Marcos Roitman Rosenmann
Chile es un país cuyos dirigentes políticos se vanaglorian de poseer un orden democrático, velando la práctica consentida de torturas y de políticas etnocidas. Lo anterior es consecuencia de estar regidos por la Constitución promulgada durante el régimen de Pinochet; sin embargo, el mayor símbolo de esta contradicción, ser demócrata y practicar el exterminio al pueblo mapuche, se produce por la existencia de otra ley de la dictadura. Se trata de la N1 18.314, conocida popularmente como Ley antiterrorista. En vigor desde el 16 de mayo de 1984, fue ideada por el entonces ministro del Interior de la Junta Militar, Sergio Onofre Jarpa, para dejar sin efecto el habeas corpus y aplicar la doctrina del enemigo interno. Instrumento que permitía a las fuerzas de seguridad actuar a sus anchas
Se encarceló y torturó a miles de ciudadanos con el pretexto de violar la propiedad privada, el territorio y ser enemigo interno de la patria. Tras años de lucha, cuando muchos han creído superados los tiempos negros de la infamia, el gobierno mandará aplicar dicha ley contra el pueblo mapuche. Al hacerlo, se sitúa al mismo nivel de quienes la promulgaron y viola todos los principios democráticos de igualdad, justicia y dignidad. Se condena al pueblo mapuche al exterminio. Es la solución para acallar la voz reivindicativa de sus dirigentes en estos años de enfrentamiento a las políticas de usurpación.
Aplicar la Ley antiterrorista es parte de la solución final. Conlleva imputar a dirigentes mapuches su participación en actividades contra la seguridad del Estado y la propiedad privada. En la actualidad más de medio millar está en prisión por dicha ley. Para evitar ser descubiertos, esta es la estrategia elaborada por el Estado chileno para provocar el etnocidio y garantizar su ejecución:
1) La mordaza comunicativa. Censura y control de los medios de comunicación. Nada debe conocerse sobre dicha actividad. La prensa privada también participa; 2) La oposición es cómplice con la política del gobierno; 3) Los terratenientes campan por sus fueros y no dudan en utilizar la fuerza paramilitar a sabiendas que las fuerzas de seguridad dejarán hacer; 4) El colonialismo interno es el mecanismo de explotación vigente de los pueblos mapuches e indígenas en Chile, y 5) Las trasnacionales esperan beneficiarse del etnocidio y alzarse como las máximas propietarias de las riquezas hidráulicas. La española Endesa ya lo hizo en 1999 con la presa Ralco, al quedarse con los territorios del pueblo pehuenche y causar la desaparición del patrimonio cultural del mismo. Así, todos son parte de un festín propio de la globalización neoliberal no apto para demócratas.
La lucha fue dura. Ralco, un punto de inflexión. Ahora se pasa al ataque final. En diciembre de 2001 se acusa de un incendio intencionado de pinos, propiedad de Forestal Mininco, a líderes de la coordinadora Arauco Malleco y comuneros mapuches. Se les aplicará la Ley antiterrorista, entre otros a Héctor Llaitul, Juan Marileo Saravia, Jaime Marileo Saravia, Juan Carlos Huenulao Lielmil, Patricia Troncoso y José Henchunao.
Esta estrategia pueril es la forma de mostrar al pueblo mapuche el descontento por su correosa defensa de los derechos territoriales. No deben levantar la cabeza frente al hombre blanco. Y si lo hacen, sufrir las consecuencias. El gobierno aplica la Ley antiterrorista como montaje del Estado. Posteriormente simula un juicio donde los testigos de la acusación salen encapuchados, sin rostro, sin nombre real. Donde comuneros mapuches inculpan a sus compañeros tras torturas, amenazas de muerte a sus familias y el allanamiento de sus domicilios. Y cuando superan el miedo y cuentan la verdad de los hechos, el juicio es suspendido sine die por orden del Estado, pero no se paralizan las sentencias.
Tras siete años y ante la ignominia, en octubre de 2007 iniciaron una huelga de hambre. Hoy, en 2008, Patricia Troncoso va a cumplir 80 días sin alimentos. Está a punto de morir. El resto de los inculpados desisten esperando una rectificación por parte del gobierno. Su pliego de peticiones es simple: libertad a presos políticos mapuches, desmilitarización de la zona en conflicto y fin de los allanamientos policiales. La mediación del obispo de Temuco parece no ser suficiente. Patricia ha perdido 22 kilos. Su carta a Bachelet es descarnada, aquí algunos párrafos: “Yo quiero preguntarle(...) Usted que fue prisionera política, que fue torturada, siente hoy el placer de torturarnos a nosotros. ¿Qué siente usted señora presidenta?(...) ¡Qué lástima que usted se haya olvidado de todo lo que significa la prisión política y la muerte de tantos seres! Usted, con la actitud soberbia de su gobierno, de sus representantes, hoy en día nos torturan condenándonos a una muerte silenciosa”.
El informe del relator especial de las Naciones Unidas y las libertades fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, a dos años del caso, en 2003, recomendó al gobierno de Chile no criminalizar y penalizar las legítimas actividades de protesta social de las comunidades indígenas, la no aplicación de la Ley antiterrorista, la revisión del caso de los lonkos procesados, la reforma del proceso penal de testigos sin rostro, no aplicar el concepto de amenaza terrorista o asociación delictuosa para hechos relacionados con la lucha por la tierra o reclamos legítimos de los pueblos indígenas. Asimismo, mostró, en nombre del comité, la preocupación por aplicar dos leyes: la antiterrorista y la de Seguridad del Estado en las tierras ancestrales mapuches. Sin embargo, sus recomendaciones han quedado sin efecto. El plan del gobierno de la Concertación y la oposición sigue siendo el exterminio mapuche. Para este objetivo, Chile desconoce tratados internacionales, no cumple convenios ni respeta acuerdos. Esperemos que el Estado chileno no consume su crimen de lesa humanidad contra el pueblo mapuche. Si lo hacen, los actuales dirigentes políticos pasarán a la historia como etnocidas.
sábado, enero 05, 2008
La oligarquía boliviana promueve la crisis
Carlos Fernández-Vega
Cambios políticos y económicos en el gobierno de Evo Morales
La libertad en la fábrica de sueños
Evo Morales está por cumplir dos años como presidente de Bolivia, un lapso en el que han sido notorios los cambios políticos, sociales y económicos promovidos por su gobierno a favor de la mayoría indígena, los cuales directamente han pegado en la zona hepática de la oligarquía de aquel país, que no ha encontrado mejor salida que la promoción de la crisis y el cacerolismo para dar cauce a su rabiosa reacción ante dichas modificaciones.
Así, entre las más recientes campañas de “desprestigio” en contra del gobierno de Morales, esa oligarquía gasta dinero y saliva para gritar a los cuatro vientos el “fracaso” de la política económica del gobierno del líder aymara, por, dice, “la elevada inflación” provocada que “hunde” a Bolivia.
En realidad, lo que históricamente hundió a ese país sudamericano fue la barbarie, el entreguismo y el apartheid de esa oligarquía, de la “clase bonita” boliviana que llevó a la nación a contar más golpes de Estado que años de independencia. De allí el dolor que le provoca un gobierno como el de Evo Morales.
Por eso hoy esa oligarquía se retuerce, y para promover la crisis y estimular el cacerolismo cualquier pretexto le resulta útil, como el crecimiento inflacionaria para el caso inmediato, cuyo efecto ha despertado una sospechosa “preocupación” de la clase pudiente por “el enorme impuesto que significa a la mayoría pobre”, la misma que durante siglos se ha dedicado a exprimir.
Pues bien, al cierre del año que recién concluyó en Bolivia la inflación creció cerca de 12 por ciento (alza, dicho sea de paso, promovida por el cacerolismo de la propia oligarquía), una proporción que si bien supera la media latinoamericana no se aparta mucho de la observada en otras naciones latinoamericanas, con una economía que crece a la par de la brasileña, la chilena y la colombiana, y, obvio es, por arriba de la mexicana.
El propio ministro de Hacienda del gobierno de Evo Morales, Luis Arcen, lo resume así: el incremento inflacionario “es resultado de la especulación que ha vivido el país, el agio de algunos malos bolivianos, malos productores, malos comerciantes que han hecho que esto suba a cifras injustificadas”. Así de fácil: los oligarcas que critican el crecimiento de precios, simple y sencillamente son sus promotores.
Y, sí, el fomento desestabilizador de la oligarquía en Bolivia ha tenido sus efectos, pero ha sido contrarrestado con otras acciones. Cifras gubernamentales revelan que en esos dos años, por ejemplo, las exportaciones bolivianas se duplicaron, el crecimiento económico resulta 50 por ciento mayor al reportado en tiempos de la “democracia blanca”, mientras la tasa de desempleo abierto se redujo cinco puntos porcentuales y la deuda externa en cerca de 60 por ciento.
Parece que sólo la oligarquía boliviana registra la “oscuridad” económica en la que fuera su hacienda, porque incluso organismos regionales dan su visto bueno a los resultados obtenidos, entre ellos un crecimiento superior a 4 por ciento durante 2007. La Cepal, por ejemplo, lo resume así: después de cerrar 2006 con una inflación anual de 4.95 por ciento, se estima que en 2007 se llegaría a una cifra cercana a 12 por ciento, debido sobre todo al alza de los precios de los alimentos (carne y harina de trigo, especialmente). De nuevo una parte significativa de estos incrementos es imputable a las inclemencias meteorológicas ocasionadas en el primer trimestre del año por el fenómeno de El Niño, que ha afectado a los departamentos orientales con inundaciones, así como por el de La Niña, que causó sequías en el Altiplano, a lo cual se agrega el aumento del precio del trigo en los mercados internacionales. No obstante, medidas tomadas por el gobierno en el segundo semestre (entre otras, una suspensión de los aranceles de importación para la carne y el trigo) ayudaron a moderar tales tendencias en la segunda mitad del año. Asimismo, las políticas del banco central han apuntado a contrarrestar las presiones inflacionarias.
El gobierno boliviano, subraya la Cepal, sigue dando prioridad a la inversión en el sector social, especialmente en la construcción de hospitales, con varios programas que promueven la salud y la educación. Entre 2005 y 2006, el gasto social aumentó 34 por ciento y se espera un incremento parecido para el 2007. Sin embargo, la tasa de inversión en el sector productivo de la economía aún permanece baja: 3 por ciento del PIB por parte del sector privado y de 5 a 7 por ciento por parte del sector público en 2006. Si bien es cierto que la baja tasa de inversión es un problema que el país arrastra desde hace décadas, bajo tales circunstancias será difícil sostener la tasa de crecimiento. Por lo tanto, el gobierno está adoptando medidas para incentivar la inversión, entre las que figura una mayor participación del sector público. Esto permite prever para el 2007 un aumento de 68 por ciento en términos nominales del gasto público en capital.
En cuanto al sector externo, el buen desempeño se mantiene, registra superávit en la cuenta corriente y se espera una balanza positiva mayor que la de 2006. En tal contexto, a finales de 2007 se estima que las reservas internacionales superarán los 5 mil millones de dólares, suma que representa unos 18 meses de importaciones.
En 2008, la recuperación de la actividad agrícola, las nuevas inversiones en el sector de los hidrocarburos y el incremento de la producción en los proyectos mineros serán los principales motores de crecimiento. La Cepal estima una tasa de crecimiento de 4 por ciento para 2008.
Aun así, los desestabilizadores no quitan el dedo del renglón.
