domingo, marzo 02, 2008
Aguas profundas, ¿para cuándo?
Para evaluar en todo su alcance el absurdo del discurso oficial en el sentido de que “no nos queda de otra” que ir a perforar a las aguas profundas en busca de petróleo, y con compañías extranjeras, vamos a empezar por el ciclo de vida de los campos petroleros.
Primera etapa, evaluación del potencial. Durante la misma, se llevan a cabo estudios del terreno, sin perforar todavía, sino con la intención de identificar zonas en las cuales perforar. Uno de los estudios más empleados es el que se basa en sismografía, provocando vibraciones que a su vez se reflejan en las diferentes capas del subsuelo, con una especie de radiografía de lo que hay ahí abajo. Los resultados directos de la sismografía deben ser procesados, lo cual toma su tiempo. Esta etapa ha sido alcanzada en todas las zonas ya delimitadas: Norte, Sur, Zona Marina Noreste y Zona Marina Suroeste. Es la única etapa que se ha iniciado en una parte de las aguas profundas.
Segunda etapa, inicio de la incorporación de reservas. Esta incorporación está en marcha en las cuatro zonas mencionadas. Todas las reservas probadas, probables y posibles están en estas zonas. Esto se puede comprobar, pues la suma de las reservas de las cuatro zonas es igual a las reservas totales, en cada una de sus categorías. En esta etapa, la perforación es indispensable.
Tercera etapa, caracterización inicial y delimitación. La delimitación incluye la perforación de pozos en el contorno de los ya perforados, para ver hasta dónde llega el petróleo, en lo horizontal y también en la profundidad. Este proceso conduce a la comprobación de reservas.
Cuarta etapa, desarrollo. En este periodo, ya hay producción, creciente, sin embargo todavía en montos inferiores a los esperados. Pueden pasar años hasta que se llegue a la siguiente etapa.
Quinta etapa, producción. Ya hay un nivel relativamente estable en la producción petrolera, aunque pueda tener fluctuaciones.
Sexta etapa, declinación. En ella, hay una declinación sostenida, que culmina con el abandono por incosteabilidad económica.
Si se decide emprender a fondo el desarrollo de áreas de aguas profundas (que todavía no existen, no hay regiones como las que conocemos en aguas a menores profundidades), habría que recorrer casi toda la primera etapa y la totalidad de las siguientes. Pueden, fácilmente, pasar más de 10 años antes de que se tenga una producción digna de ser tomada en cuenta. Sobre todo, si consideramos que en aguas profundas es común que un equipo de perforación no nos permita tener más de una horadación al año. Además, el costo y el tiempo son mayores para instalar infraestructura, por la mayor distancia a la tierra firme.
Si esas inversiones se orientan a zonas menos profundas, de las que hemos hablado en artículos anteriores, los resultados serán mucho más cercanos en el tiempo. Incluso si se perfora en la franja que va de 200 a 500 metros de profundidad, en la que se puede perforar con plataformas semisumergibles, que Pemex ya ha usado con otros propósitos y podría hacerlo para perforar, nos tardaríamos menos en llegar a una escala de producción, porque las perforaciones no requieren tanto tiempo como en las aguas profundas, y porque están más cerca de las costas y por lo tanto requieren menos tiempo y trabajo para infraestructura.
Hay que señalar que ahora no hay soluciones inmediatas. La negligencia de los tecnócratas ha evitado que se regrese a zonas que se abandonaron para llevarse los equipos a la Sonda de Campeche, o por otras razones. La producción nacional de crudo empezó a declinar desde 2005; 2004 fue el año de mayor producción. La declinación ha sido cada vez mayor. Pero prefirieron, primero, ocultar el problema, y luego proponer salidas falsas. Desde entonces se debió iniciar el trabajo en gran escala en zonas de profundidad intermedia, y en zonas que por diversas razones se dejaron de lado.
Lo más notorio ha sido la declinación del yacimiento Cantarell, el mayor del país, en la región marina Noreste (RMNE). Pero en las otras regiones también declinaba la producción, no había compensación ni siquiera parcial. La producción del cacareado Chicontepec no ha alcanzado ni siquiera para que suba la de la región Norte, en la que está; el promedio de 87 mil barriles diarios de crudo en 2007, a principios de 2008 sigue igual. Y esta producción es 3 por ciento de la de todo el país.
Dentro de la RMNE, todo se apostó al yacimiento Ku-Maloob-Zaap (KMZ). En este campo el crudo es todavía más pesado que en Cantarell. Y es una solución parcial y de corto plazo. En 2007, compensó sólo un tercio de la declinación de Cantarell. Se calcula por funcionarios que el KMZ llegará a su máxima producción, que según ellos sería de 800 mil barriles diarios, en 2010, y entonces iniciaría su declinación, que se sumaría desde 2011 a la de Cantarell. Las mismas fuentes estiman el ritmo de declinación promedio de Cantarell en la próxima década en 14 por ciento anual.
¡Y a esa situación crítica, que no tiene salida real en el corto plazo, se pretende responder entregando el petróleo a empresas extranjeras, y gastando un dineral en desarrollar futuras explotaciones en aguas profundas, con resultados muy dudosos para dentro de más de 10 años!
El Despertar
Los resultados netos de la concentración del 24 de febrero pueden ser ocultados durante un rato, pero terminan por imponerse: más de 30 mil personas. Un sólido plan de resistencia civil extrema. Un discurso sólido de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), intervenciones de los partidos y del comité de resistencia que expresan unidad. La revelación del tráfico de influencias de Juan Camilo (alias el Iván) Mouriño. La orquesta de los medios ha montado mucho ruido, pero ellos saben y nosotros también que este primer round ha sido para AMLO. Y ellos saben que nosotros sabemos.
AMLO convoca a un sentimiento que parecía perderse: al patriotismo, entendido como amor, lealtad, anhelo del bien de la patria. La clase dirigente y sus estupendos corifeos piensan que se trata de algo arcaico y cursi. El pueblo no. Más de 70 por ciento no está de acuerdo con los tecnócratas, con los reaccionarios que quieren vender Petróleos Mexicanos para asegurarse del patronazgo de las trasnacionales y del gobierno conservador de Estados Unidos. Esto es una traición y así lo vive la gente. El petróleo es algo mucho más concreto y su defensa más arraigada en la conciencia popular que la democracia.
Nuestro nacionalismo formó el clima necesario para la independencia. Dio el triunfo a la reforma y acabó con la intervención francesa. Fue una bandera de la revolución. Reprobamos la pompa europeizante del porfiriato tan parecida a la norteamericanización de una buena parte de la criollada actual. Nunca hemos sido xenófobos. Nuestro nacionalismo se concentra en una virtud práctica: ser lo que somos, asumir nuestra formidable originalidad. Y esto nos lleva a defender los intereses y los bienes de la nación.
