miércoles, octubre 24, 2007

Iniciativa Mérida, el nuevo Plan Marshall

George W. Bush
Foto: www.whitehouse.gov

jenaro villamil

México, D.F., 23 de octubre (apro).- Le han llamado “Iniciativa Mérida” para diferenciarla del Plan México, que remite al ambicioso proyecto que desde hace siete años el gobierno de George W. Bush aplica en Colombia, bajo el argumento de disminuir el crimen organizado y el comercio de la droga.

A pesar de las diferencias en el nombre y en los presupuestos involucrados (mil 400 millones de dólares proyectados en el caso mexicano y más 5 mil millones ya invertidos en Colombia desde el 2000), un mismo espíritu anima ambos proyectos: la necesidad de Estados Unidos y, en especial del agonizante gobierno de Bush, de relanzar una iniciativa estratégica de seguridad nacional. Una especie de Plan Marshall para América Latina que corra a la par de su desastrosa y costosa incursión en Afganistán e Irak.

Las suspicacias frente a la “ayuda” que la Casa Blanca plantea para combatir el narcotráfico en México no son casuales. En primer lugar, porque el espejo colombiano revela que estos planes son eficaces para el control militar, la inteligencia, la lucha antisubversiva, ciertos golpes espectaculares contra el comercio de la droga, pero no para disminuir el fenómeno global del narcotráfico.

Los informes oficiales del caso colombiano indican que el plan sirvió para modernizar las fuerzas militares del país andino, mejorar su movilidad, aumentar en 51% su capacidad de armamento, así como para erradicar casi 800 mil hectáreas de cultivos de drogas a través de fumigaciones y con aviones y pilotos aportados o entrenados por Estados Unidos. Otras cifras optimistas indican que se destruyeron 8 mil 900 laboratorios, se incautaron casi 7 mil vehículos, 77 aeronaves y mil 192 embarcaciones de los cárteles de la droga.

Sin embargo, ni la actividad delictiva del narcotráfico ni la oferta y el consumo de la droga en Estados Unidos han disminuido con tal despliegue de recursos y de fuerza. Para los expertos, a pesar de la “guerra frontal” en Colombia y de los amplios operativos en México, el consumo de drogas en Estados Unidos goza de cabal salud.

El componente de “mejoramiento y apoyo social” del Plan Colombia es simplemente demagogia. De los 5 mil millones de dólares, más de 4 mil millones se han destinado a las Fuerzas Armadas, no a programas de apoyo a agricultores y menos para recomponer el tejido social descompuesto que deja la militarización de la lucha contra los cárteles. El plan original planteó un presupuesto de 7 mil 500 millones de dólares, de los cuales 51% se destinaría a “desarrollo institucional y social”, 32% al combate al narcotráfico y 16% para revitalización económica y social.

En otras palabras, se trata de un plan de fuerte componente militar y estratégico. Y si bien no se enviaron tropas norteamericanas a Colombia, los lineamientos, el entrenamiento y la asesoría a las Fuerzas Armadas y las agencias antinarcóticos responden a los requerimientos de Estados Unidos.

En una entrevista con la BBC, el especialista Ricardo Vargas, de la organización Iniciativa Andina, hizo el siguiente recuento sobre el Plan Colombia:

“Después de siete años se observa que no ha habido una disminución de la oferta de drogas en Estados Unidos, que los precios –a los consumidores-- se han mantenido con una tendencia a la baja, que la calidad de las drogas tiende a subir y que, en general, la disponibilidad de las drogas no ha resultado afectada”.

Uno de los principales críticos del Plan Colombia fue la organización Amnistía Internacional. Desde el 2000 advirtió que se trataba “principalmente de una estrategia militar para atacar los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas a través de una sustanciosa asistencia militar a las Fuerzas Armadas y a la policía. Los programas de desarrollo social y humanitario que el programa incluye no alcanzan a disfrazar la naturaleza esencialmente militar del plan”.

Desde el 2001, el gobierno de George W. Bush impulsó a través del Plan Colombia la estrategia de contratar a empresas y asesores privados para “ayudar” a las Fuerzas Militares colombianas. En octubre de 2004, el Senado apoyó a Bush incrementando de 400 a 800 el número de asesores militares que podían operar en el marco del Plan Colombia, y de 400 a 600 el número de contratistas privados.

Este componente se ha revivido en la Iniciativa Mérida, y es una de las principales críticas que encontrará tanto en el Congreso estadunidense, dominado ahora por la oposición demócrata, como en el Congreso mexicano, que este martes reaccionó solicitándole a la Cancillería información más puntual.

Difícilmente la Iniciativa Mérida será aprobada sin problemas ni cuestionamientos por los congresistas norteamericanos. El cabildeo será intenso por parte del gobierno de Calderón y del propio Bush.

Sin embargo, en este proceso observaremos que lo realmente importante no es el combate al narcotráfico como actividad global, que involucra a financiadores, distribuidores y consumidores, sino el comercio de la droga como una nueva manera de capturar Estados para los fines estratégicos de Washington.

Boletín Informativo ISA núm 234

http://www.serviciodenoticiasisa.blogspot.com

Sumario:

I. “Se ha desatado como nunca la corrupción en las cúpulas del poder público”: Andrés Manuel López Obrador.

II. Con visitas a 22 municipios, López Obrador efectuará esta semana su penúltima gira de este año por Puebla.

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“SE HA DESATADO COMO NUNCA LA CORRUPCIÓN EN LAS CÚPULAS DEL PODER PÚBLICO”: ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Como todos los martes a la 1 de la mañana, este 23 de octubre los telespectadores pudieron recibir el mensaje que semanalmente dirige el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, a través del programa La verdad sea dicha, un espacio televisivo comprado a Televisión Azteca con las aportaciones que el gobierno lopezobradorista recibe de miles de ciudadanos y que hace posible que en ese horario se pueda romper el cerco informativo, a través del canal 13 y sus repetidoras en todo el país.

Esta vez, el tema central del mensaje de López Obrador fue la corrupción que políticos y empresarios despliegan al amparo del poder político de unos y económico de otros. Si bien el caso más reciente es el de la venta de la empresa estatal Aeroméxico, este fenómeno tiene larga e histórica trayectoria, como lo señaló el dirigente de la izquierda mexicana. Éstos son sus comentarios, para que a su difusión televisiva se agregue la de la palabra escrita.

Una de las causas por las que no quisieron respetarnos nuestro triunfo, por la que optaron o prefirieron optar por el fraude electoral, es el temor a que acabáramos con la corrupción, sobre todo con la corrupción arriba; la corrupción más dañina, más perniciosa, es la que se da arriba, en las cúpulas del poder en México.

Ahora que está predominando, que se implantó, el sistema económico neoliberal, se ha desatado la corrupción arriba como nunca. Siempre ha habido corrupción en México, desde la Colonia, y la hubo también en el siglo XIX, con la excepción del periodo de la República Restaurada; con el Porfiriato hubo mucha corrupción, sobre todo se hicieron jugosos negocios al amparo del poder público. Con la Revolución, también, se mantuvo la corrupción.

Pero aunque parezca extraordinario, aunque parezca sorprendente, nunca había habido tanta corrupción como ahora; en este periodo neoliberal, se han entregado bienes nacionales a particulares, se han regalado muchos bienes de todos los mexicanos a particulares, a gente vinculada al poder. Por ejemplo, se entregaron las minas que eran de la nación, se han entregado los ferrocarriles, se entregaron los bancos, se han entregado empresas; precisamente ahora se está entregando prácticamente regalada la empresa Aeroméxico.

¿Y a quién se le está entregando Aeroméxico? A José Luis Barraza, que fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial hasta hace poco, y fue durante la campaña, como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el que encabezó toda la guerra sucia en contra de nosotros; el Consejo Coordinador Empresarial gastó 130 millones de pesos en espots de radio y televisión en contra mía para favorecer a Calderón.

Están pagando alrededor de 2 mil, 2 mil 500 millones de pesos por esta empresa. Se dirá: es mucho dinero, pues no. No hay necesidad de venderla, no hay necesidad de entregarla por esa cantidad. Nada más tomen ustedes en cuenta que en publicidad, el gobierno federal, el gobierno usurpador de Calderón se ha gastado en este tiempo, en diez meses, 4 mil quinientos millones de pesos de publicidad, de espots de radio y televisión, en todo esto que estamos escuchando, que está diciendo, que él no tuvo nada que ver con los aumentos de precios, como si fuésemos nosotros menores de edad, como si nosotros nos estuviéramos chupando el dedo.

Y desde luego que están pensando, lo que más ambicionan, es el petróleo, Por eso tenemos que prepararnos para que no se sigan entregando bienes nacionales a particulares, ni a mexicanos y mucho menos a extranjeros, son unos corruptos. Por eso tenemos que defender el petróleo, que es defender a la nación, que es defender a las nuevas generaciones, que es defender a nuestros hijos, que es defender a México

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CON VISITAS A 22 MUNICIPIOS, LÓPEZ OBRADOR EFECTUARÁ ESTA SEMANA SU PENÚLTIMA GIRA DE ESTE AÑO POR PUEBLA

Del 25 al 28 de octubre, el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, realizará la penúltima gira de trabajo del año por Puebla, donde convivirá con los habitantes de 22 municipios, a quienes les pedirá que mantengan encendida la llama de la esperanza y luchen para instaurar la nueva República.

