Pedro Echeverría V.
1. Las reformas propuestas por el presidente ilegítimo Felipe Calderón en materia de procuración de justicia y justicia penal, que se debatirán en el pleno de la Cámara de Diputados el día de hoy (mismas que plantean la posibilidad de que las corporaciones policíacas accedan a domicilios sin una orden judicial) fueron recibidas con “temor” por especialistas, porque “nos llevarían a vivir en un Estado policiaco e inquisitorial”. Los juristas exhortaron a los legisladores a “pensar dos veces” antes de aprobar la propuesta de reforma constitucional en los términos planteados por el presidente Felipe Calderón, ya que “lo único que están haciendo es favorecer la ineficiencia del Ministerio Público (MP) y de nuestras policías, que no están a la altura de los cambios”. Aunque eliminen algunos párrafos muy evidentes, seguramente quedarán aquellos que permitan perseguir el “crecimiento de la delincuencia” que bien puede usarse contra la protesta social.
2. Hasta 1982 no hubo mucha preocupación del poder por aprobar leyes contra la “delincuencia organizada” o los movimientos sociales; sin embargo ya desde que aparecieron movimientos políticos y sindicales fuertes, como la gran huelga ferrocarrilera de 1958/59 (terriblemente reprimida por el ejército), las luchas de los médicos, los estudiantes de 1968, las guerrillas de Genaro y Lucio y la guerrilla urbana, el sistema de “seguridad” de la burguesía comenzó a renovarse. En 1994, con el levantamiento zapatista, el gobierno de Salinas, más adelante el de Zedillo, impulsaron un gran rearme del ejército y la intensificación de los cursos de preparación militar en los EEUU. El pretexto importante ha sido siempre “el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada”, pero fue el pretexto que se usó siempre en Colombia para tratar de destruir a los guerrilleros de las FARC, con la directa participación del ejército yanqui.
3. Al “ratito” comenzarán a acusar a la guerrilla mexicana, con todo el gran apoyo de los medios de información, de estar aliada con el narcotráfico y, más delante de ser los mismos, para lanzarle todo el poder del ejército. Las leyes en México y, estoy casi seguro que en todo el mundo, se aplican de acuerdo a la clase social o grupo político que está en el poder. Sirven las leyes para legitimar o legalizar la fuerza del poder. Sólo podría ser de otra manera cuando la gente en las calles, con su lucha clara, valiente y decidida, las haga a un lado con las grandes movilizaciones de masas. Sólo así debe aceptarse cambiar, reformar o renovar leyes: cuando el pueblo organizado está dispuesto a luchar por sus derechos. Cuando los legisladores del PRD lloran porque perdieron la votación o se ponen alegres porque lograron introducir algunos puntos, resulta un tanto vergonzoso. Legitiman los votos del PAN y del PRI aceitando la maquinaria de éstos.
4. Donde parece estar apuntando este tipo de reformas constitucionales es en limitar o prohibir las manifestaciones masivas, los bloqueos callejeros y los plantones que realizan los trabajadores cuando las autoridades no les han hecho caso, cuando están desesperados después hacer peticiones buscando diálogo. Con el banal argumento del respeto a la libertad de tránsito de automovilistas y transportistas, se busca acabar con las presiones masivas de los trabajadores y encerrarlas donde nadie los vea o a nadie perjudiquen. El ejemplo represivo lo puso en Guadalajara, en mayo de 2004, el actual secretario de Gobernación; hoy se repite en esa misma ciudad destruyendo un plantón que realizaban jóvenes del Frente Nacional contra la Represión. Sin embargo los compañeros se han mantenido plantados en lucha con el objetivo de recuperar espacios. ¿No es acaso ese tipo de “reglamentos de buen gobierno” los que tratan de imponer?
5. En una sociedad de profundas desigualdades como la mexicana si la llamada “justicia”, como se dice, “debe aplicarse igual para todos” (por ese hecho) beneficiará siempre a los más poderosos. Si se aumentara en un 10 por ciento el salario del presidente de la República y el mismo 10 por ciento a un obrero de salario mínimo, estaríamos siendo extremadamente injustos. ¿Qué sucede cuando se aplica un mismo examen de admisión a los bien alimentados “hijitos” de los ricos y a los niños miserables hijos de pobres? Además hay algo más injusto aún: sin olvidar que las leyes las hacen los dueños del poder para su propio beneficio, muchas veces ellos mismo violan esas leyes para lograr mayores privilegios. El problema de las leyes, además, es quién las interpreta y las aplica. ¿Puede confiarse en instituciones como la Suprema Corte de Justicia que de cada mil casos resuelve uno a favor de los oprimidos?
6. Las constituciones y las leyes reglamentarias no deben aplicarse por igual ni haciendo abstracción de la realidad. México ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en desigualdad social porque las ganancias empresariales y los enormes salarios de los altos funcionarios son 500 veces superiores al salario promedio del trabajador. Mientras los ministros de la corte cobran mensualmente 500 mil pesos más prestaciones y servicios, más del 50 por ciento de la población tiene como promedio un salario mínimo de mil 500 pesos mensuales. En tanto más de la mitad de la población no recibe el llamado aguinaldo de fin de año por ser campesino, desempleado o por trabajar en pequeñas empresas, los altos funcionarios reciben enormes cantidades, en efectivo y regalos, los fines de año. ¿Cómo equiparar derechos y deberes entre esas clases sociales extremadamente diferentes en ingresos económicos y situación social y política?
7. El presidente de la República y los legisladores de todos los partidos serán los responsables de cualquier limitación de las libertades de manifestación o protesta pública. Pero también el pueblo que durante décadas, o siglos, se ha dejado manipular con la ideología de sus opresores. Al concluir este artículo me he enterado que a petición del coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro, Javier González Garza, se acordó diferir por unas horas la aprobación de dichos cambios constitucionales con el argumento de que existen “puntos insalvables” en materia de arraigos, allanamientos y derechos humanos. Al parecer la aprobación de esta funesta ley que también autoriza la intervención de los teléfonos, sólo se ha retrasado unas horas, el tiempo suficiente para que la aplanadora PRI/PAN caiga con todo su peso y para que el PRD vuelva a quejarse porque fue mayoriteado.
jueves, diciembre 13, 2007
La violencia que viene
Chiapas
Fernando Montiel T.
Veinticinco años han pasado desde que la derecha informal (la llamada “tecnocracia”) llegó a la silla presidencial en México. Catorce han transcurrido desde que se escuchó el ¡Ya basta! de los zapatistas en el mundo. Diez más desde que ocurrió Acteal que -como bien dijo un especialista en San Cristóbal de las Casas- “Ha sido la peor matanza indígena desde la de Cholula en tiempos de Hernán Cortés”. Siete años corrido también bajo la batuta de la derecha formal y en todo este tiempo, poco, muy poco se puede presumir como una mejora.
De Chiapas hoy se sabe poco y lo que se sabe, se sabe mal. Los defensores más radicales y los opositores más férreos del zapatismo tienden a incurrir en los mismos vicios: simplificación, exageración, desconocimiento. ¿Quién fue el que dijo que los extremos siempre se tocan? Quien haya sido lo habría repetido de haber estado en Chiapas en fechas recientes. Muchos de quienes censuran la histórica explotación del indígena son explotadores en sí mismos de los mismos sujetos que dicen defender. En circuitos internacionales se les conoce como “traficantes del desarrollo”. Para ellos el sufrimiento ajeno es una industria: han aprendido a vivir de él. Buscan programas de asistencia mediante créditos internacionales de organizaciones para el desarrollo con la excusa de emprender proyectos para las comunidades indígenas… y los consiguen. ¿Y las comunidades? Normalmente siguen en las mismas. La corrupción en muchas (que no en todas) las organizaciones no gubernamentales es un hecho evidente que a veces a la izquierda le cuesta reconocer. Una trabajadora de una fundación alemana lo puso con todas sus letras “mira, un hecho que aquí todos saben pero que no se dice en voz alta es que si se resolviera “el conflicto” en Chiapas muchos se quedarían sin trabajo”. No hablaba de funcionarios de gobierno, sino de “trabajadores” para el desarrollo en ONG´s. En esta lógica, dramatizar, amedrentar, ofrecer visiones empañadas de la realidad y hablar en nombre del otro son apenas algunas de las estrategias para conservar “el empleo” de cierto sector en el área del conflicto en el sureste mexicano. ¿Cómo es esto diferente de aquellos burócratas que matan el tiempo administrando la miseria de los muchos en periodos sexenales esperando un cheque quincenal? La respuesta es sencilla: no es diferente. Los extremos pues, efectivamente se tocan.
El modus vivendi adoptado por todos estos actores es funcional para la organización de viajes de turismo revolucionario para los neófitos en el tema, pero su utilidad práctica en la tarea de comenzar a eliminar las raíces de la miseria y la exclusión son limitadas, cuando no nulas. Definir al enemigo es algo sencillo: es el gobierno federal, es el ejército, es el gobierno del Estado, son las autoridades, el capitalismo, el neoliberalismo dirán algunos. No, son los comunistas, los guerrilleros, los revoltosos, los holgazanes, los pobres, los marxistas dirán los otros. Eso no tiene ningún problema: un río de palabras podría nacer entre las recriminaciones mutuas entre organizaciones no gubernamentales, instancias de gobierno en todos sus niveles y medios de comunicación, oficiales y alternativos. Mientras tanto, los otros, los sujetos del debate, siguen –y seguirán- muriendo de lo que siempre han muerto.
Para toda regla existen excepciones, sin duda, y en Chiapas hay muchas de estas, en todos los grupos ¿pero son suficientes? No, no lo son –al menos, no todavía. Y es entonces que se vislumbra ya la violencia que viene.
El paramilitarismo comienza a crecer una vez más. Si en el pasado fue política oficial del gobierno federal y alcanzó su punto más álgido con los 45 asesinados en Acteal, con el tiempo, la denuncia, la lucha social y la indignación moral el fenómeno paramilitar regresó gradualmente al anonimato. Hasta hace algún tiempo Máscara Roja y Paz y Justicia entre otros ya aparecían sólo como un mal sueño, como una pesadilla, pero de la que ya se había despertado, pero hoy las cosas están cambiando.
El fenómeno tiene un correlato en las filas de la insurgencia. No estamos hablando de la rebeldía artística, política y poética de los zapatistas, sino de la lucha armada más tradicional, la mística político-militar con la que opera el EPR, mística de la que en su momento el zapatismo se deslindo –incluso públicamente- pero que hoy comienza a dar señas de acción y reacción. ¿Dónde están los dos desaparecidos? “Muertos” –respondió un funcionario del gobierno del Estado- “tal vez se les pasó la mano y obviamente los desaparecieron”. ¿Fue el ejército? –pregunté- “No, seguramente fue la Agencia Federal de Investigaciones o al Policía Federal Preventiva, el Ejército sabe lo que es provocar de ese modo al EPR, por eso no lo harían”. Respecto al EPR aplican con precisión las palabras que pronunciara el Subcomandante Marcos algunos años atrás: podrán cuestionar los métodos, pero no las causas.
En Chiapas la polarización está creciendo, con el paramilitarismo y con el endurecimiento de las insurgencias armadas, pero no son las únicas causas. La agudización de las diferencias se agrava con el endurecimiento rampante del Estado en la esfera federal: para Felipe Calderón no hay diferencias entre organizaciones como el EZLN y el EPR o el ERPI. Para él son iguales. Como iguales son también la ARIC, la ARIC Independiente, la ORCAO y muchas otras organizaciones sociales en Chiapas con los tres grupos anteriores. Para el gobierno federal todos son opositores y todos merecen el mismo trato. Si durante Vicente Fox la apuesta fue a que el conflicto se pudriera en la selva y el monte, con Calderón la apuesta es amputar a los rebeldes del tejido social, independientemente de si se trata de guerrillas u organizaciones sociales. El impasse relativo que vivió Chiapas en los últimos años ha quedado roto con el arribo del nuevo gobierno estatal. La alineación de intereses entre ambos no permite pronósticos optimistas.
Una vez más, existe un efecto espejo en la sociedad. A un año del fraude electoral en todo el país existe una organización latente cuya cabeza visible es Andrés Manuel López Obrador. Los tiempos ajustan a la perfección: bicentenario de la independencia, centenario de la revolución. Andrés Manuel López Obrador como Cuauhtémoc Cárdenas lo hiciera casi veinte años atrás salvó muchas vidas al invitar a la lucha pacífica por la democracia: el combate por otros medios. Como a Cárdenas en 1988, a López Obrador en 2008 lo ha rebasado ya el movimiento: son las causas las que importan, no sus iniciadores. Amas de casa, obreros, trabajadores de cuello blanco, agricultores, burócratas, estudiantes, indígenas, empresarios (sí, empresarios) y muchos otros sienten que algo viene (y lo sienten porque no lo saben a ciencia cierta). Algo viene. ¿Violencia? Tal vez. ¿Un cambio? Sin duda. ¿Qué será?
Sobre la base del mercadeo de la miseria, de la polarización militar y de la represión política, la exclusión social y el hambre siguen siendo la matriz de todas las desventuras del pasado, del presente y de las que vienen en el futuro en Chiapas. Se podría pontificar sobre lo que debe hacerse y no se ha hecho, y podemos entrar al juego de seguir señalando actos de comisión y omisión de todos contra todos, pero cada quien sabe lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer para que las cosas estén como estén. Hoy hablamos de años, de veinticinco, de catorce, de diez, de siete, de uno, pero el tiempo se puede detener. Puede no haber futuro si se cancela el presente. El tiempo no es ilimitado y dicen por ahí que no hay plazo que no se cumpla. En Chiapas -¿cómo en Guerrero? ¿Oaxaca? ¿la capital?- la violencia abierta (ya no se diga la estructural y la cultural) asoma ya el hocico en el horizonte. “Va a comenzar en Ocosingo” me comentaron. No importa donde empiece, lo importante es que ya viene, algo habrá que hacer.
Fernando Montiel T.
Veinticinco años han pasado desde que la derecha informal (la llamada “tecnocracia”) llegó a la silla presidencial en México. Catorce han transcurrido desde que se escuchó el ¡Ya basta! de los zapatistas en el mundo. Diez más desde que ocurrió Acteal que -como bien dijo un especialista en San Cristóbal de las Casas- “Ha sido la peor matanza indígena desde la de Cholula en tiempos de Hernán Cortés”. Siete años corrido también bajo la batuta de la derecha formal y en todo este tiempo, poco, muy poco se puede presumir como una mejora.
De Chiapas hoy se sabe poco y lo que se sabe, se sabe mal. Los defensores más radicales y los opositores más férreos del zapatismo tienden a incurrir en los mismos vicios: simplificación, exageración, desconocimiento. ¿Quién fue el que dijo que los extremos siempre se tocan? Quien haya sido lo habría repetido de haber estado en Chiapas en fechas recientes. Muchos de quienes censuran la histórica explotación del indígena son explotadores en sí mismos de los mismos sujetos que dicen defender. En circuitos internacionales se les conoce como “traficantes del desarrollo”. Para ellos el sufrimiento ajeno es una industria: han aprendido a vivir de él. Buscan programas de asistencia mediante créditos internacionales de organizaciones para el desarrollo con la excusa de emprender proyectos para las comunidades indígenas… y los consiguen. ¿Y las comunidades? Normalmente siguen en las mismas. La corrupción en muchas (que no en todas) las organizaciones no gubernamentales es un hecho evidente que a veces a la izquierda le cuesta reconocer. Una trabajadora de una fundación alemana lo puso con todas sus letras “mira, un hecho que aquí todos saben pero que no se dice en voz alta es que si se resolviera “el conflicto” en Chiapas muchos se quedarían sin trabajo”. No hablaba de funcionarios de gobierno, sino de “trabajadores” para el desarrollo en ONG´s. En esta lógica, dramatizar, amedrentar, ofrecer visiones empañadas de la realidad y hablar en nombre del otro son apenas algunas de las estrategias para conservar “el empleo” de cierto sector en el área del conflicto en el sureste mexicano. ¿Cómo es esto diferente de aquellos burócratas que matan el tiempo administrando la miseria de los muchos en periodos sexenales esperando un cheque quincenal? La respuesta es sencilla: no es diferente. Los extremos pues, efectivamente se tocan.