La crisis de principio de los ochenta provocó entre otros terribles efectos una gran depresión y una profunda desconfianza en nosotros mismos. Desde entonces, los conservadores no cesan de buscar la inspiración, la imitación y aun la sumisión a Estados Unidos. Así lo previó Daniel Cosío Villegas hace 60 años. Y también advirtió que “esto nos llevaría a vagar sin rumbo, a la deriva, dejar de aspirar a la seguridad, al dominio, a la dicha que consigue quien ha labrado su propio destino”.
El patriotismo mexicano es como Moby Dick, la inmensa ballena blanca que ha ido a las profundidades, pero va a resurgir. Y son los reaccionarios desde el poder quienes están produciendo la incitación para el resurgimiento. Han permitido el saqueo del país, ponen en manos de un extranjero la conducción de los asuntos políticos y confían ciegamente en el poder de las inversiones estadunidenses, como si fueran una palanca mágica para sacarnos de la postración. Todas estas torpes decisiones actúan como una provocación y generan una respuesta sana y no sólo entre los seguidores de AMLO, sino que en millones de hombres y mujeres que consideran que el amor a la patria y su defensa no es algo superado, sino una condición para que nuestro país siga siendo viable. Muchos priístas patriotas se están sumando a esta causa sin abandonar su organización. Pero nadie podrá negar el mérito histórico de Andrés Manuel de haberle dado el primer impulso.
Revés a la paz en Colombia
Con la muerte de Luis Edgar Devia, mejor conocido como Raúl Reyes, el principal negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ocurrida en territorio ecuatoriano durante una operación militar que el ejército colombiano llevó a cabo en la zona fronteriza de ambas naciones, el gobierno de Álvaro Uribe ha roto uno de los hilos fundamentales para poner fin al prolongado conflicto en ese país sudamericano. En vida, Raúl Reyes se desempeñó como principal portavoz de la organización político-militar, participó en las negociaciones de paz durante la administración de Andrés Pastrana y fue un destacado integrante del secretariado –el órgano de gobierno de las FARC–, sólo por debajo de Manuel Marulanda, Tirofijo, por lo que es de suponer que habría tenido un papel determinante en las eventuales negociaciones entre gobierno y guerrilla.
La muerte del líder guerrillero a manos de las milicias colombianas es un hecho condenable tanto por razones políticas como por consideraciones humanitarias. En primer lugar, porque la operación militar lanzada en territorio ecuatoriano ha enrarecido el ambiente político internacional en la región, al grado que el presidente ecuatoriano Rafael Correa se refirió a la incursión de efectivos colombianos en su país como un “ultraje”, y anunció que acudirá a las instancias internacionales correspondientes para presentar una “enérgica nota de protesta”. De su lado, el presidente Hugo Chávez afirmó que una incursión militar colombiana en territorio venezolano como la que ocurrió en Ecuador sería “causa de guerra”, una declaración que, sin duda, tensará aún más las de por sí frágiles relaciones entre Caracas y Bogotá.
Por lo demás, el gobierno de Álvaro Uribe pone de manifiesto nuevamente su reticencia a alcanzar un acuerdo de paz humanitario que resuelva el conflicto en Colombia y permita la liberación de las personas que la guerrilla mantiene en su poder en calidad de rehenes –como ya lo había mostrado al obstaculizar constantemente la gestión del propio Hugo Chávez–. Por el contrario, Uribe reafirma su postura, propia de los llamados “señores de la guerra”, de aplastar por los medios militares al oponente, aunque ello implique poner en riesgo la vida de las centenas de rehenes de las FARC, y la tranquilidad del conjunto de la población de Colombia. Es particularmente lamentable que esto suceda a tan sólo unos días la liberación unilateral de cuatro ex congresistas colombianos que permanecían en poder de la guerrilla, un hecho que, junto con la entrega al gobierno venezolano de Clara Rojas y Consuelo González, en enero, constituye una muestra inequívoca de la efectividad del diálogo en la resolución de un conflicto tan añejo y exacerbado como el colombiano.
Como lo señaló la senadora Piedad Córdoba, la muerte de Raúl Reyes “es una gran pérdida no sólo para las FARC sino también para las esperanzas de paz en Colombia”. No puede soslayarse el papel determinante del gobierno de Uribe en lo que podría significar no sólo el fin de las esperanzas de liberación de más cautivos de la guerrilla, sino también el recrudecimiento del entorno de guerra que enfrenta esa nación sudamericana desde hace décadas, y su inmersión en una nueva e indeseable espiral de violencia. En suma, con la muerte del vocero de las FARC no sólo pierde la guerrilla: pierden también los rehenes, sus familias, la sociedad colombiana en general; pierde la paz y ganan el odio y la polarización.
sábado, marzo 01, 2008

* “Tardío”, el deslinde del secretario de Gobernación de la empresa Ivancar
* Mouriño nació en Madrid, de padres españoles, sentencia
México, D.F., 29 de febrero (apro).- El vocero del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gerardo Fernández Noroña, afirmó que tiene la prueba definitiva sobre la nacionalidad española de María de los Ángeles Terrazo Blanco, madre del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.En conferencia de prensa, el secretario de Comunicación del PRD dio a conocer que este viernes le llegó de España el acta de nacimiento original de la señora Terrazo Blanco que confirma la nacionalidad española de Juan Camilo Mouriño.“Se decía que la madre era mexicana. Finalmente, tengo la prueba definitiva de la nacionalidad española de María de los Ángeles Terrazo Blanco, madre de Juan Camilo Mouriño. Me llegó el día de hoy, de España”, explicó.Fernández Noroña señaló que el documento confirma que el secretario de Gobernación es español. Mouriño Terrazo, agregó el perredista, “nació en Madrid, hijo de padre y madre españoles. Por esa razón es extranjero y, sin lugar a dudas, viola la Constitución al despachar como secretario de Gobernación del gobierno de facto”.Demandó que, ante tales pruebas, Mouriño sea relevado de la Secretaría de Gobernación, “pues ningún extranjero puede ser secretario del despacho, según lo establecido en los artículos 91 y 32 de la Constitución”.Aunque con aseguró que tiene en su poder el acta de nacimiento, Fernández Noroña se abstuvo de mostrarla. Explicó que hará público el documento durante la manifestación que el primer día de cada mes realiza frente a Los Pinos. “Ahí la daré a conocer”, prometió.El vocero del PRD adelantó que entregará las pruebas “a quien usurpa la Presidencia de la República para que, en el remoto caso de que desconociera esa situación, asuma que Mouriño Terrazo debe ser removido de su cargo”.El 14 de febrero, Fernández Noroña dio a conocer que familiares cercanos del secretario de Gobernación “están censados como ciudadanos españoles para votar en las elecciones del 9 de marzo próximo en España”.Ese día, aseguró que en el censo español está Carlos Mouriño Atanes y María de los Ángeles Terrazo Blanco, padres del secretario de Gobernación, así como su hermana, María de los Ángeles Mouriño Terrazo.Incluso, citó hasta el sitio donde emitirán su sufragio: “La mesa de votación que les corresponde es la 323-B, de acuerdo con el domicilio en que están registrados, que es Plaza de América 1, en Vigo, Galicia, España.”