Para el jueves 25 de octubre, López Obrador visitará a los habitantes de Chicontla —municipio de Jopala—, Tepango de Rodríguez, Camocuautla y Zapotitlán. En el segundo día de gira, visitará a las comunidades de Bienvenido de Hermenegildo de Galeana, San Felipe Tepatlán, Amixtlán, Coatepec, Olintla y Huetlalpan. Para el sábado 27 octubre, el presidente legítimo de México tiene contemplado recorrer los municipios de Huehuetla, Caxhuacan, Tuzamapán de Galeana, Jonotla, Zoquiapan y Cuetzalan del Progreso. En el último día de gira, recorrerá los municipios de Atlequizayan, Ixtepec, Zongozotla, Huitzilan, Xochitlán de Romero Rubio y Nauzontla.

Desde esta región, López Obrador invitará a los poblanos a participar el próximo 18 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, en la asamblea informativa de la Convención Nacional Democrática, durante la cual se dará a conocer las medidas para evitar que se aumenten los precios de la gasolina y el diesel y para impedir que se privatice el petróleo que es patrimonio nacional de todos los mexicanos.

Iniciativa Mérida - Hernández

Plan México - Rocha

Bomba yucateca - Helguera

Santa Anna - El Fisgón

Garantizada, la estabilidad del gobierno de Evo Morales, asegura el ejército

Crece la tensión en Bolivia por el bono para ancianos

Rosa Rojas (Corresponsal)

La Paz, 23 de octubre. En medio de un aumento de la tensión entre el gobierno de Bolivia y de las fuerzas de la derecha y la oligarquía regional debido a la propuesta del Ejecutivo de otorgar un bono a los ancianos, las fuerzas armadas advirtieron estar en “capacidad suficiente” de “garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido” del presidente Evo Morales.

La comandancia de las fuerzas armadas aseveró en un comunicado que “los prefectos de los departamentos no forman parte de la estructura de mando” dentro de la institución, que dependen del presidente constitucional de la república, quien es capitán general y ejerce el mando a través del ministerio de la Defensa Nacional y “operativamente mediante el comando en jefe”.

Las fuerzas armadas respondieron así a la aseveración del prefecto cruceño, Rubén Costas, quien al encabezar la semana pasada la “retoma” del aeropuerto de Viru Viru, afirmó que “el único comandante de este pueblo… soy yo”, buscando descalificar al presidente Morales y la presencia de tropas en el aeropuerto.

El ministro de Defensa, Walker San Miguel, negó a su vez que haya tropas extranjeras en Bolivia, en respuesta al reclamo de la víspera de los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Cochabamba, de retirar las “fuerzas militares extranjeras que se encuentran interviniendo” en asuntos internos del país.

Esto, por la supuesta injerencia de militares venezolanos en la ocupación por la Fuerza Aérea Boliviana del aeropuerto cruceño de Viru Viru, ordenada por el gobierno ante irregularidades en la administración de la terminal aeroportuaria. San Miguel consideró que esa demanda tiene “un afán claramente político y mediático”.

Citó que el único personal castrense extranjero en el país se da en el contexto de convenios bilaterales de capacitación o cooperación, entre los que citó a Estados Unidos, Perú, Argentina, Brasil y Venezuela. De los tres últimos dijo que hubo unos 100 militares coadyuvando en la atención de desastres naturales en el Beni.

Quedan, dijo, sólo tres venezolanos con maquinaria donada por ese país, que están trabajando en este departamento en la construcción de un muro de contención, que ya tiene un avance de seis kilómetros, para evitar más inundaciones en la ciudad de Trinidad.

En Cochabamba, cientos de hombres y mujeres de la tercera edad marcharon exigiendo que el Congreso apruebe el pago del Bono Dignidad –proveniente de un impuesto a los hidrocarburos– y advirtieron con medidas de presión si el Senado lo traba.

También en barrios de Santa Cruz y otras ciudades se preparan movilizaciones de apoyo al proyecto de Morales, que la Cámara de Diputados discutía esta tarde y que se prevé sea aprobado por la bancada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

La alianza opositora derechista Poder Democrático y Social (Podemos), que tiene mayoría en el Senado, advirtió que no se aprobará el proyecto oficial, ya que el citado bono debe ser cubierto con recursos del gobierno nacional.

¿Y los ancianos de dónde son? El colmo que se nieguen a proteger a los ancianos bolivianos con un bono de 380 pesos mensuales, hasta dónde puede llegar la mezquindad de la derecha. Ahí queda.

Al mismo tiempo, sectores universitarios de la derecha protestaron contra esa “confiscación” en Santa Cruz, incluyendo una huelga de hambre de una veintena de estudiantes y el rector. En Trinidad, iniciaron algunos bloqueos en calles de la ciudad.

En Sucre, el Comité Interinstitucional por la Capitalidad, presidido por el rector de la universidad, Jaime Barrón, convocó para el jueves a un paro departamental en defensa de los recursos que reciben del impuesto a los hidrocarburos y por el traslado de la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo de La Paz a esa ciudad.

EU anuncia más represalias contra Cuba; eso equivale a una reconquista: Castro

Promueve La Habana una condena diplomática a la hostilidad de Washington

Gerardo Arreola (Corresponsal)

La Habana, 23 de octubre. Los aires de la guerra fría volvieron a soplar en el Caribe: Estados Unidos anuncia más represalias contra Cuba, que a su vez promueve una nueva condena diplomática a la hostilidad de Washington, en los días en que se recuerda cómo, en los inicios del conflicto, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear, hace 45 años.

El presidente George W. Bush hablará este miércoles sobre su política hacia Cuba, incluyendo “nuevas iniciativas para ayudar al pueblo” de la isla, según anunció el viernes último el vocero de la Casa Blanca, Tony Fratto.

El anuncio se producirá, por primera vez, poco antes de que la Asamblea General de Naciones Unidas vote una resolución que condena el bloqueo económico estadunidense contra la isla, según recordó el presidente Fidel Castro, en un breve comentario difundido hoy.

Bush intenta “enfatizar la importancia de la democracia para el pueblo cubano y el papel que puede jugar la comunidad internacional en la transición en Cuba”, dijo Fratto.

El anuncio estadunidense, replicó Castro, “equivale a la reconquista de Cuba por la fuerza”.

La cercanía de los dos momentos que invoca el líder cubano muestra los extremos de la posición estadunidense. Por un lado, Bush insiste en mantener las represalias económicas, que según los cubanos han llegado en los últimos meses a su máximo rigor. Por otro, salvo que ocurra una sorpresa, la ONU reclamará el 30 de octubre el cese del hostigamiento y dejará aislado a Washington en esa campaña, con apenas el apoyo de Israel y unos pocos gobiernos.

Castro, fuera de sus funciones oficiales por enfermedad hace casi 15 meses, dijo que “el peligro de una hambruna mundial en masa se agrava con la iniciativa reciente del señor Bush de convertir los alimentos en combustible, mientras, invocando principios estratégicos de seguridad, amenaza a la humanidad con una tercera guerra mundial, que esta vez sería con armas atómicas”.

El mandatario pidió tácitamente a las delegaciones que votarán la semana próxima el proyecto cubano, que tengan presente esa consideración.

En un discurso este martes, Bush defendió una vez más su plan de crear un escudo antimisiles en Europa, como reacción a la supuesta capacidad de Irán de desplegar un misil balístico intercontinental en menos de una década.

El diario oficial Granma recuerda en estos días el conflicto de octubre de 1962, cuando Estados Unidos descubrió el despliegue de cohetes nucleares soviéticos en Cuba y reaccionó con un cerco naval, para dar paso a jornadas electrizantes, que pudieron precipitar un enfrentamiento de grandes proporciones y finalmente se resolvió en una negociación entre Washington y Moscú.

La desaparecida Unión Soviética se refirió a ese periodo como la “crisis del Caribe”, en alusión a que se trataba de un foco de tensión distante de su territorio; para Estados Unidos fue la “crisis de los cohetes”, con el énfasis puesto en que el eje del problema eran las armas, y no su hostilidad ya desatada contra Cuba.

Para los cubanos es la “crisis de octubre”, una forma de recordar que ese año, bajo una amplia ofensiva de presiones y ataques estadunidenses, cada mes fue tenso.

Procesan a De la Rúa y le embargan sus bienes por la represión en 2001 (Argentina)

Conmemoran en Argentina los 30 años de la creación de las Abuelas de Plaza de Mayo

El ex mandatario sostiene que no ordenó disparar contra manifestantes durante el estallido social

Stella Calloni (Corresponsal)

En imagen de marzo de 2004, el ex presidente argentino Fernando de la Rúa, que actualmente enfrenta cargos por cinco homicidios culposos durante una represión en diciembre de 2001 en Buenos Aires Foto: Ap

Buenos Aires, 23 de octubre. El ex presidente argentino Fernando de la Rúa (1999-2001) fue procesado junto a cinco ex jefes policiales por el juez federal Claudio Bonadío, quien los responsabiliza de cinco homicidios culposos y más de un centenar de heridos y lesionados durante los hechos sucedidos entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001, cuando miles de manifestantes que protestaban contra el “estado de sitio impuesto y la grave crisis nacional”, fueron reprimidos.