Las rebanadas del pastel
Y si de oligarquías se trata, allí están los apasionados cuan gritones “defensores de la libertad de expresión” cerrando micrófonos a las voces críticas que por “incompatibilidad editorial” les alteran la fábrica de sueños (Azcárraga dixit) y su turbia relación con el inquilino de Los Pinos (cuñados incómodos incluidos). Un solidario abrazo para la Aristegui.
Cambios políticos y económicos en el gobierno de Evo Morales
La libertad en la fábrica de sueños
Evo Morales está por cumplir dos años como presidente de Bolivia, un lapso en el que han sido notorios los cambios políticos, sociales y económicos promovidos por su gobierno a favor de la mayoría indígena, los cuales directamente han pegado en la zona hepática de la oligarquía de aquel país, que no ha encontrado mejor salida que la promoción de la crisis y el cacerolismo para dar cauce a su rabiosa reacción ante dichas modificaciones.
Así, entre las más recientes campañas de “desprestigio” en contra del gobierno de Morales, esa oligarquía gasta dinero y saliva para gritar a los cuatro vientos el “fracaso” de la política económica del gobierno del líder aymara, por, dice, “la elevada inflación” provocada que “hunde” a Bolivia.
En realidad, lo que históricamente hundió a ese país sudamericano fue la barbarie, el entreguismo y el apartheid de esa oligarquía, de la “clase bonita” boliviana que llevó a la nación a contar más golpes de Estado que años de independencia. De allí el dolor que le provoca un gobierno como el de Evo Morales.
Por eso hoy esa oligarquía se retuerce, y para promover la crisis y estimular el cacerolismo cualquier pretexto le resulta útil, como el crecimiento inflacionaria para el caso inmediato, cuyo efecto ha despertado una sospechosa “preocupación” de la clase pudiente por “el enorme impuesto que significa a la mayoría pobre”, la misma que durante siglos se ha dedicado a exprimir.
Pues bien, al cierre del año que recién concluyó en Bolivia la inflación creció cerca de 12 por ciento (alza, dicho sea de paso, promovida por el cacerolismo de la propia oligarquía), una proporción que si bien supera la media latinoamericana no se aparta mucho de la observada en otras naciones latinoamericanas, con una economía que crece a la par de la brasileña, la chilena y la colombiana, y, obvio es, por arriba de la mexicana.
El propio ministro de Hacienda del gobierno de Evo Morales, Luis Arcen, lo resume así: el incremento inflacionario “es resultado de la especulación que ha vivido el país, el agio de algunos malos bolivianos, malos productores, malos comerciantes que han hecho que esto suba a cifras injustificadas”. Así de fácil: los oligarcas que critican el crecimiento de precios, simple y sencillamente son sus promotores.
Y, sí, el fomento desestabilizador de la oligarquía en Bolivia ha tenido sus efectos, pero ha sido contrarrestado con otras acciones. Cifras gubernamentales revelan que en esos dos años, por ejemplo, las exportaciones bolivianas se duplicaron, el crecimiento económico resulta 50 por ciento mayor al reportado en tiempos de la “democracia blanca”, mientras la tasa de desempleo abierto se redujo cinco puntos porcentuales y la deuda externa en cerca de 60 por ciento.
Parece que sólo la oligarquía boliviana registra la “oscuridad” económica en la que fuera su hacienda, porque incluso organismos regionales dan su visto bueno a los resultados obtenidos, entre ellos un crecimiento superior a 4 por ciento durante 2007. La Cepal, por ejemplo, lo resume así: después de cerrar 2006 con una inflación anual de 4.95 por ciento, se estima que en 2007 se llegaría a una cifra cercana a 12 por ciento, debido sobre todo al alza de los precios de los alimentos (carne y harina de trigo, especialmente). De nuevo una parte significativa de estos incrementos es imputable a las inclemencias meteorológicas ocasionadas en el primer trimestre del año por el fenómeno de El Niño, que ha afectado a los departamentos orientales con inundaciones, así como por el de La Niña, que causó sequías en el Altiplano, a lo cual se agrega el aumento del precio del trigo en los mercados internacionales. No obstante, medidas tomadas por el gobierno en el segundo semestre (entre otras, una suspensión de los aranceles de importación para la carne y el trigo) ayudaron a moderar tales tendencias en la segunda mitad del año. Asimismo, las políticas del banco central han apuntado a contrarrestar las presiones inflacionarias.
El gobierno boliviano, subraya la Cepal, sigue dando prioridad a la inversión en el sector social, especialmente en la construcción de hospitales, con varios programas que promueven la salud y la educación. Entre 2005 y 2006, el gasto social aumentó 34 por ciento y se espera un incremento parecido para el 2007. Sin embargo, la tasa de inversión en el sector productivo de la economía aún permanece baja: 3 por ciento del PIB por parte del sector privado y de 5 a 7 por ciento por parte del sector público en 2006. Si bien es cierto que la baja tasa de inversión es un problema que el país arrastra desde hace décadas, bajo tales circunstancias será difícil sostener la tasa de crecimiento. Por lo tanto, el gobierno está adoptando medidas para incentivar la inversión, entre las que figura una mayor participación del sector público. Esto permite prever para el 2007 un aumento de 68 por ciento en términos nominales del gasto público en capital.
En cuanto al sector externo, el buen desempeño se mantiene, registra superávit en la cuenta corriente y se espera una balanza positiva mayor que la de 2006. En tal contexto, a finales de 2007 se estima que las reservas internacionales superarán los 5 mil millones de dólares, suma que representa unos 18 meses de importaciones.
En 2008, la recuperación de la actividad agrícola, las nuevas inversiones en el sector de los hidrocarburos y el incremento de la producción en los proyectos mineros serán los principales motores de crecimiento. La Cepal estima una tasa de crecimiento de 4 por ciento para 2008.
Aun así, los desestabilizadores no quitan el dedo del renglón.
Las rebanadas del pastel
Y si de oligarquías se trata, allí están los apasionados cuan gritones “defensores de la libertad de expresión” cerrando micrófonos a las voces críticas que por “incompatibilidad editorial” les alteran la fábrica de sueños (Azcárraga dixit) y su turbia relación con el inquilino de Los Pinos (cuñados incómodos incluidos). Un solidario abrazo para la Aristegui.
Agenda 2008
Jaime Avilés
Carestía: Slim aumenta su cuota 40 por ciento Derrotar la Ley Gestapo, misión urgentísima Pemex, el campo, la Corte, WC, Chiapas: ¡uf!
La reforma judicial permitiría a cualquier policía entrar sin orden a las casas. En la imagen, operativo de la AFI en un inmueble de Santa Fe Foto: Alfredo Domínguez
Todos los cajeros automáticos del país cobran una comisión de 7 pesos con 20 centavos por cada extracción de dinero, pero los de Inbursa, de Carlos Slim, piden un pago adicional obligatorio (cuando los billetes ya están a punto de llegar a nuestras manos), y si uno se niega a cubrirlo, porque es un abuso que nadie explica ni justifica, la máquina cancela la operación y escupe nuestra tarjeta de plástico poco menos que indignada.
Hasta el 31 de diciembre pasado, la cuota extra de Inbursa era de 5 pesos, pero desde el primero de enero subió a 7: al hombre más rico del mundo le pareció adecuado aumentar el servicio 40 por ciento. ¿Por qué? ¿Avaricia patológica, predicción financiera, lectura ominosa del futuro que esta medianoche se convertirá en presente cuando la incompetencia de Felipe Calderón dispare los precios de todas las gasolinas?
Durante diciembre, productos como pan de caja, atún enlatado, aceite, arroz, carne de vaca, pollo y cerdo, huevos y leche registraron alzas de entre 2 y 16 por ciento, pero anteayer el bolillo dio un salto de 20 por ciento, y los ganaderos estiman que el precio del kilo de carne de res tendrá un incremento de 30 por ciento, mientras los molineros calculan que el de la tortilla se elevará otro 15 por ciento.
La derecha golpista que se robó la Presidencia dizque para impedir que el “populismo mesiánico” desatara la carestía en perjuicio de los más pobres, decidió, en alianza con sus empresarios, que lo mejor para mantener la salud de las finanzas públicas era aumentar el salario mínimo en dos pesos. Y los demagogos de la vela perpetua que juraron que, con ellos en el poder, en México “nunca más” habría una crisis económica, han creado las condiciones para que todos vivamos peor, mucho peor desde ahora.
Cada vez que los neoliberales pronostican las calamidades que azotarían al país si la izquierda ganara las elecciones, en realidad lo que hacen es recitar el programa económico que pondrán en marcha. ¿No provocó Ernesto Zedillo todo lo que dijo que iba a suceder si triunfaba Cuauhtémoc Cárdenas? ¿No está ocasionando Calderón todo lo que según él iba a causar Andrés Manuel López Obrador?
Éste es el suelo sobre el que estamos parados al inicio de 2008: una mezcla de arena y agua en la que lentamente se nos hunden los pies. Pero las amenazas que acechan por todas partes nos obligan a tomar decisiones acerca del tipo de año que estamos dispuestos a vivir: con la cabeza baja, absorbiendo los golpes en silencio, o poniendo el corazón por delante y saliendo a la calle, con todas y todos, a luchar y a vencer.
Hay cosas que simplemente no podemos permitir que se consumen, de ninguna manera. Una de ellas es la Ley Gestapo que, desde el mes entrante, facultará a cualquier policía a entrar a la casa de cualquiera de nosotros, a cualquier hora del día o de la noche y con cualquier pretexto, para robarse lo que se le antoje, sembrarnos armas, drogas, balas, cadáveres o lo que se le ocurra con tal de “incriminarnos”, y, si también se le antoja, llevarnos a una cárcel clandestina y mantenernos incomunicados y sin duda torturados hasta por 40 días antes de soltarnos o presentarnos a un juez.
Esta columna hace un llamado urgente a todos sus lectores en el extranjero para que comprueben la veracidad de este peligro y se organicen en comités y promuevan alianzas con todos los grupos inconformes al respecto y desplieguen una campaña internacional, denunciando que el Congreso de la Unión está a punto de abolir algunas de las garantías inviduales más preciadas, en un claro espaldarazo al proyecto de George WC –y de sus perros falderos locales–, para establecer una dictadura de “rostro democrático” en México.
Si no salimos ahora a echar abajo esta aberración, cuando nos percatemos de sus efectos y querramos protestar contra ella, la aberración será la que nos eche abajo a nosotros. La pregunta clave es qué podemos hacer. Desde luego, presionar a los partidos confabulados en la maniobra, a saber el PAN, su alma gemela el PRI y la porción lamentable y vergonzosamente empanizada del PRD. ¿Instalar campamentos ciudadanos para recabar firmas de repudio a la Ley Gestapo frente a las sedes de esos partidos? Sí, pero desde luego, por ya.
¿Tratar de formar un comité de defensa de las garantías individuales, integrado por los mejores constitucionalistas del país, para que pongan sus conocimientos y todos los recursos legales que hay al servicio de esta causa? Sí, sí y sí, pero por supuesto. Ahora bien, ¿cuál es la instancia que debe hacerse cargo de esta tarea? Y la respuesta es obvia: el gobierno legítimo de López Obrador debe asumir su responsabilidad, emplear sus recursos humanos, su capacidad de convocatoria y su liderazgo para impulsarla de inmediato, pero al mismo tiempo establecer vínculos con todas las luchas sociales para presentar, también en este frente de batalla, una fuerza común.
El próximo miércoles a las seis de la tarde, en el Centro Cultural Indianilla (calle doctor Bernard número 111, casi esquina con Niños Héroes, colonia de los Doctores), López Obrador apadrinará el nacimiento de una nueva organización llamada Movimiento Nacional de Defensa del Petróleo, que estará encabezada por Ifigenia Martínez, Claudia Sheinbaum, Jesusa Rodríguez, Layda Sansores, Rosalinda López Hernández, Berta Chaneca Maldonado y Alfredo Jalife Rahme.
