Del Diario Libertad Columna Asimetrías
Estado Policiacio
Por Fausto Fernández Ponte
I
Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recientemente aprobadas por el Poder Legislativo a iniciativa del Ejecutivo conturba y preocupa a muchos aquí y en el exterior.
Ello es un verismo. La preocupación es transversal. Conturba y preocupa no sólo a los estamentos conscientes en nuestra sociedad, sino al mexicano raso.
Este mexicano --por lo general depauperado de esperanzas y víctima cautiva de los estrujos de la incertidumbre-- tiene ante sí la criminalización de su descontento e irritación y sus justos reclamods.
Las reformas le reducen considerablemente al mexicano las opciones reivindicadoras, algunas de las cuales --como la de cambiar la forma de gobierno-- son constitucionales (artículo 39).
Ello nos lleva a las contradicciones entre las reformas aprobadas y el espíritu y la letra de la Constitución Política vigente. Adviértese obvia inconstitucionalidad, además de aberración causal.
II
Estas consideraciones, sin embargo, si bien son axiales y, por tanto, de trascendencia --de allí su importancia-- son vistas por amplios estamentos del pueblo de México como evidencia antisocial perversa.
Cierto. No somos pocos los mexicanos que registran esas reformas como un afán de crear un Estado Policiaco en México, opuesto por definición a los intereses verdaderos del pueblo de México.
Y, allí, en ello, reside el meollo francamente antisocial del poder formal tal cual lo ejercen los personeros de los Poderes de la Unión. Poderes ejercidos de modo opuesto al interés popular.
Ello es traición, desde cualesquier perspectivas. Los legisladores --hombres y mujeres elegidos por los mexicanos-- han traicionado a sus electores. Actuaron contrariamente al sentir de éstos.
Y, actuaron, también, irresponsablemente. Los senadores que aprobaron esas reformas propuestas por el Presidente de Facto lo hicieron bajo efectos del alcohol, al decir del legislador Ricardo Monreal.
III
Eso es escandaloso. Y agrava, no atenúa, la traición. No hubo, pues, análisis reflexivo de la legislación propuesta. Los senadores tenían prisa por etílicas y eufóricas celebraciones prenavideñas.
Celebraciones con sus jugosas dietas, gordos aguinaldos y bonos adicionales --de los que carece el pueblo pobre de México-- que los distancian de los habitantes de los estados que representan.
Pero los senadores no están solos en su traición. Traidora al pueblo es también la Cámara de Diputados, divorciados sus miembros, en su inmensa mayoría, de los intereses de sus representados.
Esa cámara --inapropiadamente llamada "Popular"--votó a favor de las propuestas del calderonato espurio y, en algunos casos, las refinó, magnificando el agravio del poder formal al pueblo.
Esto induce a muchos a inquirirse a sí mismos acerca de la razón real del poder formal en México. ¿A quién sirven las instancias del Estado mexicano? O por mejor refrasear, ¿a quién sirve el Estado?
Antójase realidad nítida que el Estado mexicano sirve a intereses que no son los del pueblo de México, sino a los de los antagonistas históricos de éste; ello explica su conducta antimexicana.
ffponte@gmail.com
Glosario:
Antagonistas históricos del pueblo: las ciencias políticas y sociales --entre ellas, la historia-- identifica como enemigos de siempre de las sociedades humanas a aquellos estratos que se benefician política o económicamente de la conculcación de derechos individuales y colectivos de aquellas.
Antisocial: que atenta contra el interés social.
Calderonato: el presidencialado de (Felipe del Sagrado Corazón de Jesús) Calderón.
Poder formal: el poder constituido. El Estado y los gobiernos que representan a éste.
Refrasear: volver a elaborar una frase ya dicha o escrita.
lunes, diciembre 17, 2007
Desempleado Otro Que Creyó en el "Presidente del Empleo"
De Blogotitlan
Desempleado Otro Que Creyó en el "Presidente del Empleo"
Otro panista ingenuo que creyó la propaganda de Calderón como "Presidente del Empleo", rescatador de todas las fuentes de trabajo que "se perderían" con AMLO en la Presidencia, hoy paga caro su credulidad. En el pecado lleva la penitencia, dirían los curas
Por Carlos Daniel Aguilar González
Empezó el sexenio del “presidente del empleo” ayudando a fomentar la apertura de fuentes de trabajo, pero ahora es un desempleado más de los que existen en el país.
Un año después de que tomó posesión como presidente Felipe Calderón Hinojosa, no tiene trabajo. Hasta junio fue pilar del Servicio Nacional de Empleo, pero la falta de presupuesto ocasionó su salida de la institución. Al mismo tiempo, cientos de egresados universitarios perdieron la oportunidad de encontrar un trabajo remunerado en Querétaro.
Su cercanía con el ex Presidente de la República y con la ex primera dama no fue impedimento para que terminara el 2007 sin empleo. Para el hombre nacido en Zamora, Michoacán (mismo estado de donde es oriundo el actual jefe del Ejecutivo, exactamente de la misma ciudad donde ‘llegó al mundo’ Marta Sahagún), los primeros discursos pronunciados por Calderón Hinojosa gozaban de “una buena intención”, pero al momento de llevar a cabo las palabras del presidente. se sintió “profundamente decepcionado” y “con una frustración muy grande”.
Entrevistado por Tribuna de Querétaro, Luis Mota López, ex instructor del programa “Bécate, capacitación en la práctica laboral” del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Querétaro, expresó: “Qué curioso, ¿no? Promoviendo el empleo y desempleando a los buscadores y colocadores, a la gente que justamente su función es colocar a quienes no tienen empleo”. Retó a las autoridades:
“Que la gente saque sus propias conclusiones: si realmente está interesado el gobierno en crear empleos, o si es una demagogia de la que ya estamos hartos los mexicanos”.
Don Luis aseguró que lo que se publicita a través de los medios de comunicación en torno al empleo es cuestionable, porque se trata de “supuestos logros” del gobierno.
Expresó que “es verdaderamente criminal” que no se otorgue la suficiente cantidad de empleos a los habitantes del país, y señaló que muchas de las personas que intentan fomentar el empleo, se ven “en la penosa necesidad de suspenderlos por falta de recursos”.
Se escucha un discurso gubernamental que habla de creación de empleos, pero en Querétaro han transcurrido más de cinco meses no hay recursos para programas como en los que usted participó. ¿Qué pasa con esto?
--Creo que es un problema que debe resolverse al más alto nivel, porque es donde se asignan los recursos para estos programas, pero no observo que exista conocimiento o sensibilidad social para realmente darle seguimiento a estos programas y ver cómo están operando. Es muy lamentable ver que se gaste tanto dinero en publicidad a través de los medios de comunicación, alabando los supuestos logros de este gobierno.
Quienes tenernos la honrosa encomienda de llevar a cabo programas que pueden beneficiar a nuestro pueblo nos vemos en la penosa necesidad de suspenderlos por falta de recursos. Probablemente, la pregunta pudiera ser contestada con mayor profundidad por las autoridades e instituciones que otorgan estos presupuestos.
¿Cómo se siente usted personalmente después de haber sido parte del ‘pilar” de un programa del “presidente del empleo”, a cuatro meses de no tener trabajo?
--Yo recuerdo que posteriormente a su toma de gobierno, el licenciado Calderón dijo que el gobierno no generaba empleos, sino que promovía la generación de empleos, y que creaba las condiciones para que se crearan empleos. Sobre esta línea todos los instructores creímos que efectivamente se trataba de una buena intención, de generar las condiciones para la creación de los empleos que tantos mexicanos necesitan. Pero en la práctica nos sentimos profundamente decepcionados, con una frustración muy grande, porque vemos que no existe apoyo hacia estos programas que tanto se publicitan por parte del gobierno.
“Bécate, capacitación en la práctica laboral”, fomentaba el empleo
La función del programa “Bécate, capacitación en la práctica laboral”, en el que participó Don Luis, era tratar de persuadir a los empresarios para que éstos aceptaran incluir en su equipo laboral a profesionistas recién egresados (provenientes de distintas universidades), quienes asumían un rol de “becarios” y recibían una ayuda económica de 3 mil 40 pesos mensuales durante tres meses, más un aporte extra para transporte, otorgado por los mismos empresarios, cantidad que oscilaba entre 200 y 800 pesos. Al finalizar, los directivos de la empresa decidían si contrataban o no a los jóvenes.
Luis Mota López afirmó que a través de la aplicación dicho programa, se pudo gestionar el ingreso al mercado laboral de profesionistas que tenían más de tres años sin empleo. Su desempeño cotidiano, agregó el hombre que capacitó e ‘instruyó’ a más de 100 jóvenes durante su período en el SNE, le produjo sentimientos de alegría tras colocar a egresados universitarios en distintas empresas de la entidad.
De acuerdo con el hombre que hizo posible algunos convenios y acuerdos entre empresarios y “becarios”, hubo inmobiliarias, mueblerías, colegios, y empresas dedicadas al ramo de la Ingeniería Industrial, que colaboraron y ‘pusieron su granito de arena’ para que el programa arrojara buenos resultados durante el primer semestre del presente año.
No obstante, las satisfacciones que le otorgaba su labor a Don Luis, concluyeron antes de lo previsto, porque ya no pudo continuar auxiliando a los jóvenes egresados. El motivo, según le comentaron los directivos de la delegación en Querétaro del SNE, fue la carencia de recursos económicos al interior del organismo dependiente de la Secretaría del Trabajo.
El programa fue cancelado a mediados del 2007. No importó que los instructores hubieran conseguido el apoyo de numerosos empresarios, o que existieran listas completas de “becarios” que serían beneficiados por el programa a partir de julio. Tampoco importaron las palabras pronunciadas con anterioridad por las autoridades, en el sentido de que había un subejercicio de, por lo menos, 20 millones de pesos. No, nada de eso fue relevante.
A partir de julio, lo único que se escuchó en los pasillos y en las oficinas de la delegación en Querétaro del SNE fue que el presupuesto anual se había terminado. “Durante el primer semestre obtuvimos resultados satisfactorios. Sin embargo, con sorpresa nos enteramos, porque así nos fue informado, que para el segundo semestre de este año, no existía presupuesto para continuar con este programa. En consecuencia, dejó de apoyarse a los profesionistas en búsqueda de empleo, y a los empresarios que requerían de sus servicios, debido a la falta de recursos económicos”, sostuvo Mota López.
No obstante, Don Luis defendió al personal de la delegación del SNE en Querétaro, porque, aseguró, no es culpable de la situación que se vive en las instalaciones a partir de julio. “Ellos hacen un trabajo muy laborioso y muy meritorio. Es muy lamentable que ellos estén ‘atados de manos’, simplemente por falta de recursos”, indicó quien estuvo trabajando en el programa “Bécate, capacitación en la práctica laboral” hasta junio del 2007.
Aparte de los posibles becarios que pudieron haber encontrado empleo en el segundo semestre del 2007, ¿cuántas personas más se quedaron sin empleo al interior del SNE en Querétaro, tras la no aplicación de estos programas?
--Desconozco la cantidad de gente que trabajaba en estos programas. Específicamente en el programa donde yo participé, conocí a cerca de doce instructores que se quedaron sin empleo. Sin embargo, eran muchos más (instructores) porque eran demasiados programas. Es una cantidad que probablemente, en un cálculo muy arbitrario, sea cercana a las cien personas. ¿Qué curioso, no? Promoviendo el empleo, y desempleando a los buscadores y educadores, a la gente que justamente su función es colocar a quienes no tienen empleo.
El ex instructor agregó que “la promesa del licenciado Calderón, cuando estaba en su etapa de candidato, fue la de proporcionar empleos. Mi experiencia personal me dice que no se cuenta con los recursos económicos para implementar los programas que ofrece el Servicio Nacional de Empleo, en la delegación Querétaro”.
Con base en su experiencia laboral en el SNE, y lo que ha ocurrido en años anteriores con gobiernos emanados de Acción Nacional, ¿qué podemos esperar en el 2008 tanto de estos programas como de los recursos que les son asignados?
-Me parece que el problema más fuerte de México, junto con el de la seguridad, es el del empleo. Así lo muestran los 600 mil o más mexicanos que emigran por falta de oportunidades en nuestro país. Sin embargo, no creo que exista una verdadera vocación por crear las fuentes de empleo, porque vemos que toda la gente que nos preocupamos por colocar a la gente que requiere empleo, no contamos con el apoyo necesario.
Tan es así que prácticamente todo el segundo semestre de 2007, se pararon todos los programas del Servicio Nacional de Empleo. Que la gente saque sus propias conclusiones: si realmente está interesado el gobierno en crear empleos, o es una demagogia de la que ya estamos hartos los mexicanos.
Desde su punto de vista, ¿es necesario un seguro contra el desempleo a nivel federal, tal y como se implementó en la Ciudad de México?
--Me parece que hace falta apoyo a los desempleados bajo ciertas condiciones, para evitar también que pueda existir gente que quiera vivir de estos seguros de desempleo, como sucede en Estados Unidos o en otros países. Por supuesto que la verdadera solución es crear las fuentes de empleo que el país necesita (...)
Es verdaderamente criminal que no se destinen fondos para los mexicanos que no tienen empleo, quienes son gente bien nacida, no son delincuentes, que lo único que quieren es trabajar, pero no encuentran algún apoyo en las instituciones creadas expresamente para esto.
Luis Mota López expresó que el gasto destinado al SNE para el segundo
semestre del 2007 estuvo “prácticamente tirado a la basura”, motivo por el que reiteró su deseo de que las autoridades, y encargados de la Secretaría del Trabajo a nivel federal, proporcionen mayores recursos económicos a programas como en el que participó. “Ojala alguien tome cartas en el asunto, porque es patético ver cómo durante un semestre el personal, las instalaciones y el gasto corriente del SNE están prácticamente tirados a la basura, sin ningún propósito ni utilidad. Insisto, ojala sea posible que se asignen fondos para este programa y otros que son de gran beneficio social”, concluyó.
(Tribuna de Querétaro, 10-12-07)
Que fácil se agota el presupuesto cuando se trata de atacar los problemas del País de fondo. El gobierno USURPADOR, está más interesado en traerlos de otros países, de importarlos, cuando hemos visto que esos empleos para lo que sirven es nada más para perder soberanía y profundizar la miseria en nuestro pueblo pues las ganancias emanadas de esos empleos en su mayoría son para extranjeros. Esto, por tanto, tenemos viéndolo más de 25 años, degenera en MERO SAQUEO sin ENCAUZAR A LA NACION POR LA VIA DEL PROGRESO QUE REQUERIMOS LOS MEXICANOS.
Desempleado Otro Que Creyó en el "Presidente del Empleo"
Otro panista ingenuo que creyó la propaganda de Calderón como "Presidente del Empleo", rescatador de todas las fuentes de trabajo que "se perderían" con AMLO en la Presidencia, hoy paga caro su credulidad. En el pecado lleva la penitencia, dirían los curasPor Carlos Daniel Aguilar González
Empezó el sexenio del “presidente del empleo” ayudando a fomentar la apertura de fuentes de trabajo, pero ahora es un desempleado más de los que existen en el país.
Un año después de que tomó posesión como presidente Felipe Calderón Hinojosa, no tiene trabajo. Hasta junio fue pilar del Servicio Nacional de Empleo, pero la falta de presupuesto ocasionó su salida de la institución. Al mismo tiempo, cientos de egresados universitarios perdieron la oportunidad de encontrar un trabajo remunerado en Querétaro.
Su cercanía con el ex Presidente de la República y con la ex primera dama no fue impedimento para que terminara el 2007 sin empleo. Para el hombre nacido en Zamora, Michoacán (mismo estado de donde es oriundo el actual jefe del Ejecutivo, exactamente de la misma ciudad donde ‘llegó al mundo’ Marta Sahagún), los primeros discursos pronunciados por Calderón Hinojosa gozaban de “una buena intención”, pero al momento de llevar a cabo las palabras del presidente. se sintió “profundamente decepcionado” y “con una frustración muy grande”.
Entrevistado por Tribuna de Querétaro, Luis Mota López, ex instructor del programa “Bécate, capacitación en la práctica laboral” del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Querétaro, expresó: “Qué curioso, ¿no? Promoviendo el empleo y desempleando a los buscadores y colocadores, a la gente que justamente su función es colocar a quienes no tienen empleo”. Retó a las autoridades:
“Que la gente saque sus propias conclusiones: si realmente está interesado el gobierno en crear empleos, o si es una demagogia de la que ya estamos hartos los mexicanos”.
Don Luis aseguró que lo que se publicita a través de los medios de comunicación en torno al empleo es cuestionable, porque se trata de “supuestos logros” del gobierno.
Expresó que “es verdaderamente criminal” que no se otorgue la suficiente cantidad de empleos a los habitantes del país, y señaló que muchas de las personas que intentan fomentar el empleo, se ven “en la penosa necesidad de suspenderlos por falta de recursos”.
Se escucha un discurso gubernamental que habla de creación de empleos, pero en Querétaro han transcurrido más de cinco meses no hay recursos para programas como en los que usted participó. ¿Qué pasa con esto?
--Creo que es un problema que debe resolverse al más alto nivel, porque es donde se asignan los recursos para estos programas, pero no observo que exista conocimiento o sensibilidad social para realmente darle seguimiento a estos programas y ver cómo están operando. Es muy lamentable ver que se gaste tanto dinero en publicidad a través de los medios de comunicación, alabando los supuestos logros de este gobierno.
Quienes tenernos la honrosa encomienda de llevar a cabo programas que pueden beneficiar a nuestro pueblo nos vemos en la penosa necesidad de suspenderlos por falta de recursos. Probablemente, la pregunta pudiera ser contestada con mayor profundidad por las autoridades e instituciones que otorgan estos presupuestos.
¿Cómo se siente usted personalmente después de haber sido parte del ‘pilar” de un programa del “presidente del empleo”, a cuatro meses de no tener trabajo?
--Yo recuerdo que posteriormente a su toma de gobierno, el licenciado Calderón dijo que el gobierno no generaba empleos, sino que promovía la generación de empleos, y que creaba las condiciones para que se crearan empleos. Sobre esta línea todos los instructores creímos que efectivamente se trataba de una buena intención, de generar las condiciones para la creación de los empleos que tantos mexicanos necesitan. Pero en la práctica nos sentimos profundamente decepcionados, con una frustración muy grande, porque vemos que no existe apoyo hacia estos programas que tanto se publicitan por parte del gobierno.
“Bécate, capacitación en la práctica laboral”, fomentaba el empleo
La función del programa “Bécate, capacitación en la práctica laboral”, en el que participó Don Luis, era tratar de persuadir a los empresarios para que éstos aceptaran incluir en su equipo laboral a profesionistas recién egresados (provenientes de distintas universidades), quienes asumían un rol de “becarios” y recibían una ayuda económica de 3 mil 40 pesos mensuales durante tres meses, más un aporte extra para transporte, otorgado por los mismos empresarios, cantidad que oscilaba entre 200 y 800 pesos. Al finalizar, los directivos de la empresa decidían si contrataban o no a los jóvenes.
