Fernando Baltasar/ La Jornada Morelos
Cuautla, Mor., 19 de noviembre. Estudiantes de la Escuela Normal Rural Emiliano Zapata Salazar de Amilcingo, Temoac, se manifestaron por las principales calles de esta ciudad, para recordar la represión que los alumnos de ese plantel sufrieron hace 21 años, cuando, en represalia por una manifestación en favor de la educación, fueron atacados por agentes federales y locales.
Los más de 600 manifestantes también llamaron al gobierno federal a poner un alto a la represión contra los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, que demandan plazas y conservar la licenciatura en primaria.
Los normalistas comenzaron su protesta en avenida Reforma, al norte de Cuautla; de ahí partieron al zócalo, donde realizaron un mitin en demanda del cese a la represión contra movimiento populares en el país, principalmente contra organizaciones democráticas y estudiantiles.
Con consignas como “la educación no se mendiga, se exige”, repudiaron la violencia con que las autoridades han reprimido las movilizaciones de la Federación de Estudiantes Democráticos, como parte de un proyecto para “desaparecer” las escuelas normales rurales de México, como la de Guerrero.
Jazmín, vocera de los estudiantes, comentó que retoman los ideales de hace dos décadas, por una educación accesible a las familias pobres, pues “la educación no es un privilegio de clases, sino un derecho de todos”.
martes, noviembre 20, 2007
Pide el clero español “perdón” por el apoyo a Franco
El presidente del Episcopado aboga por la reconciliación y que “haya luz sobre el pasado”
Armando G. Tejeda (Corresponsal)
Madrid, 19 de noviembre. El obispo de Bilbao y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, pidió hoy “perdón” en nombre de la Iglesia católica por su papel durante la Guerra Civil española (1936-1939), en lo que fue el primer acto de esta naturaleza de la jerarquía eclesiástica, la cual amparó y bendijo a las huestes fascistas durante el enfrentamiento bélico y posteriormente apoyó sin fisuras la larga dictadura de Francisco Franco.
Al evocar la figura del mítico cardenal Vicente Enrique Tarancón –hombre clave durante los años de la transición a la democracia–, el obispo de Bilbao sorprendió al resto de cardenales y obispos congregados en la Asamblea Plenaria de la CEE.
En el seno de la jerarquía católica española existen dos visiones para afrontar el pasado y el presente: por un lado, la liderada por Blázquez, que aboga por la reconciliación entre españoles y por asumir íntegramente el espíritu del Concilio Vaticano II, que proclama la separación de la Iglesia de cualquier poder político y económico.
El segundo grupo, mayoritario y que tiene como principal exponente al cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, se niega a reconocer su responsabilidad en la guerra fratricida y en la dictadura, además de que apuesta por una abierta pugna con el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
En medio de un clima de confrontación ante las inminentes elecciones generales de marzo próximo, el presidente de la CEE dio un paso al frente para expresar el reconocimiento de “actuaciones concretas” por parte de la Iglesia durante la Guerra Civil.
“Fue un periodo agitado y doloroso de nuestra historia; la convivencia social se rompió hasta tal punto que en guerra fratricida lucharon unos contra otros. Con sus conclusiones, los investigadores nos ayudan a comprender hechos y datos, causas y consecuencias; sus interpretaciones, debidamente contrastadas, nos acercan con la mayor objetividad posible a la realidad muy compleja.
“Deseamos que se haga plena luz sobre nuestro pasado: qué ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió, qué consecuencias trajo. Esta aproximación abierta, objetiva y científica, evita la pretensión de imponer a la sociedad entera una determinada perspectiva en la comprensión de la historia. La memoria colectiva no se puede fijar selectivamente; es posible que sobre los mismos acontecimientos existan apreciaciones diferentes, que se irán acercando si existe el deseo auténtico de comprender la realidad”, expuso.
Blázquez, nacido en 1942 en la provincia de Ávila, habló en concreto del “decenio de los treinta”, es decir, cuando se instauró la efímera II República española y cuando estalló la Guerra Civil, que culminó en 1939 con la toma del poder del militar fascista Francisco Franco.
Blázquez afirmó en nombre de la CEE que quería hacer una “acción de gracias por los dones recibidos, reconocimiento de nuestros pecados y petición de perdón, y confianza en las promesas de Dios”, sobre estos hechos que marcaron la historia de España, tras recordar unas palabras del fallecido papa Juan Pablo II: “También España se vio arrastrada a la guerra civil más destructiva de su historia.
No queremos señalar culpas de nadie en esta trágica ruptura de la convivencia entre los españoles. Deseamos más bien pedir el perdón de Dios para todos los que se vieron implicados en acciones que el Evangelio reprueba, estuvieran en uno u otro lado de los frentes trazados por la guerra. La sangre de tantos conciudadanos nuestros derramada como consecuencia de odios y venganzas, siempre injustificables”.
Blázquez, que ha hecho la mayor parte de su carrera pastoral en el País Vasco, culmina el próximo año su mandato como presidente de la CEE. Por eso adquiere más importancia el mensaje conciliador y de reconocimiento de los excesos cometidos por la Iglesia durante aquella etapa histórica, en la que también fueron asesinados centenares de sacerdotes por parte del bando republicano.
El prelado de Bilbao se sirvió de la reciente beatificación de 498 “mártires” por parte del Vaticano, todos ellos próximos al bando franquista, para hacer este primer reconocimiento público. “En muchas ocasiones tendremos motivos para dar gracias a Dios por lo que se hizo y por las personas que actuaron; y probablemente en otros momentos ante actuaciones concretas, sin erigirnos orgullosamente en jueces de los demás, debemos pedir perdón y reorientarnos, ya que la purificación de la memoria, a que nos invitó Juan Pablo II, implica tanto el reconocimiento de las limitaciones y de los pecados como el cambio de actitud y el propósito de la enmienda”, declaró.
Volver al pasado, un desacierto
Insistió en que “no es acertado volver al pasado para reabrir heridas, atizar rencores y alimentar desavenencias. Miramos al pasado con el deseo de purificar la memoria, de corregir posibles fallos, de buscar la paz. Recordamos sin ira las etapas anteriores de nuestra historia, sin ánimo de revancha, sino con la disponibilidad de afirmar lo propio y de fomentar al mismo tiempo el respeto a lo diferente, ya que nadie tiene derecho a sofocar los legítimos sentimientos de otro ni a imponerle los propios. La búsqueda de la convivencia en la verdad, la justicia y la libertad debe guiar el ejercicio de la memoria”.
En cuanto a la beatificación llevada a cabo el pasado 28 de octubre en Roma, de la que fueron excluidos los sacerdotes asesinados por el bando fascista, Blázquez añadió que ésta “no supone desconocimiento ni minusvaloración del comportamiento moral de otras personas, sostenido con sacrificios y radicalidad. Ante toda persona que lucha honradamente por la libertad de los oprimidos, por la defensa de los pobres y por la solidaridad entre todos los hombres inclinamos nuestra cabeza”.
Las palabras de reconciliación y de contrición del obispo de Bilbao contrastan con las afirmaciones de algunos sacerdotes y obispos españoles que defienden abiertamente el régimen impuesto a sangre y fuego por Franco. Como las del pastor de la iglesia del Valle de los Caídos, que ayer, durante la misa en recuerdo de Franco y José Antonio Primo de Rivera, afirmó que el golpe de Estado de 1936 era “algo inevitable y era precisa una reacción para iniciar la gran catarsis nacional. Esos hechos históricos son vistos hoy como una historia de salvación”.
Armando G. Tejeda (Corresponsal)
Madrid, 19 de noviembre. El obispo de Bilbao y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, pidió hoy “perdón” en nombre de la Iglesia católica por su papel durante la Guerra Civil española (1936-1939), en lo que fue el primer acto de esta naturaleza de la jerarquía eclesiástica, la cual amparó y bendijo a las huestes fascistas durante el enfrentamiento bélico y posteriormente apoyó sin fisuras la larga dictadura de Francisco Franco.
Al evocar la figura del mítico cardenal Vicente Enrique Tarancón –hombre clave durante los años de la transición a la democracia–, el obispo de Bilbao sorprendió al resto de cardenales y obispos congregados en la Asamblea Plenaria de la CEE.
En el seno de la jerarquía católica española existen dos visiones para afrontar el pasado y el presente: por un lado, la liderada por Blázquez, que aboga por la reconciliación entre españoles y por asumir íntegramente el espíritu del Concilio Vaticano II, que proclama la separación de la Iglesia de cualquier poder político y económico.
El segundo grupo, mayoritario y que tiene como principal exponente al cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, se niega a reconocer su responsabilidad en la guerra fratricida y en la dictadura, además de que apuesta por una abierta pugna con el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
En medio de un clima de confrontación ante las inminentes elecciones generales de marzo próximo, el presidente de la CEE dio un paso al frente para expresar el reconocimiento de “actuaciones concretas” por parte de la Iglesia durante la Guerra Civil.
“Fue un periodo agitado y doloroso de nuestra historia; la convivencia social se rompió hasta tal punto que en guerra fratricida lucharon unos contra otros. Con sus conclusiones, los investigadores nos ayudan a comprender hechos y datos, causas y consecuencias; sus interpretaciones, debidamente contrastadas, nos acercan con la mayor objetividad posible a la realidad muy compleja.
“Deseamos que se haga plena luz sobre nuestro pasado: qué ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió, qué consecuencias trajo. Esta aproximación abierta, objetiva y científica, evita la pretensión de imponer a la sociedad entera una determinada perspectiva en la comprensión de la historia. La memoria colectiva no se puede fijar selectivamente; es posible que sobre los mismos acontecimientos existan apreciaciones diferentes, que se irán acercando si existe el deseo auténtico de comprender la realidad”, expuso.
Blázquez, nacido en 1942 en la provincia de Ávila, habló en concreto del “decenio de los treinta”, es decir, cuando se instauró la efímera II República española y cuando estalló la Guerra Civil, que culminó en 1939 con la toma del poder del militar fascista Francisco Franco.
Blázquez afirmó en nombre de la CEE que quería hacer una “acción de gracias por los dones recibidos, reconocimiento de nuestros pecados y petición de perdón, y confianza en las promesas de Dios”, sobre estos hechos que marcaron la historia de España, tras recordar unas palabras del fallecido papa Juan Pablo II: “También España se vio arrastrada a la guerra civil más destructiva de su historia.
No queremos señalar culpas de nadie en esta trágica ruptura de la convivencia entre los españoles. Deseamos más bien pedir el perdón de Dios para todos los que se vieron implicados en acciones que el Evangelio reprueba, estuvieran en uno u otro lado de los frentes trazados por la guerra. La sangre de tantos conciudadanos nuestros derramada como consecuencia de odios y venganzas, siempre injustificables”.
Blázquez, que ha hecho la mayor parte de su carrera pastoral en el País Vasco, culmina el próximo año su mandato como presidente de la CEE. Por eso adquiere más importancia el mensaje conciliador y de reconocimiento de los excesos cometidos por la Iglesia durante aquella etapa histórica, en la que también fueron asesinados centenares de sacerdotes por parte del bando republicano.
El prelado de Bilbao se sirvió de la reciente beatificación de 498 “mártires” por parte del Vaticano, todos ellos próximos al bando franquista, para hacer este primer reconocimiento público. “En muchas ocasiones tendremos motivos para dar gracias a Dios por lo que se hizo y por las personas que actuaron; y probablemente en otros momentos ante actuaciones concretas, sin erigirnos orgullosamente en jueces de los demás, debemos pedir perdón y reorientarnos, ya que la purificación de la memoria, a que nos invitó Juan Pablo II, implica tanto el reconocimiento de las limitaciones y de los pecados como el cambio de actitud y el propósito de la enmienda”, declaró.
Volver al pasado, un desacierto
Insistió en que “no es acertado volver al pasado para reabrir heridas, atizar rencores y alimentar desavenencias. Miramos al pasado con el deseo de purificar la memoria, de corregir posibles fallos, de buscar la paz. Recordamos sin ira las etapas anteriores de nuestra historia, sin ánimo de revancha, sino con la disponibilidad de afirmar lo propio y de fomentar al mismo tiempo el respeto a lo diferente, ya que nadie tiene derecho a sofocar los legítimos sentimientos de otro ni a imponerle los propios. La búsqueda de la convivencia en la verdad, la justicia y la libertad debe guiar el ejercicio de la memoria”.
En cuanto a la beatificación llevada a cabo el pasado 28 de octubre en Roma, de la que fueron excluidos los sacerdotes asesinados por el bando fascista, Blázquez añadió que ésta “no supone desconocimiento ni minusvaloración del comportamiento moral de otras personas, sostenido con sacrificios y radicalidad. Ante toda persona que lucha honradamente por la libertad de los oprimidos, por la defensa de los pobres y por la solidaridad entre todos los hombres inclinamos nuestra cabeza”.
Las palabras de reconciliación y de contrición del obispo de Bilbao contrastan con las afirmaciones de algunos sacerdotes y obispos españoles que defienden abiertamente el régimen impuesto a sangre y fuego por Franco. Como las del pastor de la iglesia del Valle de los Caídos, que ayer, durante la misa en recuerdo de Franco y José Antonio Primo de Rivera, afirmó que el golpe de Estado de 1936 era “algo inevitable y era precisa una reacción para iniciar la gran catarsis nacional. Esos hechos históricos son vistos hoy como una historia de salvación”.
Huelga de funcionarios públicos en Chile; exigen reajuste salarial de 12%
“Hay voluntad para un acuerdo razonable”: gobierno
Enrique Gutiérrez (Corresponsal)
Santiago, 19 de noviembre. Cientos de miles de funcionarios públicos realizaron una huelga hoy en Chile, con la que exigen un reajuste salarial de 12 por ciento, en medio de negociaciones con el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que ofrece sólo cuatro por ciento.
El paro fue convocado por 14 organizaciones sindicales y afectó a dependencias como el Registro Civil, el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República.
Los inconformes se reunieron frente al palacio de La Moneda al grito de “sube el agua, sube la luz, los salarios jamás”, además en varias pancartas se leía: “Sueldo público ético”, “Reajuste del 12 por ciento”, las cuales fueron colocadas en depende.
Al pronunciar un discurso el líder de la Central Unitaria de Trabajadores, el socialista Arturo Martínez, alertó que los gremios no aceptan “que desde las fundaciones de la derecha, se le diga al gobierno cuánto gastar”.
Por su parte, Raúl de la Puente, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, señaló que “queremos pedirle a la ciudadanía que no concurra a los servicios públicos, no los vamos a poder atender, por esta causa que es justa y que es noble, y que va también a repercutir en los trabajadores del sector privado, si es que el gobierno dispone un reajuste inferior a la inflación, y no entrega un porcentaje adicional del crecimiento de la economía”.
La huelga, en la que se incluyó una protesta de unas 500 personas frente a La Moneda, terminó a las 17 horas locales y luego se reanudaron las negociaciones con el gobierno.
El vocero gubernamental, el ministro Ricardo Lagos Weber, manifestó su confianza en una solución. “Lo fundamental es que está la voluntad para acercar las diferencias y llegar a acuerdos que sean razonables”, recalcó.
Enrique Gutiérrez (Corresponsal)
Santiago, 19 de noviembre. Cientos de miles de funcionarios públicos realizaron una huelga hoy en Chile, con la que exigen un reajuste salarial de 12 por ciento, en medio de negociaciones con el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que ofrece sólo cuatro por ciento.
El paro fue convocado por 14 organizaciones sindicales y afectó a dependencias como el Registro Civil, el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República.
Los inconformes se reunieron frente al palacio de La Moneda al grito de “sube el agua, sube la luz, los salarios jamás”, además en varias pancartas se leía: “Sueldo público ético”, “Reajuste del 12 por ciento”, las cuales fueron colocadas en depende.
Al pronunciar un discurso el líder de la Central Unitaria de Trabajadores, el socialista Arturo Martínez, alertó que los gremios no aceptan “que desde las fundaciones de la derecha, se le diga al gobierno cuánto gastar”.
Por su parte, Raúl de la Puente, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, señaló que “queremos pedirle a la ciudadanía que no concurra a los servicios públicos, no los vamos a poder atender, por esta causa que es justa y que es noble, y que va también a repercutir en los trabajadores del sector privado, si es que el gobierno dispone un reajuste inferior a la inflación, y no entrega un porcentaje adicional del crecimiento de la economía”.
La huelga, en la que se incluyó una protesta de unas 500 personas frente a La Moneda, terminó a las 17 horas locales y luego se reanudaron las negociaciones con el gobierno.
El vocero gubernamental, el ministro Ricardo Lagos Weber, manifestó su confianza en una solución. “Lo fundamental es que está la voluntad para acercar las diferencias y llegar a acuerdos que sean razonables”, recalcó.
Alerta embajador de Venezuela en EU sobre otro intento golpista en su país
La oposición puede hacerlo con apoyo del extranjero y de algunos medios, dice
Reitera ex ministro de Defensa que las reformas chavistas son “un fraude constituyente”
Para callar a Hugo Chávez “hace falta más de un rey”, sostiene Adolfo Pérez Esquivel
Afp y Dpa
Washington, 19 de noviembre. El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Bernardo Álvarez, advirtió hoy sobre el riesgo de que la oposición al presidente Hugo Chávez intente organizar un nuevo golpe de Estado, animada por medios de información y apoyo del extranjero.
Álvarez hizo esta señal de alerta al responder en un foro académico las declaraciones del ex ministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, quien hoy reiteró su planteamiento hecho hace dos semanas contrario a la reforma constitucional impulsada por Chávez porque, declaró el ex aliado de Chávez, representa un “golpe de Estado encubierto”.
El diplomático participó en un debate organizado por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CEEI), con sede en Washington, en el que el tema central fue el referendo del 2 de diciembre próximo, en el que los venezolanos deberán aprobar o rechazar 69 adiciones y modificaciones al texto constitucional vigente desde 1999.
Algunos de los cambios propuestos darán paso a la creación de comunas y comunidades, dos nuevos niveles de gobierno por debajo del gobierno federal, los estados y los municipios que tomarán decisiones directas sobre problemas locales y recibirán fondos para financiar su desarrollo. La reforma plantea nuevas formas de propiedad social y establece la relección indefinida del presidente.
Sobre este proyecto, Baduel reiteró su postura en una entrevista publicada este lunes por el diario Folha de Brasil. “Es un fraude constituyente porque no es una revisión de algunas normas, sino una transformación del Estado”, dijo Baduel, ministro de Defensa hasta julio pasado, cuando pasó a retiro.
Pero en Washington, Álvarez hizo notar que los cambios en Venezuela y otros países sudamericanos “no han sido por accidente”.
En el debate también salió a flote el reciente altercado de Chávez con el rey Juan Carlos de España, pero Álvarez dijo que las posiciones de los dos países quedaron claras y no hay interés en “una escalada”.
Sobre este punto, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980, afirmó que para callar a Chávez “hace falta más de un rey” y apoyó las quejas del mandatario por la complicidad del ex presidente del gobierno español José María Aznar, en el golpe de abril de 2002, que sacó al mandatario del palacio de Miraflores durante 48 horas.
Señaló además que empresas españolas como Repsol, Iberia y Telefónica “no están jugando limpio allá (en América Latina). Entiendo que quieran ganar dinero, pero también deben respetar a los pueblos contribuir a su desarrollo económico”.