Oaxaca, Oax., 29 de febrero (apro).- En demanda de la nulidad de contratos del proyecto eólico que contrajeron empresas españolas y mexicanas, indígenas zapotecas realizaron una manifestación, en la que se lanzaron consignas contra el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y quemaron banderas de España.La marcha, encabezada por Rodrigo Peñaloza, del Frente por la Defensa de la Tierra, y Javier Balderas Castillo, del Centro de Derechos Humanos “Tepeyac”, salió del templo de San Vicente Ferrer en Juchitán de Zaragoza rumbo al juzgado civil, donde se interpusieron 89 demandas de nulidad de contrato.Durante la asamblea y el mitin, mujeres y ejidatarios se pronunciaron, en su lengua, en contra del proyecto eólico, y lanzaron consignas contra el secretario de Gobernación, al grito de: “Fuera empresas españolas”; “Fuera Mouriño español, traidor”, y “El Istmo y la sierra defenderán sus tierras”.Afirmaron que ya están cansados de las empresas que llegan y ocupan sus tierras o les hacen firmar contratos aprovechándose de que no saben leer ni escribir.Durante el mitin, la indígena zapoteca Faustina López rompió una bandera de España, la que después fue quemada.Luego, los manifestantes se trasladaron al juzgado, pero estaba cerrado. Más tarde, llegó el juez, quien empezó a recibir las demandas de nulidad de contrato con las empresas eólicas españolas y mexicanas.
¿Debe Mouriño seguir como secretario de Gobernación?
a) Si
8.96 % 109 votos
b) No
91.04 % 1107 votos
* Demanda investigar el presunto tráfico de influencias de Mouriño
* Cuestionan gobernadores nuevas reglas de operación de programas federales
Campeche, Cam., 29 de febrero (apro).- La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) reclamó al presidente Felipe Calderón las “medidas centralistas” que pretende aplicar su administración en la aplicación de los programas aprobados para el ejercicio presupuestal de 2008.El anfitrión Jorge Carlos Hurtado Valdez, al dar a conocer los acuerdos alcanzados en esta sesión, expresó ante Calderón Hinojosa que, ante tal situación, el pronunciamiento de la Conago es en “favor de la definición de un Federalismo incluyente y participativo, en donde los órdenes de gobierno logren sumar esfuerzos, no dividirlos o acotarlos, en respuesta a las distintas problemáticas que nos aquejan”.Por ello, dijo, los gobernadores acordaron expresar su preocupación por la aplicación de las nuevas reglas de operación en los programas federales que impactan de manera directa en la instrumentación de políticas públicas en las entidades federativas.“Hemos consensuado este pronunciamiento sobre las acciones de centralización que vulneran los principios fundamentales del federalismo mexicano, buscando defender una toma de decisiones coordinada y una mayor colaboración para generar acciones con base en las necesidades que cada entidad presenta”, recalcó.No obstante, refrendaron su compromiso con el “Pacto nacional por la legalidad y la seguridad” presentado por el Ejecutivo federal al que convocó Calderón el pasado 5 de febrero, pues consideraron que el tema es de alta prioridad nacional, “debido al entorno de incertidumbre en que vivimos por las amenazas como el narcotráfico, lavado de dinero e inseguridad en las fronteras”.En la reunión, el gobernador de Sonora Eduardo Bours Castelo, asumió la presidencia de la Conago en relevo de Hurtado Valdez.Al clausurar el evento, el presidente Calderón anunció que a partir del lunes 3 de marzo su gobierno depositará 3 mil millones de pesos a las tesorerías estatales que resultan de la recaudación fiscal.
Eran simpatizantes del “Movimiento nacional en defensa del petróleo”Campeche, Cam., 29 de febrero (apro).- Simpatizantes del “Movimiento nacional en defensa del petróleo”, al que convocó Andrés Manuel López Obrador, protagonizaron esta tarde un enfrentamiento con elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) y la Policía Federal Preventiva (PFP), luego de que se les impidió entrar al Centro de Convenciones Campeche XXI, donde el presidente Felipe Calderón sostenía un encuentro con 25 mandatarios estatales, que asistieron a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que se celebró hoy aquí. En el enfrentamiento resultaron con golpes leves unas ocho personas, entre ellas un elemento del EMP que, aunque vestido de civil, fue detectado como “infiltrado” entre los manifestantes, que estuvieron encabezados por dirigentes del PRD, PT y Convergencia. Algunas mujeres que participaron en la marcha despojaron de tres escudos, una macana y una espinillera a los policías antimotines que formaban la valla de seguridad de la llamada “zona cero”. En su oportunidad, el diputado federal del PRD, Salvador Ruiz Sánchez, reclamó a Calderón y a los gobernadores haber faltado al acuerdo de permitirles entregar su manifiesto, suscrito por organizaciones campesinas y obreras del país. Dijo que se había concertado con la Conago entregarles copia a los gobernadores e intervenir en la reunión.La manifestación, en la que participaron unas 200 personas, salió a las 12:30 horas del parque de la Concha Acústica, en el barrio de San Román, y recorrió las calles del centro y el Circuito Baluartes con rumbo al Centro de Convenciones, donde pretendían entregar un documento a Calderón en contra de la privatización petrolera. Media hora más tarde, al llegar al cruce de la calle Eduardo Lavalle Urbina y el malecón Miguel Alemán, a dos cuadras del Centro de Convenciones, los manifestantes fueron detenidos por los policías antimotines que custodiaban los accesos al área restringida. Los inconformes pretendieron abrirse paso para cumplir su cometido. Con el fin de calmar los ánimos, el director de Gobernación estatal, Fernando Murillo Campos, intentó recibirles el documento que querían entregar a Calderón para, dijo, hacérselo llegar, pero los elementos del EMP lo impidieron. Tampoco permitieron el paso a una comisión. En tanto, se escuchaban consignas como: “¡La patria no se vende; la patria se defiende!”; “Este pueblo no es el agresor de policías; los policías son los agresores de las mujeres, mientras que la única riqueza que nos queda nos la quiere quitar el inquilino de Los Pinos”; “!Mouriño, gusano, no eres mexicano, ni campechano!”.Entonces, los manifestantes insistieron en abrirse paso a empellones. Al verse superados en número por la turba que amenazaba con salirse de control, la guardia presidencial pidió más refuerzos policíacos y militares para reforzar el cerco. Durante los empujones, el secretario general de Convergencia, Manuel Zavala, logró brincar la valla, pero fue sacado enseguida por los militares, lo que ocasionó que los manifestantes comenzaran a arrojar objetos como banderas y botellas a los uniformados y gritaban: “No vamos a permitir la privatización del petróleo. Ya nos robaron la presidencia y ahora quieren robarnos el petróleo”. Los policías repelieron la agresión con sus macanas, y los manifestantes arreciaron los golpes. “Ahora se impone la ley del garrote… Jorge Carlos Hurtado te teníamos respeto, pero hoy ya te lo perdimos, porque esta no es manera de tratar a los campechanos. No nos dejan manifestarnos”, se decía en los altoparlantes, en lo que también se escuchaba: “¿Cuántas gasolineras tiene la familia de Juan Camilo Mouriño? “Cuántos negocios no ha hecho con Pemex, y la mayoría del pueblo sigue en la miseria”.Con la sentencia de que “el petróleo tiene dueño: México” y el exhorto para asistir a la concentración masiva a la que se convocó el próximo 18 de marzo en el zócalo de la ciudad de México, concluyó esta tarde la manifestación.