Luis Mota López afirmó que a través de la aplicación dicho programa, se pudo gestionar el ingreso al mercado laboral de profesionistas que tenían más de tres años sin empleo. Su desempeño cotidiano, agregó el hombre que capacitó e ‘instruyó’ a más de 100 jóvenes durante su período en el SNE, le produjo sentimientos de alegría tras colocar a egresados universitarios en distintas empresas de la entidad.
De acuerdo con el hombre que hizo posible algunos convenios y acuerdos entre empresarios y “becarios”, hubo inmobiliarias, mueblerías, colegios, y empresas dedicadas al ramo de la Ingeniería Industrial, que colaboraron y ‘pusieron su granito de arena’ para que el programa arrojara buenos resultados durante el primer semestre del presente año.
No obstante, las satisfacciones que le otorgaba su labor a Don Luis, concluyeron antes de lo previsto, porque ya no pudo continuar auxiliando a los jóvenes egresados. El motivo, según le comentaron los directivos de la delegación en Querétaro del SNE, fue la carencia de recursos económicos al interior del organismo dependiente de la Secretaría del Trabajo.
El programa fue cancelado a mediados del 2007. No importó que los instructores hubieran conseguido el apoyo de numerosos empresarios, o que existieran listas completas de “becarios” que serían beneficiados por el programa a partir de julio. Tampoco importaron las palabras pronunciadas con anterioridad por las autoridades, en el sentido de que había un subejercicio de, por lo menos, 20 millones de pesos. No, nada de eso fue relevante.
A partir de julio, lo único que se escuchó en los pasillos y en las oficinas de la delegación en Querétaro del SNE fue que el presupuesto anual se había terminado. “Durante el primer semestre obtuvimos resultados satisfactorios. Sin embargo, con sorpresa nos enteramos, porque así nos fue informado, que para el segundo semestre de este año, no existía presupuesto para continuar con este programa. En consecuencia, dejó de apoyarse a los profesionistas en búsqueda de empleo, y a los empresarios que requerían de sus servicios, debido a la falta de recursos económicos”, sostuvo Mota López.
No obstante, Don Luis defendió al personal de la delegación del SNE en Querétaro, porque, aseguró, no es culpable de la situación que se vive en las instalaciones a partir de julio. “Ellos hacen un trabajo muy laborioso y muy meritorio. Es muy lamentable que ellos estén ‘atados de manos’, simplemente por falta de recursos”, indicó quien estuvo trabajando en el programa “Bécate, capacitación en la práctica laboral” hasta junio del 2007.
Aparte de los posibles becarios que pudieron haber encontrado empleo en el segundo semestre del 2007, ¿cuántas personas más se quedaron sin empleo al interior del SNE en Querétaro, tras la no aplicación de estos programas?
--Desconozco la cantidad de gente que trabajaba en estos programas. Específicamente en el programa donde yo participé, conocí a cerca de doce instructores que se quedaron sin empleo. Sin embargo, eran muchos más (instructores) porque eran demasiados programas. Es una cantidad que probablemente, en un cálculo muy arbitrario, sea cercana a las cien personas. ¿Qué curioso, no? Promoviendo el empleo, y desempleando a los buscadores y educadores, a la gente que justamente su función es colocar a quienes no tienen empleo.
El ex instructor agregó que “la promesa del licenciado Calderón, cuando estaba en su etapa de candidato, fue la de proporcionar empleos. Mi experiencia personal me dice que no se cuenta con los recursos económicos para implementar los programas que ofrece el Servicio Nacional de Empleo, en la delegación Querétaro”.
Con base en su experiencia laboral en el SNE, y lo que ha ocurrido en años anteriores con gobiernos emanados de Acción Nacional, ¿qué podemos esperar en el 2008 tanto de estos programas como de los recursos que les son asignados?
-Me parece que el problema más fuerte de México, junto con el de la seguridad, es el del empleo. Así lo muestran los 600 mil o más mexicanos que emigran por falta de oportunidades en nuestro país. Sin embargo, no creo que exista una verdadera vocación por crear las fuentes de empleo, porque vemos que toda la gente que nos preocupamos por colocar a la gente que requiere empleo, no contamos con el apoyo necesario.
Tan es así que prácticamente todo el segundo semestre de 2007, se pararon todos los programas del Servicio Nacional de Empleo. Que la gente saque sus propias conclusiones: si realmente está interesado el gobierno en crear empleos, o es una demagogia de la que ya estamos hartos los mexicanos.
Desde su punto de vista, ¿es necesario un seguro contra el desempleo a nivel federal, tal y como se implementó en la Ciudad de México?
--Me parece que hace falta apoyo a los desempleados bajo ciertas condiciones, para evitar también que pueda existir gente que quiera vivir de estos seguros de desempleo, como sucede en Estados Unidos o en otros países. Por supuesto que la verdadera solución es crear las fuentes de empleo que el país necesita (...)
Es verdaderamente criminal que no se destinen fondos para los mexicanos que no tienen empleo, quienes son gente bien nacida, no son delincuentes, que lo único que quieren es trabajar, pero no encuentran algún apoyo en las instituciones creadas expresamente para esto.
Luis Mota López expresó que el gasto destinado al SNE para el segundo
semestre del 2007 estuvo “prácticamente tirado a la basura”, motivo por el que reiteró su deseo de que las autoridades, y encargados de la Secretaría del Trabajo a nivel federal, proporcionen mayores recursos económicos a programas como en el que participó. “Ojala alguien tome cartas en el asunto, porque es patético ver cómo durante un semestre el personal, las instalaciones y el gasto corriente del SNE están prácticamente tirados a la basura, sin ningún propósito ni utilidad. Insisto, ojala sea posible que se asignen fondos para este programa y otros que son de gran beneficio social”, concluyó.
(Tribuna de Querétaro, 10-12-07)
Que fácil se agota el presupuesto cuando se trata de atacar los problemas del País de fondo. El gobierno USURPADOR, está más interesado en traerlos de otros países, de importarlos, cuando hemos visto que esos empleos para lo que sirven es nada más para perder soberanía y profundizar la miseria en nuestro pueblo pues las ganancias emanadas de esos empleos en su mayoría son para extranjeros. Esto, por tanto, tenemos viéndolo más de 25 años, degenera en MERO SAQUEO sin ENCAUZAR A LA NACION POR LA VIA DEL PROGRESO QUE REQUERIMOS LOS MEXICANOS.
La trasnacional Shell explorará el campo petrolero de Chicontepec
Suscribió con Pemex acuerdo confidencial, revelan documentos entregados a La Jornada
El Proyecto Margarita, parte de una estrategia mayor, en espera de reforma constitucional
La paraestatal niega la existencia de ese plan, pero admite que en septiembre firmó un contrato
Israel Rodríguez J.
Una división de la multinacional anglo-holandesa Royal Dutch Shell logró un convenio con Petróleos Mexicanos (Pemex) para realizar actividades de exploración en el campo petrolero de Chicontepec, como parte de una estrategia de mayor alcance para tomar posiciones en el país ante una posible eliminación de la prohibición que establece la Constitución para que capital extranjero participe en la industria energética nacional.
Información entregada a La Jornada reveló la existencia del Proyecto Margarita, acuerdo entre ambas partes de carácter confidencial, llamado así por la propia trasnacional. Para proporcionar recursos a este proyecto, Shell Internacional Exploración y Producción formó un grupo de trabajo, que tiene su base en unas oficinas en Houston, Texas.
Pemex rechazó que exista el Proyecto Margarita, aunque confirmó a este diario que hay un acuerdo entre la petrolera mexicana y Shell, con varias cláusulas de carácter confidencial. La paraestatal mencionó que el único acuerdo que tiene con Shell fue firmado en septiembre de 2007, cuando ya había empezado la actual administración federal, con vigencia de seis meses y que tiene entre sus objetivos estudiar en conjunto opciones para mejorar la producción de hidrocarburos y más específicamente pretende caracterizar yacimientos, lograr incrementos en el factor de recuperación y aumentar la productividad en pozos.
La Jornada solicitó a la casa matriz de Shell, en La Haya, Holanda, información acerca del Proyecto Margarita.
La trasnacional no contestó a las preguntas de este diario, las cuales remitió a su oficina en la ciudad de México, la cual respondió que el convenio que existe con Pemex fue firmado en julio de 2004, fecha diferente a la informada por la oficina de comunicación de la paraestatal.
Regreso a México
La información sobre las actividades de la trasnacional, proporcionada por ingenieros de Pemex que han tenido acceso a los documentos confidenciales, señala: “Shell Internacional Exploración y Producción (SIEP) está tratando de reingresar en México. Pemex, la compañía petrolera nacional, está esperando que la Constitución mexicana sea cambiada en un futuro próximo para permitir la participación extranjera en los negocios petroleros de México.
“En preparación para ese evento, Pemex ha acordado con SIEP proporcionarle información sobre su campo Chicontepec, para que SIEP pueda desarrollar y proponer un plan de re-desarrollo si le fuera adjudicada alguna posición, aun desconocida, para realizar actividades de explotación en el campo petrolero Chicontepec. Este trabajo ha sido denominado Proyecto Margarita y es confidencial”.
Desde la posición de Shell, este proyecto consiste en tratar de poner “un pie en la puerta” para regresar a México, y el plan de redesarrollo es para demostrar cómo la trasnacional podría ser socio elegido apalancando la experiencia de su grupo. Para proporcionar recursos a este proyecto, se ha formado un grupo interdisciplinario, que tiene su base en las oficinas de Woodcreek de Shell en Houston, según la información entregada a este diario.
Los informes precisan que los ejecutivos de Shell Kara Floyd, Le Cong Le, Peter Stoffels, Jaap Veldkamp, Hon Chung Lau y John Pierce son ya parte del personal técnico que está involucrado en el Proyecto Margarita, que tiene por objetivo el regreso de Shell a México para realizar actividades de exploración y explotación en Chicontepec.
Para confirmar la veracidad de los informes y documentos, La Jornada envío el 24 de noviembre de 2007 un cuestionario a la matriz de Shell Internacional en La Haya, Holanda, el cual posteriormente fue remitido a su filial en México.
Shell México confirmó el 6 de diciembre que los funcionarios citados sí trabajan en la compañía, pero no quiso especificar sus funciones. El cuestionario preguntaba sobre el interés de Shell Internacional Exploración y Producción de trabajar aquí.
La respuesta obtenida el 6 de diciembre fue: “Sí, Shell tiene interés de trabajar en México, siempre y cuando dicha colaboración se lleve a cabo dentro del marco legal” del país.
Las observaciones generales de Shell, contenidas en los informes confidenciales proporcionados a La Jornada, reconocen que los temas políticos a discusión se deben a la sensibilidad mexicana sobre la propiedad de sus recursos de hidrocarburos. “Por esto a la retroalimentación a Pemex (presentación y documentación) tendrá que referírsele como opciones y opción preferible” para ser implementados por la paraestatal, “en vez de planes más concretos, por ejemplo, para una adquisición. La venta sutil es muy importante”.
La empresa petrolera anglo- holandesa, en respuesta a este diario, informó que suscribió un convenio general de colaboración firmado entre Shell Exploration Company (West) B.V. (“Shell”) y Pemex Exploración y Producción (“PEP”) en julio de 2004.
En el contexto de ese convenio, Shell y PEP “intercambian experiencias, conocimientos y mejores prácticas que permitan a ambas analizar la factibilidad de aplicar tecnologías especializadas en áreas como caracterización de yacimientos, incrementos en el factor de recuperación de petróleo y en la productividad de pozos bajo el Documento de estudio conjunto de carácter no comercial, en materia de investigación científica y tecnológica”.
Más adelante, Shell México ya no respondió a las demás interrogantes formuladas con base a la documentación entregada a La Jornada.
Posteriormente se consultó al respecto a Pemex, y el 14 de diciembre de 2007 la empresa paraestatal rechazó que haya un proyecto confidencial denominado Margarita, como los describen los informes entregados a este diario, pero ratificó que existe un convenio de colaboración suscrito entre PEP y Shell, que contiene algunas cláusulas confidenciales. Proporcionó una versión pública del documento.
El alcance técnico del acuerdo entre PEP y Shell consiste en que estudiarán conjuntamente opciones para mejorar la producción de hidrocarburos.
Se identificaron tres temas principales: caracterización de yacimientos, incrementos en el factor de recuperación y aumento en la productividad de pozos. Dentro de cada tema de estudio se analizarán las opciones haciendo uso de tecnologías de punta disponibles y de experiencias operativas.
El periodo de estudio será de seis meses a partir de septiembre de 2007 y se celebrarán cuatro sesiones plenarias:
Entre septiembre y octubre serán de revisión tecnológica.
En octubre, revisión de modelos, verificación de incertidumbres y plan de atención. Se realizará el primer taller de desarrollo sustentable, contenido local y desempeño social.
En diciembre se hará la revisión del modelo y los resultados, así como el segundo taller de desarrollo sustentable e impacto ambiental.
Para febrero de 2008 se programó la presentación de resultados, indica la información oficial de Pemex.
Actualmente PEP tiene entre sus principales proyectos de inversión 2007-2012 el área de Chicontepec, donde se pretende perforar 5 mil 421 pozos de desarrollo, con una inversión de entre 10 mil 500 y 14 mil 500 millones de dólares.
El Proyecto Margarita, parte de una estrategia mayor, en espera de reforma constitucional
La paraestatal niega la existencia de ese plan, pero admite que en septiembre firmó un contrato
Israel Rodríguez J.
Una división de la multinacional anglo-holandesa Royal Dutch Shell logró un convenio con Petróleos Mexicanos (Pemex) para realizar actividades de exploración en el campo petrolero de Chicontepec, como parte de una estrategia de mayor alcance para tomar posiciones en el país ante una posible eliminación de la prohibición que establece la Constitución para que capital extranjero participe en la industria energética nacional.
Información entregada a La Jornada reveló la existencia del Proyecto Margarita, acuerdo entre ambas partes de carácter confidencial, llamado así por la propia trasnacional. Para proporcionar recursos a este proyecto, Shell Internacional Exploración y Producción formó un grupo de trabajo, que tiene su base en unas oficinas en Houston, Texas.
Pemex rechazó que exista el Proyecto Margarita, aunque confirmó a este diario que hay un acuerdo entre la petrolera mexicana y Shell, con varias cláusulas de carácter confidencial. La paraestatal mencionó que el único acuerdo que tiene con Shell fue firmado en septiembre de 2007, cuando ya había empezado la actual administración federal, con vigencia de seis meses y que tiene entre sus objetivos estudiar en conjunto opciones para mejorar la producción de hidrocarburos y más específicamente pretende caracterizar yacimientos, lograr incrementos en el factor de recuperación y aumentar la productividad en pozos.
La Jornada solicitó a la casa matriz de Shell, en La Haya, Holanda, información acerca del Proyecto Margarita.
La trasnacional no contestó a las preguntas de este diario, las cuales remitió a su oficina en la ciudad de México, la cual respondió que el convenio que existe con Pemex fue firmado en julio de 2004, fecha diferente a la informada por la oficina de comunicación de la paraestatal.
Regreso a México
La información sobre las actividades de la trasnacional, proporcionada por ingenieros de Pemex que han tenido acceso a los documentos confidenciales, señala: “Shell Internacional Exploración y Producción (SIEP) está tratando de reingresar en México. Pemex, la compañía petrolera nacional, está esperando que la Constitución mexicana sea cambiada en un futuro próximo para permitir la participación extranjera en los negocios petroleros de México.
“En preparación para ese evento, Pemex ha acordado con SIEP proporcionarle información sobre su campo Chicontepec, para que SIEP pueda desarrollar y proponer un plan de re-desarrollo si le fuera adjudicada alguna posición, aun desconocida, para realizar actividades de explotación en el campo petrolero Chicontepec. Este trabajo ha sido denominado Proyecto Margarita y es confidencial”.
Desde la posición de Shell, este proyecto consiste en tratar de poner “un pie en la puerta” para regresar a México, y el plan de redesarrollo es para demostrar cómo la trasnacional podría ser socio elegido apalancando la experiencia de su grupo. Para proporcionar recursos a este proyecto, se ha formado un grupo interdisciplinario, que tiene su base en las oficinas de Woodcreek de Shell en Houston, según la información entregada a este diario.
Los informes precisan que los ejecutivos de Shell Kara Floyd, Le Cong Le, Peter Stoffels, Jaap Veldkamp, Hon Chung Lau y John Pierce son ya parte del personal técnico que está involucrado en el Proyecto Margarita, que tiene por objetivo el regreso de Shell a México para realizar actividades de exploración y explotación en Chicontepec.
Para confirmar la veracidad de los informes y documentos, La Jornada envío el 24 de noviembre de 2007 un cuestionario a la matriz de Shell Internacional en La Haya, Holanda, el cual posteriormente fue remitido a su filial en México.
Shell México confirmó el 6 de diciembre que los funcionarios citados sí trabajan en la compañía, pero no quiso especificar sus funciones. El cuestionario preguntaba sobre el interés de Shell Internacional Exploración y Producción de trabajar aquí.
La respuesta obtenida el 6 de diciembre fue: “Sí, Shell tiene interés de trabajar en México, siempre y cuando dicha colaboración se lleve a cabo dentro del marco legal” del país.
Las observaciones generales de Shell, contenidas en los informes confidenciales proporcionados a La Jornada, reconocen que los temas políticos a discusión se deben a la sensibilidad mexicana sobre la propiedad de sus recursos de hidrocarburos. “Por esto a la retroalimentación a Pemex (presentación y documentación) tendrá que referírsele como opciones y opción preferible” para ser implementados por la paraestatal, “en vez de planes más concretos, por ejemplo, para una adquisición. La venta sutil es muy importante”.
La empresa petrolera anglo- holandesa, en respuesta a este diario, informó que suscribió un convenio general de colaboración firmado entre Shell Exploration Company (West) B.V. (“Shell”) y Pemex Exploración y Producción (“PEP”) en julio de 2004.
En el contexto de ese convenio, Shell y PEP “intercambian experiencias, conocimientos y mejores prácticas que permitan a ambas analizar la factibilidad de aplicar tecnologías especializadas en áreas como caracterización de yacimientos, incrementos en el factor de recuperación de petróleo y en la productividad de pozos bajo el Documento de estudio conjunto de carácter no comercial, en materia de investigación científica y tecnológica”.
Más adelante, Shell México ya no respondió a las demás interrogantes formuladas con base a la documentación entregada a La Jornada.
Posteriormente se consultó al respecto a Pemex, y el 14 de diciembre de 2007 la empresa paraestatal rechazó que haya un proyecto confidencial denominado Margarita, como los describen los informes entregados a este diario, pero ratificó que existe un convenio de colaboración suscrito entre PEP y Shell, que contiene algunas cláusulas confidenciales. Proporcionó una versión pública del documento.