El modus vivendi adoptado por todos estos actores es funcional para la organización de viajes de turismo revolucionario para los neófitos en el tema, pero su utilidad práctica en la tarea de comenzar a eliminar las raíces de la miseria y la exclusión son limitadas, cuando no nulas. Definir al enemigo es algo sencillo: es el gobierno federal, es el ejército, es el gobierno del Estado, son las autoridades, el capitalismo, el neoliberalismo dirán algunos. No, son los comunistas, los guerrilleros, los revoltosos, los holgazanes, los pobres, los marxistas dirán los otros. Eso no tiene ningún problema: un río de palabras podría nacer entre las recriminaciones mutuas entre organizaciones no gubernamentales, instancias de gobierno en todos sus niveles y medios de comunicación, oficiales y alternativos. Mientras tanto, los otros, los sujetos del debate, siguen –y seguirán- muriendo de lo que siempre han muerto.
Para toda regla existen excepciones, sin duda, y en Chiapas hay muchas de estas, en todos los grupos ¿pero son suficientes? No, no lo son –al menos, no todavía. Y es entonces que se vislumbra ya la violencia que viene.
El paramilitarismo comienza a crecer una vez más. Si en el pasado fue política oficial del gobierno federal y alcanzó su punto más álgido con los 45 asesinados en Acteal, con el tiempo, la denuncia, la lucha social y la indignación moral el fenómeno paramilitar regresó gradualmente al anonimato. Hasta hace algún tiempo Máscara Roja y Paz y Justicia entre otros ya aparecían sólo como un mal sueño, como una pesadilla, pero de la que ya se había despertado, pero hoy las cosas están cambiando.
El fenómeno tiene un correlato en las filas de la insurgencia. No estamos hablando de la rebeldía artística, política y poética de los zapatistas, sino de la lucha armada más tradicional, la mística político-militar con la que opera el EPR, mística de la que en su momento el zapatismo se deslindo –incluso públicamente- pero que hoy comienza a dar señas de acción y reacción. ¿Dónde están los dos desaparecidos? “Muertos” –respondió un funcionario del gobierno del Estado- “tal vez se les pasó la mano y obviamente los desaparecieron”. ¿Fue el ejército? –pregunté- “No, seguramente fue la Agencia Federal de Investigaciones o al Policía Federal Preventiva, el Ejército sabe lo que es provocar de ese modo al EPR, por eso no lo harían”. Respecto al EPR aplican con precisión las palabras que pronunciara el Subcomandante Marcos algunos años atrás: podrán cuestionar los métodos, pero no las causas.
En Chiapas la polarización está creciendo, con el paramilitarismo y con el endurecimiento de las insurgencias armadas, pero no son las únicas causas. La agudización de las diferencias se agrava con el endurecimiento rampante del Estado en la esfera federal: para Felipe Calderón no hay diferencias entre organizaciones como el EZLN y el EPR o el ERPI. Para él son iguales. Como iguales son también la ARIC, la ARIC Independiente, la ORCAO y muchas otras organizaciones sociales en Chiapas con los tres grupos anteriores. Para el gobierno federal todos son opositores y todos merecen el mismo trato. Si durante Vicente Fox la apuesta fue a que el conflicto se pudriera en la selva y el monte, con Calderón la apuesta es amputar a los rebeldes del tejido social, independientemente de si se trata de guerrillas u organizaciones sociales. El impasse relativo que vivió Chiapas en los últimos años ha quedado roto con el arribo del nuevo gobierno estatal. La alineación de intereses entre ambos no permite pronósticos optimistas.
Una vez más, existe un efecto espejo en la sociedad. A un año del fraude electoral en todo el país existe una organización latente cuya cabeza visible es Andrés Manuel López Obrador. Los tiempos ajustan a la perfección: bicentenario de la independencia, centenario de la revolución. Andrés Manuel López Obrador como Cuauhtémoc Cárdenas lo hiciera casi veinte años atrás salvó muchas vidas al invitar a la lucha pacífica por la democracia: el combate por otros medios. Como a Cárdenas en 1988, a López Obrador en 2008 lo ha rebasado ya el movimiento: son las causas las que importan, no sus iniciadores. Amas de casa, obreros, trabajadores de cuello blanco, agricultores, burócratas, estudiantes, indígenas, empresarios (sí, empresarios) y muchos otros sienten que algo viene (y lo sienten porque no lo saben a ciencia cierta). Algo viene. ¿Violencia? Tal vez. ¿Un cambio? Sin duda. ¿Qué será?
Sobre la base del mercadeo de la miseria, de la polarización militar y de la represión política, la exclusión social y el hambre siguen siendo la matriz de todas las desventuras del pasado, del presente y de las que vienen en el futuro en Chiapas. Se podría pontificar sobre lo que debe hacerse y no se ha hecho, y podemos entrar al juego de seguir señalando actos de comisión y omisión de todos contra todos, pero cada quien sabe lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer para que las cosas estén como estén. Hoy hablamos de años, de veinticinco, de catorce, de diez, de siete, de uno, pero el tiempo se puede detener. Puede no haber futuro si se cancela el presente. El tiempo no es ilimitado y dicen por ahí que no hay plazo que no se cumpla. En Chiapas -¿cómo en Guerrero? ¿Oaxaca? ¿la capital?- la violencia abierta (ya no se diga la estructural y la cultural) asoma ya el hocico en el horizonte. “Va a comenzar en Ocosingo” me comentaron. No importa donde empiece, lo importante es que ya viene, algo habrá que hacer.
Sobre la situación de Izquierda Unida y las tareas de Espacio Alternativo (España)
Tras su Asamblea, la hasta ahora corriente interna de IU declara su total autonomía en todos los planos
corriente[a]lterna
Resolución del V Encuentro Confederal de Espacio Alternativo
1 - La grave situación por la que atraviesa IU desde hace ya años no hace sino profundizarse en los últimos tiempos. La deriva hacia una formación electoralista, sin anclaje social y con una práctica organizativa burocratizada, donde la poca militancia activa no hace sino acumular frustraciones ante la evidencia de ser meros espectadores de las decisiones tomadas por un reducido núcleo de dirección, es ya irreversible. El rumbo tomado por la denominada “mayoría federal” encabezada por Llamazares es inequívoco: Certificar la conversión de IU en un partido electoral-profesional, modelo ICV, soltar lastre ideológico arrinconando a la dirección del PCE y reforzar su perfil de “socio fiable” para una eventual participación gubernamental. La posibilidad de una refundación o una reconstrucción de IU cimentada en una derrota de la mayoría actual y su sustitución por una nueva es remota. No sólo porque la degradación democrática interna ha llegado demasiado lejos, sino también porque el hipotético nuevo bloque dirigente estaría hegemonizado por la fracción mayoritaria del PCE, que ha demostrado en el pasado, con el pacto PSOE-IU liderado por Frutos, y en el presente, con el acercamiento al PSOE y los métodos expeditivos de dirección de la federación andaluza de Alcaraz, que no tiene credibilidad alguna para presentarse como alternativa por la izquierda. Los cambios en IU han sido ya demasiado grandes como para poder esperar un refundación de la izquierda desde su interior. La realización de esta tarea requerirá la convergencia entre los sectores de izquierda de IU con aquellos otros que desde fuera de esta formación apuestan por refundar otra izquierda no subalterna del social-liberalismo.
2 - La situación de las corrientes de izquierda en el seno de IU tampoco resulta muy esperanzadora. En el transcurso de la VIII Asamblea Federal, la corriente Convocatoria por Andalucía, la CUT y Espacio Alternativo llegaron a un acuerdo para conformar una tercera lista, diferenciada tanto de la de Llamazares como de la de Enrique Santiago/Alcaraz. Sin embargo, este posible embrión de polo de izquierdas no ha tenido continuidad. Convocatoria por Andalucía se ha fragmentado entre aquellos que han decidido integrarse en alguno de los dos campos mayoritarios y los que aún quieren mantener una estrategia de oposición, como el sector de Jaén, aunque en este último caso está por ver como se ve afectado por su participación en el Gobierno municipal junto con el PSOE. La CUT se ha movido en la contradicción política de mantener una posición crítica en las formas con la dirección pero integrarse en ella en la remodelación que tuvo lugar hace un año. Por tanto, lo que podía haberse configurado como un polo diferenciado de unos y de otros nunca terminó de cuajar por la existencia de distintos proyectos dentro del mismo.
3 - Los miembros de Espacio Alternativo que intervienen en IU han mantenido una orientación de oposición de izquierdas, tratando de llegar a acuerdos con los sectores y las personas situadas en la izquierda de la coalición. Se han realizado pronunciamientos públicos firmados por miembros del CPF sobre diversas cuestiones y se intentó dar cuerpo mediante reuniones específicas al polo anticapitalista dentro de IU del que hablábamos en el IV Encuentro. Sin embargo, más allá de la buena labor desarrollada, esta orientación no se ha reflejado en pasos efectivos que puedan permitirnos hablar ahora de un proceso de recomposición del ala izquierda de IU a escala federal. No obstante, siguen siendo necesarias nuevas confluencias de los sectores que en IU se oponen al papel subalterno del social-liberalismo que encarna la dirección actual.
4 - El Documento Político para el V Encuentro señala como una de las tres tareas fundamentales para Espacio Alternativo en el periodo político en el que entramos que es necesario trabajar por la convergencia de la izquierda anticapitalista y de todos aquellos sectores ubicados a la izquierda de la izquierda gestionaría. El Estado español necesita una izquierda anticapitalista que defienda los intereses de las clases populares y combata las reformas neoliberales, que aplican en alternancia la derecha y el social liberalismo. Ante un PSOE y la opción de IU por convertirse en fuerza de acompañamiento subalterno del primero, es necesario construir un referente para la izquierda anticapitalista. Es necesario construir una izquierda a la izquierda de la gestionaria, una izquierda de izquierdas, que cubra el vacío político de alternativa que hoy existe. El rechazo a participar en gobiernos social-liberales o a darles apoyo es uno de los criterios esenciales definitorios de la identidad de la izquierda anticapitalista que hay que construir en el Estado español. Esta debería incluir una amplia pluralidad de sectores, de procedencia diversa, pero con un acuerdo mínimo en torno a un programa de acción, una estrategia y una concepción organizativa compartida. Es decir: una perspectiva anticapitalista, una concepción política de la organización basada en la democracia interna; una orientación hacia las luchas y los movimientos sociales y una concepción no institucional de la actividad política; la ecología; el feminismo; el anti-racismo; la defensa de los derechos nacionales y del derecho de autodeterminación de las naciones sin estado; la lucha contra la opresión por razones de opción sexual, etc.
Por tanto, la estrategia de la organización debe ir encaminada a tratar de conseguir este objetivo y adecuar nuestra táctica para llegar a tal fin. Aunque algunos sectores y miembros de IU pueden ser parte de esta futura recomposición anticapitalista, el análisis de la situación actual de esta formación política y de sus corrientes debería llevarnos a la conclusión de que esa componente no va a ser la fundamental. La componente esencial de una nueva fuerza anticapitalista debemos encontrarla entre la juventud precarizada, entre los nuevos proletarios- los inmigrantes-, entre los activistas de los movimientos sociales, en fin, entre los que resisten y luchan contra el sistema desde su barricada diaria, si bien hay que reconocer que partimos de un grado de debilidad enorme de los movimientos sociales y de los colectivos de la izquierda anticapitalista.
5 - En definitiva, y fruto de este análisis, las prioridades en la política de construcción de Espacio Alternativo no incluyen la refundación de IU. En este sentido, EA no es ya una corriente de IU sino una organización política de la izquierda anticapitalista que tiene total autonomía en todos los planos. No obstante, un sector de militantes de EA se mantiene en su seno para desarrollar una táctica de oposición de izquierdas y para confluir con los sectores y personas que puedan ser aliados en la construcción de un polo de izquierdas anticapitalista.
* Esta Resolución fue discutida en el V Encuentro Confederal de Espacio Alternativo. Fue aprobada por el 73% de votos de l@s delegad@s, con un 12,5 % en contra y un 14,5 % de abstenciones.
corriente[a]lterna
Resolución del V Encuentro Confederal de Espacio Alternativo
1 - La grave situación por la que atraviesa IU desde hace ya años no hace sino profundizarse en los últimos tiempos. La deriva hacia una formación electoralista, sin anclaje social y con una práctica organizativa burocratizada, donde la poca militancia activa no hace sino acumular frustraciones ante la evidencia de ser meros espectadores de las decisiones tomadas por un reducido núcleo de dirección, es ya irreversible. El rumbo tomado por la denominada “mayoría federal” encabezada por Llamazares es inequívoco: Certificar la conversión de IU en un partido electoral-profesional, modelo ICV, soltar lastre ideológico arrinconando a la dirección del PCE y reforzar su perfil de “socio fiable” para una eventual participación gubernamental. La posibilidad de una refundación o una reconstrucción de IU cimentada en una derrota de la mayoría actual y su sustitución por una nueva es remota. No sólo porque la degradación democrática interna ha llegado demasiado lejos, sino también porque el hipotético nuevo bloque dirigente estaría hegemonizado por la fracción mayoritaria del PCE, que ha demostrado en el pasado, con el pacto PSOE-IU liderado por Frutos, y en el presente, con el acercamiento al PSOE y los métodos expeditivos de dirección de la federación andaluza de Alcaraz, que no tiene credibilidad alguna para presentarse como alternativa por la izquierda. Los cambios en IU han sido ya demasiado grandes como para poder esperar un refundación de la izquierda desde su interior. La realización de esta tarea requerirá la convergencia entre los sectores de izquierda de IU con aquellos otros que desde fuera de esta formación apuestan por refundar otra izquierda no subalterna del social-liberalismo.
2 - La situación de las corrientes de izquierda en el seno de IU tampoco resulta muy esperanzadora. En el transcurso de la VIII Asamblea Federal, la corriente Convocatoria por Andalucía, la CUT y Espacio Alternativo llegaron a un acuerdo para conformar una tercera lista, diferenciada tanto de la de Llamazares como de la de Enrique Santiago/Alcaraz. Sin embargo, este posible embrión de polo de izquierdas no ha tenido continuidad. Convocatoria por Andalucía se ha fragmentado entre aquellos que han decidido integrarse en alguno de los dos campos mayoritarios y los que aún quieren mantener una estrategia de oposición, como el sector de Jaén, aunque en este último caso está por ver como se ve afectado por su participación en el Gobierno municipal junto con el PSOE. La CUT se ha movido en la contradicción política de mantener una posición crítica en las formas con la dirección pero integrarse en ella en la remodelación que tuvo lugar hace un año. Por tanto, lo que podía haberse configurado como un polo diferenciado de unos y de otros nunca terminó de cuajar por la existencia de distintos proyectos dentro del mismo.
3 - Los miembros de Espacio Alternativo que intervienen en IU han mantenido una orientación de oposición de izquierdas, tratando de llegar a acuerdos con los sectores y las personas situadas en la izquierda de la coalición. Se han realizado pronunciamientos públicos firmados por miembros del CPF sobre diversas cuestiones y se intentó dar cuerpo mediante reuniones específicas al polo anticapitalista dentro de IU del que hablábamos en el IV Encuentro. Sin embargo, más allá de la buena labor desarrollada, esta orientación no se ha reflejado en pasos efectivos que puedan permitirnos hablar ahora de un proceso de recomposición del ala izquierda de IU a escala federal. No obstante, siguen siendo necesarias nuevas confluencias de los sectores que en IU se oponen al papel subalterno del social-liberalismo que encarna la dirección actual.