Reitera ex ministro de Defensa que las reformas chavistas son “un fraude constituyente”
Para callar a Hugo Chávez “hace falta más de un rey”, sostiene Adolfo Pérez Esquivel
Afp y Dpa
Washington, 19 de noviembre. El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Bernardo Álvarez, advirtió hoy sobre el riesgo de que la oposición al presidente Hugo Chávez intente organizar un nuevo golpe de Estado, animada por medios de información y apoyo del extranjero.
Álvarez hizo esta señal de alerta al responder en un foro académico las declaraciones del ex ministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, quien hoy reiteró su planteamiento hecho hace dos semanas contrario a la reforma constitucional impulsada por Chávez porque, declaró el ex aliado de Chávez, representa un “golpe de Estado encubierto”.
El diplomático participó en un debate organizado por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CEEI), con sede en Washington, en el que el tema central fue el referendo del 2 de diciembre próximo, en el que los venezolanos deberán aprobar o rechazar 69 adiciones y modificaciones al texto constitucional vigente desde 1999.
Algunos de los cambios propuestos darán paso a la creación de comunas y comunidades, dos nuevos niveles de gobierno por debajo del gobierno federal, los estados y los municipios que tomarán decisiones directas sobre problemas locales y recibirán fondos para financiar su desarrollo. La reforma plantea nuevas formas de propiedad social y establece la relección indefinida del presidente.
Sobre este proyecto, Baduel reiteró su postura en una entrevista publicada este lunes por el diario Folha de Brasil. “Es un fraude constituyente porque no es una revisión de algunas normas, sino una transformación del Estado”, dijo Baduel, ministro de Defensa hasta julio pasado, cuando pasó a retiro.
Pero en Washington, Álvarez hizo notar que los cambios en Venezuela y otros países sudamericanos “no han sido por accidente”.
En el debate también salió a flote el reciente altercado de Chávez con el rey Juan Carlos de España, pero Álvarez dijo que las posiciones de los dos países quedaron claras y no hay interés en “una escalada”.
Sobre este punto, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980, afirmó que para callar a Chávez “hace falta más de un rey” y apoyó las quejas del mandatario por la complicidad del ex presidente del gobierno español José María Aznar, en el golpe de abril de 2002, que sacó al mandatario del palacio de Miraflores durante 48 horas.
Señaló además que empresas españolas como Repsol, Iberia y Telefónica “no están jugando limpio allá (en América Latina). Entiendo que quieran ganar dinero, pero también deben respetar a los pueblos contribuir a su desarrollo económico”.
Arrebata derechos laborales el nuevo contrato en Pemex
Unos 30 mil empleados de confianza son amenazados para firmar y ceder su estabilidad
Anula la posibilidad de recurrir a acciones jurídicas en caso de despido
Intocables, los enormes privilegios de directores y gerentes
Permite el desmantelamiento del personal especializado y con experiencia, y la privatización de la industria, advierte la Untcip
Israel Rodríguez
El jueves 15 de noviembre Petróleos Mexicanos (Pemex) inició su estrategia para aplicar el llamado contrato individual de trabajo (CIT) para los más de 30 mil empleados de confianza de la paraestatal, que entre sus “beneficios” anula la posibilidad de que el trabajador despedido incurra en acciones jurídicas que lesionen los intereses de la petrolera.
De acuerdo con un documento de Pemex en el que se delinea la estrategia para la adhesión obligatoria al CIT y el calendario de aplicación se advierte: “En caso de no firmar el contrato, se deberá notificar al Órgano Interno de Control y a la Oficina del Abogado General”. Dispone: “preparar las acciones jurídico administrativas complementarias que permitan tener la totalidad del personal de confianza con el CIT firmado, en la fecha establecida”.
Al respecto, la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (Untcip) denunció que Pemex continúa presionando a ese personal para que firme el CIT, documento que tiene como objetivo arrebatar los derechos laborales del personal de la empresa, como su antigüedad, el derecho de ser reinstalado, en caso de que un trabajador sea despedido injustificadamente. Por ello alertó que firmar el CIT es renunciar al derecho a la estabilidad en el empleo.
El presidente de la Untcip, Moisés Flores Salmerón, aseguró que con el CIT se permitirá nuevamente el desmantelamiento del personal técnico especialista y con experiencia, la privatización de la industria petrolera y lo peor para el pueblo de México, destacó, es que con estas decisiones continuarán los accidentes y pérdidas humanas, así como el desperdicio de nuestro más rico recurso, el petróleo.
Mencionó, sin embargo, que este nuevo contrato que supuestamente tiene el propósito de optimizar el funcionamiento de la empresa, ha dejado intocables los enormes privilegios de directores, subdirectores y gerentes, quienes son realmente trabajadores de confianza.
Fechas fijas y amenazas
“La presión de la empresa para firmar el CIT ha iniciado, con los comentarios de algunos gerentes como es el caso del ingeniero Jesús Hernández San Juan, con sede en Villahermosa, quien visita los departamentos para invitar a firmar el próximo contrato individual de trabajo, y dice que el que quiera firmar que lo haga, y el que no quiera pues también, porque afuera hay mucho personal que tiene ganas de trabajar”, por lo que este comentario es una abierta amenaza, denunció la Untcip.
En la estrategia de aplicación del CIT, Pemex establece en su primera etapa que la Dirección Corporativa de Finanzas procederá a la firma del nuevo contrato del 15 al 30 de noviembre; la Dirección Corporativa de Operación, del 15 al 23 de noviembre; la Dirección Corporativa de Administración del 15 al 30 de noviembre.
Aclara que por su dispersión geográfica, la Subdirección de Servicios Médicos tendrá un periodo para firma del CIT del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2007.
En los organismos subsidiarios, como Pemex Exploración y Producción, la firma deberá hacerse del 20 de noviembre al 14 de diciembre; en Pemex Refinación, del 20 de noviembre al 14 de diciembre; Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica, del 15 al 30 de noviembre. En cada uno de los organismos se iniciará la firma del CIT en las áreas de Recursos Humanos.
En la segunda etapa, que comprenderá el periodo enero-marzo de 2008, se prevé adecuar las estructuras administrativas, “procurando la racionalización de los recursos humanos, materiales y financieros”.
Además señala: “mantener como premisa fundamental la eliminación de plazas con funciones duplicadas u homólogas; funciones no especificadas o fuera de estructura; estructuras no sustantivas o que no generen valor agregados a los procesos”.
El objetivo es procurar que las adecuaciones estructurales cumplan con los objetivos establecidos en cada uno de los Planes de Negocios y Programas Operativos Anuales, tanto del corporativo como de los organismos subsidiarios.
Pemex asegura, por su parte, que con el nuevo CIT no se suprimen prestaciones, tales como ayuda para gas y gasolina, canasta básica y ayuda para renta de casa. Además, se adicionó una leyenda que establece: “La celebración del presente contrato no afecta los derechos laborales adquiridos por el trabajador”. Se agrega en el reverso del contrato el calendario anual de labores de acuerdo con la jornada del trabajador.
Incertidumbre jurídica
La Untcip asegura que el CIT presenta omisiones que generan incertidumbre jurídica, al carecer de información elemental y necesaria para el desempeño de los trabajadores, tales como el número de la plaza relacionado con el presupuesto designado por la Secretaría de Hacienda. Asimismo, resulta contradictorio que el contrato indica en la cláusula primera que es por tiempo indeterminado, pero tiene un anexo un calendario que sólo considera el año 2007 como periodo de funciones.
En la estrategia de aplicación del CIT de Pemex se enumeran los beneficios: “Se evita la posibilidad de que el trabajador despedido incurra en acciones jurídicas que lesionen los intereses de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, provocando con ello que se incrementen los juicios laborales”.
En su segundo punto señala: “Se definen líneas contractuales que ofrecen mayor certidumbre jurídica a la institución, en virtud de que se definen las funciones del trabajador y se establecen las atribuciones y funciones del patrón”.
En el tercero establece: “Se disminuirán los riesgos por demanda que afectan las plazas de los trabajadores, ya que cuando existía una demanda, ésta se hacía a la plaza y al trabajador que la ocupaba”. Finalmente indica: “Se proporciona una herramienta efectiva y ágil, para fortalecer el proceso de modernización administrativa de la organización”.
Pemex establece que se deberá conminar al personal de confianza que labora actualmente (planta y tansitorios) a la firma del nuevo CIT.
“El personal de nuevo ingreso o adscritos a dependencias con adecuaciones a su estructura administrativa, deberá firmar de manera obligatoria e ineludible el CIT”. Adicionalmente se elimina de manera definitiva la “tarjeta de trabajo” que se maneja actualmente.
La Untcip explica que cuando se ingresa a Pemex se firma una tarjeta de trabajo (contrato) en la cual se definen las funciones, mismas que son ajenas a las descritas en el CIT, y “aclaramos que no somos trabajadores de confianza, toda vez que las actividades que realizamos son diferentes a las descritas en el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo y cláusula 3 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente y aplicable en Pemex”.
En razón de lo anterior, añade, el contrato individual de trabajo nuevo no se apega a la realidad, y lo único que se pretende es dejar en clara indefensión laboral a los casi 32 mil trabajadores de confianza.
Anula la posibilidad de recurrir a acciones jurídicas en caso de despido
Intocables, los enormes privilegios de directores y gerentes
Permite el desmantelamiento del personal especializado y con experiencia, y la privatización de la industria, advierte la Untcip
Israel Rodríguez
El jueves 15 de noviembre Petróleos Mexicanos (Pemex) inició su estrategia para aplicar el llamado contrato individual de trabajo (CIT) para los más de 30 mil empleados de confianza de la paraestatal, que entre sus “beneficios” anula la posibilidad de que el trabajador despedido incurra en acciones jurídicas que lesionen los intereses de la petrolera.
De acuerdo con un documento de Pemex en el que se delinea la estrategia para la adhesión obligatoria al CIT y el calendario de aplicación se advierte: “En caso de no firmar el contrato, se deberá notificar al Órgano Interno de Control y a la Oficina del Abogado General”. Dispone: “preparar las acciones jurídico administrativas complementarias que permitan tener la totalidad del personal de confianza con el CIT firmado, en la fecha establecida”.
Al respecto, la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (Untcip) denunció que Pemex continúa presionando a ese personal para que firme el CIT, documento que tiene como objetivo arrebatar los derechos laborales del personal de la empresa, como su antigüedad, el derecho de ser reinstalado, en caso de que un trabajador sea despedido injustificadamente. Por ello alertó que firmar el CIT es renunciar al derecho a la estabilidad en el empleo.
El presidente de la Untcip, Moisés Flores Salmerón, aseguró que con el CIT se permitirá nuevamente el desmantelamiento del personal técnico especialista y con experiencia, la privatización de la industria petrolera y lo peor para el pueblo de México, destacó, es que con estas decisiones continuarán los accidentes y pérdidas humanas, así como el desperdicio de nuestro más rico recurso, el petróleo.
Mencionó, sin embargo, que este nuevo contrato que supuestamente tiene el propósito de optimizar el funcionamiento de la empresa, ha dejado intocables los enormes privilegios de directores, subdirectores y gerentes, quienes son realmente trabajadores de confianza.
Fechas fijas y amenazas
“La presión de la empresa para firmar el CIT ha iniciado, con los comentarios de algunos gerentes como es el caso del ingeniero Jesús Hernández San Juan, con sede en Villahermosa, quien visita los departamentos para invitar a firmar el próximo contrato individual de trabajo, y dice que el que quiera firmar que lo haga, y el que no quiera pues también, porque afuera hay mucho personal que tiene ganas de trabajar”, por lo que este comentario es una abierta amenaza, denunció la Untcip.
En la estrategia de aplicación del CIT, Pemex establece en su primera etapa que la Dirección Corporativa de Finanzas procederá a la firma del nuevo contrato del 15 al 30 de noviembre; la Dirección Corporativa de Operación, del 15 al 23 de noviembre; la Dirección Corporativa de Administración del 15 al 30 de noviembre.
Aclara que por su dispersión geográfica, la Subdirección de Servicios Médicos tendrá un periodo para firma del CIT del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2007.
En los organismos subsidiarios, como Pemex Exploración y Producción, la firma deberá hacerse del 20 de noviembre al 14 de diciembre; en Pemex Refinación, del 20 de noviembre al 14 de diciembre; Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica, del 15 al 30 de noviembre. En cada uno de los organismos se iniciará la firma del CIT en las áreas de Recursos Humanos.
En la segunda etapa, que comprenderá el periodo enero-marzo de 2008, se prevé adecuar las estructuras administrativas, “procurando la racionalización de los recursos humanos, materiales y financieros”.
Además señala: “mantener como premisa fundamental la eliminación de plazas con funciones duplicadas u homólogas; funciones no especificadas o fuera de estructura; estructuras no sustantivas o que no generen valor agregados a los procesos”.
El objetivo es procurar que las adecuaciones estructurales cumplan con los objetivos establecidos en cada uno de los Planes de Negocios y Programas Operativos Anuales, tanto del corporativo como de los organismos subsidiarios.
Pemex asegura, por su parte, que con el nuevo CIT no se suprimen prestaciones, tales como ayuda para gas y gasolina, canasta básica y ayuda para renta de casa. Además, se adicionó una leyenda que establece: “La celebración del presente contrato no afecta los derechos laborales adquiridos por el trabajador”. Se agrega en el reverso del contrato el calendario anual de labores de acuerdo con la jornada del trabajador.
Incertidumbre jurídica
La Untcip asegura que el CIT presenta omisiones que generan incertidumbre jurídica, al carecer de información elemental y necesaria para el desempeño de los trabajadores, tales como el número de la plaza relacionado con el presupuesto designado por la Secretaría de Hacienda. Asimismo, resulta contradictorio que el contrato indica en la cláusula primera que es por tiempo indeterminado, pero tiene un anexo un calendario que sólo considera el año 2007 como periodo de funciones.
En la estrategia de aplicación del CIT de Pemex se enumeran los beneficios: “Se evita la posibilidad de que el trabajador despedido incurra en acciones jurídicas que lesionen los intereses de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, provocando con ello que se incrementen los juicios laborales”.
En su segundo punto señala: “Se definen líneas contractuales que ofrecen mayor certidumbre jurídica a la institución, en virtud de que se definen las funciones del trabajador y se establecen las atribuciones y funciones del patrón”.
En el tercero establece: “Se disminuirán los riesgos por demanda que afectan las plazas de los trabajadores, ya que cuando existía una demanda, ésta se hacía a la plaza y al trabajador que la ocupaba”. Finalmente indica: “Se proporciona una herramienta efectiva y ágil, para fortalecer el proceso de modernización administrativa de la organización”.
Pemex establece que se deberá conminar al personal de confianza que labora actualmente (planta y tansitorios) a la firma del nuevo CIT.
“El personal de nuevo ingreso o adscritos a dependencias con adecuaciones a su estructura administrativa, deberá firmar de manera obligatoria e ineludible el CIT”. Adicionalmente se elimina de manera definitiva la “tarjeta de trabajo” que se maneja actualmente.
La Untcip explica que cuando se ingresa a Pemex se firma una tarjeta de trabajo (contrato) en la cual se definen las funciones, mismas que son ajenas a las descritas en el CIT, y “aclaramos que no somos trabajadores de confianza, toda vez que las actividades que realizamos son diferentes a las descritas en el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo y cláusula 3 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente y aplicable en Pemex”.
En razón de lo anterior, añade, el contrato individual de trabajo nuevo no se apega a la realidad, y lo único que se pretende es dejar en clara indefensión laboral a los casi 32 mil trabajadores de confianza.
Propone el “gobierno legítimo” proyecto alternativo para rescatar el sector energético
Sin perder soberanía, busca corregir el gasto corriente, explica Di Costanzo
Ciro Pérez Silva
Frente al argumento del gobierno “espurio” de que no hay recursos para invertir en petróleo, gas y refinación, y que por lo tanto no queda otra alternativa más que vender Pemex, el “gobierno legítimo” propuso ayer un proyecto alternativo de rescate del sector energético sin perder soberanía, basado en la corrección del gasto corriente.
Luego de señalar que el gasto total con el que comenzó el gobierno de Vicente Fox fue de un billón 248 mil millones de pesos, y que para 2008 el Congreso aprobó un gasto de 2 billones 568 mil millones, Mario Di Costanzo, secretario de Economía del “gobierno legítimo”, estableció que el rubro con mayor crecimiento fue el gasto corriente, al pasar de 714 mil millones a un billón 321 mil millones de pesos.
Esto es, 607 mil millones de pesos que se financiaron parcialmente con excedentes petroleros por 404 mil millones. “El gobierno ha derrochado el excedente en gasto corriente, en lugar de invertirlo. El gasto corriente aumentó en el sexenio pasado en 606 mil millones de pesos, mientras la inversión física directa sólo subió 19 mil millones. Por cada peso que aumentó la inversión, el gasto corriente se incrementó en 32 pesos”, explicó.
Acompañado por la secretaria de Patrimonio Nacional, Claudia Sheinbaum, y por el secretario para la Honestidad y Austeridad Republicana, Octavio Romero, de Di Costanzo señaló que no por cuantiosa, la propuesta de reducción es utópica. Con ella se prevén ahorros por 200 mil millones de pesos en una primera instancia, y a partir de ahí someter el gasto corriente operacional a una regla de eficiencia que limite su crecimiento a la mitad de lo que crece la economía. “Esto es condición indispensable para redimensionar el tamaño del gobierno a nuestras circunstancias y necesidades, y ganar credibilidad frente a la sociedad”, indicó.
El funcionario recordó que México ha realizado estas reducciones en muchas instancias en el pasado reciente. En los años 80, el gasto se redujo en 2 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB); a principios de los 90 también se lograron 2 puntos, y a mediados de los 90 se tuvieron logros similares. “Pero a diferencia de la reducción de gasto que han hecho en el pasado los gobiernos neoliberales, basada en reducir el gasto de inversión y obra pública, nosotros proponemos reducir el gasto burocrático”, precisó.
Este ajuste, subrayó, no toca los salarios de los empleados públicos, aunque sí los de la alta burocracia; no reduce los gastos sociales en educación y salud ni en programas de apoyo a sectores desprotegidos, aunque sí disminuye el gasto en los costos operacionales del sector público, que en el pasado sexenio han mostrado el incremento más fuerte, propiciando el crecimiento de la burocracia.
“Los ahorros que hoy tendríamos mediante la aplicación de esta regla sumarían en todo el sexenio 487 mil millones de pesos. No hay justificación para argumentar pérdida de eficiencia en el sector público, ya que si estamos preparados para realizar inversiones públicas por un monto equivalente, habría dinero suficiente para tener mayor capacidad física y para el mantenimiento de la misma, incluyendo equipos y materiales. Lo que no habría sería dinero para dispendio, sobreprecios a contratistas o compras innecesarias”, puntualizó.
Propone además resolver errores como una política de precios equivocada, que maximiza el ingreso fiscal a corto plazo, sin mirar hacia el mediano y largo plazos; la falta de inversión en todas las áreas de Pemex, desde la exploración de crudo y producción de gas, refinación y petroquímica; la intención de los gobiernos neoliberales de privatizar la industria; la decisión de usar gas natural para todo el crecimiento de la industria eléctrica que ha redundado en precios muy altos.