Ése será el núcleo en torno del cual se promoverá la resistencia civil pacífica en contra de la privatización de Pemex, que Calderón ya pactó en secreto con varios consorcios petroleros mundiales que pertenecen a países como Estados Unidos, Holanda, España y Brasil. Tenemos petróleo por lo menos para 60 años más, y no podemos dejar que nos lo arrebaten con el cinismo con que ya nos quitaron todo.
Sin embargo, a pesar de la gravedad que el asunto reviste, la defensa de Pemex no tiene un plazo tan corto como el de la Ley Gestapo. A ésta, repito, la aprobarán el mes próximo. Aglutinar a las ciudadanos en su contra, desde ya, con la urgencia que el peligro inminente reclama, ensanchará las bases del movimiento contra la venta de nuestra industria nacional, al que habrán de sumarse los campesinos que demandan la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Con todo y lo agobiante que luce, la agenda 2008 no se agota en estos temas, ojalá así fuera. Hay que lograr la dimisión de los ministros corruptos de la Suprema Corte, liberar a todos los presos políticos, renovar la solidaridad con las comunidades indígenas de Chiapas, proteger al obispo de Saltillo, Raúl Vera López, bloquear la Iniciativa Mérida para evitar la llegada de los marines y comenzar a discutir muy seriamente qué haremos ante las elecciones legislativas de 2009, en que el salinismo, como en 1991, intentará quedarse con todas las sillas del Congreso.
Mientras tanto, el blog www.adioscaradetrapo.blogspot.com prosigue su campaña para romper el aislamiento que rodea la lucha de los mayas del sureste. Consúltenlo: contiene una novela que pueden leer sin costo alguno, gracias a una iniciativa de verdad anticapitalista. Y Desfiladero saluda con el corazón en la mano a Carmen Aristegui, cuya expulsión de Televisa Radio confirma que el miedo de la derecha golpista a la verdad sigue y sigue y sigue creciendo.
Carestía: Slim aumenta su cuota 40 por ciento Derrotar la Ley Gestapo, misión urgentísima Pemex, el campo, la Corte, WC, Chiapas: ¡uf!
La reforma judicial permitiría a cualquier policía entrar sin orden a las casas. En la imagen, operativo de la AFI en un inmueble de Santa Fe Foto: Alfredo DomínguezTodos los cajeros automáticos del país cobran una comisión de 7 pesos con 20 centavos por cada extracción de dinero, pero los de Inbursa, de Carlos Slim, piden un pago adicional obligatorio (cuando los billetes ya están a punto de llegar a nuestras manos), y si uno se niega a cubrirlo, porque es un abuso que nadie explica ni justifica, la máquina cancela la operación y escupe nuestra tarjeta de plástico poco menos que indignada.
Hasta el 31 de diciembre pasado, la cuota extra de Inbursa era de 5 pesos, pero desde el primero de enero subió a 7: al hombre más rico del mundo le pareció adecuado aumentar el servicio 40 por ciento. ¿Por qué? ¿Avaricia patológica, predicción financiera, lectura ominosa del futuro que esta medianoche se convertirá en presente cuando la incompetencia de Felipe Calderón dispare los precios de todas las gasolinas?
Durante diciembre, productos como pan de caja, atún enlatado, aceite, arroz, carne de vaca, pollo y cerdo, huevos y leche registraron alzas de entre 2 y 16 por ciento, pero anteayer el bolillo dio un salto de 20 por ciento, y los ganaderos estiman que el precio del kilo de carne de res tendrá un incremento de 30 por ciento, mientras los molineros calculan que el de la tortilla se elevará otro 15 por ciento.
La derecha golpista que se robó la Presidencia dizque para impedir que el “populismo mesiánico” desatara la carestía en perjuicio de los más pobres, decidió, en alianza con sus empresarios, que lo mejor para mantener la salud de las finanzas públicas era aumentar el salario mínimo en dos pesos. Y los demagogos de la vela perpetua que juraron que, con ellos en el poder, en México “nunca más” habría una crisis económica, han creado las condiciones para que todos vivamos peor, mucho peor desde ahora.
Cada vez que los neoliberales pronostican las calamidades que azotarían al país si la izquierda ganara las elecciones, en realidad lo que hacen es recitar el programa económico que pondrán en marcha. ¿No provocó Ernesto Zedillo todo lo que dijo que iba a suceder si triunfaba Cuauhtémoc Cárdenas? ¿No está ocasionando Calderón todo lo que según él iba a causar Andrés Manuel López Obrador?
Éste es el suelo sobre el que estamos parados al inicio de 2008: una mezcla de arena y agua en la que lentamente se nos hunden los pies. Pero las amenazas que acechan por todas partes nos obligan a tomar decisiones acerca del tipo de año que estamos dispuestos a vivir: con la cabeza baja, absorbiendo los golpes en silencio, o poniendo el corazón por delante y saliendo a la calle, con todas y todos, a luchar y a vencer.
Hay cosas que simplemente no podemos permitir que se consumen, de ninguna manera. Una de ellas es la Ley Gestapo que, desde el mes entrante, facultará a cualquier policía a entrar a la casa de cualquiera de nosotros, a cualquier hora del día o de la noche y con cualquier pretexto, para robarse lo que se le antoje, sembrarnos armas, drogas, balas, cadáveres o lo que se le ocurra con tal de “incriminarnos”, y, si también se le antoja, llevarnos a una cárcel clandestina y mantenernos incomunicados y sin duda torturados hasta por 40 días antes de soltarnos o presentarnos a un juez.
Esta columna hace un llamado urgente a todos sus lectores en el extranjero para que comprueben la veracidad de este peligro y se organicen en comités y promuevan alianzas con todos los grupos inconformes al respecto y desplieguen una campaña internacional, denunciando que el Congreso de la Unión está a punto de abolir algunas de las garantías inviduales más preciadas, en un claro espaldarazo al proyecto de George WC –y de sus perros falderos locales–, para establecer una dictadura de “rostro democrático” en México.
Si no salimos ahora a echar abajo esta aberración, cuando nos percatemos de sus efectos y querramos protestar contra ella, la aberración será la que nos eche abajo a nosotros. La pregunta clave es qué podemos hacer. Desde luego, presionar a los partidos confabulados en la maniobra, a saber el PAN, su alma gemela el PRI y la porción lamentable y vergonzosamente empanizada del PRD. ¿Instalar campamentos ciudadanos para recabar firmas de repudio a la Ley Gestapo frente a las sedes de esos partidos? Sí, pero desde luego, por ya.
¿Tratar de formar un comité de defensa de las garantías individuales, integrado por los mejores constitucionalistas del país, para que pongan sus conocimientos y todos los recursos legales que hay al servicio de esta causa? Sí, sí y sí, pero por supuesto. Ahora bien, ¿cuál es la instancia que debe hacerse cargo de esta tarea? Y la respuesta es obvia: el gobierno legítimo de López Obrador debe asumir su responsabilidad, emplear sus recursos humanos, su capacidad de convocatoria y su liderazgo para impulsarla de inmediato, pero al mismo tiempo establecer vínculos con todas las luchas sociales para presentar, también en este frente de batalla, una fuerza común.
El próximo miércoles a las seis de la tarde, en el Centro Cultural Indianilla (calle doctor Bernard número 111, casi esquina con Niños Héroes, colonia de los Doctores), López Obrador apadrinará el nacimiento de una nueva organización llamada Movimiento Nacional de Defensa del Petróleo, que estará encabezada por Ifigenia Martínez, Claudia Sheinbaum, Jesusa Rodríguez, Layda Sansores, Rosalinda López Hernández, Berta Chaneca Maldonado y Alfredo Jalife Rahme.
Ése será el núcleo en torno del cual se promoverá la resistencia civil pacífica en contra de la privatización de Pemex, que Calderón ya pactó en secreto con varios consorcios petroleros mundiales que pertenecen a países como Estados Unidos, Holanda, España y Brasil. Tenemos petróleo por lo menos para 60 años más, y no podemos dejar que nos lo arrebaten con el cinismo con que ya nos quitaron todo.
Sin embargo, a pesar de la gravedad que el asunto reviste, la defensa de Pemex no tiene un plazo tan corto como el de la Ley Gestapo. A ésta, repito, la aprobarán el mes próximo. Aglutinar a las ciudadanos en su contra, desde ya, con la urgencia que el peligro inminente reclama, ensanchará las bases del movimiento contra la venta de nuestra industria nacional, al que habrán de sumarse los campesinos que demandan la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Con todo y lo agobiante que luce, la agenda 2008 no se agota en estos temas, ojalá así fuera. Hay que lograr la dimisión de los ministros corruptos de la Suprema Corte, liberar a todos los presos políticos, renovar la solidaridad con las comunidades indígenas de Chiapas, proteger al obispo de Saltillo, Raúl Vera López, bloquear la Iniciativa Mérida para evitar la llegada de los marines y comenzar a discutir muy seriamente qué haremos ante las elecciones legislativas de 2009, en que el salinismo, como en 1991, intentará quedarse con todas las sillas del Congreso.
Mientras tanto, el blog www.adioscaradetrapo.blogspot.com prosigue su campaña para romper el aislamiento que rodea la lucha de los mayas del sureste. Consúltenlo: contiene una novela que pueden leer sin costo alguno, gracias a una iniciativa de verdad anticapitalista. Y Desfiladero saluda con el corazón en la mano a Carmen Aristegui, cuya expulsión de Televisa Radio confirma que el miedo de la derecha golpista a la verdad sigue y sigue y sigue creciendo.
TLCAN: falta de voluntad política
Editorial
La entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que incluye la apertura indiscriminada de las fronteras y la eliminación de aranceles a productos agrícolas extranjeros, en particular maíz y frijol, propició muestras de repudio, pues se considera un golpe mortal para el campo mexicano y quienes dependen de él, y un revés severo a la economía popular, al colocarla a merced de los especuladores. Al respecto, desde distintos sectores de la sociedad mexicana se ha advertido sobre la necesidad de llevar a cabo una revisión del acuerdo comercial desde el punto de vista jurídico.
Ante la actitud indolente y silenciosa de la actual administración para revertir una circunstancia claramente desventajosa para los campesinos y, por ende, el país entero, diputados de PRD y PRI habían acordado presentar un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo a revisar y renegociar el TLCAN, con lo que se pretendía prevenir una escalada en las protestas sociales y desactivar el bloqueo que organizaciones campesinas mantenían en un cruce fronterizo de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sin embargo, a última hora los legisladores que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión matizaron su petición: se limitaron a advertir al Ejecutivo, como si fuese necesario, sobre la situación de riesgo nacional que implica la crisis del campo y solicitaron la instalación de una mesa de diálogo con organizaciones campesinas para determinar la pertinencia de dicha revisión, algo que podría congelar indefinidamente la discusión.
No deja de sorprender que los legisladores hayan reculado en un tema cuyo carácter nocivo para el interés nacional está fuera de duda. En días recientes, el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, afirmó que existe una “coincidencia generalizada” entre mandatarios estatales para pronunciarse por el análisis y revisión del acuerdo comercial ante el riesgo social que implica. Asimismo, especialistas en materia jurídica señalaron que existe factibilidad legal de renegociar el convenio, pues viola varios artículos de la Constitución. Es decir, parecía haber por lo menos intención política de gobernadores y argumentos legales de peso para poner en marcha y sustentar una revisión a fondo del TLCAN.