El alcance técnico del acuerdo entre PEP y Shell consiste en que estudiarán conjuntamente opciones para mejorar la producción de hidrocarburos.
Se identificaron tres temas principales: caracterización de yacimientos, incrementos en el factor de recuperación y aumento en la productividad de pozos. Dentro de cada tema de estudio se analizarán las opciones haciendo uso de tecnologías de punta disponibles y de experiencias operativas.
El periodo de estudio será de seis meses a partir de septiembre de 2007 y se celebrarán cuatro sesiones plenarias:
Entre septiembre y octubre serán de revisión tecnológica.
En octubre, revisión de modelos, verificación de incertidumbres y plan de atención. Se realizará el primer taller de desarrollo sustentable, contenido local y desempeño social.
En diciembre se hará la revisión del modelo y los resultados, así como el segundo taller de desarrollo sustentable e impacto ambiental.
Para febrero de 2008 se programó la presentación de resultados, indica la información oficial de Pemex.
Actualmente PEP tiene entre sus principales proyectos de inversión 2007-2012 el área de Chicontepec, donde se pretende perforar 5 mil 421 pozos de desarrollo, con una inversión de entre 10 mil 500 y 14 mil 500 millones de dólares.
Lanzan huevos podridos contra la Corte por el fallo en el caso Lydia Cacho
Alicia Elena Pérez Duarte dimitió por la actuación de los magistrados
Patricia Muñoz Ríos y Gabriel León Z.
En repudio e indignación por la resolución emitida el mes pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al caso Lydia Cacho –detenida en 2005 por denunciar una red de pederastia–, un grupo de 400 manifestantes, acompañados por unos 60 niños, realizó un mitin frente a la sede del máximo tribunal del país, a la cual lanzaron huevos podridos y vertieron el contenido de botellas de coñac.
Convocadas por Internet y mediante llamadas telefónicas, organizaciones defensoras de los derechos de los menores de edad y de las garantías individuales marcharon de la Torre del Caballito a las puertas de la SCJN, donde colocaron las imágenes de los seis ministros que “absolvieron” al gobernador poblano Mario Marín y los niños les arrojaron por lo menos 10 kilos de huevo.
En medio de denuncias por la “impunidad” que persiste en el sistema de justicia del país y las redes de poder que persisten en detrimento de la mayoría, una mujer que llevaba a su hija de dos años aseguró que la menor fue violada por su padre y pidió el apoyo de la gente para hacer que se hiciera justicia. La respuesta de los asistentes fue inmediata y al grito de “no estás sola, no estás sola”, las muestras de solidaridad afloraron.
En la manifestación, la actriz Jesusa Rodríguez señaló que “es muy claro que en el país el abuso sexual contra menores de edad es un delito común y corriente, que tiene lugar todos los días y que la sociedad permite”.
Expuso que la resolución de la Corte fue emitida “en contra de niñas y niños víctimas de la prostitución infantil y de la violación a los derechos humanos de Lydia Cacho. Queda nuevamente demostrado que no les importa hacer cumplir nuestra Constitución”.
Mi renuncia, por la aberración jurídica: ex fiscal
“Mi renuncia a la Fiscalía para la Atención de Delitos contra las Mujeres fue por considerar que en último momento, de manera inexplicable”, la Suprema Corte cometió una aberración jurídica al emitir su fallo en el caso Lydia Cacho, “toda vez que con su decisión se envía una señal de que no podemos confiar en un sistema de justicia para combatir temas tan lacerantes para la sociedad como es la trata de mujeres y niñas, la pederastia y la pornografía infantil”, afirmó la ex titular del organismo, Alicia Elena Pérez Duarte.
En entrevista, la ex fiscal consideró que el pasado 29 de noviembre los ministros del máximo tribunal del país emitieron “un mensaje de impunidad, de tolerancia a la pederastia y a las violaciones de los derechos humanos de parte de las autoridades” impartidoras de justicia, ya que, agregó, con el antecedente de su fallo “no sé en quiénes vamos a confiar” los mexicanos. “Por eso renuncié, para poder, desde la ciudadanía, emprender la defensa directa de las víctimas ante la procuración de justicia del país, a cargo del Ejecutivo, como de la administración, a cargo del Poder Judicial”, apuntó la ex funcionaria de la Procuraduría General de la República.
Aclaró que su “problema” no es con el Ejecutivo federal, sino con el sistema de justicia del país. “Estoy convencida que los programas administrativos que ha propuesto el presidente Felipe Calderón son posibles, el problema está en la justicia”, matizó.
Informó que “desde la calle” retomará la defensa de los derechos humanos, en especial de las niñas y mujeres, regresará a la academia y si el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) la llama para realizar tareas de asesoría, aceptará.
Patricia Muñoz Ríos y Gabriel León Z.
En repudio e indignación por la resolución emitida el mes pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al caso Lydia Cacho –detenida en 2005 por denunciar una red de pederastia–, un grupo de 400 manifestantes, acompañados por unos 60 niños, realizó un mitin frente a la sede del máximo tribunal del país, a la cual lanzaron huevos podridos y vertieron el contenido de botellas de coñac.
Convocadas por Internet y mediante llamadas telefónicas, organizaciones defensoras de los derechos de los menores de edad y de las garantías individuales marcharon de la Torre del Caballito a las puertas de la SCJN, donde colocaron las imágenes de los seis ministros que “absolvieron” al gobernador poblano Mario Marín y los niños les arrojaron por lo menos 10 kilos de huevo.
En medio de denuncias por la “impunidad” que persiste en el sistema de justicia del país y las redes de poder que persisten en detrimento de la mayoría, una mujer que llevaba a su hija de dos años aseguró que la menor fue violada por su padre y pidió el apoyo de la gente para hacer que se hiciera justicia. La respuesta de los asistentes fue inmediata y al grito de “no estás sola, no estás sola”, las muestras de solidaridad afloraron.
En la manifestación, la actriz Jesusa Rodríguez señaló que “es muy claro que en el país el abuso sexual contra menores de edad es un delito común y corriente, que tiene lugar todos los días y que la sociedad permite”.
Expuso que la resolución de la Corte fue emitida “en contra de niñas y niños víctimas de la prostitución infantil y de la violación a los derechos humanos de Lydia Cacho. Queda nuevamente demostrado que no les importa hacer cumplir nuestra Constitución”.
Mi renuncia, por la aberración jurídica: ex fiscal
“Mi renuncia a la Fiscalía para la Atención de Delitos contra las Mujeres fue por considerar que en último momento, de manera inexplicable”, la Suprema Corte cometió una aberración jurídica al emitir su fallo en el caso Lydia Cacho, “toda vez que con su decisión se envía una señal de que no podemos confiar en un sistema de justicia para combatir temas tan lacerantes para la sociedad como es la trata de mujeres y niñas, la pederastia y la pornografía infantil”, afirmó la ex titular del organismo, Alicia Elena Pérez Duarte.
En entrevista, la ex fiscal consideró que el pasado 29 de noviembre los ministros del máximo tribunal del país emitieron “un mensaje de impunidad, de tolerancia a la pederastia y a las violaciones de los derechos humanos de parte de las autoridades” impartidoras de justicia, ya que, agregó, con el antecedente de su fallo “no sé en quiénes vamos a confiar” los mexicanos. “Por eso renuncié, para poder, desde la ciudadanía, emprender la defensa directa de las víctimas ante la procuración de justicia del país, a cargo del Ejecutivo, como de la administración, a cargo del Poder Judicial”, apuntó la ex funcionaria de la Procuraduría General de la República.
Aclaró que su “problema” no es con el Ejecutivo federal, sino con el sistema de justicia del país. “Estoy convencida que los programas administrativos que ha propuesto el presidente Felipe Calderón son posibles, el problema está en la justicia”, matizó.
Informó que “desde la calle” retomará la defensa de los derechos humanos, en especial de las niñas y mujeres, regresará a la academia y si el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) la llama para realizar tareas de asesoría, aceptará.
En un año Calderón demostró que siente desprecio por el pueblo: AMLO
“Además de pelele es un inepto”, pues cada día está peor la crisis económica, dice
Expresa que las acciones de gobierno demuestran que los panistas “no sirven para nada”
Alma E. Muñoz (Enviada)
Andrés Manuel López Obrador durante su gira en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, ayer Foto: La Jornada
Singuilucan, Hgo., 16 de diciembre. Al concluir la primera etapa de sus recorridos por municipios del país, Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante el año “ilegítimo” Felipe Calderón “mostró su verdadero rostro: el desprecio hacia el pueblo”.
Manifestó que ese comportamiento se refleja en el aumento en los índices de pobreza, de corrupción y de violencia. “Calderón no sólo es un pelele, sino además es un inepto, porque cada día está peor la crisis económica, social y política del país”, remató.
El ex candidato presidencial aseguró que, a diferencia del panista, el movimiento que encabeza “se fortalece día con día, y nosotros sí tenemos calidad moral. Las acciones de gobierno demuestran que los panistas no sirven para nada”, sostuvo.
Consideró que Calderón “se agarra hasta de un clavo ardiendo” tratando de legitimarse sin conseguirlo, “y sólo ha demostrado lo que es su verdadero rostro: el desprecio hacia el pueblo”, aunque “todo lo ocultan la mayoría de los medios de comunicación, que le están sirviendo de alcahuetes”.
En cambio, continuó, a nosotros “nos han bombardeado con ataques y calumnias, y aquí estamos. No han podido ni podrán destruirnos. Pensaban que a finales de año ya no íbamos a representar a nada ni a nadie y aquí estamos. No han podido con nosotros, porque somos millones, allí está el secreto”. El numero de afiliados al “gobierno legítimo” es cercano a los 2 millones.
Por eso, insistió, “aunque nos bombardeen en la radio y la televisión, y la mayoría de los medios nos ataquen un día sí y otro no, no nos hacen nada”.
El tabasqueño dio por concluidas sus giras del año por municipios del país en la alcaldía hidalguense Emiliano Zapata. En éste, como en el resto de los ayuntamientos del estado, se perciben altos índices de pobreza, aunque destaca el caso de Huehuetla, cuyas condiciones han sido comparadas con regiones de África por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano.
Se despidió reiterando su rechazo a Felipe Calderón como presidente de México, y acusando que “nada ha dañado más a México que la “deshonestidad de los gobernantes” y el régimen de corrupción imperante.
Completó mil 98 visitas, casi 47 por ciento de los dos mil 452 municipios del país, que le permitieron encontrarse con unas 500 mil personas, en 16 estados del país. Para cumplir estas actividades recorrió, por tierra, unos 245 mil kilómetros, a partir de que empezó las giras el 4 de enero pasado, luego de que el 20 de noviembre de 2006 fue nombrado por miles de personas “presidente legítimo de México”.
Contacto con un millón de personas
Su balance, sin embargo, es que durante el año tuvo contacto con un millón de mexicanos de manera directa, si se suma al número de asistentes a sus giras, las dos concentraciones de la Convención Nacional Democrática en el Zócalo capitalino y el primer aniversario del “fraude electoral” en su contra, en el mismo lugar. Además de compromisos asumidos con funcionarios públicos para encabezar actividades de diversa índole, y sus visitas a Tabasco, tras la inundación que sufrió Villahermosa en octubre pasado.
Aparte, consideró que la venta de su libro La mafia nos robó la Presidencia, superó 100 mil ejemplares; y Fraude: México 2006, la película dirigida por el cineasta Luis Mandoki, fue vista, según cifras oficiales, por más de 300 mil personas.
Se espera que el martes sea el último día de actividades del ex candidato presidencial, antes de que tome unos días de asueto, para reanudar sus giras por municipios, el 3 de enero próximo.
Mañana también concluirá la transmisión de su programa de televisión, La verdad sea dicha, por canal 13 de Televisión Azteca, a la una de la madrugada, para no entrar en conflicto por la nueva ley electoral. Según los reportes de IBOPE, empresa que mide los ratings, lo vieron un millón 600 mil televidentes desde que inició transmisiones, a principios de enero.
López Obrador visitó ayer los municipios Cuautepec de Hinojosa, Santiago Tulantepec, Singuilucan, Apan, Almoloya y Emiliano Zapata. Esta semana tendrá actividades privadas en sus oficinas de la colonia Roma. Hoy encabezará, como cada lunes, la reunión de evaluación con los dirigentes de los partidos del Frente Amplio Progresista –PRD, PT y Convergencia–, integrantes de su “gabinete legítimo” y de la Convención Nacional Democrática.
Expresa que las acciones de gobierno demuestran que los panistas “no sirven para nada”
Alma E. Muñoz (Enviada)
Andrés Manuel López Obrador durante su gira en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, ayer Foto: La JornadaSinguilucan, Hgo., 16 de diciembre. Al concluir la primera etapa de sus recorridos por municipios del país, Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante el año “ilegítimo” Felipe Calderón “mostró su verdadero rostro: el desprecio hacia el pueblo”.
Manifestó que ese comportamiento se refleja en el aumento en los índices de pobreza, de corrupción y de violencia. “Calderón no sólo es un pelele, sino además es un inepto, porque cada día está peor la crisis económica, social y política del país”, remató.
El ex candidato presidencial aseguró que, a diferencia del panista, el movimiento que encabeza “se fortalece día con día, y nosotros sí tenemos calidad moral. Las acciones de gobierno demuestran que los panistas no sirven para nada”, sostuvo.
Consideró que Calderón “se agarra hasta de un clavo ardiendo” tratando de legitimarse sin conseguirlo, “y sólo ha demostrado lo que es su verdadero rostro: el desprecio hacia el pueblo”, aunque “todo lo ocultan la mayoría de los medios de comunicación, que le están sirviendo de alcahuetes”.
En cambio, continuó, a nosotros “nos han bombardeado con ataques y calumnias, y aquí estamos. No han podido ni podrán destruirnos. Pensaban que a finales de año ya no íbamos a representar a nada ni a nadie y aquí estamos. No han podido con nosotros, porque somos millones, allí está el secreto”. El numero de afiliados al “gobierno legítimo” es cercano a los 2 millones.
Por eso, insistió, “aunque nos bombardeen en la radio y la televisión, y la mayoría de los medios nos ataquen un día sí y otro no, no nos hacen nada”.
El tabasqueño dio por concluidas sus giras del año por municipios del país en la alcaldía hidalguense Emiliano Zapata. En éste, como en el resto de los ayuntamientos del estado, se perciben altos índices de pobreza, aunque destaca el caso de Huehuetla, cuyas condiciones han sido comparadas con regiones de África por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano.
Se despidió reiterando su rechazo a Felipe Calderón como presidente de México, y acusando que “nada ha dañado más a México que la “deshonestidad de los gobernantes” y el régimen de corrupción imperante.
Completó mil 98 visitas, casi 47 por ciento de los dos mil 452 municipios del país, que le permitieron encontrarse con unas 500 mil personas, en 16 estados del país. Para cumplir estas actividades recorrió, por tierra, unos 245 mil kilómetros, a partir de que empezó las giras el 4 de enero pasado, luego de que el 20 de noviembre de 2006 fue nombrado por miles de personas “presidente legítimo de México”.
Contacto con un millón de personas
Su balance, sin embargo, es que durante el año tuvo contacto con un millón de mexicanos de manera directa, si se suma al número de asistentes a sus giras, las dos concentraciones de la Convención Nacional Democrática en el Zócalo capitalino y el primer aniversario del “fraude electoral” en su contra, en el mismo lugar. Además de compromisos asumidos con funcionarios públicos para encabezar actividades de diversa índole, y sus visitas a Tabasco, tras la inundación que sufrió Villahermosa en octubre pasado.
Aparte, consideró que la venta de su libro La mafia nos robó la Presidencia, superó 100 mil ejemplares; y Fraude: México 2006, la película dirigida por el cineasta Luis Mandoki, fue vista, según cifras oficiales, por más de 300 mil personas.
Se espera que el martes sea el último día de actividades del ex candidato presidencial, antes de que tome unos días de asueto, para reanudar sus giras por municipios, el 3 de enero próximo.
Mañana también concluirá la transmisión de su programa de televisión, La verdad sea dicha, por canal 13 de Televisión Azteca, a la una de la madrugada, para no entrar en conflicto por la nueva ley electoral. Según los reportes de IBOPE, empresa que mide los ratings, lo vieron un millón 600 mil televidentes desde que inició transmisiones, a principios de enero.
López Obrador visitó ayer los municipios Cuautepec de Hinojosa, Santiago Tulantepec, Singuilucan, Apan, Almoloya y Emiliano Zapata. Esta semana tendrá actividades privadas en sus oficinas de la colonia Roma. Hoy encabezará, como cada lunes, la reunión de evaluación con los dirigentes de los partidos del Frente Amplio Progresista –PRD, PT y Convergencia–, integrantes de su “gabinete legítimo” y de la Convención Nacional Democrática.
La democracia en pie de guerra de Calderón
Carlos Fazio
Bajo la batuta del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el régimen derechista de Felipe Calderón viene impulsando una serie de cambios en la normatividad constitucional sobre seguridad interna, que se encaminan hacia la conformación de un Estado cliente autoritario de nuevo tipo. La más reciente acción es la contrarreforma en materia de justicia y seguridad pública, actualmente en fase parlamentaria, cuya finalidad es construir una legalidad que justifique el accionar represivo del Estado contra la disidencia política y social, acorde con los lineamientos de Washington en la materia.
Con la excusa de la “guerra” al crimen organizado y el narcotráfico, y en abierta complicidad con Estados Unidos, el calderonismo y la “clase política” conservadora están conduciendo al país hacia un Estado de excepción permanente. La imposición de leyes con implicaciones supranacionales al gusto de Washington, que suprimen de facto las distinciones entre los métodos de presión no violentos y los violentos y entre la violencia preventiva y la represiva, e identifica a priori a todos los ciudadanos como “enemigos” o “sospechosos” (ley antiterrorista, arraigos, cateos y allanamientos sin orden judicial, incomunicación de detenidos, intervención de teléfonos y correos electrónicos y otras medidas en camino), está contenida de manera subrepticia en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y sigue los lineamientos de la Ley Patriótica que llevó a una concentración extraordinaria de poderes en el Ejecutivo estadunidense, con impactos en los fundamentos constitucionales de las ramas judicial y legislativa y en relación con las garantías y libertades individuales.
Como parte de un proceso gradual pero persistente, la democracia en pie de guerra de Calderón no significa solamente una fachada de democracia que hace la guerra contra el pueblo (ya que la delincuencia organizada, sea lo que eso signifique, tiene lazos orgánicos con el actual sistema de dominación en México), sino una democracia concebida en función de la guerra de contrainsurgencia. Si la guerra no es actual o no se manifiesta de esa forma en todo el territorio nacional es por lo menos virtual o potencial. De allí la creciente militarización del régimen y el carácter extralegal del nuevo Estado en gestación.