4 - El Documento Político para el V Encuentro señala como una de las tres tareas fundamentales para Espacio Alternativo en el periodo político en el que entramos que es necesario trabajar por la convergencia de la izquierda anticapitalista y de todos aquellos sectores ubicados a la izquierda de la izquierda gestionaría. El Estado español necesita una izquierda anticapitalista que defienda los intereses de las clases populares y combata las reformas neoliberales, que aplican en alternancia la derecha y el social liberalismo. Ante un PSOE y la opción de IU por convertirse en fuerza de acompañamiento subalterno del primero, es necesario construir un referente para la izquierda anticapitalista. Es necesario construir una izquierda a la izquierda de la gestionaria, una izquierda de izquierdas, que cubra el vacío político de alternativa que hoy existe. El rechazo a participar en gobiernos social-liberales o a darles apoyo es uno de los criterios esenciales definitorios de la identidad de la izquierda anticapitalista que hay que construir en el Estado español. Esta debería incluir una amplia pluralidad de sectores, de procedencia diversa, pero con un acuerdo mínimo en torno a un programa de acción, una estrategia y una concepción organizativa compartida. Es decir: una perspectiva anticapitalista, una concepción política de la organización basada en la democracia interna; una orientación hacia las luchas y los movimientos sociales y una concepción no institucional de la actividad política; la ecología; el feminismo; el anti-racismo; la defensa de los derechos nacionales y del derecho de autodeterminación de las naciones sin estado; la lucha contra la opresión por razones de opción sexual, etc.
Por tanto, la estrategia de la organización debe ir encaminada a tratar de conseguir este objetivo y adecuar nuestra táctica para llegar a tal fin. Aunque algunos sectores y miembros de IU pueden ser parte de esta futura recomposición anticapitalista, el análisis de la situación actual de esta formación política y de sus corrientes debería llevarnos a la conclusión de que esa componente no va a ser la fundamental. La componente esencial de una nueva fuerza anticapitalista debemos encontrarla entre la juventud precarizada, entre los nuevos proletarios- los inmigrantes-, entre los activistas de los movimientos sociales, en fin, entre los que resisten y luchan contra el sistema desde su barricada diaria, si bien hay que reconocer que partimos de un grado de debilidad enorme de los movimientos sociales y de los colectivos de la izquierda anticapitalista.
5 - En definitiva, y fruto de este análisis, las prioridades en la política de construcción de Espacio Alternativo no incluyen la refundación de IU. En este sentido, EA no es ya una corriente de IU sino una organización política de la izquierda anticapitalista que tiene total autonomía en todos los planos. No obstante, un sector de militantes de EA se mantiene en su seno para desarrollar una táctica de oposición de izquierdas y para confluir con los sectores y personas que puedan ser aliados en la construcción de un polo de izquierdas anticapitalista.
* Esta Resolución fue discutida en el V Encuentro Confederal de Espacio Alternativo. Fue aprobada por el 73% de votos de l@s delegad@s, con un 12,5 % en contra y un 14,5 % de abstenciones.
El ELN afirma que Bush está detrás de la decisión de Uribe de romper los diálogos para el canje humanitario
EL MAL EJEMPLO DE BUSH, LO SIGUE URIBE
Cuando el presidente Uribe el pasado 21 de noviembre, hundió 82 días de Facilitación de paz del presidente Chávez, dejó la mesa de diálogos con el ELN 'al bordo del barranco', según expresó el primer mandatario de la hermana República Bolivariana de Venezuela.
Con la cancelación de esta facilitación, también el Intercambio Humanitario queda en vilo y con ello, en mayor riesgo la vida de los detenidos en poder de las FARC.
En la conducción nacional del ELN, finalizadas las consultas sobre la nueva fase de diálogo, que inauguraba la gestión del presidente Chávez, se juzgó conveniente seguir haciendo esfuerzos en la mesa de conversaciones, pese a las grandes distancias existentes entre las ideas de paz, que mantenemos las dos Partes.
Hasta el 21 de noviembre, el presidente Chávez escuchó a cada una de las dos Partes durante encuentros realizados en Caracas, en septiembre y noviembre e intentó confeccionar unas primeras fórmulas de acuerdo, que remontaran los puntos inamovibles de cada una.
La cancelación unilateral de esta gestión por parte del presidente Uribe, desconoce la decisión conjunta tomada por el gobierno y el ELN, el 31 de agosto, por medio de la cual se le solicitó al presidente Chávez ser Facilitador en este proceso de diálogo. Lo anterior demuestra una vez más, que el régimen colombiano está más acostumbrado a las imposiciones, que al desarrollo de consensos y al respeto de acuerdos.
Detrás de este viraje del gobierno de Bogotá, se encuentra el presidente de los Estados Unidos. Por lo que este brusco cambio de rumbo, coloca a Colombia lejos de un camino de paz, democracia y soberanía; mientras la amarra aún más al carro de Bush, que para el mundo significa guerra, unilateralismo, imposiciones y neoliberalismo anti social.
La controversia creada por la gestión de paz del presidente Chávez, se puede entender como una acción premeditada de la oligarquía y el imperialismo, para afectar el resultado del Referendo venezolano. No fue extraña para la opinión pública, la llamada telefónica de felicitaciones que le hizo Bush a Uribe, el 3 de diciembre, al día siguiente del Referendo para reformar la Constitución nacional.
El mensaje no puede ser más claro. A partir del 21 de noviembre, la política exterior del gobierno de Uribe, se alinea exactamente con los dictados de Bush para América Latina, en su propósito de debilitar a la Revolución Bolivariana y aislarla del resto del continente.
La conducta anti soberana de empeñar la política exterior colombiana a la potencia norteamericana, se complementa con la entrega a los Estados Unidos, del manejo del conflicto interno que sufrimos los colombianos.
Los pedidos de extradición de ciudadanos colombianos por parte de Estados Unidos, se habían limitado a los acusados por narcotráfico. Desde el 16 de noviembre, estas solicitudes de extradición se extendieron a otros delitos imputados a la insurgencia, tales como la toma de rehenes.
Es evidencia de la parcialidad del régimen, la dureza con que el presidente Uribe trata a la insurgencia, mientras persiste en la mano blanda para legalizar a las bandas mafiosas paramilitares, al tratar ahora de sólo acusarlas de concierto tenue para delinquir.
El abrazo de Bush a Uribe le sale caro a Colombia, porque la aleja de la búsqueda de la solución política del conflicto y amenaza con encadenarla a un régimen, que busca perpetuarse con los seguidores de este gobierno.
El ELN persiste en su lucha por la solución política del conflicto, la paz, la democracia y la soberanía para Colombia, pese a la cancelación abrupta de la gestión del presidente Chávez, que sume en la incertidumbre al proceso de paz, al afectar elementos esenciales como la Facilitación y los escenarios convenidos para destrabar los diálogos.
Montañas de Colombia
Comando Central del ELN
Diciembre 10 de 2.007
Cuando el presidente Uribe el pasado 21 de noviembre, hundió 82 días de Facilitación de paz del presidente Chávez, dejó la mesa de diálogos con el ELN 'al bordo del barranco', según expresó el primer mandatario de la hermana República Bolivariana de Venezuela.
Con la cancelación de esta facilitación, también el Intercambio Humanitario queda en vilo y con ello, en mayor riesgo la vida de los detenidos en poder de las FARC.
En la conducción nacional del ELN, finalizadas las consultas sobre la nueva fase de diálogo, que inauguraba la gestión del presidente Chávez, se juzgó conveniente seguir haciendo esfuerzos en la mesa de conversaciones, pese a las grandes distancias existentes entre las ideas de paz, que mantenemos las dos Partes.
Hasta el 21 de noviembre, el presidente Chávez escuchó a cada una de las dos Partes durante encuentros realizados en Caracas, en septiembre y noviembre e intentó confeccionar unas primeras fórmulas de acuerdo, que remontaran los puntos inamovibles de cada una.
La cancelación unilateral de esta gestión por parte del presidente Uribe, desconoce la decisión conjunta tomada por el gobierno y el ELN, el 31 de agosto, por medio de la cual se le solicitó al presidente Chávez ser Facilitador en este proceso de diálogo. Lo anterior demuestra una vez más, que el régimen colombiano está más acostumbrado a las imposiciones, que al desarrollo de consensos y al respeto de acuerdos.
Detrás de este viraje del gobierno de Bogotá, se encuentra el presidente de los Estados Unidos. Por lo que este brusco cambio de rumbo, coloca a Colombia lejos de un camino de paz, democracia y soberanía; mientras la amarra aún más al carro de Bush, que para el mundo significa guerra, unilateralismo, imposiciones y neoliberalismo anti social.
La controversia creada por la gestión de paz del presidente Chávez, se puede entender como una acción premeditada de la oligarquía y el imperialismo, para afectar el resultado del Referendo venezolano. No fue extraña para la opinión pública, la llamada telefónica de felicitaciones que le hizo Bush a Uribe, el 3 de diciembre, al día siguiente del Referendo para reformar la Constitución nacional.
El mensaje no puede ser más claro. A partir del 21 de noviembre, la política exterior del gobierno de Uribe, se alinea exactamente con los dictados de Bush para América Latina, en su propósito de debilitar a la Revolución Bolivariana y aislarla del resto del continente.
La conducta anti soberana de empeñar la política exterior colombiana a la potencia norteamericana, se complementa con la entrega a los Estados Unidos, del manejo del conflicto interno que sufrimos los colombianos.
Los pedidos de extradición de ciudadanos colombianos por parte de Estados Unidos, se habían limitado a los acusados por narcotráfico. Desde el 16 de noviembre, estas solicitudes de extradición se extendieron a otros delitos imputados a la insurgencia, tales como la toma de rehenes.
Es evidencia de la parcialidad del régimen, la dureza con que el presidente Uribe trata a la insurgencia, mientras persiste en la mano blanda para legalizar a las bandas mafiosas paramilitares, al tratar ahora de sólo acusarlas de concierto tenue para delinquir.
El abrazo de Bush a Uribe le sale caro a Colombia, porque la aleja de la búsqueda de la solución política del conflicto y amenaza con encadenarla a un régimen, que busca perpetuarse con los seguidores de este gobierno.
El ELN persiste en su lucha por la solución política del conflicto, la paz, la democracia y la soberanía para Colombia, pese a la cancelación abrupta de la gestión del presidente Chávez, que sume en la incertidumbre al proceso de paz, al afectar elementos esenciales como la Facilitación y los escenarios convenidos para destrabar los diálogos.
Montañas de Colombia
Comando Central del ELN
Diciembre 10 de 2.007
El periodismo sicario en Chile
Roberto Manríquez
Las pautas de la prensa chilena no dejan de sorprender, este último domingo 9 de diciembre muchos chilenos se vieron sorprendidos por el titular de uno de los periódicos de mayor circulación en el país. Las Ultimas Noticias decidió llevar en portada “La historia de la rancherita asesinada por un sicario en la UTI” (Unidad Tratamiento Intensivo), una noticia llamativa, dramática y preocupante sobre la que no habían más datos, salvo una enorme fotografía de una mujer baleada y el nombre Zayda Peña.
Dónde ocurrió, será el hospital Barros Luco en Santiago, se interrogaban algunos curiosos en una esquina del centro de la capital, yo mismo intrigado y alarmado compré el diario para enterarme luego que se trataba del crimen de una cantante de rancheras ocurrido en México el sábado 1 de diciembre.
El periódico por cierto mantuvo deliberadamente la interrogante en una jugada comercial no muy original, pero lo suficientemente notoria para advertir hasta donde hemos llegado en el ejercicio de la profesión en el país.
Por cierto ninguno de los matutinos en circulación este domingo habló ni medio párrafo de la huelga de hambre que sostienen por cerca de 50 días un grupo de comuneros mapuche y una activista humanitaria, en protesta por el irregular juicio por la presunta quema de un predio que los tiene como los únicos condenados por delitos terroristas en el mismo país donde Augusto Pinochet murió plácidamente en un cama de hospital hace justo un año sin condena alguna.
Para el periodismo chileno (televisión, radios y periódicos) se trata simplemente de una huelga invisible.
En Chile existe libertad de expresión y una oposición robusta decía el canciller chileno Alejandro Foxley a propósito de Venezuela. Una oposición robusta salvo si estas en el lado equivocado del espectro político, como el adolescente mapuche Alex Lemún asesinado por Carabineros (policía uniformada) en 2003, mientras participaba en una manifestación pacífica junto a su madre. A propósito nunca un periodista ha consultado al ex presidente Ricardo Lagos sobre ese asesinato político sin resolver en su administración. Esta vez el crimen también ocurrió en el lugar equivocado, si hubiese ocurrido en Caracas, quizás habría más atención de la prensa.
El concepto libertad de expresión en Chile se entiende de un modo curioso. Según una encuesta del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), el 90 por ciento de los chilenos considera injusto y se opone al modelo neoliberal, no obstante, quien se asome sólo por la superficie de los medios chilenos advertirá que el ciento por ciento de ellos actúa en los hechos como propagandista del modelo, sin fisuras ni matices de ningún tipo. Un país donde los chilenos deben hacer un gran esfuerzo por mantener una opinión independiente y razonada en medio de tanta libertad de expresión uniforme. Orwell no lo habría planificado mejor.
Roberto Manríquez es periodista
Las pautas de la prensa chilena no dejan de sorprender, este último domingo 9 de diciembre muchos chilenos se vieron sorprendidos por el titular de uno de los periódicos de mayor circulación en el país. Las Ultimas Noticias decidió llevar en portada “La historia de la rancherita asesinada por un sicario en la UTI” (Unidad Tratamiento Intensivo), una noticia llamativa, dramática y preocupante sobre la que no habían más datos, salvo una enorme fotografía de una mujer baleada y el nombre Zayda Peña.
Dónde ocurrió, será el hospital Barros Luco en Santiago, se interrogaban algunos curiosos en una esquina del centro de la capital, yo mismo intrigado y alarmado compré el diario para enterarme luego que se trataba del crimen de una cantante de rancheras ocurrido en México el sábado 1 de diciembre.
El periódico por cierto mantuvo deliberadamente la interrogante en una jugada comercial no muy original, pero lo suficientemente notoria para advertir hasta donde hemos llegado en el ejercicio de la profesión en el país.
Por cierto ninguno de los matutinos en circulación este domingo habló ni medio párrafo de la huelga de hambre que sostienen por cerca de 50 días un grupo de comuneros mapuche y una activista humanitaria, en protesta por el irregular juicio por la presunta quema de un predio que los tiene como los únicos condenados por delitos terroristas en el mismo país donde Augusto Pinochet murió plácidamente en un cama de hospital hace justo un año sin condena alguna.
Para el periodismo chileno (televisión, radios y periódicos) se trata simplemente de una huelga invisible.
En Chile existe libertad de expresión y una oposición robusta decía el canciller chileno Alejandro Foxley a propósito de Venezuela. Una oposición robusta salvo si estas en el lado equivocado del espectro político, como el adolescente mapuche Alex Lemún asesinado por Carabineros (policía uniformada) en 2003, mientras participaba en una manifestación pacífica junto a su madre. A propósito nunca un periodista ha consultado al ex presidente Ricardo Lagos sobre ese asesinato político sin resolver en su administración. Esta vez el crimen también ocurrió en el lugar equivocado, si hubiese ocurrido en Caracas, quizás habría más atención de la prensa.
El concepto libertad de expresión en Chile se entiende de un modo curioso. Según una encuesta del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), el 90 por ciento de los chilenos considera injusto y se opone al modelo neoliberal, no obstante, quien se asome sólo por la superficie de los medios chilenos advertirá que el ciento por ciento de ellos actúa en los hechos como propagandista del modelo, sin fisuras ni matices de ningún tipo. Un país donde los chilenos deben hacer un gran esfuerzo por mantener una opinión independiente y razonada en medio de tanta libertad de expresión uniforme. Orwell no lo habría planificado mejor.