La noticia se conoce cuando se conmemora en todo el país los 30 años de la creación de Abuelas de Plaza de Mayo, que ha recuperado a 88 de más de 500 niños nacidos en cautiverio y robado a sus madres luego asesinadas o los que fueron secuestrados siendo muy pequeños con sus padres, también apropiados durante la pasada dictadura militar (1976-1983).

En el caso del ex presidente de la Rúa, de la Unión Cívica Radical, el juez trabó también embargo sobre sus bienes, que ascienden a 6.2 millones de dólares, después que recientemente el acusado atribuyó a un “complot” en su contra los sucesos de aquellos días.

Se trata de la rebelión conocida como el cacerolazo o el argentinazo protagonizada por miles de vecinos de todos los sectores que se levantaron en la noche del 19 de diciembre de 2001, ante la gravedad de una situación social acumulada desde los años 90 durante la década en que gobernó el ex presidente Carlos Menem desmantelando al país, lo que se sumó a la crisis que estalló aquí en esos días.

El gobierno de De la Rúa generó esperanzas en un principio y el incumplimiento de las promesas de un cambio llevaron al estallido popular, después de una serie de saqueos –muchos de ellos provocados, aprovechando la furia popular– y el 19 de diciembre de 2001 en la noche De la Rúa decretó el estado de sitio, lo que provocó el gran estallido, con un gran cacerolazo protagonizado por los vecinos de Buenos Aires y las manifestaciones pacíficas que ocuparon la histórica Plaza de Mayo.

Hasta hoy sigue discutiéndose quién dio la orden de desalojar el lugar el 20 de diciembre mediante una inusitada violencia policial que dejó cinco muertos en pocas horas y más de ciento 50 heridos y lesionados. En la noche del 20 de diciembre De la Rúa renunció y debió salir en helicóptero de la casa de gobierno rodeada por la multitud.

El juez sostiene que el ex jefe del Estado “no usó las herramientas” disponibles para evitar los gravísimos episodios, y que es insostenible que ignorara lo que ocurría.

De la Rúa, en sus declaraciones, recordó que el decreto de “estado de sitio” le fue solicitado por varios gobernadores en cuyas provincias se produjeron también protestas y en varios lugares la represión dejó más de 27 víctimas.

Entre los ex gobernadores que le sugirieron el estado de sitio –causa en la que está sobreseído– figura Carlos Ruckauf, de la provincia de Buenos Aires.

Los abogados del ex mandatario sostienen que ya había sido dictada “una falta de mérito y que no existe nada que altere esa situación y por lo tanto debía dictarse un sobreseimiento”, pero el abogado querellante, Rodolfo Yanzón, cree que el ex mandatario tiene responsabilidad en los hechos.

El ex presidente se lamentó durante la indagatoria por todo lo sucedido y alguna vez sostuvo que nunca ordenó matar ni disparar. En este caso señaló puntualmente hacia la juez federal que intervino entonces María Servini de Cubría, denunciando que ésta nunca se contactó con su ministro del Interior y fue ella quien dispuso el desalojo de la Plaza de Mayo. Tesis que mantienen algunos jefes policiales procesados.

En realidad la justicia no se ha interesado en las investigaciones periodísticas donde se advierte, efectivamente, una “conspiración” entre sectores del justicialismo bonaerense y la Unión Cívica Radical (UCR) para precipitar la caída de De la Rúa. Estas investigaciones no convalidan la actuación del ex presidente, pero merecerían otra investigación que se sume a la actual, señalan algunos analistas.

En tanto, en la causa por la desaparición y torturas al periodista Jacobo Timerman durante la última dictadura, se ordenó la detención del general retirado Ibérico Saint Jean, así como la de siete civiles, mientras los actos de homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo proseguían por estas horas.

Madres y Abuelas son ellas, cuyos hijos están desaparecidos y que han protagonizado una historia de lucha y heroísmo para recuperar a medio centenar de niños nacidos en cautiverio y robados por los militares y policías.

Anoche en un teatro de esta capital hubo un conmovedor homenaje, que convocó a sectores diversos en una causa que rompe con las divisiones estériles. Había funcionarios, jueces, organismos humanitarios y sociales, artistas, actores, pero las figuras centrales fueron los nietos recuperados, agradeciendo a las Abuelas la enorme enseñanza de amor y lucha que representan.

Por el escenario pasaron los rostros de los 88 niños recuperados y de los padres desaparecidos. “Ustedes son un ejemplo de lucha, de compromiso y perseverancia, pero esta noche venimos a agradecerles el amor, el amor a la verdad y la justicia”, dijo uno de los nietos recuperados.

Esta noche en un sitio histórico recuperado las abuelas asistieron conmovidas a la entrega de menciones a grupos de estudiantes primarios y secundarios, que trabajaron sobre estos temas de la memoria, la identidad, la lucha por la justicia. Niños aún fueron convocados por el Instituto Espacio para la Memoria y ellas mismas entregaron los libros y los diplomas a los ganadores.

Ahí, varias rompieron en llanto al ver que su trabajo y su prédica no ha sido arar en el desierto. Aquellos niños y jóvenes, que además participaron en un concurso de fotografías –que también se exhibieron allí– les reconocieron –desde el amor– como dijeron, su lucha de tantos años.

Un libro sobre las fotos con que se abrió el acto anoche en el teatro dice en el prólogo del periodista José María Pasquini Durán que la Abuelas “han enseñado a todos los que quisieron aprender la lección de aguardar, el aguardamiento, esa sabia mezcla de esperanza, de lucha, de fe en las propias fuerzas y de firme convicción que al final del camino alguien las espera, sabiéndolo o no, desde hace tres décadas. Ese aguardamiento acuna la dulce y férrea decisión de alumbrar vidas”.

Fin a concesión a Lockheed

Este día la titular del Ministerio de Defensa, Nilda Garré, firmó con la empresa de aviación Lockheed Martin Aircraft Argentina S.A. tres contratos que reformulan la concesión otorgada a esta empresa en la ex Área Material Córdoba por decreto “S” 2221/94 y que habilitan al gobierno nacional para recuperar en el curso del año próximo las instalaciones y equipos sin costo alguno. El acuerdo terminará con la concesión otorgada por Menen a Lockheed por 25 años “a renovar” en ese lugar que fuera la fábrica de aviones argentinos.

Autorizó Gil Díaz a CFE recursos para rutas de fibra óptica que usará Telefónica

La empresa sólo espera la aprobación a los cambios a la ley de inversión extranjera

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Una semana después de la venta de Aeromexico, los grupos parlamentarios del PRI, PRD y PT en la Cámara de Diputados afirmaron que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, quien compareció ante comisiones, renunció a su responsabilidad de vigilar el proceso de enajenación de la empresa que, le advirtieron, podría derivar en responsabilidades jurídicas y políticas.

Este martes, después de una serie de tropiezos legislativos que atrasaron la comparecencia del funcionario, éste se presentó ayer en la Cámara de Diputados, cuando el propósito de la comisión del transporte que lo citó fue originalmente exigirle intervenir en la venta de los activos de la empresa en manos del IPAB.

En la reunión, que se realizó en el Salón verde, el diputado del PRI, Jesús Ramírez Strabos informó que el próximo martes en la sesión ordinaria su grupo parlamentario presentará una solicitud a la comisión de vigilancia para que ésta, a su vez, solicite a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar a fondo la enajenación de Aeromexico. “No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, que a través de la simulación, se tolere el favoritismo que pudiera evidenciar un caso más de impunidad y de protección al influyentismo en la administración pública federal”.

El priísta cuestionó con dureza a Luis Téllez, quien sólo arqueaba las cejas ante las críticas, y refirió que cuenta con una copia del oficio que el secretario de Comunicaciones envió a la Secretaría de Gobernación para reiterar que la venta de Aeromexico fue competencia exclusiva del IPAB y de la SCHP, pero no de la dependencia a su cargo.

“Con esa excusa evadió usted una responsabilidad que le corresponde”, afirmó. También aseguró que en el fondo de la venta de las acciones en manos del IPAB está la transferencia del título de concesión que es una responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y por lo tanto Téllez sí estaba obligado a intervenir en la enajenación.

Además reprochó que el gobierno de Felipe Calderón se apresurara a realizar la operación a través de la Bolsa Mexicana de Valores para evitar el pago de impuestos en una operación por 250 millones de dólares para beneficiar a Banamex, “que hace seis años fue adquirido por accionistas extranjeros” y por tanto la entrega de Aeromexico al banco “podría ser violatoria de la ley de inversión extranjera, que sólo permite el 25 por ciento de inversiones de capital foráneo en el sector aéreo” nacional.

Resaltó que la venta no sólo está envuelta en la opacidad y el escándalo, sino en el “signo de sospecha o de posible tráfico de influencias que pudiera implicar responsabilidades de servidores públicos”. A simple vista se podría incurrir en omisiones graves que perjudicarían el despacho de los asuntos que son de su competencia y que, agregó, se sancionan administrativa y políticamente mediante una solicitud de juicio político.

Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda y Crédito Público y ahora director general para México y América Central de la trasnacional Telefónica Movistar, autorizó una inversión extraordinaria por 30 mil millones de pesos –mediante contratos multianuales para el bienio 2006-2007– a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), recursos destinados a construir 33 rutas de fibra óptica que serán rentadas a precio de regalo a la empresa española que ahora dirige.