Por lo demás, la actitud de los legisladores reviste irresponsabilidad y evidencia carencia de visión estratégica, en un contexto en que el descontento social generado por la entrada en vigor del capítulo agropecuario del acuerdo ha ascendido en meses recientes y amenaza con derivar en un escenario de conflicto generalizado, según señalan varios analistas y apunta el propio Cárdenas Batel. Congelar la discusión del tema en el Congreso sólo acrecienta la posibilidad de que el descontento social –que debiera ser expresado por los representantes populares– se traslade a las calles.
La actitud de los legisladores demuestra una forma de ser de la clase política, que actúa al margen de las necesidades de la población en momentos claves para el país. Se confirma, además, su falta de voluntad para atender un problema de cuya resolución depende la supervivencia de millones de familias campesinas.
La entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que incluye la apertura indiscriminada de las fronteras y la eliminación de aranceles a productos agrícolas extranjeros, en particular maíz y frijol, propició muestras de repudio, pues se considera un golpe mortal para el campo mexicano y quienes dependen de él, y un revés severo a la economía popular, al colocarla a merced de los especuladores. Al respecto, desde distintos sectores de la sociedad mexicana se ha advertido sobre la necesidad de llevar a cabo una revisión del acuerdo comercial desde el punto de vista jurídico.
Ante la actitud indolente y silenciosa de la actual administración para revertir una circunstancia claramente desventajosa para los campesinos y, por ende, el país entero, diputados de PRD y PRI habían acordado presentar un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo a revisar y renegociar el TLCAN, con lo que se pretendía prevenir una escalada en las protestas sociales y desactivar el bloqueo que organizaciones campesinas mantenían en un cruce fronterizo de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sin embargo, a última hora los legisladores que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión matizaron su petición: se limitaron a advertir al Ejecutivo, como si fuese necesario, sobre la situación de riesgo nacional que implica la crisis del campo y solicitaron la instalación de una mesa de diálogo con organizaciones campesinas para determinar la pertinencia de dicha revisión, algo que podría congelar indefinidamente la discusión.
No deja de sorprender que los legisladores hayan reculado en un tema cuyo carácter nocivo para el interés nacional está fuera de duda. En días recientes, el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, afirmó que existe una “coincidencia generalizada” entre mandatarios estatales para pronunciarse por el análisis y revisión del acuerdo comercial ante el riesgo social que implica. Asimismo, especialistas en materia jurídica señalaron que existe factibilidad legal de renegociar el convenio, pues viola varios artículos de la Constitución. Es decir, parecía haber por lo menos intención política de gobernadores y argumentos legales de peso para poner en marcha y sustentar una revisión a fondo del TLCAN.
Por lo demás, la actitud de los legisladores reviste irresponsabilidad y evidencia carencia de visión estratégica, en un contexto en que el descontento social generado por la entrada en vigor del capítulo agropecuario del acuerdo ha ascendido en meses recientes y amenaza con derivar en un escenario de conflicto generalizado, según señalan varios analistas y apunta el propio Cárdenas Batel. Congelar la discusión del tema en el Congreso sólo acrecienta la posibilidad de que el descontento social –que debiera ser expresado por los representantes populares– se traslade a las calles.
La actitud de los legisladores demuestra una forma de ser de la clase política, que actúa al margen de las necesidades de la población en momentos claves para el país. Se confirma, además, su falta de voluntad para atender un problema de cuya resolución depende la supervivencia de millones de familias campesinas.
Boletín Informativo ISA núm 308
http://www.serviciodenoticiasis
Sumario:
I. La Secretaría de Hacienda está obligada a posponer de manera indefinida el incremento al precio de la gasolina y a las tarifas eléctricas: Mario di Costanzo
II. Minisalarios y meritocracia, por José Luis Piñeyro
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LA SECRETARÍA DE HACIENDA ESTÁ OBLIGADA A POSPONER DE MANERA INDEFINIDA EL INCREMENTO AL PRECIO DE LA GASOLINA Y A LAS TARIFAS ELÉCTRICAS: MARIO DI COSTANZO
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del gobierno espurio de Felipe Calderón está obligada a detener de manera indefinida el incremento a la gasolina y a la energía eléctrica previstos para entrar en vigor a partir del próximo 6 de enero, en virtud de que de no hacerlo generará presiones inflacionarias que ponen en riesgo la estabilidad social y la competitividad de la industria en el país”.
Así lo señaló Mario di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México, quien agregó: “de acuerdo con el último informe de finanzas públicas, al mes de noviembre del año pasado las arcas nacionales registraron un superávit fiscal (más ingresos que gastos) que ascendió a 192 mil 97 millones de pesos, lo que representó un crecimiento real de 16.5% con respecto al mismo periodo de 2006. Esto significa que existen en las arcas públicas casi 200 mil millones de pesos que podrían ser utilizados para financiar las necesidades de gasto durante el presente año, sin la necesidad de recurrir a los incrementos en los precios y tarifas del sector público, que han originado que durante los primeros meses de cada año se observen fuertes incrementos en los precios de la mayoría de los bienes de consumo básico”, subrayó el funcionario del gabinete de Andrés Manuel López Obrador.
Di Costanzo pronosticó que de no detenerse las alzas a la gasolina, el diesel y la energía eléctrica, “se estarían empujando hacia arriba los precios de miles de productos que por factores adicionales ya registran de por sí incrementos importantes, como el maíz, que inició el año 2008 con precios récord en cotización internacional al ubicarse en 2 800 pesos la tonelada y que ha originado que en algunas partes del país el precio de la tortilla nuevamente se coloque casi en 12 pesos por kilogramo”.
El miembro del equipo de gobierno lopezobradorista hizo referencia también a que el magro incremento que tuvieron los salarios mínimos, “ni siquiera alcanzó a restaurar el poder adquisitivo de los trabajadores respecto de los niveles observados en enero de 2006, ya que en esa fecha un trabajador requería de 1.54 horas de trabajo para adquirir un kilogramo de frijol, y en diciembre de 2007 (suponiendo que ya contara con el incremento a su salario mínimo) hubiese requerido de 2.74 horas de trabajo, es decir que requiere de entre 70 y 75% más de trabajo parta adquirir el mismo kilogramo de frijol”.
Mario di Costanzo agregó que “el incremento a la energía eléctrica restará competitividad a las empresas nacionales, que de por sí verán disminuidas sus exportaciones a Estados Unidos por motivo de la menor actividad económica en dicho país, con lo que disminuirán aún más las posibilidades de crecimiento económico y generación de empleo en México, lo que contribuirá a deteriorar la estabilidad social”.
“Por ello —concluyó— resulta sumamente absurdo que la Secretaría de Hacienda, aun y cuando cuenta con recursos en caja, persista en incrementar la gasolina y la energía eléctrica para recaudar más ingresos”.
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MINISALARIOS Y MERITOCRACIA
por José Luis Piñeyro
(publicado en El Universal el 5 de enero de 2008)
El pasado aumento de 4% al salario mínimo igual a 2 pesos y centavos no sólo es un insulto repetido durante los últimos 25 años sino también otro reflejo de la desigualdad estructural en México. Aumento que se pretende justificar por partida doble: es un porcentaje igual a la inflación anual y no representa más que un indicador general, pues muy pocas personas ganan un salario mínimo, alegan los empresarios. Pero el precio de los bienes de la canasta básica tuvo un aumento de 30%, esto antes del esperado gasolinazo inflacionario del 2008, además, son mentiras que pocas personas ganan un minisalario, son 5 millones 278 mil y 8 millones 670 mil quienes reciben dos ingresos, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, es decir, casi 18 millones de mexicanos.
A las mentiras empresariales se agregan las de analistas económicos que justifican que los elavadísmos ingresos y compensaciones de la alta burocracia obedecen a su alta calificación técnica y el grado de responsabilidad en la toma de decisiones para el futuro nacional, además se afirma que es lo que deben percibir respecto a lo que sus pares ganan en el mercado internacional. O sea, estos especialistas representan una oferta de trabajo reducida mientras que, por ejemplo, los jardineros o plomeros conforman una amplia oferta laboral poco calificada, por esto deben ganar mucho menos y por no tener responsabilidades de Estado. Afirman que, para reducir el enorme diferencial salarial entre “los que saben y los que no saben”, se requiere de una amplia inversión educativa en capital humano que permita generar más riqueza para así mejorar el nivel de vida general.
Como con los empresarios, este razonamiento abstracto resulta convincente, pero no considera rasgos del mercado mexicano que lo hacen mundialmente famoso: la inmoral hiperconcentración del ingreso y de la riqueza y la espantosa pobreza y desempleo donde sobreviven más de la mitad de la nación. Suponer que solamente con capital humano de alta calificación y aumento de la productividad se van a reducir las diferencias salariales y desconcentrar el ingreso es perversidad pura o increíble ingenuidad. Tan no es así que los migrantes indocumentados a EU tienen un creciente componente universitario: 225 mil técnicos y profesionistas anuales informa el Consejo Nacional de Población, más la fuga de casi 500 mil profesionales y posgraduados reconocidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En realidad, los tecnócratas antes priistas y hoy panistas en el poder del Estado desde hace 25 años, han salido muy caros a la nación, basta ver el desastre humano, económico y cultural recurrente señalado por investigadores mexicanos y organismos financieros internacionales y de Naciones Unidas. La sistemática descapitalización de trabajadores calificados y no vía la migración masiva a EU es uno de los efectos de la política económica neoliberal reproducida por dichos tecnócratas y legitimada por un ejército de intelectuales.
En los años ochenta del siglo pasado, ciertos académicos con descarnada o cínica actitud reconocían que México y América Latina eran sociedades de los dos tercios, esto es, el otro tercio sobraba para cualquier plan de desarrollo económico debido a su atraso educativo y técnico, había que aplicarle planes de combate a la pobreza para mantenerlo en supervivencia de donde nunca saldría y sobre todo para mantenerlo bajo control político; el otro tercio era susceptible de mejorar su atraso relativo mediante capacitación laboral y educativa.
Hoy, a principios del siglo XXI, la “solución” de los nuevos intelectuales y del Banco Mundial es elevar el nivel educativo del capital humano. Chiste de mal gusto pues hoy en ciertas sociedades de Latinoamérica como la de México, habría que hablar de la sociedad de las dos mitades, una excluida de los beneficios del salvaje capitalismo neoliberal y otra que también se reduce con la paulatina desaparición de los sectores medios y la consolidación de elites económicas, políticas e intelectuales. El inicio del 2008 lo marcará la elección de los consejeros electorales y la inflación, para tales puestos no se requiere especialistas como no lo fueron Luis Carlos Ugalde y todos los consejeros salientes, cualquier profesor universitario o ciudadano promedio debería ocuparlos con base en sus méritos, pero con salarios menos insultantes para la mayoría ciudadana. La bolsa de 10 millones de pesos que se llevó Ugalde en prestaciones y sueldo más los salarios y prebendas de que gozan los diputados (El Universal 21/XII/07) son ejemplo de la supuesta meritocracia que hay que controlar como futuro ejercicio democrático directo.
Se multiplican los coscorrones
Columna del Periquiello Sarmiento
Por Enrique Valdivia
Cuantas noticias negras esperamos para confirmar las palabras de Andrés Manuel. Hay algunas que no estaban contempladas y nos han tomado por sorpresa. No dudamos que todo siga siendo parte de un proceso de Militarización y estado de sitio. Pero mientras el día de ayer vimos algunos periodistas editoriales de TV Azteca (salvo el buen Rocha), sobre la libertad de expresión que tanto están dispuestos a defender, escuchamos a la mañana siguiente que Carmen Aristegui salía del aire por problemas con su línea editorial.