Roberto Manríquez es periodista
"Las madres no hicimos más que levantar la bandera de lucha de nuestros hijos"
Entrevista a Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo-Línea fundadora
Ainara Lertxundi
El 5 de abril de 1977, Nora Cortiñas comenzó una larga peregrinación en busca de su hijo, Gustavo, desaparecido cuando iba al trabajo. En ese ir y venir se cruzó con la mirada de otras tantas madres en su misma situación. No hicieron falta las palabras para saber que algo las unía y que, a partir de ese momento, sus caminos estarían ligados. El documental «Madres» ha recogido esta lucha, que dura ya 30 años.
«Las madres no hicimos más que levantar la bandera de lucha de nuestros hijos y seguir acompañando la lucha popular en Argentina», concluye Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de la Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Han cumplido ya 30 años de lucha por la verdad y la justicia. 30 años de historia recogidos ahora en el documental «Madres», un canto a la «la militancia, solidaridad y compromiso de una generación», subraya.
Uno de los primeros aspectos que aborda el documental es el duelo de la desaparición y la imposibilidad de elaborarlo.
Es la incógnita diaria. Las 24 horas te preguntas cómo, por qué, cuándo, quién, dónde. Estas han sido las preguntas de todos los días durante 30, 31 o 32 años, porque el terrorismo de Estado empezó antes del 24 de marzo de 1976. Si para nosotras fue difícil, para los hijos de nuestros hijos fue mucho más dramático y triste porque fueron creciendo sin una explicación y siempre queda una imagen de abandono provocada por esta metodología criminal e infame.
También analiza el porqué de tanta desaparición.
Se los llevaron porque eran militantes políticos, sociales, de base y para implementar a fondo la nueva política económica que ya se veía venir desde la década de los 50. Argentina comenzó a tener un sistema neoliberal que produce pocos ricos muy ricos y millones de pobres.
La metodología de la desaparición empezó entre 1974 y 75, en 1976 se hizo más sistemática y para los años 1977 y 1978 no quedaba un lugar sin que hubieran ido a buscar a un militante o lo persiguieran en plena calle.
Fue una operación muy programada que empezó a prepararse en la época de la señora Isabel Martínez de Perón. Hubo un plan organizado por Estados Unidos con la complicidad y participación de los gobiernos militares, del poder económico y, en el caso de Argentina, de la mayoría de la cúpula de la Iglesia católica. No sólo fueron cómplices, también fueron partícipes. Entraban en los campos de concentración, veían a la gente torturada, ellos mismos les decían que tenían que hablar y decir todo lo que sabían.
Las madres lo aprendimos todo en la calle; hablando con políticos, funcionarios y hasta con los propios militares hipócritas. Nos decían que «si no habían hecho nada en algún momento aparecería», que «en algo andaría», que «por algo será». Frases de los militares pero también de una parte de la sociedad.
La Plaza de Mayo y la unión entre las madres fue fundamental, convirtiéndose en una especie de «catarsis» colectiva que les sirvió de ayuda mutua en medio de la desesperación.
Nosotras desestructuramos a los sicólogos. Hicimos una terapia de grupo no voluntaria, pero espontánea. No había libro de sicología que explicara el fenómeno de la desaparición y cómo elaborar un duelo. Hasta el día de hoy, las acciones llevadas a cabo para mantener viva la memoria no alcanzan para elaborar el duelo. Es como tener un cementerio sin muertos.
En medio de tanto dolor, Argentina celebró y ganó el Mundial de Fútbol de 1978. ¿Cómo vivió aquellas muestras de algarabía en las calles de Buenos Aires?
La represión no se dio sólo en los centros clandestinos o contra los luchadores populares. El coste lo pagó toda la sociedad. Las desapariciones forzadas, el no poder elaborar un duelo ni tener el cuerpo de esa persona que querías... La represión generó un fenómeno de terror tan grande que llegó a inmovilizar a muchos. El Mundial fue una válvula de escape.
Sin menoscabar a los jugadores argentinos, algunas de las madres tenemos el convencimiento de que fue programado para que Perú se dejara ganar y la dictadura se mostrara ante el mundo con este triunfo.
Muchas de ustedes se conocieron en los pasillos de la Casa Rosada y con tan sólo un cruce de miradas intuían que habían acudido por el mismo motivo.
Recuerdo perfectamente estar caminando por los pasillos del Palacio de Justicia y cruzarme con un mujer con la mirada triste y ojos llorosos; como si buscara en un infinito de recuerdos. Nos paramos y mirándonos mutuamente, nos preguntamos: ¿Vos venís por lo mismo que vengo yo?.
En la medida en que se arrimaba una madre, primero se sentaba en un costado de la Plaza y ahí se quedaba tímidamente hasta que otra madre se le acercaba, o ella, despacito, se arrimaba al lugar donde estaba el resto. Eso fue así por años.
Pese a que fueron detenidas, perseguidas y multadas, no desistieron ni un día.
No nos abatieron ni tampoco nos hicieron claudicar. Nos amenazaban con cinco días de cárcel o 30 centavos de multa por violar los edictos policiales, en concreto, el que prohibía el escándalo en la vía pública.
En ese momento, algunas madres decían que querían ir a la cárcel para estar con sus hijos.
Estar en la Plaza de Mayo no violaba ningún edicto. Pero, como había Estado de sitio, teníamos que ir de dos en dos. La Policía venía y nos decía «circulen, circulen» y así nos obligaron a circular por la Plaza, si no nos echaban. Al principio, lo hacíamos alrededor del monumento de Belgrano y, después, de la Pirámide porque el movimiento de las madres fue creciendo.
Como lo de la multa, hubo un montón de situaciones. Cuando nos querían llevar presas, llamaban a los patrulleros y nosotras nos negábamos a subir. Entonces, paraban un autobús de línea, bajaban a todos los pasajeros y nos subían. A todo esto, nosotras éramos resistentes, insumisas, rebeldes; les dábamos trabajo, en otras palabras.
En otra ocasión, estábamos en la calle Florida, una avenida comercial muy importante de Buenos Aires. Decidimos ir para que nos vieran los turistas.
En una de esas, vino un policía y con mucho cuidado le dijo a una madre si le podía acompañar. Como ninguna se había percatado de lo que estaba sucediendo, se dejó caer al suelo y los policías no sabían qué hacer. La querían levantar pero ella, alta y grande, se hizo el peso muerto. Los policías empezaron a tirar de ella y las madres a gritar. En ese momento, vino el jefe del operativo y, en voz baja, ordenó a los policías que la dejaran porque todos los turistas estaban mirando.
Lo trágico de la situación también dio paso a ciertos momentos anecdóticos.
No éramos unas niñas, estábamos en los 50. Queríamos imitar a nuestros hijos militantes; por eso, nos cambiábamos lo nombres y nos poníamos apodos que, luego, se nos olvidaban. Lo más gracioso era cuando quedábamos en confiterías. Nos reuníamos allí para hacer ver que éramos señoras que iban a tomar el té. A una muy famosa, llamada La Violeta, la bautizamos como La Flor, y a otra en vez de La Fragata, le pusimos El Barquito.
«¿Adónde vamos a ir a tomar el té?», decíamos por teléfono. «A La Flor a festejar el cumpleaños de Blanquita». Y, la otra decía «¿qué flor, La Violeta?».
Y, con los horarios, otro tanto. Escuchábamos a nuestros hijos que quedaban a una hora distinta a la que decían. Así que cuando decíamos las cinco, en realidad, queríamos decir las cuatro. Pero, a alguien siempre se le olvidada si había que ir una hora más tarde o antes de lo hablado. ¡No pegábamos una!
Con el tiempo fueron sabiendo qué pasaba en los centros de detención clandestinos y reconstruyendo aquel calvario.
Cuando algunos de los hombres y mujeres que habían sido secuestrados fueron liberados, con valentía, solidaridad y mucho amor hacia los compañeros que se habían quedado dentro, nos llamaban para contarnos algo de esas vivencias terroríficas. Aún hoy, esa generosidad y solidaridad les cuesta la vida.
Se refiere al caso del testigo clave Jorge Julio López, desaparecido hace más de un año.
Siento bronca e infinito dolor porque el Estado abandonó y no protegió a los testigos, fue indiferente. Esta situación ha revivido con fuerza aquella frase que creíamos que no íbamos a tener que repetir: «Aparición con vida de Julio López».
Los resortes de la dictadura no acabaron con la instauración del Gobierno de Raúl Alfonsín. Los represores quedaron impunes. ¿Cómo fue ese cara a cara?
Siempre fue dramático porque la impunidad camina por la calle. Hoy en día todavía hay miles de policías que, pese a haber participado en la represión, tienen cargos. La verdad sigue en los archivos del Estado, de las Fuerzas Armadas, del poder económico y la Iglesia Católica. Aunque sobre el pasado hemos obtenido algunos logros, la justicia es lenta y aún sigue oculta la identidad de 500 menores.
«Madres» se ha presentado en varios festivales de cines, entre ellos, el de Donostia. ¿Qué significa este trabajo para usted?
Es la historia de nuestros hijos. Una historia de lucha, solidaridad y compromiso. Las madres no hicimos más que levantar la bandera de lucha de ellos y seguir acompañando la lucha popular en Argentina. Nuestros hijos son los actores de una época de lucha, de una generación diezmada casi en su mayoría, pero los que se salvaron y las nuevas generaciones siguen. Nadie baja los brazos. Ahora, la protesta está criminalizada en Argentina. Hay entre 4.000 y 5.000 procesados por pedir sueldos dignos, trabajo, por hacer cortes de vía o huelgas. La represión no es como en la dictadura pero sigue para aplacar las exigencias de cambio.
Ainara Lertxundi
El 5 de abril de 1977, Nora Cortiñas comenzó una larga peregrinación en busca de su hijo, Gustavo, desaparecido cuando iba al trabajo. En ese ir y venir se cruzó con la mirada de otras tantas madres en su misma situación. No hicieron falta las palabras para saber que algo las unía y que, a partir de ese momento, sus caminos estarían ligados. El documental «Madres» ha recogido esta lucha, que dura ya 30 años.
«Las madres no hicimos más que levantar la bandera de lucha de nuestros hijos y seguir acompañando la lucha popular en Argentina», concluye Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de la Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Han cumplido ya 30 años de lucha por la verdad y la justicia. 30 años de historia recogidos ahora en el documental «Madres», un canto a la «la militancia, solidaridad y compromiso de una generación», subraya.
Uno de los primeros aspectos que aborda el documental es el duelo de la desaparición y la imposibilidad de elaborarlo.
Es la incógnita diaria. Las 24 horas te preguntas cómo, por qué, cuándo, quién, dónde. Estas han sido las preguntas de todos los días durante 30, 31 o 32 años, porque el terrorismo de Estado empezó antes del 24 de marzo de 1976. Si para nosotras fue difícil, para los hijos de nuestros hijos fue mucho más dramático y triste porque fueron creciendo sin una explicación y siempre queda una imagen de abandono provocada por esta metodología criminal e infame.
También analiza el porqué de tanta desaparición.
Se los llevaron porque eran militantes políticos, sociales, de base y para implementar a fondo la nueva política económica que ya se veía venir desde la década de los 50. Argentina comenzó a tener un sistema neoliberal que produce pocos ricos muy ricos y millones de pobres.
La metodología de la desaparición empezó entre 1974 y 75, en 1976 se hizo más sistemática y para los años 1977 y 1978 no quedaba un lugar sin que hubieran ido a buscar a un militante o lo persiguieran en plena calle.
Fue una operación muy programada que empezó a prepararse en la época de la señora Isabel Martínez de Perón. Hubo un plan organizado por Estados Unidos con la complicidad y participación de los gobiernos militares, del poder económico y, en el caso de Argentina, de la mayoría de la cúpula de la Iglesia católica. No sólo fueron cómplices, también fueron partícipes. Entraban en los campos de concentración, veían a la gente torturada, ellos mismos les decían que tenían que hablar y decir todo lo que sabían.
Las madres lo aprendimos todo en la calle; hablando con políticos, funcionarios y hasta con los propios militares hipócritas. Nos decían que «si no habían hecho nada en algún momento aparecería», que «en algo andaría», que «por algo será». Frases de los militares pero también de una parte de la sociedad.
La Plaza de Mayo y la unión entre las madres fue fundamental, convirtiéndose en una especie de «catarsis» colectiva que les sirvió de ayuda mutua en medio de la desesperación.
Nosotras desestructuramos a los sicólogos. Hicimos una terapia de grupo no voluntaria, pero espontánea. No había libro de sicología que explicara el fenómeno de la desaparición y cómo elaborar un duelo. Hasta el día de hoy, las acciones llevadas a cabo para mantener viva la memoria no alcanzan para elaborar el duelo. Es como tener un cementerio sin muertos.
En medio de tanto dolor, Argentina celebró y ganó el Mundial de Fútbol de 1978. ¿Cómo vivió aquellas muestras de algarabía en las calles de Buenos Aires?
La represión no se dio sólo en los centros clandestinos o contra los luchadores populares. El coste lo pagó toda la sociedad. Las desapariciones forzadas, el no poder elaborar un duelo ni tener el cuerpo de esa persona que querías... La represión generó un fenómeno de terror tan grande que llegó a inmovilizar a muchos. El Mundial fue una válvula de escape.
Sin menoscabar a los jugadores argentinos, algunas de las madres tenemos el convencimiento de que fue programado para que Perú se dejara ganar y la dictadura se mostrara ante el mundo con este triunfo.
Muchas de ustedes se conocieron en los pasillos de la Casa Rosada y con tan sólo un cruce de miradas intuían que habían acudido por el mismo motivo.
Recuerdo perfectamente estar caminando por los pasillos del Palacio de Justicia y cruzarme con un mujer con la mirada triste y ojos llorosos; como si buscara en un infinito de recuerdos. Nos paramos y mirándonos mutuamente, nos preguntamos: ¿Vos venís por lo mismo que vengo yo?.
En la medida en que se arrimaba una madre, primero se sentaba en un costado de la Plaza y ahí se quedaba tímidamente hasta que otra madre se le acercaba, o ella, despacito, se arrimaba al lugar donde estaba el resto. Eso fue así por años.
Pese a que fueron detenidas, perseguidas y multadas, no desistieron ni un día.
No nos abatieron ni tampoco nos hicieron claudicar. Nos amenazaban con cinco días de cárcel o 30 centavos de multa por violar los edictos policiales, en concreto, el que prohibía el escándalo en la vía pública.
En ese momento, algunas madres decían que querían ir a la cárcel para estar con sus hijos.
Estar en la Plaza de Mayo no violaba ningún edicto. Pero, como había Estado de sitio, teníamos que ir de dos en dos. La Policía venía y nos decía «circulen, circulen» y así nos obligaron a circular por la Plaza, si no nos echaban. Al principio, lo hacíamos alrededor del monumento de Belgrano y, después, de la Pirámide porque el movimiento de las madres fue creciendo.
Como lo de la multa, hubo un montón de situaciones. Cuando nos querían llevar presas, llamaban a los patrulleros y nosotras nos negábamos a subir. Entonces, paraban un autobús de línea, bajaban a todos los pasajeros y nos subían. A todo esto, nosotras éramos resistentes, insumisas, rebeldes; les dábamos trabajo, en otras palabras.
En otra ocasión, estábamos en la calle Florida, una avenida comercial muy importante de Buenos Aires. Decidimos ir para que nos vieran los turistas.
En una de esas, vino un policía y con mucho cuidado le dijo a una madre si le podía acompañar. Como ninguna se había percatado de lo que estaba sucediendo, se dejó caer al suelo y los policías no sabían qué hacer. La querían levantar pero ella, alta y grande, se hizo el peso muerto. Los policías empezaron a tirar de ella y las madres a gritar. En ese momento, vino el jefe del operativo y, en voz baja, ordenó a los policías que la dejaran porque todos los turistas estaban mirando.
Lo trágico de la situación también dio paso a ciertos momentos anecdóticos.