Tal hecho se concretará una vez que las fracciones parlamentarias del PAN y del PRI aprueben la modificación a la ley de inversión extranjera mediante la cual Telefónica tendrá las puertas abiertas a participar en el mercado de telefonía fija y móvil a ciento por ciento, y con la salvedad de que tendrá a sus servicio la infraestructura montada por el gobierno federal a través del pago de rentas mínimas.

Juan Guerra Ochoa, diputado del PRD, advirtió que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) ya aprobó dicho esquema, el cual beneficiará, a través de un listado de aplicación de descuentos, a la empresa española.

“Entre finales del año 2005 y a lo largo de 2006, Francisco Gil Díaz impuso a la Comisión Federal de Electricidad el desvío de 30 mil millones de pesos para hacer el tendido de la red de fibra óptica que ahora el gobierno federal pondrá a disposición de Telefónica Movistar. El ex funcionario y ahora socio de esa empresa (Francisco Gil) preparó el escenario al utilizar a la CFE como presa para atraer la inversión extranjera”.

La propuesta del ex secretario de Hacienda se respaldó en la deuda, que cada año se engrosa más, de la Comisión Federal de Electricidad a través de los Pidiregas. A la fecha los proyectos de inversión diferidos en el registro del gasto ascienden en esa paraestatal a 200 mil millones de pesos.

El representante del partido del sol azteca, adujo que la Comisión Federal de Telecomunicaciones ha emitido una postura favorable para que la red de fibra óptica tendida por la CFE, cuya longitud asciende a 25 mil kilómetros, sea utilizada por la trasnacional que ahora dirige Francisco Gil Díaz.

“El ex secretario de Hacienda es un pícaro y cara dura que debe irse a la cárcel porque utilizó el dinero del erario para tejer la red de fibra óptica que ahora hábilmente aprovechará para incrementar las ventajas a favor de la trasnacional”.

Y es que la Comisión Federal de Electricidad tendió siete rutas en el año 2006 para favorecer el servicio de la redes fija y móvil en telefonía. En este proceso inicial el tendido abarcó ciudades como Distrito Federal, Puebla, Villa Hermosa, Poza Rica, Veracruz, Minatitlán, Coatzacoalcos, San Luis Potosí, Aguascalientes, León, Saltillo, Monterrey, Querétaro, Celaya, Salamanca, Zamora, Ciudad Victoria y Tampico.

A través de una inversión multianual, la CFE terminará de extender la citada red por 29 rutas más. A través de éstas se conectarán Piedras Negras, Torreón, Reynosa, Matamoros, Chihuahua, Mazatlán, Culiacán, La Paz, Tijuana, Morelia, Acapulco, Tapachula, Cancún, Veracruz, entre otras.

Con voluntad política de integración de 8 países nace el Banco del Sur

Impulsará el desarrollo sudamericano y el control de la riqueza, dice el venezolano Cabeza

Será la primera institución subregional no controlada por los centros del poder financiero

El siguiente paso será crear un fondo monetario regional y, tal vez, una moneda única

Roberto González Amador (Enviado)

Washington, DC, 22 de octubre. El Banco del Sur, proyecto al que se han acogido ocho países sudamericanos, “nace de una voluntad política por la integración”, define Rodrigo Cabeza, ministro del Poder Popular de Finanzas de Venezuela. Es un hecho político que surge para impulsar el desarrollo de la región y lograr mayor grado de soberanía y control sobre la riqueza natural de los países, dice. “No podemos darnos el lujo de fracasar”, apunta al referirse a la primera institución subregional no controlada por los centros de poder financiero, que nacerá formalmente el 3 de noviembre en Caracas.

Como ministro de Finanzas en el gobierno del presidente Hugo Chávez en Venezuela, Cabeza, economista de 51 años, con carrera como dirigente estudiantil y en el ámbito legislativo, escritor de artículos periodísticos y de poemas –que no ha publicado–, es uno de los responsables de llevar a la práctica hasta su concreción el proyecto conjunto de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, la propia Venezuela y, recientemente, Colombia.

En entrevista con La Jornada, Rodrigo Cabeza habla de la forma en que fue madurando la idea de crear un banco regional, independiente de la arquitectura financiera controlada por Washington; de un siguiente paso en la integración consistente en crear un fondo monetario regional, constituido con las reservas de los países de la zona –abundantes ahora por los altos precios de las materias primas– y de la posibilidad de que ello derive en el lanzamiento de una moneda única. También se refiere al papel del gobierno mexicano ante este proceso.

Rodrigo Cabeza asistió a esta ciudad, en la que ya concluyeron las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, aunque declinó participar en ese foro. En cambio, ha sostenido una agenda de trabajo con ministros sudamericanos y con organizaciones sociales que tienen su sede en la capital estadunidense, en las que ha hablado y explicado el proyecto de constitución del Banco del Sur.

–¿Cómo fue madurando la idea de constituir un Banco del Sur hasta llegar al momento actual?

–En 1999, cuando el presidente Hugo Chávez asumió el poder, afirmó que su prioridad era la integración sudamericana, volver la cara de Venezuela al sur. Planteó la necesidad de que tuviéramos un banco de la región. Fue la primera vez que en el contexto latinoamericano se planteaba una propuesta específica sobre el tema. Había antecedentes que apuntaban más a la integración comercial. Pasaron varios años para que esto pudiera madurar. Y maduró. Así son los hechos políticos y económicos, que deben tomar su tiempo.

–Maduró en un contexto político particular.

–El Banco del Sur madura en el contexto de una profunda voluntad política que comienza a operar en Sudamérica, en torno al tema de la integración. Se ve fortalecido por el ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur, que lo potencia en tanto fuerza energética que se asocia a las potencialidades industriales y agrícolas que ya tenía el Mercosur. En ese contexto además debemos agregar un hecho político que es el arribo de gobiernos de carácter progresista y de izquierda en Sudamérica, que ayuda a la idea de concretar una integración de carácter financiero.

Vencer las asimetrías

El acta de fundación del Banco del Sur, institución que tendrá su sede en Caracas y oficinas en Buenos Aires y La Paz, concibe a la institución, explica el ministro venezolano, como un mecanismo para financiar el desarrollo. Pero, apunta, le da objetivos “nobles”, como el de trabajar “para vencer las asimetrías que existen en nuestros pueblos y entre nuestros pueblos”.

La nueva institución sudamericana tendrá un modo de gobierno que es totalmente opuesto al que prevalece en el FMI o el Banco Mundial, donde el poder lo concentra el mayor accionista, en ambos casos, Estados Unidos. En el nuevo Banco del Sur, explicó Cabeza, cada país miembro tendrá un voto, independientemente del capital que suscriba para la constitución del banco.

“Tenemos bien claro que no habrá préstamos condicionados a política económica alguna, dado que nadie ejercerá ninguna hegemonía, y mucho menos préstamos condicionados a políticas de corte neoliberal o con condicionantes”. Los préstamos del FMI y el BM siempre están sujetos a condicionantes que van desde la privatización de entes públicos, al adelgazamiento del Estado, o la liberalización de sectores de la economía a capital privado nacional y extranjero.

El ministro Cabeza anticipó que el nuevo banco estará operando en 2008, aunque declinó dar detalles sobre los primeros proyectos que financiará con los 7 mil millones de dólares de su capital inicial. Precisó que la aportación de arranque no será igual para las naciones fundadoras, aun cuando cada una tendrá el mismo poder de voto. Se reconocerá que algunos de los socios tienen menos capacidad de pago para aportar. “Estimo que Brasil, Argentina y Venezuela tendrán que hacer el esfuerzo mayor” en cuanto a las cuotas iniciales.

–¿Cómo concibe el Banco del Sur su función integradora?

–Viene a llenar un vacío. No tenemos los sudamericanos un banco regional para el desarrollo que una las potencialidades de Sudamérica. No podemos decir que el Banco Interamericano de Desarrollo sea nuestro. Es básicamente un banco donde tenemos presencia, pero con hegemonía estadunidense. La Corporación Andina de Fomento sí es nuestra pero tiene un alcance limitado. Será un banco para Sudamérica. Quizá después se pueda ampliar al concepto de América Latina.

–El proyecto tiene un carácter económico, pero también una esencia política, como usted dice. ¿El banco actuará con criterios de índole política o económica?

–Está naciendo como un hecho político integracionista. No era posible explicarse un Banco del Sur, de la naturaleza que nosotros le estamos dando, en la década de los años ochentas y noventas, cuando se enseñoreaba en América Latina todo el pensamiento de carácter neoliberal que se confrontaba con cualquier posibilidad de que las naciones pensaran el proceso de integración profunda. Era el tiempo de la apertura generalizada de nuestros comercio, era lo que se postulaba en Sudamérica en ese momento. Por eso, en rigor histórico, nace como una voluntad política por la integración y por mayores grados de soberanía en relación a nuestras propias riquezas.

“El Banco del Sur va a ser un espacio para unir las fuerzas que tienen nuestros excedentes financieros, porque hoy no hay ese espacio en Sudamérica. Los países sudamericanos tienen sus reservas internacionales y los depósitos de su sector privado nacional, en los países desarrollados. Hacemos esto para construir un espacio que nos permita tener nuestros excedentes, nuestras riquezas, nuestra acumulación de capital, en espacios de nuestra propiedad y al servicio de nuestros pueblos”, añade. “No es el banco de Chávez. Es una responsabilidad de toda Sudamérica, que debe proteger esta experiencia para que no vaya a naufragar”.

