euforia que pasó muy rápido.
Roberto Galván manifestó que la venta de Aeroméxico se presta a suspicacias porque es de cuestionarse que el IPAB ajustara los tiempos de la subasta a los de Banamex, por lo que se puede hacer una lectura de que hubo preferencia por el postor que resultó ganador.
Resulta absurdo, dijo, que el IPAB fijara una hora para cerrar la subasta con el argumento de que prolongarla por más tiempo le hubiera implicado un alto costo, cuando llevaba años a cargo de Aeroméxico y lo que eventualmente hubiera perdido por esperarse un poco más lo hubiera recuperado de haber permitido que la puja siguiera.
“Fue un criterio muy poco inteligente porque si el precio por cada acción de Aeroméxico ya prácticamente se había duplicado respecto de la oferta original, en realidad se podría haber obtenido mucho más, ya que nadie sabía hasta dónde podían llegar las ofertas”, dijo.
Ponderó que aun cuando Aeroméxico sea considerada una empresa que trabaja en números rojos, los pasivos que acumula le servirán para obtener diversas deducciones fiscales, pero además lo más importante de esa empresa radica en su posición estratégica en la aviación nacional por el número de rutas y la presencia que tiene tanto en todos los aeropuertos del país, como en muchos del extranjero.
Así que, puntualizó, su venta resultó a todas luces “un negocio redondo” para el ganador, más aún porque por ley una subasta llevada a cabo en la BMV no obliga al comprador a pagar ningún impuesto.
No obstante, agregó, ese no era el único mecanismo con el que se podía vender Aeroméxico y, entre las dudas que deja el reciente proceso con el cual ganó Banamex y el grupo de empresarios representados por José Luis Barraza, se incluye el porqué el gobierno no optó por la licitación.
Impediremos que Calderón entregue el petróleo a particulares, insiste AMLO
La estrategia se definirá en la CND de noviembre en el Zócalo, señala en Puebla
Si el país cede su principal riqueza se cancelará la posibilidad de desarrollo, advierte
Andrea Becerril (Enviada)
Andrés Manuel López Obrador, ayer en Santiago Zautla, Puebla Foto: La Jornada
Santiago Zautla, Pue., 19 de octubre. Desde tierras poblanas, Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a Felipe Calderón: “No vamos a pemitir, por ningún motivo que Petróleos Mexicanos (Pemex) se privatice y se entregue a intereses nacionales o extranjeros”.
La estrategia para impedir que más empresas públicas, como fue el caso de Aeroméxico, sirvan para premiar “a quienes respaldaron el fraude de julio de 2006”, es uno de los temas centrales que se habrán de discutir en la próxima Asamblea de la Convención Nacional Democrática (CND).
El tabasqueño visitó este viernes siete municipios de Puebla y aprovechó las plazas llenas para reivindicar la resistencia civil que encabeza: “Este movimiento es muy fuerte, muy importante, porque es para defender al pueblo y al patrimonio nacional”.
Una de las mayores concentraciones fue en Zautla. Unos 5 mil perredistas y miembros de Convergencia, junto con hombres y mujeres sin partido, se reunieron por la tarde a escuchar su mensaje.
Cientos de banderas amarillas y naranjas y carteles con la foto en que aparece con la banda de “presidente legítimo”, se alzaron frente al templete en que López Obrador llamó a continuar con la lucha y los invitó a la tercera asamblea de la CND, en el Zócalo de la ciudad de México, el próximo 18 de noviembre.
Habrá definiciones, adelantó sobre dos temas torales para los mexicanos: “la intención del pelele de seguir entregando bienes nacionales a extranjeros, sobre todo los dos que quedan, que son la industria eléctrica y el petróleo”.
Por ello, “desde aquí le decimos a Calderón que no lo vamos a permitir, por ningún motivo. ¡la patria no se vende, se defiende”.
Recalcó que “el petróleo es de todos los mexicanos a partir de la nacionalización que llevó a cabo Lázaro Cárdenas”. Desde entonces, explicó, los ricos se opusieron a ello e incluso el Partido Acción Nacional (PAN) se creó para oponerse a la política nacionalista del general Cárdenas.
López Obrador recalcó que si se entregan los recursos petroleros a trasnacionales, el país perderá su principal riqueza y entonces sí ya no habría posibilidad de desarrollo. Por eso, dijo, habrá una defensa férrea de Pemex en la Asamblea de la CND.
“Si el pelele de Calderón pretende reformar la Constitución, para abrir Pemex al capital extranjero, voy a llamar a todo el pueblo de México a la movilización.”
Los miles de poblanos allí reunidos aplaudieron muy fuerte esa definición y le festejaron también la otra advertencia al “usurpador”: “No vamos a permitir tampoco que se aumenten los precios de la gasolina ni en octubre ni en enero”.
Hizo notar que “en los 10 meses que llevan de usurpar el gobierno, se han dedicado a elevar los precios de los artículos de consumo básico, cuyo incremento es de 35 por ciento”.
López Obrador comenzó muy temprano su jornada, con un mitin en Saltillo la Fragua, donde explicó que es importante consolidar el movimiento de resistencia civil para defender los bienes de la nación, ya que “es mucha la voracidad de los potentados que impusieron a Calderón”.
Después, en Guadalupe Victoria, recordó que el municipio se llama así en honor del primer presidente de México. Después, en 1848, hubo unas elecciones también cuestionadas, ya que, aunque Vicente Guerrero ganó, los aristócratas de entonces nunca le reconocieron el triunfo.
“¡Para que vean, no es nueva nuestra lucha!”
Siguió su recorrido por carreteras en mal estado para llegar a los poblados de Tepeyehualco, Ocotepec y Cuyoaco, en los que expuso sus propuestas y la tarea del “gobierno legítimo” de México.
“Este es un movimiento muy fuerte, de modo que no hay que tener miedo, al contrario, hay que sentirnos orgullosos. Nosotros no hacemos daño a nadie, esta lucha es para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, para defender el patrimonio nacional, para que no vuelva a ocurrirnos lo del 2 de julio de 2006”.
Concluyó la jornada ante miles de simpatizantes en Zaragoza, que lo esperaron por la noche a pesar de la lluvia. Allí reiteró que “después del fraude” no podía quedarse cruzado de brazos. “Decidimos seguir luchando hasta lograr un vedadero cambio en el país, porque no hay otro camino, otra opción, lo afirmo de manera categórica.”
Como pocas veces en la historia de México “hay un claro divorcio entre los políticos que se manejan arriba y el pueblo raso. A los primeros sólo les preocupa mantener y acrecentar sus privilegios. Por eso es este movimiento, por eso nos echamos a andar pueblo por pueblo”.
Concluyó: “somos millones en todo el país los que queremos un cambio. Nunca había habido tanta gente como ahora, consciente, dispuesta a luchar. Eso es un tesoro”.
Si el país cede su principal riqueza se cancelará la posibilidad de desarrollo, advierte
Andrea Becerril (Enviada)
Andrés Manuel López Obrador, ayer en Santiago Zautla, Puebla Foto: La JornadaSantiago Zautla, Pue., 19 de octubre. Desde tierras poblanas, Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a Felipe Calderón: “No vamos a pemitir, por ningún motivo que Petróleos Mexicanos (Pemex) se privatice y se entregue a intereses nacionales o extranjeros”.
La estrategia para impedir que más empresas públicas, como fue el caso de Aeroméxico, sirvan para premiar “a quienes respaldaron el fraude de julio de 2006”, es uno de los temas centrales que se habrán de discutir en la próxima Asamblea de la Convención Nacional Democrática (CND).
El tabasqueño visitó este viernes siete municipios de Puebla y aprovechó las plazas llenas para reivindicar la resistencia civil que encabeza: “Este movimiento es muy fuerte, muy importante, porque es para defender al pueblo y al patrimonio nacional”.
Una de las mayores concentraciones fue en Zautla. Unos 5 mil perredistas y miembros de Convergencia, junto con hombres y mujeres sin partido, se reunieron por la tarde a escuchar su mensaje.
Cientos de banderas amarillas y naranjas y carteles con la foto en que aparece con la banda de “presidente legítimo”, se alzaron frente al templete en que López Obrador llamó a continuar con la lucha y los invitó a la tercera asamblea de la CND, en el Zócalo de la ciudad de México, el próximo 18 de noviembre.
Habrá definiciones, adelantó sobre dos temas torales para los mexicanos: “la intención del pelele de seguir entregando bienes nacionales a extranjeros, sobre todo los dos que quedan, que son la industria eléctrica y el petróleo”.
Por ello, “desde aquí le decimos a Calderón que no lo vamos a permitir, por ningún motivo. ¡la patria no se vende, se defiende”.
Recalcó que “el petróleo es de todos los mexicanos a partir de la nacionalización que llevó a cabo Lázaro Cárdenas”. Desde entonces, explicó, los ricos se opusieron a ello e incluso el Partido Acción Nacional (PAN) se creó para oponerse a la política nacionalista del general Cárdenas.
López Obrador recalcó que si se entregan los recursos petroleros a trasnacionales, el país perderá su principal riqueza y entonces sí ya no habría posibilidad de desarrollo. Por eso, dijo, habrá una defensa férrea de Pemex en la Asamblea de la CND.
“Si el pelele de Calderón pretende reformar la Constitución, para abrir Pemex al capital extranjero, voy a llamar a todo el pueblo de México a la movilización.”
Los miles de poblanos allí reunidos aplaudieron muy fuerte esa definición y le festejaron también la otra advertencia al “usurpador”: “No vamos a permitir tampoco que se aumenten los precios de la gasolina ni en octubre ni en enero”.
Hizo notar que “en los 10 meses que llevan de usurpar el gobierno, se han dedicado a elevar los precios de los artículos de consumo básico, cuyo incremento es de 35 por ciento”.
López Obrador comenzó muy temprano su jornada, con un mitin en Saltillo la Fragua, donde explicó que es importante consolidar el movimiento de resistencia civil para defender los bienes de la nación, ya que “es mucha la voracidad de los potentados que impusieron a Calderón”.
Después, en Guadalupe Victoria, recordó que el municipio se llama así en honor del primer presidente de México. Después, en 1848, hubo unas elecciones también cuestionadas, ya que, aunque Vicente Guerrero ganó, los aristócratas de entonces nunca le reconocieron el triunfo.
“¡Para que vean, no es nueva nuestra lucha!”
Siguió su recorrido por carreteras en mal estado para llegar a los poblados de Tepeyehualco, Ocotepec y Cuyoaco, en los que expuso sus propuestas y la tarea del “gobierno legítimo” de México.
“Este es un movimiento muy fuerte, de modo que no hay que tener miedo, al contrario, hay que sentirnos orgullosos. Nosotros no hacemos daño a nadie, esta lucha es para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, para defender el patrimonio nacional, para que no vuelva a ocurrirnos lo del 2 de julio de 2006”.
Concluyó la jornada ante miles de simpatizantes en Zaragoza, que lo esperaron por la noche a pesar de la lluvia. Allí reiteró que “después del fraude” no podía quedarse cruzado de brazos. “Decidimos seguir luchando hasta lograr un vedadero cambio en el país, porque no hay otro camino, otra opción, lo afirmo de manera categórica.”
Como pocas veces en la historia de México “hay un claro divorcio entre los políticos que se manejan arriba y el pueblo raso. A los primeros sólo les preocupa mantener y acrecentar sus privilegios. Por eso es este movimiento, por eso nos echamos a andar pueblo por pueblo”.
Concluyó: “somos millones en todo el país los que queremos un cambio. Nunca había habido tanta gente como ahora, consciente, dispuesta a luchar. Eso es un tesoro”.
Persisten dudas por el fallo del TEPJF en 2006
Alejandro Encinas, José Murat, Luis Javier Garrido y Gerardo Priego en la UNAM
Emir Olivares Alonso
A un año de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó que la elección presidencial de 2006 fue “válida”, aún existen dudas y confrontación social, coincidieron el perredista Alejandro Encinas y el priísta José Murat.
En tanto que el panista Gerardo Priego aseveró que el proceso electoral del año pasado “desnudó la debilidad de los mecanismos que tenemos como país”, el académico Luis Javier Garrido, aspirante a la rectoría de la UNAM, afirmó que la llegada “ilegítima” de Felipe Calderón a la Presidencia, generó una crisis para el país.
Al participar en una mesa redonda en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, los tres políticos y el académico expusieron su visión a un año del fallo del tribunal. Mientras Murat dijo que por el silencio del PRI no hubo recuento de los votos, Encinas señaló que tras los comicios existe una crisis social, Priego aseveró que el desafuero fue “una pendejada”, porque elevó la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, y Garrido, que pese a sus esfuerzos, Calderón no cuenta con autoridad moral.
El académico señaló que la decisión del TEPJF “fue fatal” y es en gran medida la causa de que México viva en una situación actual de confrontación. Subrayó que hoy en el país López Obrador intenta “detener las medidas de desmantelamiento de la nación”, a través de su activismo social, mientras Calderón ostenta “un gobierno ilegítimo que no tiene autoridad política y moral para llevar el gobierno”.