¿Qué no podríamos decir de una periodista de izquierda? Tan inteligente como belleza la acompaña. Tuve el gusto de entrevistar a Carmen en la presentación en la UNAM de la película el Violín del Director Francisco Vargas (http://youtube.com/watch?v
Ahora Carmen vuelve a repetir el argumento, lamentablemente ahora en su contra. Ella sigue en otros proyectos por cable, pero no dudamos que sean pocos los ciudadanos que puedan verla a través de la televisión por paga. No dudamos que ella seguirá en busca de espacios que le permitan hacer la noticia como ella sabe hacerlo.
Es claro las últimas noticias se han centrado en las violaciones de derechos humanos (caso Lydia Cacho y los pederastas clericales) y se ha abandonado a su suerte tanto a niños como periodistas. La pregunta es clara ¿A quién le molestaba la presencia de Carmen Aristegui en la Radio? Al Usurpador Felipe Calderón(que sigue los pasos de Fox), al Clero Católico (por eso de los periodistas Prostitutos), a los empresarios (que siguen deseosos que menos se les critique y que ellos influyan en la opinión pública) o incluso a "otros" periodistas. Podríamos especular mucho sobre los actores intelectuales pero confirmamos algo lamentable: El cierre de espacios democráticos llenos de juicios directos a la estupidez gubernamental y la inoperancia de la Ley en estas instituciones Cooptadas. De paso a muchos de nosotros se nos cierra la voz, porque aquél "Ni los Veo ni los Oigo" trasciende a espacios radiofónicos donde la gente tomaba partido, se involucraba y dejaba claro que no estaba contenta con la usurpación y demás violaciones de derechos humanos.
No soy un soñador, ni creo que muchos de nuestros lectores lo sean. No esperamos que aquellos que se rasgan las vestiduras lo hagan por recuperar espacios como los de Carmen. Ya sucedió con Monitor, ya sucedió con otros compañeros y nada vendrá de los "periodistas del sistema". Aquellos defienden a sus jefes, Carmen defendía lo que creía era justo en su espacio, en su trinchera. Con esto queda claro que "los pinches coscorrones" es un gesto que se multiplica, tendrán que darle derechos a Mario Marín.
En este estado de sitio Informativo, en esta guerra declarada por alguna minoría tendremos que esperar una respuesta clara de los medios alternativos y del esfuerzo conjunto. Un abrazo a Carmen Aristegui desde este pequeño espacio que sin duda se formo después de conocerla.
Investigación con auditorías en la SFP
Función Pública auditará a Fox
La dependencia aseguró que en el caso del presunto enriquecimiento del ex presidente Vicente Fox se realizarán auditorías y, “si salen responsabilidades”, se fincarán cargos
Por: Universal
29-Septiembre-2007 (11:25 a.m.)
La dependencia aseguró que en el caso del presunto enriquecimiento del ex presidente Vicente Fox se realizarán auditorías y, “si salen responsabilidades”, se fincarán cargos
Por: Universal
29-Septiembre-2007 (11:25 a.m.)
La Secretaría de la Función Pública (SFP) aseguró que en el caso del presunto enriquecimiento del ex presidente Vicente Fox se realizarán auditorías y, “si salen responsabilidades”, se fincarán cargos.
En entrevista, el subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Rafael Morgan, descartó que a la dependencia le vaya a temblar la mano. “A mí no, por lo menos”, dijo.
—En el caso de Vicente Fox, ¿qué podemos esperar?— se le preguntó.
—Lo que hace la Función Pública: meter auditorías, revisar y si salen responsabilidades, se tendrán que fincar los cargos. Y si no, pues ya se informará que no se encontró nada. Pero es parte del trabajo que tenemos que hacer, tenemos que seguir investigando y revisando.
Sobre el mismo tema, el nuevo secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas —quien ayer tomó posesión del cargo—, dijo en entrevista radiofónica que la SFP está a la espera de lo que el Congreso decida “y apoyarnos en eso”.
El ex secretario Germán Martínez Cázares aseguró que Vega Casillas va a actuar “con diligencia” en el caso y va a someterse a los requerimientos que el Congreso le invite a realizar.
El lunes la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó integrar una comisión para investigar los bienes del ex mandatario.
Aún no se ha definido quiénes la conformarán, ni su objetivo y alcance, así como la bancada que la presidirá.
Acerca de la megabiblioteca Vasconcelos, una de las obras más importantes del sexenio foxista, cuestionada por las fallas encontradas en su edificación, Morgan dijo a este diario que tres empresas fueron obligadas a reintegrar el dinero cobrado, y cumplir los contratos convenidos para concluir la construcción.
El funcionario no dio los nombres de las compañías, pero agregó que en todos los casos, desde funcionarios, ex funcionarios o contratistas involucrados en la megabiblioteca, prosiguen las auditorías para deslindar responsabilidades.
“Las auditorías continúan aunque hayan devuelto dinero o reparado lo que no estaba bien, porque de ahí pueden salir responsabilidades de empresas o administrativas”, explicó.
Diputados integrantes de la Comisión de la Función Pública dieron a conocer que llamarán al nuevo titular de la SFP para que haga un balance sobre los pendientes que dejó su antecesor, Germán Martínez.
En la Cámara, PRI y PRD criticaron el paso de Martínez Cázares por la Secretaría de la Función Pública. No dio los resultados esperados en investigaciones como la de los hijos de Marta Sahagún, opinaron.
En entrevista, el subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Rafael Morgan, descartó que a la dependencia le vaya a temblar la mano. “A mí no, por lo menos”, dijo.
—En el caso de Vicente Fox, ¿qué podemos esperar?— se le preguntó.
—Lo que hace la Función Pública: meter auditorías, revisar y si salen responsabilidades, se tendrán que fincar los cargos. Y si no, pues ya se informará que no se encontró nada. Pero es parte del trabajo que tenemos que hacer, tenemos que seguir investigando y revisando.
Sobre el mismo tema, el nuevo secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas —quien ayer tomó posesión del cargo—, dijo en entrevista radiofónica que la SFP está a la espera de lo que el Congreso decida “y apoyarnos en eso”.
El ex secretario Germán Martínez Cázares aseguró que Vega Casillas va a actuar “con diligencia” en el caso y va a someterse a los requerimientos que el Congreso le invite a realizar.
El lunes la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó integrar una comisión para investigar los bienes del ex mandatario.
Aún no se ha definido quiénes la conformarán, ni su objetivo y alcance, así como la bancada que la presidirá.
Acerca de la megabiblioteca Vasconcelos, una de las obras más importantes del sexenio foxista, cuestionada por las fallas encontradas en su edificación, Morgan dijo a este diario que tres empresas fueron obligadas a reintegrar el dinero cobrado, y cumplir los contratos convenidos para concluir la construcción.
El funcionario no dio los nombres de las compañías, pero agregó que en todos los casos, desde funcionarios, ex funcionarios o contratistas involucrados en la megabiblioteca, prosiguen las auditorías para deslindar responsabilidades.
“Las auditorías continúan aunque hayan devuelto dinero o reparado lo que no estaba bien, porque de ahí pueden salir responsabilidades de empresas o administrativas”, explicó.
Diputados integrantes de la Comisión de la Función Pública dieron a conocer que llamarán al nuevo titular de la SFP para que haga un balance sobre los pendientes que dejó su antecesor, Germán Martínez.
En la Cámara, PRI y PRD criticaron el paso de Martínez Cázares por la Secretaría de la Función Pública. No dio los resultados esperados en investigaciones como la de los hijos de Marta Sahagún, opinaron.
POR LO QUE OPINO:
La Secretaría de la Función Pública, (de tiempo atrás), no ignora todo lo que se le imputa de delitos federales al Expresidente Vicente Fox Quesada.
Contienen los distintos expedientes resueltos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Procuraduría Fiscal de la Federación, (730(09)112595 y 700/42899, el monto económico de la multimillonaria Evasión de Impuestos por parte de Grupo Nacional Provincial, S.A.; con motivo de los seguros de vida individuales con inversión Línea Prisma, correlacionado con el FRAUDE que denuncio en la Procuraduría General de la República contra Grupo Nacional Provincial, S.a. y quien o quienes resulten responsables, averiguaciones previas 2095/RN/98 y 1588/FESPLE/2000.
Evasión de impuestos captado por la Secretaría de Hacienda, durante el periodo de gobierno de Vicente Fox Quesada, ingresos que se comprueba con el resultado real que arrojan estas auditorías practicadas a Grupo Nacional Provincial, S. A.; que dichas partidas multimillonarias, no fueron ingresadas al Presupuesto Federal.
Dichas pruebas, también constan en el Expediente 0001593/2002 y su acumulado 0001593/2004, de mi denuncia para Juicio Político, de fecha 17 de junio de 2002 y 17 de junio de 2004, contra el entonces Procurador General de la República, Lic. Rafael Macedo de la Concha y otros servidores públicos del ámbito federal. Luego entonces……¿Va a actuar conforme a Derecho el Secretario de la Función Pública, al remitirles copias de estas pruebas, las Comisiones Especiales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sobre la investigación de estos delitos donde queda responsabilizado Vicente Fox Quesada y cómplices delictivos de la Administración Pública Federal?
Contra la verdad, nada ni nadie.
Norma Esperanza Falcón Ruiz.
E-mail: norma_esperanza77@hotmail.com
Y si de oligarquías se trata........
La oligarquía boliviana promueve la crisis
Cambios políticos y económicos en el gobierno de Evo Morales
La libertad en la fábrica de sueños
Evo Morales está por cumplir dos años como presidente de Bolivia, un lapso en el que han sido notorios los cambios políticos, sociales y económicos promovidos por su gobierno a favor de la mayoría indígena, los cuales directamente han pegado en la zona hepática de la oligarquía de aquel país, que no ha encontrado mejor salida que la promoción de la crisis y el cacerolismo para dar cauce a su rabiosa reacción ante dichas modificaciones.
Así, entre las más recientes campañas de “desprestigio” en contra del gobierno de Morales, esa oligarquía gasta dinero y saliva para gritar a los cuatro vientos el “fracaso” de la política económica del gobierno del líder aymara, por, dice, “la elevada inflación” provocada que “hunde” a Bolivia.
En realidad, lo que históricamente hundió a ese país sudamericano fue la barbarie, el entreguismo y el apartheid de esa oligarquía, de la “clase bonita” boliviana que llevó a la nación a contar más golpes de Estado que años de independencia. De allí el dolor que le provoca un gobierno como el de Evo Morales.
Por eso hoy esa oligarquía se retuerce, y para promover la crisis y estimular el cacerolismo cualquier pretexto le resulta útil, como el crecimiento inflacionaria para el caso inmediato, cuyo efecto ha despertado una sospechosa “preocupación” de la clase pudiente por “el enorme impuesto que significa a la mayoría pobre”, la misma que durante siglos se ha dedicado a exprimir.
Pues bien, al cierre del año que recién concluyó en Bolivia la inflación creció cerca de 12 por ciento (alza, dicho sea de paso, promovida por el cacerolismo de la propia oligarquía), una proporción que si bien supera la media latinoamericana no se aparta mucho de la observada en otras naciones latinoamericanas, con una economía que crece a la par de la brasileña, la chilena y la colombiana, y, obvio es, por arriba de la mexicana.
El propio ministro de Hacienda del gobierno de Evo Morales, Luis Arcen, lo resume así: el incremento inflacionario “es resultado de la especulación que ha vivido el país, el agio de algunos malos bolivianos, malos productores, malos comerciantes que han hecho que esto suba a cifras injustificadas”. Así de fácil: los oligarcas que critican el crecimiento de precios, simple y sencillamente son sus promotores.