El cambio en las modalidades de licitación en Pemex y la industria eléctrica han favorecido a los proveedores extranjeros, desplazando a los nacionales; la división de Pemex en empresas subsidiarias independientes aumentó el costo y la complejidad administrativa de la empresa, así como la falta de control del gasto corriente del gobierno ha reducido más las posibilidades de invertir en el sector energético, advirtió.
Ciro Pérez Silva
Frente al argumento del gobierno “espurio” de que no hay recursos para invertir en petróleo, gas y refinación, y que por lo tanto no queda otra alternativa más que vender Pemex, el “gobierno legítimo” propuso ayer un proyecto alternativo de rescate del sector energético sin perder soberanía, basado en la corrección del gasto corriente.
Luego de señalar que el gasto total con el que comenzó el gobierno de Vicente Fox fue de un billón 248 mil millones de pesos, y que para 2008 el Congreso aprobó un gasto de 2 billones 568 mil millones, Mario Di Costanzo, secretario de Economía del “gobierno legítimo”, estableció que el rubro con mayor crecimiento fue el gasto corriente, al pasar de 714 mil millones a un billón 321 mil millones de pesos.
Esto es, 607 mil millones de pesos que se financiaron parcialmente con excedentes petroleros por 404 mil millones. “El gobierno ha derrochado el excedente en gasto corriente, en lugar de invertirlo. El gasto corriente aumentó en el sexenio pasado en 606 mil millones de pesos, mientras la inversión física directa sólo subió 19 mil millones. Por cada peso que aumentó la inversión, el gasto corriente se incrementó en 32 pesos”, explicó.
Acompañado por la secretaria de Patrimonio Nacional, Claudia Sheinbaum, y por el secretario para la Honestidad y Austeridad Republicana, Octavio Romero, de Di Costanzo señaló que no por cuantiosa, la propuesta de reducción es utópica. Con ella se prevén ahorros por 200 mil millones de pesos en una primera instancia, y a partir de ahí someter el gasto corriente operacional a una regla de eficiencia que limite su crecimiento a la mitad de lo que crece la economía. “Esto es condición indispensable para redimensionar el tamaño del gobierno a nuestras circunstancias y necesidades, y ganar credibilidad frente a la sociedad”, indicó.
El funcionario recordó que México ha realizado estas reducciones en muchas instancias en el pasado reciente. En los años 80, el gasto se redujo en 2 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB); a principios de los 90 también se lograron 2 puntos, y a mediados de los 90 se tuvieron logros similares. “Pero a diferencia de la reducción de gasto que han hecho en el pasado los gobiernos neoliberales, basada en reducir el gasto de inversión y obra pública, nosotros proponemos reducir el gasto burocrático”, precisó.
Este ajuste, subrayó, no toca los salarios de los empleados públicos, aunque sí los de la alta burocracia; no reduce los gastos sociales en educación y salud ni en programas de apoyo a sectores desprotegidos, aunque sí disminuye el gasto en los costos operacionales del sector público, que en el pasado sexenio han mostrado el incremento más fuerte, propiciando el crecimiento de la burocracia.
“Los ahorros que hoy tendríamos mediante la aplicación de esta regla sumarían en todo el sexenio 487 mil millones de pesos. No hay justificación para argumentar pérdida de eficiencia en el sector público, ya que si estamos preparados para realizar inversiones públicas por un monto equivalente, habría dinero suficiente para tener mayor capacidad física y para el mantenimiento de la misma, incluyendo equipos y materiales. Lo que no habría sería dinero para dispendio, sobreprecios a contratistas o compras innecesarias”, puntualizó.
Propone además resolver errores como una política de precios equivocada, que maximiza el ingreso fiscal a corto plazo, sin mirar hacia el mediano y largo plazos; la falta de inversión en todas las áreas de Pemex, desde la exploración de crudo y producción de gas, refinación y petroquímica; la intención de los gobiernos neoliberales de privatizar la industria; la decisión de usar gas natural para todo el crecimiento de la industria eléctrica que ha redundado en precios muy altos.
El cambio en las modalidades de licitación en Pemex y la industria eléctrica han favorecido a los proveedores extranjeros, desplazando a los nacionales; la división de Pemex en empresas subsidiarias independientes aumentó el costo y la complejidad administrativa de la empresa, así como la falta de control del gasto corriente del gobierno ha reducido más las posibilidades de invertir en el sector energético, advirtió.
En tres días, más de 100 mil han visto el documental Fraude: México 2006
“Es un hecho sin precedente, pues casi no se hizo publicidad”, afirma Luis Mandoki
Arturo Cruz Bárcenas
Luis Mandoki y Federico Arreola, director y productor, respectivamente, de la película Fraude: México 2006, informaron ayer, en conferencia de prensa, que en tres días (del viernes al domingo pasados), “pese a más de mil irregularidades reportadas”, el documental fue visto por 100 mil personas, lo cual es “en un hecho sin precedente, pues prácticamente no se hizo publicidad”.
El realizador Mandoki añadió que lo anterior rebasó todas sus expectativas: “estoy feliz por lo que está pasando; estamos en el top cinco”.
Arreola dijo que al segundo consorcio con más pantallas en México, MMCinemas (MMC), se le retirarán las 28 copias de la película que se le entregaron, pues no las exhibieron adecuadamente ni pasaron el espot. “Recurrimos a exhibidores independientes. MMCinemas tiene mucha presencia en Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Guadalajara, Tepic y Durango, por ejemplo.”
Arreola expuso que ayer habló con el director de MMC, René Martínez, a quien preguntó si lo mencionado tenía relación con el vínculo fuerte entre MMC y el periódico Milenio, del grupo Multimedios, que a su vez tiene un nexo estrecho con el grupo Televisa.
“Su respuesta fue que no, que ya vendió Multimedios a inversionistas extranjeros. Lo que dijo no podemos afirmarlo, pero es una empresa que hasta hace un año o menos era operada por Milenio que, repito, tiene relaciones muy estrechas con Televisa y reportó un nivel de espectadores, respecto de las demás cadenas, ridículamente bajo. Sólo en esa cadena no nos exhibieron los tráileres, no pusieron nunca los carteles, y aún hoy, cuando supuestamente estamos ahí, no aparecemos en la marquesina.
“En los medios de comunicación de esa empresa no hemos recibido ninguna difusión y las críticas, si no todas, sí las más injustas, han venido de ese grupo; inclusive de muy mal gusto, pero decidimos que no podíamos discriminar y que esto es un asunto comercial; nunca lo hemos tomado como político. ¿Por qué hacen eso? Pregunte a ellos.”
En el Distrito Federal, Fraude: México 2006 está en segundo lugar en taquilla, detrás de Mundo mágico, en tres días de exhibición. “Creemos que todos los problemas son superables”, agregó.
Mandoki se manifestó gratamente sorprendido porque la gente aplaude al final de la proyección, en zonas desde Santa Fe y Polanco hasta el sur de la ciudad, sin importar la filiación partidista; al final leen todos los créditos.
“Los comentarios son que la película les abrió los ojos. Un grupo de priístas y panistas dijeron que era un cinta fuerte, pero muy divertida, porque nunca habían visto tantos comentarios chistosos de la gente. En Guadalajara, ante un público no pejista, un muchacho se levantó y dijo que era apolítico y me agradeció haber hecho una película importante.”
Arreola añadió que con los 100 mil espectadores han recaudado unos 4 millones de pesos. Lamentó que la cinta ya se venda en la piratería –“son perredistas, estoy seguro, los que la vendieron el pasado domingo en el Zócalo”–, y afirmó que aún no hay fecha para lanzar el dvd. “Éste incluirá más escenas. Muchas de las pruebas que no vienen en la película las añadiremos en el dvd”, comentó.
A la pregunta de si hay una guerra sucia contra Fraude..., Mandoki optó por manifestar que, en general, los comentarios en la prensa han sido positivos. Como cineasta, dijo que “lo que estamos viendo aquí y en el mundo es que el documental está cobrando un interés tremendo; ya no es la película que se exhibe en las cinetecas con dos copias. Por lo mismo, desde antes, Multimedios había dicho: éste es un documental.
“O sea, aparte de estar descalificando a esta película, me parece un crimen que estén descalificando al documental en general, cuando se ha probado que películas como la de Al Gore, Una verdad incómoda, o Fahrenheit o Columbine, de Moore, muestran que la gente ya está en otro nivel y que le interesa también la realidad, no sólo la ficción”.
Abundaron en casos de personas que después de ver la cinta se dijeron ya con los ojos abiertos y que ven los hechos de las elecciones de 2006 con otra óptica.
Dijo Arreola: “sí, hemos reforzado la idea del eslogan de Fraude. México 2006: la democracia no se ve en la televisión”. Mandoki expresó: “La tele no está hablando de esto. En ningún espacio nos han invitado”.
Arturo Cruz Bárcenas
Luis Mandoki y Federico Arreola, director y productor, respectivamente, de la película Fraude: México 2006, informaron ayer, en conferencia de prensa, que en tres días (del viernes al domingo pasados), “pese a más de mil irregularidades reportadas”, el documental fue visto por 100 mil personas, lo cual es “en un hecho sin precedente, pues prácticamente no se hizo publicidad”.
El realizador Mandoki añadió que lo anterior rebasó todas sus expectativas: “estoy feliz por lo que está pasando; estamos en el top cinco”.
Arreola dijo que al segundo consorcio con más pantallas en México, MMCinemas (MMC), se le retirarán las 28 copias de la película que se le entregaron, pues no las exhibieron adecuadamente ni pasaron el espot. “Recurrimos a exhibidores independientes. MMCinemas tiene mucha presencia en Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Guadalajara, Tepic y Durango, por ejemplo.”
Arreola expuso que ayer habló con el director de MMC, René Martínez, a quien preguntó si lo mencionado tenía relación con el vínculo fuerte entre MMC y el periódico Milenio, del grupo Multimedios, que a su vez tiene un nexo estrecho con el grupo Televisa.
“Su respuesta fue que no, que ya vendió Multimedios a inversionistas extranjeros. Lo que dijo no podemos afirmarlo, pero es una empresa que hasta hace un año o menos era operada por Milenio que, repito, tiene relaciones muy estrechas con Televisa y reportó un nivel de espectadores, respecto de las demás cadenas, ridículamente bajo. Sólo en esa cadena no nos exhibieron los tráileres, no pusieron nunca los carteles, y aún hoy, cuando supuestamente estamos ahí, no aparecemos en la marquesina.
“En los medios de comunicación de esa empresa no hemos recibido ninguna difusión y las críticas, si no todas, sí las más injustas, han venido de ese grupo; inclusive de muy mal gusto, pero decidimos que no podíamos discriminar y que esto es un asunto comercial; nunca lo hemos tomado como político. ¿Por qué hacen eso? Pregunte a ellos.”
En el Distrito Federal, Fraude: México 2006 está en segundo lugar en taquilla, detrás de Mundo mágico, en tres días de exhibición. “Creemos que todos los problemas son superables”, agregó.
Mandoki se manifestó gratamente sorprendido porque la gente aplaude al final de la proyección, en zonas desde Santa Fe y Polanco hasta el sur de la ciudad, sin importar la filiación partidista; al final leen todos los créditos.
“Los comentarios son que la película les abrió los ojos. Un grupo de priístas y panistas dijeron que era un cinta fuerte, pero muy divertida, porque nunca habían visto tantos comentarios chistosos de la gente. En Guadalajara, ante un público no pejista, un muchacho se levantó y dijo que era apolítico y me agradeció haber hecho una película importante.”
Arreola añadió que con los 100 mil espectadores han recaudado unos 4 millones de pesos. Lamentó que la cinta ya se venda en la piratería –“son perredistas, estoy seguro, los que la vendieron el pasado domingo en el Zócalo”–, y afirmó que aún no hay fecha para lanzar el dvd. “Éste incluirá más escenas. Muchas de las pruebas que no vienen en la película las añadiremos en el dvd”, comentó.
A la pregunta de si hay una guerra sucia contra Fraude..., Mandoki optó por manifestar que, en general, los comentarios en la prensa han sido positivos. Como cineasta, dijo que “lo que estamos viendo aquí y en el mundo es que el documental está cobrando un interés tremendo; ya no es la película que se exhibe en las cinetecas con dos copias. Por lo mismo, desde antes, Multimedios había dicho: éste es un documental.
“O sea, aparte de estar descalificando a esta película, me parece un crimen que estén descalificando al documental en general, cuando se ha probado que películas como la de Al Gore, Una verdad incómoda, o Fahrenheit o Columbine, de Moore, muestran que la gente ya está en otro nivel y que le interesa también la realidad, no sólo la ficción”.
Abundaron en casos de personas que después de ver la cinta se dijeron ya con los ojos abiertos y que ven los hechos de las elecciones de 2006 con otra óptica.
Dijo Arreola: “sí, hemos reforzado la idea del eslogan de Fraude. México 2006: la democracia no se ve en la televisión”. Mandoki expresó: “La tele no está hablando de esto. En ningún espacio nos han invitado”.
Falso que yo incitara a la violencia, asegura la senadora Rosario Ibarra
Aunque dice sentirse ultrajada, expresa que no necesita el fuero para defenderse
Explica que pensó que las campanadas eran parte de una provocación como la de 1978
El líder de los abogados católicos acusa sin saber y no practica bien su religión, señala
Hacen mal en cerrar la Catedral; es lugar de consuelo para los creyentes, considera
Víctor Ballinas
La senadora Rosario Ibarra de Piedra aseveró ayer: “me siento ultrajada, lastimada, difamada. Es falso lo que asegura el presidente del Colegio de Abogados Católicos de que yo haya incitado a la violencia. Él no escuchó mis primeras palabras, cuando en mi mensaje dije que si las campanas repiqueteaban por júbilo o por la presencia de tanta gente de la Convención Nacional Democrática, pero si no fuera ése el caso habría que averiguar”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, explica: “pensé que esto era una provocación, evoqué cuando estábamos en huelga de hambre en la Catedral, en 1978; hubo una provocación brutal, terrible, criminal. Mataron al hijo de Hugo B. Margáin, a Hugo Margáin Charles, cuando estábamos en huelga de hambre, y acusaron a los familiares de los desaparecidos de ser los asesinos.
“Y al poco tiempo aparecieron muertos, con signos de tortura; fue una cosa terrible. Entonces con esos recuerdos de la provocación tan tremenda, claro, cómo no iba yo a estar pensando en que esto era una provocación, el repicar de las campanas por un largo periodo.”
Nada más, acusa la defensora de derechos humanos, “ellos se fueron a lo fácil: dijeron: ‘es doña Rosario quien hizo la arenga’. No tengo huestes ni soy parte de ningún ejército, no puedo lanzar arengas, ni nada que se le parezca, me ofenden tremendamente con ese pensamiento, pero allá ellos. Yo tengo mi conciencia muy tranquila. No hice nada que atentara contra los ideales y la forma de expresarse de Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo diciendo muchas veces: resistencia civil pacífica, sin violencia, ésa es mi manera de pensar”.
Una sola voz es la acusadora
Al preguntarle si hay voces que la acusan de ser la incitadora, respondió: “es sólo una voz, la del presidente del Colegio de Abogados Católicos, Armando Martínez. Me acusó fuertemente, acremente de que yo era la provocadora, que yo había lanzado esa arenga a las huestes y que eso hablaba muy mal de Andrés Manuel López Obrador. Lo que quiere es terminar con este asunto tan exitoso de la Convención Nacional Democrática. Pero más fuerte va a ser la defensa de López Obrador, del PRD”.
Doña Rosario Ibarra de Piedra, presidenta además del Comité Eureka y con más de 35 años en la exigencia de la presentación con vida de los desaparecidos y defensora de los derechos humanos, manifestó que para su defensa “no tengo que contratar a nadie. Ése es otro insulto del presidente del Colegio de Abogados Católicos, me decía que no me escude o proteja en mi fuero. Cuando nunca he necesitado del fuero para decir lo que pienso o siento. Nunca he incitado a la violencia o insultado, siempre lo he hecho así, hablo fuerte en defensa de los pobres, pero jamás he incitado a la violencia. No quiero violencia porque eso significa pérdida de vida de los pobres, cárcel, tortura, desaparición para los pobres”.
En entrevista, Ibarra de Piedra abundó: “Me siento muy molesta por ese juicio que hizo el presidente del Colegio de Abogados Católicos, quien tendría que estar de lado de la justicia; si para él eso es la justicia, acusar sin saber, y su religión, pues no la practica muy bien. Me parece injusto pero no me importa porque la gente juzgará”.
La defensora de derechos humanos demandó: “a ver si investigan las autoridades. Ellos (los abogados católicos) dicen que tienen un video donde están todos los rostros de los responsables, dicen que iban con pancartas. Yo no me voy a quedar sin defenderme, a lo mejor ni lo necesito, porque tengo mi conciencia muy tranquila”.
Destacó que ha recibido la solidaridad de mucha gente, de sus compañeras del grupo Eureka, incluso refirió haber recibido llamadas del extranjero, de Estados Unidos y de Centroamérica, de personas que le han manifestado apoyo y que no creen en lo que afirma el Colegio de Abogados Católicos.
Al referirse al cierre de la Catedral Metropolitana, señaló: “No tienen derecho a cerrarla. Hacen mal en cerrar a los católicos su lugar de consuelo”.
En relación con la acusación del presidente de Abogados Católicos, quien sostiene que las acciones del PRD contra la Iglesia católica podrían derivar en una nueva Cristiada, Ibarra de Piedra subrayó: “eso es gravísimo, me pareció una aberración, pero es más bien como una amenaza, como diciendo ‘cuídense, porque de este lado son violentos también’. Yo pensé que eran tiempos superados”.
Explica que pensó que las campanadas eran parte de una provocación como la de 1978
El líder de los abogados católicos acusa sin saber y no practica bien su religión, señala
Hacen mal en cerrar la Catedral; es lugar de consuelo para los creyentes, considera
Víctor Ballinas
La senadora Rosario Ibarra de Piedra aseveró ayer: “me siento ultrajada, lastimada, difamada. Es falso lo que asegura el presidente del Colegio de Abogados Católicos de que yo haya incitado a la violencia. Él no escuchó mis primeras palabras, cuando en mi mensaje dije que si las campanas repiqueteaban por júbilo o por la presencia de tanta gente de la Convención Nacional Democrática, pero si no fuera ése el caso habría que averiguar”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, explica: “pensé que esto era una provocación, evoqué cuando estábamos en huelga de hambre en la Catedral, en 1978; hubo una provocación brutal, terrible, criminal. Mataron al hijo de Hugo B. Margáin, a Hugo Margáin Charles, cuando estábamos en huelga de hambre, y acusaron a los familiares de los desaparecidos de ser los asesinos.
“Y al poco tiempo aparecieron muertos, con signos de tortura; fue una cosa terrible. Entonces con esos recuerdos de la provocación tan tremenda, claro, cómo no iba yo a estar pensando en que esto era una provocación, el repicar de las campanas por un largo periodo.”
Nada más, acusa la defensora de derechos humanos, “ellos se fueron a lo fácil: dijeron: ‘es doña Rosario quien hizo la arenga’. No tengo huestes ni soy parte de ningún ejército, no puedo lanzar arengas, ni nada que se le parezca, me ofenden tremendamente con ese pensamiento, pero allá ellos. Yo tengo mi conciencia muy tranquila. No hice nada que atentara contra los ideales y la forma de expresarse de Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo diciendo muchas veces: resistencia civil pacífica, sin violencia, ésa es mi manera de pensar”.