Rodrigo Cabeza dice que para financiar el desarrollo, “entendido como la conquista de grados mayores de calidad de vida y de bienestar colectivo”, el Banco del Sur considerará temas como las asimetrías de los países que lo integran. Se centrará en la infraestructura de apoyo a la producción y en proyectos de educación y salud. También a planes que involucran a más de una nación, como el propuesto gasoducto sudamericano. Una de las ideas, dice, es abordar los temas de financiamiento de infraestructura de apoyo a la producción para dar nuevas oportunidades de inversión del sector privado nacional o al propio sector público.

–Usted dijo que el banco se hace posible por los excedentes de divisas de varios de los países que lo fundarán. Esos excedentes vienen del alza en el precio de materias primas.

A largo plazo ¿cómo se hace sostenible si ocurre un cambio en la tendencia mundial de precios?

–Es un escenario pesimista. Esa futurología es compleja porque desde Venezuela tenemos una visión optimista para las próximas dos décadas. Nosotros avizoramos que hemos entrado en una etapa bonancible de petróleo, que no es posible en rigor científico-técnico avizorar a mediano plazo la posibilidad de que regresen los precios del barril de petróleo a niveles de los años noventas, debajo de 25 dólares por barril.

Parafrasea al escritor venezolano Arturo Uslar Pietri: “Hemos decidido ‘sembrar el petróleo’, en términos de crear la infraestructura productiva capaz de soportar mañana o pasado mañana cualquier hecho histórico, ya no una caída de precios, sino la superación histórica del petróleo como fuente de energía planetaria. Entonces, hemos comenzado este proceso de recuperación. Para ese escenario de dificultad es que vamos a impulsar después de que nazca el Banco del Sur y antes que termine esta década, la idea de que podamos tener una especie, no quiero ponerle nombre, de instrumento en el campo monetario.

–¿Cuando habló de la unión monetaria de Sudamérica está pensando en una moneda única?

–Sí, claro. Un paso previo a una moneda única tendrá que ser el esfuerzo por una unidad monetaria, un fondo único de reserva donde todos tengamos nuestras reservas internacionales, nuestras divisas, y sería un excelente instrumento para dar el otro paso. Cuándo será eso, no sé. Ya está planteado en el debate y a partir de la argumentación de Ecuador y Brasil, Venezuela respalda esa idea.

–¿En algún momento fue invitado México a participar en este proceso? Si así fue, ¿qué respuesta hubo?

–Ya en 2007 el Banco del Sur se concibió como un proyecto de Sudamérica. Venezuela planteó la posibilidad de que se le diera el carácter latinoamericano, pero está idea no tuvo consenso. Y nosotros cedimos un poco. El consenso fue por un banco sudamericano, de manera que no podríamos hablar que hubo un rechazo de México a participar, por la naturaleza con la que se asumió el debate en Sudamérica.

“Lo ideal es que algún día podamos pensar en el Banco de Latinoamérica, para que eso ocurra tendría que haber una voluntad política en México. Daría un impulso extraordinario a cualquier esfuerzo de construir una institución financiera la presencia de México. Su presencia sin lugar a dudas colocaría en otro nivel cualitativo y cuantitativo un banco que dejaría de ser sudamericano y pasaría a ser latinoamericano, o una moneda única en Latinoamérica. Sería clave para darle el carácter latinoamericano el papel que pueda jugar México. En el corto plazo no vemos esa posibilidad.

En México no existe tal posibilidad porque mientras los países que se integran en el Banco del Sur avanzan hacia su soberanía, México retrocede y la pierde cada vez más:

México no entrará porque no tiene independencia
Correcto, el plan de Sudamérica de desligarse del FMI: experta

Antonio Castellanos

El proyecto de los países de América Latina para abandonar el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial es correcto, porque sus políticas restrictivas desde mediados de los 70 han sido nefastas. Sin embargo, México no podrá entrar, no puede apostar a esa iniciativa porque no tiene independencia política ni económica.

Alicia Girón, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dijo que a pesar de que el gobierno federal ha reducido el débito foráneo, cada año transfiere al exterior más de 10 mil millones de dólares para pagar intereses, afirmó Girón. La deuda externa ya se ha pagado varias veces, recalcó.

Indicadores de la Secretaría de Hacienda señalan que al cierre de agosto el saldo de la deuda externa neta del gobierno federal fue de 41 mil 200 millones de dólares, cifra superior en mil 400 millones de dólares a la del 31 de diciembre de 2006.

Asimismo, destacan que el costo financiero del sector público se ubicó en 157 mil 600 millones de pesos, nivel 10.3 por ciento inferior en términos reales al registrado en el mismo periodo del año previo.

Girón precisó que todas las políticas de estabilización del Banco Mundial y del FMI desde hace 37 años, han sido negativas para la economía de la región. Uno de los principales problemas es que han sido orientadas al pago de la deuda y a la restricción del gasto público.

Lo anterior, dijo, hizo que las economías latinoamericanas dejaran de crecer, abrieran sus mercados y se modificara la estructura productiva. Ello desembocó en un desempleo elevado y un costo social muy alto.

En el caso de México, agregó, hay una grave dependencia del petróleo y de la industria maquiladora, pero la irrupción de los productos de China en Estados Unidos, ha hecho que la producción mexicana no pueda ser competitiva. Definitivamente aquel país ha desplazado la producción nacional.

El gobierno de México no tenido la visión de transformar su mano de obra capacitada; tampoco ha impulsado la educación que es un sector muy rezagado, situación a la que se debe agregar los problemas que se derivan de la deuda externa que ya se ha pagado varias veces a través de los intereses.

Terrible, que acepten a Calderón quienes sufrieron un fraude como AMLO: Ibarra

Prefiero la “demencia” a la genuflexión: la senadora en foro de Casa Lamm y La Jornada

Matilde Pérez U.

La senadora Rosario Ibarra de Piedra dijo que es “terrible y vergonzoso” que gente que sufrió un fraude electoral similar al que se gestó contra Andrés Manuel López Obrador reconozca ahora a Felipe Calderón Hinojosa como presidente del país, y “digan que quienes no lo hacemos estamos dementes”.

Recibida con un fuerte aplauso por los asistentes al foro La crisis de los derechos humanos en México, organizado por Casa Lamm y La Jornada, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado sostuvo: “prefiero la demencia a la genuflexión”, y convocó a todos los que luchan por las garantías individuales a sembrar esa semilla para lograr un país diferente, en el que se terminen la simulación y las reformas legales que favorecen sólo a unos cuantos.

Aseguró que no dejará su lucha de 32 años para que se presente a los desaparecidos políticos, y que continuará denunciando las arbitrariedades cometidas contra cientos de mexicanos. “Por eso se conformó nuevamente un Frente Nacional contra la Represión”. Dijo que tampoco accederá a que se indemnice a los familiares de los desaparecidos en 1968, como se lo han propuesto. “No queremos indemnizaciones; ni con todo el oro del mundo pagan un desaparecido”, advirtió.

Antes, Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Edgar Cortez, de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, y Luis Arriaga, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, comentaron que hay una crisis en los derechos humanos.

Concha Malo sostuvo que se observa retroceso y falta de voluntad política para que las garantías fundamentales sean garantizadas, promovidas y respetadas, además de que se ha criminalizado la protesta social, y advirtió que está creciendo el riesgo de militarización del país.

Luis Arriaga habló de la preocupación de los integrantes de organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, pues a partir de que asumió la Presidencia de la República, Felipe Calderón estrechó su colaboración con los militares, a quienes ha asignado acciones que corresponden a las instituciones civiles; se han incrementado abusos de soldados –como en los casos de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, de Zongolica, Veracruz, y de Castaños, Coahuila–; se ha detenido a luchadores sociales y hay un ambiente de desdén al diálogo con la sociedad.

Apuntó que esa falta de respeto a los derechos también se refleja en el abandono del campo y en la carencia de una actitud más decidida para defender a los productores, sobre todo a partir de 2008, con la eliminación de aranceles a la importación de cuatro productos básicos para el país. “El gobierno apuesta a acciones de presión y desgaste, permitiendo que los conflictos alcancen un nivel que justifique ante la opinión pública acciones de represión, pero también hay una sociedad que, aterrada por la inseguridad y el desempleo, opta por prácticas de seguridad pública violatorias de los derechos fundamentales”, abundó.

Destacó que mientras persistan las grandes desigualdades económicas y sociales y no se dé un viraje a la política económica, el panorama para los derechos humanos seguirá siendo desolador.

La sociedad, agregó Edgar Cortez, esperaba un cambio en el año 2000, pero lo que se vivió fue una alternancia en el poder, y la crisis en los derechos humanos continuó por la falta de cambios sustantivos; ahora “nos topamos con un gobierno autoritario, que no garantiza los derechos políticos de la población, y con un sector social que respalda esas acciones”.

Campesinos recurren al Senado ante negativa de diputados a proteger granos

Matilde Pérez U.

Ante la negativa de los diputados de PRI y PAN de incluir un artículo transitorio en la Ley Federal de Ingresos para proteger la producción de maíz y frijol –cuyos aranceles serán eliminados en 2008–, la Coalición Nacional de Organizaciones del Campo, Coordinadora Nacional Plana de Ayala (CNPA), Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros (ANPAP)-El Barzón y la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos pedirán al Senado que incorpore un mecanismo de administración del comercio exterior de dichos granos.