No éramos unas niñas, estábamos en los 50. Queríamos imitar a nuestros hijos militantes; por eso, nos cambiábamos lo nombres y nos poníamos apodos que, luego, se nos olvidaban. Lo más gracioso era cuando quedábamos en confiterías. Nos reuníamos allí para hacer ver que éramos señoras que iban a tomar el té. A una muy famosa, llamada La Violeta, la bautizamos como La Flor, y a otra en vez de La Fragata, le pusimos El Barquito.
«¿Adónde vamos a ir a tomar el té?», decíamos por teléfono. «A La Flor a festejar el cumpleaños de Blanquita». Y, la otra decía «¿qué flor, La Violeta?».
Y, con los horarios, otro tanto. Escuchábamos a nuestros hijos que quedaban a una hora distinta a la que decían. Así que cuando decíamos las cinco, en realidad, queríamos decir las cuatro. Pero, a alguien siempre se le olvidada si había que ir una hora más tarde o antes de lo hablado. ¡No pegábamos una!
Con el tiempo fueron sabiendo qué pasaba en los centros de detención clandestinos y reconstruyendo aquel calvario.
Cuando algunos de los hombres y mujeres que habían sido secuestrados fueron liberados, con valentía, solidaridad y mucho amor hacia los compañeros que se habían quedado dentro, nos llamaban para contarnos algo de esas vivencias terroríficas. Aún hoy, esa generosidad y solidaridad les cuesta la vida.
Se refiere al caso del testigo clave Jorge Julio López, desaparecido hace más de un año.
Siento bronca e infinito dolor porque el Estado abandonó y no protegió a los testigos, fue indiferente. Esta situación ha revivido con fuerza aquella frase que creíamos que no íbamos a tener que repetir: «Aparición con vida de Julio López».
Los resortes de la dictadura no acabaron con la instauración del Gobierno de Raúl Alfonsín. Los represores quedaron impunes. ¿Cómo fue ese cara a cara?
Siempre fue dramático porque la impunidad camina por la calle. Hoy en día todavía hay miles de policías que, pese a haber participado en la represión, tienen cargos. La verdad sigue en los archivos del Estado, de las Fuerzas Armadas, del poder económico y la Iglesia Católica. Aunque sobre el pasado hemos obtenido algunos logros, la justicia es lenta y aún sigue oculta la identidad de 500 menores.
«Madres» se ha presentado en varios festivales de cines, entre ellos, el de Donostia. ¿Qué significa este trabajo para usted?
Es la historia de nuestros hijos. Una historia de lucha, solidaridad y compromiso. Las madres no hicimos más que levantar la bandera de lucha de ellos y seguir acompañando la lucha popular en Argentina. Nuestros hijos son los actores de una época de lucha, de una generación diezmada casi en su mayoría, pero los que se salvaron y las nuevas generaciones siguen. Nadie baja los brazos. Ahora, la protesta está criminalizada en Argentina. Hay entre 4.000 y 5.000 procesados por pedir sueldos dignos, trabajo, por hacer cortes de vía o huelgas. La represión no es como en la dictadura pero sigue para aplacar las exigencias de cambio.
La causa del desastre fue el manejo inadecuado de las presas, insiste López Obrador
René Alberto López, corresponsal
Villahermosa, Tab., 12 de diciembre. Andrés Manuel López Obrador reiteró que el manejo inadecuado de las presas fue la causa de la inundación que devastó Villahermosa y otros municipios, y manifestó que el gobierno federal tiene que reparar los daños que sufrieron miles de tabasqueños.
Aunque refirió que el pago de los 10 mil pesos que hacen autoridades es insuficiente, el ex candidato presidencial sostuvo que los damnificados deben aceptar el apoyo, pero, además, exigir que el gobierno les reintegre todo lo que perdieron en la contingencia.
Dijo que “es tiempo de despertar, no es posible que afecten así a la gente y que después de que la agreden, que causan esta tragedia, todavía les aplaudan. Ese no es Tabasco. Yo estoy seguro de que las cosas cambiarán poco a poco”.
El “presidente legítimo” llegó este miércoles a Villahermosa para informar sobre la demanda que presentó contra la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua, a las que responsabiliza de las inundaciones ocurridas aquí en octubre y noviembre.
Para ello, sostuvo una reunión privada en el salón Lagunas con legisladores federales y locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como alcaldes y dirigentes municipales, en la que estuvo acompañado por los senadores Arturo Núñez Jiménez y Ricardo Monreal Ávila.
Luego, en entrevista con una radio local, López Obrador aseveró que en las inundaciones hubo irresponsabilidad en tres niveles, y citó el manejo inadecuado de las presas. Acusó que se desfogaron 2 millones de litros de agua por segundo.
El político, oriundo de esta entidad, también mencionó la falta de infraestructura de prevención. Se refirió a la falta de construcción de bordos de contención a orillas de los ríos, así como permitir la edificación de centros comerciales en zonas bajas. Otro aspecto, consideró, fue que no se le avisó oportunamente a la gente, por lo que no alcanzaron a sacar nada de sus viviendas.
Villahermosa, Tab., 12 de diciembre. Andrés Manuel López Obrador reiteró que el manejo inadecuado de las presas fue la causa de la inundación que devastó Villahermosa y otros municipios, y manifestó que el gobierno federal tiene que reparar los daños que sufrieron miles de tabasqueños.
Aunque refirió que el pago de los 10 mil pesos que hacen autoridades es insuficiente, el ex candidato presidencial sostuvo que los damnificados deben aceptar el apoyo, pero, además, exigir que el gobierno les reintegre todo lo que perdieron en la contingencia.
Dijo que “es tiempo de despertar, no es posible que afecten así a la gente y que después de que la agreden, que causan esta tragedia, todavía les aplaudan. Ese no es Tabasco. Yo estoy seguro de que las cosas cambiarán poco a poco”.
El “presidente legítimo” llegó este miércoles a Villahermosa para informar sobre la demanda que presentó contra la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua, a las que responsabiliza de las inundaciones ocurridas aquí en octubre y noviembre.
Para ello, sostuvo una reunión privada en el salón Lagunas con legisladores federales y locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como alcaldes y dirigentes municipales, en la que estuvo acompañado por los senadores Arturo Núñez Jiménez y Ricardo Monreal Ávila.
Luego, en entrevista con una radio local, López Obrador aseveró que en las inundaciones hubo irresponsabilidad en tres niveles, y citó el manejo inadecuado de las presas. Acusó que se desfogaron 2 millones de litros de agua por segundo.
El político, oriundo de esta entidad, también mencionó la falta de infraestructura de prevención. Se refirió a la falta de construcción de bordos de contención a orillas de los ríos, así como permitir la edificación de centros comerciales en zonas bajas. Otro aspecto, consideró, fue que no se le avisó oportunamente a la gente, por lo que no alcanzaron a sacar nada de sus viviendas.
Senadores de PRI y PAN, por aprobar legislaciones que destruirán manglares
Someterán hoy a votación las leyes de vida silvestre y equilibrio ecológico
Las reformas, producto de la presión de panistas e inversionistas con intereses económicos en el sector turístico
Esposo de legisladora del blanquiazul busca autorización de un proyecto
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Por sus características biológicas, los manglares no se pueden llevar de un lugar a otro, por lo que si se elimina de un sitio se pierde, dicen grupos ecologistas Foto: Ap
Con el voto del PAN y el PRI se pretende aprobar hoy reformas a dos leyes en materia de medio ambiente, que permitirán la edificación de desarrollos turísticos en las zonas de manglares, aun cuando signifique destruir esos ecosistemas, constituidos por bosques costeros, que entre otras cosas, ayudan a frenar el impacto de huracanes.
Se trata de modificaciones impugnadas por el PRD, el Verde Ecologista y grupos ambientalistas. Estos últimos denunciaron que son reformas producto de la presión de inversionistas españoles y de legisladores de AN que tienen intereses económicos, entre ellos, la senadora Eva Contreras.
El esposo de la legisladora, el empresario Fernando González Corona, es miembro del consejo de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, la principal opositora a la ley vigente en materia de manglares.
Desde hace un tiempo, González Corona trata de conseguir el permiso para levantar un complejo urbanístico en Isla Mujeres, que en marzo le fue negado con base en la legislación que su esposa trata de modificar.
Las reformas a la Ley de Vida Silvestre y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, agendadas para votarse hoy en el Senado –el dictamen pasó ya la primera lectura–, flexibilizan al máximo los requisitos para construir conjuntos hoteleros y habitacionales en zonas de manglares y establecen medidas compensatorias en caso de que se dañen, afecten o destruyan éstos.
En este último caso se establece que los inversionistas deberán reponer seis hectáreas por cada una de mangle destruido.
“Se trata de una contrarreforma” que el Verde Ecologista no avala y va a votar en contra, comentó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Jorge Legorreta. Consideró que el argumento de compensación no opera, toda vez que la reforestación en las zonas costeras lleva más de 30 años.
En la exposición de motivos de la reforma se reconoce que en los recientes 20 años se ha perdido el 65 por ciento de la superficie cubierta por manglares, deforestándose cada año más 9 mil hectáreas, lo cual es grave, toda vez que el mangle “es la única especie vegetal apta para vivir en un medio salobre, que lleva a cabo funciones trascendentales”.
Al respecto, el senador del PAN, Guillermo Tamborrel, quien presentó una de las dos iniciativas dictaminadas –el otro es el priísta Mario López Valdés–, sostuvo que la intención es proteger los manglares, ya que la ley actual permite que se acabe con ellos “por cuestiones naturales o acciones ilegales” que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no puede frenar.
Se flexibilizan, dijo, los requisitos para construir en esas áreas protegidas, pero se garantiza que quienes lleven a cabo los desarrollos turísticos “le aporten dinero al medio ambiente, para proteger y multiplicar los manglares”.
Además, argumentó, la modificación al artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre, que permite construir en zonas de manglar, establece medidas de compensación “al seis por uno”. Es decir, si la edificación de un conjunto de condominios o un hotel destruye una hectárea de manglar, el inversionista debe reponer otras seis hectáreas.
El senador Tamborrel rechazó que su compañera de bancada, Eva Contreras, incurra en conflicto de intereses. Dijo que ella no promovió la iniciativa, sólo la suscribió porque es integrante de la Comisión de Medio Ambiente.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas denunciaron que el esposo de la senadora ha acumulado una gran fortuna en años recientes a partir de la construcción de conjuntos turísticos en Los Cabos, Cancún, Vallarta –de donde fue presidente municipal– y otras ciudades de Jalisco y Nayarit.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Grupo Ecologista del Mayab, Conservación de Mamíferos Marinos de México, Teyelitz y Greenpeace, entre otras agrupaciones, advirtieron que González Corona ha tratado de que le aprueben construir el proyecto Villa del Palmar en la zona de Isla Mujeres conocida como La Puntilla.
El conjunto consta de 19 edificios de diez niveles, con un total de 699 viviendas, con mil 255 cuartos, seis albercas y canchas deportivas, en una superficie de 176 hectáreas, donde predomina el matorral costero y hay ejemplares de manglar.
Debido a que contraviene disposiciones legales y ambientales, la delegación de Semarnat rechazó el proyecto el pasado 29 de marzo. De aprobarse las reformas en que su esposa participa, González Corona podrá echar a andar el complejo turístico.
A la senadora Contreras no se le localizó ayer en la ciudad, ya que rindió su primer informe de actividades legislativas en Vallarta.
Las reformas, producto de la presión de panistas e inversionistas con intereses económicos en el sector turístico
Esposo de legisladora del blanquiazul busca autorización de un proyecto
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Por sus características biológicas, los manglares no se pueden llevar de un lugar a otro, por lo que si se elimina de un sitio se pierde, dicen grupos ecologistas Foto: ApCon el voto del PAN y el PRI se pretende aprobar hoy reformas a dos leyes en materia de medio ambiente, que permitirán la edificación de desarrollos turísticos en las zonas de manglares, aun cuando signifique destruir esos ecosistemas, constituidos por bosques costeros, que entre otras cosas, ayudan a frenar el impacto de huracanes.
Se trata de modificaciones impugnadas por el PRD, el Verde Ecologista y grupos ambientalistas. Estos últimos denunciaron que son reformas producto de la presión de inversionistas españoles y de legisladores de AN que tienen intereses económicos, entre ellos, la senadora Eva Contreras.
El esposo de la legisladora, el empresario Fernando González Corona, es miembro del consejo de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, la principal opositora a la ley vigente en materia de manglares.
Desde hace un tiempo, González Corona trata de conseguir el permiso para levantar un complejo urbanístico en Isla Mujeres, que en marzo le fue negado con base en la legislación que su esposa trata de modificar.
Las reformas a la Ley de Vida Silvestre y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, agendadas para votarse hoy en el Senado –el dictamen pasó ya la primera lectura–, flexibilizan al máximo los requisitos para construir conjuntos hoteleros y habitacionales en zonas de manglares y establecen medidas compensatorias en caso de que se dañen, afecten o destruyan éstos.
En este último caso se establece que los inversionistas deberán reponer seis hectáreas por cada una de mangle destruido.
“Se trata de una contrarreforma” que el Verde Ecologista no avala y va a votar en contra, comentó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Jorge Legorreta. Consideró que el argumento de compensación no opera, toda vez que la reforestación en las zonas costeras lleva más de 30 años.
En la exposición de motivos de la reforma se reconoce que en los recientes 20 años se ha perdido el 65 por ciento de la superficie cubierta por manglares, deforestándose cada año más 9 mil hectáreas, lo cual es grave, toda vez que el mangle “es la única especie vegetal apta para vivir en un medio salobre, que lleva a cabo funciones trascendentales”.
Al respecto, el senador del PAN, Guillermo Tamborrel, quien presentó una de las dos iniciativas dictaminadas –el otro es el priísta Mario López Valdés–, sostuvo que la intención es proteger los manglares, ya que la ley actual permite que se acabe con ellos “por cuestiones naturales o acciones ilegales” que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no puede frenar.
Se flexibilizan, dijo, los requisitos para construir en esas áreas protegidas, pero se garantiza que quienes lleven a cabo los desarrollos turísticos “le aporten dinero al medio ambiente, para proteger y multiplicar los manglares”.
Además, argumentó, la modificación al artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre, que permite construir en zonas de manglar, establece medidas de compensación “al seis por uno”. Es decir, si la edificación de un conjunto de condominios o un hotel destruye una hectárea de manglar, el inversionista debe reponer otras seis hectáreas.
El senador Tamborrel rechazó que su compañera de bancada, Eva Contreras, incurra en conflicto de intereses. Dijo que ella no promovió la iniciativa, sólo la suscribió porque es integrante de la Comisión de Medio Ambiente.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas denunciaron que el esposo de la senadora ha acumulado una gran fortuna en años recientes a partir de la construcción de conjuntos turísticos en Los Cabos, Cancún, Vallarta –de donde fue presidente municipal– y otras ciudades de Jalisco y Nayarit.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Grupo Ecologista del Mayab, Conservación de Mamíferos Marinos de México, Teyelitz y Greenpeace, entre otras agrupaciones, advirtieron que González Corona ha tratado de que le aprueben construir el proyecto Villa del Palmar en la zona de Isla Mujeres conocida como La Puntilla.
El conjunto consta de 19 edificios de diez niveles, con un total de 699 viviendas, con mil 255 cuartos, seis albercas y canchas deportivas, en una superficie de 176 hectáreas, donde predomina el matorral costero y hay ejemplares de manglar.
Debido a que contraviene disposiciones legales y ambientales, la delegación de Semarnat rechazó el proyecto el pasado 29 de marzo. De aprobarse las reformas en que su esposa participa, González Corona podrá echar a andar el complejo turístico.
A la senadora Contreras no se le localizó ayer en la ciudad, ya que rindió su primer informe de actividades legislativas en Vallarta.
Ven legisladores una “salida” para la situación del campo con el TLCAN
Matilde Pérez U.