En ese esquema en ciernes –y más allá de las formas seudo o extralegales que adopta el régimen con el apoyo de las elites políticas reaccionarias–, la seguridad no conoce barreras: es constitucional o anticonstitucional. Y como en la vieja doctrina de seguridad nacional, el enemigo es el enemigo interno. O de otra manera: todos aquellos que no pueden demostrar positivamente que son amigos son enemigos posibles. La finalidad primordial de la nueva constitucionalidad es muy clara: colocar la soberanía del pueblo en manos de un Poder Ejecutivo fuerte, respaldado en las fuerzas coercitivas del Estado y amparado por leyes de excepción. Con un agregado: se trata, en realidad, de un régimen surgido de un nuevo fraude de Estado, por lo tanto ilegítimo y débil, que busca legitimarse a la sombra de Washington y de la ASPAN. Es decir, subordinándose a la “dominación de espectro completo” del Pentágono y asumiendo de hecho la extraterritorialidad de Estados Unidos hasta las propias fronteras de México con Belice y Guatemala, y dejando las políticas y acciones de seguridad interna bajo los criterios del Comando Conjunto de Estados Unidos.
En ese contexto, no resulta casual que 61 por ciento de los 500 millones de dólares de “asistencia militar” estadunidense previstos para el ejercicio fiscal 2008 esté destinado a las fuerzas armadas y que en todos sus rubros –incluida la “ayuda” programada para la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, el Cisen, Aduanas y Migración– las asignaciones prioricen los sistemas y equipos de inteligencia, comunicaciones y contrainsurgencia.
Según confirmó aquí en México, en octubre pasado, el ex zar de la inteligencia estadunidense y actual subsecretario de Estado, John Dimitri Negroponte, en el marco de la ASPAN, Estados Unidos y México “compartirán” información de inteligencia en tiempo real. A todo ello se suma, ahora, la instrumentación de las contrarreformas judicial, penal y de procuración de justicia –que homologan las normas vigentes en Estados Unidos– y la reorganización de los cuerpos de inteligencia y las policías de México bajo los esquemas, directrices y supervisión de Washington. Incluida, además, la virtual equiparación de los términos terrorista, narcotraficante y extranjero indocumentado, por las autoridades del Instituto Nacional de Migración. De tal forma, la regresión autoritaria sienta las bases para un Estado de tipo policial-militar y allana el camino hacia la guerra sucia.
Bajo la batuta del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el régimen derechista de Felipe Calderón viene impulsando una serie de cambios en la normatividad constitucional sobre seguridad interna, que se encaminan hacia la conformación de un Estado cliente autoritario de nuevo tipo. La más reciente acción es la contrarreforma en materia de justicia y seguridad pública, actualmente en fase parlamentaria, cuya finalidad es construir una legalidad que justifique el accionar represivo del Estado contra la disidencia política y social, acorde con los lineamientos de Washington en la materia.
Con la excusa de la “guerra” al crimen organizado y el narcotráfico, y en abierta complicidad con Estados Unidos, el calderonismo y la “clase política” conservadora están conduciendo al país hacia un Estado de excepción permanente. La imposición de leyes con implicaciones supranacionales al gusto de Washington, que suprimen de facto las distinciones entre los métodos de presión no violentos y los violentos y entre la violencia preventiva y la represiva, e identifica a priori a todos los ciudadanos como “enemigos” o “sospechosos” (ley antiterrorista, arraigos, cateos y allanamientos sin orden judicial, incomunicación de detenidos, intervención de teléfonos y correos electrónicos y otras medidas en camino), está contenida de manera subrepticia en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y sigue los lineamientos de la Ley Patriótica que llevó a una concentración extraordinaria de poderes en el Ejecutivo estadunidense, con impactos en los fundamentos constitucionales de las ramas judicial y legislativa y en relación con las garantías y libertades individuales.
Como parte de un proceso gradual pero persistente, la democracia en pie de guerra de Calderón no significa solamente una fachada de democracia que hace la guerra contra el pueblo (ya que la delincuencia organizada, sea lo que eso signifique, tiene lazos orgánicos con el actual sistema de dominación en México), sino una democracia concebida en función de la guerra de contrainsurgencia. Si la guerra no es actual o no se manifiesta de esa forma en todo el territorio nacional es por lo menos virtual o potencial. De allí la creciente militarización del régimen y el carácter extralegal del nuevo Estado en gestación.
En ese esquema en ciernes –y más allá de las formas seudo o extralegales que adopta el régimen con el apoyo de las elites políticas reaccionarias–, la seguridad no conoce barreras: es constitucional o anticonstitucional. Y como en la vieja doctrina de seguridad nacional, el enemigo es el enemigo interno. O de otra manera: todos aquellos que no pueden demostrar positivamente que son amigos son enemigos posibles. La finalidad primordial de la nueva constitucionalidad es muy clara: colocar la soberanía del pueblo en manos de un Poder Ejecutivo fuerte, respaldado en las fuerzas coercitivas del Estado y amparado por leyes de excepción. Con un agregado: se trata, en realidad, de un régimen surgido de un nuevo fraude de Estado, por lo tanto ilegítimo y débil, que busca legitimarse a la sombra de Washington y de la ASPAN. Es decir, subordinándose a la “dominación de espectro completo” del Pentágono y asumiendo de hecho la extraterritorialidad de Estados Unidos hasta las propias fronteras de México con Belice y Guatemala, y dejando las políticas y acciones de seguridad interna bajo los criterios del Comando Conjunto de Estados Unidos.
En ese contexto, no resulta casual que 61 por ciento de los 500 millones de dólares de “asistencia militar” estadunidense previstos para el ejercicio fiscal 2008 esté destinado a las fuerzas armadas y que en todos sus rubros –incluida la “ayuda” programada para la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, el Cisen, Aduanas y Migración– las asignaciones prioricen los sistemas y equipos de inteligencia, comunicaciones y contrainsurgencia.
Según confirmó aquí en México, en octubre pasado, el ex zar de la inteligencia estadunidense y actual subsecretario de Estado, John Dimitri Negroponte, en el marco de la ASPAN, Estados Unidos y México “compartirán” información de inteligencia en tiempo real. A todo ello se suma, ahora, la instrumentación de las contrarreformas judicial, penal y de procuración de justicia –que homologan las normas vigentes en Estados Unidos– y la reorganización de los cuerpos de inteligencia y las policías de México bajo los esquemas, directrices y supervisión de Washington. Incluida, además, la virtual equiparación de los términos terrorista, narcotraficante y extranjero indocumentado, por las autoridades del Instituto Nacional de Migración. De tal forma, la regresión autoritaria sienta las bases para un Estado de tipo policial-militar y allana el camino hacia la guerra sucia.
¿Sorprende que el TLCAN no beneficie a mexicanos?
Carlos Fernández-Vega
Lástima que apenas se den cuenta de que las “ventajas” del tratado se han “agotado”
Con una lentitud equivalente a la pérdida de beneficios, los otrora aplaudidores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) paulatinamente se han dado cuenta de que las ventajas que ofreció a México se han venido agotando, erosionando, y el país se ha quedado rezagado frente a quienes más avanzan.
Y lo anterior no proviene de alguna entidad que se caracterice por su elevado grado de crítica, sino de una que ha explotado hasta la última gota la miel del TLCAN y de su calidad de inversionista extranjero, a saber, el BBVA, que en México opera bajo la razón social de Bancomer, una institución que se queja de las “glorias pasadas” que vive el país en materia de libre comercio e inversión foránea.
Sólo hasta que las “ventajas” por ellas obtenidas se han estancado, que no desaparecido, instituciones como el BBVA muestran su “sorpresa” por el “rezago” de las “virtudes” del citado acuerdo comercial y lo que para ellas implica (La Jornada).
Señalamientos igualmente agrios hacen organismos empresariales nacionales poco a poco alejados de las mieles del libre comercio, golpeados importadores otrora exportadores, desilusionadas instituciones académicas, ahorcadas agrupaciones gremiales e incluso de bancos multilaterales en un principio panegiristas del TLCAN, al que ya no le ven las virtudes prometidas en un principio, porque el tratado ya no es uno sino cientos que ni económica ni socialmente cristalizan en un país en el que la concentración y el estancamiento se han convertido en norma.
¿Sorprendidos?, si desde un principio quedó claro que el TLCAN no era para México ni los mexicanos, sino para sus dueños, y de ello da cuenta la numeralia que en otras ocasiones hemos presentado en este espacio, y de la que retomamos algunas cifras para documentar la “desilusión” que a estas alturas tal tratado provoca en algunas instituciones que antes lo defendían a la primera provocación.
Más de 3 millones de unidades económicas registradas oficialmente participan en todos los sectores productivos del país, y de ellas sólo 1.2 por ciento, aproximadamente, le clava el diente a la jugosa actividad exportadora no petrolera, aunque también estas cifras concentradas tienen sus bemoles.
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, 37 mil 344 empresas participan (2005) en el mercado exportador asociado al TLCAN (cifra raquítica si se considera el universo nacional mencionado), las cuales, aparentemente, se repartieron los casi 186 mil millones de dólares que en ese año significó el pastel de tal actividad.
Sin embargo, al desmenuzar la información se confirma que, como sucede en tantos otros sectores de la actividad económica en México, la concentración de la actividad exportadora no petrolera es brutal: sólo 601 empresas (la mayoría trasnacionales) se quedan con casi 77 por ciento del valor exportado, porcentaje que en 2005 se tradujo en casi 142 mil millones de dólares.
Esas 601 empresas (no necesariamente mexicanas, y con ventas de 50 millones de dólares anuales en adelante) representan 1.6 por ciento del por sí angosto mundillo exportador que oficialmente opera en el país (las 37 mil 344 empresas), y 0.02 por ciento de las unidades económicas registradas y reconocidas oficialmente.
Justo antes de la entrada en vigor del TLCAN, en 1993, la situación no era muy distinta a la actual, porque 154 empresas exportadoras (0.7 por ciento de las 21 mil 475 registradas como tales en el país en aquel año) se quedaron con 58 por ciento del pastel. Con el tratado (que significa casi 90 por ciento del comercio exterior mexicano), son 601 las empresas concentradoras que se quedan con casi 77 centavos de cada dólar exportado. Y entre las principales exportadoras destacan trasnacionales como General Motors, Daimler Chrysler, Ford Motor, Volkswagen y Hewlett Packard.
En sentido contrario, alrededor de 32 mil empresas dedicadas a esos menesteres y con ventas hasta de un millón de dólares al año (casi 85 por ciento del total de exportadoras y 1.1 por ciento de las unidades económicas registradas y reconocidas oficialmente) se quedaron con una rebanada equivalente a 1.7 por ciento de los cerca de 186 mil millones de dólares exportados en 2005. En 1993, previo a la entrada en vigor del TLCAN, su rebanada fue de 4.5 por ciento.
Casi 92 por ciento del pastel exportador (unos 170 mil millones de dólares en 2005) se queda en manos de poco más de mil 800 empresas, considerando la segunda y tercera (muy alejadas de la primera) posiciones en el ranking respectivo. En 1993 los tres primeros lugares en monto exportado se quedaron con 80 por ciento del pastel, aunque la segunda y la tercera tuvieron mayor peso que en 2005 (14.7 y 8.1 por ciento del total en ese año, contra 10.3 y 4.8 por ciento en 2005).
En el mundillo de las importaciones las cifras revelan que con la indiscriminada apertura comercial y la entrada en vigor del TLCAN, miles de empresas mexicanas reventaron, dejándoles sólo dos opciones: cerrar sus puertas o “reconvertirse”. Muchas optaron por esta última “oportunidad”: de productores activos se “reconvirtieron” en importadores, en simples intermediarios, en agentes de ventas de productos estadunidenses.
De 62 mil empresas importadoras registradas en 1993, el universo pasó a más de 423 mil en 2005, 600 por ciento de incremento en el periodo, a un ritmo ocho veces superior al de las exportadoras. Tal “reconversión” se dio mayormente en tiempos del “cambio”, a grado de que en 2005, 14 de cada cien unidades económicas oficialmente registradas (aparte la informalidad) se dedicaba a la importación.
Qué lástima que sólo hasta ahora se den cuenta de que las “ventajas” se han “agotado” y México “ha quedado rezagado frente a quienes más avanzan”.
Las rebanadas del pastel
Y en la rebatiña por el país, ya no se sabe cuál de las famiglias es más feroz a la hora de sacar los dientes en defensa del hueso. ¿A quién le va?: ¿al equipo de Los Pinos, a los partidos políticos y sus legisladores, a los ministros de la Corte o a los consejeros del IFE?
Lástima que apenas se den cuenta de que las “ventajas” del tratado se han “agotado”
Con una lentitud equivalente a la pérdida de beneficios, los otrora aplaudidores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) paulatinamente se han dado cuenta de que las ventajas que ofreció a México se han venido agotando, erosionando, y el país se ha quedado rezagado frente a quienes más avanzan.
Y lo anterior no proviene de alguna entidad que se caracterice por su elevado grado de crítica, sino de una que ha explotado hasta la última gota la miel del TLCAN y de su calidad de inversionista extranjero, a saber, el BBVA, que en México opera bajo la razón social de Bancomer, una institución que se queja de las “glorias pasadas” que vive el país en materia de libre comercio e inversión foránea.
Sólo hasta que las “ventajas” por ellas obtenidas se han estancado, que no desaparecido, instituciones como el BBVA muestran su “sorpresa” por el “rezago” de las “virtudes” del citado acuerdo comercial y lo que para ellas implica (La Jornada).
Señalamientos igualmente agrios hacen organismos empresariales nacionales poco a poco alejados de las mieles del libre comercio, golpeados importadores otrora exportadores, desilusionadas instituciones académicas, ahorcadas agrupaciones gremiales e incluso de bancos multilaterales en un principio panegiristas del TLCAN, al que ya no le ven las virtudes prometidas en un principio, porque el tratado ya no es uno sino cientos que ni económica ni socialmente cristalizan en un país en el que la concentración y el estancamiento se han convertido en norma.
¿Sorprendidos?, si desde un principio quedó claro que el TLCAN no era para México ni los mexicanos, sino para sus dueños, y de ello da cuenta la numeralia que en otras ocasiones hemos presentado en este espacio, y de la que retomamos algunas cifras para documentar la “desilusión” que a estas alturas tal tratado provoca en algunas instituciones que antes lo defendían a la primera provocación.
Más de 3 millones de unidades económicas registradas oficialmente participan en todos los sectores productivos del país, y de ellas sólo 1.2 por ciento, aproximadamente, le clava el diente a la jugosa actividad exportadora no petrolera, aunque también estas cifras concentradas tienen sus bemoles.
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, 37 mil 344 empresas participan (2005) en el mercado exportador asociado al TLCAN (cifra raquítica si se considera el universo nacional mencionado), las cuales, aparentemente, se repartieron los casi 186 mil millones de dólares que en ese año significó el pastel de tal actividad.
Sin embargo, al desmenuzar la información se confirma que, como sucede en tantos otros sectores de la actividad económica en México, la concentración de la actividad exportadora no petrolera es brutal: sólo 601 empresas (la mayoría trasnacionales) se quedan con casi 77 por ciento del valor exportado, porcentaje que en 2005 se tradujo en casi 142 mil millones de dólares.
Esas 601 empresas (no necesariamente mexicanas, y con ventas de 50 millones de dólares anuales en adelante) representan 1.6 por ciento del por sí angosto mundillo exportador que oficialmente opera en el país (las 37 mil 344 empresas), y 0.02 por ciento de las unidades económicas registradas y reconocidas oficialmente.
Justo antes de la entrada en vigor del TLCAN, en 1993, la situación no era muy distinta a la actual, porque 154 empresas exportadoras (0.7 por ciento de las 21 mil 475 registradas como tales en el país en aquel año) se quedaron con 58 por ciento del pastel. Con el tratado (que significa casi 90 por ciento del comercio exterior mexicano), son 601 las empresas concentradoras que se quedan con casi 77 centavos de cada dólar exportado. Y entre las principales exportadoras destacan trasnacionales como General Motors, Daimler Chrysler, Ford Motor, Volkswagen y Hewlett Packard.
En sentido contrario, alrededor de 32 mil empresas dedicadas a esos menesteres y con ventas hasta de un millón de dólares al año (casi 85 por ciento del total de exportadoras y 1.1 por ciento de las unidades económicas registradas y reconocidas oficialmente) se quedaron con una rebanada equivalente a 1.7 por ciento de los cerca de 186 mil millones de dólares exportados en 2005. En 1993, previo a la entrada en vigor del TLCAN, su rebanada fue de 4.5 por ciento.
Casi 92 por ciento del pastel exportador (unos 170 mil millones de dólares en 2005) se queda en manos de poco más de mil 800 empresas, considerando la segunda y tercera (muy alejadas de la primera) posiciones en el ranking respectivo. En 1993 los tres primeros lugares en monto exportado se quedaron con 80 por ciento del pastel, aunque la segunda y la tercera tuvieron mayor peso que en 2005 (14.7 y 8.1 por ciento del total en ese año, contra 10.3 y 4.8 por ciento en 2005).
En el mundillo de las importaciones las cifras revelan que con la indiscriminada apertura comercial y la entrada en vigor del TLCAN, miles de empresas mexicanas reventaron, dejándoles sólo dos opciones: cerrar sus puertas o “reconvertirse”. Muchas optaron por esta última “oportunidad”: de productores activos se “reconvirtieron” en importadores, en simples intermediarios, en agentes de ventas de productos estadunidenses.
De 62 mil empresas importadoras registradas en 1993, el universo pasó a más de 423 mil en 2005, 600 por ciento de incremento en el periodo, a un ritmo ocho veces superior al de las exportadoras. Tal “reconversión” se dio mayormente en tiempos del “cambio”, a grado de que en 2005, 14 de cada cien unidades económicas oficialmente registradas (aparte la informalidad) se dedicaba a la importación.
Qué lástima que sólo hasta ahora se den cuenta de que las “ventajas” se han “agotado” y México “ha quedado rezagado frente a quienes más avanzan”.
Las rebanadas del pastel
Y en la rebatiña por el país, ya no se sabe cuál de las famiglias es más feroz a la hora de sacar los dientes en defensa del hueso. ¿A quién le va?: ¿al equipo de Los Pinos, a los partidos políticos y sus legisladores, a los ministros de la Corte o a los consejeros del IFE?
TLCAN: la condena del campo
Editorial
La coalición de izquierda Frente Amplio (FA), la fuerza política gobernante en Uruguay, manifestó ayer su rechazo a la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo que constituyó un revés a las intenciones del presidente, Tabaré Vázquez, quien pretende lograr un acuerdo de apertura de mercados entre Washington y Montevideo.
Es de saludarse la postura del FA frente a la suscripción de un TLC con Estados Unidos: su negativa parte del reconocimiento de que la suscripción del acuerdo bilateral no resulta favorable para el desarrollo de Uruguay en sectores fundamentales como el agropecuario, toda vez que implicaría una competencia inequitativa entre los productores de la nación sudamericana y los de la más grande economía del planeta, que acabaría por destruir el entorno rural en ese país, como ha venido ocurriendo en México desde la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994.