Al entregar su plan de presupuesto a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, los líderes de las organizaciones campesinas destacaron que “no se puede seguir aumentando el presupuesto para el campo sin una estrategia que equilibre su distribución, sin la creación de una reserva estratégica de alimentos y se asegure el acceso a los recursos a cientos de campesinos”.

“Los diputados del PRI, incluyendo a los de la Confederación Nacional Campesina, y el PAN que votaron en bloque contra la adición del artículo tercero transitorio a la Ley de Ingresos, traicionaron al campesinado del país; se guiaron por intereses mezquinos, por componendas para recibir mayores cuotas de los programas y subsidios”, apuntaron.

Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores Rurales; José Narro Céspedes, de la CNPA, y Alfonso Ramírez Cuellar, de la ANPAP-El Barzón, confiaron en que los senadores sean más sensibles y diseñen un mecanismo de defensa para los productores de ambos granos. “Espero que los diputados no se arrepientan más adelante: ahora se ve un campo tranquilo pero la situación se puede revertir”, dijo Narro Céspedes.

“La propuesta de dicho artículo transitorio no atenta contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por eso la petición a los senadores para que protejan y mantengan ordenados los mercados de maíz blanco y frijol, y aprueben el mecanismo de administración del comercio exterior de ambos granos”, abundaron.

Antes de la sesión en la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Héctor Padilla, aseguró que se protegerán a dichos granos: “nadie debe dudarlo, pero eso debe lograrse sin violentar los acuerdos comerciales firmados. No podemos meternos en escenarios de controversias comerciales que de antemano sabemos se perderán, como el caso de la alta fructosa”.

En la reunión con integrantes del Congreso Agrario Permanente, Padilla sostuvo que México ya no puede tomar decisiones domésticas sin considerar la situación internacional ni a sus socios comerciales; asentó que en 2008 “no habrá una catástrofe agrícola” por la eliminación de los aranceles en el comercio con Estados Unidos y Canadá.

“No es correcta una medida generalizada cuando el país tiene compromisos comerciales”, dijo en alusión al artículo transitorio. “Tenemos tratados comerciales con otros países donde establece que las desgravaciones tardarán más y con otros países no tenemos acuerdos, por eso no podemos aglutinar en un solo artículo una receta para diferentes escenarios. Tenemos que llegar a una buena decisión cuyo punto de partida debe ser que la agricultura debe estar por encima de cualquier interés internacional, pero respetando los compromisos que tenemos como país”.

En la reunión, el coordinador del CAP, José Luis González Aguilera, demandó a los legisladores impedir que el presupuesto siga concentrándose entre los grandes empresarios y establecer salvaguardas para maíz, frijol, azúcar y leche; y propuso que el presupuesto para el sector rural sea de 220 mil millones de pesos.

Con Calderón el poder adquisitivo del minisalario ha disminuido casi 16%

En los primeros regímenes neoliberales alcanzaba para más, dice estudio de la UNAM

Señala que las políticas de control salarial han perjudicado a las familias mexicanas

Patricia Muñoz Ríos

En los primeros nueve meses del gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa el poder adquisitivo de los salarios obreros sufrió un desplome, debido a que mientras el precio de la canasta alimentaria recomendable se incrementó 24.57 por ciento, los salarios únicamente aumentaron 4 por ciento en promedio.

El grado de depreciación del ingreso es tan fuerte que, por ejemplo, en todo el gobierno de Vicente Fox Quesada el poder adquisitivo de los minisalarios registró un descenso acumulado de 23 por ciento y en el periodo que va de la presidencia de Calderón el decremento ya es de 15.74 por ciento.

El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Academia de Economía Política III, de la misma facultad, elaboraron un reporte de investigación titulado Poder adquisitivo del salario y precio de la canasta básica alimentaria recomendable, durante los primeros nueve meses del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el cual detalla lo que ha sucedido con los salarios en el país.

Indica que las políticas de control salarial han impactado el poder adquisitivo de las familias mexicanas, ya que los incrementos a los trabajadores no compensan para nada el aumento de precios, por lo que el poder de compra va en declive.

El análisis detalla que al entrar Felipe Calderón a la Presidencia de la República, la canasta alimentaria recomendable tenía un costo diario de 80.83 pesos y el salario mínimo era de 48.17 pesos. Transcurridos nueve meses, el precio de los mismos productos básicos aumentó a 100.69 pesos y el minisalario apenas se elevó a 50.56 pesos.

Es decir, que el costo de una canasta básica es casi 100 por ciento por arriba de lo que gana un obrero. Además, el tiempo de trabajo necesario que tiene que laborar una persona que gana salario mínimo para adquirir estos productos “ha aumentado del 1º de diciembre de 2006 al 1º de septiembre de 2007 en dos horas 48 minutos”, según plantea el reporte.

Deterioro durante el neoliberalismo

El estudio refiere que el análisis fue encabezado por los economistas Luis Lozano Arredondo, Maribel Cenovio, Tania García, Martín Román Ramírez y Juan Trujillo, del CAM, aunque también participaron profesores y alumnos de la Academia de Economía Política III de la Facultad de Economía, quienes aplicaron encuestas e hicieron la recopilación de precios.

Para ejemplificar con mayor certeza lo que sucede con los salarios en México, la investigación precisa que al inicio de este gobierno se podían adquirir 6.9 kilogramos de tortillas con un ingreso mínimo y pasados los primeros nueve meses de esta administración sólo se pueden comprar 6.1 kilos; es decir, disminuyeron 800 gramos de la mesa de los obreros. Pero esta cifra empeora si se compara con el hecho de que en 1982 con el minisalario se podían comprar 52.73 kilogramos de tortillas.

Del mismo modo, en ese año se podían adquirir 22.4 kilogramos de jitomate con un salario mínimo y para el 1º de septiembre de 2007 sólo alcanzaba para comprar 3.1 kilos de este alimento. En el mismo sentido un obrero que ganaba el minisalario podía comprar 10.74 kilos de papa en la época de los 80 –cuando se iniciaron los gobiernos neoliberales– y ahora sólo puede pagar cuatro kilogramos del mismo producto con lo que gana en un día de trabajo.

La entidad de la UNAM concluye que “el alza en los precios se ha visto reflejada en la canasta alimentaria recomendable”, ya que su costo aumentó 24.57 por ciento en nueve meses; en el mismo periodo un salario mínimo alcanzaba para comprar 59.6 por ciento de esta canasta y ahora sirve para adquirir 50.2 de la misma. “Y eso que aún falta que entre en vigor el aumento al precio de la gasolina”, advierte el informe.

El titular del Trabajo se opone a que se difunda su declaración patrimonial

La Secretaría de la Función Pública clasificó la información como confidencial

Nada de confidencial tiene que Javier Lozano Alarcón es un corrupto y por ello no quiere que se difunda su declaración patrimonial, esto es una obviedad además de un descaro brutal y una burla para todos los mexicanos.

Elizabeth Velasco C.

Javier Lozano Alarcón Foto: José Carlo González

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, se opuso a la difusión de su declaración patrimonial, documento sobre el cual existen tres versiones, según informó la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia que clasificó con carácter de “confidencial” esos documentos.

De acuerdo con datos de la SFP, la primera declaración patrimonial que hizo Lozano fue el 7 de noviembre de 2006, cuando fue designado director de área del Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración de Felipe Calderón. Después, ya como titular de la STPS, presentó una segunda declaración, el 29 de enero de 2007, y finalmente una tercera, con “modificación”, el 31 de mayo pasado.

Pese a que el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos (LFRFP) prevé la apertura de la información vinculada con la situación patrimonial de los funcionarios federales, también concede a éstos la facultad de negar el acceso a esos datos, no así en las entidades federativas donde esos documentos se transparentan independientemente de la voluntad del burócrata.

La clasificación de confidencial de la declaración patrimonial de Lozano tiene un carácter “permanente”, según explicaciones que ha dado el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en consultas públicas donde ha hecho esa distinción con respecto a la reserva, pues ésta permite la desclasificación de la información luego de un determinado lapso.

La SFP avaló la clasificación de la declaración patrimonial de Lozano en agosto pasado, razón por la cual un ciudadano que solicitó el documento acudió ante el IFAI, organismo que turnó el asunto a la comisionada Jacqueline Peschard, cuya resolución se prevé que sea favorable a Lozano, pues la propia LFRFP permite reservarse ese derecho en los términos descritos.

Además de ese caso, el comisionado Alonso Gómez Robledo resolverá la solicitud de información que desde el 2 de mayo hizo La Jornada a la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a los oficios, memorándums, depósitos y otros documentos oficiales que especifiquen la ruta seguida por los 205 millones de dólares decomisados a Zhenli Ye Gon, en abril pasado, incluyendo el nombre de las instituciones financieras y el número de cuenta donde se depositaron los recursos incautados.

Además de ello, se demandó información sobre la distribución de los 205 millones de dólares; conceptos en los que se usaron, han usado y utilizarán esos recursos, pues hay que recordar que el presidente Felipe Calderón ha señalado que se invertiría una parte en la compra de armamento y equipo para el combate al narcotráfico. También, sobre las dependencias que vigilarán la aplicación de los fondos, y de los mecanismos establecidos para el buen uso del dinero, entre otros datos que se demandaron y que la PGR declaró como reservados por un lapso de 12 años.