Y, sí, el fomento desestabilizador de la oligarquía en Bolivia ha tenido sus efectos, pero ha sido contrarrestado con otras acciones. Cifras gubernamentales revelan que en esos dos años, por ejemplo, las exportaciones bolivianas se duplicaron, el crecimiento económico resulta 50 por ciento mayor al reportado en tiempos de la “democracia blanca”, mientras la tasa de desempleo abierto se redujo cinco puntos porcentuales y la deuda externa en cerca de 60 por ciento.
Parece que sólo la oligarquía boliviana registra la “oscuridad” económica en la que fuera su hacienda, porque incluso organismos regionales dan su visto bueno a los resultados obtenidos, entre ellos un crecimiento superior a 4 por ciento durante 2007. La Cepal, por ejemplo, lo resume así: después de cerrar 2006 con una inflación anual de 4.95 por ciento, se estima que en 2007 se llegaría a una cifra cercana a 12 por ciento, debido sobre todo al alza de los precios de los alimentos (carne y harina de trigo, especialmente). De nuevo una parte significativa de estos incrementos es imputable a las inclemencias meteorológicas ocasionadas en el primer trimestre del año por el fenómeno de El Niño, que ha afectado a los departamentos orientales con inundaciones, así como por el de La Niña, que causó sequías en el Altiplano, a lo cual se agrega el aumento del precio del trigo en los mercados internacionales. No obstante, medidas tomadas por el gobierno en el segundo semestre (entre otras, una suspensión de los aranceles de importación para la carne y el trigo) ayudaron a moderar tales tendencias en la segunda mitad del año. Asimismo, las políticas del banco central han apuntado a contrarrestar las presiones inflacionarias.
El gobierno boliviano, subraya la Cepal, sigue dando prioridad a la inversión en el sector social, especialmente en la construcción de hospitales, con varios programas que promueven la salud y la educación. Entre 2005 y 2006, el gasto social aumentó 34 por ciento y se espera un incremento parecido para el 2007. Sin embargo, la tasa de inversión en el sector productivo de la economía aún permanece baja: 3 por ciento del PIB por parte del sector privado y de 5 a 7 por ciento por parte del sector público en 2006. Si bien es cierto que la baja tasa de inversión es un problema que el país arrastra desde hace décadas, bajo tales circunstancias será difícil sostener la tasa de crecimiento. Por lo tanto, el gobierno está adoptando medidas para incentivar la inversión, entre las que figura una mayor participación del sector público. Esto permite prever para el 2007 un aumento de 68 por ciento en términos nominales del gasto público en capital.
En cuanto al sector externo, el buen desempeño se mantiene, registra superávit en la cuenta corriente y se espera una balanza positiva mayor que la de 2006. En tal contexto, a finales de 2007 se estima que las reservas internacionales superarán los 5 mil millones de dólares, suma que representa unos 18 meses de importaciones.
En 2008, la recuperación de la actividad agrícola, las nuevas inversiones en el sector de los hidrocarburos y el incremento de la producción en los proyectos mineros serán los principales motores de crecimiento. La Cepal estima una tasa de crecimiento de 4 por ciento para 2008.
Aun así, los desestabilizadores no quitan el dedo del renglón.
Las rebanadas del pastel
Y si de oligarquías se trata, allí están los apasionados cuan gritones “defensores de la libertad de expresión” cerrando micrófonos a las voces críticas que por “incompatibilidad editorial” les alteran la fábrica de sueños (Azcárraga dixit) y su turbia relación con el inquilino de Los Pinos (cuñados incómodos incluidos). Un solidario abrazo para la Aristegui.
Ecuador prepara demanda en La Haya por fumigaciones de Colombia
Cultivos dañados, ciudadanos enfermos, contaminación de agua, suelo y aire, son algunas de las consecuencias de las aspersiones aéreas que Ecuador ha observado en su frontera con Colombia.Colombia suspendió las aspersiones en febrero pasado presionada por los reclamos de Ecuador, que prepara la demanda ante La Haya en busca de compensaciones por los daños que ha causado el químico glifosato, utilizado en las fumigaciones sobre su territorio.
Ecuador aguarda el momento oportuno para demandar a Colombia ante el el Tribunal de Justicia de la Corte de La Haya por los daños que ha sufrido frente a las fumigaciones aéreas contra cultivos ilícitos en la frontera, suspendidas este año por presión de Quito, dijo este viernes la canciller ecuatoriana, María Isabel Salvador.
"Se está preparando la demanda (ante la Haya) y esperamos en pocos meses poder ya presentar(la) de manera definitiva", explicó María Isabel Salvador, en una entrevista televisiva.
Además dijo que sobre las fumigaciones "Ecuador tiene que ser suficientemente sólido para defender una posición de derecho, esto no quiere decir que estemos sacrificando la relación con Colombia, que es un país hermano" con el que "tradicionalmente hemos tenido excelentes relaciones".
Sin embargo agregó que "tampoco podemos sacrificar o dejar de lado la posición que Ecuador defiende en relación al tema fronterizo, el de las aspersiones es muy grave". "El caso de las fumigaciones fue detenido, pero hemos tenido una serie de eventos de incidentes en la frontera", señaló Salvador.
Insistió también en que "Ecuador no puede quedarse callado ante esa situación. Hemos hecho los reclamos en reiteradas ocasiones a Colombia y no hemos tenido respuestas".
"Ecuador por ser un país soberano tiene que defender su derecho y en ese sentido es que vamos a actuar", dijo Salvador. Sin embargo expresó que "la relación con Colombia es una relación que tiene que ser manejada con mucha delicadeza".
Cultivos dañados y población afectada
Cultivos dañados, ciudadanos enfermos, extinción de especies, contaminación de agua, suelo y aire, son algunas de las consecuencias de las aspersiones aéreas que Ecuador ha observado en su frontera con Colombia.
Estudios de la Comisión Científica ecuatoriana establecieron que el paquete herbicida utilizado en las aspersiones aéreas para la eliminación de cultivos ilícitos, no solo contiene glifosato sino otros restos microbiológicos.
Elementos que, según Arturo Campaña, miembro de la Comisión Científica ecuatoriana, conforman el escenario apropiado de lo que sería una guerra química.
"Durante las aplicaciones del Plan Colombia, la embajada americana llegó alguna vez a hablar de la importancia que tendría utilizar hongos patógenos para dañar a las plantas, de ahí la sospecha nuestra de que a lo mejor no solamente ha actuado el glifosato con el cosmoflux" estima Campaña.
Los estudios genéticos realizados en la población expuesta al paquete herbicida evidencian daños a nivel cromosómico. Pero quizá el quebranto más notorio en la salud de los individuos, es el mental.
Según lo reporta Adolfo Maldonado, de Acción Ecológica, "los niños pierden las ganas de transmitir siquiera lo que están oyendo, pierden las ganas de oír más testimonios de lo que ocurre, en la frontera hay una situación de terror que viene del lado de Colombia en donde las masacres se han convertido en una cotidianidad dentro de ese sector fronterizo".
Mientras tanto el Gobierno de Colombia insiste en que las fumigaciones realizadas son inofensivas, invisibilizando las quejas de los afectados de uno y otro lado de la frontera.
Colombia suspendió las aspersiones en febrero pasado presionada por los reclamos de Ecuador, que prepara la demanda ante La Haya en busca de compensaciones por los daños que ha causado el químico glifosato, utilizado en las fumigaciones sobre su territorio.
sb-Afp-Ansa-Ts/SB
Construirán en Uruguay nueva planta de celulosa
La planta de ENCE se construirá pese al rechazo generado en Argentina por la instalación de la pastera Botnia (Foto:Efe archivo) TeleSUR _ 04/01/08 - 20:31 CCS enviar imprimir
La construcción de la planta, perteneciente a la empresa española ENCE, iniciará el próximo 14 de enero. La pastera estará ubicada en el departamento uruguayo de Colonia, en la ribera del río de la Plata, en medio del conflicto que actualmente mantienen los gobiernos de Uruguay y Argentina por la construción de Botnia, otra empresa papelera que inició sus operaciones en noviembre.
La empresa española ENCE informó este viernes que el próximo 14 de enero iniciará la construcción de una planta de celulosa en el suroeste uruguayo, en medio de la polémica por la instalación de otra empresa papelera, la finlandesa Botnia, que mantiene en conflicto a los gobiernos de Montevideo y Buenos Aires, uqe actualmente dirimen el tema en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
ENCE, quien en medio del conflicto generado por la construcción de Botnia suspendió la construcción de su planta en la localidad uruguaya de Fray Bentos, fronteriza con Argentina, ahora instalará su celulosa en la localidad de Punta Pereira, departamento de Colonia, 220 kilómetros al oeste de Montevideo, más al sur de Botnia.
Hasta este viernes el Ministerio de Medio Ambiente uruguayo recibió los comentarios y sugerencias relacionados con la construcción de la planta ENCE.
A plena capacidad, la papelera, que requerirá una inversión total de mil 250 millones de dólares y estará operativa hacia mediados del 2010, será capaz de producir un millón de toneladas de pulpa de papel por año, tanto como la que produce Botnia.
Directivos de ENCE alegan que la planta funcionará mediante programas basados en la sostenibilidad, mientras ambientalistas locales critican al gobierno haber autorizado otra industria posible contaminante.
La decisión de la pastera española de ubicarse más al sur de Botnia, busca resguardar a la planta de las protestas de ambientalistas argentinos, pero desde que era un proyecto en Uruguay se alzaron voces en su contra.
Organizaciones de la izquierda uruguaya, además denuncian que la autorización para la construcción de esta segunda planta papelera representa un nuevo paso en la entrega de los recursos naturales del país y otro mal negocio en que la contraparte extranjera se lleva la mejor parte.
El pasado mes de noviembre, la planta de Botnia inició sus operaciones en medio del rechazo de grupos ambientalistas argentinos, que realizan desde hace más de un año cortes en los pasos fronterizos en protesta por la edificación de la celulosa, que aseguran es un agente contaminante.
El conflicto data de hace unos cuatro años y se dirime en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Entre tanto, nuevos cierres de carreteras y puentes se esperan para los próximos 15 y 31 de enero por parte de ambientalistas argentinos de las localidades de Colón y Concordia, con lo que no quedará ningún paso habilitado desde y hacia Uruguay por tierra, ya que los habitantes de Gualeguaychú continúan con los bloqueos desde hace más de un año.
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Gobierno colombiano: Compete a familia de Emmanuel aprobar envío de pruebas de ADN a Venezuela
El canciller de Colombia, Fernando Araújo, afirmó que no es potestad de Bogotá enviar las pruebas de ADN a Venezuela. Tras conocerse el comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), publicado la noche del viernes, en el que el grupo guerrillero expresa que el presidente Álvaro Uribe secuestró a Emmanuel, el canciller de Colombia, Fernando Araújo, aseguró que corresponde a la familia del menor, tras el trámite de su adopción, aprobar el envío a Venezuela de las muestras de ADN del niño para verificar su identidad.
"No es potestativo del Gobierno Nacional enviar esas pruebas, porque el caso lo ha venido manejando la Fiscalía general de la nación, que es un ente autónomo, que merece todo el respeto y la mayor credibilidad", explicó Araújo a una emisora radial colombiana.
Antes de conocerse la misiva de las FARC, el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, había señalado la negativa del Gobierno de Colombia a que expertos genetistas venezolanos tomaran una muestra de ADN al niño Juan David Gómez Tapiero, a quien el presidente Álvaro Uribe identificó como el posible Emmanuel, el hijo de Clara Rojas, retenida desde 2002 por el grupo insurgente.
Por su parte, el comisionado para la paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, reiteró la disposición que tiene el Gobierno de Uribe para facilitar el canje humanitario.