El impacto del TLCAN sobre el campo mexicano es devastador, sobre todo en lo que respecta a la producción de maíz. Ese grano representa más de 60 por ciento de la producción agrícola nacional, ocupa un porcentaje similar de la superficie cultivada y constituye la única fuente de sustento de millones de personas. Sin embargo, con la entrada en vigor del TLCAN, las importaciones de maíz han aumentado en forma sostenida, y se ha obligado a los agricultores nacionales, prácticamente abandonados por la ineficiencia de los programas oficiales de ayuda al campo, a librar una batalla comercial injusta con los productores estadunidenses, que reciben fuertes subsidios del gobierno. Ello ha propiciado un abandono alarmante de ese sector: según un informe sobre desarrollo elaborado por el Banco Mundial (BM), en las últimas dos décadas la población campesina de México se ha reducido en 25 por ciento, aproximadamente, y ha decrecido de manera significativa el poder adquisitivo de las otras tres cuartas partes.
Para colmo, se vislumbra un nuevo golpe –acaso definitivo– para el agro mexicano en las próximas semanas: la eliminación de los aranceles a las importaciones de grano, prevista en el TLCAN para el año entrante, agudizará la situación económica de los productores mexicanos, lo que sin duda acrecentará el abandono del campo en proporciones presumiblemente trágicas y colocará al país entero ante la incertidumbre alimentaria por depender de la producción extranjera.
No es difícil imaginar, por cierto, que una buena porción de los campesinos desplazados por el TLCAN buscará emigrar a la nación vecina en busca de oportunidades de subsistencia. Todo parece indicar que, lejos de las promesas de progreso que expresaban los promotores del acuerdo regional, durante los pasados 13 años se ha preparado el desfonde del campo mexicano, dejándolo en las peores condiciones posibles de cara a la competencia en el mercado internacional.
En suma, ha quedado claro que el TLCAN, desde su concepción, representó un acuerdo inequitativo y contrario a los intereses y las necesidades del conjunto de la población. Los representantes populares debieran retomar el ejemplo que, desde Uruguay, ha planteado el FA, y atender a los diversos sectores de la sociedad mexicana que exigen una revisión de ese convenio para evitar que avance el abandono del campo, así como la migración y la descomposición del tejido social que conlleva.
La coalición de izquierda Frente Amplio (FA), la fuerza política gobernante en Uruguay, manifestó ayer su rechazo a la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo que constituyó un revés a las intenciones del presidente, Tabaré Vázquez, quien pretende lograr un acuerdo de apertura de mercados entre Washington y Montevideo.
Es de saludarse la postura del FA frente a la suscripción de un TLC con Estados Unidos: su negativa parte del reconocimiento de que la suscripción del acuerdo bilateral no resulta favorable para el desarrollo de Uruguay en sectores fundamentales como el agropecuario, toda vez que implicaría una competencia inequitativa entre los productores de la nación sudamericana y los de la más grande economía del planeta, que acabaría por destruir el entorno rural en ese país, como ha venido ocurriendo en México desde la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994.
El impacto del TLCAN sobre el campo mexicano es devastador, sobre todo en lo que respecta a la producción de maíz. Ese grano representa más de 60 por ciento de la producción agrícola nacional, ocupa un porcentaje similar de la superficie cultivada y constituye la única fuente de sustento de millones de personas. Sin embargo, con la entrada en vigor del TLCAN, las importaciones de maíz han aumentado en forma sostenida, y se ha obligado a los agricultores nacionales, prácticamente abandonados por la ineficiencia de los programas oficiales de ayuda al campo, a librar una batalla comercial injusta con los productores estadunidenses, que reciben fuertes subsidios del gobierno. Ello ha propiciado un abandono alarmante de ese sector: según un informe sobre desarrollo elaborado por el Banco Mundial (BM), en las últimas dos décadas la población campesina de México se ha reducido en 25 por ciento, aproximadamente, y ha decrecido de manera significativa el poder adquisitivo de las otras tres cuartas partes.
Para colmo, se vislumbra un nuevo golpe –acaso definitivo– para el agro mexicano en las próximas semanas: la eliminación de los aranceles a las importaciones de grano, prevista en el TLCAN para el año entrante, agudizará la situación económica de los productores mexicanos, lo que sin duda acrecentará el abandono del campo en proporciones presumiblemente trágicas y colocará al país entero ante la incertidumbre alimentaria por depender de la producción extranjera.
No es difícil imaginar, por cierto, que una buena porción de los campesinos desplazados por el TLCAN buscará emigrar a la nación vecina en busca de oportunidades de subsistencia. Todo parece indicar que, lejos de las promesas de progreso que expresaban los promotores del acuerdo regional, durante los pasados 13 años se ha preparado el desfonde del campo mexicano, dejándolo en las peores condiciones posibles de cara a la competencia en el mercado internacional.
En suma, ha quedado claro que el TLCAN, desde su concepción, representó un acuerdo inequitativo y contrario a los intereses y las necesidades del conjunto de la población. Los representantes populares debieran retomar el ejemplo que, desde Uruguay, ha planteado el FA, y atender a los diversos sectores de la sociedad mexicana que exigen una revisión de ese convenio para evitar que avance el abandono del campo, así como la migración y la descomposición del tejido social que conlleva.
Solidaridad con nuestro Obispo Raúl Vera
De Praxedis:
Nuestro obispo está haciendo lo correcto y más vale, porque como dice el presidente en turno: Cumplir con la constitución o si no, que el pueblo me lo demande. Igualmente; cumplir con el evangelio o si no, Dios nos desconocerá si no cumplimos con la constitución de la divinidad, que es el evangelio según Cristo.
Jesús dijo; Tomen su cruz y síganme. ¡Es una orden para los que creemos en él! No dijo síganme si es políticamente correcto o si es conveniente para mis intereses personales, o mis intereses políticos e inclusive si es conveniente para mi carrera política religiosa. Comprometerse con los pobres y con la justicia es exactamente buscar el reino de Dios y su justicia.
Otra orden que Jesús nos dejó; Busquen el reino de Dios y SU JUSTICIA. Noten que Jesús está dando órdenes-si quieren órdenes amorosas-, pero al fin órdenes para todos los que quieran creer en él. No es cuestión de mucho raciocinio ni de mucha inteligencia sino cuestión de buena voluntad, de sentido de gratitud por haber sido creados gratis y puestos en uno de sus miles de millones de planetas y luego rescatados sin merecerlo en lo más mínimo.
¿Qué hizo Jesús en su vida para poder seguirlo? Se la pasó haciendo el bien, nunca el mal, se la pasó revelándonos la buena noticia que nos dice que hay otra vida llena de felicidad en el cielo para aquellos que creen en él. Antes los seres humanos se morían sin ninguna fe, ni esperanza, morían como animales. Se la pasó curando enfermos, se la pasó dando vista a los ciegos, se la pasó abriendo los oídos a los sordos, se la pasó resucitando muertos, se la pasó dando de comer a todos los hambrientos, se la pasó visitando enfermos y prisioneros, se la pasó perdonando y prodigando ternura a todo el que lo necesitara.
¿Queremos seguirlo? ¡Hay que hacer todo lo que él hizo!. Eso es precisamente lo que significa seguirlo.
Si eso está haciendo el Obispo Raúl Vera no está haciendo más que cumplir con el evangelio y hacerlo a pesar de críticas e incomprensiones. ¿Que mucha gente no está de acuerdo con él? ¡Claro!, eso es precisamente una prueba de que está haciendo lo correcto, pues Jesús también fue acusado de revolucionario de sedicioso, de revoltoso, de juntarse con pecadores, etc., etc. Los que siguen a Jesús serán perseguidos y no solo por los enemigos declarados sino por los mismos cristianos dentro de su iglesia, igual que Jesús fue perseguido por fariseos, escribas y líderes religiosos dentro del judaísmo que era la religión de Jesús.
Por lo tanto los que queremos seguir a Jesús, tenemos que defender la justicia, que implica defender a inocentes en las cárceles, defender a víctimas de explotaciones mineras, defender a victimas de abusos y violaciones sexuales, defender a millones aquí y en el extranjero víctimas de la pobreza, enfermedad e inseguridad causadas por el desempleo que se origina por nuestro apoyo a un sistema económico injusto, depredador y entreguista.
Seguir a Jesús es apoyar un sistema de salud universal para todos con o sin empleo, es apoyar un sistema donde todos tengan un empleo bien remunerado, es apoyar un sistema donde todos reciban una educación integral de calidad con ética patriotismo y honestidad, es apoyar un sistema de alimentación y salud transitorio mientras se establece el sistema definitivo, por lo que todos debemos de compartir lo más que podamos de lo que tenemos, muchas veces de sobra, pero con amor. Todo esto es seguir a Jesús.
Yo creo que Raúl vera está haciendo precisamente todo eso por lo que va nuestra solidaridad y haciéndolo provocaremos una sonrisa amorosa de aceptación de parte de Dios.
Renuncia el despedido
Eduardo Ibarra Aguirre
Desde el principio hasta el fin de su mandato como consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde Ramírez empeñó sus mejores esfuerzos en demostrar con tintes de escándalo que lo que natura no da, Salamanca no presta.
El doctor y maestro en ciencia política por la Universidad de Columbia, Nueva York, fue designado presidente del IFE el 31 de octubre de 2003, por las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional, bajo el decisivo impulso de la cacique magisterial Elba Esther Gordillo Morales, y la de Acción Nacional encabezada por Francisco Javier Barrio Terrazas, quienes ignoraron a los diputados del Partido de la Revolución Democrática, coordinados por Pablo Gómez Álvarez.
Con independencia de los méritos académicos y las limitaciones para el ejercicio público, incluida la gesticulación que lo hace aparecer como lo que no es, la falla principal del árbitro electoral es de origen.
En el discurso de Ugalde Ramírez no figuraba, entonces, lo que ahora presenta como centro de su alegato: “La dignidad del IFE está por encima de los partidos”. Como también estuvo ausente durante enero-julio de 2006. O bien sólo supo reivindicarlo ante el PRD y el PRI, pero nunca frente al partido del presidente Vicente Fox Quesada y del candidato Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Por ello, resultan creíbles las versiones que registra Jenaro Villamil en Proceso del 16 de diciembre, respecto a que tras la renuncia del consejero presidente despedido con las reformas constitucionales y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, bajo la asesoría de Juan Molinar Horcasistas, exconsejero que encabeza la nómina del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ugalde intentó cuatro años y 14 días después de su nombramiento, convertir un fracaso en victoria. O como bien dice José Antonio Crespo Mendoza: “Él aprovecha para pegarle a sus verdugos, para salir por una puerta menos trasera, pero no tiene consecuencias jurídicas”, porque “tal como está redactado el artículo cuatro transitorio, está previsto que se podía atorar el nombramiento del consejero presidente”.
Los movimientos que está operando el director general del IMSS, en lugar de ocuparse de los graves rezagos en cirugías de todo tipo, corresponde al viraje político y legislativo que despliega Germán Martínez Cázares, quien en vez de instalar al PAN en el centro político, como lo prometió al tomar posesión como presidente panista, tras una elección de las llamadas de tipo soviético, lo reinstala en la “cercanía responsable”. Más aún en “¡Este es su partido, presidente Felipe Calderón!”
El exbecario de la Secretaría de la Función Pública y ahora encargado de manejar el partido del inquilino principal de Los Pinos, es coautor intelectual de las directrices presidenciales para vetar a los candidatos a consejeros ciudadanos propuestos por el partido del sol azteca, hacer pagar a éste las consecuencias de los cambios de tres consejeros y la posposición hasta febrero de las decisiones de San Lázaro y reeditar un órgano electoral donde nuevamente predominen los amigos del PAN.
El reculamiento de Héctor Larios Córdova en los acuerdos consensuados entre las tres principales fuerzas políticas, con la rebeldía de las franquicias que pareciera únicamente pueden subsistir alrededor de las primeras, no sólo dejaron al IFE en una situación difícil, sino complicaron reformas como la judicial y la antimonopolios.
Por si no fuera suficiente, la disputa por suceder por dos meses a Luis Carlos Ugalde confronta en forma grotesca a los consejeros en dos bloques. Llegaron al extremo de discutir que el efímero titular no podrá dotarse de nuevas oficinas y que tampoco podrá ejercer de manera discrecional el elevadísimo presupuesto de que disponía el doctor.
El tragicómico cuadro muestra a plenitud la herencia que dejó Ugalde como árbitro incompetente, parcial y faccioso.
Acuse de recibo
Corrección de Luis Fernando (luifer8@hotmail.com) a Pensionados precoces (14-XII-07): “El chamaco pensionado José Angel Gurría no es Ordóñez de segundo apellido, sino es Gurría Treviño”… Instan a Calderón Hinojosa: “I. A tomar las medidas necesarias para que cese la agresión física, hostigamiento y amenazas, así como garantizar la integridad física y psicológica de Melanie del Carmen Salgado López y de todos los miembros de la organización de derechos humanos Comité Cerezo México”. II. Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la agresión física, hostigamiento y amenazas recibidas”… La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas convocan: “Próximos al X aniversario de la masacre de Acteal y en el marco de la Campaña Acteal contra la impunidad 10 y 15 los hemos invitado a que nos acompañen los días 20 y 21 de diciembre en el Encuentro Nacional de Organizaciones y posteriormente el día 22 a la conmemoración de la masacre en la comunidad de Acteal, Chenalhó, Chiapas”.
Boletín Informativo ISA núm 292
http://www.serviciodenoticiasis
VISITÓ LÓPEZ OBRADOR MIL NOVENTA Y OCHO MUNICIPIOS DURANTE EL AÑO Y SU GOBIERNO LEGÍTIMO YA CUENTA CON DOS MILLONES DE REPRESENTANTES
Al informar que en este año visitó mil 98 municipios de 17 estados de la República, donde se reunió con un millón de ciudadanos, Andrés Manuel López Obrador afirmó que la mafia que controla la llamada sociedad política no pudo destruir el movimiento de transformación del país, debido a que millones de mexicanos están concientes de que es necesario un cambio verdadero del país.
“Hemos enfrentado y resistido las presiones de la mafia que tiene el control de la llamada sociedad política y de la mayoría de los medios de comunicación. Nos han bombardeado con ataques y calumnias, pero aquí estamos, porque nos van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez”, sostuvo.
El presidente legítimo de México manifestó que “la llamada sociedad política pensaba que a finales de este año no íbamos a representar a nada, ni a nadie y, sin embargo, actualmente representamos a millones de mexicanos en todo el país. El secreto para que la mafia, encabezada por el PAN y el pelele de Calderón, no destruyera el movimiento de transformación del país, se ubicó en que millones de mexicanos están concientes y dispuestos a luchar por un cambio verdadero de México”, agregó.
“Aunque nos bombardeen en la radio y en la televisión, aunque nos ataquen un día sí y el otro también, no hacen nada, pueden estar con estas campañas de desprestigio, pero nuestro movimiento se mantiene, gracias a que hay millones de mexicanos concientes”, expuso.
López Obrador dijo que a diferencia del apoyo recibido por el movimiento de transformación del país, “el pelele de Calderón se agarra hasta de un clavo ardiendo para legitimarse y no ha podido, porque ¿qué sería del pelele sin la tele?, pues nada, y no sólo no ha logrado legitimarse, sino que ha mostrado su verdadero rostro, un rostro autoritario, y su desprecio por el pueblo”.
“En este año, si revisamos lo que ha pasado: ha habido más pobreza, más corrupción, más desempleo, más violencia. Este año es el de más violencia desde la Revolución mexicana, porque hay más de 3 mil ejecutados y eso lo ocultan los medios de comunicación porque juegan el papel de alcahuetes del régimen”, explicó.
“Por eso hay que seguir adelante en el movimiento de transformación del país y ahora más que nunca se hace válida la frase que dice: sólo el pueblo puede rescatar y salvar al pueblo, porque no hay otro camino”, insistió.
En Singuilucan y Apan, López Obrador detalló que desde el 4 de enero comenzó a trabajar de lunes a miércoles en el Distrito Federal y de jueves a domingo se dedicó a recorrer los municipios del país. “Con el municipio de Emiliano Zapata, recorrí mil 98 municipios y en estas asambleas informativas realizadas en todo el país y con las grandes asambleas en el Zócalo me comuniqué con un millón de ciudadanos en este año”, resaltó.
Asimismo, indicó, “hicimos el programa de televisión que se llama La verdad sea dicha, que pasa los martes a la una de la mañana y el pasado martes lo vieron un millón 600 mil televidentes”.
Al continuar con el balance de la actividad efectuada en los últimos 12 meses, López Obrador indicó: “¿Qué hemos hecho en este año? Hemos cumplido con tres objetivos: primero, defender a nuestro pueblo y defender la economía popular para que no se siga empobreciendo a los mexicanos. Hemos estado en todos estos recorridos organizando, protestando y movilizando a los ciudadanos, para que no sigan aumentando los precios y así vamos a terminar el año. Vamos a seguir protestando por el aumento a la gasolina, vamos a seguir protestando contra los aumentos de impuestos, porque en enero quieren poner en vigor la llamada reforma fiscal”.
“El segundo objetivo cumplido en este año es haber defendido los bienes de la nación, nos organizamos para que no entreguen el petróleo al extranjero. En la asamblea del 18 de noviembre llegamos a un acuerdo de que si el pelele de Calderón quiere enviar una iniciativa para reformar la Constitución o alguna ley para entregar el petróleo a extranjeros, nos vamos a movilizar y ya estamos preparados para eso, no vamos a permitir que se entregue el petróleo al extranjero, porque la Patria no se vende, se defiende”, pronunció.
El presidente legítimo de México mencionó que el tercer objetivo que se cumplió en el 2007 es que se avanzó en la organización del movimiento de transformación del país. Detalló que en 80 por ciento de los 2 mil 500 municipios del país ya hay representantes del gobierno legítimo de México, es decir, ya se afiliaron 2 millones de personas y para el 2008 se espera contar con 5 millones de representantes en toda la República Mexicana.
En Cuautepec de Hinojosa, Santiago Tulantepec, Singuilucan, Apan, Almoloya y Emiliano Zapata, el presidente legítimo de México deseó a los habitantes de toda la República Mexicana una feliz Navidady un próspero Año Nuevo.
Del 4 de enero al 16 de diciembre, López Obrador visitó mil 98 municipios de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
domingo, diciembre 16, 2007
Estudiantes de posgrado se quedan en el extranjero
MEXICO, D.F., 15 de diciembre (NTX).- Uno e cada cinco mexicanos que estudian posgrado en el extranjero no retorna al país, porque consiguen un trabajo bien remunerado n los sitios donde se preparan, indicó el presidente de la Academia Mexicana de Ciencia (AMC), Juan Pedro Laclette.
En entrevista, destacó que en México un científico gana en promedio entre 10 y5 mil pesos al mes, pero en otras naciones, como Estados Unidos o Inglaterra -los más representativos-, tienen un sueldo base de 50 mil -o su equivalente en moneda nacional.