Pero que podeis esperar de una rabalera como esta......
* Tienen derecho a votar y ser votados, dice
México, D.F., 29 de febrero (apro).- La legisladora Ruth Zavaleta, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se manifestó hoy a favor de que los miembros de cualquier denominación religiosa puedan votar y ser votados para cualquier cargo de elección popular, siempre y cuando asuman todos los derechos y obligaciones del Estado laico.En conferencia de prensa, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), recordó que México es un país democrático y, por lo tanto, los ministros de culto y líderes religiosos deben de tener la libertad de decir de manera pública lo que realmente piensan y asumir consecuencias y responsabilidades de sus actos.Cuando se le preguntó si en el Congreso de la Unión se presentara una iniciativa para permitir que los líderes religiosos puedan participar activamente en la vida política del país, la diputada Zavaleta respondió sin titubeos: “La votaría a favor”.Explicó que si en tiempos recientes la iglesia ha participado indirectamente en los procesos electorales, es junto que puedan hacerlo abiertamente para que asuman también las obligaciones de cualquier ciudadano.Como ejemplo de la participación que tiene la Iglesia en la vida política, recordó que en la parroquia de su colonia, “que es como un pueblito”, en el 2006 los sacerdotes exhortaban a la feligresía a que antes de votar se fijara “en el cielo azul”.“Me parece ---agregó-- que abrirnos al escrutinio público tiene sus costos. Estar desde el púlpito diciendo por quién van a votar como se hizo en la pasada elección no tuvo un gran costo.”Zavaleta precisó que si los ministros de culto quieren tener derecho a participar en la vida pública, deben tener obligaciones y responsabilidades”.La legisladora federal también consideró que así como los sacerdotes quieren tener el derecho de votar y ser votados, también se debería permitir el casamientoFinalmente, admitió que está “peleada” con el “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador, y reiteró que lo mismo ocurre con el constitucional que encabeza Felipe Calderón.

México, D.F., (apro).- La decisión de la Cámara de Diputados, de eliminar de la reforma judicial el párrafo que permitía elevar a rango constitucional el cateo sin orden judicial, en nada afecta el propósito del gobierno de Felipe Calderón de disponer de mayores herramientas policiales aun cuando atenten contra las garantías individuales.Fue incluso una ganancia política para el Ejecutivo y el Congreso, pues la eliminación del párrafo contó con el respaldo de todos los partidos que, de esa manera, respondieron a las críticas de las organizaciones de derechos humanos.Los defensores de los derechos fundamentales en el país criticaban no sólo la pretensión de hacer constitucional los allanamientos sin orden judicial, sino también el arraigo para los casos de delincuencia organizada o “cuando exista el riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia”. Aunque sólo el arraigo se introdujo en el ordenamiento fundamental del país, el gobierno de Calderón logró su propósito con la reforma judicial a pesar de las quejas manipuladoras del subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, José Luis Santiago Vasconcelos, y del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.El día que los diputados eliminaron el párrafo, ambos se lamentaron de que el arraigo no haya quedado incluido en la Constitución. Santiago Vasconcelos recurrió incluso al más maniqueo de los ejemplos: “Si una señora ve que están violando a su hija y un agente policial está a su lado, éste no va a poder intervenir porque va a carecer de la orden del juez. Si bien le va, la tendría en dos horas, cuando el delito ya se habría cometido”, dijo en una entrevista en la radio con Joaquín López Dóriga.Santiago Vasconcelos, el abogado con más trayectoria dentro de la PGR, donde ha ocupado importantes posiciones desde el sexenio de Ernesto Zedillo, sabe perfectamente que para esos casos, y en general para cualquier delito en flagrancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido obsequiosa con la labor policial.Apenas en agosto del año pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte emitió la jurisprudencia 21/2007 que avala no sólo los allanamientos sin orden judicial, sino las pruebas que de ellos se obtengan.La tesis es por demás elocuente desde el título: “Intromisión de la autoridad en un domicilio sin orden judicial. Eficacia de las actuaciones realizadas de las pruebas obtenidas, cuando es motivada por la comisión de un delito en flagrancia”.Dice esa tesis que si bien el artículo 16 de la Constitución establece que el cateo requiere de una investigación ministerial, en el caso de flagrancia de un delito, “debido a la demora puede hacer ilusoria la investigación… la autoridad policial no requiere necesariamente orden de cateo para introducirse en el domicilio particular en el que se está ejecutando el delito”.El propio artículo 16, continúa, permite una excepción para que en el caso de flagrancia actúe cualquier particular, “además que el Estado –como garante de los bienes de la sociedad– debe actuar de inmediato en esos casos”.En esas condiciones, “los medios de prueba obtenidos como consecuencia de la intromisión de la autoridad a un domicilio sin contar con orden de cateo… tienen eficacia probatoria”.A lo más, esa tesis le pide a la autoridad que debe contar “con datos ciertos o válidos” que motiven la intromisión, los cuales deberán aportarse en caso de que haya consignación para darle elementos de convicción al juez.Esa tesis, que fue propuesta por la ministra Olga Sánchez Cordero y apoyada por los ministros Juan Silva Meza y Sergio Valls Hernández, fue rechazada por los ministros José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo.Ese tipo de allanamientos han sido reiterados en México, pero son cada vez más frecuentes desde que Calderón emprendió los operativos contra el narcotráfico. Y los practican no sólo las policías, sino los militares.En Michoacán hace algunas semanas una treintena de soldados allanaron sin orden judicial 14 departamentos de un condominio en Morelia, bajo el argumento de que iban a detener a unos secuestradores que se aprestaban a cobrar el rescate de un secuestro.No hace falta que estén en la Constitución, los cateos ocurren y el permiso es lo de menos.