Sin embargo, el comisionado ratificó la negativa de Bogotá al despeje de los municipios de Pradera y Florida, ambos al suroeste colombiano, para negociar un canje de rehenes por rebeldes presos porque para el gobierno el tema está "clausurado". "Frente a un grupo tan mentiroso cómo les vamos a creer que cuando retiremos la fuerza pública de Pradera y Florida ellos van a tener buen comportamiento una vez tomen el control de estos municipios", expresó.
Restrepo dijo que confía en que la organización guerrillera cumpla con la promesa que hizo de liberar a Clara Rojas y a Consuelo González, como un acto de desagravio al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien el año anterior trabajó en la búsqueda de un canje humanitario.
"No vale la pena centrarse en analizar los despropósitos de las Farc, solamente se puede recuperar del comunicado el hecho de que reiteran que van a liberar a Clara y a Consuelo", indicó el comisionado.
Sostuvo que el presidente Álvaro Uribe le dio la orden para que brinde las garantías para que las FARC entreguen a las dos mujeres, con el respaldo de la Cruz Roja Internacional.
Las FARC anunciaron el 18 de diciembre que liberarían a Clara Rojas, su hijo Emmanuel, y a la excongresista colombiana, Consuelo González, como desagravio al presidente Chávez, y a la senadora colombiana Piedad Córdoba, cuyas gestiones por el canje humanitario fueron canceladas abruptamente por Uribe.
Sin embargo, el 31 de diciembre el grupo armado informó, mediante un comunicado enviado a Chávez, su imposibilidad de liberar a las damas y el niño debido al incremento de las actividades militares en la zona que podrían poner en riesgo la vida de los rehenes.
En respuesta, Uribe dijo que la demora en la entrega de Rojas, González y Emmanuel se debía a que las FARC no tenían en su poder al menor, tras lo cual reveló la existencia de un niño, que podía ser Emmanuel, en una casa gubernamental de cuidados en Bogotá, por lo que anunció pruebas de ADN para comprobar su identidad.
El viernes la Fiscalía de Colombia dio a conocer el resultado de las pruebas y señaló que había una "alta probabilidad" de que el menor fuera el de Clara Rojas, asimismo, pidió esperar exámenes genéticos más profundos que se harán en España.
El mandatario venezolano afirmó recientemente que si se comprobaba que los rebeldes no tenían a Emmanuel "quedarían muy mal las Farc ante el mundo, porque sería una contundente evidencia de una mentira, de una manipulación".
WRadio-RadioCaracol-Dpa/ AV
Denuncian abusos en EE.UU contra indocumentados mexicanos
Un abogado defensor de emigrantes mexicanos en el estado de California denunció este sábado la violación de los derechos humanos y constitucionales cometidos contra ellos por las autoridades migratorias de Estados Unidos.
En declaraciones divulgadas en México, Jan Joseph Béjar advirtió que están obligando a los mexicanos a firmar su salida "voluntaria" del país vecino bajo amenazas como la de perder a sus hijos o ser golpeados.
El tono de su denuncia es tan grave que aconsejo a los emigrantes estar preparados hasta para su funeral y tener listos siempre sus documentos y asesoría legal.
Béjar es de origen mexicano y atiende hasta 500 casos cada año. Es profesor de derecho en la Universidad de San Diego y señaló que para evitar demoras no llevan a los indocumentados ante un juez y los presionan mediante la violencia para deportarlos rápidamente.
Por otra parte, la senadora del gubernamental Partido Acción Nacional, Adriana González, censuró las prácticas xenófobas contra niños mexicanos asistentes a escuelas públicas fronterizas en el propio estado norteamericano de California.
Pl/ AV
Los migrantes mexicanos que trabajan en EU, los peor pagados: CPS
MEXICO, D.F., 4 de enero (apro).- Los inmigrantes mexicanos que trabajan en Estados Unidos perciben los ingresos más bajos, debido a su inserción en las ocupaciones menos valoradas de la escala ocupacional, afirmó la empresa Current Population Survey (CPS).Señaló que los migrantes mexicanos ganan 23 mil dólares al año, suma inferior a las percibidas por el grupo de centroamericanos y dominicanos y la población local: 25 mil y 38 mil dólares promedio al año, respectivamente.Añadió que, por esa razón, los inmigrantes mexicanos ostentan los mayores índices de pobreza en ese país. Según la CPS, mientras que casi una cuarta parte de los inmigrantes mexicanos en edad laboral se encuentra dentro de la categoría de “pobre” (24%), esa proporción se reduce a 17.5 por ciento en el grupo de centroamericanos y dominicanos, lo que muestra claramente la condición de mayor vulnerabilidad y exclusión de la población mexicana respecto de otras poblaciones.Indicó que, a diferencia de otros grupos de inmigrantes que tienen un trabajo más favorable, los mexicanos se caracterizan por su concentración en la base de la pirámide ocupacional. Factores como el elevado número de mexicanos sin documentos, el bajo nivel de ciudadanía y la menor disponibilidad de capital humano, determinan en buena medida la elevada presencia de la fuerza de trabajo mexicana en los empleos menos productivos y de menor remuneración. Añadió que los trabajadores mexicanos se desempeñan principalmente como obreros y trabajadores de servicios semicalificados (41 y 29%, respectivamente), y sólo una bajísima proporción labora en ocupaciones ejecutivas, profesionales y técnicas (7.5%). En cambio, casi una cuarta parte de los trabajadores inmigrantes de otros países se inserta en las actividades más calificadas y de mayor remuneración.De acuerdo con datos de la CPS, los inmigrantes ocupados en Estados Unidos en 2006 sumaban más de 22 millones, lo que representa 16 por ciento del total de la población trabajadora en el país. Por su parte, los 6.8 millones de inmigrantes mexicanos ocupados aportan, por sí solos, cinco por ciento de la fuerza de trabajo total del país y 31 por ciento de la inmigrante.Al afirmar que la población inmigrante juega un papel fundamental en la economía de Estados Unidos, la CPS señaló que es necesario destacar la importancia relativa de los trabajadores mexicanos en el agro estadunidense. Señaló que, no obstante que la agricultura emplea a una reducida proporción de trabajadores, los mexicanos representan a 32 por ciento del total de trabajadores en el campo.Dijo que, entre los hombres y mujeres mexicanos existen diferencias significativas en la inserción por sector de actividad económica. Los hombres registran una elevada participación en el sector de transformación (48%) y en el sector de los servicios (46.5%), mientras que las mujeres se ocupan mayoritariamente en el sector de servicios (78.5%).
Periodismo Herido
" La salida de la periodista CarmenAristegui de W Radio se trata de un eufemismo que oculta el ánimo censor no sólo de Televisa y Prisa, sino de la presidencia de la República y de grupos de poder, en especial la Iglesia católica "
MEXICO, D.F., 4 de enero (apro).- Cuando los periodistas se convierten en noticia, las más de las veces es síntoma de lo mal en que se encuentra la libertad de expresión.Los asesinatos, secuestros o amenazas de periodistas son los extremos de un mal que también se expresa en la censura abierta –mediante la prohibición expresa y forzada de ventilar algo– o sutil, cuando se presiona a través de la publicidad oficial.Pero hay también otras heridas al periodismo, como la censura que disfraza la comunión de los intereses económicos y políticos. Eso fue lo que ocurrió con la salida de la periodista CarmenAristegui de W Radio, estación cuya propiedad comparten Televisa y el consorcio mediático español Prisa.A pesar de tener los niveles más altos de audiencia en la edición matutina del noticiario Hoy por Hoy, la periodista debió salir de la estación por “incompatibilidad editorial” entre ella y los dueños de la estación.En realidad, se trata de un eufemismo que oculta el ánimo censor no sólo de Televisa y Prisa, sino de la presidencia de la República y de grupos de poder, en especial la Iglesia católica.Nada nuevo en el caso de Televisa. En el de Felipe Calderón, Aristegui no perdió oportunidad para recordar la manera en que llegó el actual ocupante de Los Pinos, ni dejó de abrirle el espacio a Andrés Manuel López Obrador. No era nada gratificante para Calderón que, en un medio de tanta penetración como la radio, se recordara en forma reiterada la manera en que llegó a Los Pinos, con los abusos del anterior presidente y la prepotencia del Consejo Coordinador Empresarial, al margen, desde luego, de los propios errores y soberbia de López Obrador.El “desencuentro periodístico” de Aristegui con W Radio significa que ni a Televisa ni a la Presidencia le gustaba la cobertura y política editorial que estaban a cargo de la periodista.Es, en realidad, una muestra más de la intolerancia de la Presidencia hacia la crítica. Apenas Calderón ocupó la presidencia de la República, salió del aire el noticiario Monitor del periodista José Gutiérrez Vivó, a quien el equipo de comunicación presidencial le pidió que “se portara bien” para recibir publicidad oficial y mantenerse así en el aire.El noticiario se encontraba en penuria económica debido al pleito legal con el Grupo Radio Centro, al que el gobierno de Vicente Fox defendió por considerar que Gutiérrez Vivó “era perredista”. Después de tres meses, Monitor regresó al aire, pero confinado a una modesta estación de AM.Ahora, la salida de Aristegui –intempestiva, pero esperada– se explica por la convergencia del poder político y el económico. También, por lo insostenible que era para Prisa mantener una línea editorial crítica hacia un gobierno que, como el de Fox, le ha facilitado –como a otras empresas españolas– millonarios negocios en México, varios de ellos incluso por encima de la ley.Ha sido con los gobiernos del PAN con los que Prisa pudo por fin tener presencia en México, luego de dos fallidos intentos durante los años noventa, cuando primero compró el diario La Prensa, del DF, y luego instaló una oficina para publicar El País México.El de Prisa es un caso que ya en España había dado muestras de la incompatibilidad entre los contenidos editoriales y los interese económicos de las empresas, entre ellas el diario El País; la cadena de radio SER –asociada con Televisa–; la editorial Alfaguara; el Canal Plus, así como de los derechos de transmisión de fútbol en España.Para el caso de México, El País, Alfaguara y la cadena SER han demostrado con creces su entendimiento con el actual poder político en México.Durante la contienda poselectoral presidencial de 2006, El País apostó por Calderón y no dudó en criticar en su editorial institucional la estrategia de protesta de López Obrador. Luego, ya instalado Calderón, le dedicó su editorial con el título “Calderón, en serio”.Más todavía, hace un año, Alfaguara designó al cuñado de Calderón, Juan Ignacio Zavala, como número dos de Prisa en México.La permanencia de Aristegui era una esquizofrenia o, por lo menos, una contradicción que Prisa no podía sostener. Pero es también una muestra más del periodismo herido, como el periodista y profesor español José Manuel de Pablos Coello tituló un libro publicado en 2001, en el que relata cómo El País se convirtió de defensor de la democracia a promotor no sólo de la monarquía juancarlista, sino de los intereses económicos de España en el exterior.
jcarrasco@proceso.com.mx
Se despide Aristegui de la W Radio
Rayuela
Ahora ya entendimos que en eso de la libertad de expresión la pluralidad quiere decir muchas voces, pero todas del mismo lado.