El primero de enero de 2008 no debe tomarse como una fecha fatal, ya que el gobierno mexicano puede solicitar la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y establecer un mecanismo emergente de importaciones y exportaciones de maíz, frijol, azúcar y de otros productos del campo que se consideren sensibles, dijo el senador Antonio Mejía Haro.
En un mensaje dirigido a los ayunantes de la campaña Sin maíz no hay país, sin frijol tampoco, ¡pon a México en tu boca!, el también secretario de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado afirmó que la creación de un grupo de trabajo para analizar los efectos del tratado en el sector rural no es una acción tardía, sino una postura legislativa ante la visión equivocada que mantienen los integrantes del gabinete de que el TLCAN ha resultado un éxito.
Los labriegos deben confiar en la preocupación de legisladores de varias fracciones parlamentarias en torno a la situación del campo, además de que el grupo parlamentario del PRD seguirá pugnando por el establecimiento de políticas públicas que fortalezcan el desarrollo de los productores y de ese 90 por ciento que no puede acceder con facilidad a los recursos federales.
“Sí hay una salida, pero hay que tener los elementos más allá del discurso y por eso se da la instalación del grupo de trabajo que revisará los efectos del TLCAN en el sector agropecuario, en donde se volverán a revisar los datos de investigaciones y análisis realizados por expertos en torno al tema. Los 10 senadores que conformamos este grupo nos comprometimos a trabajar fuerte, a escuchar a los campesinos y a tomar en cuenta las opiniones de los especialistas, para tener los resultados en septiembre del próximo año y demandar esa revisión”, dijo.
Agregó que entre marzo y abril de 2008 se llevarán a cabo foros para conocer la opinión de los campesinos del país. “Estamos buscando las acciones legislativas que puedan derivar en la renegociación del capítulo agropecuario del tratado comercial”, acotó.
Ayer, la veintena de ayunantes –cada día cambian, excepto tres personas– recibió la solidaridad de organizaciones gremiales y sociales, entre ellas el Sindicato del Inca Rural, la sección 18 del SNTE, Fomento Cultural, Global Exchange México, así como de investigadores de la Universidad de la Ciudad de México, del Instituto Maya, de la Universidad Pedagógica Nacional y del Foro Social Mundial, quienes han alentado la lucha para que maíz y frijol queden fuera del TLCAN.
Hoy, diversos artistas acudirán al Ángel de la Independencia para refrendar su solidaridad a la campaña Sin maíz no hay país, que continúa recabando firmas para que ambos granos queden fuera del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.
El primero de enero de 2008 no debe tomarse como una fecha fatal, ya que el gobierno mexicano puede solicitar la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y establecer un mecanismo emergente de importaciones y exportaciones de maíz, frijol, azúcar y de otros productos del campo que se consideren sensibles, dijo el senador Antonio Mejía Haro.
En un mensaje dirigido a los ayunantes de la campaña Sin maíz no hay país, sin frijol tampoco, ¡pon a México en tu boca!, el también secretario de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado afirmó que la creación de un grupo de trabajo para analizar los efectos del tratado en el sector rural no es una acción tardía, sino una postura legislativa ante la visión equivocada que mantienen los integrantes del gabinete de que el TLCAN ha resultado un éxito.
Los labriegos deben confiar en la preocupación de legisladores de varias fracciones parlamentarias en torno a la situación del campo, además de que el grupo parlamentario del PRD seguirá pugnando por el establecimiento de políticas públicas que fortalezcan el desarrollo de los productores y de ese 90 por ciento que no puede acceder con facilidad a los recursos federales.
“Sí hay una salida, pero hay que tener los elementos más allá del discurso y por eso se da la instalación del grupo de trabajo que revisará los efectos del TLCAN en el sector agropecuario, en donde se volverán a revisar los datos de investigaciones y análisis realizados por expertos en torno al tema. Los 10 senadores que conformamos este grupo nos comprometimos a trabajar fuerte, a escuchar a los campesinos y a tomar en cuenta las opiniones de los especialistas, para tener los resultados en septiembre del próximo año y demandar esa revisión”, dijo.
Agregó que entre marzo y abril de 2008 se llevarán a cabo foros para conocer la opinión de los campesinos del país. “Estamos buscando las acciones legislativas que puedan derivar en la renegociación del capítulo agropecuario del tratado comercial”, acotó.
Ayer, la veintena de ayunantes –cada día cambian, excepto tres personas– recibió la solidaridad de organizaciones gremiales y sociales, entre ellas el Sindicato del Inca Rural, la sección 18 del SNTE, Fomento Cultural, Global Exchange México, así como de investigadores de la Universidad de la Ciudad de México, del Instituto Maya, de la Universidad Pedagógica Nacional y del Foro Social Mundial, quienes han alentado la lucha para que maíz y frijol queden fuera del TLCAN.
Hoy, diversos artistas acudirán al Ángel de la Independencia para refrendar su solidaridad a la campaña Sin maíz no hay país, que continúa recabando firmas para que ambos granos queden fuera del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.
Cayó afluencia de peregrinos en los 2 años recientes: delegación
Josefina Quintero, Rocío González y Laura Poy
La fe cristiana ha mermado en los dos años recientes. Contrario a las estimaciones oficiales, la afluencia de peregrinos a la Basílica de Guadalupe registrada por el puesto de mando de la delegación Gustavo A. Madero se contabilizó en 6 millones de personas, dos menos de lo esperado por la jerarquía católica, los gobiernos federal, local y delegacional, que estimaron una asistencia de 8 millones de visitantes al templo mariano.
Este es el segundo año consecutivo que el evento religioso más importante de la ciudad, por el número de fieles que se concentran, ve reducida su cifra de visitantes. El año pasado se calculó una asistencia al templo mariano de 11 millones de católicos, cifra que ni siquiera alcanzó la mitad de lo esperado, porque el reporte oficial de entonces fue 5 millones 300 mil personas.
El puesto de mando Base Basílica, instalado en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y las autoridades de la delegación Gustavo A. Madero, informó que la afluencia total fue de “6 millones de peregrinos que acudieron al santuario mariano sin registro de incidentes”.
Las estimaciones que durante años han realizado las diferentes autoridades para calcular la asistencia de personas se basan en el número de peregrinaciones registradas en la Basílica de Guadalupe, que en esta ocasión fue de 501, más los grupos y personas que llegan por sí mismos para participar en los festejos a la Virgen de Guadalupe.
Durante el arribo, personal de la jurisdicción se instaló en los cuatro puntos de entrada al templo guadalupano para contabilizar el tránsito de peregrinos por minuto, el cual fue de 100 a 150, y el día de mayor afluencia –el martes 11 de diciembre– alcanzó las 500 personas.
Ayer, día principal de la celebración, se mantuvo saldo blanco. La presencia de feligreses en las inmediaciones de la sede delegacional se extendió hasta las seis de la tarde. Las atenciones médicas menores aumentaron a mil 996; en total hubo 10 traslados a hospitales y se localizó a 43 personas extraviadas.
En tanto, la Dirección de Servicios Urbanos de la jurisdicción informó que en total se recolectaron 659 toneladas de basura y se ofrecieron más de 238 mil litros de agua potable de manera gratuita.
Por su parte, el jefe delegacional de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil Figueroa, calificó de exitoso el operativo Basílica 2007, en el que participaron 2 mil 500 trabajadores de la delegación y más de 2 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con lo que se logró garantizar la seguridad de los peregrinos durante su estancia en el templo mariano.
Destacó que a pesar de la afluencia no hubo ningún hecho que pusiera en riesgo la integridad de los fieles católicos, tras señalar que un individuo que se hizo pasar por agente judicial fue remitido a una agencia del Ministerio Público por extorsionar a transportistas, y se clausuraron un par de negocios por expender bebidas alcohólicas a menores de edad en la calle Fray Juan de Zumárraga.
En cuanto a los comerciantes, explicó que salvo el incidente ocurrido con un grupo de fotógrafos, no hubo mayores problemas, en virtud de que se lograron acuerdos previos con las organizaciones para su ubicación, a fin de que pudieran realizar las ventas de los artículos religiosos, las cuales fueron supervisadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Precisó que, como cada año, se presupuestó cerca de 8 millones de pesos para todas las actividades relacionadas con el operativo Basílica 2007, en los que se incluye desde el salario del personal, logística, difusión y los servicios públicos que se prestan.
Durante la ceremonia religiosa, el cardenal Norberto Rivera Carrera exhortó a los fieles católicos y a los pueblos de América a recuperar valores como la solidaridad, la dignidad y el respeto, ante lo que calificó “adversidades y conflictos, donde la injusticia es una lepra que carcome y sufre la sociedad”, y alentó a los mexicanos a dejar de “tener miedo” al insistir que son los “miedos y complejos los que desgarran y atropellan la dignidad y el derecho de los demás”.
En la homilía, en la que estuvo presente el nuncio apostólico Christophe Pierre, para hacer “presente al papa Benedicto XVI en una fiesta tan importante para nosotros”, Rivera Carrera aseguró que ante la “sed de venganza que ciega los corazones y las divisiones que destruyen toda relación humana, sólo el reconocimiento del amor de Dios nos ofrece la gran oportunidad de consolidar los valores humanos más profundos”.
Este delincuente hablando de valores.
Por la tarde-noche los peregrinos emprendieron el regreso a sus lugares de origen y a partir de las seis de la tarde fue reabierta la circulación vehicular.
La fe cristiana ha mermado en los dos años recientes. Contrario a las estimaciones oficiales, la afluencia de peregrinos a la Basílica de Guadalupe registrada por el puesto de mando de la delegación Gustavo A. Madero se contabilizó en 6 millones de personas, dos menos de lo esperado por la jerarquía católica, los gobiernos federal, local y delegacional, que estimaron una asistencia de 8 millones de visitantes al templo mariano.
Este es el segundo año consecutivo que el evento religioso más importante de la ciudad, por el número de fieles que se concentran, ve reducida su cifra de visitantes. El año pasado se calculó una asistencia al templo mariano de 11 millones de católicos, cifra que ni siquiera alcanzó la mitad de lo esperado, porque el reporte oficial de entonces fue 5 millones 300 mil personas.
El puesto de mando Base Basílica, instalado en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y las autoridades de la delegación Gustavo A. Madero, informó que la afluencia total fue de “6 millones de peregrinos que acudieron al santuario mariano sin registro de incidentes”.
Las estimaciones que durante años han realizado las diferentes autoridades para calcular la asistencia de personas se basan en el número de peregrinaciones registradas en la Basílica de Guadalupe, que en esta ocasión fue de 501, más los grupos y personas que llegan por sí mismos para participar en los festejos a la Virgen de Guadalupe.
Durante el arribo, personal de la jurisdicción se instaló en los cuatro puntos de entrada al templo guadalupano para contabilizar el tránsito de peregrinos por minuto, el cual fue de 100 a 150, y el día de mayor afluencia –el martes 11 de diciembre– alcanzó las 500 personas.
Ayer, día principal de la celebración, se mantuvo saldo blanco. La presencia de feligreses en las inmediaciones de la sede delegacional se extendió hasta las seis de la tarde. Las atenciones médicas menores aumentaron a mil 996; en total hubo 10 traslados a hospitales y se localizó a 43 personas extraviadas.
En tanto, la Dirección de Servicios Urbanos de la jurisdicción informó que en total se recolectaron 659 toneladas de basura y se ofrecieron más de 238 mil litros de agua potable de manera gratuita.
Por su parte, el jefe delegacional de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil Figueroa, calificó de exitoso el operativo Basílica 2007, en el que participaron 2 mil 500 trabajadores de la delegación y más de 2 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con lo que se logró garantizar la seguridad de los peregrinos durante su estancia en el templo mariano.
Destacó que a pesar de la afluencia no hubo ningún hecho que pusiera en riesgo la integridad de los fieles católicos, tras señalar que un individuo que se hizo pasar por agente judicial fue remitido a una agencia del Ministerio Público por extorsionar a transportistas, y se clausuraron un par de negocios por expender bebidas alcohólicas a menores de edad en la calle Fray Juan de Zumárraga.
En cuanto a los comerciantes, explicó que salvo el incidente ocurrido con un grupo de fotógrafos, no hubo mayores problemas, en virtud de que se lograron acuerdos previos con las organizaciones para su ubicación, a fin de que pudieran realizar las ventas de los artículos religiosos, las cuales fueron supervisadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Precisó que, como cada año, se presupuestó cerca de 8 millones de pesos para todas las actividades relacionadas con el operativo Basílica 2007, en los que se incluye desde el salario del personal, logística, difusión y los servicios públicos que se prestan.
Durante la ceremonia religiosa, el cardenal Norberto Rivera Carrera exhortó a los fieles católicos y a los pueblos de América a recuperar valores como la solidaridad, la dignidad y el respeto, ante lo que calificó “adversidades y conflictos, donde la injusticia es una lepra que carcome y sufre la sociedad”, y alentó a los mexicanos a dejar de “tener miedo” al insistir que son los “miedos y complejos los que desgarran y atropellan la dignidad y el derecho de los demás”.
En la homilía, en la que estuvo presente el nuncio apostólico Christophe Pierre, para hacer “presente al papa Benedicto XVI en una fiesta tan importante para nosotros”, Rivera Carrera aseguró que ante la “sed de venganza que ciega los corazones y las divisiones que destruyen toda relación humana, sólo el reconocimiento del amor de Dios nos ofrece la gran oportunidad de consolidar los valores humanos más profundos”.
Este delincuente hablando de valores.
Por la tarde-noche los peregrinos emprendieron el regreso a sus lugares de origen y a partir de las seis de la tarde fue reabierta la circulación vehicular.
Contratista de Pemex ignoró riesgo en Campeche
Goza de protección y contratos del gobierno de Estados Unidos, señala el Cereal
Patricia Muñoz, Lorenzo Chim y Jesús Lastra (Reportera y corresponsales)
La empresa Perforadora Central, que construyó la plataforma Usumacinta, la cual se colapsó el 23 de octubre y provocó la muerte de 23 trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), “ha recibido más de 158 millones de dólares de la Administración Marítima del Departamento de Transporte del gobierno de Estados Unidos (Marad, por su abreviatura en inglés), para la construcción de plataformas de astilleros de aquel país”.
Desde 2003 esta empresa ha sido blanco de constantes denuncias por falta de seguridad, fallas en procedimientos en todas sus construcciones y abusos laborales, los cuales han derivado en investigaciones y señalamientos.
El Centro de Acción y Reflexión Laboral (Cereal) señala lo anterior en un documento y agrega que Perforadora Central fue objeto de todo tipo de denuncias laborales y técnicas relacionadas con la plataforma Usumacinta .
Señala que la embajada de Estados Unidos o su agregado laboral debe revisar la relación de su gobierno con esta empresa, ya que desde 1998 ha recibido “garantías de crédito” por varios millones de dólares para construir astilleros, siendo que “hay evidencia suficiente de que no es la primera vez que será investigada sobre su desprecio en garantizar el derecho a la vida de sus trabajadores mediante las debidas medidas de seguridad”.
Cereal destacó que dicha empresas fue beneficiada durante años con contratos millonarios por renta de plataformas marinas, trabajos de perforación y arrendamiento de equipos.
Sólo en 2004, cuando se exportó el mayor volumen de petróleo en la historia de México, cobró cuando menos 203 millones de dólares de Pemex por contratación de equipos. Desde ese entonces se empezaron a documentar irregularidades de seguridad y violaciones a los derechos humanos de los trabajadores de la plataforma Usumacinta.
Hay denuncias contra Perforadora Central en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo; en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social existe constancia de quejas por inspecciones irregulares, y legisladores dieron cuenta de diversas quejas de trabajadores.
La propia paraestatal exhortó a la empresa para que cumpliera las normas, reglamentos y condiciones de seguridad y protección ambiental: sin embargo, hubo una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del trabajo.