(29 de febrero de 2008)
Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx
La fichita ya saco las uñas.....
* Se autorizaron un incremento de $25 mil; los mínimos subieron un peso 90 centavos
México, D.F., 29 de febrero (apro).- Mientras que el aumento a los salarios mínimos para este año fue de 4%, equivalentes a un peso con 90 centavos al día, los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) se autorizaron un alza de aproximadamente 25 mil pesos para un salario mensual de 172 mil pesos libres.El presidente del Consejo General del IFE, Leonardo Valdés, confirmó hoy el incremento al salario de los consejeros con el argumento de que la Constitución establece que sus sueldos deben ser equivalentes a los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ascienden a poco más de 330 mil pesos mensuales, para un sueldo anual de casi 4 millones de pesos."Hasta este mes los consejeros electorales estamos percibiendo un poco más de 151 mil pesos netos. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia están percibiendo un poco más de 172 mil pesos aproximadamente (de sueldo base), no tengo la cifra exacta", dijo Valdés, quien evadió detallar otras percepciones y prestaciones.En entrevista, Valdés explicó que los consejeros percibirán aproximadamente 13% más que en el 2007, cuando decidieron bajarse el sueldo en 10% para imitar al gobierno de Felipe Calderón, pero ahora se compensan ese aumento y, además, el que corresponde a la inflación.“La Constitución, en su artículo 41, fracción V, establece que la remuneración de los consejeros electorales debe ser igual a la remuneración base de los ministros. Digamos que la brecha que se abrió, producto de la decisión del Consejo General en enero del año 2007, es una brecha de aproximadamente 20 mil, 23 mil pesos, entre la remuneración actual de los consejeros electorales y la remuneración de los ministros de la Suprema Corte de justicia”, expuso el funcionario.Valdés, quien relevó en el cargo a Luis Carlos Ugalde y a Andrés Albo en la presidencia del IFE, evadió opinar si la baja de 10% del 2007 fue sólo una medida propagandística, pero defendió el aumento del que gozarán los consejeros y el personal del IFE en este 2008.
El martes 26 de febrero de 2008, el masivo corte de energía paralizó una gran parte de las urbes, los semáforos apagaron sus indicaciones, las calles fueron protagonistas de accidentes automovilísticos, los embotellamientos provocaron un caos de tráfico, y niños, mujeres y hombres quedaron atrapados en ascensores.
El acontecimiento extraordinario fue transmitido por todas las cadenas de televisión y radiofonía estadounidenses y, por supuesto, fue reflejado por todos los medios gráficos.
Sin embargo, nadie podía por esas horas explicar las causas del fenómeno. Florida Power & Light es el nombre de la empresa eléctrica involucrada en la prestación de servicio. Se trata de la compañía más grande de Florida. Los voceros empresariales informaron que una falla técnica y un incendio en una subestación de Miami derivaron en los apagones. Luego agregaron que una planta nuclear al sur de esa ciudad se detuvo automáticamente. Esa última versión también fue repetida por la Comisión de Regulación Nuclear.
A las pocas horas de ocurrido el problema, los funcionarios que responden a las directivas de la Casa Blanca salieron urgidos a negar cualquier tipo de relación con “actos de terrorismo”. Carlos Alvarez, alcalde del condado de Miami-Dade, dijo que los apagones se debieron a causas técnicas y no a un “acontecimiento delictivo”.
"Desconocemos si la alteración en la red causó que las unidades se desactivaran o si el hecho de que se apagaran causó el problema en la red, No hay preocupaciones de seguridad ", afirmó Kenneth Clark, portavoz de la oficina regional de la Comisión de Regulación Nuclear en Atlanta.
"No hay señales de un nexo con el terrorismo en este momento (...) continuaremos vigilando", manifestó la portavoz del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, Laura Keehner.
El canal de televisión CNN informó que ocho plantas de energía en el área de Miami estaban fuera de servicio y Fox News señaló que el fallo en el equipo de la subestación provocó un efecto dominó en las instalaciones.
Las imágenes reproducían “la emergencia”, los testimonios funcionales rechazaban un plan para generar el terror y los empresarios de la electricidad –con versiones contradictorias- no explicaban la situación. Todo era un enorme rompecabezas.
UNA DE LAS PARTES: La empresa
Florida Power & Light Company es una subsidiaria de FPL Group que registra ingresos anuales de 16 billones de dólares. Según consta en su página de internet es reconocida nacionalmente como una firma de alta calidad y eficiencia. Su organización está centrada en productos relacionados con la energía y los servicios. Tiene una creciente presencia en 26 estados.
Florida Power & Light Company tiene desde hace muchos años el monopolio en la prestación de servicio eléctrico en la Florida y ha experimentado un notable crecimiento en los últimos tiempos.
Otra de las columnas del grupo económico es “FPL Energy”, el principal generador de energía eólica y solar.
El último mojón es “FPL FiberNet”, que brinda servicios de fibra óptica y cable de telecomunicaciones.
“Desde su creación, FiberNet FPL ha invertido millones de dólares para construir su red en toda la Florida y en las principales áreas metropolitanas”, tal como es especificado en el sitio: www.fplgroup.com, donde se puede ubicar toda la información detallada.
Pese a los datos… el rompecabezas no consigue tener coherencia. Hasta ahora tenemos: un apagón, 4 millones de personas afectadas, imágenes del caos, versiones encontradas sobre las causas, terrorismo y unos capitales dedicados a la electricidad cuyo grupo de intereses además tiene como área estratégica las “comunicaciones”. Por supuesto que otra de las piezas a relacionar es el gobierno de Florida…
OTRAS DE LAS PARTES: la Casa Blanca
Desde el mismo triunfo electoral de George Bush, el gobierno de la costa de la Florida no deja de despertar suspicacias y operaciones de inteligencia a favor de los proyectos emanados desde Washington.