Resaltó que, pese a la reciente reforma, persisten las condiciones para que se repita un fraude electoral debido a que las modificaciones no contemplan cambios a las estructuras del IFE ni del TEPJF.
Aunque Garrido se manifestó en contra, Murat planteó que las dudas se habrían disipado con el recuento de los votos y con una segunda vuelta. Indicó que la problemática nacional crece, sobre todo en pobreza y en inseguridad.
Encinas, candidato para dirigir al PRD, agregó que tras la campaña mediática contra López Obrador por el PAN y un sector del empresariado, se creó una polarización social que sacó a la luz un conflicto de clases; además de que a un año del fallo del tribunal (que se cumplió ayer) hay una profundización de la crisis, pues cada vez hay menos desarrollo económico y social.
En tanto, Priego, aspirante a la dirigencia blanquiazul, recalcó que los partidos no deben tener miedo a las alianzas. Subrayó que el PAN tiene más coincidencias con el PRD que con el priísmo. “Mientras perredistas y panistas discutimos, el PRI camina. Creo que hay alianzas importantes que podríamos hacer PRD y PAN y no las hacemos”, por la pelea entre ambos bandos tras la elección presidencial de 2006. ¿What?
Emir Olivares Alonso
A un año de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó que la elección presidencial de 2006 fue “válida”, aún existen dudas y confrontación social, coincidieron el perredista Alejandro Encinas y el priísta José Murat.
En tanto que el panista Gerardo Priego aseveró que el proceso electoral del año pasado “desnudó la debilidad de los mecanismos que tenemos como país”, el académico Luis Javier Garrido, aspirante a la rectoría de la UNAM, afirmó que la llegada “ilegítima” de Felipe Calderón a la Presidencia, generó una crisis para el país.
Al participar en una mesa redonda en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, los tres políticos y el académico expusieron su visión a un año del fallo del tribunal. Mientras Murat dijo que por el silencio del PRI no hubo recuento de los votos, Encinas señaló que tras los comicios existe una crisis social, Priego aseveró que el desafuero fue “una pendejada”, porque elevó la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, y Garrido, que pese a sus esfuerzos, Calderón no cuenta con autoridad moral.
El académico señaló que la decisión del TEPJF “fue fatal” y es en gran medida la causa de que México viva en una situación actual de confrontación. Subrayó que hoy en el país López Obrador intenta “detener las medidas de desmantelamiento de la nación”, a través de su activismo social, mientras Calderón ostenta “un gobierno ilegítimo que no tiene autoridad política y moral para llevar el gobierno”.
Resaltó que, pese a la reciente reforma, persisten las condiciones para que se repita un fraude electoral debido a que las modificaciones no contemplan cambios a las estructuras del IFE ni del TEPJF.
Aunque Garrido se manifestó en contra, Murat planteó que las dudas se habrían disipado con el recuento de los votos y con una segunda vuelta. Indicó que la problemática nacional crece, sobre todo en pobreza y en inseguridad.
Encinas, candidato para dirigir al PRD, agregó que tras la campaña mediática contra López Obrador por el PAN y un sector del empresariado, se creó una polarización social que sacó a la luz un conflicto de clases; además de que a un año del fallo del tribunal (que se cumplió ayer) hay una profundización de la crisis, pues cada vez hay menos desarrollo económico y social.
En tanto, Priego, aspirante a la dirigencia blanquiazul, recalcó que los partidos no deben tener miedo a las alianzas. Subrayó que el PAN tiene más coincidencias con el PRD que con el priísmo. “Mientras perredistas y panistas discutimos, el PRI camina. Creo que hay alianzas importantes que podríamos hacer PRD y PAN y no las hacemos”, por la pelea entre ambos bandos tras la elección presidencial de 2006. ¿What?
Salud y migración en la Unión Europea
Matteo Dean
La organización no gubernamental Médicos del Mundo publicó en junio pasado un reporte del llamado Observatorio Europeo sobre el Acceso a los Servicios de Salud, el cual, en palabras de la ONG, “no tiene vocación de ser un organismo de investigación”. Surgió en 2005 como un instrumento que “debe permitirnos manifestar las dificultades de acceso a los servicios de salud de las personas que viven en condiciones precarias en territorio europeo”.
El reporte mencionado, titulado Es preciso forjar el respeto y no el miedo, se refiere a un sector de la amplia población precaria y desprotegida que vive hoy en la Unión Europea (UE): los migrantes irregulares.
Partiendo de la premisa, necesaria cuanto deseable, que la Corte de los Derechos Humanos de la UE reconoció en su Carta Social que el derecho a la salud, a la gratuidad de la misma y a la salvaguarda de la exclusión social son derechos inalienables de los que deben gozar todos, incluidos ciudadanos extranjeros con estancia irregular, el reporte plantea una situación precaria y deficiente en esta materia.
El documento expone que se realizaron casi mil entrevistas en siete países de la UE para conocer la situación familiar y de vivienda, de empleo e ingresos económicos, lo que reveló una extrema fragilidad, tanto desde el punto de vista económico como social: personas que viven amontonados en casas, con trabajos temporales e ingresos por debajo del promedio continental y discontinuos.
Es preciso forjar el respeto, no el miedo, frente a la cruda realidad de los migrantes en el acceso a la salud. Si bien es cierto, según señala el documento, que cada país tiene su propia legislación en la materia, lo cual dificulta homogeneizar criterios y parámetros de intervención, el acceso a los servicios de salud para los migrantes irregulares es imposible por distintas razones: ignorancia del derecho, costo de algunos servicios, dificultades administrativas, barreras lingüísticas y culturales, discriminación y miedo a ser denunciados a la autoridad. Si bien estas son situaciones conocidas por muchos, subraya la ONG, no han sido objeto de estudio, pues entre dificultades objetivas y voluntades encontradas, ningún gobierno de la UE se ha empeñado, hasta ahora, en diseñar el mapa del estado de la exclusión y de la falta de derechos en el vasto mundo de la migración irregular.
Lo interesante del documento es que revela qué enfermedades presentan los entrevistados. Si la primera puede sonar folclórica, porque está ligada a cuestiones digestivas, la segunda es impactante: hasta 15 por ciento han confesado haber sido diagnosticados por enfermedades sicológicas. Dicho en otras palabras, la permanencia irregular en Europa, y quizás en todo el mundo, afecta la salud.
Finalmente, el reporte proporciona algunas recomendaciones. La organización internacional pide a la UE que se haga efectivo el derecho a la salud a través del libre acceso a los servicios sanitarios, así como de prevención; pide la gratuidad del servicio en casos específicos y de comprobada pobreza de los sujetos; demanda que se otorgue un permiso de estancia especial a todo ciudadano extranjero irregular que esté afectado por una enfermedad grave; pide que todos los derechos antes mencionados sean garantizados a todos los recluidos en los CPT (centros de permanencia temporal) y que se permita a las ONG la visita a éstos.
El trabajo que realiza Médicos del Mundo es digno de encomio, porque es el primero en su género, naturalmente, pero también por la sensibilidad demostrada hacia una parte de la población que numéricamente aún es difícil de cuantificar, pero que seguramente es muy amplia. Esa misma parte de la población que, como demuestra la ausencia de otras encuestas del tipo de la realizada por la ONG internacional, desaparece en la invisibilidad a la cual obliga la ausencia de un permiso legal de estancia, que resulta difícil de conseguir o imposible de renovar. Lo que revela también la encuesta citada es que al menos la mitad de los entrevistados son extranjeros irregulares que han perdido su estancia legal después de haberla tenido.
El reporte de Médicos del Mundo saca a flote y denuncia una situación grave que la UE tiene que resolver. En diciembre próximo, en Lisboa, se llevará a cabo una conferencia europea más acerca de migración. Ahí se reunirán jefes de Estado, secretarios y ministros del Interior del civilizado viejo continente. La duda es si a dichos personajes les interesará más resolver el problema por la vía policiaca, como han hecho hasta ahora, o si se ocuparán de encontrar la manera de contestar las preguntas que Médicos de Mundo les pone: “¿Será capaz la UE de asumir el desafío de garantizar que en su territorio nadie sea excluido (del acceso al derecho a la salud) por culpa de un papel administrativo, de una situación cambiante según las legislaciones, de las elecciones? ¿Hay alguna patología capaz de ser leída en un permiso de residencia?”
La organización no gubernamental Médicos del Mundo publicó en junio pasado un reporte del llamado Observatorio Europeo sobre el Acceso a los Servicios de Salud, el cual, en palabras de la ONG, “no tiene vocación de ser un organismo de investigación”. Surgió en 2005 como un instrumento que “debe permitirnos manifestar las dificultades de acceso a los servicios de salud de las personas que viven en condiciones precarias en territorio europeo”.
El reporte mencionado, titulado Es preciso forjar el respeto y no el miedo, se refiere a un sector de la amplia población precaria y desprotegida que vive hoy en la Unión Europea (UE): los migrantes irregulares.
Partiendo de la premisa, necesaria cuanto deseable, que la Corte de los Derechos Humanos de la UE reconoció en su Carta Social que el derecho a la salud, a la gratuidad de la misma y a la salvaguarda de la exclusión social son derechos inalienables de los que deben gozar todos, incluidos ciudadanos extranjeros con estancia irregular, el reporte plantea una situación precaria y deficiente en esta materia.
El documento expone que se realizaron casi mil entrevistas en siete países de la UE para conocer la situación familiar y de vivienda, de empleo e ingresos económicos, lo que reveló una extrema fragilidad, tanto desde el punto de vista económico como social: personas que viven amontonados en casas, con trabajos temporales e ingresos por debajo del promedio continental y discontinuos.
Es preciso forjar el respeto, no el miedo, frente a la cruda realidad de los migrantes en el acceso a la salud. Si bien es cierto, según señala el documento, que cada país tiene su propia legislación en la materia, lo cual dificulta homogeneizar criterios y parámetros de intervención, el acceso a los servicios de salud para los migrantes irregulares es imposible por distintas razones: ignorancia del derecho, costo de algunos servicios, dificultades administrativas, barreras lingüísticas y culturales, discriminación y miedo a ser denunciados a la autoridad. Si bien estas son situaciones conocidas por muchos, subraya la ONG, no han sido objeto de estudio, pues entre dificultades objetivas y voluntades encontradas, ningún gobierno de la UE se ha empeñado, hasta ahora, en diseñar el mapa del estado de la exclusión y de la falta de derechos en el vasto mundo de la migración irregular.
Lo interesante del documento es que revela qué enfermedades presentan los entrevistados. Si la primera puede sonar folclórica, porque está ligada a cuestiones digestivas, la segunda es impactante: hasta 15 por ciento han confesado haber sido diagnosticados por enfermedades sicológicas. Dicho en otras palabras, la permanencia irregular en Europa, y quizás en todo el mundo, afecta la salud.
Finalmente, el reporte proporciona algunas recomendaciones. La organización internacional pide a la UE que se haga efectivo el derecho a la salud a través del libre acceso a los servicios sanitarios, así como de prevención; pide la gratuidad del servicio en casos específicos y de comprobada pobreza de los sujetos; demanda que se otorgue un permiso de estancia especial a todo ciudadano extranjero irregular que esté afectado por una enfermedad grave; pide que todos los derechos antes mencionados sean garantizados a todos los recluidos en los CPT (centros de permanencia temporal) y que se permita a las ONG la visita a éstos.
El trabajo que realiza Médicos del Mundo es digno de encomio, porque es el primero en su género, naturalmente, pero también por la sensibilidad demostrada hacia una parte de la población que numéricamente aún es difícil de cuantificar, pero que seguramente es muy amplia. Esa misma parte de la población que, como demuestra la ausencia de otras encuestas del tipo de la realizada por la ONG internacional, desaparece en la invisibilidad a la cual obliga la ausencia de un permiso legal de estancia, que resulta difícil de conseguir o imposible de renovar. Lo que revela también la encuesta citada es que al menos la mitad de los entrevistados son extranjeros irregulares que han perdido su estancia legal después de haberla tenido.
El reporte de Médicos del Mundo saca a flote y denuncia una situación grave que la UE tiene que resolver. En diciembre próximo, en Lisboa, se llevará a cabo una conferencia europea más acerca de migración. Ahí se reunirán jefes de Estado, secretarios y ministros del Interior del civilizado viejo continente. La duda es si a dichos personajes les interesará más resolver el problema por la vía policiaca, como han hecho hasta ahora, o si se ocuparán de encontrar la manera de contestar las preguntas que Médicos de Mundo les pone: “¿Será capaz la UE de asumir el desafío de garantizar que en su territorio nadie sea excluido (del acceso al derecho a la salud) por culpa de un papel administrativo, de una situación cambiante según las legislaciones, de las elecciones? ¿Hay alguna patología capaz de ser leída en un permiso de residencia?”