Estimó que la fuga de cerebros mexicanos en el mundo asciende a 40 mil personas, alrededor de 40r ciento de los cuales radica en Estados Unidos y 25 por ciento en Inglaterra.
Señaló que con el objeto de tener un diagnóstico más concreto al respecto, a partir de febrero de 2008 iniciará un intercambio de información con especialistas en el tema de Estados Unidos, con lo que se elaborará un censo de científicos entre ambas naciones.
Laclette aplaudió el interés del gobierno federal de fortalecer a la comunidad científica en el país.
“El propio Felipe Calderón ha mencionado su convencimiento acerca del papel de la ciencia y la tecnología, así como de la innovación para fortalecer el desarrollo económico del país”, estableció.
El presidente de la AMC mencionó que la fuga de cerebros en México se da en especial en los ramos de ciencias exactas y naturales; y que del total de becas otorgadas por el Conacyt durante su historia, unas 120 mil, cuatro mil no retornaron a México.
En entrevista, destacó que en México un científico gana en promedio entre 10 y5 mil pesos al mes, pero en otras naciones, como Estados Unidos o Inglaterra -los más representativos-, tienen un sueldo base de 50 mil -o su equivalente en moneda nacional.
Estimó que la fuga de cerebros mexicanos en el mundo asciende a 40 mil personas, alrededor de 40r ciento de los cuales radica en Estados Unidos y 25 por ciento en Inglaterra.
Señaló que con el objeto de tener un diagnóstico más concreto al respecto, a partir de febrero de 2008 iniciará un intercambio de información con especialistas en el tema de Estados Unidos, con lo que se elaborará un censo de científicos entre ambas naciones.
Laclette aplaudió el interés del gobierno federal de fortalecer a la comunidad científica en el país.
“El propio Felipe Calderón ha mencionado su convencimiento acerca del papel de la ciencia y la tecnología, así como de la innovación para fortalecer el desarrollo económico del país”, estableció.
El presidente de la AMC mencionó que la fuga de cerebros en México se da en especial en los ramos de ciencias exactas y naturales; y que del total de becas otorgadas por el Conacyt durante su historia, unas 120 mil, cuatro mil no retornaron a México.
Maniobra anti-PRD
Jesús Ortega consideró a Luis Carlos Ugalde como “el peor árbitro electoral” que ha tenido México.
Jesús Ortega denuncia que PRI y el PAN pretenden excluir al Sol Azteca de las negociaciones para la integración del nuevo Consejo General del IFE
MEXICO, D.F., 15 de diciembre (NTX/ UNIVERSAL).- El candidato a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, acusó al PRI y el PAN de pretender excluir a su partido de las negociaciones para la integración del nuevo Consejo General del IFE.
En entrevista advirtió que si no se toma en cuenta la opinión de su partido como la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados “se va a cometer el mismo error de parcializar al órgano electoral”.
Asimismo, consideró que gobernadores priistas no deben inmiscuirse en ese proceso, pues carecen de facultades constitucionales y legales para hacerlo.
Sobre la determinación de Luis Carlos Ugalde Ramírez de renunciar a la presidencia del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) expuso que “los mismos que lo impulsaron para ese cargo ahora lo quieren victimizar”.
La renuncia de Luis Carlos Ugalde como consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), tiene como propósito eludir su responsabilidad porque debió haberlo después del 2 de julio d06 cuando provocó la polarización del país, aseguró el aspirante a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega.
El perredista consideró a Ugalde como “el peor árbitro electoral” que ha tenido México y señaló que solamente es comparable con el fraude del 1988, “pero al fin y al cabo, cometieron el mismo delito: fraude”.
El viernes pasado, Luis Carlos Ugalde presentó su dimisión a la presidencia del Consejo General del IFE, luego de que jueves venció el plazo para los nombramiento de tres consejeros, incluyendo, el presidente del órgano electoral, y responsabilizó los diputados federales de no alcanzaron un consenso para definir a los nuevos cargos.
Ortega Martínez dijo que ahora Ugalde quiere responsabilizar al Congreso de algo que él mismo propició con su pésima actuación al frente del IFE y, pidió que no se distraiga la atención con su renuncia, pues el Congreso de la Unión y la sociedad ya lo habían amonestado políticamente.
Afirmó que los desplantes del Ugalde pretenden demostrar dignidad, pero son tan falsos como su imparcialidad en el proceso electoral del 2006.
Advirtió que la nueva compasión del IFE podría quedar constituida sólo por las propuestas del PRI y del PAN debido a la actitud sectaria que esos institutos políticos realizan al excluir al Partido de la Revolución Democrática.
¡Qué raro que Jesús Ortega esté dando éstas declaraciones! ¿Estará queriendo ganar votos presentándose ahora como verdadera oposición, cuando ya se ha visto que es uno de los que se someten al gobierno? No, no nos engaña, los votos para tratar de limpiar al PRD van para Encinas.
Jesús Ortega denuncia que PRI y el PAN pretenden excluir al Sol Azteca de las negociaciones para la integración del nuevo Consejo General del IFE
MEXICO, D.F., 15 de diciembre (NTX/ UNIVERSAL).- El candidato a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, acusó al PRI y el PAN de pretender excluir a su partido de las negociaciones para la integración del nuevo Consejo General del IFE.
En entrevista advirtió que si no se toma en cuenta la opinión de su partido como la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados “se va a cometer el mismo error de parcializar al órgano electoral”.
Asimismo, consideró que gobernadores priistas no deben inmiscuirse en ese proceso, pues carecen de facultades constitucionales y legales para hacerlo.
Sobre la determinación de Luis Carlos Ugalde Ramírez de renunciar a la presidencia del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) expuso que “los mismos que lo impulsaron para ese cargo ahora lo quieren victimizar”.
La renuncia de Luis Carlos Ugalde como consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), tiene como propósito eludir su responsabilidad porque debió haberlo después del 2 de julio d06 cuando provocó la polarización del país, aseguró el aspirante a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega.
El perredista consideró a Ugalde como “el peor árbitro electoral” que ha tenido México y señaló que solamente es comparable con el fraude del 1988, “pero al fin y al cabo, cometieron el mismo delito: fraude”.
El viernes pasado, Luis Carlos Ugalde presentó su dimisión a la presidencia del Consejo General del IFE, luego de que jueves venció el plazo para los nombramiento de tres consejeros, incluyendo, el presidente del órgano electoral, y responsabilizó los diputados federales de no alcanzaron un consenso para definir a los nuevos cargos.
Ortega Martínez dijo que ahora Ugalde quiere responsabilizar al Congreso de algo que él mismo propició con su pésima actuación al frente del IFE y, pidió que no se distraiga la atención con su renuncia, pues el Congreso de la Unión y la sociedad ya lo habían amonestado políticamente.
Afirmó que los desplantes del Ugalde pretenden demostrar dignidad, pero son tan falsos como su imparcialidad en el proceso electoral del 2006.
Advirtió que la nueva compasión del IFE podría quedar constituida sólo por las propuestas del PRI y del PAN debido a la actitud sectaria que esos institutos políticos realizan al excluir al Partido de la Revolución Democrática.
¡Qué raro que Jesús Ortega esté dando éstas declaraciones! ¿Estará queriendo ganar votos presentándose ahora como verdadera oposición, cuando ya se ha visto que es uno de los que se someten al gobierno? No, no nos engaña, los votos para tratar de limpiar al PRD van para Encinas.
La PGR manipula y abandona a sus “testigos protegidos”
Por Esto! domingo, 16 diciembre 2007
Reportaje
Quejas y testimonios turnados a la CNDH e información complementaria revelan el grado de descomposición al que llegó el programa de testigos protegidos. Algunos de éstos son obligados, bajo torturas o amenazas, a declarar contra personas que no conocen; a otros los presionan para que no involucren a personajes intocables; muchos de ellos no tienen ninguna protección y, después de rendir sus testimonios son ejecutados por los narcos, además de que la PGR suele dejarlos al garete y escamotearles los pagos convenidos…
Algunos han aparecido muertos sin explicación alguna; otros fueron ejecutados luego de revelar los secretos de la mafia; unos más fueron abandonados a su suerte por la Procuraduría General de la República (PGR) tras utilizarlos como delatores de varios delincuentes, y buena parte de los actuales “testigos protegidos” deambulan por las calles sin protección, sin dinero y con el temor de ser “levantados” o asesinados por los jefes del narcotráfico.
Desde su creación en 1996, pero particularmente en los últimos tres años, el programa de testigos protegidos de la PGR arrastra vicios y fallas que, en vez de corregirse, se han ido agravando. Con frecuencia, los testigos protegidos se quejan de que en la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) son obligados a declarar en contra de personas que no conocen, según consta en diversas denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Instrumento para combatir al crimen organizado, el programa cayó, por distintas causas, en una crisis tan profunda que parece irreversible debido a la corrupción interna, a la manipulación de expedientes y declaraciones que son “cuadradas” para incriminar a personas, o bien para omitir datos y señalamientos cuando aparecen implicados en el narcotráfico altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón.
–Esto no se puede poner. La persona a la que usted se refiere es intocable – Le dijeron en la SIEDO a un testigo cuando había declarado que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, presuntamente estuvo relacionado durante el sexenio pasado en el negocio de la efedrina con personajes afincados en el estado de Morelos.
– Quiero que asienten lo que digo– insistió el testigo con tono enérgico.
Y el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la SIEDO –sostiene una fuente consultada dentro de la propia PGR– se negó a escribir los detalles del testimonio sobre García Luna.
Este ejemplo ilustra cómo, a 11 años de haberse creado la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada –uno de los proyectos legales más ambiciosos para combatir al narcotráfico y otros delitos federales–, terminó desvirtuada al punto de que varios testigos han renunciado al programa “por las presiones” que reciben dentro de la PGR, porque no les pagan y por algo peor: no les brindan protección.
Un año después de que fue aprobada dicha ley, empezaron a advertirse signos de descomposición en el programa de testigos protegidos al que dio origen, ya que éste paralizó las tareas de investigación y facilitó a la PGR el combate a los cárteles de la droga mediante delaciones y negociaciones con los delincuentes, a cambio de premios como perdonar algunos delitos o reducir las penas carcelarias.
El 5 de julio de 1997, Tomás Colsa McGregor –conocido en el mundo del narcotráfico como “el joyero de Amado Carrillo Fuentes”– fue asesinado en la Ciudad de México después de haber sido una pieza clave de la PGR. Con base en muchos de sus relatos, la PGR pudo integrar averiguaciones previas contra el cártel de Juárez, lo que a la postre se conoció como El Maxiproceso.
Colsa McGregor era compadre de Amado Carrillo Fuentes, y cuando el capo se hallaba preso en el Reclusorio Sur, en 1991, acusado de portación de arma de fuego, lo fue a visitar. El joyero andaba quebrado.
– Necesito ayuda– le dijo Colsa a Carrillo Fuentes.
El Señor de los Cielos no titubeó ante la petición de su compadre y amigo, y de inmediato lo envió con quien ya figuraba como jefe del cártel de Juárez: Rafael Aguilar Guajardo.
Mediante un préstamo otorgado por Aguilar Guajardo, Colsa pudo comprar joyas –brazaletes, diamantes, esmeraldas y otras piedras preciosas– que solía vender entre las esposas de los más importantes capos.
Así pudo conocer Colsa el agitado mundo de la mafia. Ante la PGR, el testigo declaró en contra de gobernadores, ex gobernadores, empresarios, artistas, comandantes, ex comandantes y hasta militares con los que tuvo relación durante sus andanzas como vendedor de joyas dentro del Cártel de Juárez.
Pero aquel 5 de julio de 1997, cuando bajaba de un camión de pasajeros, fue ejecutado en la Ciudad de México por personas que hasta ahora no han sido identificadas. Se asegura que, pese a ser un testigo clave para la PGR, Colsa no traía protección. Una hipótesis hasta ahora no desmentida es que fue asesinado por los narcos a quienes servía.
Sin ley reglamentaria ni mecanismos para el cambio de identidad, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el programa de testigos protegidos derivaron en una desprotección que, aparentemente, también ocasionó la muerte de Jaime Olvera Olvera.
Relacionado en una época con el Cártel de Juárez, Jaime Olvera rindió testimonios sobre los presuntos vínculos de Liébano Sáenz –entre otros altos funcionarios del gobierno– con dicha organización criminal, aunque la PGR determinó en una investigación que el entonces secretario particular del presidente Ernesto Zedillo era inocente, ya que el testigo Olvera fue declarado clínicamente como “mitómano y manipulador”.
Sin embargo, después de realizar diversas declaraciones, que para otros casos sí resultaron reveladoras y consistentes, Jaime Olvera fue asesinado en agosto de 1998. Su ejecución, al igual que la de Colsa McGregor, sigue impune.
Al iniciar el gobierno de Vicente Fox, y ante los frecuentes crímenes y desapariciones extrañas de algunos testigos protegidos, el Ejército Mexicano se convirtió en el responsable de la custodia de unos 80 testigos de la PGR, de un total de 90 que en 2002 tenía esa institución bajo registro y con beneficios legales.
De acuerdo con datos consultados, en el 2002 la PGR gastaba unos 650 mil pesos mensuales en ayudas para presuntos miembros de la delincuencia organizada que decidieron colaborar con la autoridad revelando los secretos de la mafia: propiedades, asesinatos, socios, redes de vínculos, escondites, grupos de protección, formas de operar el tráfico de drogas.
Actualmente, la PGR paga hasta 40 mil pesos mensuales a algunos testigos estelares, cuyos testimonios han servido para conocer la intimidad de los capos y para realizar detenciones importantes; otros reciben cantidades menores, así como despensas y casas para que vivan con sus familiares.
De acuerdo con varios expedientes criminales, algunos personajes del Cártel del Golfo se han convertido, como testigos protegidos de la PGR, en verdaderos “caballitos de batalla”. Tales son los casos de personas identificadas con las claves Karem, Rafael –a quien también se conoce como La Piña–, Geraldin (ex militar), Rufino y Roberto. Se asegura que este último es el nombre con que se identifica a una ex novia del jefe de Los Zetas, Heriberto Lazcano, El Lazca.
Pero en medio de la guerra contra el narcotráfico que libra el gobierno calderonista, los testigos protegidos no sólo se quejan de desprotección y de presiones para que declaren contra personas que no conocen, sino también de que sus pagos mensuales se han convertido en un suplicio, pues los funcionarios responsables del programa les regatean los apoyos económicos y en muchos casos transcurren varias semanas para que les cubran las cantidades comprometidas.
Según consta en cartas y oficios hechos llegar a la CNDH –que ya indaga todas estas anomalías–, existen incriminaciones amañadas, lo cual ha provocado que varios testigos renuncien al programa: algunos están, incluso, desaparecidos, pues resultaron incómodos para la PGR por asegurar que funcionarios gubernamentales, comandantes y altos jefes policiacos están ligados con el tráfico de drogas.
El drama de “Odilón”
El testigo protegido Jesús Miranda Verástegui, a quien en la SIEDO se le asignó la clave Odilón, vivió una pesadilla dentro y fuera de esa dependencia cuando su titular era José Luis Santiago Vasconcelos.
A la Redacción llegó la copia de una carta –en estricto sentido se trata de una queja– que en el 2005 fue dirigida –lo cual se pudo confirmar– a la CNDH. En su escrito, Jesús Miranda narra que fue secuestrado en Acapulco, Guerrero, por presuntos policías y/o militares que lo torturaron en una casa de seguridad de esa ciudad para obligarlo a declarar contra personas que no conocía.
El caso fue turnado a la Primera Visitaduría de la CNDH y quedó registrado en el expediente 2005/3336/1/Q. Conforme al oficio 37661, dirigido a Gabriela Ricaud Ratbun –ella presentó la queja por la desaparición de Miranda Verástegui, quien era empleado suyo en una casa de la colonia Las Brisas de Acapulco–, Gerardo Monfort Ramírez, director general de la Primera Visitaduría de la CNDH, le informó que no se acreditó en la PGR ni en el Ejército que personal de esas instituciones hubiesen participado en el secuestro de Jesús Miranda.
Sin embargo, la carta de la víctima da cuenta de las presiones, amenazas y malos tratos recibidos en la SIEDO, pues Miranda afirma que fue obligado a entrar al programa de testigos protegidos mediante la fuerza; que estuvo incomunicado; que no sabía dónde estaba su familia; que lo forzaron a declarar falsedades altos funcionarios de SIEDO, a quienes sólo se refiere como “Chimal” (Augusto Vázquez Chimal, coordinador A de Ministerios Públicos), la “licenciada Claudia” (Claudia Álvarez Cardoso) y “Murgia” (mayor Daniel Murga Rebolledo).
Jesús Miranda Verástegui revela que al entrar al programa de testigos protegidos bajo la amenaza de que si no lo hacía sería consignado, en la SIEDO le asignaron la clave de Odilón, pero al ver que no le cumplían con los ofrecimientos económicos –además de que sus familiares directos estuvieron desaparecidos y no le decían dónde se encontraban–, renunció al programa y prácticamente escapó de la PGR.
De acuerdo con los datos históricos de este caso, la PGR pretendía que el testigo declarara contra personas supuestamente ligadas a los hermanos Beltrán Leyva, personajes del cártel de Sinaloa que, según la PGR, están afincados en Acapulco, su plaza.
Escrita en hoja cuadriculada y con letra negra, la carta, fechada el 30 de noviembre del 2005, no sólo describe el oscuro mundo en el que son internados los testigos protegidos, sino también las violaciones a las garantías individuales en que presuntamente está incurriendo la SIEDO.
A continuación se transcriben las partes medulares de la misiva:
El 18 de de agosto del año 2005 yo salí de mi domicilio a trabajar. El lunes, como a las 8:30 de la mañana, yo vi una camioneta estacionada detrás de mi carro, pero no le tomé importancia. Las placas (eran) del D.F. y con unas ocho personas vestidas de color militar. Yo estaba sacando unas monedas para dejarle a mi hija para que comprara unas tortillas cuando dijeron “es ese güey” y se bajaron cuatro personas con rifles y me dijeron que me subiera.
Yo les dije que quiénes eran y respondieron que no me importaba y me subieron a empujones. Y cuando ya estaba arriba me pusieron como una capucha, me quitaron mi celular, mi cartera y mi reloj y una pulsera. Cuando llegamos, me llevaron a una casa y yo escuché que alguien dijo que si estaban seguros que yo era la persona. Luego me trasladaron por la costera Miguel Alemán y me llevaron a Chilpancingo, donde me tuvieron cinco días. Donde me tenían yo escuché que marchaban y ahí me golpearon y uno de ellos dijo: No, güey, lo vas a matar y de ahí me amarraron encima de una mesa.