En las últimas semanas un debate entre el presidente de los Estados Unidos y el Congreso ocupó los titulares de los medios periodísticos de todo ese país. Ocurre que el mandatario solicitó la extensión de la ley de inteligencia para poder ampliar las facultades de sus espías y así escuchar teléfonos y husmear en internet sin ley que los regule. El fundamento es resguardar la seguridad nacional. Esa misma confrontación motivó los recientes discursos de Bush ante periodistas y en su programa radial de los días sábados:
“Este jueves Laura y yo volvimos de una visita inspirada al África. En Benin y Tanzania estuvimos con líderes que están luchando contra VIH/SIDA y malaria - y personas cuyas vidas han sido salvadas por la generosidad del pueblo estadounidense. En Ruanda vimos una nación que está superando el dolor del genocidio con valor y gracia y esperanza. En Ghana conocimos a empresarios que están exportando sus productos y construyendo un futuro más próspero. Y en Liberia, vimos a una nación que se está recuperando de una guerra civil, encabezada por la primera mujer elegida democráticamente en ese continente. Laura y yo regresamos a Washington impresionados por la energía, el optimismo y el potencial del pueblo africano.
Los miembros del Congreso pronto volverán a Washington también, y tienen asuntos urgentes que atender. Se fueron de la ciudad por un receso de 10 días sin aprobar la legislación vital dando a nuestros profesionales de inteligencia las herramientas que necesitan para rápida y eficazmente monitorear las comunicaciones de terroristas extranjeros. La falta del Congreso de aprobar esta legislación fue irresponsable. Dejará a nuestra Nación cada vez más vulnerable a ser atacada. (…)
El proyecto de ley del Senado evitaría que los abogados de los demandantes pudieran demandar a compañías que se cree ayudaron a defender a Estados Unidos después de los ataques del 9/11. Más de 40 de estas demandas han sido presentadas, buscando cientos de mil millones de dólares en daños y perjuicios de estas compañías. Es injusto amenazar a estas compañías con ruina financiera sólo porque se cree que hicieron lo correcto y ayudaron a su país.
Pero el mayor costo de todos es para nuestra seguridad nacional. Sin protección contra demandas, las compañías privadas serán cada vez menos dispuestas a asumir el riesgo de ayudarnos con actividades de inteligencia vitales. Después que el Congreso no actuó la semana pasada, el diario Wall Street Journal le preguntó a un ejecutivo de una compañía de telecomunicaciones cómo respondería su compañía a una solicitud de ayuda. Él contestó que debido a la amenaza de demandas, y cito "No lo estaré haciendo. no voy a hacer algo voluntariamente." En otras palabras, la negativa de la Cámara de actuar está socavando nuestra capacidad de obtener ayuda de compañías privadas. Y eso socava nuestros esfuerzos de protegernos contra ataques terroristas.
(…) El Senador Jay Rockefeller, Presidente Demócrata del Comité de Inteligencia del Senado, lo expresa así: "El hecho es que si perdemos la cooperación de estas u otras compañías privadas, nuestra seguridad nacional va a sufrir."
(…) los Miembros del Congreso no deben jamás olvidar: en alguna parte del mundo en este preciso momento, terroristas están planeando el próximo ataque contra Estados Unidos. Y para proteger a Estados Unidos contra tales ataques, debemos proteger a nuestras compañías de telecomunicaciones contra demandas abusivas.”
Este texto es publicado oficialmente por la Casa Blanca y puede consultarse en: www.whitehouse.gov.
El 16 de febrero de 2008, George Bush también había hecho referencia al debate en torno de la extensión de las facultades de inteligencia:
“Esta noche, al toque de la medianoche, vencerá una ley vital sobre la inteligencia, la cual nos está ayudando a proteger a nuestra Nación. El Congreso tenía el poder para evitar que esto sucediera, pero eligió no hacerlo. (…)
En vista de la falta de acción del Congreso, será más difícil para que nuestro gobierno los proteja a ustedes contra un ataque terrorista. A la medianoche, el Procurador General y el Director de Inteligencia Nacional perderán su poder para autorizar nueva vigilancia contra amenazas terroristas en el extranjero. (…)
(…) Al no tomar acción, el Congreso ha creado un interrogante sobre si las compañías del sector privado que ayudan en nuestros esfuerzos para defenderlos a ustedes contra los terroristas pueden ser demandadas por hacer lo correcto. Ahora, estas compañías serán cada vez más reacias a ofrecer esta cooperación vital debido a su incertidumbre en cuanto a la ley y por temor a ser objeto de demandas por parte de abogados de acción colectiva.(…)”
En este momento, en algún lugar del mundo, hay terroristas planeando un nuevo ataque contra Estados Unidos Y el Congreso no tiene responsabilidad más importante que la de asegurar que nosotros tengamos las herramientas para detenerlos.”
Según el diario New York Times “la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior se promulgó en 1978, aprobada en respuesta a las revelaciones de la Comisión Church que muestra abuso generalizado de escuchas telefónicas del gobierno, y a la creciente preocupación por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre las prácticas de escucha. La ley regula la vigilancia de personas en los Estados Unidos con el propósito de recopilar información relacionada con las potencias extranjeras. Después de los ataques del 11 de Septiembre, los miembros de la administración Bush fueron muy críticos de las restricciones de la norma. Porciones de la Ley Patriota amplió el alcance para cubrir los sospechosos de terrorismo, así como los agentes de países extranjeros. Pero cuando el Presidente ordenó la ampliación del programa de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional, decidió pasar por alto el proceso totalmente”. El medio afirma que ahora el mandatario está presionando al Senado para que apruebe una reglamentación que proporcione “inmunidad judicial” a las empresas de telecomunicaciones las cuales están sospechadas de violar la justicia y sobre las que puede caer una lluvia de demandas, tal como lo anunció el propio Bush en su emisión radial.
RESUMEN. LA ULTIMA PARTE DEL ROMPECABEZAS: El tiempo
En el término de tres semanas explotó en Estados Unidos el debate por la ampliación de los servicios de inteligencia.
Recordemos las piezas del esquema: desde Washington, George Bush increpó a los senadores a que resguarden la seguridad de los ciudadanos y protejan a las empresas de telecomunicaciones que brindaron reconocidos servicios después de los atentados contra las torres gemelas.
En el medio de ese debate, un masivo apagón castigó a 4 millones de personas en la Florida. Los funcionarios desmintieron un atentado terrorista, pero los sisitemas de comunicación más grandes del país infundieron el miedo con la difusión del caos que efectivamente ocasionaban los inconvenientes eléctricos.
Florida Power & Light Company es una subsidiaria de FPL Group y tiene el monopolio de ese servicio en el Estado de la costa Este. Uno de los emprendimientos más importantes de esos capitalistas está vinculado al de las comunicaciones.