Reforma constitucional en derechos humanos
Miguel Concha
La reforma constitucional en materia de derechos humanos es un tema que aparece constantemente cuando se habla de su situación en el país. Una reforma de este tipo ha sido recomendada por relatores, organismos internacionales y la sociedad civil desde hace un buen rato. Fue señalada como necesaria en el diagnóstico elaborado en el año 2003 por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), y en el Programa Nacional en Materia de Derechos Humanos del año 2004, que pretendía orientar la política del gobierno en la materia.
Tanto el diagnóstico como el programa y sus posteriores evaluaciones fueron coincidentes en señalar que la Constitución requería de urgentes reformas, toda vez que el texto actual no es suficiente para proteger los derechos humanos de las personas. Ello no fue algo nuevo para diversos académicos y organizaciones civiles de derechos humanos, quienes desde hace años han sugerido e impulsado importantes iniciativas, al igual que para un gran número de legisladores y algunos partidos políticos. La reforma en este tema es necesaria porque nuestra Constitución, a pesar de que al momento de su publicación fue una de las más avanzadas en materia de garantías sociales, es ahora obsoleta tratándose de la integralidad de los derechos humanos y sus mecanismos de exigibilidad, y porque a pesar de que ha habido un buen número de iniciativas en el pasado reciente, las mismas no han prosperado y se han quedado “en la congeladora”, como se dice comúnmente.
Las razones por las que no han tenido éxito son diversas, pero no deja de resultar vergonzoso que nuestra Constitución, tantas veces manoseada con reformas para favorecer intereses particulares, no haya tenido reformas mínimas en temas de protección de los derechos fundamentales de los individuos y las colectividades.
El proceso que surgió a partir de la promulgación de la Ley de la Reforma del Estado abrió una oportunidad excepcional para que por fin éstas puedan ser aprobadas por el Congreso, toda vez que el grupo de trabajo encargado de las garantías sociales pondrá el tema sobre la mesa, con un término de tiempo para la conclusión de sus labores. Esto se conjuga, además, con el hecho de que se cuenta en la Cámara de Diputados y el Senado con comisiones dispuestas a impulsarlas en espacios distintos a los de la reforma del Estado.
Aprovechando estas circunstancias, un amplio grupo de académicos y organizaciones de la sociedad civil, respondiendo a una convocatoria de la OACNUDH, han elaborado una serie de propuestas que pueden servir de base para los trabajos de la reforma del Estado, toda vez que contemplan una reforma integral de nuestra Carta Magna bajo esta óptica, teniendo en cuenta los estándares más altos en la materia.
La calidad de esas propuestas está asegurada, pues han sido formuladas por especialistas de la academia y quienes han librado batallas legales por la defensa de los derechos humanos desde hace muchos años. Trabajaron, además, durante nueve meses en un solo proyecto que satisficiera las expectativas de todos. Es necesario que nuestros legisladores afronten ahora el reto que se les presenta, tomando decisiones valientes y comprometidas a favor de todas las personas en el país. Ello tiene que ver con la obligación que tienen de tomar en consideración las propuestas de la academia y de la sociedad.
Entre los puntos de este proyecto destacan la inclusión del concepto de derechos humanos en el texto constitucional, entendidos como derechos fundamentales que deben ser respetados tanto por el Estado como por los particulares, así como la inclusión de mecanismos para su justiciabilidad mediante el amparo, considerando asimismo la posibilidad de amparos colectivos, y optimizando también este juicio como medio de defensa de los llamados “derechos difusos”.
Igualmente, el reconocimiento de la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México, y del principio pro homine, según el cual se debe preferir, privilegiar o favorecer la aplicación de aquella norma que otorgue mejor protección a los derechos de las personas, así como importantes propuestas en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. Se pone especial énfasis en explicitar condiciones de equidad entre las mujeres y los varones, y el proyecto es muy claro en cuanto a no permitir la discriminación por ningún motivo.
A todo ello hay que añadir la prohibición explícita de la tortura, la prohibición de la pena de muerte y de la desaparición forzada de personas, así como el reconocimiento y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
No debe dejar de mencionarse la inclusión explícita de la garantía de audiencia en los procesos de expulsión de extranjeros, la perspectiva de género y la explicitación de la tutela de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Éstos, entre otros muchos, que también tienen que ver con los derechos de los migrantes, los derechos laborales, los derechos de los extranjeros en el país, la educación con perspectiva de género y la laicidad del Estado, son temas necesarios para que nuestra Carta Magna sea efectiva en cuanto a la protección de las personas. Confiamos en que los legisladores actuarán de forma responsable.
La reforma constitucional en materia de derechos humanos es un tema que aparece constantemente cuando se habla de su situación en el país. Una reforma de este tipo ha sido recomendada por relatores, organismos internacionales y la sociedad civil desde hace un buen rato. Fue señalada como necesaria en el diagnóstico elaborado en el año 2003 por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), y en el Programa Nacional en Materia de Derechos Humanos del año 2004, que pretendía orientar la política del gobierno en la materia.
Tanto el diagnóstico como el programa y sus posteriores evaluaciones fueron coincidentes en señalar que la Constitución requería de urgentes reformas, toda vez que el texto actual no es suficiente para proteger los derechos humanos de las personas. Ello no fue algo nuevo para diversos académicos y organizaciones civiles de derechos humanos, quienes desde hace años han sugerido e impulsado importantes iniciativas, al igual que para un gran número de legisladores y algunos partidos políticos. La reforma en este tema es necesaria porque nuestra Constitución, a pesar de que al momento de su publicación fue una de las más avanzadas en materia de garantías sociales, es ahora obsoleta tratándose de la integralidad de los derechos humanos y sus mecanismos de exigibilidad, y porque a pesar de que ha habido un buen número de iniciativas en el pasado reciente, las mismas no han prosperado y se han quedado “en la congeladora”, como se dice comúnmente.
Las razones por las que no han tenido éxito son diversas, pero no deja de resultar vergonzoso que nuestra Constitución, tantas veces manoseada con reformas para favorecer intereses particulares, no haya tenido reformas mínimas en temas de protección de los derechos fundamentales de los individuos y las colectividades.
El proceso que surgió a partir de la promulgación de la Ley de la Reforma del Estado abrió una oportunidad excepcional para que por fin éstas puedan ser aprobadas por el Congreso, toda vez que el grupo de trabajo encargado de las garantías sociales pondrá el tema sobre la mesa, con un término de tiempo para la conclusión de sus labores. Esto se conjuga, además, con el hecho de que se cuenta en la Cámara de Diputados y el Senado con comisiones dispuestas a impulsarlas en espacios distintos a los de la reforma del Estado.
Aprovechando estas circunstancias, un amplio grupo de académicos y organizaciones de la sociedad civil, respondiendo a una convocatoria de la OACNUDH, han elaborado una serie de propuestas que pueden servir de base para los trabajos de la reforma del Estado, toda vez que contemplan una reforma integral de nuestra Carta Magna bajo esta óptica, teniendo en cuenta los estándares más altos en la materia.
La calidad de esas propuestas está asegurada, pues han sido formuladas por especialistas de la academia y quienes han librado batallas legales por la defensa de los derechos humanos desde hace muchos años. Trabajaron, además, durante nueve meses en un solo proyecto que satisficiera las expectativas de todos. Es necesario que nuestros legisladores afronten ahora el reto que se les presenta, tomando decisiones valientes y comprometidas a favor de todas las personas en el país. Ello tiene que ver con la obligación que tienen de tomar en consideración las propuestas de la academia y de la sociedad.
Entre los puntos de este proyecto destacan la inclusión del concepto de derechos humanos en el texto constitucional, entendidos como derechos fundamentales que deben ser respetados tanto por el Estado como por los particulares, así como la inclusión de mecanismos para su justiciabilidad mediante el amparo, considerando asimismo la posibilidad de amparos colectivos, y optimizando también este juicio como medio de defensa de los llamados “derechos difusos”.
Igualmente, el reconocimiento de la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México, y del principio pro homine, según el cual se debe preferir, privilegiar o favorecer la aplicación de aquella norma que otorgue mejor protección a los derechos de las personas, así como importantes propuestas en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. Se pone especial énfasis en explicitar condiciones de equidad entre las mujeres y los varones, y el proyecto es muy claro en cuanto a no permitir la discriminación por ningún motivo.
A todo ello hay que añadir la prohibición explícita de la tortura, la prohibición de la pena de muerte y de la desaparición forzada de personas, así como el reconocimiento y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
No debe dejar de mencionarse la inclusión explícita de la garantía de audiencia en los procesos de expulsión de extranjeros, la perspectiva de género y la explicitación de la tutela de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Éstos, entre otros muchos, que también tienen que ver con los derechos de los migrantes, los derechos laborales, los derechos de los extranjeros en el país, la educación con perspectiva de género y la laicidad del Estado, son temas necesarios para que nuestra Carta Magna sea efectiva en cuanto a la protección de las personas. Confiamos en que los legisladores actuarán de forma responsable.
Deseo, angustia y política
Ilán Semo
¿Cuáles son las premisas que hacen de la filosofía política de Maquiavelo una visión tan particularmente radical? El tema es antiguo y ha merecido múltiples interpretaciones. La que propuso Nietzsche es una de las más inesperadas y sutiles. Su lectura de El príncipe parte de la subversiva inferencia de que se trata de un libro “sobre el deseo, un deseo inasible, imposible de satisfacer”.
La idea es en sí fascinante, y el argumento más sencillo de lo que se podría imaginar. Para mantenerse en el poder, el soberano debe, en última instancia, velar por el bienestar del reino. Para ello es preciso satisfacer los deseos de sus ciudadanos. Pero el deseo es una pulsión enigmática, “inasible” como dice Nietzsche. Cada vez que un deseo es satisfecho –o reprimido, o suprimido–, inmediatamente emerge un deseo que vuelve a presentarse como insatisfecho. En palabras muy simples: no se ha terminado de desear algo cuando se desea algo nuevo. Y, traducido al mundo de lo político: el ciudadano aparece como un deseo permanentemente insatisfecho. Sus demandas son inagotables. Para el poder, el dilema –un dilema muy característico del pensamiento de Maquiavelo– consiste en cómo acotar esta infinitud, en cómo legitimar un horizonte de desplazamiento que no se transforme en un cúmulo de frustraciones. Tal vez por ello, la política es, entre muchas otras cosas, esencialmente un discurso sobre el futuro. El futuro entendido como promesa y/o, sobre todo, como riesgo: esa entidad inexistente donde quedan pospuestos o desplazados los avatares y las demandas del presente.
El futuro, es decir, la postulación del futuro, ha sufrido cambios radicales en los últimos tiempos.
Todavía en la década de los 70, no hace tanto tiempo, el futuro político aparecía como un disenso de utopías. Tal vez ya se ha olvidado, pero la idea, por ejemplo, de erigir un orden democrático en México se percibía como un horizonte de abundantes expectativas. Ni hablar de otras utopías de la época como pudo llegar a ser el socialismo o, su versión moderada, la sociedad regulada, la sociedad ecológicamente sustentable, etcétera.
Hoy se habla de un mundo exento de utopías. (Acaso habría que hablar de una época aturdida por los experimentos utópicos del siglo XX.) Sea como sea, esa ausencia se ha convertido en un statement sobre nuestra cultura. Un poco banal, por cierto. En rigor, las visiones actuales del tiempo en la política resultan bastante más complejas. La razón es sencilla y compleja a la vez: la política no puede prescindir de cierto discurso sobre el futuro.
Si se les examina con un poco de atención, las viejas utopías han sido sustituidas por una noción capilar que ocupa a la mayor parte de los dictámenes sobre aquello que creemos que nos aguarda. Esa noción es: el riesgo.
Vivimos una época dominada por el cálculo, los temores y las vicisitudes que encierra el riesgo entendido como vértice del futuro. Basta con hojear cualquier matutino para percatarse de ello. Según los últimos reportes de la investigación médica, moriremos por haber comido demasiada carne de res o por no haber dormido lo suficiente o por no haber ejercitado yoga o el simple hecho de habitar en el Distrito Federal. Mañana el reporte podría ser el inverso: será la carne de pollo la que nos mate, o el exceso de algún deporte. Cada día se acumulan las nuevas que acechan al cuerpo: hoy es el colesterol, mañana será alguna mutación de nosotros mismos.
El riesgo domina los más inverosímiles rincones de la vida cotidiana: es impresionante la lista de seguros que se deben o se pueden adquirir para reducir, valga el pleonasmo, las sombras de la inseguridad. Se estudia una carrera y se deja de estudiar otra para reducir el riesgo de no encontrar trabajo. En la era del sida, incluso la sexualidad requiere de tristes cálculos y onerosas renuncias.
En la política, esta peculiar manera de postular el futuro se ha vuelto una común operación: pocos se inclinarían a votar hoy por el mejor de los gobiernos; a la mayoría les basta hacerlo por el menos peor, por el que asegure no un cambio del orden, sino simplemente no poner en peligro lo que existe.