Calculan que se derramarán al mar más de 8.2 millones de hidrocarburos
Diputados de Campeche aseguraron que, a 50 días del accidente en la plataforma petrolera Kab 101, se han derramado al mar más de 3 millones 750 mil litros de petróleo crudo sin que Pemex asuma su responsabilidad ante el desastre ecológico.
Los legisladores votaron por unanimidad un exhorto a la empresa para que corrija los daños ocasionados frente a las costas de Campeche y señalaron que si, como asegura Pemex, la contingencia será controlada en dos meses, para entonces habrán pasado 110 días y se habrán vertido al mar 8 millones 250 mil litros de hidrocarburos.
En el punto de acuerdo se exige a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que presenten al Congreso local un informe sobre los daños reales del derrame.
En Minatitlán, Veracruz, dos trabajadores de la refinería Lázaro Cárdenas del Río sufrieron quemaduras a causa de un incendio en el incinerador CF-1404 de la planta recuperadora de azufre de la unidad procesadora de gasolina. La conflagración fue controlada.
Georgina Saavedera Cruz, vocera de la empresa en la región, informó que Rodrigo Antonio Zanoteli Vázquez y Heriberto Dominguez García convalecen en el hospital regional de Pemex.
Guillermo Hernández Urbina, director de la Unidad Municipal de Protección Civil, se quejó de la cerrazón de la empresa, que no toma en cuenta a los vecinos de la refinería, la cual se ubica en el centro de la ciudad.
Patricia Muñoz, Lorenzo Chim y Jesús Lastra (Reportera y corresponsales)
La empresa Perforadora Central, que construyó la plataforma Usumacinta, la cual se colapsó el 23 de octubre y provocó la muerte de 23 trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), “ha recibido más de 158 millones de dólares de la Administración Marítima del Departamento de Transporte del gobierno de Estados Unidos (Marad, por su abreviatura en inglés), para la construcción de plataformas de astilleros de aquel país”.
Desde 2003 esta empresa ha sido blanco de constantes denuncias por falta de seguridad, fallas en procedimientos en todas sus construcciones y abusos laborales, los cuales han derivado en investigaciones y señalamientos.
El Centro de Acción y Reflexión Laboral (Cereal) señala lo anterior en un documento y agrega que Perforadora Central fue objeto de todo tipo de denuncias laborales y técnicas relacionadas con la plataforma Usumacinta .
Señala que la embajada de Estados Unidos o su agregado laboral debe revisar la relación de su gobierno con esta empresa, ya que desde 1998 ha recibido “garantías de crédito” por varios millones de dólares para construir astilleros, siendo que “hay evidencia suficiente de que no es la primera vez que será investigada sobre su desprecio en garantizar el derecho a la vida de sus trabajadores mediante las debidas medidas de seguridad”.
Cereal destacó que dicha empresas fue beneficiada durante años con contratos millonarios por renta de plataformas marinas, trabajos de perforación y arrendamiento de equipos.
Sólo en 2004, cuando se exportó el mayor volumen de petróleo en la historia de México, cobró cuando menos 203 millones de dólares de Pemex por contratación de equipos. Desde ese entonces se empezaron a documentar irregularidades de seguridad y violaciones a los derechos humanos de los trabajadores de la plataforma Usumacinta.
Hay denuncias contra Perforadora Central en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo; en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social existe constancia de quejas por inspecciones irregulares, y legisladores dieron cuenta de diversas quejas de trabajadores.
La propia paraestatal exhortó a la empresa para que cumpliera las normas, reglamentos y condiciones de seguridad y protección ambiental: sin embargo, hubo una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del trabajo.
Calculan que se derramarán al mar más de 8.2 millones de hidrocarburos
Diputados de Campeche aseguraron que, a 50 días del accidente en la plataforma petrolera Kab 101, se han derramado al mar más de 3 millones 750 mil litros de petróleo crudo sin que Pemex asuma su responsabilidad ante el desastre ecológico.
Los legisladores votaron por unanimidad un exhorto a la empresa para que corrija los daños ocasionados frente a las costas de Campeche y señalaron que si, como asegura Pemex, la contingencia será controlada en dos meses, para entonces habrán pasado 110 días y se habrán vertido al mar 8 millones 250 mil litros de hidrocarburos.
En el punto de acuerdo se exige a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que presenten al Congreso local un informe sobre los daños reales del derrame.
En Minatitlán, Veracruz, dos trabajadores de la refinería Lázaro Cárdenas del Río sufrieron quemaduras a causa de un incendio en el incinerador CF-1404 de la planta recuperadora de azufre de la unidad procesadora de gasolina. La conflagración fue controlada.
Georgina Saavedera Cruz, vocera de la empresa en la región, informó que Rodrigo Antonio Zanoteli Vázquez y Heriberto Dominguez García convalecen en el hospital regional de Pemex.
Guillermo Hernández Urbina, director de la Unidad Municipal de Protección Civil, se quejó de la cerrazón de la empresa, que no toma en cuenta a los vecinos de la refinería, la cual se ubica en el centro de la ciudad.
Les prometieron casas si votaban por Calderón en Querétaro... y aún esperan
Las propiedades, inconclusas o inexistentes; los excluyen de programas de Sedeso
Mariana Chávez (Corresponsal)
Bernardina Guevara, una de las supuestas beneficiarias del Fideicomiso Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda, parte del del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva Tu Casa, afirmó que, a un año de haber hecho el depósito que le pidieron, sigue sin recibir su propiedad Foto: Demián Chávez
Querétaro, Qro., 12 de diciembre. Más de 93 vecinos de los municipios de Jalpan de Serra, Pinal de Amoles y Arroyo Seco, a quienes ofrecieron casas de un programa conjunto del Instituto Estatal de la Vivienda (Iveqro) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) a cambio de promover el voto en favor de Felipe Calderón en las elecciones presidenciales de 2006, recibieron inmuebles inconclusos y en algunos casos las casas no existían.
El problema es que los supuestos beneficiarios ya no tendrán acceso a otro apoyo inmobiliario a través de Sedeso, pues la dependencia los tiene registrados como atendidos.
El director del Iveqro, José Guerrero Renaud, afirmó que las casas están inconclusas “por un problema con un proveedor”, cuyo nombre omitió.
Sólo en Jalpan de Serra hay 93 personas que no recibieron casas de Sedeso y el Iveqro, y existe un número aún no determinado en los municipios de Arroyo Seco y Pinal de Amoles, en la Sierra Gorda de Querétaro.
Las casas fueron promovidas a través del Programa de Unidad Básica de Vivienda Rural del Iveqro y del Fideicomiso Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda, como parte del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva Tu Casa, del gobierno federal.
José Guerrero explicó que estas viviendas cuestan 40 mil pesos; 70 por ciento del monto lo aporta la Federación, 25 por ciento el estado y el municipio, y el beneficiario cubre 5 por ciento (3 mil pesos, aproximadamente).
Cada inmueble consta de una plataforma de concreto de 21 metros cuadrados y paredes de cloruro de polivinilo (PVC).
Las casas fueron promovidas en junio de 2006 a través de personas reclutadas por Micaela Rubio, consejera nacional del Partido Acción Nacional y diputada federal suplente.
Gregorio Sánchez González, habitante de la delegación municipal de Concá, Arroyo Seco, informó que fue invitado a participar en ese programa “cuando andaban las votaciones de los presidentes. Nos dijeron que si no nos interesaba una vivienda y ya ve: amolados, dijimos que sí”.
Al entregar la documentación para ser beneficiario junto con su esposa, les preguntaron por quién iban a votar. “Ya con la esperanza de que me echaran la mano, dije: pues por el presidente que está ahorita, Calderón”, relató Sánchez González.
“El gobernador estaba enterado de todo”
Bernardina Guevara Romero indicó que antes de las elecciones de 2006 se enteró del programa de vivienda a través de personas que tenían contacto con Micaela Rubio, quienes le exigieron depositar 3 mil pesos en una cuenta bancaria en favor de Iveqro para ser beneficiaria.
Hizo el depósito en diciembre de 2006. El 7 de marzo de 2007, personas que no identificó llevaron material de construcción, colocaron una plancha de cemento y no volvieron.
Guevara Romero narró que ha acudido a cinco juntas donde sólo le han prometido que le entregarán la vivienda.
Los otros supuestos beneficiarios “estaban molestos y dijeron que iban a hablar con el gobernador (Francisco Garrido Patrón). Los representantes del programa les respondieron que ni se preocuparan, que el gobernador estaba enterado de todo”, indicó.
El 7 de septiembre el mandatario y personal de la Sedeso entregaron 75 viviendas del programa Tu Casa. Según Bernardina Guevara, únicamente cinco unidades estaban concluidas.
El director del Iveqro anunció que se buscará a un nuevo proveedor para que termine las obras y dijo esperar que estén terminadas en los primeros meses de 2008.
Prueba de compra de votos por Sedeso.
Mariana Chávez (Corresponsal)
Bernardina Guevara, una de las supuestas beneficiarias del Fideicomiso Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda, parte del del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva Tu Casa, afirmó que, a un año de haber hecho el depósito que le pidieron, sigue sin recibir su propiedad Foto: Demián Chávez
Querétaro, Qro., 12 de diciembre. Más de 93 vecinos de los municipios de Jalpan de Serra, Pinal de Amoles y Arroyo Seco, a quienes ofrecieron casas de un programa conjunto del Instituto Estatal de la Vivienda (Iveqro) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) a cambio de promover el voto en favor de Felipe Calderón en las elecciones presidenciales de 2006, recibieron inmuebles inconclusos y en algunos casos las casas no existían.
El problema es que los supuestos beneficiarios ya no tendrán acceso a otro apoyo inmobiliario a través de Sedeso, pues la dependencia los tiene registrados como atendidos.
El director del Iveqro, José Guerrero Renaud, afirmó que las casas están inconclusas “por un problema con un proveedor”, cuyo nombre omitió.
Sólo en Jalpan de Serra hay 93 personas que no recibieron casas de Sedeso y el Iveqro, y existe un número aún no determinado en los municipios de Arroyo Seco y Pinal de Amoles, en la Sierra Gorda de Querétaro.
Las casas fueron promovidas a través del Programa de Unidad Básica de Vivienda Rural del Iveqro y del Fideicomiso Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda, como parte del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva Tu Casa, del gobierno federal.
José Guerrero explicó que estas viviendas cuestan 40 mil pesos; 70 por ciento del monto lo aporta la Federación, 25 por ciento el estado y el municipio, y el beneficiario cubre 5 por ciento (3 mil pesos, aproximadamente).
Cada inmueble consta de una plataforma de concreto de 21 metros cuadrados y paredes de cloruro de polivinilo (PVC).
Las casas fueron promovidas en junio de 2006 a través de personas reclutadas por Micaela Rubio, consejera nacional del Partido Acción Nacional y diputada federal suplente.
Gregorio Sánchez González, habitante de la delegación municipal de Concá, Arroyo Seco, informó que fue invitado a participar en ese programa “cuando andaban las votaciones de los presidentes. Nos dijeron que si no nos interesaba una vivienda y ya ve: amolados, dijimos que sí”.
Al entregar la documentación para ser beneficiario junto con su esposa, les preguntaron por quién iban a votar. “Ya con la esperanza de que me echaran la mano, dije: pues por el presidente que está ahorita, Calderón”, relató Sánchez González.
“El gobernador estaba enterado de todo”
Bernardina Guevara Romero indicó que antes de las elecciones de 2006 se enteró del programa de vivienda a través de personas que tenían contacto con Micaela Rubio, quienes le exigieron depositar 3 mil pesos en una cuenta bancaria en favor de Iveqro para ser beneficiaria.
Hizo el depósito en diciembre de 2006. El 7 de marzo de 2007, personas que no identificó llevaron material de construcción, colocaron una plancha de cemento y no volvieron.
Guevara Romero narró que ha acudido a cinco juntas donde sólo le han prometido que le entregarán la vivienda.
Los otros supuestos beneficiarios “estaban molestos y dijeron que iban a hablar con el gobernador (Francisco Garrido Patrón). Los representantes del programa les respondieron que ni se preocuparan, que el gobernador estaba enterado de todo”, indicó.
El 7 de septiembre el mandatario y personal de la Sedeso entregaron 75 viviendas del programa Tu Casa. Según Bernardina Guevara, únicamente cinco unidades estaban concluidas.
El director del Iveqro anunció que se buscará a un nuevo proveedor para que termine las obras y dijo esperar que estén terminadas en los primeros meses de 2008.
Prueba de compra de votos por Sedeso.
Condena tribunal a 30 años de prisión a tres militares bolivianos
Rosa Rojas (Corresponsal)
La Paz, 12 de diciembre. A 27 años del golpe de Estado de Luis García Meza contra la presidenta Lidia Gueiler y del asesinato y posterior desaparición de los cuerpos del dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y del diputado Carlos Flores Bedregal, un juez condenó a 30 años de prisión a tres de los oficiales del ejército que participaron en los hechos.
Fueron 10 años de un juicio en que las condenas se emitieron finalmente por alzamiento armado, cuya primera parte concluyó esta tarde con gritos de “asesinos”, “asesinos” y “ni olvido ni perdón”, así como repudio a condenas benévolas y el reclamo de los familiares por la devolución de los restos de las víctimas.
Otros 14 implicados en el golpe de Estado y en la muerte y desaparición de los dos políticos asesinados en el asalto a las oficinas de la Central Obrera Boliviana (COB) fueron condenados a penas menores, de dos a cuatro años de prisión por encubrimiento y falso testimonio.
Los familiares de Flores Bedregal y Quiroga Santa Cruz estimaron que las condenas no guardan relación con la gravedad de los hechos que fueron considerados por el juez Angel Arias, pues en los expedientes consta que intervinieron en la comisión de delitos de lesa humanidad como tortura, desaparición y genocidio.
Denunciaron la demora en la justicia ante la complicidad de grupos de derecha y paramilitares, que han gozado de impunidad incrustados en el poder. Además, tras recuperar el país la democracia, los procesados se inscribieron en el partido Alianza Democrática Nacionalista (ADN).
Al frente de ADN estuvo el ex dictador Hugo Bánzer, que rigió el país durante 20 años mediante pactos políticos con los movimientos Nacionalista Revolucionario (MNR) y de Izquierda Revolucionaria (MIR), que protegían su impunidad.
Diecisiete, los acusados
En el juicio fueron 17 los acusados, cinco militares, tres paramilitares y los demás agentes policiales de órganos represivos.
De los condenados a 30 años de prisión, Felipe Froilán Molina Bustamante, Franz Pizarro Solano y Javier Hinojosa Valdez, se les imputó alzamiento armado, organización de grupos irregulares y asesinato. Sólo fueron condenados por los dos primeros delitos.
Entre los condenados por encubrimiento destaca el paramilitar Adolfo Ustarez, condenado a tres años de cárcel. Fue dirigente de la Liga Anticomunista y organizador de grupos de choque, jefe del grupo neonazi Novios de la Muerte, comandado por Joaquín Firbercorn, quien organizó atentados terroristas y secuestros.
Otro de los procesados es Faustino Rico Toro, militar, acusado de encubrimiento y falso testimonio. Fue condenado a dos años de prisión.
Fue uno de los organizadores del golpe de García Meza y a su mando se encontraba la Sección Segunda de Inteligencia, que fue responsable de torturas y desapariciones en el Estado Mayor del ejercito boliviano.
El ex dictador García Meza fue condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, por ocho grupos de delitos, desde sedición hasta alzamiento armado, genocidio, delitos económicos, robo de los diarios de Ernesto Che Guevara, entre otros. Ha cumplido ya la mitad de su condena.
La Paz, 12 de diciembre. A 27 años del golpe de Estado de Luis García Meza contra la presidenta Lidia Gueiler y del asesinato y posterior desaparición de los cuerpos del dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y del diputado Carlos Flores Bedregal, un juez condenó a 30 años de prisión a tres de los oficiales del ejército que participaron en los hechos.