En las últimas horas, los voceros de la firma aún no pueden explicar cómo dejó de funcionar “automáticamente” una planta nuclear, la Casa Blanca sigue con sus presiones para proteger a un sector empresario que colabora con las tareas de inteligencia y el jefe de Estado asusta a la población ante una probable amenaza terrorista.
Este escrito sólo pretende relacionar algunos acontecimientos y sembrar dudas que fundan la proximidad de los hechos.
El rompecabezas aún no puede ser armado, sólo por ahora… . Algo pasa en Florida y siempre huele mal.
Boletín Informativo ISA 365
“MOURIÑO DEBE RESPONDER CON PRUEBAS Y NO CON PALABRAS LA ACUSACIÓN EN SU CONTRA POR INCURRIR EN TRÁFICO DE INFLUENCIAS PARA FAVORECER A SU EMPRESA FAMILIAR CON JUGOSOS CONTRATOS CON PEMEX”: LÓPEZ OBRADOR
Por tratarse de la comisión de diversos delitos, Juan Camilo Mouriño debe desmentir con pruebas la acusación en su contra por incurrir en tráfico de influencias para favorecer a su empresa familiar con jugosos contratos con Petróleos Mexicanos cuando se desempeñaba como diputado federal del PAN y funcionario de la Secretaría de Energía, demandó hoy Andrés Manuel López Obrador, durante su tercer día de recorrido por municipios del estado de Nayarit.
“El ahora secretario de Gobernación tiene la obligación de aclarar públicamente por qué suscribió diversos contratos para la transportación de combustibles de Pemex, mientras ocupaba una curul en el recinto de San Lázaro y ocupaba un puesto de primer nivel en la burocracia panista”, expresó el presidente legítimo de México, quien en entrevista que concedió al término de su asamblea con el pueblo de Huajicori, afirmó que el contrato millonario adjudicado por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte al suegro de Mouriño, el empresario Eduardo Escalante, para construir carreteras en Campeche, viene a confirmar la tesis de que los panistas resultaron ser más rateros que los priistas. “Son los panistas de arriba muy ambiciosos”, remachó.
“El tráfico de influencias y los actos de corrupción se expresan claramente en las personas del equipo de trabajo del presidente pelele, Felipe Calderón, y de su secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, así como en sus respectivas familias”, subrayó López Obrador al denunciar que diputados y senadores del partido blanquiazul incurren en un conflicto de intereses porque son al mismo tiempo contratistas y prestadores de bienes y servicios de los gobiernos municipales, estatales y federales.
El dirigente de la izquierda mexicana consideró lamentable que la corrupción se manifieste entre legisladores de Acción Nacional, al igual que entre los más altos niveles del gobierno de facto. “Hay una gran corrupción en todo el gobierno usurpador, que inició a partir de la llegada del PAN al poder. El tráfico de influencias y los actos de corrupción también aumentaron desde que los empresarios arribaron al poder público; los hombres del dinero no saben distinguir entre el negocio privado y la función pública; queda de manifiesto que los empresarios mezclan su actividad con el servicio público con el único propósito de favorecer sus intereses personales y familiares”, explicó.
En el tercer día de recorrido por los 20 municipios del territorio nayarita, el presidente legítimo de los mexicanos afirmó que una minoría rapaz pretende apoderarse de los recursos naturales, como el petróleo, y convertir a México en una colonia. En la asamblea informativa con los habitantes de Acaponeta y Tecuala, destacó que la industria petrolera se ha convertido en el plato fuerte del capital privado, tanto nacional, como foráneo. Recordó que en los últimos 25 años se han privatizado alrededor de mil empresas públicas, entre ellas la banca, los aeropuertos, las minas, las líneas áreas y también se ha hecho de manera silenciosa con la industria eléctrica.
Andrés Manuel López Obrador explicó también que 35 por ciento del consumo nacional de energía eléctrica se compra a plantas generadoras particulares, a raíz de que en las pasadas administraciones se aprobó una legislación secundaria para permitir la participación del capital privado en la generación y distribución del fluido eléctrico, en abierta violación al artículo 27 Constitucional que declara que ambas actividades están reservadas al Estado.
En Tecuala y en Rosamorada, el presidente legítimo de los mexicanos convocó al pueblo de Nayarit a buscar la unidad en la selección de candidatos a diputados y presidentes municipales, y pidió el respaldo y el apoyo para los aspirantes que postulen los partidos del Frente Amplio Progresista, agrupaciones políticas locales y organizaciones sociales y ciudadanas. “Es necesario postular a los mejores hombres y mujeres, para que haya buenos candidatos, porque el pueblo no va a votar a favor de cualquiera”, advirtió.
Hizo énfasis en que los electores sufragan a favor de un programa de trabajo, de un partido político y del mejor candidato y, a manera de recomendación, señaló que es necesario buscar a la gente que reúna dos condiciones: que sea una gente honesta y conocida, es decir, popular. También sugirió a los dirigentes del PRD, PT y Convergencia que se pongan de acuerdo para obtener triunfos contundentes en los 20 municipios del estado y les demandó lo siguiente: “nada de divisiones, nada de pleitos y nada de ambiciones personales, porque en el movimiento de transformación no queremos ambiciosos vulgares”.
Igualmente, López Obrador indicó que “si los legisladores no asumen su rol, el pueblo debe ponerles una zarandeada, porque ya es tiempo de mandar al diablo todo condicionamiento y la antigua práctica de repartir las candidaturas de las presidencias municipales, diputaciones y regidurías”.
En Rosamorada, López Obrador reiteró que Mouriño no ha dado respuesta a la acusación de que incurrió en un conflicto de intereses y de que siempre actúa en complicidad con Calderón y hasta el momento no ha dicho que sean falsos los señalamientos en su contra.
“Cuando decimos que la burra es parda, es porque tenemos los pelos en la mano”, mencionó, al reiterar que Mouriño y Calderón pertenecen a un grupo integrado por unos verdaderos hampones y delincuentes.
Andrés Manuel López Obrador complementó así su llamado hecho un día antes a los senadores y diputados del PRD, PT y Convergencia para que soliciten una auditoría al sector energético del país, en particular a las empresas Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), del periodo de 2000 a la fecha, a fin de que se pueda verificar si el actual secretario de Gobernación del gobierno de facto de Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, incurrió en tráfico de influencias para favorecer sus negocios familiares.
Desde el municipio de Compostela, ayer viernes, durante su segundo día de gira por el estado de Nayarit, el presidente legítimo de México había declarado: “Entregué la documentación para que los legisladores del Frente Amplio Progresista la analicen y se proceda jurídicamente, porque sin duda se trata de un tráfico de influencias” del servidor público Mouriño Terrazo, y advirtió que no dejará de lado el asunto: “vamos a ir al fondo, porque queremos que se haga una auditoria de todo el sector energético”.