Investigadores y políticos dudan de las bondades de la Iniciativa Mérida

Alma Muñoz, Alfredo Méndez, Elizabeth Rodríguez, Gabriel León, Jesús Aranda y José Antonio Román

Con escepticismo recibieron investigadores, abogados y políticos de izquierda el anuncio sobre la llamada Iniciativa Mérida, por la que el gobierno de Estados Unidos aportaría mil 400 millones de dólares a una estrategia conjunta con México para el combate al narcotráfico.

Guillermo Garduño, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, consideró que los recursos propuestos por el presidente George W. Bush sólo son una “limosna” y de nada servirán para frenar las actividades de los cárteles de las drogas, porque el crimen organizado “tiene capacidad muy superior para comprar aviones más rápidos, lanchas, barcos y hasta submarinos, así como equipos, y todavía se queda con un fondo para corromper a las estructuras policiaco-militares que buscan combatirlo”.

Bernardo Bátiz, secretario de Justicia y Seguridad del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador, señaló que con esa iniciativa se viola el principio constitucional de la no intervención en asuntos nacionales. La Carta Magna no incluye la aceptación de donativos y “muchos menos la posibilidad de abrir las puertas de par en par a la injerencia extranjera”.

Santiago Corcuera, abogado internacionalista y relator del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que lo preocupante de la llamada Iniciativa Mérida es que con su aplicación termine repitiéndose en México el caso de Colombia, donde han ocurrido intervenciones encubiertas en su vida política, espionaje y violación de los derechos humanos de sus habitantes.

Para el especialista “el trasfondo del convenio que nos preocupa es que el gobierno mexicano debe entender que las fuerzas armadas no están hechas para combatir al narcotráfico; su misión es distinta, es el combate a un ejército enemigo”.

En tanto, Leonel Cota Montaño, presidente del PRD, afirmó que México “no debe estar supeditado” a los intereses de Estados Unidos. Indicó que las bancadas de su partido en el Congreso de la Unión exigirán una explicación puntual del acuerdo, porque les preocupa que sea aquel país el que determine las medidas de seguridad mexicanas.

Refirió que el acuerdo revela “actitudes de sometimiento” del gobierno calderonista y de “incapacidad” para juzgar en territorio nacional a responsables del narcotráfico. Pero sobre todo es claro que “limita la soberanía del país en esta materia”.

Convergencia advirtió que el Congreso de la Unión decidirá el monto que se destinará para combatir al crimen organizado, mientras el dirigente del PT, Ricardo Cantú, aseguró que la Cámara de Diputados demandará al Ejecutivo federal una explicación detallada sobre los compromisos que adquiere el gobierno mexicano con el proyecto.

La Conferencia del Episcopado Mexicano saludó el anunció del gobierno estadunidense de solicitar a su Congreso 500 millones de dólares para asistencia antidrogas a México. Consideró que se trata de la aceptación de una responsabilidad compartida en el combate al flagelo del narcotráfico por parte de gobiernos, instituciones y sociedad civil de ambas naciones.

Por otra parte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, dijo que tiene “mucha confianza en la canciller Patricia Espinosa; ella fue mi alumna”, sé que es una buena diplomática y estoy segura de que en el convenio con Estados Unidos no se permitirá intromisión alguna en la soberanía nacional. Agregó que toda la cooperación entre los estados es positiva, sobre todo cuando ambos países tienen enfrente un problema como el de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. En tanto, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, aseguró que independientemente de los acuerdos que suscriba México en el extranjero, es obligación del Estado proteger y promover el respeto de las garantías individuales.

Entrevistado acerca del anuncio de la puesta en práctica de la Iniciativa Mérida entre México y Estados Unidos, el funcionario evadió entrar en detalles e insistió en que el Estado tiene claro que la defensa de los derechos humanos es parte de una responsabilidad ineludible.

FMI: el peor castigo

Alejandro Nadal

Tres problemas mancharon la reunión anual del Fondo Monetario Internacional el fin de semana pasado en Washington. El primero se relaciona con su incapacidad para detectar y mitigar la crisis del mercado de crédito hipotecario en Estados Unidos. Esa crisis estalló en el centro del mundo desarrollado, poniendo en evidencia que la inestabilidad sigue siendo un rasgo dominante del sistema financiero mundial. La crisis obligó al FMI a ajustar a la baja su pronóstico del crecimiento de la economía mundial de 5.2 por ciento a 4.8, un telón de fondo nada agradable para la reunión.

El segundo problema es que la magnitud de los flujos de capital y las asimetrías en la economía mundial han convertido al FMI en un juguetito que nada tiene que hacer en la cancha de los grandes. El colmo es que hoy muchos países están liberándose de la carga de tener que lidiar con el Fondo: desde Venezuela y Ecuador, hasta Argentina y Brasil. El mensaje que envían apunta hacia la irrelevancia del organismo. Esto es importante en el contexto actual, porque en estos dos últimos años los países subdesarrollados han sido el motor del crecimiento, y sus economías son las que han tenido que compensar el colapso en la demanda agregada mundial.

La tercera mancha es que el avance en el plan de reformas del FMI es insatisfactorio. El temor de que el Fondo se debilite empujó a Estados Unidos e Inglaterra a promover algunas reformas. Pero en lugar de fortalecer la legitimidad del organismo y promover mayor equidad, el paquete de reformas propone ampliar la representación sólo para los países subdesarrollados de más rápido crecimiento. El G-24 ya lo ha dicho: esas reformas son poca cosa y llegan demasiado tarde.

Muchos analistas consideran que tanto los países en vías de desarrollo, como los industrializados, tienen un claro interés en llevar a cabo reformas más significativas en los próximos meses. Desde esta perspectiva, el nuevo director gerente, Dominique Strauss-Kahn, tendría una buena oportunidad para comenzar su mandato introduciendo los cambios exigidos por los países pobres desde hace dos décadas.

Pero hay nubarrones en el horizonte. Uno es el lento crecimiento de la economía mundial, que fortalecerá las reticencias de los países europeos para reformar el status quo. Otro obstáculo es que a finales de 2007 se divulgará la información sobre la contabilización del PIB de los países miembros utilizando el criterio de la paridad del poder de compra. Eso va a aumentar el tamaño del PIB de las dos más grandes economías asiáticas, con serias implicaciones para la distribución de cuotas y votos en el seno del Fondo. Es probable que Estados Unidos y Europa resistan un plan de reformas sustantivas bajo estas condiciones.

¿Qué le espera al Fondo? Se ha dicho que debería seguir siendo el prestamista de última instancia, un papel parecido al de cualquier banco central, pero aplicado a la economía mundial. Pero aunque ese organismo desempeña algunas funciones parecidas a las de prestamista de última instancia, hay grandes diferencias con las funciones de un banco central. Por ejemplo, el FMI no puede aumentar la oferta monetaria y por lo tanto no es el agente que permitiría salir adelante en una crisis de liquidez sistémica. En su tiempo, los derechos especiales de giro fueron una respuesta limitada a la falta de liquidez, pero su alcance fue limitado. El volumen de recursos de que dispone el FMI hoy en día es pequeño: sus fondos utilizables ascienden a 252 mil millones de dólares, cantidad realmente reducida (para comparar, las reservas brutas de la India ascienden a 220 mil millones de dólares). En todo caso, la fuente de liquidez proviene hoy de los fondos de inversión y hasta de economías como la de China, que presta a diestra y siniestra.

En última instancia, la amenaza mortal sobre el FMI es resultado de su proclividad a imponer un paquete de política macroeconómica en todos los países a los que pudo dominar en los últimos 20 años. Imponer el modelo neoliberal no era la misión del FMI (ciertamente no está considerada en el convenio constitutivo del organismo) y es lo que ha socavado las bases del organismo. El modelo neoliberal es intrínsecamente inestable y los programas de ajuste estructural del Fondo han dejado una economía mundial en profundo desarreglo. Desde esa perspectiva, es posible argumentar que el FMI ha sido su propio peor enemigo.

Casi nadie se imaginó llegaría el día en que la agencia calificadora Standard and Poors reprendiera al FMI por el mal manejo de sus finanzas. Pero en septiembre la calificadora reveló que el Fondo había perdió 110 millones de dólares en el último ejercicio fiscal, porque sus ingresos por intereses se desplomaron (consecuencia de la presencia de otras fuentes de crédito). Pero esa no es la única humillación para el Fondo en el crepúsculo de sus días. Lo peor que le va a pasar es que se va a convertir en algo irrelevante antes de desaparecer.

Recursos, temor y democracia

Luis Linares Zapata

La reforma electoral, atacada en varias de sus vertientes por agentes difusores cercanos a las posturas de los concesionarios de medios, no tardará, tan pronto entre en funcionamiento, en hacer sentir sus efectos sobre la vida política de México. Muchas de sus concreciones y avances aún penden de las normas reglamentarias que a marchas un tanto forzadas llevan a cabo los legisladores. Sin embargo, la euforia de un inicio ha ido cediendo terreno a una más prudente o limitada visión de lo que es posible hacer y esperar. Tal actitud no deja de preocupar a todos aquellos que han puesto esperanzas ciertas en esa súbita voluntad de cambio que apareció entre los dirigentes partidistas que comandan las fracciones en el Congreso.