Una sola voz es la acusadora
Al preguntarle si hay voces que la acusan de ser la incitadora, respondió: “es sólo una voz, la del presidente del Colegio de Abogados Católicos, Armando Martínez. Me acusó fuertemente, acremente de que yo era la provocadora, que yo había lanzado esa arenga a las huestes y que eso hablaba muy mal de Andrés Manuel López Obrador. Lo que quiere es terminar con este asunto tan exitoso de la Convención Nacional Democrática. Pero más fuerte va a ser la defensa de López Obrador, del PRD”.
Doña Rosario Ibarra de Piedra, presidenta además del Comité Eureka y con más de 35 años en la exigencia de la presentación con vida de los desaparecidos y defensora de los derechos humanos, manifestó que para su defensa “no tengo que contratar a nadie. Ése es otro insulto del presidente del Colegio de Abogados Católicos, me decía que no me escude o proteja en mi fuero. Cuando nunca he necesitado del fuero para decir lo que pienso o siento. Nunca he incitado a la violencia o insultado, siempre lo he hecho así, hablo fuerte en defensa de los pobres, pero jamás he incitado a la violencia. No quiero violencia porque eso significa pérdida de vida de los pobres, cárcel, tortura, desaparición para los pobres”.
En entrevista, Ibarra de Piedra abundó: “Me siento muy molesta por ese juicio que hizo el presidente del Colegio de Abogados Católicos, quien tendría que estar de lado de la justicia; si para él eso es la justicia, acusar sin saber, y su religión, pues no la practica muy bien. Me parece injusto pero no me importa porque la gente juzgará”.
La defensora de derechos humanos demandó: “a ver si investigan las autoridades. Ellos (los abogados católicos) dicen que tienen un video donde están todos los rostros de los responsables, dicen que iban con pancartas. Yo no me voy a quedar sin defenderme, a lo mejor ni lo necesito, porque tengo mi conciencia muy tranquila”.
Destacó que ha recibido la solidaridad de mucha gente, de sus compañeras del grupo Eureka, incluso refirió haber recibido llamadas del extranjero, de Estados Unidos y de Centroamérica, de personas que le han manifestado apoyo y que no creen en lo que afirma el Colegio de Abogados Católicos.
Al referirse al cierre de la Catedral Metropolitana, señaló: “No tienen derecho a cerrarla. Hacen mal en cerrar a los católicos su lugar de consuelo”.
En relación con la acusación del presidente de Abogados Católicos, quien sostiene que las acciones del PRD contra la Iglesia católica podrían derivar en una nueva Cristiada, Ibarra de Piedra subrayó: “eso es gravísimo, me pareció una aberración, pero es más bien como una amenaza, como diciendo ‘cuídense, porque de este lado son violentos también’. Yo pensé que eran tiempos superados”.
Se deslinda el PRD de la irrupción en Catedral y solicita diálogo a la Iglesia
El “gobierno legítimo” subraya su vocación pacífica, señala Ortiz Pinchetti
Esperamos colaborar en la solución del problema, dice Acosta Naranjo en carta a Rivera
El sol azteca del DF pide a la jerarquía católica que reconozca que ha cometido provocaciones
Ciro Pérez Silva
Mientras el “gobierno legítimo” en voz de su secretario de relaciones políticas, José Agustín Ortiz Pinchetti, descalificó la interrupción en un acto religioso en la Catedral Metropolitana el pasado domingo, por un pequeño grupo de personas, cuya identidad política habrá que confirmar, la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se deslindó de los hechos y pidió por escrito una audiencia “urgente” a la jerarquía católica para resolver este nuevo diferendo.
En un comunicado, emitido ayer por la noche, Ortiz Pinchetti señala que la posición del movimiento político que encabeza Andrés Manuel López Obrador, “como ha sido demostrado en las condiciones más adversas, es de defensa de los métodos pacíficos. Nada que pueda afectar la paz. Nada que pueda afectar derechos de terceros. Ha habido y seguirá habiendo una congruencia completa con nuestro compromiso con la paz.
“En todo caso, podría entenderse que esta reacción fue producto de lo que la asamblea observó como una interrupción deliberada de su acto político, al sonar por 12 minutos, con toda su fuerza, las campanas de la Catedral. En todo caso, de todas maneras, no debió ser ésa la reacción de quienes participaron en ese acto”, aseveró Ortiz Pinchetti.
Por la mañana, en entrevista, el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, condenó la irrupción violenta en la Catedral y sostuvo que el incidente fue una provocación premeditada “tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda”, que debe aclararse.
“Este pequeño grupo de personas que participan en nuestros actos y que desobedecen los lineamientos de nuestro partido y del propio Andrés Manuel López Obrador están actuando de manera dolosa para perjudicarnos… Es el carácter que les doy, carácter de infiltrados”, señaló, luego de deslindar también a la senadora Rosario Ibarra de la autoría intelectual de la incursión al recinto.
“Nos deslindamos de los hechos. El PRD ni doña Rosario Ibarra ni ningún líder llamó a esto, había miles de gentes y si de veras fuera un acto provocado sería irracional”, sostuvo. De igual forma, catalogó como “un acto desproporcionado” el anuncio del cierre de este recinto católico, que “no tiene nada que ver con los acontecimientos. En cualquier lugar del mundo, cuando se presentan acciones represivas es el gobierno quien cierra”.
Poco después envió una carta al cardenal Norberto Rivera, que fue recibida por el abogado del prelado, en la que Acosta Naranjo pide “que podamos colaborar en la solución de este problema, a ellos y a nosotros nos interesa; de esta reunión deberíamos de tomar acciones conjuntas, ya sea para solicitarle a las autoridades del Distrito Federal o para solicitar a la Procuraduría General de la República o para solicitar a la Secretaría de Gobernación que tomen las medidas conducentes. Creemos que hay que llegar al fondo de lo que está sucediendo”.
En cuatro puntos, el perredista reitera su vocación pacífica en todas sus actividades y expresa que es respetuoso de la libertad de creencia religiosa. Consideró que luego de la reunión, ambas partes podrían proponer una investigación a las autoridades federales, para determinar si hay provocadores que intentan “escalar” el conflicto.
Los puntos a dilucidar en dicha investigación serían, por una parte, el motivo de que las campanas de Catedral sonaran por casi 15 minutos, y por otra identificar la razón de que siempre hay un grupo específico que interviene para crear estos conflictos.
Los cuatro puntos de Acosta Naranjo son: el PRD condena y se deslinda de los hechos ocurridos en la Catedral; el partido reitera su vocación pacífica en todas sus actividades; el sol azteca es respetuoso de la libertad de creencia religiosa; “exigimos una investigación para deslindar responsabilidades”.
Asimismo, “solicitamos de manera respetuosa una audiencia para tratar este tema y en colaboración encontrar una solución a estos hechos que dañan a la Iglesia y al PRD”.
Actitud responsable
El PRD capitalino condenó la incursión de un grupo manifestantes en la Catedral, pues “bajo ningún argumento avala un acto de violencia”, pero también instó a la jerarquía católica a que en lugar de orquestar “chantajes” contra el Gobierno del Distrito Federal con el cierre del recinto religioso, asuma una actitud responsable, porque tampoco se puede plantear como víctima cuando ha lanzado provocaciones.
Ricardo Ruiz, dirigente del sol azteca, lamentó que se haya aprovechado este acontecimiento para dejar de lado el contenido de la tercera asamblea Convención Nacional Democrática (CND), donde se convocó a una movilización pacífica contra la privatización de los energéticos.
Aseguró que quienes irrumpieron en la Catedral no pertenecen al PRD, pero independientemente de ello, hizo un exhorto para que no se repitan estos hechos.
“También decimos que se tiene que rechazar la provocación de la Iglesia, porque el asunto de las campanas eso fue; yo como secretario de Gobierno del DF en su momento no recuerdo que se haya interrumpido durante tanto tiempo y de manera vehemente un evento”, apuntó.
Condenó la actitud de la jerarquía eclesiástica, que se suma a la intromisión del propio cardenal Norberto Rivera en terrenos que no le competen al criticar y hablar en contra del PRD, de Andrés Manuel López Obrador y del propio jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.
Con información de Rocío González A.
Esperamos colaborar en la solución del problema, dice Acosta Naranjo en carta a Rivera
El sol azteca del DF pide a la jerarquía católica que reconozca que ha cometido provocaciones
Ciro Pérez Silva
Mientras el “gobierno legítimo” en voz de su secretario de relaciones políticas, José Agustín Ortiz Pinchetti, descalificó la interrupción en un acto religioso en la Catedral Metropolitana el pasado domingo, por un pequeño grupo de personas, cuya identidad política habrá que confirmar, la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se deslindó de los hechos y pidió por escrito una audiencia “urgente” a la jerarquía católica para resolver este nuevo diferendo.
En un comunicado, emitido ayer por la noche, Ortiz Pinchetti señala que la posición del movimiento político que encabeza Andrés Manuel López Obrador, “como ha sido demostrado en las condiciones más adversas, es de defensa de los métodos pacíficos. Nada que pueda afectar la paz. Nada que pueda afectar derechos de terceros. Ha habido y seguirá habiendo una congruencia completa con nuestro compromiso con la paz.
“En todo caso, podría entenderse que esta reacción fue producto de lo que la asamblea observó como una interrupción deliberada de su acto político, al sonar por 12 minutos, con toda su fuerza, las campanas de la Catedral. En todo caso, de todas maneras, no debió ser ésa la reacción de quienes participaron en ese acto”, aseveró Ortiz Pinchetti.
Por la mañana, en entrevista, el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, condenó la irrupción violenta en la Catedral y sostuvo que el incidente fue una provocación premeditada “tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda”, que debe aclararse.
“Este pequeño grupo de personas que participan en nuestros actos y que desobedecen los lineamientos de nuestro partido y del propio Andrés Manuel López Obrador están actuando de manera dolosa para perjudicarnos… Es el carácter que les doy, carácter de infiltrados”, señaló, luego de deslindar también a la senadora Rosario Ibarra de la autoría intelectual de la incursión al recinto.
“Nos deslindamos de los hechos. El PRD ni doña Rosario Ibarra ni ningún líder llamó a esto, había miles de gentes y si de veras fuera un acto provocado sería irracional”, sostuvo. De igual forma, catalogó como “un acto desproporcionado” el anuncio del cierre de este recinto católico, que “no tiene nada que ver con los acontecimientos. En cualquier lugar del mundo, cuando se presentan acciones represivas es el gobierno quien cierra”.
Poco después envió una carta al cardenal Norberto Rivera, que fue recibida por el abogado del prelado, en la que Acosta Naranjo pide “que podamos colaborar en la solución de este problema, a ellos y a nosotros nos interesa; de esta reunión deberíamos de tomar acciones conjuntas, ya sea para solicitarle a las autoridades del Distrito Federal o para solicitar a la Procuraduría General de la República o para solicitar a la Secretaría de Gobernación que tomen las medidas conducentes. Creemos que hay que llegar al fondo de lo que está sucediendo”.
En cuatro puntos, el perredista reitera su vocación pacífica en todas sus actividades y expresa que es respetuoso de la libertad de creencia religiosa. Consideró que luego de la reunión, ambas partes podrían proponer una investigación a las autoridades federales, para determinar si hay provocadores que intentan “escalar” el conflicto.
Los puntos a dilucidar en dicha investigación serían, por una parte, el motivo de que las campanas de Catedral sonaran por casi 15 minutos, y por otra identificar la razón de que siempre hay un grupo específico que interviene para crear estos conflictos.
Los cuatro puntos de Acosta Naranjo son: el PRD condena y se deslinda de los hechos ocurridos en la Catedral; el partido reitera su vocación pacífica en todas sus actividades; el sol azteca es respetuoso de la libertad de creencia religiosa; “exigimos una investigación para deslindar responsabilidades”.
Asimismo, “solicitamos de manera respetuosa una audiencia para tratar este tema y en colaboración encontrar una solución a estos hechos que dañan a la Iglesia y al PRD”.
Actitud responsable
El PRD capitalino condenó la incursión de un grupo manifestantes en la Catedral, pues “bajo ningún argumento avala un acto de violencia”, pero también instó a la jerarquía católica a que en lugar de orquestar “chantajes” contra el Gobierno del Distrito Federal con el cierre del recinto religioso, asuma una actitud responsable, porque tampoco se puede plantear como víctima cuando ha lanzado provocaciones.
Ricardo Ruiz, dirigente del sol azteca, lamentó que se haya aprovechado este acontecimiento para dejar de lado el contenido de la tercera asamblea Convención Nacional Democrática (CND), donde se convocó a una movilización pacífica contra la privatización de los energéticos.
Aseguró que quienes irrumpieron en la Catedral no pertenecen al PRD, pero independientemente de ello, hizo un exhorto para que no se repitan estos hechos.
“También decimos que se tiene que rechazar la provocación de la Iglesia, porque el asunto de las campanas eso fue; yo como secretario de Gobierno del DF en su momento no recuerdo que se haya interrumpido durante tanto tiempo y de manera vehemente un evento”, apuntó.
Condenó la actitud de la jerarquía eclesiástica, que se suma a la intromisión del propio cardenal Norberto Rivera en terrenos que no le competen al criticar y hablar en contra del PRD, de Andrés Manuel López Obrador y del propio jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.
Con información de Rocío González A.
AMLO: en defensa de la nación
Magdalena Gómez
Durante la tercera asamblea de la convención nacional democrática (CND) Andrés Manuel López Obrador (AMLO), después del golpe que significó el fraude de 2006, asume su responsabilidad como dirigente social sin la cortapisa que le significaba la contienda electoral. En primer lugar habló reiteradamente de un movimiento, prácticamente sin mencionar al Partido de la Revolución Democrática ni a procesos electorales recientes, y señaló: “lograremos la mejor organización ciudadana que se haya tenido en la historia del país” al referirse a la meta de lograr para el año próximo cinco millones de representantes del “gobierno legítimo”.
Abrió anunciando un enero negro a partir del aumento a las gasolinas y al diesel; los aumentos de impuestos por la llamada reforma fiscal, y la apertura de las fronteras para la importación de maíz y frijol que afectará a los productores nacionales. Y pronto enfiló sus baterías al anuncio de un plan para la defensa del petróleo en cuya amplia explicación llamó a las cosas por su nombre, refiriendo claramente las políticas del Fondo Monetario Internacional: “en los últimos 25 años, los gobiernos neoliberales han tratado con saña a las empresas públicas del sector energético, porque, reitero, siempre han buscado justificar o tener el pretexto para privatizar”.
Al desplegar las características del plan en defensa del petróleo señaló la necesidad de canalizar recursos para recuperar las tareas de exploración, la perforación de nuevos pozos, la construcción de tres nuevas refinerías y el mantenimiento a ductos e instalaciones petroleras. Para lograr estos fondos planteó que se reduzca el gasto corriente y de operación del gobierno federal, reducir a la mitad el sueldo de los altos funcionarios públicos de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Suprimir las partidas para el fondo de ahorro especial, gastos médicos mayores, pensiones a ex presidentes y bonos discrecionales para los altos funcionarios, así como muchos otros privilegios con que cuenta la alta burocracia. Sabe de lo que habla: aunque en otra escala, él aplicó estas medidas en el Distrito Federal, pero lo hizo en el contexto de un gobierno democrático con funcionarios públicos comprometidos en un proyecto.
Su propuesta muy probablemente será rechazada; basta recordar el pánico que vivieron en 2006 los tecnócratas que sentían en riesgo sus privilegios ante el inminente triunfo de López Obrador, o simplemente los regateos que hubo en días recientes en el Congreso de la Unión en torno a la definición de la cantidad que aportarían para los damnificados de Tabasco
El asunto de fondo es el relativo a detener la inserción de los inversionistas extranjeros en el sector energético, ésa es la madre de las batallas en la que tendrán que tejerse las más amplias alianzas. Terreno complejo, pero indispensable para fortalecer esa decisión. AMLO propuso integrar la Comisión Coordinadora para la Defensa del Petróleo, “encargada de organizar todo este proceso”. Si se abre, la comisión que se nombró, tendría que reflejar las alianzas o atenerse a la definición de otra instancia coordinadora. Lo que no parece factible es que una batalla por la soberanía nacional sea conducida sólo por la CND con sus propias fuerzas, aun con el liderazgo de AMLO.
Por otra parte, reiteró la resistencia civil pacífica en todo el país, “bajo tres criterios básicos: la no violencia, no afectar a terceros y poner en práctica medidas eficaces que realmente cumplan con el propósito de mantener el petróleo bajo el dominio de la nación”. Éste es otro terreno delicado, pues los linderos entre las acciones de resistencia y las no afectaciones a terceros son casi imperceptibles; sólo recordemos las marchas, así que tendría que problematizarse más aún y ubicarse de entrada dentro del derecho a la protesta social, cuyos costos son parte de la lucha por derechos fundamentales. De lo contrario, esos criterios así planteados se pueden convertir en vulnerables para el propio movimiento: o se inmovilizan o trivializan la protesta para respetarlos o abren la puerta a la política de criminalización de luchas sociales.
Fue además importante la referencia a los derechos humanos, la adhesión al Frente Nacional contra la Represión. Escuchamos el grito de AMLO: “Presos políticos, libertad”. Asimismo, respecto al caso Tabasco explicó que la denuncia penal interpuesta ante la PGR no es ninguna contradicción con aquello de “al diablo con sus instituciones”, pues aclaró que el caso lo amerita, ya que la PGR no es la última instancia y es el requisito para acudir a instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En suma, López Obrador y su movimiento avanzan la agenda de los grandes retos nacionales, la cual tendrá que ser fortalecida sin sectarismos por los más amplios sectores democráticos y de izquierda.
Durante la tercera asamblea de la convención nacional democrática (CND) Andrés Manuel López Obrador (AMLO), después del golpe que significó el fraude de 2006, asume su responsabilidad como dirigente social sin la cortapisa que le significaba la contienda electoral. En primer lugar habló reiteradamente de un movimiento, prácticamente sin mencionar al Partido de la Revolución Democrática ni a procesos electorales recientes, y señaló: “lograremos la mejor organización ciudadana que se haya tenido en la historia del país” al referirse a la meta de lograr para el año próximo cinco millones de representantes del “gobierno legítimo”.
Abrió anunciando un enero negro a partir del aumento a las gasolinas y al diesel; los aumentos de impuestos por la llamada reforma fiscal, y la apertura de las fronteras para la importación de maíz y frijol que afectará a los productores nacionales. Y pronto enfiló sus baterías al anuncio de un plan para la defensa del petróleo en cuya amplia explicación llamó a las cosas por su nombre, refiriendo claramente las políticas del Fondo Monetario Internacional: “en los últimos 25 años, los gobiernos neoliberales han tratado con saña a las empresas públicas del sector energético, porque, reitero, siempre han buscado justificar o tener el pretexto para privatizar”.
Al desplegar las características del plan en defensa del petróleo señaló la necesidad de canalizar recursos para recuperar las tareas de exploración, la perforación de nuevos pozos, la construcción de tres nuevas refinerías y el mantenimiento a ductos e instalaciones petroleras. Para lograr estos fondos planteó que se reduzca el gasto corriente y de operación del gobierno federal, reducir a la mitad el sueldo de los altos funcionarios públicos de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Suprimir las partidas para el fondo de ahorro especial, gastos médicos mayores, pensiones a ex presidentes y bonos discrecionales para los altos funcionarios, así como muchos otros privilegios con que cuenta la alta burocracia. Sabe de lo que habla: aunque en otra escala, él aplicó estas medidas en el Distrito Federal, pero lo hizo en el contexto de un gobierno democrático con funcionarios públicos comprometidos en un proyecto.