La misma lucha política se ha transformado en una contienda por calcular quién hace aparecer al adversario como una promesa de peligro.
Y no parece existir ningún discurso ni visión que logre suprimir el riesgo como vértice del sentido. Tal vez, para sortear el estrecho círculo de esta manera de autosucumbir frente al tiempo, sólo queda volver los ojos sobre el presente: no sobre lo que puede pasar, sino sobre lo que está pasando, no sobre los “escenarios del futuro”, sino sobre las contingencias de aquello que tenemos a la mano.
¿Cuáles son las premisas que hacen de la filosofía política de Maquiavelo una visión tan particularmente radical? El tema es antiguo y ha merecido múltiples interpretaciones. La que propuso Nietzsche es una de las más inesperadas y sutiles. Su lectura de El príncipe parte de la subversiva inferencia de que se trata de un libro “sobre el deseo, un deseo inasible, imposible de satisfacer”.
La idea es en sí fascinante, y el argumento más sencillo de lo que se podría imaginar. Para mantenerse en el poder, el soberano debe, en última instancia, velar por el bienestar del reino. Para ello es preciso satisfacer los deseos de sus ciudadanos. Pero el deseo es una pulsión enigmática, “inasible” como dice Nietzsche. Cada vez que un deseo es satisfecho –o reprimido, o suprimido–, inmediatamente emerge un deseo que vuelve a presentarse como insatisfecho. En palabras muy simples: no se ha terminado de desear algo cuando se desea algo nuevo. Y, traducido al mundo de lo político: el ciudadano aparece como un deseo permanentemente insatisfecho. Sus demandas son inagotables. Para el poder, el dilema –un dilema muy característico del pensamiento de Maquiavelo– consiste en cómo acotar esta infinitud, en cómo legitimar un horizonte de desplazamiento que no se transforme en un cúmulo de frustraciones. Tal vez por ello, la política es, entre muchas otras cosas, esencialmente un discurso sobre el futuro. El futuro entendido como promesa y/o, sobre todo, como riesgo: esa entidad inexistente donde quedan pospuestos o desplazados los avatares y las demandas del presente.
El futuro, es decir, la postulación del futuro, ha sufrido cambios radicales en los últimos tiempos.
Todavía en la década de los 70, no hace tanto tiempo, el futuro político aparecía como un disenso de utopías. Tal vez ya se ha olvidado, pero la idea, por ejemplo, de erigir un orden democrático en México se percibía como un horizonte de abundantes expectativas. Ni hablar de otras utopías de la época como pudo llegar a ser el socialismo o, su versión moderada, la sociedad regulada, la sociedad ecológicamente sustentable, etcétera.
Hoy se habla de un mundo exento de utopías. (Acaso habría que hablar de una época aturdida por los experimentos utópicos del siglo XX.) Sea como sea, esa ausencia se ha convertido en un statement sobre nuestra cultura. Un poco banal, por cierto. En rigor, las visiones actuales del tiempo en la política resultan bastante más complejas. La razón es sencilla y compleja a la vez: la política no puede prescindir de cierto discurso sobre el futuro.
Si se les examina con un poco de atención, las viejas utopías han sido sustituidas por una noción capilar que ocupa a la mayor parte de los dictámenes sobre aquello que creemos que nos aguarda. Esa noción es: el riesgo.
Vivimos una época dominada por el cálculo, los temores y las vicisitudes que encierra el riesgo entendido como vértice del futuro. Basta con hojear cualquier matutino para percatarse de ello. Según los últimos reportes de la investigación médica, moriremos por haber comido demasiada carne de res o por no haber dormido lo suficiente o por no haber ejercitado yoga o el simple hecho de habitar en el Distrito Federal. Mañana el reporte podría ser el inverso: será la carne de pollo la que nos mate, o el exceso de algún deporte. Cada día se acumulan las nuevas que acechan al cuerpo: hoy es el colesterol, mañana será alguna mutación de nosotros mismos.
El riesgo domina los más inverosímiles rincones de la vida cotidiana: es impresionante la lista de seguros que se deben o se pueden adquirir para reducir, valga el pleonasmo, las sombras de la inseguridad. Se estudia una carrera y se deja de estudiar otra para reducir el riesgo de no encontrar trabajo. En la era del sida, incluso la sexualidad requiere de tristes cálculos y onerosas renuncias.
En la política, esta peculiar manera de postular el futuro se ha vuelto una común operación: pocos se inclinarían a votar hoy por el mejor de los gobiernos; a la mayoría les basta hacerlo por el menos peor, por el que asegure no un cambio del orden, sino simplemente no poner en peligro lo que existe.
La misma lucha política se ha transformado en una contienda por calcular quién hace aparecer al adversario como una promesa de peligro.
Y no parece existir ningún discurso ni visión que logre suprimir el riesgo como vértice del sentido. Tal vez, para sortear el estrecho círculo de esta manera de autosucumbir frente al tiempo, sólo queda volver los ojos sobre el presente: no sobre lo que puede pasar, sino sobre lo que está pasando, no sobre los “escenarios del futuro”, sino sobre las contingencias de aquello que tenemos a la mano.
IMSS: nadie gana, pero el usuario vuelve a perder
Gustavo Leal F.*
Empezó con el pliego hostil registrado por el politólogo Juan Molinar Horcasitas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) el 14 de agosto: técnica y políticamente inviable, antisindical, repetidor del deliberadamente equívoco “diagnóstico” de Fox-Levy y diseñado para que los medios siguieran desprestigiando al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y sus trabajadores.
Un pliego que –como podía esperarse de un Ejecutivo continuista– no se atrevió a enfrentar con seriedad las encrucijadas que pesan sobre la situación del instituto y que le impiden atender debidamente el más robusto de los reclamos sociales: que mejore ¡ya! los servicios prestados.
Siguió la “respuesta” defensiva de una dirigencia sindical (Comité Ejecutivo Nacional) sin prospectiva estratégica para el IMSS, incapaz de modernizar su propuesta y democratizar la representación de sus agremiados. Una dirigencia inmediatamente heredera de la que, encabezada por el doctor Roberto Vega Galina, firmó –en octubre de 2005 como “propuesta de los trabajadores”– el primer gran mazazo contra el régimen de jubilaciones y pensiones de su propio contrato colectivo de trabajo: el convenio adicional para las jubilaciones y pensiones de los trabajadores de base de nuevo ingreso.
El resultado de la “negociación” entre ese politólogo y esa dirigencia es claro: nadie gana, pero los 49 millones de derechohabientes, así como los 14 millones que cotizan al “benemérito” organismo (Molinar dixit), recibirán, gracias a Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, unos servicios que cuestan pero no mejoran, ni previsiblemente mejorarán en el mediano plazo.
Mucho pesó sobre este desenlace el impacto directo de la impuesta “reforma” calderonista al ISSSTE (marzo), que repite ¡sólo12 años después! la misma ruta de anunciado fracaso que en 1995 Zedillo le impuso al IMSS.
Por la profunda inconformidad y movilizaciones que ella ha despertado durante más de siete meses, las autoridades del IMSS temieron recibir su correspondiente cascada de amparos, mientras la dirigencia sindical optó por una “neutralidad” negociable. Poco antes de reunirse con Calderón, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) declaró que “sacar a los trabajadores del IMSS a la calle en defensa de su sistema de pensiones, cuando a escala nacional hay gran descontento por la nueva Ley del ISSSTE, generaría una crisis laboral muy grave en el país”.
¿Qué buscaba realmente Molinar Horcasitas? Sólo extender a los trabajadores del IMSS la misma receta impuesta por Calderón al ISSSTE, sirviéndose para ello de la dirigencia sindical: elevar los años de servicio para los activos: 34 (mujeres), 35 (hombres) y 60 años de edad como piso para alcanzar derecho a la jubilación.
Aunque los más afectados serían los que aún no pueden defenderse porque hacen cola a la puerta del mercado de trabajo: los de nuevo ingreso. A ellos –tal como impuso Calderón al ISSSTE– se les descontaría hasta ¡15 por ciento! de su salario para el “nuevo” régimen, con cuentas individuales en el SAR y sin compromiso alguno del IMSS-patrón, sólo con las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo.
La “negociación” final entre las partes acordó establecer “de inmediato” tres comisiones que “en breve plazo” deberán: “supervisar” la ejecución total del convenio firmado por Vega Galina en 2005; “resolver” las jubilaciones de los trabajadores de las futuras generaciones (¿imponiendo la ley calderonista del ISSSTE en lo oscurito?), y “definir” los mecanismos de estímulo económico a los trabajadores más eficientes.
Pero, estatutariamente, ¿a quién rendirán cuenta esas comisiones? ¿Qué trabajadores, y reunidos dónde, aprobarán sus “acuerdos”?
Así que nadie gana, aunque derechohabientes y cotizantes pierdan, por el simple motivo de que ninguna de las partes entró siquiera a semblantear lo que debería haber sido, desde el principio, el centro de la negociación: aquello que por las decisiones de política adoptadas tienen al IMSS en el punto en que se ubica hoy.
Entre otras, el impacto de la política económica sobre el aseguramiento formal, “reforma” Zedillo de 1995-1997, adeudos gubernamentales, dinámica del Sistema de Ahorro para el Retiro, subcontratación, situación de la recaudación, elusión y evasión de cuotas obrero-patronales, efecto del nivel salarial de los altos mandos, presencia de presunta corrupción, monto de los procesos subrogados, adopción (Fox) del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y (Calderón) del “Seguro Popular” petit o cambray (sólo para los recién nacidos), horizontalización del Programa IMSS-Oportunidades al precario nivel clínico del “Seguro Popular”, y creación de las controversiales UMAES.
Nadie gana. Pero el politólogo Molinar Horcasitas –mientras Calderón lo mantenga “al frente” del IMSS– seguirá cobrando cerca de 200 mil pesos mensuales, y su director de Prestaciones Médicas, Santiago Echevarría, casi 187 mil.
Nadie gana. Pero la dirigencia sindical (CEN) seguirá “administrando” los cuantiosos recursos de 378 mil activos y 37 secciones a lo largo y ancho del país; sin rendir cuentas; sin haber comunicado debidamente la cifra exacta de trabajadores que, por sanción, fueron impedidos de participar en un congreso (cercado por la AFI), y que, al concluir, le permitió al secretario general afirmar: “no hubo ni un paso atrás”. Además, esa dirigencia dispone, ahora, de mil 500 préstamos extras para el fomento a la habitación.
Gracias a Zedillo, Fox y, ahora, Calderón, los servicios que presta el IMSS se mantendrán en el exacto mismo horizonte. Nadie gana. Pierde el usuario.
Pero, sobre todo, la continuidad que rezuma el calderonismo y su imposición en el ISSSTE seguirán bloqueando por un largo e inútil sexenio más el nuevo diseño que reclama con urgencia la política pública de salud y seguridad social que merecen los mexicanos del siglo XXI.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Empezó con el pliego hostil registrado por el politólogo Juan Molinar Horcasitas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) el 14 de agosto: técnica y políticamente inviable, antisindical, repetidor del deliberadamente equívoco “diagnóstico” de Fox-Levy y diseñado para que los medios siguieran desprestigiando al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y sus trabajadores.
Un pliego que –como podía esperarse de un Ejecutivo continuista– no se atrevió a enfrentar con seriedad las encrucijadas que pesan sobre la situación del instituto y que le impiden atender debidamente el más robusto de los reclamos sociales: que mejore ¡ya! los servicios prestados.
Siguió la “respuesta” defensiva de una dirigencia sindical (Comité Ejecutivo Nacional) sin prospectiva estratégica para el IMSS, incapaz de modernizar su propuesta y democratizar la representación de sus agremiados. Una dirigencia inmediatamente heredera de la que, encabezada por el doctor Roberto Vega Galina, firmó –en octubre de 2005 como “propuesta de los trabajadores”– el primer gran mazazo contra el régimen de jubilaciones y pensiones de su propio contrato colectivo de trabajo: el convenio adicional para las jubilaciones y pensiones de los trabajadores de base de nuevo ingreso.
El resultado de la “negociación” entre ese politólogo y esa dirigencia es claro: nadie gana, pero los 49 millones de derechohabientes, así como los 14 millones que cotizan al “benemérito” organismo (Molinar dixit), recibirán, gracias a Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, unos servicios que cuestan pero no mejoran, ni previsiblemente mejorarán en el mediano plazo.
Mucho pesó sobre este desenlace el impacto directo de la impuesta “reforma” calderonista al ISSSTE (marzo), que repite ¡sólo12 años después! la misma ruta de anunciado fracaso que en 1995 Zedillo le impuso al IMSS.