La belicosidad desplegada en contra del Senado y de los que aparecen como sus actores principales ha sido constante desde los mismos medios afectados. Feroz auxilio han recibido estos por parte de los críticos afines que se han posicionado como tiradores continuos, ya sea por sus intereses cruzados con los de la industria o por la defensa personal o ideológica que hicieron de los consejeros y su remoción, tan necesaria como deficiente y tramposo fue su desempeño.

En el centro de la densa disputa en curso se distingue a un núcleo duro de oposición a que se destierre la propaganda, contratada por los partidos y sus aliados, de las pantallas y los micrófonos de la radio. Se alega que impedirá el conocimiento pormenorizado, efectivo, de lo que significan o plantean las distintas opciones que compiten por el poder. En especial se ha esparcido la especie de que las campañas negativas (es decir, la guerra sucia) son las formas idóneas para penetrar la opinión colectiva, para informarla mejor. Sin entrar al fondo de tan grosera aseveración y, más aún, sin dar crédito a los endebles estudios que sobre el caso han aparecido, la atención deberá ser puesta en las experiencias logradas en otras democracias, en especial aquellas cuyos avances en beneficio de sus poblaciones han sido notables.

Cuando se ha transitado de la influencia decisoria que conllevan las abultadas chequeras de los poderosos hacia el peso de votos bien contados, los balances de fuerzas sociales han sido modificados de manera radical, sobre todo en aquellas naciones donde los procesos electivos son apreciados, crecientemente, como legales, transparentes y justos. Las sociedades, que han ido dominando tales fenómenos, toman el control de sus destinos y de sus gobernantes. Dejan, de manera por demás acelerada, de temer a sus gobiernos (previamente usurpados por plutocracias) y los obligan a responder a sus reales necesidades y expectativas. Naciones con avanzados niveles de actividad democrática incluso prohíben toda publicidad en los medios electrónicos. Una de cuyas consecuencias ha sido acrecentar la reflexión colectiva (individualizada) puesto que las posturas y ofertas políticas de soporte fluyen por otros canales, menos propicios a la manipulación compulsiva de los célebres espots.

Una excepción a la norma descrita la presenta el rejuego malsano que se da en la democracia estadunidense entre la llamada mediocracia electrónica y los grandes grupos de interés que patrocinan a los distintos candidatos. En ese sistema, tomado por muchos como modelo a ultranza, como estado de gracia al que hay que imitar, es conveniente compararlo con otros donde se han logrado resultados de mejor calidad para la vida individual y organizada de sus pobladores. Los efectos en el bienestar del pueblo vecino dejan mucho que desear frente al alcanzado por naciones como las de Europa del norte. Tanto en Inglaterra como en casi todos los países del continente europeo, la propaganda electrónica ha sido erradicada por completo de los procesos electorales. Han trasladado la disputa a medios con componentes difusivos menos sensoriales y epidérmicos a otros más explícitos, difíciles de manipular y donde los temores colectivos se minimizan. La calle, la palabra en la plaza, la oferta razonada cobran entonces vida crucial en la política. Los pueblos mandan y los gobiernos oyen, atienden y hasta temen a la protesta organizada, masiva, cuando los mandatarios se alejan del pueblo y olvidan sus deberes.

Las versiones locales de que la “inversión” en medios se canaliza entonces por rumbos más sutiles, oscuros o disfrazados, como pueden ser los programas de comentario pagado, de variedades inducidas o en los mismos noticieros (gacetilla en forma de noticia, caso común en Televisa y Tv Azteca) es un simple ardid que deja de tener peso decisorio para convertirse en un suceso lateral de las contiendas.

Tratamiento parecido deben merecer, en la reforma electoral todavía en trámite, las dañinas costumbres, inveteradas prácticas en la democracia nacional, para comprar el voto ciudadano con materiales para construcción, con bicicletas, máquinas de coser, dádivas diversas y uso indebido de los programas sociales de los distintos niveles de gobierno. Los casos recientes en las elecciones municipales de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Baja California o Sinaloa lo ejemplifican sin duda ni tapujo retórico de federalismo que valga. Son los triunfos del caciquismo local de los gobernadores en turno, de los presidentes municipales atrabiliarios que atracan la voluntad ciudadana sin recato. Destaca aquí el caso en trámite que ejecuta Mario Marín en Puebla (de hermosura clásica) donde se prepara una elección de Estado con todo el cinismo consecuente.

El estudio serio de un sistema nacional de elecciones, y su consecuente puesta en operación, urge ante las presiones indebidas y el soterrado control que sobre los consejos electorales de los estados ejercen los tiranuelos de siempre que no dejan de retardar la maduración democrática de México. Sin embargo, una vigorosa toma de conciencia ciudadana se deja sentir por todos los rincones de esta nación exhausta y depredada. Ya retoma, con la debida organización, el ímpetu que el fraude de 2006 le truncó y, sin duda, se hará presente con la fuerza debida a su deseo y voluntad de cambio.

Ciencia y moral

Arnoldo Kraus

Mucho se ha hablado acerca de si la ciencia y sus actores deben o no ser neutrales. En esta discusión vinculo la palabra neutral con el término ética, y con otros atributos como justicia social; en el mismo contexto deben escrutarse las relaciones entre algunos científicos (por fortuna muy pocos) con el poder político y económico. Agrego, para fomentar el disenso y sembrar más controversias, los daños generados por la ciencia en algunas personas, en la sociedad y en la atmósfera.

Buena parte de lo que ahora escribo emergió de una mesa redonda organizada la semana pasada en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, bajo el título “La ética en la investigación”. Robo –corroboro, plagio con astucia– de León Olivé, Diego Valadés y Ruy Pérez Tamayo, inmejorables expositores, algunas de sus ideas, aderezadas por las recientes declaraciones de James Watson, Premio Nobel de Medicina en 1962 junto con Francis Crick, descubridores de la doble hélice del ácido desoxirribonucleico.

Aunque parcialmente se desdijo, sus ideas son duras, excluyentes y peligrosas por varias razones; las expresó un premio Nobel, la genética es y ha sido fuente de racismo y de destrucción, y, por último, el mundo es testigo sinfín de las inmensas diferencias entre los unos y los otros. No obstante que es imposible saber si Watson modificó sus opiniones motu proprio, por haber sido suspendido de su cargo en el laboratorio Cold Spring Harbor de Nueva York, o por la avalancha de críticas a nivel internacional, sus comentarios son, a todas luces, execrables.

Entrevistado por reporteros del Sunday Times dijo sentirse pesimista por las perspectivas para África, porque “todas nuestras políticas sociales se basan en el hecho de que su inteligencia (de los africanos) es igual a la nuestra, cuando todas las pruebas indican que en realidad no es así”, a lo que agregó que “toda al gente que ha tenido que emplear negros sabe que la igualdad de razas no es verdad”. Mortificado por las críticas y seguramente por la cancelación de algunos actos en Inglaterra, donde presentaría su último libro (Avoid Boring People), Watson, de 79 años, intentó disculparse: “Sólo puedo pedir disculpas sin reservas a todos aquellos que hayan inferido de mis palabras que África, como un continente, es de alguna manera genéticamente inferior”.

Al lector corresponde decidir cuál de las dos opiniones es la genuina. Los argumentos contradictorios deben leerse sopesando tres hechos: Watson es premio Nobel, cada quien puede decir lo que quiera, y debe recordarse que en 1997 afirmó que las embarazadas deberían tener el derecho de abortar si el niño “portaba los genes de la homosexualidad”. Problema crucial es que las ideas de los acreedores a los Nobel viajan por todo el mundo. Asimismo, se tiende a creer, a pesar de que muchas personas consideran que esos galardones están amañados y no necesariamente son representativos, que las opiniones de tan ilustres personas son válidas y en ocasiones ejemplares. A pesar de que se desdijo, lo espetado por Watson es terrible. Teniendo en cuenta su comentario en relación a la homosexualidad es probable que su retracción no haya sido sincera.

No hay duda de que cualquier persona tiene derecho a decir lo que piensa, pero también es cierto que en las sociedades libres es permitido y deseable opinar sobre cualquier argumento. Algunas de las escasas voces que lo han apoyado sostienen que se deben ofrecer argumentos científicos, no éticos, para contradecirlo, lo cual, también puede aseverarse en sentido inverso: Watson debe mostrar por medio de experimentos científicos su menosprecio hacia los negros y los homosexuales. El embrollo generado por el Nobel es complejo y penoso. Sus palabras pueden enturbiar algunos logros de la ciencia e incrementar las ya de por sí insalvables distancias entre los unos y los otros. No sobra recordar el número de genocidios ocurridos por el color de la piel o la religión.

Si bien es cierto que la investigación científica es neutra moralmente, la ciencia y la moral son inseparables; los productos emanados de ella y las consecuencias negativas de ésta no pueden ser moralmente neutrales. Bajo esa óptica deben leerse las declaraciones de Watson. Los científicos, al igual que los médicos, los carpinteros, los taxistas, los deportistas o los filósofos –excluyo a los políticos– son entes moralmente responsables y también deben serlo en el área social. La ciencia carece de ideología, pero el uso que se le da puede tener connotaciones políticas, racistas o inhumanas.

En ocasiones las palabras dañan más que las acciones. Eso es lo que ha hecho James Watson.