Su propuesta muy probablemente será rechazada; basta recordar el pánico que vivieron en 2006 los tecnócratas que sentían en riesgo sus privilegios ante el inminente triunfo de López Obrador, o simplemente los regateos que hubo en días recientes en el Congreso de la Unión en torno a la definición de la cantidad que aportarían para los damnificados de Tabasco
El asunto de fondo es el relativo a detener la inserción de los inversionistas extranjeros en el sector energético, ésa es la madre de las batallas en la que tendrán que tejerse las más amplias alianzas. Terreno complejo, pero indispensable para fortalecer esa decisión. AMLO propuso integrar la Comisión Coordinadora para la Defensa del Petróleo, “encargada de organizar todo este proceso”. Si se abre, la comisión que se nombró, tendría que reflejar las alianzas o atenerse a la definición de otra instancia coordinadora. Lo que no parece factible es que una batalla por la soberanía nacional sea conducida sólo por la CND con sus propias fuerzas, aun con el liderazgo de AMLO.
Por otra parte, reiteró la resistencia civil pacífica en todo el país, “bajo tres criterios básicos: la no violencia, no afectar a terceros y poner en práctica medidas eficaces que realmente cumplan con el propósito de mantener el petróleo bajo el dominio de la nación”. Éste es otro terreno delicado, pues los linderos entre las acciones de resistencia y las no afectaciones a terceros son casi imperceptibles; sólo recordemos las marchas, así que tendría que problematizarse más aún y ubicarse de entrada dentro del derecho a la protesta social, cuyos costos son parte de la lucha por derechos fundamentales. De lo contrario, esos criterios así planteados se pueden convertir en vulnerables para el propio movimiento: o se inmovilizan o trivializan la protesta para respetarlos o abren la puerta a la política de criminalización de luchas sociales.
Fue además importante la referencia a los derechos humanos, la adhesión al Frente Nacional contra la Represión. Escuchamos el grito de AMLO: “Presos políticos, libertad”. Asimismo, respecto al caso Tabasco explicó que la denuncia penal interpuesta ante la PGR no es ninguna contradicción con aquello de “al diablo con sus instituciones”, pues aclaró que el caso lo amerita, ya que la PGR no es la última instancia y es el requisito para acudir a instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En suma, López Obrador y su movimiento avanzan la agenda de los grandes retos nacionales, la cual tendrá que ser fortalecida sin sectarismos por los más amplios sectores democráticos y de izquierda.
Oaxaca y los derechos humanos
Luis Hernández Navarro
Evencio Martínez es un funcionario público muy peculiar. Nacido en Silacayoapam, distrito de la Mixteca, presume de ser gran conocedor de los derechos humanos. Sin embargo, el procurador de Justicia de Oaxaca, ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ex director jurídico y de Gobierno y ex subsecretario de Gobierno, no tiene en muy alta estima a quienes los defienden. Según él, “las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos no tienen moral y no tienen ética. No son imparciales”.
Igual convicción tiene su subalterna Rosario Villalobos Rueda, subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno del Estado. De acuerdo con ella, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no merecen mucho crédito, porque “actúan presionadas por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos”. Quizás por eso la funcionaria defendió semanas atrás a la directora del Instituto San Felipe, acusada por los padres de un niño de prescolar, presuntamente violado en la institución escolar, de proteger a los pederastas.
Por supuesto, este desprecio de las autoridades oaxaqueñas por los derechos humanos y sus defensores no es exclusivo de quienes están encargados por ley de su defensa. Más bien, es una “cualidad” compartida por el conjunto de la administración pública, comenzando por el jefe del ejecutivo estatal.
A la llegada de Ulises Ruiz al gobierno de Oaxaca, los organismos civiles denunciaron que Jaime Mario Pérez Jiménez, anterior ombudsman, estaba identificado plenamente con el gobernador, de quien fue asesor jurídico cuando éste andaba en campaña electoral. Con su nombramiento, el gobierno del estado violó una serie de convenios y tratados internacionales y pasó por alto acuerdos internos en materia de organismos públicos defensores de derechos humanos. Su función quedó subordinada a los intereses del gobierno en turno.
No puede extrañar entonces la gran cantidad de informes que diversos organismos civiles de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros, han documentando sobre la gravedad de la situación en la entidad.
En la audiencia del Congreso de Estados Unidos sobre la Iniciativa Mérida, realizada el pasado 14 de noviembre, cuatro amigos de Brad Will (el documentalista asesinado hace un año en la tierra de Benito Juárez) interrumpieron la sesión para denunciar los abusos perpetrados en Oaxaca contra los luchadores sociales. Varios congresistas retomaron el asunto durante la sesión.
Entre los reportes elaborados a escala internacional destacan el producido por la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) luego de su quinta visita, del 16 de diciembre de 2006 al 20 de enero 2007. También el redactado por Amnistía Internacional, que luego de una larga investigación culminó con una misión entre el 31 de julio y el 7 de agosto. Asimismo, dos informes del Servicio Internacional de Paz, Oaxaca.
La situación es tan grave que la CIDH le ha dedicado tres audiencias especiales, más una visita de su presidente en el mes de agosto de 2007. Según este organismo, “la situación por la que atraviesa el estado de Oaxaca obedece a circunstancias y hechos de carácter estructural que han afectado derechos fundamentales de la población, particularmente de los pueblos indígenas, que se manifiestan, especialmente, en la impunidad, la inequidad, la exclusión social y la discriminación racial”.
El último capítulo de esta observación internacional de los derechos humanos en Oaxaca fue protagonizado por la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y la Obra Diacónica Alemana (ODA).
La CIJ es una organización no gubernamental internacional con sede en Ginebra. Fue creada en 1952. Se dedica a promover la comprensión y observancia del estado de derecho y la protección de los derechos humanos en todo el mundo. La integran 48 eminentes juristas de diferentes sistemas jurídicos en el mundo. Tiene estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, la UNESCO, el Consejo de Europa y la Organización de la Unidad Africana.
La ODA fue fundada en 1849 como misión interna de la Iglesia protestante. Su departamento de derechos humanos busca asistir a las víctimas de violaciones de estos derechos. Goza de estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU.
La Misión de la CIJ/ODA presentó las conclusiones de su trabajo de investigación la semana pasada en Oaxaca y la ciudad de México. Su informe advierte haber encontrado un verdadero clima de terror en la población. “Los abogados de derechos humanos –dice– insistieron en que no hay un mayor registro de violaciones a estos derechos porque la gente tiene miedo, más en las afueras que en el centro de la ciudad capital.”
Dos derechos, entre otros, fueron objeto de preocupación especial de la Misión por su incidencia en la negación de los demás: los derechos humanos a la justicia y a la seguridad. De acuerdo con su informe, “la violación del derecho a la justicia se ha traducido en la impunidad por la violación de los derechos a la vida, la integridad física y síquica, de la libertad de expresión y opinión; de reunión y de asociación, tanto por no garantizar su legítimo ejercicio, como por no sancionar sus trasgresiones, y la violación del derecho humano a la seguridad ha provocado una situación de precariedad derivada de atentados, amenazas, uso ilegítimo de la fuerza que deslegitima al poder público encargado de reconocerlo”.
El gobierno de Ulises Ruiz ha justificado su comportamiento esgrimiendo su obligación de proteger la seguridad de los ciudadanos de su entidad. Sin embargo, de acuerdo con la Misión, “hoy éstos viven con más inseguridad que en otros periodos de su historia, y ello se debe a un enfoque autoritario de seguridad, que no asume los dramas de una parte muy grande de la población del Estado”.
En Oaxaca, pues, no se respetan los derechos humanos. Pero esto no parece preocupar mucho a los poderes de la Unión y a buena parte de los medios de comunicación, que se alarman con las protestas ciudadanas contra el autoritarismo, pero guardan silencio frente a los abusos del sátrapa local.
Evencio Martínez es un funcionario público muy peculiar. Nacido en Silacayoapam, distrito de la Mixteca, presume de ser gran conocedor de los derechos humanos. Sin embargo, el procurador de Justicia de Oaxaca, ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ex director jurídico y de Gobierno y ex subsecretario de Gobierno, no tiene en muy alta estima a quienes los defienden. Según él, “las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos no tienen moral y no tienen ética. No son imparciales”.
Igual convicción tiene su subalterna Rosario Villalobos Rueda, subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno del Estado. De acuerdo con ella, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no merecen mucho crédito, porque “actúan presionadas por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos”. Quizás por eso la funcionaria defendió semanas atrás a la directora del Instituto San Felipe, acusada por los padres de un niño de prescolar, presuntamente violado en la institución escolar, de proteger a los pederastas.
Por supuesto, este desprecio de las autoridades oaxaqueñas por los derechos humanos y sus defensores no es exclusivo de quienes están encargados por ley de su defensa. Más bien, es una “cualidad” compartida por el conjunto de la administración pública, comenzando por el jefe del ejecutivo estatal.
A la llegada de Ulises Ruiz al gobierno de Oaxaca, los organismos civiles denunciaron que Jaime Mario Pérez Jiménez, anterior ombudsman, estaba identificado plenamente con el gobernador, de quien fue asesor jurídico cuando éste andaba en campaña electoral. Con su nombramiento, el gobierno del estado violó una serie de convenios y tratados internacionales y pasó por alto acuerdos internos en materia de organismos públicos defensores de derechos humanos. Su función quedó subordinada a los intereses del gobierno en turno.
No puede extrañar entonces la gran cantidad de informes que diversos organismos civiles de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros, han documentando sobre la gravedad de la situación en la entidad.
En la audiencia del Congreso de Estados Unidos sobre la Iniciativa Mérida, realizada el pasado 14 de noviembre, cuatro amigos de Brad Will (el documentalista asesinado hace un año en la tierra de Benito Juárez) interrumpieron la sesión para denunciar los abusos perpetrados en Oaxaca contra los luchadores sociales. Varios congresistas retomaron el asunto durante la sesión.
Entre los reportes elaborados a escala internacional destacan el producido por la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) luego de su quinta visita, del 16 de diciembre de 2006 al 20 de enero 2007. También el redactado por Amnistía Internacional, que luego de una larga investigación culminó con una misión entre el 31 de julio y el 7 de agosto. Asimismo, dos informes del Servicio Internacional de Paz, Oaxaca.
La situación es tan grave que la CIDH le ha dedicado tres audiencias especiales, más una visita de su presidente en el mes de agosto de 2007. Según este organismo, “la situación por la que atraviesa el estado de Oaxaca obedece a circunstancias y hechos de carácter estructural que han afectado derechos fundamentales de la población, particularmente de los pueblos indígenas, que se manifiestan, especialmente, en la impunidad, la inequidad, la exclusión social y la discriminación racial”.
El último capítulo de esta observación internacional de los derechos humanos en Oaxaca fue protagonizado por la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y la Obra Diacónica Alemana (ODA).
La CIJ es una organización no gubernamental internacional con sede en Ginebra. Fue creada en 1952. Se dedica a promover la comprensión y observancia del estado de derecho y la protección de los derechos humanos en todo el mundo. La integran 48 eminentes juristas de diferentes sistemas jurídicos en el mundo. Tiene estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, la UNESCO, el Consejo de Europa y la Organización de la Unidad Africana.
La ODA fue fundada en 1849 como misión interna de la Iglesia protestante. Su departamento de derechos humanos busca asistir a las víctimas de violaciones de estos derechos. Goza de estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU.
La Misión de la CIJ/ODA presentó las conclusiones de su trabajo de investigación la semana pasada en Oaxaca y la ciudad de México. Su informe advierte haber encontrado un verdadero clima de terror en la población. “Los abogados de derechos humanos –dice– insistieron en que no hay un mayor registro de violaciones a estos derechos porque la gente tiene miedo, más en las afueras que en el centro de la ciudad capital.”
Dos derechos, entre otros, fueron objeto de preocupación especial de la Misión por su incidencia en la negación de los demás: los derechos humanos a la justicia y a la seguridad. De acuerdo con su informe, “la violación del derecho a la justicia se ha traducido en la impunidad por la violación de los derechos a la vida, la integridad física y síquica, de la libertad de expresión y opinión; de reunión y de asociación, tanto por no garantizar su legítimo ejercicio, como por no sancionar sus trasgresiones, y la violación del derecho humano a la seguridad ha provocado una situación de precariedad derivada de atentados, amenazas, uso ilegítimo de la fuerza que deslegitima al poder público encargado de reconocerlo”.
El gobierno de Ulises Ruiz ha justificado su comportamiento esgrimiendo su obligación de proteger la seguridad de los ciudadanos de su entidad. Sin embargo, de acuerdo con la Misión, “hoy éstos viven con más inseguridad que en otros periodos de su historia, y ello se debe a un enfoque autoritario de seguridad, que no asume los dramas de una parte muy grande de la población del Estado”.
En Oaxaca, pues, no se respetan los derechos humanos. Pero esto no parece preocupar mucho a los poderes de la Unión y a buena parte de los medios de comunicación, que se alarman con las protestas ciudadanas contra el autoritarismo, pero guardan silencio frente a los abusos del sátrapa local.
Privatización energética: ¿por qué y para quién?
Claudia Sheinbaum Pardo
El gobierno de facto que encabeza Felipe Calderón, en alianza con dirigentes del PRI, se apresta a modificar diversas leyes, entre ellas la reglamentaria del artículo 27 constitucional para permitir la inversión privada en almacenamiento, transporte y explotación de petróleo en aguas profundas. Hablan de la necesidad de recursos privados en el sector petrolero, sin siquiera hacer una evaluación de cuáles han sido los resultados de la apertura al capital privado en el sector eléctrico, producidos por la reforma de 1992, a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.
De acuerdo con la información de la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE), 30 por ciento de la generación total de electricidad es producida por privados. Los efectos de esta privatización, además de la pérdida de soberanía, son los siguientes:
1. La electricidad que generan los privados es más cara que la generada por CFE. Esto es así, porque todos los kilovatios hora que generan los privados los adquiere CFE a un precio que tiene incluido los costos de endeudamiento, construcción, operación, mantenimiento y ganancias de los privados. Además de la ganancia, la triangulación de recursos vía los privados, resulta más cara para el país, pues el costo del financiamiento obtenido por ellos en el mercado internacional es mayor que el que obtendría la CFE. En realidad no son más que un intermediario costoso e innecesario.
2. El porcentaje de reserva de generación de electricidad ha llegado a representar más de 50 por ciento, cuando lo óptimo es 27 por ciento. Es decir, se han construido más plantas de las que el país necesita y todas a través de productores privados. Para operarlas, el país está importando gas, generando una electricidad que no necesitamos y que nos cuesta mucho más.
3. Por cumplir con los contratos con las empresas privadas, la CFE ha modificado el llamado despacho de carga, generando costos económicos, ambientales y humanos, como el reciente en el caso de Tabasco. El despacho de carga es en teoría el programa de entrada y salida de las plantas de generación, de acuerdo con la demanda, la disponibilidad y el precio de generación. Pero, por comprar electricidad a los privados, la CFE tiene plantas propias en su capacidad mínima de generación e incluso paradas. De esta forma, por ejemplo, a las hidroeléctricas que producen a menor costo (0.15 pesos el kilovatio-hora vs 0.60 de los privados) y menor contaminación atmosférica se les mantienen generando a un mínimo de capacidad, a pesar de que las presas estén funcionando por encima de su nivel de riesgo. Es decir, que la innecesaria “compra” de electricidad a los privados no sólo es 400 por ciento más cara que la generada por las hidroeléctricas de CFE, sino que además implica poner ese fraudulento negocio, por encima de la seguridad de la población, con las consecuencias que están a la vista.
Cuando promovieron el cambio a la ley eléctrica, el argumento era que “no había recursos para generar electricidad”. El resultado son mayores costos públicos, electricidad más cara y un amarrado negocio multimillonario de unos cuantos. Hoy utilizan el mismo trillado argumento para el petróleo, cuando lo que se propone, con el mismo esquema, es amarrar otro negocio de intermediación financiera que nos saldrá, de nuevo, mucho más caro.
Nos dicen esto cuando a todos los mexicanos les pertenece la segunda empresa petrolera con mayores ganancias del mundo antes de impuestos. No sólo debemos revertir lo que ha sucedido en el sector eléctrico, sino que es imperativo impedir que ocurra en Pemex.
El gobierno de facto que encabeza Felipe Calderón, en alianza con dirigentes del PRI, se apresta a modificar diversas leyes, entre ellas la reglamentaria del artículo 27 constitucional para permitir la inversión privada en almacenamiento, transporte y explotación de petróleo en aguas profundas. Hablan de la necesidad de recursos privados en el sector petrolero, sin siquiera hacer una evaluación de cuáles han sido los resultados de la apertura al capital privado en el sector eléctrico, producidos por la reforma de 1992, a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.
De acuerdo con la información de la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE), 30 por ciento de la generación total de electricidad es producida por privados. Los efectos de esta privatización, además de la pérdida de soberanía, son los siguientes:
1. La electricidad que generan los privados es más cara que la generada por CFE. Esto es así, porque todos los kilovatios hora que generan los privados los adquiere CFE a un precio que tiene incluido los costos de endeudamiento, construcción, operación, mantenimiento y ganancias de los privados. Además de la ganancia, la triangulación de recursos vía los privados, resulta más cara para el país, pues el costo del financiamiento obtenido por ellos en el mercado internacional es mayor que el que obtendría la CFE. En realidad no son más que un intermediario costoso e innecesario.
2. El porcentaje de reserva de generación de electricidad ha llegado a representar más de 50 por ciento, cuando lo óptimo es 27 por ciento. Es decir, se han construido más plantas de las que el país necesita y todas a través de productores privados. Para operarlas, el país está importando gas, generando una electricidad que no necesitamos y que nos cuesta mucho más.
3. Por cumplir con los contratos con las empresas privadas, la CFE ha modificado el llamado despacho de carga, generando costos económicos, ambientales y humanos, como el reciente en el caso de Tabasco. El despacho de carga es en teoría el programa de entrada y salida de las plantas de generación, de acuerdo con la demanda, la disponibilidad y el precio de generación. Pero, por comprar electricidad a los privados, la CFE tiene plantas propias en su capacidad mínima de generación e incluso paradas. De esta forma, por ejemplo, a las hidroeléctricas que producen a menor costo (0.15 pesos el kilovatio-hora vs 0.60 de los privados) y menor contaminación atmosférica se les mantienen generando a un mínimo de capacidad, a pesar de que las presas estén funcionando por encima de su nivel de riesgo. Es decir, que la innecesaria “compra” de electricidad a los privados no sólo es 400 por ciento más cara que la generada por las hidroeléctricas de CFE, sino que además implica poner ese fraudulento negocio, por encima de la seguridad de la población, con las consecuencias que están a la vista.
Cuando promovieron el cambio a la ley eléctrica, el argumento era que “no había recursos para generar electricidad”. El resultado son mayores costos públicos, electricidad más cara y un amarrado negocio multimillonario de unos cuantos. Hoy utilizan el mismo trillado argumento para el petróleo, cuando lo que se propone, con el mismo esquema, es amarrar otro negocio de intermediación financiera que nos saldrá, de nuevo, mucho más caro.