Por la profunda inconformidad y movilizaciones que ella ha despertado durante más de siete meses, las autoridades del IMSS temieron recibir su correspondiente cascada de amparos, mientras la dirigencia sindical optó por una “neutralidad” negociable. Poco antes de reunirse con Calderón, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) declaró que “sacar a los trabajadores del IMSS a la calle en defensa de su sistema de pensiones, cuando a escala nacional hay gran descontento por la nueva Ley del ISSSTE, generaría una crisis laboral muy grave en el país”.
¿Qué buscaba realmente Molinar Horcasitas? Sólo extender a los trabajadores del IMSS la misma receta impuesta por Calderón al ISSSTE, sirviéndose para ello de la dirigencia sindical: elevar los años de servicio para los activos: 34 (mujeres), 35 (hombres) y 60 años de edad como piso para alcanzar derecho a la jubilación.
Aunque los más afectados serían los que aún no pueden defenderse porque hacen cola a la puerta del mercado de trabajo: los de nuevo ingreso. A ellos –tal como impuso Calderón al ISSSTE– se les descontaría hasta ¡15 por ciento! de su salario para el “nuevo” régimen, con cuentas individuales en el SAR y sin compromiso alguno del IMSS-patrón, sólo con las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo.
La “negociación” final entre las partes acordó establecer “de inmediato” tres comisiones que “en breve plazo” deberán: “supervisar” la ejecución total del convenio firmado por Vega Galina en 2005; “resolver” las jubilaciones de los trabajadores de las futuras generaciones (¿imponiendo la ley calderonista del ISSSTE en lo oscurito?), y “definir” los mecanismos de estímulo económico a los trabajadores más eficientes.
Pero, estatutariamente, ¿a quién rendirán cuenta esas comisiones? ¿Qué trabajadores, y reunidos dónde, aprobarán sus “acuerdos”?
Así que nadie gana, aunque derechohabientes y cotizantes pierdan, por el simple motivo de que ninguna de las partes entró siquiera a semblantear lo que debería haber sido, desde el principio, el centro de la negociación: aquello que por las decisiones de política adoptadas tienen al IMSS en el punto en que se ubica hoy.
Entre otras, el impacto de la política económica sobre el aseguramiento formal, “reforma” Zedillo de 1995-1997, adeudos gubernamentales, dinámica del Sistema de Ahorro para el Retiro, subcontratación, situación de la recaudación, elusión y evasión de cuotas obrero-patronales, efecto del nivel salarial de los altos mandos, presencia de presunta corrupción, monto de los procesos subrogados, adopción (Fox) del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y (Calderón) del “Seguro Popular” petit o cambray (sólo para los recién nacidos), horizontalización del Programa IMSS-Oportunidades al precario nivel clínico del “Seguro Popular”, y creación de las controversiales UMAES.
Nadie gana. Pero el politólogo Molinar Horcasitas –mientras Calderón lo mantenga “al frente” del IMSS– seguirá cobrando cerca de 200 mil pesos mensuales, y su director de Prestaciones Médicas, Santiago Echevarría, casi 187 mil.
Nadie gana. Pero la dirigencia sindical (CEN) seguirá “administrando” los cuantiosos recursos de 378 mil activos y 37 secciones a lo largo y ancho del país; sin rendir cuentas; sin haber comunicado debidamente la cifra exacta de trabajadores que, por sanción, fueron impedidos de participar en un congreso (cercado por la AFI), y que, al concluir, le permitió al secretario general afirmar: “no hubo ni un paso atrás”. Además, esa dirigencia dispone, ahora, de mil 500 préstamos extras para el fomento a la habitación.
Gracias a Zedillo, Fox y, ahora, Calderón, los servicios que presta el IMSS se mantendrán en el exacto mismo horizonte. Nadie gana. Pierde el usuario.
Pero, sobre todo, la continuidad que rezuma el calderonismo y su imposición en el ISSSTE seguirán bloqueando por un largo e inútil sexenio más el nuevo diseño que reclama con urgencia la política pública de salud y seguridad social que merecen los mexicanos del siglo XXI.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
El de Los Pinos, inspirado en los discursos foxistas
Carlos Fernández-Vega
Adelanta albricias por el ¿empleo?
¿A quién se le ocurre reconocer al espurio?
Con tecnología Fox en el micrófono, el inquilino de Los Pinos se adelantó a la estadística oficial, y un día antes de conocerse la encuesta nacional de ocupación y empleo correspondiente a septiembre, proclamó que “ya superamos la meta de empleo para 2007”.
¿Cómo puede “superarse” la meta de empleo, cuando la desocupación abierta se ha incrementado en el tiempo que el michoacano lleva sentado en Los Pinos? Pues con “metas” raquíticas y/o con discursos marca Fox, porque las cifras de Calderón sólo reportan las altas, nunca las bajas. Y la ecuación completa es muy sencilla: cuando por la puerta de atrás se puso la banda tricolor, el uno de diciembre de 2006, la tasa oficial de desempleo abierto era de 3.58 por ciento de la población económicamente activa; diez meses después, al cierre de septiembre pasado, esa misma tasa se incrementó a 3.87 por ciento, y en ambos casos la fuente de información es la misma, esto es, el INEGI.
Entonces, ¿se superó qué?, porque no hay que olvidar que cuando el de la banda del jeep rojo y la Hummer en comodato se sentó en igual sitio, el uno de diciembre de 2000, la misma tasa de desocupación, de acuerdo con igual fuente de información, era de 1.9 por ciento de la PEA. Entonces, en casi siete años, el incremento de tal indicador ha sido cercano a 104 por ciento.
Como recordamos ayer, en campaña Calderón prometió un millón de empleos formales por año, pero ya sentado en Los Pinos dijo que siempre no, que en realidad serían 600 mil. Seis años atrás, el compromiso de Fox en campaña fue de un millón 350 mil plazas laborales formales anuales; después de la toma de posesión, tras saludar a sus hijos en el Congreso, dijo que mejor 700 mil, y en el balance sexenal a duras penas juntó un millón 270 mil (cifras oficiales), mientras la tasa oficial (INEGI) de desocupación abierta se incrementó de 1.9 a 3.58 por ciento.
Y este último porcentaje es el hereda el michoacano, que lo ha hecho crecer a 3.87 por ciento, hasta el momento, por mucho que desde el micrófono oficial se diga lo contrario.
El siempre inspirado inquilino de Los Pinos celebró: “quiero compartir una buena noticia con ustedes en esta materia, en la materia de empleo que es tan importante para mí; en la quincena pasada, por ejemplo, del 1 de octubre al 15 de octubre, se registraron en el Seguro Social 71 mil nuevos empleos formales, tan sólo en esos 15 días. Con eso, para darles una idea de que en lo que va del año, a principios de año se estimaba que si nos iba bien, se iban a crear más o menos 600 mil nuevos empleos en todo el año, de enero a diciembre. Ahora al 15 de octubre, de enero al 15 de octubre, ya se han creado 825 mil nuevos empleos, muy por encima de la cifra que se había previsto originalmente”.
Bien, pero más allá de que es imposible aumentar el empleo a la par que incrementar el desempleo, el michoacano “olvida” que en el primer mes de estancia en Los Pinos el mismo registro, el del Seguro Social, acusó recibo por la cancelación de más de 150 mil puestos de trabajo en la economía formal, permanentes la mayoría de ellos. Entonces, sumas y restas completas, ergo, saldos netos.
En su encuesta nacional de ocupación y empleo correspondiente a septiembre, el INEGI da cuenta de una “reducción” en la tasa oficial de desocupación abierta de 0.05 puntos porcentuales, al pasar de 3.92 por ciento de la PEA en agosto a 3.87 por ciento en el noveno mes de 2007. Traducido al español, en el mejor de los casos esa “disminución” significa que 22 mil 250 mexicanos lograron emplearse en el mes de referencia. Sin embargo, la propaganda oficial asegura que en igual lapso “se crearon 143 mil” plazas en el sector formal.
Más allá de que economía que no crece, como la mexicana, difícilmente genera empleo digno de celebración, de ser correcta esa última cifra, entonces la mencionada tasa tendría que haber mostrado un descenso de 0.32 puntos porcentuales (según el discurso oficial) y no de 0.05 puntos (como lo documenta el INEGI).
De nada sirve ocultar el problema, inflar las cifras, adelantar mediáticamente resultados inexistentes y celebrar cuando tendrían que ponerse a llorar. Ya Fox dio cátedra en este sentido, y de todos son conocidos los resultados. Es inmoral jugar con las urgencias de la gente, pero la “continuidad” está fascinada con el “nintendo” laboral que les heredó el “cambio”.
Otras cifras del INEGI permiten hacer el siguiente comparativo de lo bien que la “continuidad” hace las cosas en materia de empleo: cuando en diciembre pasado el michoacano se sentó en Los Pinos, la tasa oficial de desempleo urbano (aquel que considera a las 32 principales ciudades del país, con más de cien mil habitantes) llegó a 4.59 por ciento; diez meses después se incrementó a 5.32 por ciento. La subocupación es la única que reporta “reducciones”: al imponerse la banda tricolor era de 6.7 por ciento de la población ocupada; diez meses después, de 6.5 por ciento.
Las rebanadas del pastel
De la lectoría, sobre la reprivatización y los nenes de Martita: “la aerolínea nacional quedó en manos de unos empresarios coligados con el pasado fraude electoral. Una clase empresarial evasora de impuestos que ha sido salvada por el Fobaproa y que tranquilamente sigue engordando su cartera con jugosas ganancias. Por lo visto, se trata de puros ojetes ricos (sin albur) saqueando el erario. Barrabasada de ocasión. ¿A quién se le ha metido en la cabeza reconocer al espurio, cuando a muchos mexicanos no se les ha podido quitar eso de la cabeza? ¿Quién tendrá la cabeza en su sitio cuando se habla del imaginario mexicano? Los hijastros del ex presidente agarraron literalmente a Pemex de barco para surcar el océano de la impunidad” (Román López Vilchis, alphaville7_2001@ yahoo.com. mx)... Uno más: “cuando los diputados y senadores concluyan sus sesudas indagatorias sobre la legalidad o no de la venta (obsequio) reprivatizadora de Aeroméxico, tendrán que nombrar oootra comisión para aprobar las urgencias de su rescate”. (Yolanda Robles, mrina_sal@yahoo.es)
Adelanta albricias por el ¿empleo?
¿A quién se le ocurre reconocer al espurio?
Con tecnología Fox en el micrófono, el inquilino de Los Pinos se adelantó a la estadística oficial, y un día antes de conocerse la encuesta nacional de ocupación y empleo correspondiente a septiembre, proclamó que “ya superamos la meta de empleo para 2007”.
¿Cómo puede “superarse” la meta de empleo, cuando la desocupación abierta se ha incrementado en el tiempo que el michoacano lleva sentado en Los Pinos? Pues con “metas” raquíticas y/o con discursos marca Fox, porque las cifras de Calderón sólo reportan las altas, nunca las bajas. Y la ecuación completa es muy sencilla: cuando por la puerta de atrás se puso la banda tricolor, el uno de diciembre de 2006, la tasa oficial de desempleo abierto era de 3.58 por ciento de la población económicamente activa; diez meses después, al cierre de septiembre pasado, esa misma tasa se incrementó a 3.87 por ciento, y en ambos casos la fuente de información es la misma, esto es, el INEGI.
Entonces, ¿se superó qué?, porque no hay que olvidar que cuando el de la banda del jeep rojo y la Hummer en comodato se sentó en igual sitio, el uno de diciembre de 2000, la misma tasa de desocupación, de acuerdo con igual fuente de información, era de 1.9 por ciento de la PEA. Entonces, en casi siete años, el incremento de tal indicador ha sido cercano a 104 por ciento.
Como recordamos ayer, en campaña Calderón prometió un millón de empleos formales por año, pero ya sentado en Los Pinos dijo que siempre no, que en realidad serían 600 mil. Seis años atrás, el compromiso de Fox en campaña fue de un millón 350 mil plazas laborales formales anuales; después de la toma de posesión, tras saludar a sus hijos en el Congreso, dijo que mejor 700 mil, y en el balance sexenal a duras penas juntó un millón 270 mil (cifras oficiales), mientras la tasa oficial (INEGI) de desocupación abierta se incrementó de 1.9 a 3.58 por ciento.
Y este último porcentaje es el hereda el michoacano, que lo ha hecho crecer a 3.87 por ciento, hasta el momento, por mucho que desde el micrófono oficial se diga lo contrario.
El siempre inspirado inquilino de Los Pinos celebró: “quiero compartir una buena noticia con ustedes en esta materia, en la materia de empleo que es tan importante para mí; en la quincena pasada, por ejemplo, del 1 de octubre al 15 de octubre, se registraron en el Seguro Social 71 mil nuevos empleos formales, tan sólo en esos 15 días. Con eso, para darles una idea de que en lo que va del año, a principios de año se estimaba que si nos iba bien, se iban a crear más o menos 600 mil nuevos empleos en todo el año, de enero a diciembre. Ahora al 15 de octubre, de enero al 15 de octubre, ya se han creado 825 mil nuevos empleos, muy por encima de la cifra que se había previsto originalmente”.