Me enredaron en una sábana y alguien prendía un soplete y me quemaba las plantas de los pies y otros me tapaban con una bolsa de plástico la boca y la nariz. Me dijeron que tenían a mi hija y como no les contestaba nada me dijeron que habían mandado a alguien para que le hiciera daño. Les dije que llevo trabajando con mi patrón 11 años de mesero y taxista. Sacaron una lista de personas políticas y yo les dije que sí eran personas de la política, pero sus actividades no las sé…
Y fue cuando empezaron a hacer una lista de lo que yo tenía que decir, si no me cargaba (…) Me preguntaron que si yo trabajaba en Las Brisas (lujoso fraccionamiento de Acapulco famoso por albergar a narcotraficantes del cártel de Sinaloa), les dije que sí conocía varias casas y a qué se dedican los dueños no lo sé (…) Luego me indicaron lo que tenía que decir y sacaron la cámara y me dijeron que si yo volteaba hacia los lados me mataban y cada cosa que no decía correcta apagaban la cámara y me daban cachetadas en la cara y en la cabeza y volvían a prender la cámara hasta que me dijeron que con eso era suficiente.
(…) Me subieron a una camioneta con dirección a México, donde me tuvieron tres días más. Me amarraron las manos, en la boca una leyenda y el video, y me vendaron los ojos con cinta gris y me tiraron. Más o menos estuve como 10 ó 15 minutos cuando llegaron gritando unas personas que eran de la PGR y dijeron que ya no me iba a pasar nada. Fue cuando me trajeron a las oficinas de la SIEDO. Cuando llegaron las personas por mí serían como a la 1:30 de la mañana.
Les dije que yo era víctima y les pedí que me investigaran porque soy hombre de trabajo y con quién trabajo y me dijeron que eso salía sobrando. También pedí hacer una llamada telefónica y dijeron que no era conveniente y que me callara para que me tomaran las huellas…
Jesús Miranda afirma que, estando ya en la SIEDO, no pudo ver a su familia y no le decían dónde se hallaban sus parientes, además de que la PGR no le cumplió con la ayuda económica que le ofreció a cambio de ser testigo protegido.
En su carta agrega que en la SIEDO comentó que tenía un crédito con la Nissan y que lo estaba pagando, y me ofrecieron ayudar a pagarlo, y todo eso quedó en pura promesa y me han estado engañando jugando con mi persona y con mi familia…Y aquí hay tres personas que son con las que hablé desde un principio, el C. tal Murgia, el Lic. Chimal y la Lic. Claudia.
Al primero yo le dije que trabajo 6 meses de mesero y 6 meses de taxista (…) Que trabajaba en el fraccionamiento de Acapulco con el Sr. Gordon Rathbun y la SRA. GABY, su esposa. El señor Murgia me preguntó que cuántas veces los había transportado y yo le dije que tres veces solamente porque yo no los conozco de tiempo atrás (…) Entonces el señor Murgia dijo “tres veces transportándolos, quién te lo va a creer, ponle por lo menos un año y medio y yo le dije que no le podía (declarar) así porque no es verdad y él decía que si yo decía que año y medio pues ya era creíble.
El 28 de enero de 2005, el “testigo protegido” dirigió un oficio escrito a mano a los funcionarios de la SIEDO, en el que les dice:
Renuncio al plan de testigo protegido a lo cual ustedes me obligaron. Ustedes saben perfectamente que fui secuestrado y torturado por siete días. Las personas que me secuestraron me hicieron creer que tenían a mi hija y amenazaron con hacerle daño si no obedecía de esa manera. Fui obligado a hacer el video que tienen en su poder. Cuando ustedes me encontraron tirado atado de pies y manos con los ojos vendados y ese video el cual dice puras mentiras y que me obligaron a decir, pensé que la pesadilla había terminado porque estaba en manos de las autoridades, pero no fue así. La pesadilla continuó cuando les pedí hacer una llamada para saber de mi hija y de mi familia y ustedes me dijeron que no era necesario.
(…) Yo les dije a ustedes (se sigue refiriendo a los altos mandos de la SIEDO) lo que me habían hecho las personas que me secuestraron, personas que nunca vi porque todo ese tiempo estuve vendado de los ojos y también por ustedes fui amenazado y obligado a ser testigo protegido de un delito (contra la salud) que no cometí (…) Que mis secuestradores me obligan a decir que participé, lo cual es falso y ustedes amenazaron con consignarme inmediatamente si no aceptaba ser testigo.
La esposa del testigo, Elia Rodríguez, relata en otro manuscrito los malos tratos que recibió de Claudia Ontiveros, Augusto Chimal y José Luis Salazar (todos ellos ex funcionarios de la SIEDO), a quienes responsabiliza de lo que pueda pasar a ella y a sus familiares. Lo dice con estas palabras:
Yo hago responsable de lo que nos pase a mis hijos y a mí al lic. Augusto Chimal, a la lic. Claudia Ontiveros, al lic. José Luis Salazar y al comandante Murgia, que son las personas que tuvieron a mi esposo Jesús Miranda Verástegui…
Como esta historia, la Procuraduría General de la República ha generado otros dramas similares, la mayoría relacionados con personas que abandonan el programa de testigos protegidos porque, aseguran por lo menos, la PGR “no nos cumple”.
(Ricardo Ravelo/APRO)
Reportaje
Quejas y testimonios turnados a la CNDH e información complementaria revelan el grado de descomposición al que llegó el programa de testigos protegidos. Algunos de éstos son obligados, bajo torturas o amenazas, a declarar contra personas que no conocen; a otros los presionan para que no involucren a personajes intocables; muchos de ellos no tienen ninguna protección y, después de rendir sus testimonios son ejecutados por los narcos, además de que la PGR suele dejarlos al garete y escamotearles los pagos convenidos…
Algunos han aparecido muertos sin explicación alguna; otros fueron ejecutados luego de revelar los secretos de la mafia; unos más fueron abandonados a su suerte por la Procuraduría General de la República (PGR) tras utilizarlos como delatores de varios delincuentes, y buena parte de los actuales “testigos protegidos” deambulan por las calles sin protección, sin dinero y con el temor de ser “levantados” o asesinados por los jefes del narcotráfico.
Desde su creación en 1996, pero particularmente en los últimos tres años, el programa de testigos protegidos de la PGR arrastra vicios y fallas que, en vez de corregirse, se han ido agravando. Con frecuencia, los testigos protegidos se quejan de que en la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) son obligados a declarar en contra de personas que no conocen, según consta en diversas denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Instrumento para combatir al crimen organizado, el programa cayó, por distintas causas, en una crisis tan profunda que parece irreversible debido a la corrupción interna, a la manipulación de expedientes y declaraciones que son “cuadradas” para incriminar a personas, o bien para omitir datos y señalamientos cuando aparecen implicados en el narcotráfico altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón.
–Esto no se puede poner. La persona a la que usted se refiere es intocable – Le dijeron en la SIEDO a un testigo cuando había declarado que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, presuntamente estuvo relacionado durante el sexenio pasado en el negocio de la efedrina con personajes afincados en el estado de Morelos.
– Quiero que asienten lo que digo– insistió el testigo con tono enérgico.
Y el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la SIEDO –sostiene una fuente consultada dentro de la propia PGR– se negó a escribir los detalles del testimonio sobre García Luna.
Este ejemplo ilustra cómo, a 11 años de haberse creado la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada –uno de los proyectos legales más ambiciosos para combatir al narcotráfico y otros delitos federales–, terminó desvirtuada al punto de que varios testigos han renunciado al programa “por las presiones” que reciben dentro de la PGR, porque no les pagan y por algo peor: no les brindan protección.
Un año después de que fue aprobada dicha ley, empezaron a advertirse signos de descomposición en el programa de testigos protegidos al que dio origen, ya que éste paralizó las tareas de investigación y facilitó a la PGR el combate a los cárteles de la droga mediante delaciones y negociaciones con los delincuentes, a cambio de premios como perdonar algunos delitos o reducir las penas carcelarias.
El 5 de julio de 1997, Tomás Colsa McGregor –conocido en el mundo del narcotráfico como “el joyero de Amado Carrillo Fuentes”– fue asesinado en la Ciudad de México después de haber sido una pieza clave de la PGR. Con base en muchos de sus relatos, la PGR pudo integrar averiguaciones previas contra el cártel de Juárez, lo que a la postre se conoció como El Maxiproceso.
Colsa McGregor era compadre de Amado Carrillo Fuentes, y cuando el capo se hallaba preso en el Reclusorio Sur, en 1991, acusado de portación de arma de fuego, lo fue a visitar. El joyero andaba quebrado.
– Necesito ayuda– le dijo Colsa a Carrillo Fuentes.
El Señor de los Cielos no titubeó ante la petición de su compadre y amigo, y de inmediato lo envió con quien ya figuraba como jefe del cártel de Juárez: Rafael Aguilar Guajardo.
Mediante un préstamo otorgado por Aguilar Guajardo, Colsa pudo comprar joyas –brazaletes, diamantes, esmeraldas y otras piedras preciosas– que solía vender entre las esposas de los más importantes capos.
Así pudo conocer Colsa el agitado mundo de la mafia. Ante la PGR, el testigo declaró en contra de gobernadores, ex gobernadores, empresarios, artistas, comandantes, ex comandantes y hasta militares con los que tuvo relación durante sus andanzas como vendedor de joyas dentro del Cártel de Juárez.
Pero aquel 5 de julio de 1997, cuando bajaba de un camión de pasajeros, fue ejecutado en la Ciudad de México por personas que hasta ahora no han sido identificadas. Se asegura que, pese a ser un testigo clave para la PGR, Colsa no traía protección. Una hipótesis hasta ahora no desmentida es que fue asesinado por los narcos a quienes servía.
Sin ley reglamentaria ni mecanismos para el cambio de identidad, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el programa de testigos protegidos derivaron en una desprotección que, aparentemente, también ocasionó la muerte de Jaime Olvera Olvera.
Relacionado en una época con el Cártel de Juárez, Jaime Olvera rindió testimonios sobre los presuntos vínculos de Liébano Sáenz –entre otros altos funcionarios del gobierno– con dicha organización criminal, aunque la PGR determinó en una investigación que el entonces secretario particular del presidente Ernesto Zedillo era inocente, ya que el testigo Olvera fue declarado clínicamente como “mitómano y manipulador”.
Sin embargo, después de realizar diversas declaraciones, que para otros casos sí resultaron reveladoras y consistentes, Jaime Olvera fue asesinado en agosto de 1998. Su ejecución, al igual que la de Colsa McGregor, sigue impune.
Al iniciar el gobierno de Vicente Fox, y ante los frecuentes crímenes y desapariciones extrañas de algunos testigos protegidos, el Ejército Mexicano se convirtió en el responsable de la custodia de unos 80 testigos de la PGR, de un total de 90 que en 2002 tenía esa institución bajo registro y con beneficios legales.
De acuerdo con datos consultados, en el 2002 la PGR gastaba unos 650 mil pesos mensuales en ayudas para presuntos miembros de la delincuencia organizada que decidieron colaborar con la autoridad revelando los secretos de la mafia: propiedades, asesinatos, socios, redes de vínculos, escondites, grupos de protección, formas de operar el tráfico de drogas.
Actualmente, la PGR paga hasta 40 mil pesos mensuales a algunos testigos estelares, cuyos testimonios han servido para conocer la intimidad de los capos y para realizar detenciones importantes; otros reciben cantidades menores, así como despensas y casas para que vivan con sus familiares.
De acuerdo con varios expedientes criminales, algunos personajes del Cártel del Golfo se han convertido, como testigos protegidos de la PGR, en verdaderos “caballitos de batalla”. Tales son los casos de personas identificadas con las claves Karem, Rafael –a quien también se conoce como La Piña–, Geraldin (ex militar), Rufino y Roberto. Se asegura que este último es el nombre con que se identifica a una ex novia del jefe de Los Zetas, Heriberto Lazcano, El Lazca.
Pero en medio de la guerra contra el narcotráfico que libra el gobierno calderonista, los testigos protegidos no sólo se quejan de desprotección y de presiones para que declaren contra personas que no conocen, sino también de que sus pagos mensuales se han convertido en un suplicio, pues los funcionarios responsables del programa les regatean los apoyos económicos y en muchos casos transcurren varias semanas para que les cubran las cantidades comprometidas.
Según consta en cartas y oficios hechos llegar a la CNDH –que ya indaga todas estas anomalías–, existen incriminaciones amañadas, lo cual ha provocado que varios testigos renuncien al programa: algunos están, incluso, desaparecidos, pues resultaron incómodos para la PGR por asegurar que funcionarios gubernamentales, comandantes y altos jefes policiacos están ligados con el tráfico de drogas.
El drama de “Odilón”
El testigo protegido Jesús Miranda Verástegui, a quien en la SIEDO se le asignó la clave Odilón, vivió una pesadilla dentro y fuera de esa dependencia cuando su titular era José Luis Santiago Vasconcelos.
A la Redacción llegó la copia de una carta –en estricto sentido se trata de una queja– que en el 2005 fue dirigida –lo cual se pudo confirmar– a la CNDH. En su escrito, Jesús Miranda narra que fue secuestrado en Acapulco, Guerrero, por presuntos policías y/o militares que lo torturaron en una casa de seguridad de esa ciudad para obligarlo a declarar contra personas que no conocía.
El caso fue turnado a la Primera Visitaduría de la CNDH y quedó registrado en el expediente 2005/3336/1/Q. Conforme al oficio 37661, dirigido a Gabriela Ricaud Ratbun –ella presentó la queja por la desaparición de Miranda Verástegui, quien era empleado suyo en una casa de la colonia Las Brisas de Acapulco–, Gerardo Monfort Ramírez, director general de la Primera Visitaduría de la CNDH, le informó que no se acreditó en la PGR ni en el Ejército que personal de esas instituciones hubiesen participado en el secuestro de Jesús Miranda.
Sin embargo, la carta de la víctima da cuenta de las presiones, amenazas y malos tratos recibidos en la SIEDO, pues Miranda afirma que fue obligado a entrar al programa de testigos protegidos mediante la fuerza; que estuvo incomunicado; que no sabía dónde estaba su familia; que lo forzaron a declarar falsedades altos funcionarios de SIEDO, a quienes sólo se refiere como “Chimal” (Augusto Vázquez Chimal, coordinador A de Ministerios Públicos), la “licenciada Claudia” (Claudia Álvarez Cardoso) y “Murgia” (mayor Daniel Murga Rebolledo).
Jesús Miranda Verástegui revela que al entrar al programa de testigos protegidos bajo la amenaza de que si no lo hacía sería consignado, en la SIEDO le asignaron la clave de Odilón, pero al ver que no le cumplían con los ofrecimientos económicos –además de que sus familiares directos estuvieron desaparecidos y no le decían dónde se encontraban–, renunció al programa y prácticamente escapó de la PGR.
De acuerdo con los datos históricos de este caso, la PGR pretendía que el testigo declarara contra personas supuestamente ligadas a los hermanos Beltrán Leyva, personajes del cártel de Sinaloa que, según la PGR, están afincados en Acapulco, su plaza.
Escrita en hoja cuadriculada y con letra negra, la carta, fechada el 30 de noviembre del 2005, no sólo describe el oscuro mundo en el que son internados los testigos protegidos, sino también las violaciones a las garantías individuales en que presuntamente está incurriendo la SIEDO.
A continuación se transcriben las partes medulares de la misiva:
El 18 de de agosto del año 2005 yo salí de mi domicilio a trabajar. El lunes, como a las 8:30 de la mañana, yo vi una camioneta estacionada detrás de mi carro, pero no le tomé importancia. Las placas (eran) del D.F. y con unas ocho personas vestidas de color militar. Yo estaba sacando unas monedas para dejarle a mi hija para que comprara unas tortillas cuando dijeron “es ese güey” y se bajaron cuatro personas con rifles y me dijeron que me subiera.
Yo les dije que quiénes eran y respondieron que no me importaba y me subieron a empujones. Y cuando ya estaba arriba me pusieron como una capucha, me quitaron mi celular, mi cartera y mi reloj y una pulsera. Cuando llegamos, me llevaron a una casa y yo escuché que alguien dijo que si estaban seguros que yo era la persona. Luego me trasladaron por la costera Miguel Alemán y me llevaron a Chilpancingo, donde me tuvieron cinco días. Donde me tenían yo escuché que marchaban y ahí me golpearon y uno de ellos dijo: No, güey, lo vas a matar y de ahí me amarraron encima de una mesa.
Me enredaron en una sábana y alguien prendía un soplete y me quemaba las plantas de los pies y otros me tapaban con una bolsa de plástico la boca y la nariz. Me dijeron que tenían a mi hija y como no les contestaba nada me dijeron que habían mandado a alguien para que le hiciera daño. Les dije que llevo trabajando con mi patrón 11 años de mesero y taxista. Sacaron una lista de personas políticas y yo les dije que sí eran personas de la política, pero sus actividades no las sé…
Y fue cuando empezaron a hacer una lista de lo que yo tenía que decir, si no me cargaba (…) Me preguntaron que si yo trabajaba en Las Brisas (lujoso fraccionamiento de Acapulco famoso por albergar a narcotraficantes del cártel de Sinaloa), les dije que sí conocía varias casas y a qué se dedican los dueños no lo sé (…) Luego me indicaron lo que tenía que decir y sacaron la cámara y me dijeron que si yo volteaba hacia los lados me mataban y cada cosa que no decía correcta apagaban la cámara y me daban cachetadas en la cara y en la cabeza y volvían a prender la cámara hasta que me dijeron que con eso era suficiente.
(…) Me subieron a una camioneta con dirección a México, donde me tuvieron tres días más. Me amarraron las manos, en la boca una leyenda y el video, y me vendaron los ojos con cinta gris y me tiraron. Más o menos estuve como 10 ó 15 minutos cuando llegaron gritando unas personas que eran de la PGR y dijeron que ya no me iba a pasar nada. Fue cuando me trajeron a las oficinas de la SIEDO. Cuando llegaron las personas por mí serían como a la 1:30 de la mañana.
Les dije que yo era víctima y les pedí que me investigaran porque soy hombre de trabajo y con quién trabajo y me dijeron que eso salía sobrando. También pedí hacer una llamada telefónica y dijeron que no era conveniente y que me callara para que me tomaran las huellas…
Jesús Miranda afirma que, estando ya en la SIEDO, no pudo ver a su familia y no le decían dónde se hallaban sus parientes, además de que la PGR no le cumplió con la ayuda económica que le ofreció a cambio de ser testigo protegido.
En su carta agrega que en la SIEDO comentó que tenía un crédito con la Nissan y que lo estaba pagando, y me ofrecieron ayudar a pagarlo, y todo eso quedó en pura promesa y me han estado engañando jugando con mi persona y con mi familia…Y aquí hay tres personas que son con las que hablé desde un principio, el C. tal Murgia, el Lic. Chimal y la Lic. Claudia.