Nos dicen esto cuando a todos los mexicanos les pertenece la segunda empresa petrolera con mayores ganancias del mundo antes de impuestos. No sólo debemos revertir lo que ha sucedido en el sector eléctrico, sino que es imperativo impedir que ocurra en Pemex.
Según Latinobarómetro Calderón está solo en su optimismo
Carlos Fernández-Vega
Sólo 31% de mexicanos confía en la democracia y 24% en los partidos políticos
Que México “está en el rumbo correcto”, y el inquilino de Los Pinos está “satisfecho y contento” por el “rumbo claro y decidido”, y “los resultados hasta ahora alcanzados en materia de cambios que no se imaginaban apenas hace un año”. La evaluación, claro está, proviene del propio michoacano a casi un año de estancia en la residencia oficial.
Qué bueno que esté contento, pero su felicidad no coincide con la mayoría de los mexicanos que cada día se las ven más negras para sobrevivir y que, en resumen, no ven rumbo, claridad, decisión ni cambios, de acuerdo con los resultados del más reciente informe de Latinobarómetro, la ONG con sede en Santiago de Chile, que desde 1995 levanta encuestas en países (18 en esta ocasión) de América Latina para pulsar el sentir de sus habitantes en materia política, económica y social.
Que México “está en el rumbo correcto” se convierte en una frase hueca, cuando por los resultados del Latinobarómetro 2007 se conoce que sólo 31 por ciento de los mexicanos confía en la democracia, 37 por ciento en los resultados del gobierno (aunque en general la aprobación se eleva a 60 por ciento) y 46 por ciento en quien ocupa la primera silla de la nación. La evaluación del desempeño del inquilino de Los Pinos alcanzó 5.1 puntos, en una escala de 10.
Para el caso mexicano, Latinobarómetro 2007 ofrece la siguiente numeralia política, económica y social: el apoyo a la democracia en el país cayó 6 puntos porcentuales de 2006 (54 por ciento) a 2007 (48 por ciento), y la satisfacción con la democracia cayó 10 puntos porcentuales (de 41 a 31 por ciento, respectivamente) en el mismo lapso. El promedio latinoamericano es una caída de cuatro y un puntos porcentuales, en cada caso (en 13 de 18 países encuestados hay descensos en ambos indicadores; aumentos sólo en cinco), aunque 66 por ciento “apoya la democracia como el mejor sistema de gobierno”, contra 72 por ciento de promedio latinoamericano.
Sólo 29 por ciento de los mexicanos considera que el “gobierno actúa para el bien de todo el pueblo”, y apenas 24 por ciento “confía mucho o algo” en los partidos políticos.
Tan sólo 26 por ciento de los mexicanos cree que a largo plazo en su país habrá más igualdad ante la ley, 31 por ciento más democracia y 28 por ciento más corrupción. “Estas expectativas sobre la democracia son negativas e implican que la velocidad de cambio de ellas no ha sido la esperada en el pasado. Mientras la demanda de igualdad ante la ley y la demanda de disminución de la corrupción aumentan, observamos escepticismo respecto de su evolución”, precisa Latinobarómetro 2007, y apunta que 33 por ciento de los encuestados se declaró víctima de la corrupción en 2007, contra 26 por ciento en 2006.
Sólo 25 por ciento cree que “todos tienen iguales oportunidades de acceso a la justicia”. La percepción del acceso a la justicia es negativa y se requiere que ésta cambie antes que existan mayores niveles de confianza hacia ella.
Sólo 10 por ciento considera que “vivir aquí es cada día más seguro”. Por el contrario, 70 por ciento cree que “pueda llegar a ser víctima de un delito con violencia todo o casi todo el tiempo”, más “algunas veces”. Treinta y nueve por ciento reconoció “haber sido directamente, o tener algún pariente asaltado, agredido o víctima de un delito en los últimos 12 meses”.
Apenas 25 por ciento se mostró satisfecho con la economía. En 2007, el 69 por ciento de los mexicanos encuestados se manifestó preocupado “por quedar sin trabajo o estar desempleado durante los próximos 12 meses”, contra 37 por ciento en 2006.
Una minoría, el 16 por ciento de los mexicanos, consideró que la situación económica del país es “muy buena” o “más buena”, mientras 26 por ciento piensa que la situación económica del país será “mucho mejor/mejor” en 2008 con respecto a 2007, lo que implica una caída de 13 puntos porcentuales (de 39 a 26 por ciento) en relación al mismo sentir 2006-2007. De igual manera, 47 por ciento cree que la situación económica familiar será “mucho mejor/mejor” en 2008, contra 51 por ciento en la encuesta anterior (respuesta 2006 para 2007).
De los encuestados, 40 por ciento consideró que las privatizaciones de empresas públicas han sido “benéficas para el país” (contra 49 por ciento una década atrás); 60 por ciento que la economía de mercado “es la mejor para el país” (en 2002 fue de 66 por ciento); 52 por ciento que la economía de mercado “es el único sistema para ser desarrollado” (contra 73 por ciento en 2005).
El 26 por ciento opinó que el Estado puede resolver todos los problemas, mismo porcentaje que en 2005; 55 por ciento consideró que la empresa privada “es indispensable para el desarrollo del país” (en 2005 fue 56 por ciento, y 70 por ciento en 2004) y sólo 24 por ciento piensa que la distribución de la riqueza en el país es “muy justa-justa”.
Como se observa, el discurso de Los Pinos ni lejanamente coincide con el sentir de los mexicanos, de tal suerte que si mantienen el “rumbo correcto” de los últimos 25 años, el deterioro político, económico y social del país será cada vez mayor.
Las rebanadas del pastel
En el contexto latinoamericano, entre otras cosas, el mencionado reporte subraya: “el único consenso que se levanta en la región es sobre el Consenso de Washington, en sentido de que no sirvió para solucionar los problemas y que hay que buscar alternativas. Los resultados de 2007 marcan un punto de inflexión a ese respecto. La famosa frase del presidente Reagan que marca la imagen del Consenso de Washington (“El Estado es parte del problema, no parte de la solución”) ha quedado desmentida por la historia. En este informe se ve claramente cómo el Estado es parte de la solución, con un aumento de la demanda por más Estado y el desencanto de las bondades del mercado. Así como hay desencanto con la política, ahora vemos el desencanto con los poderes del mercado como fuente de desarrollo. Los pueblos demandan crecientemente de sus estados la solución a sus problemas. Las recetas de ayer no tuvieron el resultado exitoso prometido”.
Sólo 31% de mexicanos confía en la democracia y 24% en los partidos políticos
Que México “está en el rumbo correcto”, y el inquilino de Los Pinos está “satisfecho y contento” por el “rumbo claro y decidido”, y “los resultados hasta ahora alcanzados en materia de cambios que no se imaginaban apenas hace un año”. La evaluación, claro está, proviene del propio michoacano a casi un año de estancia en la residencia oficial.
Qué bueno que esté contento, pero su felicidad no coincide con la mayoría de los mexicanos que cada día se las ven más negras para sobrevivir y que, en resumen, no ven rumbo, claridad, decisión ni cambios, de acuerdo con los resultados del más reciente informe de Latinobarómetro, la ONG con sede en Santiago de Chile, que desde 1995 levanta encuestas en países (18 en esta ocasión) de América Latina para pulsar el sentir de sus habitantes en materia política, económica y social.
Que México “está en el rumbo correcto” se convierte en una frase hueca, cuando por los resultados del Latinobarómetro 2007 se conoce que sólo 31 por ciento de los mexicanos confía en la democracia, 37 por ciento en los resultados del gobierno (aunque en general la aprobación se eleva a 60 por ciento) y 46 por ciento en quien ocupa la primera silla de la nación. La evaluación del desempeño del inquilino de Los Pinos alcanzó 5.1 puntos, en una escala de 10.
Para el caso mexicano, Latinobarómetro 2007 ofrece la siguiente numeralia política, económica y social: el apoyo a la democracia en el país cayó 6 puntos porcentuales de 2006 (54 por ciento) a 2007 (48 por ciento), y la satisfacción con la democracia cayó 10 puntos porcentuales (de 41 a 31 por ciento, respectivamente) en el mismo lapso. El promedio latinoamericano es una caída de cuatro y un puntos porcentuales, en cada caso (en 13 de 18 países encuestados hay descensos en ambos indicadores; aumentos sólo en cinco), aunque 66 por ciento “apoya la democracia como el mejor sistema de gobierno”, contra 72 por ciento de promedio latinoamericano.
Sólo 29 por ciento de los mexicanos considera que el “gobierno actúa para el bien de todo el pueblo”, y apenas 24 por ciento “confía mucho o algo” en los partidos políticos.
Tan sólo 26 por ciento de los mexicanos cree que a largo plazo en su país habrá más igualdad ante la ley, 31 por ciento más democracia y 28 por ciento más corrupción. “Estas expectativas sobre la democracia son negativas e implican que la velocidad de cambio de ellas no ha sido la esperada en el pasado. Mientras la demanda de igualdad ante la ley y la demanda de disminución de la corrupción aumentan, observamos escepticismo respecto de su evolución”, precisa Latinobarómetro 2007, y apunta que 33 por ciento de los encuestados se declaró víctima de la corrupción en 2007, contra 26 por ciento en 2006.
Sólo 25 por ciento cree que “todos tienen iguales oportunidades de acceso a la justicia”. La percepción del acceso a la justicia es negativa y se requiere que ésta cambie antes que existan mayores niveles de confianza hacia ella.
Sólo 10 por ciento considera que “vivir aquí es cada día más seguro”. Por el contrario, 70 por ciento cree que “pueda llegar a ser víctima de un delito con violencia todo o casi todo el tiempo”, más “algunas veces”. Treinta y nueve por ciento reconoció “haber sido directamente, o tener algún pariente asaltado, agredido o víctima de un delito en los últimos 12 meses”.
Apenas 25 por ciento se mostró satisfecho con la economía. En 2007, el 69 por ciento de los mexicanos encuestados se manifestó preocupado “por quedar sin trabajo o estar desempleado durante los próximos 12 meses”, contra 37 por ciento en 2006.
Una minoría, el 16 por ciento de los mexicanos, consideró que la situación económica del país es “muy buena” o “más buena”, mientras 26 por ciento piensa que la situación económica del país será “mucho mejor/mejor” en 2008 con respecto a 2007, lo que implica una caída de 13 puntos porcentuales (de 39 a 26 por ciento) en relación al mismo sentir 2006-2007. De igual manera, 47 por ciento cree que la situación económica familiar será “mucho mejor/mejor” en 2008, contra 51 por ciento en la encuesta anterior (respuesta 2006 para 2007).
De los encuestados, 40 por ciento consideró que las privatizaciones de empresas públicas han sido “benéficas para el país” (contra 49 por ciento una década atrás); 60 por ciento que la economía de mercado “es la mejor para el país” (en 2002 fue de 66 por ciento); 52 por ciento que la economía de mercado “es el único sistema para ser desarrollado” (contra 73 por ciento en 2005).
El 26 por ciento opinó que el Estado puede resolver todos los problemas, mismo porcentaje que en 2005; 55 por ciento consideró que la empresa privada “es indispensable para el desarrollo del país” (en 2005 fue 56 por ciento, y 70 por ciento en 2004) y sólo 24 por ciento piensa que la distribución de la riqueza en el país es “muy justa-justa”.
Como se observa, el discurso de Los Pinos ni lejanamente coincide con el sentir de los mexicanos, de tal suerte que si mantienen el “rumbo correcto” de los últimos 25 años, el deterioro político, económico y social del país será cada vez mayor.
Las rebanadas del pastel
En el contexto latinoamericano, entre otras cosas, el mencionado reporte subraya: “el único consenso que se levanta en la región es sobre el Consenso de Washington, en sentido de que no sirvió para solucionar los problemas y que hay que buscar alternativas. Los resultados de 2007 marcan un punto de inflexión a ese respecto. La famosa frase del presidente Reagan que marca la imagen del Consenso de Washington (“El Estado es parte del problema, no parte de la solución”) ha quedado desmentida por la historia. En este informe se ve claramente cómo el Estado es parte de la solución, con un aumento de la demanda por más Estado y el desencanto de las bondades del mercado. Así como hay desencanto con la política, ahora vemos el desencanto con los poderes del mercado como fuente de desarrollo. Los pueblos demandan crecientemente de sus estados la solución a sus problemas. Las recetas de ayer no tuvieron el resultado exitoso prometido”.
El nuevo impuesto a los depósitos bancarios
Enrique Galván Ochoa
El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, espera que el año próximo se recaudarán 3 mil millones de pesos por concepto del nuevo impuesto a los depósitos bancarios que superen los 25 mil pesos mensuales y en efectivo. Lo que no se ha dicho es cómo y cuánto ganarán los bancos, sobre todo los grandes: Banamex, Bancomer, Santander, Banorte y HSBC. El quid está en el procedimiento: ¿dejará Hacienda que jineteen la recaudación varios días o semanas, y de ese modo cobren su servicio? A los banqueros no les gusta esta opción. Calculada sobre el 5 por ciento, sólo les dejaría alrededor de 150 millones al año. No es negocio. No hay que descartar que muchos clientes harán la operación chapulín: andarán brincando de uno a otro y al final del mes no tendrán saldo. La segunda opción es que Hacienda pague por el servicio de recaudación. Y éste costaría, tal vez, alrededor de mil 200 millones de pesos anuales. O sea que no se le ve gran futuro al nuevo impuesto, que supuestamente se aplicará a partir de julio, porque aparte se prevé un número importante de amparos. No será el primero que fracase, recuerden el famoso Renave.
e@Vox Populi
Asunto: un cadáver lleno de salud
Asiduo lector de La Jornada y de tu columna, soy ingeniero siempre ligado a las causas sociales del sector rural y me he cuestionado la efectividad de las giras de López Obrador, duda que ahora se me recrudece al ver los resultados de las elecciones en Puebla. Visitó todos sus municipios, sin embargo, el PRD, según cifras preliminares, obtuvo únicamente 3 por ciento de una votación donde triunfó el abstencionismo. ¿Han servido de algo los recorridos de López Obrador? Parece que no.
Carlos Manuel Castaños / Distrito Federal
Este cuestionamiento sobre las giras de López Obrador y su efectividad la tienen muchos, sin embargo, independientemente de las votaciones y el abstencionismo, hay una cuestión de máxima importancia: crear conciencia de la situación que vive México y el ánimo de que se pueden cambiar las cosas, y ésta es la función principal que tienen las giras y que puede no verse reflejada en las votaciones. Son cuestiones que toman tiempo en asimilarse tanto en la gente que acude a las reuniones como en la configuración de redes que comiencen a actuar en el sentido del cambio. Insisto, visitar a la gente de todos los municipios y llevarles información es en sí algo muy valioso, ahora si los resultados no se ven inmediatamente es porque los cambios toman más tiempo en darse. No se puede negar que a esa gente le hace muchísima falta que le lleven información y esperanza, el descalificarlo es otra vez querer hacer las cosas sin que la gente tenga la menor idea de que sucede. La politización toma mucho tiempo y ni modo.
Saludos desde la Sultana del Norte. Leí la información sobre la proyección de la película de Luis Mandoki en esta ciudad y por desgracia debo decirte que no tiene la afluencia esperada. Creo que los siguientes son los motivos: a) este fin de semana mucha gente viajó a la frontera a aprovechar los remates de ropa y otras mercancías del Día de Acción de Gracias en Laredo, Brownsville y Houston; b) a pesar de que no hubo una censura como se temía, Monterrey no ha dejado de ser “la cuna de la reacción”. Aquí la mayoría de los estudiantes universitarios tanto de instituciones públicas como privadas al único autor que han leído en su vida es a Carlos Cuauthémoc Sánchez.
Por último le sugiero al señor Mandoki que también incluya a nuestra ciudad en su gira de promoción.
Dr. Francisco J. Sepúlveda Cañamar / Monterrey
Aprovechando el escándalo provocado el domingo 18 de noviembre por el repique a vuelo de campanas durante 15 minutos, como si fuera Año Nuevo (soy testigo presencial, nos molestó a todos y contestamos las campanadas con el grito de siempre “¡Obrador, Obrador!”) en el momento en que Rosario Ibarra hablaba en el Zócalo, lo que empujó a unas cuántas personas molestas a introducirse en plan de protesta a la Catedral. Ayer, en el Canal 152 entre las 6 y 6:30 am, en el canal de Puebla de Sky, sección Buenos días, buenas noticias, un sacerdote católico-locutor, después de leer su versión de los hechos, llamó a los que él llama “cristianos escondidos” a que “salgan a defender a su Iglesia” y, peor aún, los retó a que “si no fueron capaces de defender la vida contra la ley del aborto, ahora es su deber defender a su Iglesia; salgan ya, cristianos escondidos”. Esto representa un llamado de la Iglesia a la violencia.
Martha León / Distrito Federal
Si Calderón se decide por la privatización de Pemex en su afán de consolidarse, ya que está más débil que un tuberculoso en artículo de muerte, lo que sucederá es que va a dar un gran impulso a Andrés Manuel, a quien no va detener nadie. Entonces sí el tal Calderón no va a querer queso...
Cristina Aguirre Beltrán / Puebla
R: Querid@s amig@s del Distrito Federal, Monterrey y Puebla: ¿se pusieron de acuerdo para documentar nuestra 20-novembrina depresión? En particular me movió a reflexión el comentario de Cristina: ¿de veras crees que Calderón está “más débil que un tuberculoso”? Veamos: tiene el mando del poder militar. Además, el control de la administración de la justicia y la injusticia –decide quién es culpable y quién es inocente (caso Fox)– mediante la PGR. Dispone sin restricciones de los elementos de la Secretaría de Seguridad y del aparato de espionaje del Cisen. Aparte, es el jefe de la primera fuerza del Congreso –la suma de los legisladores del PAN, Verde y Panal, y, cuando le conviene negociar, maquila servicios de los capos del PRI, Manlio Fabio y Gamboa. Cuenta con la sumisión de los gobernadores perredistas y priístas del corte de Leonel Godoy y Natividad González Parás. Está por asumir el control de su partido, con Germen, perdón, Germán Martínez como punta de lanza. Por lo demás, su alianza con el sector privado internacional y nacional está bien aceitadita (el regalo de Aeroméxico y los 30 mil millones de pesos para el Fobaproa en el presupuesto 2008). A pesar de la reforma electoral, prospera su modus operandi con las televisoras. Cuenta con los servicios del cardenal Campanita y la incurable división de la izquierda. Eso por no meternos en terrenos pantanosos como el presunto obscuro arreglo de altos funcionarios con los jefes del narcotráfico. Pero, sobre todo, controla la chequera del gobierno, con 2 billones y medio de pesos. ¿Le sigo? Entonces ¿para qué querría Calderón queso si la ratonera es una delicia?