Bien, pero más allá de que es imposible aumentar el empleo a la par que incrementar el desempleo, el michoacano “olvida” que en el primer mes de estancia en Los Pinos el mismo registro, el del Seguro Social, acusó recibo por la cancelación de más de 150 mil puestos de trabajo en la economía formal, permanentes la mayoría de ellos. Entonces, sumas y restas completas, ergo, saldos netos.
En su encuesta nacional de ocupación y empleo correspondiente a septiembre, el INEGI da cuenta de una “reducción” en la tasa oficial de desocupación abierta de 0.05 puntos porcentuales, al pasar de 3.92 por ciento de la PEA en agosto a 3.87 por ciento en el noveno mes de 2007. Traducido al español, en el mejor de los casos esa “disminución” significa que 22 mil 250 mexicanos lograron emplearse en el mes de referencia. Sin embargo, la propaganda oficial asegura que en igual lapso “se crearon 143 mil” plazas en el sector formal.
Más allá de que economía que no crece, como la mexicana, difícilmente genera empleo digno de celebración, de ser correcta esa última cifra, entonces la mencionada tasa tendría que haber mostrado un descenso de 0.32 puntos porcentuales (según el discurso oficial) y no de 0.05 puntos (como lo documenta el INEGI).
De nada sirve ocultar el problema, inflar las cifras, adelantar mediáticamente resultados inexistentes y celebrar cuando tendrían que ponerse a llorar. Ya Fox dio cátedra en este sentido, y de todos son conocidos los resultados. Es inmoral jugar con las urgencias de la gente, pero la “continuidad” está fascinada con el “nintendo” laboral que les heredó el “cambio”.
Otras cifras del INEGI permiten hacer el siguiente comparativo de lo bien que la “continuidad” hace las cosas en materia de empleo: cuando en diciembre pasado el michoacano se sentó en Los Pinos, la tasa oficial de desempleo urbano (aquel que considera a las 32 principales ciudades del país, con más de cien mil habitantes) llegó a 4.59 por ciento; diez meses después se incrementó a 5.32 por ciento. La subocupación es la única que reporta “reducciones”: al imponerse la banda tricolor era de 6.7 por ciento de la población ocupada; diez meses después, de 6.5 por ciento.
Las rebanadas del pastel
De la lectoría, sobre la reprivatización y los nenes de Martita: “la aerolínea nacional quedó en manos de unos empresarios coligados con el pasado fraude electoral. Una clase empresarial evasora de impuestos que ha sido salvada por el Fobaproa y que tranquilamente sigue engordando su cartera con jugosas ganancias. Por lo visto, se trata de puros ojetes ricos (sin albur) saqueando el erario. Barrabasada de ocasión. ¿A quién se le ha metido en la cabeza reconocer al espurio, cuando a muchos mexicanos no se les ha podido quitar eso de la cabeza? ¿Quién tendrá la cabeza en su sitio cuando se habla del imaginario mexicano? Los hijastros del ex presidente agarraron literalmente a Pemex de barco para surcar el océano de la impunidad” (Román López Vilchis, alphaville7_2001@ yahoo.com. mx)... Uno más: “cuando los diputados y senadores concluyan sus sesudas indagatorias sobre la legalidad o no de la venta (obsequio) reprivatizadora de Aeroméxico, tendrán que nombrar oootra comisión para aprobar las urgencias de su rescate”. (Yolanda Robles, mrina_sal@yahoo.es)
Cárdenas, Nueva Izquierda y Los Pinos: todos vs Pemex
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Derrotarlo, nueva misión de la próxima CND
Piden premiar al autor de la estatua de Fox
Si a toda acción corresponde una reacción, al hecho político concreto que el Desfiladero pasado divulgó –“Rebelión en el PRD”–, le ha correspondido la aparición de un bloque formado por Cuauhtémoc Cárdenas y la corriente de los Chuchos, o Nueva Izquierda, que en realidad es la nueva derecha de la vida política nacional, contra el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Los Chuchos reaccionaron en dos carriles: impulsando una cacería de credenciales de elector para afiliar al PRD a los más pobres, a cambio de limosnas, como lo está haciendo el senador René Arce en la colonia Portales, y con declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, sobre la existencia física de la “presidencia constitucional” (recontrasic) de Felipe Calderón.
Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que en México hay “un gobierno constituido, reconocido por otros gobiernos, que emite decretos, que nombra funcionarios, que toma decisiones, que maneja el presupuesto, que envía iniciativas y que de hecho está reconocido por todos los sectores de la sociedad”. Ahora bien, si ese “gobierno” surgió de un fraude electoral, esa es una “polémica” en la que el ex comisionado foxista para las fiestas del bicentenario “no estaría” (¿metido, interesado o qué?).
Zavaleta y Cárdenas condicionaron el reconocimiento de Calderón a un mero problema de percepción sensorial, enfoque éste que, por su parte, el candidato del PRD al gobierno de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, repitió groseramente (porque se lo explicaron de manera burda, sin duda) al externar en conferencia de prensa que “están mal de sus facultades mentales los que no aceptan que el presidente es Calderón”.
Cárdenas Solórzano renovó con estos desplantes una fórmula que le funcionó muy bien en 2001, cuando orientó a su hijo Lázaro, en aquel tiempo senador y aspirante al gobierno de Michoacán, a rechazar la ley de derechos y culturas indígenas, basada en los acuerdos de San Andrés, que impulsaban las comunidades zapatistas de Chiapas y millones de mexicanos.
Lázaro votó en contra y Vicente Fox supo que en él tendría un aliado seguro y confiable, cosa que los años siguientes corroboraron rotundamente cuando Cárdenas Batel, como gobernador, hizo posible que la “pareja presidencial” adquiriera la playa de El Tamarindillo, y Marta Sahagún construyera un monstruoso “centro cultural” en la plaza de armas de Zamora, adefesio que atenta contra los valores arquitectónicos de la ciudad.
Ahora, con su estocástica arenga sobre la existencia física del gobierno de Calderón, Cárdenas Solórzano pretende renovar su acuerdo con la ultraderecha panista, garantizándole que el dócil pero confuso pepsiquiatra Godoy sabrá servirla como en su momento lo hizo Lazarito. Sin embargo, más acá de asuntos de carácter regional, las coincidencias conceptuales entre Zavaleta y Cuauhtémoc sobre Calderón ponen de relieve la existencia de una triple alianza entre Cárdenas, los Chuchos y el grupo golpista de Los Pinos para concretar la reforma energética en este sexenio, y cuanto antes mejor, a pesar de la oposición obradorista.
De acuerdo con fuentes que poseen información privilegiada al respecto, la base de este entendimiento es el plan de 10 puntos que el ingeniero Cárdenas Solórzano expuso el pasado 18 de marzo ante la tumba del general Lázaro Cárdenas del Río, para insistir en la tesis de que Pemex debe abrirse a la inversión privada sin dejar de ser patrimonio de la nación.
Eso es lo que, según los datos disponibles, estarían discutiendo los coordinadores parlamentarios del PRIAND –o Partido Revolucionario Institucional de Acción Nacional Democrática– en el Senado de la República, para darle forma jurídica a la propuesta de Cuauhtémoc, algo que los Chuchos negarán en todos los foros, como ya lo intentó, en una airada carta a este diario, dirigida al autor de esta columna, la ex diputada federal Angélica de la Peña, esposa de Jesús Ortega, y ex promotora de salones de relajación en Polanco para legisladores estresados.
La presunta inminencia de un acuerdo de cúpula entre el PRIAND y Los Pinos para iniciar la privatización encubierta de Pemex, por otra parte, está en el centro de las preocupaciones que animan la convocatoria a la tercera asamblea de la Convención Nacional Democrática, citada para el domingo 18 de noviembre en el Zócalo, con propósitos muy claros.
Tal como algunos miembros de la comisión organizadora lo anunciaron anteayer, jueves, en el Club de Periodistas, ese día López Obrador formulará cinco propuestas de acción: una, para impedir que se aplique el nuevo impuesto a la gasolina y frenar el alza de precios; dos, para enfrentar la apertura, en 2008, del mercado al maíz y al frijol de Estados Unidos; tres, para defender la soberanía nacional, es decir, para tomar providencias contra el Plan México, mediante el cual Washington enviará mil millones de dólares y soldados a nuestro país; cuatro, para impedir la privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, y, cinco, por el respeto a los derechos humanos.
Si otras reformas, como las del Seguro Social y del ISSSTE, fueron aprobadas porque tomaron por sorpresa al movimiento social, la reunión del 18 de noviembre trazará medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Y en el caso específico del petróleo, para conjurar un albazo legislativo que los Chuchos podrían estar cocinando con priístas y panistas, incluso, para diciembre. De allí la posibilidad, no descartada, y que tanto revuelo suscitó en pasadas fechas, acerca de la hipotética ruptura de López Obrador con la corriente mayoritaria del PRD.
Pero mientras son peras o manzanas, en la base de ese partido continúa la rebelión contra los Chuchos, con renovados llamamientos de la corriente Izquierda Unida, que anima Marcelo Ebrard, a que los militantes del movimiento obradorista se afilien al PRD y voten por Alejandro Encinas en las elecciones internas de marzo. A este respecto, desde Oaxaca, el doctor Maurilio Manlio Mayoral García opina que “ante la traición de los Chuchos, se propone la afiliación masiva de renegados de todo el país para elegir a Encinas y refundar, desde abajo, el PRD”.
En tanto, la enigmática pielsatinada@ hotmail.com se opone a la idea de llamar a los ciudadanos a afiliarse, votar por Encinas y darse de baja inmediatamente, porque “es un desatino: esa credencial de afiliación perredista, ya en nuestras manos, será nuestra mejor arma contra la corrupción interPRD”, y coincide con otras voces que se niegan a dejar solo a Encinas en la jaula de los leones.
A su vez, Alejandro Rojas Díaz Durán truena contra quienes lo ven como candidato de Ebrard a la dirección del PRD-DF y propone un debate entre todos los aspirantes a ese cargo, que sea moderado por quien esto escribe. Y mientras se esperaba que ayer comenzara en mil cines del país la proyección de los avances de la película de Luis Mandoki sobre el fraude, hay quienes piden ya el Premio Nacional de Artes Plásticas para Bernardo López Artasánchez, autor de la escultura de Fox, porque su obra reveló como ninguna otra lo que millones sospechábamos hacía rato: que el manco de Boca del Río está completamente hueco por dentro.
Reviven el plan privatizador de 10 puntos
Derrotarlo, nueva misión de la próxima CND
Piden premiar al autor de la estatua de Fox
Si a toda acción corresponde una reacción, al hecho político concreto que el Desfiladero pasado divulgó –“Rebelión en el PRD”–, le ha correspondido la aparición de un bloque formado por Cuauhtémoc Cárdenas y la corriente de los Chuchos, o Nueva Izquierda, que en realidad es la nueva derecha de la vida política nacional, contra el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Los Chuchos reaccionaron en dos carriles: impulsando una cacería de credenciales de elector para afiliar al PRD a los más pobres, a cambio de limosnas, como lo está haciendo el senador René Arce en la colonia Portales, y con declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, sobre la existencia física de la “presidencia constitucional” (recontrasic) de Felipe Calderón.
Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que en México hay “un gobierno constituido, reconocido por otros gobiernos, que emite decretos, que nombra funcionarios, que toma decisiones, que maneja el presupuesto, que envía iniciativas y que de hecho está reconocido por todos los sectores de la sociedad”. Ahora bien, si ese “gobierno” surgió de un fraude electoral, esa es una “polémica” en la que el ex comisionado foxista para las fiestas del bicentenario “no estaría” (¿metido, interesado o qué?).
Zavaleta y Cárdenas condicionaron el reconocimiento de Calderón a un mero problema de percepción sensorial, enfoque éste que, por su parte, el candidato del PRD al gobierno de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, repitió groseramente (porque se lo explicaron de manera burda, sin duda) al externar en conferencia de prensa que “están mal de sus facultades mentales los que no aceptan que el presidente es Calderón”.
Cárdenas Solórzano renovó con estos desplantes una fórmula que le funcionó muy bien en 2001, cuando orientó a su hijo Lázaro, en aquel tiempo senador y aspirante al gobierno de Michoacán, a rechazar la ley de derechos y culturas indígenas, basada en los acuerdos de San Andrés, que impulsaban las comunidades zapatistas de Chiapas y millones de mexicanos.
Lázaro votó en contra y Vicente Fox supo que en él tendría un aliado seguro y confiable, cosa que los años siguientes corroboraron rotundamente cuando Cárdenas Batel, como gobernador, hizo posible que la “pareja presidencial” adquiriera la playa de El Tamarindillo, y Marta Sahagún construyera un monstruoso “centro cultural” en la plaza de armas de Zamora, adefesio que atenta contra los valores arquitectónicos de la ciudad.