La periodista Carmen Aristegui al salir ayer de W Radio. Confirmó que por incompatibilidad de criterios editoriales no se le renovó el contrato en la emisora Foto Yazmín Ortega Cortés
MÉXICO, D.F., 4 de enero (apro).- La periodista Carmen Aristegui se despidió este viernes del noticiero radiofónico Hoy por Hoy, que durante cinco años condujo en la estación W Radio de las 6:00 a las 10:00 de la mañana, y confirmó que su salida se produjo por “incompatibilidad editorial” con la empresa Televisa.Durante su despedida, Aristegui resaltó que el modelo editorial que ella y su equipo de trabajo impusieron en la emisión matutina del noticiero Hoy por Hoy, “es incompatible” con el que pretende el Televisa, como lo adelantó a la agencia Apro."El modelo editorial que hemos practicado en W Radio es incompatible en todo caso con el modelo del noticiero, el modelo de dirección editorial que la propia empresa ha determinado", comentó. Aunque durante su despedida Aristegui nunca mencionó que su salida del programa obedeciera a censura, la dirección de Televisa Radio inmediatamente emitió un comunicado de prensa en el que subrayó que el trabajo de la periodista se realizó “con total libertad” hasta el último día de su compromiso laboral.Aristegui explicó que Televisa le comunicó su intención de no renovar el contrato laboral, el cual vence el próximo 6 de enero, por lo que se abrió un espacio de discusión sobre la posibilidad de continuar, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo y este viernes tuvo que despedirse.Dio a conocer que su contrato con Televisa contenía cláusulas específicas, como un espacio para la ética profesional, un código de ética, el cual se estableció como “un punto básico de relación entre una empresa y un comunicador”.En tanto, la dirección de Televisa Radio confirmó que tras un año de “conversaciones” entre la empresa y Aristegui no hubo posibilidad de lograr un acuerdo para que la periodista se “incorporara” al modelo de trabajo “basado en el derecho a la información plural”."Hoy viernes hizo su última transmisión desde nuestros micrófonos, completando su presencia en la antena con total libertad hasta el último día de su compromiso con esta emisora", subrayó la empresa.Televisa Radio explicó que el “nuevo modelo de organización y trabajo” que implementa en W Radio es el mismo que funciona en 10 países de habla hispana, donde profesionales de la información “trabajan con absoluta libertad”.La firma reconoció la dedicación y profesionalismo demostrado por Carmen durante los cuatro años que colaboró con la empresa.Durante los cinco años que Carmen Aristegui encabezó el noticiero Hoy por Hoy, se realizó una cobertura crítica a la llamada Ley Televisa; se abrieron espacios para legisladores, políticos y analistas “incómodos” para los intereses del consorcio televisivo; se le dio seguimiento puntual a escándalos como el de la empresa Hildebrando, propiedad del cuñado del presidente Felipe Calderón; se ventilaron los polémicos audios entre Mario Marín y Kamel Nacif en contra de la periodista Lydia Cacho; se dio seguimiento puntual al caso del sacerdote Nicolás Aguilar, acusado de pederasta y protegido supuestamente por el cardenal Norberto Rivera; entrevistó a los tres coordinadores parlamentarios del Senado, en plena polémica de Televisa en contra de la reforma constitucional en materia electoral, entre otros temas.Repudio del PRDPor su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se solidarizó con Carmen Aristegui, y consideró “muy grave” que uno de los “pocos espacios radiofónicos que mantenían una postura de apertura, sea cancelado justo por esta razón”.A través de un comunicado, el PRD lamentó que por el desempeño profesional, de apertura y pluralidad, demostrado por Aristegui, se pierda un espacio valioso en la radio mexicana.“Les enviamos desde aquí a Carmen y su equipo de colaboradores un abrazo solidario y esperamos que pronto pueda tener un nuevo espacio para continuar con su brillante labor periodística”, concluyó.
sondeo
La salida de Carmen Aristegui de W Radio se debe a:
a) un cambio editorial de la estación.
4.06 % 26 votos
b) Una venganza política.
43.44 % 278 votos
c) Intolerancia periodística.
52.5 % 336 votos
Para participar en el sondeo AQUI.
¿Sería un IFE del PAN?
Las hordas del PAN
Logotipo del PANazismo
MEXICO, D.F., 4 de enero (apro).- Convertido en el partido más conflictivo de México, cuyos pleitos internos en la lucha por el poder saturan el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y cuyas prácticas se parecen a las “mañas priistas”, el PAN se propuso ser más civilizado con una pretendida reforma a sus estatutos, pero la llegada de Germán Martínez a la presidencia canceló, por segunda ocasión, esa posibilidad.Una de las primeras decisiones de Martínez al ser formalizado como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, fue suspender la Asamblea Nacional convocada para los días 26 y 27 próximos, cuyo propósito era la reforma a los estatutos promovida por Manuel Espino y cuyos trabajos, que comenzaron desde agosto pasado, estuvieron a cargo de Carlos Abascal.Meses antes también había sido abortada la reforma: el 19 de mayo de 2007, un día antes de las elecciones de Yucatán, los consejeros allegados a Felipe Calderón reventaron la sesión del Consejo Nacional, mediante la ruptura del quórum, para evitar discutir el tema de los estatutos y agendarla en la Asamblea Nacional del 2 de junio, lo que lograron.Aun así, y después de haber sido repudiado en esa Asamblea Nacional por la facción de Calderón, logró conformar un grupo de panistas encabezado por Abascal, para elaborar propuestas de reforma a los estatutos, cuyo propósito es evitar las cruentas disputas por candidaturas a puestos de elección popular y cargos directivos en el PAN.Espino reconoció que, en la lucha por el poder entre panistas, se observan cada vez más prácticas que solían ser sólo patrimonio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), “prácticas mañosas que siempre rechazamos, (que) hoy han tenido lugar en procesos internos del partido al momento de elegir a algunos candidatos.“Y si eso no lo paramos y no lo corregimos, corremos el riesgo, hacia delante, de que ocurran resultados como los que han ocurrido recientemente en algunos municipios, donde hemos tenido algunos candidatos que han sido más producto del capricho de quienes tienen el control de los padrones internos que de un proceso democrático con sentido de gobierno, con responsabilidad democrática.“Casos hay muchos, pero no los voy a mencionar, por supuesto, pero lo importante es que reconozcamos que se han dado y que corrijamos. Yo espero que este proceso será respaldado por el panismo nacional, que reivindique de esta forma la convicción democrática de casi 70 años de nuestro partido.”La Comisión de Reforma de Estatutos está integrada por personajes identificados con Calderón, como Alejandra Sota, publicista de la Presidencia de la República; la diputada federal María Elena Alvarez Bernal; Ana Teresa Aranda, exsecretaria de Desarrollo Social, y el también legislador federal Rogelio Carvajal.Además, participan en la comisión Rosario Castro Lozano, exalcaldesa de Lerdo, Durango; Esther Quintana Salinas, presidenta del PAN en Coahuila; Juan Carlos del Río, excandidato al gobierno de Campeche, y José Luis Coindreau, exsecretario de Gobierno de Nuevo León y expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), organismo del que proceden también Carlos Amaya Rivera y Abascal.Ernesto Ruffo, uno de los integrantes de la comisión, reconoció que la cada vez más cruenta lucha por el poder en el PAN, que ha generado conflictos en todos los estados del país, ha sido impuesta por la “onda grupera”: La facción hegemónica que controla la nómina gubernamental y el padrón interno somete a la militancia y manipula en su beneficio los procesos se selección de candidatos y dirigentes.Ruffo Appel adelantó, en entrevista con Apro, que se busca neutralizar esta dinámica creando un organismo semejante al Instituto Federal Electoral (IFE), incluido el control centralizado del padrón de militantes, para garantizar la equidad en las elecciones internas.“Se está pensando, en forma general, que tiene que haber una especie de instituto electoral panista, por encima del control de los comités municipales y estatales. Sería, posiblemente, un organismo nacional del PAN.”
--¿Sería un IFE del PAN?
--Sí, exactamente.Ruffo advirtió que las confrontaciones por el poder en el PAN ya no son asunto de un solo estado o de algunos municipios. “Es algo que, hablando como médicos, obedece a una sintomatología en la institución a nivel nacional. Eso es muy claro.”Exalcalde de Ensenada, Baja California, y luego el primer gobernador que rompió el monopolio priista, en 1989, Ruffo afirmó que, conforme a los avances de la Comisión de Reforma de Estatutos, el principal problema del PAN es que se ha impuesto la lógica de facción, la que denomina “onda grupera”, una expresión usada a menudo también por Calderón: “La onda grupera está consustancialmente unida al control de la militancia. Los de la onda grupera, que son principalmente los que la nómina y los que crean un pacto en el gobierno, procuran que los padrones panistas se encuentren limitados, no dejan entrar a gente nueva y entonces dominan las convenciones. Y la otra es la nómina: los que están en el gobierno quieren imponer al sucesor, porque quieren continuar con el hueso.”Se trata, expuso, de un fenómeno que comenzó a gestarse cuando el PAN conquistó parcelas de poder, primero municipales, luego estatales y, desde 2000, la Presidencia de la República. “Es la famosa lucha por el poder y afecta la visión sustantiva, fundada en los principios y los propósitos son a corto plazo, que a veces son las mismas elecciones. Mucha gente que está contigo lo único que quiere es ganar y no le importa el fondo, sino tener el poder.”El PAN, reconoció, tiene hordas en su interior: “Yo soy de los que hace tiempo vengo diciendo que tenemos que encauzar la onda grupera, como le llamamos a los que se nos hacen bolas adentro del partido, en grupos bien definidos, que al rato empiezan a afectar las convenciones y los propios lineamientos de largo plazo del partido. Las tribus, le llaman los perredistas.”Pero con el triunfo de una de las hordas, la que encabeza Calderón, la pretendida reforma de estatutos que se tenía previsto realizar en la Asamblea Nacional de este mes, fue suspendida por decisión del sucesor de Espino.Sin embargo, el propio Martínez reconoció que el PAN es el partido más rijoso de México y hasta dio cifras: En 11 meses, de septiembre de 2006 a septiembre de 2007, militantes panistas promovieron 884 juicios de protección de derechos políticos ante el TEPJF.Este número contrasta con los juicios promovidos por militantes del PRD, considerado por los panistas como el más belicoso, que fueron sólo 2006, y los priistas, que promovieron únicamente 96.
La permanente llama a Calderón a convocar a una mesa de diálogo con organizaciones campesinas
Instalación de la Permanente en el Palacio Legislativo de San Lázaro Foto: Francisco Olvera
MEXICO, D.F., 4 de enero (apro).- Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para exhortar al presidente Felipe Calderón a convocar a una nueva mesa de negociación con organizaciones campesinas, con el fin de analizar la posibilidad de revisar el capítulo agropecuario del TLCAN, que elimina los aranceles en la importación de maíz, frijol, azúcar y leche en polvo."La Comisión Permanente muestra su preocupación ante la apertura total del capítulo agropecuario del TLCAN”, dijo. "Resuelve exhortar al Ejecutivo federal a establecer a la brevedad una mesa de diálogo y negociación con las organizaciones campesinas en el marco de Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, para el propósito de analizar la conveniencia de revisar el capítulo agropecuario del TLCAN y establecer las medidas que permitan resolver la situación del sector agropecuario", señala el acuerdo aprobado, a pesar de las reticencias del PAN.Y es que los panistas condicionaron su apoyo a que priistas y perredistas dejaran de exigir al gobierno federal la renegociación del capítulo agropecuario.En respuesta, diputados y senadores del PRI aceptaron modificar su propuesta de punto de acuerdo para pedir de manera urgente a Canadá y Estados Unidos la revisión del capítulo agropecuario del tratado. Por su parte, los perredistas consiguieron que se incorporara a las organizaciones campesinas en una mesa de diálogo con las autoridades federales para buscar solución a los problemas del sector agropecuario.A pesar del acuerdo, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, dijo que hace falta algo más para atender la emergencia por la desgravación del maíz, frijol, azúcar y leche en polvo. "Por supuesto que esto no es suficiente. Falta una mayor participación del pleno de los diputados y senadores. Creemos que se puede instalar una mesa conjunta entre legisladores y el Ejecutivo para ver qué podemos hacer", mencionó.
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