El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, espera que el año próximo se recaudarán 3 mil millones de pesos por concepto del nuevo impuesto a los depósitos bancarios que superen los 25 mil pesos mensuales y en efectivo. Lo que no se ha dicho es cómo y cuánto ganarán los bancos, sobre todo los grandes: Banamex, Bancomer, Santander, Banorte y HSBC. El quid está en el procedimiento: ¿dejará Hacienda que jineteen la recaudación varios días o semanas, y de ese modo cobren su servicio? A los banqueros no les gusta esta opción. Calculada sobre el 5 por ciento, sólo les dejaría alrededor de 150 millones al año. No es negocio. No hay que descartar que muchos clientes harán la operación chapulín: andarán brincando de uno a otro y al final del mes no tendrán saldo. La segunda opción es que Hacienda pague por el servicio de recaudación. Y éste costaría, tal vez, alrededor de mil 200 millones de pesos anuales. O sea que no se le ve gran futuro al nuevo impuesto, que supuestamente se aplicará a partir de julio, porque aparte se prevé un número importante de amparos. No será el primero que fracase, recuerden el famoso Renave.
e@Vox Populi
Asunto: un cadáver lleno de salud
Asiduo lector de La Jornada y de tu columna, soy ingeniero siempre ligado a las causas sociales del sector rural y me he cuestionado la efectividad de las giras de López Obrador, duda que ahora se me recrudece al ver los resultados de las elecciones en Puebla. Visitó todos sus municipios, sin embargo, el PRD, según cifras preliminares, obtuvo únicamente 3 por ciento de una votación donde triunfó el abstencionismo. ¿Han servido de algo los recorridos de López Obrador? Parece que no.
Carlos Manuel Castaños / Distrito Federal
Este cuestionamiento sobre las giras de López Obrador y su efectividad la tienen muchos, sin embargo, independientemente de las votaciones y el abstencionismo, hay una cuestión de máxima importancia: crear conciencia de la situación que vive México y el ánimo de que se pueden cambiar las cosas, y ésta es la función principal que tienen las giras y que puede no verse reflejada en las votaciones. Son cuestiones que toman tiempo en asimilarse tanto en la gente que acude a las reuniones como en la configuración de redes que comiencen a actuar en el sentido del cambio. Insisto, visitar a la gente de todos los municipios y llevarles información es en sí algo muy valioso, ahora si los resultados no se ven inmediatamente es porque los cambios toman más tiempo en darse. No se puede negar que a esa gente le hace muchísima falta que le lleven información y esperanza, el descalificarlo es otra vez querer hacer las cosas sin que la gente tenga la menor idea de que sucede. La politización toma mucho tiempo y ni modo.
Saludos desde la Sultana del Norte. Leí la información sobre la proyección de la película de Luis Mandoki en esta ciudad y por desgracia debo decirte que no tiene la afluencia esperada. Creo que los siguientes son los motivos: a) este fin de semana mucha gente viajó a la frontera a aprovechar los remates de ropa y otras mercancías del Día de Acción de Gracias en Laredo, Brownsville y Houston; b) a pesar de que no hubo una censura como se temía, Monterrey no ha dejado de ser “la cuna de la reacción”. Aquí la mayoría de los estudiantes universitarios tanto de instituciones públicas como privadas al único autor que han leído en su vida es a Carlos Cuauthémoc Sánchez.
Por último le sugiero al señor Mandoki que también incluya a nuestra ciudad en su gira de promoción.
Dr. Francisco J. Sepúlveda Cañamar / Monterrey
Aprovechando el escándalo provocado el domingo 18 de noviembre por el repique a vuelo de campanas durante 15 minutos, como si fuera Año Nuevo (soy testigo presencial, nos molestó a todos y contestamos las campanadas con el grito de siempre “¡Obrador, Obrador!”) en el momento en que Rosario Ibarra hablaba en el Zócalo, lo que empujó a unas cuántas personas molestas a introducirse en plan de protesta a la Catedral. Ayer, en el Canal 152 entre las 6 y 6:30 am, en el canal de Puebla de Sky, sección Buenos días, buenas noticias, un sacerdote católico-locutor, después de leer su versión de los hechos, llamó a los que él llama “cristianos escondidos” a que “salgan a defender a su Iglesia” y, peor aún, los retó a que “si no fueron capaces de defender la vida contra la ley del aborto, ahora es su deber defender a su Iglesia; salgan ya, cristianos escondidos”. Esto representa un llamado de la Iglesia a la violencia.
Martha León / Distrito Federal
Si Calderón se decide por la privatización de Pemex en su afán de consolidarse, ya que está más débil que un tuberculoso en artículo de muerte, lo que sucederá es que va a dar un gran impulso a Andrés Manuel, a quien no va detener nadie. Entonces sí el tal Calderón no va a querer queso...
Cristina Aguirre Beltrán / Puebla
R: Querid@s amig@s del Distrito Federal, Monterrey y Puebla: ¿se pusieron de acuerdo para documentar nuestra 20-novembrina depresión? En particular me movió a reflexión el comentario de Cristina: ¿de veras crees que Calderón está “más débil que un tuberculoso”? Veamos: tiene el mando del poder militar. Además, el control de la administración de la justicia y la injusticia –decide quién es culpable y quién es inocente (caso Fox)– mediante la PGR. Dispone sin restricciones de los elementos de la Secretaría de Seguridad y del aparato de espionaje del Cisen. Aparte, es el jefe de la primera fuerza del Congreso –la suma de los legisladores del PAN, Verde y Panal, y, cuando le conviene negociar, maquila servicios de los capos del PRI, Manlio Fabio y Gamboa. Cuenta con la sumisión de los gobernadores perredistas y priístas del corte de Leonel Godoy y Natividad González Parás. Está por asumir el control de su partido, con Germen, perdón, Germán Martínez como punta de lanza. Por lo demás, su alianza con el sector privado internacional y nacional está bien aceitadita (el regalo de Aeroméxico y los 30 mil millones de pesos para el Fobaproa en el presupuesto 2008). A pesar de la reforma electoral, prospera su modus operandi con las televisoras. Cuenta con los servicios del cardenal Campanita y la incurable división de la izquierda. Eso por no meternos en terrenos pantanosos como el presunto obscuro arreglo de altos funcionarios con los jefes del narcotráfico. Pero, sobre todo, controla la chequera del gobierno, con 2 billones y medio de pesos. ¿Le sigo? Entonces ¿para qué querría Calderón queso si la ratonera es una delicia?
Petate neocristero
Julio Hernández López
¡Mi reino por un pretexto!
Negociar y acallar, el objetivo
“Libertades”, privilegios, fuero
A Norberto Rivera le urgía un pretexto para chantajear con medidas que tuviesen olor a neocristerismo. El pasado 7 de octubre magnificó un incidente menor de protesta en su contra hasta equiparar gritos, escupitajos y golpes a su automóvil con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo (desde aquel 1994, estableció la Arquidiócesis Primada, “no se había repetido un acto de violencia contra un cardenal de la Iglesia católica en México”).
El rodar de la camioneta en que Rivera salía de la Catedral capitalina había sido obstruido por un puñado de manifestantes que, con cartelones y a gritos, mencionaba las acusaciones de protección a pederastas y criticaba los planes clericales de buscar reformas a la Constitución, para tener más presencia política. “Sin embargo, el chofer del prelado les aventó la unidad y les provocó –según refirieron los manifestantes– lesiones, por lo que valoran presentar esta semana una denuncia contra el arzobispo”, escribió en La Jornada el reportero Gabriel León Zaragoza. Una de las afectadas, Julia Klug, de origen guatemalteco y naturalizada mexicana, presentó al día siguiente (a las 14:50 horas) una solicitud de averiguación previa (FCH/CUH-2I2/3403/0710) contra el ciudadano Rivera, pero éste, unas horas más tarde, desató una campaña informativa para solicitar protección policial y emplazar a las autoridades, sobre todo la capitalina, a garantizar el libre curso de los oficios religiosos de normatividad vaticana. La oportunidad fue aprovechada para acusar al PRD y a los miembros de la Resistencia Civil Pacífica de causar tales agravios a la institución eclesial y a uno de sus principales jefes. Hugo Valdemar, impreciso y ya varias veces desmentido vocero de la arquidiócesis primada de México, dijo aquel 7 de octubre que una posible responsable del “atentado” al señor Rivera podría ser la actriz y activista Jesusa Rodríguez, pues alguien le había dicho que la había “visto por allí”.
Ahora que en los cines del país aparece su imagen durante una reunión del grupo de presión política denominado “México” (¡oh, cuánta originalidad poética y sacrificio patrio!), en la que bendijo a Carlos Salinas de Gortari antes de que dueños de muy importantes capitales, poseedores de medios de comunicación y “líderes de opinión” civil y religiosa comenzaran a “hacer política”, Rivera Carrera ha dado un salto adelante en la estrategia de polarización que mediante el uso de los sentimientos religiosos populares pretende empujar reformas constitucionales que le den más “libertades” al clero (partidos políticos con explícita orientación confesional y derechos “ciudadanos”, para que sotanas con licencia puedan postularse a cargos de elección popular) y que restablezcan una especie informal de fuero eclesiástico que proteja a los personajes importantes de esa iglesia de los vaivenes y sinsabores que todo político en activo (y Norberto lo es clara y reincidentemente) padece cuando existen acusaciones en su contra que un segmento de la sociedad considera justas y bien fundamentadas.
Las campanadas catedralicias que buscan asustar con el petate del neocristerismo no tienen legitimidad social, porque quien jala el badajo no goza de verdadero respeto entre la base católica que encuentra a Norberto Rivera más en las páginas de “sociales”, en las crónicas de la elite política y en la nota roja política (en asuntos relacionados con pederastia) que en las causas espirituales. Norberto Rivera busca negociar y por ello lanza la amenaza de “cerrar” la Catedral, a sabiendas de que su controvertida persona no tiene autoridad moral para encabezar una guerra santa. En la provocación tendida cayeron personas genuinamente indignadas por el insólito tañer de más de diez minutos, mientras hablaba doña Rosario Ibarra de Piedra, y también los infiltrados del gobierno federal que no sólo informan sino también aprovechan para incitar y desbordar. Pero el clérigo duranguense sólo es una pieza de una baraja con experiencia milenaria, así es que al rescate y apoyo del cardenal en apuros llegó meses atrás un nuncio apostólico con espada política e ideológica desenvainada, el francés Christophe Pierre (representante papal en África, asentado desde 1999 en Uganda) que abiertamente está empujando para que en México haya más “libertad religiosa”.
Y hay, desde luego, otro cardenal en juego. Juan Sandoval Íñiguez, que desde Guadalajara ejerce un control real sobre la ultraderecha mexicana y que avanza sin obstáculos en la recolección de poder político, sobre todo en el propio estado de Jalisco, donde Emilio González Márquez funge como virtual monaguillo en el palacio de gobierno. Sandoval Íñiguez ha hecho postrarse ante él a la clase política local (desde luego, incluyendo eso llamado perredismo, con diputados locales legitimadores de homenajes y festejos al mencionado cardenal) y tiene extensiones sumisas en las oficinas de gobierno de Guanajuato y Morelos.
Astillas
Los abusos sexuales cometidos por directivos de los Legionarios de Cristo contra internos en sus seminarios eran difícilmente denunciables porque los jefes de las casas religiosas sólo permitían a los jóvenes reunirse con sus familias unas pocas veces al año y en condiciones implacables de vigilancia y hermetismo. Además, los Legionarios eran obligados a emitir un voto privado en el sentido de “nunca criticar hacia el exterior actos de gobierno o la persona de cualquier director o superior a través de la palabra, escrito o cualquier otro medio. Y, si se sabe por cierto que un religioso ha roto este compromiso, informar al inmediato superior”. Las restricciones y el voto privado (dos votos, en realidad) han sido abolidos por Benedicto XVI, según ha difundido la muy sacra y apostólica agencia oficial Notimex… Y, mientras Fraude: México 2006 sigue adelante, a pesar de bloqueos como el de MMC Cinemas, que “tiene una relación estrecha con el grupo Multimedios y Televisa”, según denuncia de Federico Arreola, ¡Hasta mañana, con la liberación de Horacio Sosa, hermano de Flavio, a seis días del primer aniversario del mayor enfrentamiento popular contra la PFP!
¡Mi reino por un pretexto!
Negociar y acallar, el objetivo
“Libertades”, privilegios, fuero
A Norberto Rivera le urgía un pretexto para chantajear con medidas que tuviesen olor a neocristerismo. El pasado 7 de octubre magnificó un incidente menor de protesta en su contra hasta equiparar gritos, escupitajos y golpes a su automóvil con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo (desde aquel 1994, estableció la Arquidiócesis Primada, “no se había repetido un acto de violencia contra un cardenal de la Iglesia católica en México”).
El rodar de la camioneta en que Rivera salía de la Catedral capitalina había sido obstruido por un puñado de manifestantes que, con cartelones y a gritos, mencionaba las acusaciones de protección a pederastas y criticaba los planes clericales de buscar reformas a la Constitución, para tener más presencia política. “Sin embargo, el chofer del prelado les aventó la unidad y les provocó –según refirieron los manifestantes– lesiones, por lo que valoran presentar esta semana una denuncia contra el arzobispo”, escribió en La Jornada el reportero Gabriel León Zaragoza. Una de las afectadas, Julia Klug, de origen guatemalteco y naturalizada mexicana, presentó al día siguiente (a las 14:50 horas) una solicitud de averiguación previa (FCH/CUH-2I2/3403/0710) contra el ciudadano Rivera, pero éste, unas horas más tarde, desató una campaña informativa para solicitar protección policial y emplazar a las autoridades, sobre todo la capitalina, a garantizar el libre curso de los oficios religiosos de normatividad vaticana. La oportunidad fue aprovechada para acusar al PRD y a los miembros de la Resistencia Civil Pacífica de causar tales agravios a la institución eclesial y a uno de sus principales jefes. Hugo Valdemar, impreciso y ya varias veces desmentido vocero de la arquidiócesis primada de México, dijo aquel 7 de octubre que una posible responsable del “atentado” al señor Rivera podría ser la actriz y activista Jesusa Rodríguez, pues alguien le había dicho que la había “visto por allí”.
Ahora que en los cines del país aparece su imagen durante una reunión del grupo de presión política denominado “México” (¡oh, cuánta originalidad poética y sacrificio patrio!), en la que bendijo a Carlos Salinas de Gortari antes de que dueños de muy importantes capitales, poseedores de medios de comunicación y “líderes de opinión” civil y religiosa comenzaran a “hacer política”, Rivera Carrera ha dado un salto adelante en la estrategia de polarización que mediante el uso de los sentimientos religiosos populares pretende empujar reformas constitucionales que le den más “libertades” al clero (partidos políticos con explícita orientación confesional y derechos “ciudadanos”, para que sotanas con licencia puedan postularse a cargos de elección popular) y que restablezcan una especie informal de fuero eclesiástico que proteja a los personajes importantes de esa iglesia de los vaivenes y sinsabores que todo político en activo (y Norberto lo es clara y reincidentemente) padece cuando existen acusaciones en su contra que un segmento de la sociedad considera justas y bien fundamentadas.
Las campanadas catedralicias que buscan asustar con el petate del neocristerismo no tienen legitimidad social, porque quien jala el badajo no goza de verdadero respeto entre la base católica que encuentra a Norberto Rivera más en las páginas de “sociales”, en las crónicas de la elite política y en la nota roja política (en asuntos relacionados con pederastia) que en las causas espirituales. Norberto Rivera busca negociar y por ello lanza la amenaza de “cerrar” la Catedral, a sabiendas de que su controvertida persona no tiene autoridad moral para encabezar una guerra santa. En la provocación tendida cayeron personas genuinamente indignadas por el insólito tañer de más de diez minutos, mientras hablaba doña Rosario Ibarra de Piedra, y también los infiltrados del gobierno federal que no sólo informan sino también aprovechan para incitar y desbordar. Pero el clérigo duranguense sólo es una pieza de una baraja con experiencia milenaria, así es que al rescate y apoyo del cardenal en apuros llegó meses atrás un nuncio apostólico con espada política e ideológica desenvainada, el francés Christophe Pierre (representante papal en África, asentado desde 1999 en Uganda) que abiertamente está empujando para que en México haya más “libertad religiosa”.
Y hay, desde luego, otro cardenal en juego. Juan Sandoval Íñiguez, que desde Guadalajara ejerce un control real sobre la ultraderecha mexicana y que avanza sin obstáculos en la recolección de poder político, sobre todo en el propio estado de Jalisco, donde Emilio González Márquez funge como virtual monaguillo en el palacio de gobierno. Sandoval Íñiguez ha hecho postrarse ante él a la clase política local (desde luego, incluyendo eso llamado perredismo, con diputados locales legitimadores de homenajes y festejos al mencionado cardenal) y tiene extensiones sumisas en las oficinas de gobierno de Guanajuato y Morelos.
Astillas
Los abusos sexuales cometidos por directivos de los Legionarios de Cristo contra internos en sus seminarios eran difícilmente denunciables porque los jefes de las casas religiosas sólo permitían a los jóvenes reunirse con sus familias unas pocas veces al año y en condiciones implacables de vigilancia y hermetismo. Además, los Legionarios eran obligados a emitir un voto privado en el sentido de “nunca criticar hacia el exterior actos de gobierno o la persona de cualquier director o superior a través de la palabra, escrito o cualquier otro medio. Y, si se sabe por cierto que un religioso ha roto este compromiso, informar al inmediato superior”. Las restricciones y el voto privado (dos votos, en realidad) han sido abolidos por Benedicto XVI, según ha difundido la muy sacra y apostólica agencia oficial Notimex… Y, mientras Fraude: México 2006 sigue adelante, a pesar de bloqueos como el de MMC Cinemas, que “tiene una relación estrecha con el grupo Multimedios y Televisa”, según denuncia de Federico Arreola, ¡Hasta mañana, con la liberación de Horacio Sosa, hermano de Flavio, a seis días del primer aniversario del mayor enfrentamiento popular contra la PFP!
Tabasco: varias emergencias
Editorial
El secretario federal de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, advirtió ayer, en referencia a la situación sanitaria de Tabasco, que “lo peor está por venir”, y señaló el grave riesgo de un brote epidémico a raíz de las condiciones de insalubridad producto de la reciente inundación de la mayor parte del estado. En efecto, al retirarse las aguas, la capital tabasqueña y otras localidades de la entidad quedaron cubiertas por la enorme cantidad de basura en que se convirtieron la mayor parte de los objetos y enseres que había en casas y comercios. A ello se agrega que persiste la escasez de agua potable y el hecho de que la mayor parte de la población de las zonas afectadas estuvo en contacto con aguas contaminadas. Asimismo, hay todavía colonias anegadas y, lo más grave, las deficiencias de la infraestructura hidráulica que propiciaron la tragedia todavía no han sido subsanadas, por lo que persiste el peligro de nuevas inundaciones, como lo advirtió antier el gobernador del estado, Andrés Granier.
A tal escenario de contingencia, de por sí alarmante, debe agregarse la catástrofe económica que se abate sobre los tabasqueños: la agricultura del estado se arruinó en su totalidad; la ganadería y la avicultura sufrieron pérdidas casi totales; el comercio y los servicios están colapsados en Villahermosa y otras localidades tabasqueñas por la pérdida de inventarios e instalaciones. La masiva eliminación de puestos de trabajo que esto implica hará mucho más ardua la recuperación para decenas de miles de familia que perdieron todas o casi todas sus pertenencias. Todo ello, además de la destrucción causada por la inundación en la infraestructura del estado. De golpe, Tabasco se encuentra con que tiene menos clínicas, escuelas y caminos que hace un mes.