Ahora, con su estocástica arenga sobre la existencia física del gobierno de Calderón, Cárdenas Solórzano pretende renovar su acuerdo con la ultraderecha panista, garantizándole que el dócil pero confuso pepsiquiatra Godoy sabrá servirla como en su momento lo hizo Lazarito. Sin embargo, más acá de asuntos de carácter regional, las coincidencias conceptuales entre Zavaleta y Cuauhtémoc sobre Calderón ponen de relieve la existencia de una triple alianza entre Cárdenas, los Chuchos y el grupo golpista de Los Pinos para concretar la reforma energética en este sexenio, y cuanto antes mejor, a pesar de la oposición obradorista.
De acuerdo con fuentes que poseen información privilegiada al respecto, la base de este entendimiento es el plan de 10 puntos que el ingeniero Cárdenas Solórzano expuso el pasado 18 de marzo ante la tumba del general Lázaro Cárdenas del Río, para insistir en la tesis de que Pemex debe abrirse a la inversión privada sin dejar de ser patrimonio de la nación.
Eso es lo que, según los datos disponibles, estarían discutiendo los coordinadores parlamentarios del PRIAND –o Partido Revolucionario Institucional de Acción Nacional Democrática– en el Senado de la República, para darle forma jurídica a la propuesta de Cuauhtémoc, algo que los Chuchos negarán en todos los foros, como ya lo intentó, en una airada carta a este diario, dirigida al autor de esta columna, la ex diputada federal Angélica de la Peña, esposa de Jesús Ortega, y ex promotora de salones de relajación en Polanco para legisladores estresados.
La presunta inminencia de un acuerdo de cúpula entre el PRIAND y Los Pinos para iniciar la privatización encubierta de Pemex, por otra parte, está en el centro de las preocupaciones que animan la convocatoria a la tercera asamblea de la Convención Nacional Democrática, citada para el domingo 18 de noviembre en el Zócalo, con propósitos muy claros.
Tal como algunos miembros de la comisión organizadora lo anunciaron anteayer, jueves, en el Club de Periodistas, ese día López Obrador formulará cinco propuestas de acción: una, para impedir que se aplique el nuevo impuesto a la gasolina y frenar el alza de precios; dos, para enfrentar la apertura, en 2008, del mercado al maíz y al frijol de Estados Unidos; tres, para defender la soberanía nacional, es decir, para tomar providencias contra el Plan México, mediante el cual Washington enviará mil millones de dólares y soldados a nuestro país; cuatro, para impedir la privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, y, cinco, por el respeto a los derechos humanos.
Si otras reformas, como las del Seguro Social y del ISSSTE, fueron aprobadas porque tomaron por sorpresa al movimiento social, la reunión del 18 de noviembre trazará medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Y en el caso específico del petróleo, para conjurar un albazo legislativo que los Chuchos podrían estar cocinando con priístas y panistas, incluso, para diciembre. De allí la posibilidad, no descartada, y que tanto revuelo suscitó en pasadas fechas, acerca de la hipotética ruptura de López Obrador con la corriente mayoritaria del PRD.
Pero mientras son peras o manzanas, en la base de ese partido continúa la rebelión contra los Chuchos, con renovados llamamientos de la corriente Izquierda Unida, que anima Marcelo Ebrard, a que los militantes del movimiento obradorista se afilien al PRD y voten por Alejandro Encinas en las elecciones internas de marzo. A este respecto, desde Oaxaca, el doctor Maurilio Manlio Mayoral García opina que “ante la traición de los Chuchos, se propone la afiliación masiva de renegados de todo el país para elegir a Encinas y refundar, desde abajo, el PRD”.
En tanto, la enigmática pielsatinada@ hotmail.com se opone a la idea de llamar a los ciudadanos a afiliarse, votar por Encinas y darse de baja inmediatamente, porque “es un desatino: esa credencial de afiliación perredista, ya en nuestras manos, será nuestra mejor arma contra la corrupción interPRD”, y coincide con otras voces que se niegan a dejar solo a Encinas en la jaula de los leones.
A su vez, Alejandro Rojas Díaz Durán truena contra quienes lo ven como candidato de Ebrard a la dirección del PRD-DF y propone un debate entre todos los aspirantes a ese cargo, que sea moderado por quien esto escribe. Y mientras se esperaba que ayer comenzara en mil cines del país la proyección de los avances de la película de Luis Mandoki sobre el fraude, hay quienes piden ya el Premio Nacional de Artes Plásticas para Bernardo López Artasánchez, autor de la escultura de Fox, porque su obra reveló como ninguna otra lo que millones sospechábamos hacía rato: que el manco de Boca del Río está completamente hueco por dentro.
Abandono del campo, saldo del neoliberalismo
Editorial
El más reciente informe sobre desarrollo presentado por el Banco Mundial (BM) pone de manifiesto las graves circunstancias de abandono en las que se encuentran los sectores rurales en México y América Latina. El texto destaca que la agricultura representa una importante fuente de empleo en la región, con 30 por ciento de la población dedicada a esa actividad, “pero sólo genera 7 por ciento del producto interno bruto y apenas 2 por ciento de las inversiones públicas”. Para colmo, los pocos beneficios suscitados a raíz de ciertos impulsos al agro de la región –como el alza de los precios de los productos del campo, y la creciente demanda de éstos para la elaboración de biocombustibles– se han quedado en manos de las grandes corporaciones trasnacionales y no han alcanzado a reducir la brecha de desigualdad que lacera a los países latinoamericanos.
Por lo que toca a nuestro país, el documento advierte sobre los efectos devastadores de las políticas en materia agrícola que, a tono con la lógica neoliberal, han sido puestas en práctica por las recientes administraciones, como el retiro de los apoyos oficiales y la apertura de las fronteras a la importación de alimentos: en las últimas dos décadas, la población campesina de México se ha reducido, aproximadamente, en 25 por ciento y ha decrecido de manera significativa el poder adquisitivo de las otras tres cuartas partes.
A la luz de los señalamientos hechos por el BM en el informe referido, queda confirmado que la situación del campo en México es por demás desalentadora y que podría tender a agravarse el año entrante, cuando entre en vigor la suspensión de los aranceles para la compra de maíz y frijol importados, como está previsto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por más que funcionarios del propio BM auguren un efecto “de moderado a positivo” con la apertura de las fronteras a los productores internacionales de granos, es de suponerse que la medida constituirá un duro golpe para los agricultores mexicanos y que contribuirá a que la situación de abandono se agudice.
De manera significativa, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó ayer que en lo que va de este año han fallecido 345 mexicanos al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos. El dato, no obstante que parece conservador y cuestionable, resulta por demás estremecedor, pues de ser cierto daría cuenta de que más de un connacional por día perece en la búsqueda de mejores condiciones de vida, y es de suponer que la mayoría de ellos provienen de los entornos agrícolas. A esta cifra trágica habría que añadir la muerte de 24 presuntos inmigrantes centroamericanos en Oaxaca, quienes se ahogaron al naufragar la embarcación en la que viajaban. El fenómeno de la migración ilegal, tanto en México como en el resto de América Latina, se explica, en buena medida, por la falta de oportunidades para las poblaciones rurales, que es un saldo de las políticas neoliberales aplicadas en la región.
En suma, la indiferencia del gobierno federal respecto de la lamentable situación que padece el campo mexicano –reflejada en la ausencia de políticas al respecto en los programas oficiales– hace suponer que tal circunstancia tenderá a agudizarse en los próximos meses y, agravada por la carestía que recorre el país, en parte desatada por las decisiones erráticas y la inacción de la actual administración, arrojará cada vez a más habitantes del medio rural a emigrar a los centros urbanos, o bien a Estados Unidos. Ante este panorama cabe preguntarse si propiciar la expulsión a integrantes de uno de los sectores más necesitados de población y condenarlos a exponer su vida en busca de mejores condiciones de subsistencia no constituye acaso un crimen de suma gravedad y, en tal caso, quién sancionará a los responsables.
El más reciente informe sobre desarrollo presentado por el Banco Mundial (BM) pone de manifiesto las graves circunstancias de abandono en las que se encuentran los sectores rurales en México y América Latina. El texto destaca que la agricultura representa una importante fuente de empleo en la región, con 30 por ciento de la población dedicada a esa actividad, “pero sólo genera 7 por ciento del producto interno bruto y apenas 2 por ciento de las inversiones públicas”. Para colmo, los pocos beneficios suscitados a raíz de ciertos impulsos al agro de la región –como el alza de los precios de los productos del campo, y la creciente demanda de éstos para la elaboración de biocombustibles– se han quedado en manos de las grandes corporaciones trasnacionales y no han alcanzado a reducir la brecha de desigualdad que lacera a los países latinoamericanos.
Por lo que toca a nuestro país, el documento advierte sobre los efectos devastadores de las políticas en materia agrícola que, a tono con la lógica neoliberal, han sido puestas en práctica por las recientes administraciones, como el retiro de los apoyos oficiales y la apertura de las fronteras a la importación de alimentos: en las últimas dos décadas, la población campesina de México se ha reducido, aproximadamente, en 25 por ciento y ha decrecido de manera significativa el poder adquisitivo de las otras tres cuartas partes.
A la luz de los señalamientos hechos por el BM en el informe referido, queda confirmado que la situación del campo en México es por demás desalentadora y que podría tender a agravarse el año entrante, cuando entre en vigor la suspensión de los aranceles para la compra de maíz y frijol importados, como está previsto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por más que funcionarios del propio BM auguren un efecto “de moderado a positivo” con la apertura de las fronteras a los productores internacionales de granos, es de suponerse que la medida constituirá un duro golpe para los agricultores mexicanos y que contribuirá a que la situación de abandono se agudice.
De manera significativa, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó ayer que en lo que va de este año han fallecido 345 mexicanos al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos. El dato, no obstante que parece conservador y cuestionable, resulta por demás estremecedor, pues de ser cierto daría cuenta de que más de un connacional por día perece en la búsqueda de mejores condiciones de vida, y es de suponer que la mayoría de ellos provienen de los entornos agrícolas. A esta cifra trágica habría que añadir la muerte de 24 presuntos inmigrantes centroamericanos en Oaxaca, quienes se ahogaron al naufragar la embarcación en la que viajaban. El fenómeno de la migración ilegal, tanto en México como en el resto de América Latina, se explica, en buena medida, por la falta de oportunidades para las poblaciones rurales, que es un saldo de las políticas neoliberales aplicadas en la región.
En suma, la indiferencia del gobierno federal respecto de la lamentable situación que padece el campo mexicano –reflejada en la ausencia de políticas al respecto en los programas oficiales– hace suponer que tal circunstancia tenderá a agudizarse en los próximos meses y, agravada por la carestía que recorre el país, en parte desatada por las decisiones erráticas y la inacción de la actual administración, arrojará cada vez a más habitantes del medio rural a emigrar a los centros urbanos, o bien a Estados Unidos. Ante este panorama cabe preguntarse si propiciar la expulsión a integrantes de uno de los sectores más necesitados de población y condenarlos a exponer su vida en busca de mejores condiciones de subsistencia no constituye acaso un crimen de suma gravedad y, en tal caso, quién sancionará a los responsables.
Exposición de Jacobo Silva
Primero una carta a La Jornada:
Demandan liberación de ex guerrilleros
Este 19 de octubre se cumplen ocho años de prisión para los luchadores sociales y ex guerrilleros Gloria Arenas y Jacobo Silva, quienes han sido ilegal e injustamente sometidos a un proceso jurídico lleno de arbitrariedades, y sentenciados a 46 años de cárcel por delitos que no cometieron, delitos que las autoridades pretenden justificar con declaraciones fabricadas. No podríamos dejar de mencionar que este mismo día se cumple, de igual forma, un aniversario más del asesinato de quien fuera su defensora, la valiente abogada Digna Ochoa.
Este 19 de octubre marcará ocho años de impunidad para esos torturadores que aplicaron toques eléctricos en el cuerpo desnudo de Gloria, aquellos que por cinco días seguidos sometieron a Jacobo a torturas medievales. Son ocho años en los que se han ignorado las recomendaciones de Naciones Unidas y Amnistía Internacional, que han denunciado la tortura y la detención arbitraria de Gloria y Jacobo; ocho años en que figuras de prestigio mundial como Noam Chomsky, Marta Harnecker, James Petras, y la premio Nobel de Literatura Elfriede Jelinek, entre otros, se han pronunciado en solidaridad con Gloria y Jacobo; ocho años en los que se les ha obligado a vivir en condiciones deplorables, negándoseles el derecho a la visita conyugal, o incluso a cualquier tipo de contacto entre ellos.