Al primero yo le dije que trabajo 6 meses de mesero y 6 meses de taxista (…) Que trabajaba en el fraccionamiento de Acapulco con el Sr. Gordon Rathbun y la SRA. GABY, su esposa. El señor Murgia me preguntó que cuántas veces los había transportado y yo le dije que tres veces solamente porque yo no los conozco de tiempo atrás (…) Entonces el señor Murgia dijo “tres veces transportándolos, quién te lo va a creer, ponle por lo menos un año y medio y yo le dije que no le podía (declarar) así porque no es verdad y él decía que si yo decía que año y medio pues ya era creíble.
El 28 de enero de 2005, el “testigo protegido” dirigió un oficio escrito a mano a los funcionarios de la SIEDO, en el que les dice:
Renuncio al plan de testigo protegido a lo cual ustedes me obligaron. Ustedes saben perfectamente que fui secuestrado y torturado por siete días. Las personas que me secuestraron me hicieron creer que tenían a mi hija y amenazaron con hacerle daño si no obedecía de esa manera. Fui obligado a hacer el video que tienen en su poder. Cuando ustedes me encontraron tirado atado de pies y manos con los ojos vendados y ese video el cual dice puras mentiras y que me obligaron a decir, pensé que la pesadilla había terminado porque estaba en manos de las autoridades, pero no fue así. La pesadilla continuó cuando les pedí hacer una llamada para saber de mi hija y de mi familia y ustedes me dijeron que no era necesario.
(…) Yo les dije a ustedes (se sigue refiriendo a los altos mandos de la SIEDO) lo que me habían hecho las personas que me secuestraron, personas que nunca vi porque todo ese tiempo estuve vendado de los ojos y también por ustedes fui amenazado y obligado a ser testigo protegido de un delito (contra la salud) que no cometí (…) Que mis secuestradores me obligan a decir que participé, lo cual es falso y ustedes amenazaron con consignarme inmediatamente si no aceptaba ser testigo.
La esposa del testigo, Elia Rodríguez, relata en otro manuscrito los malos tratos que recibió de Claudia Ontiveros, Augusto Chimal y José Luis Salazar (todos ellos ex funcionarios de la SIEDO), a quienes responsabiliza de lo que pueda pasar a ella y a sus familiares. Lo dice con estas palabras:
Yo hago responsable de lo que nos pase a mis hijos y a mí al lic. Augusto Chimal, a la lic. Claudia Ontiveros, al lic. José Luis Salazar y al comandante Murgia, que son las personas que tuvieron a mi esposo Jesús Miranda Verástegui…
Como esta historia, la Procuraduría General de la República ha generado otros dramas similares, la mayoría relacionados con personas que abandonan el programa de testigos protegidos porque, aseguran por lo menos, la PGR “no nos cumple”.
(Ricardo Ravelo/APRO)
De la «Operación Tenaza» a la «Operación Melaza»
A qué juega ahora la Casa Blanca en Venezuela
por José Sant Roz*
Después de la derrota del referéndum constitucional en Venezuela para el partido del presidente Hugo Chávez, los especialistas de inteligencia estadounidenses han dictado las nuevas normas de conducta que deben ser aplicadas en el país para seguir neutralizando la Revolución Bolivariana. Análisis de nuestro corresponsal en Caracas.
Se ha comprobado que los estudiantes universitarios de las universidades privadas venezolanas que ocasionaron disturbios de protesta contra el referéndum constitucional recibieron financiamiento proveniente de los Estados Unidos.
_______________________________________________
La orden viene del Departamento de Estado a sus peones en Venezuela: «Tranquilidad, sosiego, mucha serenidad; en estos momentos ninguna clase de presión en las calles y en las expresiones públicas de los conocidos dirigentes de la oposición radical. Deben hacerse llamados a la paz, a la reconciliación, a la hermandad, a la solidaridad entre todos como hermanos. Hay que demostrar por todos los medios posibles que ellos (los del gobierno) son los que se niegan a estos llamados; son los injustos, los agresivos, los peligrosos, animados de un rencor incontrolable y salvaje. Que esta clase de “ciudadanos” sólo están proclives a la guerra, a las confrontaciones, y que por lo tanto en absoluto están capacitados para gobernar».
Le es imprescindible a la Casa Blanca, luego de este triunfo del NO, con el cual estuvo públicamente embanderado, hacer crecer la oposición en Venezuela para un futuro golpe electoral, parecido al que se le dio a la revolución sandinista de Nicaragua. El proceso en marcha va enmarcado en una acción de tipo piadosa de las que suele lanzar la Iglesia Católica para captar feligreses en las barriadas. Los nuevos hijos de San Francisco de Asís en Venezuela son los jóvenes estudiantes de las universidades privadas principalmente, los que han estado convocando marchas (por cierto nada pacíficas) en los últimos tres meses. Estos “héroes” que lograron vencer al “dictador”, que consiguieron “doblegar su estilo agresivo y tiránico”, que lo “metieron en cintura democrática”, ahora tienen por delante, dentro de las líneas estipuladas por el Departamento de Estado, el tratar de conquistar a los sectores más pobres, donde el chavismo es fuerte y se encuentra bastante consolidado.
Los analistas del Departamento de Estado que tienen una sala situacional permanente para tratar el “Problema Venezuela”, consideran que la presión que se ejerció en el 2002 (con un golpe de estado y un paro petrolero que duró más de tres meses), para tensar los nervios al máximo del pueblo y hacerlo “entrar en razón”, reventarlo para que acabara volteándose contra Chávez, no logró funcionar bien. Esta técnica del terror más brutal y pertinaz, había funcionado bastante bien contra Salvador Allende y contra Daniel Ortega, pero ahora el líder que enfrentan tiene otras fuerzas y recursos con la que aquellos no contaban.
Ahora hay que ir a los centros duros del chavismo: los barrios, los sectores populares. Hacia allá ahora están tratando de tender sus carpas, sus centros de salud ambulatorios, sus verbenas, sus juegos deportivos, sus fiestas populares, conciertos, dádivas y cursos del todo cristianos, humanos y profundamente pacíficos. Lo más grave es que en este movimiento se están utilizando (de buena o mala fe) a personas que se dicen afectas al Comandante Chávez. Todos los centros jesuitas de Venezuela y de varias regiones de América Latina se están incorporando a estas campañas. La Iglesia Católica en este momento representa la fuerza más importante para desarrollar esta nueva estrategia.
Por otro lado, esta estrategia se está poniendo en ejecución en momentos en que algunos de los grandes programas del gobierno como son las Misiones, hacen aguas producto del gran sabotaje realizado por elementos infiltrados en el chavismo. El hermoso programa “Misión Barrio Adentro” de atención médica en los sectores más populares, que alcanzó una elevadísima receptividad hace tres años, se encuentra seriamente desprestigiado; muchos médicos cubanos perdieron la mística de trabajo de los primeros años, quien sabe si producto del capitalismo salvaje que se vive en Venezuela: las quejas que se reciben hablan que a un considerable grupo de cubanos no se les ve en sus centros de trabajo, trata con displicencia a los pacientes o sencillamente no los tratan.
En Mercal, que era un programa para atender el abastecimiento de alimentos a los sectores populares, la corrupción hace estragos. El propio desabastecimiento que en los últimos meses ha lanzado con furia la oligarquía no ha recibido por parte del gobierno una respuesta determinante y seria. Lo mismo la especulación. La Misión Sucre (para la educación superior) se encuentra bastante averiada, y en muchos lugares prácticamente desmantelada. Las Misión Moral y Luces en muchas regiones fue tomada igualmente por el sector más reaccionario de la derecha (como en el Estado Mérida, por ejemplo).
Esta nueva estrategia del Departamento de Estado contempla un trabajo mancomunado con alcaldías y Gobernaciones “chavistas”, que nada o muy poco hicieron para que el referendo fuese aprobado. Más bien se sabe que algunos estuvieron trabajando por el NO. Muchos alcaldes y gobernadores “chavistas” crearon grupos que iban a los centros de votación a tratar de confundir y a decirle a la gente humilde que votara NO. Resultó, por ejemplo sorprendente que en el barrio Pueblo Nuevo, cuyo centro de votación es la Escuela Emiro Fuenmayor, un sector considerado muy chavista, el NO superara al SI por más de doscientos votos. Se señala de esta derrota a una concejal “chavista” que dirigía la organización electoral del SI en este sector.
Puede decirse que en el sector de la administración pública barrió el NO.
De modo que no cabe la menor duda de que la infiltración de la derecha en el chavismo ha sido en gran parte la causa de esta derrota electoral. Esto, unido a la feroz campaña mediática que desde todas partes del mundo se ha estado lanzando inmisericorde contra el proyecto bolivariano del Presidente Chávez. En este sentido, esta derrota también obliga a un revisión profunda de la manera muy poco política como están trabajando la administración pública y las instituciones del Estado.
Sobre los hombros del Presidente Chávez recae la responsabilidad inmensa de darle un vuelco a la tiranía mundial de los Estados Unidos, y claro, el imperio está moviendo todas sus fuerzas para minar al gobierno venezolano en puntos muy delicados y que requiere realmente de una ingeniería política, para impedirlo. En este momento una de las prioridades del Departamento de Estado consiste, en dedicar decenas de millones de dólares para dar entrenamientos ideológicos a estudiantes de todas las clases sociales, en varios institutos norteamericanos. Igualmente estudia varios escenarios de acción. Lo primero es hacer ver mediáticamente al mundo que se ha iniciado el desmoronamiento político de Chávez.
Hacerle sentir a la población venezolana por varios medios, entre ellos realizaciones de grandes caravanas, fiestas y una alegría triunfalista en la que se perciba de que al “monstruo” se le ha hecho recular; de que el chavismo finalmente puede ser derrotado, y que por lo tanto ya no representa la mayoría aquella pavorosa de otros tiempos. En función de esta acción sicológica, ir cuidadosamente preparando el terreno para dar inmediatamente otro golpe, llamando a una nueva Constituyente y preparando el terreno para el revocatorio del mandato del Presidente Chávez. Sin duda que la oposición ha cogido un nuevo aire y un pulso político en el terreno electoral que antes tenía bastante perdido y no lo tenía en absoluto.
Los grandes “triunfadores” de esta última contienda, buscan mostrar su papel ductor a las masas que les siguen. La Iglesia entre los primeros, los medios, los estudiantes, los empresarios, y pondrán fichas estratégicas para seguir insistiendo en sus papeles de minadores de la conciencia popular: Entre todos ellos quienes juegan un papel central son el general Raúl Baduell, el que a última hora se pasó a la derecha, e Ismael García, un gris dirigente del Partido Podemos que hace unos cuatro meses también se giró en redondo y se alió con el bando enemigo del Presidente Chávez.
Otra de menor monta, pero que también ha figurado bastante, y sobre todo a nivel internacional, es la ex primera Dama, doña Marisabel Rodríguez, quien hace un papel de mujer víctima del “autoritarismo de Chávez”. Múltiples los frentes, también encuadrados con tosa las fuerzas paramilitares de Colombia, ahora bajo mando directo del Presidente Uribe, trabajando con países como España, Perú y México.
por José Sant Roz*
Después de la derrota del referéndum constitucional en Venezuela para el partido del presidente Hugo Chávez, los especialistas de inteligencia estadounidenses han dictado las nuevas normas de conducta que deben ser aplicadas en el país para seguir neutralizando la Revolución Bolivariana. Análisis de nuestro corresponsal en Caracas.
Se ha comprobado que los estudiantes universitarios de las universidades privadas venezolanas que ocasionaron disturbios de protesta contra el referéndum constitucional recibieron financiamiento proveniente de los Estados Unidos.
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La orden viene del Departamento de Estado a sus peones en Venezuela: «Tranquilidad, sosiego, mucha serenidad; en estos momentos ninguna clase de presión en las calles y en las expresiones públicas de los conocidos dirigentes de la oposición radical. Deben hacerse llamados a la paz, a la reconciliación, a la hermandad, a la solidaridad entre todos como hermanos. Hay que demostrar por todos los medios posibles que ellos (los del gobierno) son los que se niegan a estos llamados; son los injustos, los agresivos, los peligrosos, animados de un rencor incontrolable y salvaje. Que esta clase de “ciudadanos” sólo están proclives a la guerra, a las confrontaciones, y que por lo tanto en absoluto están capacitados para gobernar».
Le es imprescindible a la Casa Blanca, luego de este triunfo del NO, con el cual estuvo públicamente embanderado, hacer crecer la oposición en Venezuela para un futuro golpe electoral, parecido al que se le dio a la revolución sandinista de Nicaragua. El proceso en marcha va enmarcado en una acción de tipo piadosa de las que suele lanzar la Iglesia Católica para captar feligreses en las barriadas. Los nuevos hijos de San Francisco de Asís en Venezuela son los jóvenes estudiantes de las universidades privadas principalmente, los que han estado convocando marchas (por cierto nada pacíficas) en los últimos tres meses. Estos “héroes” que lograron vencer al “dictador”, que consiguieron “doblegar su estilo agresivo y tiránico”, que lo “metieron en cintura democrática”, ahora tienen por delante, dentro de las líneas estipuladas por el Departamento de Estado, el tratar de conquistar a los sectores más pobres, donde el chavismo es fuerte y se encuentra bastante consolidado.
Los analistas del Departamento de Estado que tienen una sala situacional permanente para tratar el “Problema Venezuela”, consideran que la presión que se ejerció en el 2002 (con un golpe de estado y un paro petrolero que duró más de tres meses), para tensar los nervios al máximo del pueblo y hacerlo “entrar en razón”, reventarlo para que acabara volteándose contra Chávez, no logró funcionar bien. Esta técnica del terror más brutal y pertinaz, había funcionado bastante bien contra Salvador Allende y contra Daniel Ortega, pero ahora el líder que enfrentan tiene otras fuerzas y recursos con la que aquellos no contaban.
Ahora hay que ir a los centros duros del chavismo: los barrios, los sectores populares. Hacia allá ahora están tratando de tender sus carpas, sus centros de salud ambulatorios, sus verbenas, sus juegos deportivos, sus fiestas populares, conciertos, dádivas y cursos del todo cristianos, humanos y profundamente pacíficos. Lo más grave es que en este movimiento se están utilizando (de buena o mala fe) a personas que se dicen afectas al Comandante Chávez. Todos los centros jesuitas de Venezuela y de varias regiones de América Latina se están incorporando a estas campañas. La Iglesia Católica en este momento representa la fuerza más importante para desarrollar esta nueva estrategia.
Por otro lado, esta estrategia se está poniendo en ejecución en momentos en que algunos de los grandes programas del gobierno como son las Misiones, hacen aguas producto del gran sabotaje realizado por elementos infiltrados en el chavismo. El hermoso programa “Misión Barrio Adentro” de atención médica en los sectores más populares, que alcanzó una elevadísima receptividad hace tres años, se encuentra seriamente desprestigiado; muchos médicos cubanos perdieron la mística de trabajo de los primeros años, quien sabe si producto del capitalismo salvaje que se vive en Venezuela: las quejas que se reciben hablan que a un considerable grupo de cubanos no se les ve en sus centros de trabajo, trata con displicencia a los pacientes o sencillamente no los tratan.
En Mercal, que era un programa para atender el abastecimiento de alimentos a los sectores populares, la corrupción hace estragos. El propio desabastecimiento que en los últimos meses ha lanzado con furia la oligarquía no ha recibido por parte del gobierno una respuesta determinante y seria. Lo mismo la especulación. La Misión Sucre (para la educación superior) se encuentra bastante averiada, y en muchos lugares prácticamente desmantelada. Las Misión Moral y Luces en muchas regiones fue tomada igualmente por el sector más reaccionario de la derecha (como en el Estado Mérida, por ejemplo).
Esta nueva estrategia del Departamento de Estado contempla un trabajo mancomunado con alcaldías y Gobernaciones “chavistas”, que nada o muy poco hicieron para que el referendo fuese aprobado. Más bien se sabe que algunos estuvieron trabajando por el NO. Muchos alcaldes y gobernadores “chavistas” crearon grupos que iban a los centros de votación a tratar de confundir y a decirle a la gente humilde que votara NO. Resultó, por ejemplo sorprendente que en el barrio Pueblo Nuevo, cuyo centro de votación es la Escuela Emiro Fuenmayor, un sector considerado muy chavista, el NO superara al SI por más de doscientos votos. Se señala de esta derrota a una concejal “chavista” que dirigía la organización electoral del SI en este sector.
Puede decirse que en el sector de la administración pública barrió el NO.
De modo que no cabe la menor duda de que la infiltración de la derecha en el chavismo ha sido en gran parte la causa de esta derrota electoral. Esto, unido a la feroz campaña mediática que desde todas partes del mundo se ha estado lanzando inmisericorde contra el proyecto bolivariano del Presidente Chávez. En este sentido, esta derrota también obliga a un revisión profunda de la manera muy poco política como están trabajando la administración pública y las instituciones del Estado.
Sobre los hombros del Presidente Chávez recae la responsabilidad inmensa de darle un vuelco a la tiranía mundial de los Estados Unidos, y claro, el imperio está moviendo todas sus fuerzas para minar al gobierno venezolano en puntos muy delicados y que requiere realmente de una ingeniería política, para impedirlo. En este momento una de las prioridades del Departamento de Estado consiste, en dedicar decenas de millones de dólares para dar entrenamientos ideológicos a estudiantes de todas las clases sociales, en varios institutos norteamericanos. Igualmente estudia varios escenarios de acción. Lo primero es hacer ver mediáticamente al mundo que se ha iniciado el desmoronamiento político de Chávez.
Hacerle sentir a la población venezolana por varios medios, entre ellos realizaciones de grandes caravanas, fiestas y una alegría triunfalista en la que se perciba de que al “monstruo” se le ha hecho recular; de que el chavismo finalmente puede ser derrotado, y que por lo tanto ya no representa la mayoría aquella pavorosa de otros tiempos. En función de esta acción sicológica, ir cuidadosamente preparando el terreno para dar inmediatamente otro golpe, llamando a una nueva Constituyente y preparando el terreno para el revocatorio del mandato del Presidente Chávez. Sin duda que la oposición ha cogido un nuevo aire y un pulso político en el terreno electoral que antes tenía bastante perdido y no lo tenía en absoluto.
Los grandes “triunfadores” de esta última contienda, buscan mostrar su papel ductor a las masas que les siguen. La Iglesia entre los primeros, los medios, los estudiantes, los empresarios, y pondrán fichas estratégicas para seguir insistiendo en sus papeles de minadores de la conciencia popular: Entre todos ellos quienes juegan un papel central son el general Raúl Baduell, el que a última hora se pasó a la derecha, e Ismael García, un gris dirigente del Partido Podemos que hace unos cuatro meses también se giró en redondo y se alió con el bando enemigo del Presidente Chávez.
Otra de menor monta, pero que también ha figurado bastante, y sobre todo a nivel internacional, es la ex primera Dama, doña Marisabel Rodríguez, quien hace un papel de mujer víctima del “autoritarismo de Chávez”. Múltiples los frentes, también encuadrados con tosa las fuerzas paramilitares de Colombia, ahora bajo mando directo del Presidente Uribe, trabajando con países como España, Perú y México.
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