Sin duda, lo más urgente es seguir asistiendo con alimentos, medicinas y vestido a la población tabasqueña, impedir que sea víctima de epidemias causadas por la insalubridad imperante y atajar a toda costa los riesgos derivados de una nueva subida de las aguas de los ríos Grijalva y Carrizal. Resulta imperativo que la sociedad mexicana mantenga el esfuerzo solidario que ha venido realizando para auxiliar a los habitantes de Tabasco, que la ayuda del resto del país siga fluyendo hacia la devastada entidad y que se redoble la fiscalización para asegurar que no haya desvíos, acaparamientos o usos indebidos o facciosos de la asistencia humanitaria.
Al mismo tiempo, es necesario mantener la exigencia de que se esclarezca y castigue, en su caso, la responsabilidad de los diversos funcionarios y ex funcionarios federales y estatales que, según la información disponible, supieron del riesgo de una inundación catastrófica como la que ocurrió y no hicieron nada para evitarla.
A la larga, no hay otra manera de impedir que se repita una cadena de errores, omisiones, corruptelas e indolencias tan desastrosa como la que antecedió a la inundación en Tabasco. De nada ayuda, en este sentido, el empeño del Ejecutivo federal por atribuir la catástrofe al cambio climático o a las fases de la luna. Tales afirmaciones, que recuerdan la “gastritis no atendida” esgrimida hace unos meses por Felipe Calderón para explicar la muerte de Ernestina Ascensión Rosario, no sólo resultan ofensivas para los afectados, sino que contribuyen a degradar la institución presidencial.
En suma, a la emergencia sanitaria de esta hora debe agregarse el colapso económico, que se agudizará conforme transcurra el tiempo, y un descrédito institucional que hasta el momento ni siquiera ha sido reconocido por los gobernantes, y que se hace evidente con los intentos por ocultar la gravedad de la situación.
Más allá de la tragedia, en Tabasco se ha puesto de manifiesto una crisis, es decir, una oportunidad de cambio para un modelo de gobierno que, al margen de alternancias y de cambios cosméticos, sigue siendo el mismo de siempre en su desinterés por el bienestar y la seguridad de la población.
El secretario federal de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, advirtió ayer, en referencia a la situación sanitaria de Tabasco, que “lo peor está por venir”, y señaló el grave riesgo de un brote epidémico a raíz de las condiciones de insalubridad producto de la reciente inundación de la mayor parte del estado. En efecto, al retirarse las aguas, la capital tabasqueña y otras localidades de la entidad quedaron cubiertas por la enorme cantidad de basura en que se convirtieron la mayor parte de los objetos y enseres que había en casas y comercios. A ello se agrega que persiste la escasez de agua potable y el hecho de que la mayor parte de la población de las zonas afectadas estuvo en contacto con aguas contaminadas. Asimismo, hay todavía colonias anegadas y, lo más grave, las deficiencias de la infraestructura hidráulica que propiciaron la tragedia todavía no han sido subsanadas, por lo que persiste el peligro de nuevas inundaciones, como lo advirtió antier el gobernador del estado, Andrés Granier.
A tal escenario de contingencia, de por sí alarmante, debe agregarse la catástrofe económica que se abate sobre los tabasqueños: la agricultura del estado se arruinó en su totalidad; la ganadería y la avicultura sufrieron pérdidas casi totales; el comercio y los servicios están colapsados en Villahermosa y otras localidades tabasqueñas por la pérdida de inventarios e instalaciones. La masiva eliminación de puestos de trabajo que esto implica hará mucho más ardua la recuperación para decenas de miles de familia que perdieron todas o casi todas sus pertenencias. Todo ello, además de la destrucción causada por la inundación en la infraestructura del estado. De golpe, Tabasco se encuentra con que tiene menos clínicas, escuelas y caminos que hace un mes.
Sin duda, lo más urgente es seguir asistiendo con alimentos, medicinas y vestido a la población tabasqueña, impedir que sea víctima de epidemias causadas por la insalubridad imperante y atajar a toda costa los riesgos derivados de una nueva subida de las aguas de los ríos Grijalva y Carrizal. Resulta imperativo que la sociedad mexicana mantenga el esfuerzo solidario que ha venido realizando para auxiliar a los habitantes de Tabasco, que la ayuda del resto del país siga fluyendo hacia la devastada entidad y que se redoble la fiscalización para asegurar que no haya desvíos, acaparamientos o usos indebidos o facciosos de la asistencia humanitaria.
Al mismo tiempo, es necesario mantener la exigencia de que se esclarezca y castigue, en su caso, la responsabilidad de los diversos funcionarios y ex funcionarios federales y estatales que, según la información disponible, supieron del riesgo de una inundación catastrófica como la que ocurrió y no hicieron nada para evitarla.
A la larga, no hay otra manera de impedir que se repita una cadena de errores, omisiones, corruptelas e indolencias tan desastrosa como la que antecedió a la inundación en Tabasco. De nada ayuda, en este sentido, el empeño del Ejecutivo federal por atribuir la catástrofe al cambio climático o a las fases de la luna. Tales afirmaciones, que recuerdan la “gastritis no atendida” esgrimida hace unos meses por Felipe Calderón para explicar la muerte de Ernestina Ascensión Rosario, no sólo resultan ofensivas para los afectados, sino que contribuyen a degradar la institución presidencial.
En suma, a la emergencia sanitaria de esta hora debe agregarse el colapso económico, que se agudizará conforme transcurra el tiempo, y un descrédito institucional que hasta el momento ni siquiera ha sido reconocido por los gobernantes, y que se hace evidente con los intentos por ocultar la gravedad de la situación.
Más allá de la tragedia, en Tabasco se ha puesto de manifiesto una crisis, es decir, una oportunidad de cambio para un modelo de gobierno que, al margen de alternancias y de cambios cosméticos, sigue siendo el mismo de siempre en su desinterés por el bienestar y la seguridad de la población.
Boletín Informativo ISA núm 267
http://serviciodenoticiasisa
Sumario:
I. Desaprueba el gobierno legítimo la interrupción del acto político de la CND mediante el insistente repicar de las campanas, así como la irrupción en la Catedral Metropolitana.
II. La revolución fracasada, por Alejandro Encinas Rodríguez.
III. Reanudará López Obrador sus recorridos semanales, visitando 18 municipios en Hidalgo y Baja California Sur.
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DESAPRUEBA EL GOBIERNO LEGÍTIMO LA INTERRUPCIÓN DEL ACTO POLÍTICO DE LA CND MEDIANTE EL INSISTENTE REPICAR DE LAS CAMPANAS, ASÍ COMO LA IRRUPCIÓN EN LA CATEDRAL METROPOLITANA
Como han informado ampliamente y por lo general de manera tendenciosa los grandes medios, durante la pasada Asamblea de la Convención Nacional Democrática, en el momento en que la senadora Rosario Ibarra se dirigía a los convencionistas, las campanas de la Catedral Metropolitana empezaron a repicar y lo hicieron de manera insistente durante más de 10 minutos, lo que provocó que un grupo de personas decidiera irrumpir en la Catedral y protestar por lo que fue considerado una interrupción intencional del acto político que se realizaba en la plancha del Zócalo.
El día de ayer, el gobierno legítimo de México emitió la siguiente declaración sobre dichos acontecimientos.
El secretario de Relaciones Políticas, José Agustín Ortiz Pinchetti, fijó la posición del gobierno legítimo de México sobre los acontecimientos ocurridos el día de ayer.
La posición del movimiento político que encabeza Andrés Manuel López Obrador, como ha sido demostrado en las condiciones más adversas, es de defensa de los métodos pacíficos. Nada que pueda afectar la paz. Nada que pueda afectar derechos de terceros. Ha habido y seguirá habiendo una congruencia completa con nuestro compromiso con la paz.
El movimiento es respetuoso de todas las libertades y, desde luego, de la libertad religiosa. En él participan católicos, protestantes, librepensadores y miembros de todas las religiones. El respeto a la libertad religiosa es y seguirá siendo absoluto.
El día de ayer hubo, sin embargo, una irrupción que interrumpió un acto de culto en la Catedral Metropolitana. El movimiento desaprueba por completo esa reacción por parte de un pequeño grupo, cuya identidad política habrá que confirmar.
En todo caso, podría entenderse que esta reacción fue producto de lo que la asamblea observó como una interrupción deliberada de su acto político, al sonar por 12 minutos, con toda su fuerza, las campanas de la Catedral. En todo caso, de todas maneras, no debió ser ésa la reacción de quienes participaron en ese acto.
Más allá de esta circunstancia, sí nos interesa dejar asentado con toda claridad que este hecho sirvió para ocultar el mensaje político fundamental del acto: la oposición completa a cualquier intento de privatización del petróleo por parte de Felipe Calderón.
También, nos interesa advertir que, en las últimas semanas, hemos percibido una intención franca de provocación por parte del gobierno federal. Les preocupa la denuncia sobre Tabasco, la película de Luis Mandoki e, insistimos, nuestra posición firme sobre el petróleo. Nosotros proseguiremos con nuestra lucha política pacífica y respetuosa de las libertades.
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LA REVOLUCIÓN FRACASADA
por Alejandro Encinas Rodríguez
(publicado en El Universal, el 20 de noviembre de 2007)
El país se encamina a la conmemoración del primer centenario de la Revolución Mexicana. Distintas instituciones disponen el festín para honrar la primera revolución social del siglo XX. Sin embargo, a 97 años del inicio de tal gesta, cabe compartir una reflexión respecto a las causas que motivaron la insurrección que dio lugar a la conformación del Estado mexicano y al llamado “México moderno”.
En el México de entonces prevalecía una profunda segmentación social y una gran concentración del ingreso. El 79% de la población vivía en las zonas rurales, registrando considerables niveles de pobreza. Once mil haciendas concentraban 57% del territorio nacional, mientras 15 millones de campesinos, es decir, 95% de las familias rurales, carecían de tierra.
Los hacendados mexicanos partían del principio del derecho natural a la propiedad privada e imponían inhumanas condiciones de servidumbre en las haciendas, con largas jornadas de trabajo, empleo infantil y las conocidas tiendas de raya.
La emigración de un importante sector de la población rural a las ciudades y a los centros mineros motivó, como señala Alicia Hernández Chávez, que “la cuestión social de corte rural (se trasladara) a estos nuevos poblamientos, cuando las demandas sociales de jornaleros, aparceros y pequeños propietarios se vinculan sobre el derecho a la propiedad y el ejercicio real de sus derechos políticos”.
Ello encuentra un caldo de cultivo favorable a la revuelta social, en las lamentables condiciones laborales en las ciudades y en la industria, carentes de toda regulación y protección social, lo que da cauce a movimientos reivindicativos que culminan en huelgas, como las de Cananea y Río Blanco, que confrontan además un régimen profundamente autoritario que las reprime brutalmente.
De los reclamos contra la situación agraria y sindical, se da paso a la censura contra el caciquismo y la falta de democracia, lo que aunado al movimiento antirreeleccionista de Madero y de vastos sectores medios de la población, precipitó el movimiento armado.
La Revolución Mexicana, señala Lorenzo Meyer, “terminó por proponer para México la construcción de un orden no liberal, de una economía no enteramente supeditada a los dictados del mercado... que dio lugar a la ‘economía mixta’ de la posrevolución, así como a sus políticas sociales, la cual nunca cumplió realmente con la promesa del discurso revolucionario”, quizá con la sola excepción del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas.
Noventa y siete años después, nuestro país se ha transformado profundamente y, al mismo tiempo, no han cambiado en lo sustancial las condiciones de vida de la mayor parte de los mexicanos.
Si bien el México rural quedó atrás y la mayor parte de la población vive en 55 zonas metropolitanas y otras ciudades, la situación del campo es lamentable, la reforma al artículo 27 constitucional, lejos de modernizar la economía rural, alentó el arrendamiento de tierras. El desmantelamiento de las instituciones públicas de fomento al desarrollo rural trajo consigo el abandono del campo; la expulsión de millones de campesinos a las ciudades y al extranjero; la pérdida de la autosuficiencia alimentaria y la proliferación del cultivo de drogas.
Más de 20 millones de mexicanos han emigrado a Estados Unidos. Las remesas que éstos envían rondan la cifra de los 25 mil millones de dólares anuales.
La concentración del ingreso es descomunal. De acuerdo con información del INEGI, en 2006, 60% de la población con menores ingresos percibió 27.6% de los ingresos, mientras 10% de la población con mayores recursos concentró 35.7% de los ingresos totales.
La propia Secretaría de Hacienda reconoció este año que el 1% de la población más pobre del país percibe 1.1% del ingreso total, mientras que 10% de los habitantes más acomodados concentra 39.6% de los ingresos.
Aunado a ello, el enrarecido clima político que prevalece en el país, la falta de legitimidad del actual régimen, el mantenimiento de un sistema de privilegios fiscales para los grupos de mayores ingresos, el desmantelamiento del ya precario entramado institucional que sustentó las conquistas sociales emanadas de la Revolución, así como el intento por privatizar bienes fundamentales de la nación, crean un escenario de incertidumbre.
No hay que olvidar lo señalado por Edward P. Thompson al analizar las revoluciones en Europa: “La miseria, el hambre misma no es suficiente para explicar la reacción violenta y destructiva de los grupos populares. Para que esa violencia social estallase, se necesitaba, además, otro elemento: la convicción de que los de arriba habían decidido romper el pacto de solidaridad mínima existente con los de abajo”.
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REANUDARÁ LÓPEZ OBRADOR SUS RECORRIDOS SEMANALES, VISITANDO 18 MUNICIPIOS EN HIDALGO Y BAJA CALIFORNIA SUR
Con una gira que se realizará del jueves 22 al domingo 25 de noviembre, Andrés Manuel López Obrador reanudará esta semana sus recorridos por municipios del país, esta vez visitando los estados de Hidalgo y Baja California Sur.
Al respecto, cabe recordar lo dicho por el presidente legítimo de México el pasado día 18, cuando informó a los asistentes a la Tercera Asamblea de la Convención Nacional Democrática que hasta el momento ha visitado y llevado a cabo asambleas en mil 9 municipios, y que han aceptado el compromiso de formar parte del gobierno que él encabeza más de un millón 700 mil ciudadanos.
Asimismo, indicó en dicha ocasión que a finales del 2008, terminará de recorrer los 2 mil 500 municipios del país y espera contar para entonces con la participación de 5 millones de representantes del gobierno legítimo de México.
El plan de actividades de la que será su quincuagésima primera gira en lo que va de este 2007, es el siguiente:
Jueves 22 de noviembre de 2007
10:00 horas Mitin en Tepeji de Ocampo
11:15 horas Mitin en Atotonilco de Tula
12:30 horas Mitin en Atitalaquia
13:45 horas Mitin en Tlaxcoapan
14:50 horas Mitin en Tetepango
17:00 horas Mitin en Ajacuba
18:15 horas Mitin en Tlahuelilpan
Viernes 23 de noviembre de 2007
0:00 horas Mitin en Tezontepec de Aldama
11:10 horas Mitin en Mixquiahuala
12:15 horas Mitin en Progreso
13:20 horas Mitin en Tepatepec
14:30 horas Mitin en San Salvador
16:30 horas Mitin en Actopan
Sábado 24 de noviembre de 2007
11:00 horas Mitin en Santa Rosalía
14:00 horas Mitin en Loreto
17:30 horas Mitin en Ciudad Constitución
Domingo 25 de noviembre de 2007
11:00 horas Mitin en San José del Cabo
17:00 horas Mitin en La Paz
Visión Tridimensional (Nuevo blog)
VISIÓN TRIDIMENSIONAL
Mi primer Blog, "Informativo Triple V", se ha abocado principalmente a las cuestiones socio-económico-políticas … Mi segundo Blog, "Universidad de la IV República", ha intentado aportar en torno a los temas de Educación, Ciencias-Medicina y Psicología… Mi reciente tercer Blog, " Resistencia Espiritual", ha comenzado a invitar a la reflexión sobre los Valores y la Espiritualidad…
Este cuarto Blog que hoy comienza y que les invito a conocer, "Visión Tridimensional", buscará abordar y disfrutar los temas del Arte y de la Filosofía…
Siete colores del Arco Iris… Siete acercamientos diferentes y complementarios para la plena comprensión y transformación de la Realidad en México y el mundo… Siete temas fundamentales e interrelacionados en nuestros esfuerzos por construir un México, un Mundo , un Universo verdaderamente para todos…
Hoy comenzamos con un tema introductorio acerca de la Filosofía. ¡Que lo disfruten!...
VISIÓN TRIDIMENSIONAL (Parte 1)
Son tres los grandes temas de la Filosofía: el Ser (Metafísica), el Conocer (Epistemología o Teoría del Conocimiento) y el Hacer (Ética o Axiología)... Tres temas que están íntimamente relacionados, estrechamente unidos, y que, en cierto modo, no pueden "ser", ni "conocer", ni "hacer" el uno sin el otro...
El primer tema con el que arrancamos las reflexiones de este Blog en el campo de lo filosófico tiene que ver, sobre todo, con la Epistemología... "Visión Tridimensional" es un tema sobre el conocimiento integral e integrado que no descarta ningún modo de acercamiento a la realidad y que, por el contrario, busca asumir e integrar toda postura epistemológica que nos acerque al verdadero "ser", al verdadero "conocer" y al auténtico "hacer"...
Nuestro deseo e invitación es a reflexionar JUNTOS... A compartir Sofía-Sabiduría... A escuchar y dar cauce al pensamiento, a la palabra y a la vida... Y, así... a ir SIENDO... a ir SABIENDO... a ir TRANSFORMANDO la realidad...
Esta es una Introducción a la Filosofía y al Método Filosófico, cuyo fundamento y frutos no son principalmente las teorías y enseñanzas sino las " experiencias"... Las teorías y enseñanzas no todos pueden comprenderlas, y por diversas razones, pero las "experiencias" consiguen a todos, sin e xcepción, desde la comprensión básica y fundamental hasta la más vasta y pr ofunda, de una teoría o enseñanza...
No existe un título apropiado para este tema introductorio... Lo he titulado " Visión Tridimensional" porque había que escoger un título, el que menos confusiones pudiera producir, el que pudiera ser más abierto y flexible. Pero igual, por razones de lenguaje, es un título insuficiente... Nuestro lenguaje y el lenguaje de cualq uier idioma es siempre parcial e insuficiente para expresar la complejidad, la trascendencia, el misterio, la verdad de lo real...
1) Existe la VISIÓN FÍSICA (o "exterior", o "material", o "corporal")... Se trata de la mirada que percibe la realidad, o algunos aspectos de la realidad, con los sentidos... Especialmente con el sentido de la vista y con el sentido del oído, pero también pueden intervenir en la "mirada física" el resto de nuestros sentidos: el sentido del gusto, el sentido del olfato y el sentido del tacto...
2) Existe la VISIÓN INSTINTIVA (o "inconsciente", o "preconsciente", o "de la memoria", o "de los riñones", o "de la carne", o "ecológica", o "natural", o "animal", o "irracional", o "de las sombras", o "de la oscuridad")... Se trata de la mirada que percibe la realidad, o algunos aspectos de la realidad, con la parte humana "no racional" (que incluye especialmente la memoria genética, corporal y del inconsciente personal y colectivo)...
Si deseas ver el artículo completo da click AQUÍ Álvaro, Artesano en Resistencia
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