Hoy Jacobo se encuentra aislado en el centro de exterminio y desintegración social del Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde se le niega el derecho a leer periódicos, revistas, documentos o libros de su interés, el derecho a tener fotos de sus familiares o cualquier otra imagen. A pesar de haberse destacado como pintor, y haber producido una vasta obra que ha sido reconocida nacional e internacionalmente, a Jacobo se le ha prohibido pintar desde enero de 2005. Gloria se encuentra hacinada en el reclusorio de Santa María Chiconautla, en Ecatepec, estado de México, junto con otras 11 compañeras en una celda con capacidad para cuatro personas.
Exigimos la libertad inmediata de Jacobo Silva y de Gloria Arenas.
Noam Chomsky, Françoise Escarpit, Leonor Arenas Agis, Emiliano Velasco Arenas, Aidée Velasco Arenas, Comité Verdad, Justicia y Libertad Gloria y Jacobo, Grupo de Familiares y Amigos de Presos Políticos en México; La Otra Vancouver, Canadá; La Otra en Montreal, Canadá; Comité de Solidaridad México-Salzburgo; Plataforma México en Austria, Comisión Permanente por los Nuestros, DF-Estado de México H.I.J.O.S. México; Justice for Migrant Workers, Vancouver, Canadá, y otras 16 firmas
Luego la invitación:
En la casa Benemérito de las Américas (junto al restorán Los Danzantes, en el mero centro de Coyoacán) hay una exposición de la obra de Jacobo Silva. Se las recomiendo muchísimo.
Demandan liberación de ex guerrilleros
Este 19 de octubre se cumplen ocho años de prisión para los luchadores sociales y ex guerrilleros Gloria Arenas y Jacobo Silva, quienes han sido ilegal e injustamente sometidos a un proceso jurídico lleno de arbitrariedades, y sentenciados a 46 años de cárcel por delitos que no cometieron, delitos que las autoridades pretenden justificar con declaraciones fabricadas. No podríamos dejar de mencionar que este mismo día se cumple, de igual forma, un aniversario más del asesinato de quien fuera su defensora, la valiente abogada Digna Ochoa.
Este 19 de octubre marcará ocho años de impunidad para esos torturadores que aplicaron toques eléctricos en el cuerpo desnudo de Gloria, aquellos que por cinco días seguidos sometieron a Jacobo a torturas medievales. Son ocho años en los que se han ignorado las recomendaciones de Naciones Unidas y Amnistía Internacional, que han denunciado la tortura y la detención arbitraria de Gloria y Jacobo; ocho años en que figuras de prestigio mundial como Noam Chomsky, Marta Harnecker, James Petras, y la premio Nobel de Literatura Elfriede Jelinek, entre otros, se han pronunciado en solidaridad con Gloria y Jacobo; ocho años en los que se les ha obligado a vivir en condiciones deplorables, negándoseles el derecho a la visita conyugal, o incluso a cualquier tipo de contacto entre ellos.
Hoy Jacobo se encuentra aislado en el centro de exterminio y desintegración social del Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde se le niega el derecho a leer periódicos, revistas, documentos o libros de su interés, el derecho a tener fotos de sus familiares o cualquier otra imagen. A pesar de haberse destacado como pintor, y haber producido una vasta obra que ha sido reconocida nacional e internacionalmente, a Jacobo se le ha prohibido pintar desde enero de 2005. Gloria se encuentra hacinada en el reclusorio de Santa María Chiconautla, en Ecatepec, estado de México, junto con otras 11 compañeras en una celda con capacidad para cuatro personas.
Exigimos la libertad inmediata de Jacobo Silva y de Gloria Arenas.
Noam Chomsky, Françoise Escarpit, Leonor Arenas Agis, Emiliano Velasco Arenas, Aidée Velasco Arenas, Comité Verdad, Justicia y Libertad Gloria y Jacobo, Grupo de Familiares y Amigos de Presos Políticos en México; La Otra Vancouver, Canadá; La Otra en Montreal, Canadá; Comité de Solidaridad México-Salzburgo; Plataforma México en Austria, Comisión Permanente por los Nuestros, DF-Estado de México H.I.J.O.S. México; Justice for Migrant Workers, Vancouver, Canadá, y otras 16 firmas
Luego la invitación:
En la casa Benemérito de las Américas (junto al restorán Los Danzantes, en el mero centro de Coyoacán) hay una exposición de la obra de Jacobo Silva. Se las recomiendo muchísimo.
Boletín Informativo ISA núm 228
http://www.serviciodenoticiasis
Sumario:
I. El petróleo no se vende, se defiende, reiteró AMLO en el aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas.
II. Se prepara la resistencia civil pacífica para vigilar que el filme Fraude: México 2006, de Luis Mandoki, reciba la promoción debida previamente a su estreno.
III. Urge cambiar las leyes en materia de vivienda: Laura Itzel Castillo.
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EL PETRÓLEO NO SE VENDE, SE DEFIENDE, REITERÓ AMLO EN EL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE LÁZARO CÁRDENAS
En el trigésimo séptimo aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador advirtió al gobierno de facto de Felipe Calderón que los mexicanos no permitiremos bajo ningún concepto que entregue el petróleo al capital privado, nacional o extranjero, como sucedió con la aerolínea Aeroméxico.
El presidente legítimo de México precisó que el presidente Lázaro Cárdenas expropió en 1938 la industria petrolera para convertirla en palanca del desarrollo nacional y cada ciudadano del país se convertirá en esclavo en su propia tierra, si se permite la privatización del sector.
“En el momento en que el gobierno usurpador de Calderón envíe al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional encaminada a dejar en manos de particulares la actividad petrolera, en ese momento convocaremos a la movilización a todo el pueblo de México”, adelantó, y no descartó la posibilidad de parar a la Nación, “aunque nos tachen de revoltosos, porque primero está la defensa del petróleo”.
Durante el tercer día de gira de trabajo, esta vez por municipios de Puebla, el dirigente de la izquierda mexicana afirmó: “No es nada más decir que ésta todo mal en el país o que hay una crisis económica, política y social, más bien hay que transformar a México, desde abajo, con la gente. Nosotros sostenemos que podemos sacar adelante al país. Éste es un movimiento muy fuerte, de modo de que no hay que tener miedo, al contrario, hay que sentirse orgullosos, porque este movimiento de transformación de México servirá para mejorar las condiciones de vida de millones de México”, aseguró.
Mencionó sentirse optimista porque se puede mejorar sustancialmente la situación del pueblo, “porque tenemos a un pueblo trabajador y contamos con recursos naturales. Para sacar al país del atraso es necesario emplear bien el presupuesto que es de 2 billones 500 mil millones de pesos, porque es dinero del pueblo, aunque hay quienes piensen que el presupuesto es de los funcionarios, que por cierto son muy malos administradores”, afirmó
Detalló que 70 por ciento del presupuesto público es destinado para pagar el gasto corriente y por esa razón los de arriba se dan la gran vida. Para salir adelante, comentó, es necesario transformar al país, a través de cambiar la forma de hacer política y la política económica que desde hace 25 años vienen aplicando los gobiernos neoliberales que tanto daño han hecho a la mayoría de los mexicanos.
En vísperas de las elecciones en Puebla, Andrés Manuel López Obrador pidió no darle ni un voto al PAN, ni un voto al PRI, porque los dos partidos políticos son iguales: “en las elecciones se andan peleando y arriba se ponen de acuerdo”. Por ejemplo, dijo, el tricolor y el blanquiazul aprobaron el Fobaproa y recientemente aprobaron el aumento a los precios de la canasta básica.
En el municipio de Guadalupe Victoria, pidió a los poblanos que tengan confianza en el movimiento de transformación del país, porque cuando el pueblo tenga una oportunidad de cambio, México saldrá adelante. Invitó a los poblanos a participar el próximo 18 de noviembre, a las 10:00 horas, a la asamblea informativa de la Convención Nacional Democrática, la cual se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México.
Durante la reunión nacional, detalló, se tratarán dos temas: la carestía de la vida, “porque en los últimos 10 meses, el presidente pelele, Felipe Calderón, se ha dedicado a aumentar los precios de la canasta básica pasando por el huevo, la leche, la carne, el gas y la luz”; y el otro tema que se analizará, mencionó, es el evitar que se entregue el petróleo a las empresas privadas tanto nacionales, como extranjeras.
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SE PREPARA LA RESISTENCIA CIVIL PACÍFICA PARA VIGILAR QUE EL FILME FRAUDE: MÉXICO 2006, DE LUIS MANDOKI, RECIBA LA PROMOCIÓN DEBIDA PREVIAMENTE A SU ESTRENO
El próximo 15 de noviembre está programado el estreno del filme Fraude: México 2006, del cineasta mexicano Luis Mandoki, y para hoy 19 de octubre, se espera que en un millar de salas de todo el país se inicié su promoción, mediante la exhibición de los cortos o trailer de dicha cinta, de la misma manera como se hace con cualquier película semanas antes a su estreno.
Fraude: México 2006 es un documental que recoge de manera pormenorizada los mecanismos ilegales con los que el gobierno de Vicente Fox y la derecha panista atacó durante meses la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, hasta finalmente imponer en la presidencia a Felipe Calderón, mecanismos en los que se involucraron por igual grandes empresarios, medios de comunicación y organismos como el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral.
El hecho de que con valentía y profesionalismo Luis Mandoki recupere esta fase negra de la historia reciente de México ha puesto ya en alerta a los poderes establecidos que, entre otras cosas, han intentado detener la exhibición del documental. Por tal razón, el movimiento de resistencia civil pacífica ha tomado como una más de sus tareas vigilar que no se pongan nuevos obstáculos para que la gente pueda verlo.
Además de la más amplia promoción de la fecha de su estreno, que será el 15 de noviembre, la resistencia civil pacífica se dedicará a vigilar que los adelantos del filme sean exhibidos sin problemas a partir de hoy, 19 de octubre. Para ello, se han fijado la siguiente estrategia:
Asistir al cine de su preferencia y verificar que estén proyectando los avances de Fraude: México 2006, así como que se exhiban en los lugares apropiados los carteles promocionales del mismo.
En el caso de que no se esté proyectando el documental o no se estén exhibiendo los carteles, se pide que se escriba al correo electrónico senderodelpeje@toliro.cjb.net con los siguientes datos: Nombre del cine al que fueron, dirección del cine incluida ciudad y estado (y teléfono de ser posible), nombre del gerente del cine.
Esta información será enviada a los cauces correspondientes para que pueda hacerse algo al respecto.
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URGE CAMBIAR LAS LEYES EN MATERIA DE VIVIENDA: LAURA ITZEL CASTILLO
Desde hace cuatro lunes, la secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México, Laura Itzel Castillo Juárez ha iniciado la publicación de colaboraciones periodísticas en el diario El Gráfico, de El Universal, aprovechando un espacio más para difundir las actividades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y aportando a la vez al rompimiento del cerco informativo que se mantiene en contra del movimiento lopezobradorista.
El servicio de noticias ISA reproduce a continuación su colaboración del pasado 15 de octubre, que es un breve balance de las tareas que el gobierno legítimo de México ha emprendido con la meta de garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los mexicanos.
El pasado 18 de junio, desde el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) presentamos a los diputados y senadores del Frente Amplio Progresista (FAP) integrado con la representación del Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Convergencia un paquete de propuestas legislativas en materia de vivienda con el objetivo de hacer modificaciones a la Ley del Infonavit, a la Ley de Vivienda a nivel federal, a la Ley del ISSSTE en lo relativo a FOVISSSTE, al Contrato Constitutivo de FONHAPO y a las reglas de operación de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) con el objetivo fundamental de que asuman el carácter social que les corresponde.
Para enriquecer las propuestas se organizaron foros de discusión en tres regiones del país. El primero de ellos se realizó en el Distrito Federal para la región centro; el segundo en Coatepec, Veracruz, para la región sur, y finalmente el tercero en la ciudad de Hermosillo, Sonora, para el norte de la República. En dichos eventos se contó con la participación de diputados federales y locales, así como de especialistas, académicos, líderes sociales y desde luego con la presencia de los afectados a causa de las políticas implementadas por los organismos nacionales de vivienda, es decir de acreditados del Infonavit, FOVISSSTE y FONHAPO.
El objetivo de las reformas planteadas por el Consejo de Defensa de la Vivienda radica en que el Estado debe asumir su intervención directa en la solución de los requerimientos de vivienda de las familias de escasos recursos y crear los instrumentos adecuados para atender dicha necesidad. La crítica fundamental en los foros se centró en que a partir de las reformas estructurales implementadas en este país desde hace más de dos décadas el Estado mexicano ha venido renunciando a la obligación constitucional de establecer mecanismos que garanticen una vivienda digna y decorosa para las familias mexicanas, como lo señala el artículo cuarto constitucional de nuestra carta magna.
En resumen, se concluyó que este viraje en las políticas públicas ha provocado la bancarización de la política social con efectos lacerantes para los millones de mexicanos que no pueden acceder a los créditos que se ofertan por parte de los organismos nacionales de vivienda. Por ello es que se considera urgente la modificación a las leyes en materia de vivienda, que de ser posible iremos explicando en este mismo espacio periodístico.
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