Fueron 10 años de un juicio en que las condenas se emitieron finalmente por alzamiento armado, cuya primera parte concluyó esta tarde con gritos de “asesinos”, “asesinos” y “ni olvido ni perdón”, así como repudio a condenas benévolas y el reclamo de los familiares por la devolución de los restos de las víctimas.
Otros 14 implicados en el golpe de Estado y en la muerte y desaparición de los dos políticos asesinados en el asalto a las oficinas de la Central Obrera Boliviana (COB) fueron condenados a penas menores, de dos a cuatro años de prisión por encubrimiento y falso testimonio.
Los familiares de Flores Bedregal y Quiroga Santa Cruz estimaron que las condenas no guardan relación con la gravedad de los hechos que fueron considerados por el juez Angel Arias, pues en los expedientes consta que intervinieron en la comisión de delitos de lesa humanidad como tortura, desaparición y genocidio.
Denunciaron la demora en la justicia ante la complicidad de grupos de derecha y paramilitares, que han gozado de impunidad incrustados en el poder. Además, tras recuperar el país la democracia, los procesados se inscribieron en el partido Alianza Democrática Nacionalista (ADN).
Al frente de ADN estuvo el ex dictador Hugo Bánzer, que rigió el país durante 20 años mediante pactos políticos con los movimientos Nacionalista Revolucionario (MNR) y de Izquierda Revolucionaria (MIR), que protegían su impunidad.
Diecisiete, los acusados
En el juicio fueron 17 los acusados, cinco militares, tres paramilitares y los demás agentes policiales de órganos represivos.
De los condenados a 30 años de prisión, Felipe Froilán Molina Bustamante, Franz Pizarro Solano y Javier Hinojosa Valdez, se les imputó alzamiento armado, organización de grupos irregulares y asesinato. Sólo fueron condenados por los dos primeros delitos.
Entre los condenados por encubrimiento destaca el paramilitar Adolfo Ustarez, condenado a tres años de cárcel. Fue dirigente de la Liga Anticomunista y organizador de grupos de choque, jefe del grupo neonazi Novios de la Muerte, comandado por Joaquín Firbercorn, quien organizó atentados terroristas y secuestros.
Otro de los procesados es Faustino Rico Toro, militar, acusado de encubrimiento y falso testimonio. Fue condenado a dos años de prisión.
Fue uno de los organizadores del golpe de García Meza y a su mando se encontraba la Sección Segunda de Inteligencia, que fue responsable de torturas y desapariciones en el Estado Mayor del ejercito boliviano.
El ex dictador García Meza fue condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, por ocho grupos de delitos, desde sedición hasta alzamiento armado, genocidio, delitos económicos, robo de los diarios de Ernesto Che Guevara, entre otros. Ha cumplido ya la mitad de su condena.
Recortará Cemex 10% de su plantilla laboral en el mundo
Reuters
Monterrey, 12 de diciembre. Cementos Mexicanos (Cemex) recortará su plantilla a escala global en alrededor de 10 por ciento, tras una serie de adquisiciones, y en medio de una crisis del sector residencial en Estados Unidos, dijo este miércoles una fuente cercana a la empresa. Cemex, la tercera mayor productora de cemento del mundo, con operaciones en más de 50 países, cuenta con casi 69 mil empleados en su nómina, según datos de la Bolsa Mexicana de Valores. “Esta decisión trata de hacer a Cemex más eficiente. La empresa ha crecido mucho en los últimos años por las adquisiciones que ha hecho”, señaló la fuente, que solicitó el anonimato y no quiso precisar si los recortes son una respuesta directa a la crisis hipotecaria de Estados Unidos. Cemex incrementó su presencia en Estados Unidos con la adquisición en julio de la australiana Rinker, pero espera una pequeña caída en los volúmenes de venta de cemento en aquel país para 2008. Una quinta parte de los ingresos de Cemex, con sede en Monterrey, provienen de Estados Unidos. “Cemex parecería ser otra víctima del complicado mercado actual, y el precio de su acción está sufriendo. La operación con Rinker vino en un momento difícil”, dijo un administrador de fondos estadunidense.
Y ni pensar que estos grandes consorcios absorban la baja en las ganancias, para eso están los trabajadores. De cuándo acá los empresarios son los generadores de las fuentes de empleo si para ellos lo único que cuenta es el dinero que ganan, no el beneficio social.
Monterrey, 12 de diciembre. Cementos Mexicanos (Cemex) recortará su plantilla a escala global en alrededor de 10 por ciento, tras una serie de adquisiciones, y en medio de una crisis del sector residencial en Estados Unidos, dijo este miércoles una fuente cercana a la empresa. Cemex, la tercera mayor productora de cemento del mundo, con operaciones en más de 50 países, cuenta con casi 69 mil empleados en su nómina, según datos de la Bolsa Mexicana de Valores. “Esta decisión trata de hacer a Cemex más eficiente. La empresa ha crecido mucho en los últimos años por las adquisiciones que ha hecho”, señaló la fuente, que solicitó el anonimato y no quiso precisar si los recortes son una respuesta directa a la crisis hipotecaria de Estados Unidos. Cemex incrementó su presencia en Estados Unidos con la adquisición en julio de la australiana Rinker, pero espera una pequeña caída en los volúmenes de venta de cemento en aquel país para 2008. Una quinta parte de los ingresos de Cemex, con sede en Monterrey, provienen de Estados Unidos. “Cemex parecería ser otra víctima del complicado mercado actual, y el precio de su acción está sufriendo. La operación con Rinker vino en un momento difícil”, dijo un administrador de fondos estadunidense.
Y ni pensar que estos grandes consorcios absorban la baja en las ganancias, para eso están los trabajadores. De cuándo acá los empresarios son los generadores de las fuentes de empleo si para ellos lo único que cuenta es el dinero que ganan, no el beneficio social.
Calderón vuelve a dar a los migrantes categoría de presos, denuncian ONG
Critican que ignore propuestas de civiles sobre normas para estaciones de retención
Hay un claro retroceso; con Fox por lo menos había mesas de consulta: Edgar Cortez
Fabiola Martínez
Organizaciones defensoras de los derechos humanos no han recibido respuesta de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para revisar el proyecto de normas de las estaciones migratorias que la Secretaría de Gobernación (SG) pretende poner en marcha.
Representantes de organismos no gubernamentales lamentan que el gobierno calderonista no dé pasos para incorporar propuestas de la ciudadanía en el diseño de proyectos.
“El gobierno (actual) está retrocediendo. Incluso, con Vicente Fox había mesas de consulta, pero eso no lo tenemos hoy (…) Nos están tratando como un obstáculo”, señaló Edgar Cortez, coordinador de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas.
Once agrupaciones buscan un encuentro con el titular de la Cofemer, Carlos García Hernández, para señalar los aspectos que, a juicio de la sociedad civil, representan un grave retroceso en la operación de las 48 estaciones migratorias que operan en el país.
Este jueves, la representante de Sin Fronteras, Fabianne Vennet, se reunirá con el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SG, Florencio Salazar, para exponer los puntos de vista de ese organismo internacional.
Sin embargo, comentó Edgar Cortez, desde el pasado 7 de junio hay promesas de encuentros conjuntos, aunque al final del camino las propuestas de los organismos civiles no son tomadas en cuenta, afirmó.
La insistencia en la situación que priva en las estaciones migratorias responde a que con las nuevas normas sólo continuará la violación a las garantías básicas de los indocumentados, pero ahora “ocurrirá al amparo de la ley”.
La SG retiró de su página de Internet el anteproyecto respectivo, al que había ubicado ya como “última propuesta”, hecho que aún no ha explicado ni ha informado acerca del visto bueno de la Cofemer.
Los grupos civiles insisten en que sólo fueron escuchados por el equipo del Instituto Nacional de Migración (INM), pero sus propuestas no fueron realmente incorporadas al proyecto.
“Es necesario que haya relación directa entre la consulta a las organizaciones defensoras de derechos y la resolución final”, agregó Cortez. Es el caso –dijo– que en el proyecto de normas no está plasmado el sustento para ampliar los requisitos de ingreso a las estaciones.
El INM tampoco ha explicado por qué las clasificó en “A”, “B” y “C” ni el uso que dará a la información que recabe de los indocumentados. “(El gobierno calderonista) vuelve a colocar a los migrantes como si fueran presos”, reiteró.
Hay un claro retroceso; con Fox por lo menos había mesas de consulta: Edgar Cortez
Fabiola Martínez
Organizaciones defensoras de los derechos humanos no han recibido respuesta de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para revisar el proyecto de normas de las estaciones migratorias que la Secretaría de Gobernación (SG) pretende poner en marcha.
Representantes de organismos no gubernamentales lamentan que el gobierno calderonista no dé pasos para incorporar propuestas de la ciudadanía en el diseño de proyectos.
“El gobierno (actual) está retrocediendo. Incluso, con Vicente Fox había mesas de consulta, pero eso no lo tenemos hoy (…) Nos están tratando como un obstáculo”, señaló Edgar Cortez, coordinador de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas.
Once agrupaciones buscan un encuentro con el titular de la Cofemer, Carlos García Hernández, para señalar los aspectos que, a juicio de la sociedad civil, representan un grave retroceso en la operación de las 48 estaciones migratorias que operan en el país.
Este jueves, la representante de Sin Fronteras, Fabianne Vennet, se reunirá con el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SG, Florencio Salazar, para exponer los puntos de vista de ese organismo internacional.
Sin embargo, comentó Edgar Cortez, desde el pasado 7 de junio hay promesas de encuentros conjuntos, aunque al final del camino las propuestas de los organismos civiles no son tomadas en cuenta, afirmó.
La insistencia en la situación que priva en las estaciones migratorias responde a que con las nuevas normas sólo continuará la violación a las garantías básicas de los indocumentados, pero ahora “ocurrirá al amparo de la ley”.
La SG retiró de su página de Internet el anteproyecto respectivo, al que había ubicado ya como “última propuesta”, hecho que aún no ha explicado ni ha informado acerca del visto bueno de la Cofemer.
Los grupos civiles insisten en que sólo fueron escuchados por el equipo del Instituto Nacional de Migración (INM), pero sus propuestas no fueron realmente incorporadas al proyecto.
“Es necesario que haya relación directa entre la consulta a las organizaciones defensoras de derechos y la resolución final”, agregó Cortez. Es el caso –dijo– que en el proyecto de normas no está plasmado el sustento para ampliar los requisitos de ingreso a las estaciones.
El INM tampoco ha explicado por qué las clasificó en “A”, “B” y “C” ni el uso que dará a la información que recabe de los indocumentados. “(El gobierno calderonista) vuelve a colocar a los migrantes como si fueran presos”, reiteró.
Ordena el IFAI divulgar detalles de encuestas sobre la imagen de Calderón
El instituto ratifica que no existen contratos para realizar esos sondeos
Elizabeth Velasco C.
"La verdad, la verdad, sí soy una mierda"
El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Presidencia de la República elaborar una versión pública de las preguntas “genéricas” que se incluyen en las encuestas para evaluar la imagen del presidente Felipe Calderón, como aquellas que miden su popularidad.
Sin embargo, y de acuerdo con la propuesta del comisionado ponente Alonso Lujambio, se ratificó la reserva de los cuestionamientos de “coyuntura”, porque “revelan la alternativa de política pública” y que la Presidencia analiza “para la eventual toma de decisiones”, así como para el contenido de la “agenda de gobierno”.
Hay que destacar que la reserva de seis años, establecida por la Presidencia, fue modificada y se instruyó para que sea por sólo dos años, tratándose de todas aquellas encuestas que miden la imagen del Presidente entre el primero de diciembre de 2006 al 23 de mayo de 2007, periodo en que se aplicaron cuatro cuestionarios.
En el caso que se requiriera mantener la reserva de esa información, se volverá a analizar el caso, se asienta en el recurso 2730/07 del IFAI.
También se confirmó la “inexistencia” de contratos entre la Presidencia y empresas encuestadoras, con lo cual se validó la respuesta de esa entidad del Ejecutivo federal de que no se han hecho contrataciones, ni realizado erogaciones en ese renglón. Asimismo, se ratificó la inexistencia de cuestionarios para medir la imagen de la esposa del presidente, Margarita Zavala, y de sus hijos.
La resolución fue aprobada por unanimidad, pero tuvo el voto particular del comisionado Juan Pablo Guerrero, quien consideró que la resolución no respondía a la petición del ciudadano sobre las encuestas de opinión que involucran a la familia presidencial, en particular a la esposa del mandatario.
Guerrero destacó que durante el periodo de transición, el IFAI resolvió un recurso de una encuesta en torno a la imagen de Margarita Zavala, estudio que tuvo un costo superior a los 800 mil pesos.
“Ahí se demostró que uno de los contratos, que tuvo un costo significativo, se suscribió con una empresa que realizaría estudios de imagen, en cuanto a qué decir, cómo vestir, y también para los hijos de la familia” de Calderón.
La frivolidad campea en torno al presidente espurio y su familia, creen que con "imagen" se gobierna a un país. Desde luego los estudios sobre los disfraces del pelele no han dado resultados. ¿No convendría hacerle algunos estudios sobre su coeficiente intelectual y sobre valores? Eso nos daría una medida para saber en qué manos (no limpias sino atascadas) está el país y el nivel de destrucción al que estamos expuestos.
Elizabeth Velasco C.
"La verdad, la verdad, sí soy una mierda"Felipe Calderón, ayer en Los Pinos en una entrega de premios Foto: Jesús Villaseca
El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Presidencia de la República elaborar una versión pública de las preguntas “genéricas” que se incluyen en las encuestas para evaluar la imagen del presidente Felipe Calderón, como aquellas que miden su popularidad.
Sin embargo, y de acuerdo con la propuesta del comisionado ponente Alonso Lujambio, se ratificó la reserva de los cuestionamientos de “coyuntura”, porque “revelan la alternativa de política pública” y que la Presidencia analiza “para la eventual toma de decisiones”, así como para el contenido de la “agenda de gobierno”.
Hay que destacar que la reserva de seis años, establecida por la Presidencia, fue modificada y se instruyó para que sea por sólo dos años, tratándose de todas aquellas encuestas que miden la imagen del Presidente entre el primero de diciembre de 2006 al 23 de mayo de 2007, periodo en que se aplicaron cuatro cuestionarios.
En el caso que se requiriera mantener la reserva de esa información, se volverá a analizar el caso, se asienta en el recurso 2730/07 del IFAI.
También se confirmó la “inexistencia” de contratos entre la Presidencia y empresas encuestadoras, con lo cual se validó la respuesta de esa entidad del Ejecutivo federal de que no se han hecho contrataciones, ni realizado erogaciones en ese renglón. Asimismo, se ratificó la inexistencia de cuestionarios para medir la imagen de la esposa del presidente, Margarita Zavala, y de sus hijos.
La resolución fue aprobada por unanimidad, pero tuvo el voto particular del comisionado Juan Pablo Guerrero, quien consideró que la resolución no respondía a la petición del ciudadano sobre las encuestas de opinión que involucran a la familia presidencial, en particular a la esposa del mandatario.
Guerrero destacó que durante el periodo de transición, el IFAI resolvió un recurso de una encuesta en torno a la imagen de Margarita Zavala, estudio que tuvo un costo superior a los 800 mil pesos.
“Ahí se demostró que uno de los contratos, que tuvo un costo significativo, se suscribió con una empresa que realizaría estudios de imagen, en cuanto a qué decir, cómo vestir, y también para los hijos de la familia” de Calderón.
La frivolidad campea en torno al presidente espurio y su familia, creen que con "imagen" se gobierna a un país. Desde luego los estudios sobre los disfraces del pelele no han dado resultados. ¿No convendría hacerle algunos estudios sobre su coeficiente intelectual y sobre valores? Eso nos daría una medida para saber en qué manos (no limpias sino atascadas) está el país y el nivel de destrucción al que estamos expuestos.
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