Así, López Obrador recordó que Mouriño y Calderón son socios desde tiempo atrás, “no olvidemos que Mouriño fue presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados cuando Felipe Calderón era coordinador del grupo parlamentario del PAN; y los contratos firmados con Pemex a favor de la familia Mouriño se dieron en ese periodo.
Finalmente, agregó que debe ser investigado el ex director jurídico de Pemex, César Nava, y el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub.
Acoso a los trabajadores de la Vidriera San Luis Potosí
Demanda sindicato de la IVP hostigamiento por parte de la empresa
El sindicato de la Industrial Vidriera demandó que la empresa cada vez que hacen una manifestación o paro afuera de las instalaciones, ésta proceda a llevar a cabo una campaña de hostigamiento a los trabajadores que simpaticen con los ex empleados.
Indicaron que debido a que diferentes empleados simpatizaban con el sindicato y los manifestantes, los primeros fueron llamados por la empresa para que presentaran su renuncia por no admitir que los empleados estén en complicidad con ellos.
Señalaron que algunas de las acciones que lleva a cabo la empresa es colocar cámaras de video afuera del lugar para vigilar quien de los empleados que salen caminando habla o saluda a los manifestantes para luego llamarles y solicitarles la renuncia.
Otra media que toman es la de mandar "orejas" en los autobuses que transportan al personal para que informe quienes son los simpatizantes con el movimiento "hasta por abrir las ventanillas y saludar los corren".
Manifestaron que no se tienen la cantidad exacta de cuantos son ahora los despedidos pero aseguraron que no son sólo los 207 que en un principio se mencionaron y que calculan aproximadamente 250 los que ahora han sido corridos.
Por otro lado luego de que Octavio Pedroza asegurará a las esposas de los ex empleados de la vidriera que la reinstalación era competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, esta dependencia afirmó a La Jornada ser la encargada de ello, sólo que ningún ex trabajador a presentado una demanda en contra de la empresa ante esta autoridad.
La titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Elva Muñoz Padilla, aseguró que la empresa Industrial Vidriera presentó ante la dependencia las liquidaciones de los empleados de la Vidriera para que ésta notificará a los trabajadores y manifestarán éstos si estaban de acuerdo con dicha liquidación.
Indicó que a pesar de que los empleados se presentaban a firmar no estaban de acuerdo con la liquidación pero en ningún momento alguno de ellos interpuso una demanda a la empresa, además dijo que cualquier trabajador que se considere despedido pude demandar "si somos competentes del caso de la vidriera".
Señaló que de demandar los ex empleados a la Industrial Vidriera, ésta seguiría un proceso a la cual primeramente se le daría entrada, después se notificaría a las dos partes y se dictaría un cuerdo donde les cite tanto a la empresa como a los trabajadores para que cada uno ofrezca pruebas y así la Junta indique la fecha para el deshogo de pruebas y una vez sucedido esto se pase a resolución y se emita el laudo.
Manifestó que el propósito de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es estudiar quien tiene la razón pero ésta no esta capacitada para asesorar al trabajador de que es lo que debería hacer y en este caso correspondería a la Procuraduría Federal del Trabajador asesorarlos.
La Jornada de San Luis
Asegura que esto le incumbe sólo a la JFCA
Pedroza Gaitán evade responsabilidades ante despidos de ex trabajadores
Luego de que las esposas de los ex empleados de la Vidriera acudieran a la Secretaría de Trabajo del estado y que Ricardo Domínguez Casanova, asegurará que las peticiones de las mujeres eran de incumbencia federal y les arreglará una cita con Octavio Pedroza, las mujeres acudieron con este último obteniendo nuevamente una evasiva de responsabilidades por parte de la dependencia pues ahora les manifestaron que la reinstalación es de incumbencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
En dicho escrito pedían también, como anteriormente solicitaron a Marcelo de los Santos y a Domínguez Casanova, la reinstalación inmediata de sus maridos a lo cual el delegado federal aseguró que no era una situación que como secretaría pudieran resolver, pues argumentó a las mujeres que las cuestiones de conflictos laborales no los resuelven ellos sino la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, logrando con ello la tercera caída de un numero no definido por las que falten que transcurran las mujeres.
A lo que las mujeres reaccionaron molestas expresando una de ellas "me ofende, cómo es posible que las cabezas de la organización nos traigan de aquí para allá". Pedroza les informó que no cuentan con una solución que emane de la autoridad pues el conflicto es entre empleados y la empresa atribuyendo a la dependencia sólo el velar para que se cumpla con la ley por lo que les desgloso lo que según la ley debe pagar la Industrial Vidriera a sus maridos.
Luego de que recibieran una negativa para poder resolver lo que pedían, las esposas aseguraron que de igual modo no han visto la intervención de la secretaría en el caso ya que los empleados son acosados para que firmen renuncia, además de firmar para aliarse a la CROC dentro de la empresa, a lo que el delegado informó que desde que el está en la administración nunca el sindicato a pedido una inspección extraordinaria "si lo pide lo haremos".
A los asalariados todo el peso fiscal

Prólogo Político
Alvaro Cepeda Neri
A los de a pie, a diferencia de los de caballería o sea de los ricos para arriba hasta llegar a la oligarquía, siempre les va como “al perro flaco que se le cargan más las pulgas”. Es el caso de los asalariados y todos aquellos que somos cautivos fiscales, a quienes año con año las fauces hacendarias les clavan sus filosos colmillos para exprimirles los Impuestos Sobre la Renta, mejor conocido por sus iniciales ISR. A los causantes de nómina, peor les va. Es el destino de quienes cumplen con sus obligaciones, además de pagar los aumentos generalizados (con reetiquetaciones desde noviembre pasado, muy de mañana en los grandes almacenes y descaradamente a la luz del día en el resto de los comercios y servicios).
La reportera Jeannette Leyva Reus, nos informó: “a partir de la primera quincena de enero los trabajadores asalariados pagarán más del impuesto sobre la Renta (ISR)... la llamada Reforma Hacendaria por los que Menos Tienen, empobrecerá más a la clase media (agrega este columnista: degradada desde la crisis del 94 y luego 95), que dejará de percibir a partir de esta quincena, dependiendo de su sueldo, de cien a 500 pesos menos al mes, derivado del pago de un mayor ISR... Mientras que los ejecutivos con salarios superiores a 150 mil pesos serán beneficiados sustancialmente, pues el incremento en el pago del ISR es exactamente igual en el caso de un trabajador con sueldo de 35 mil pesos mensuales; ambos pagarán sólo 729 pesos más respecto a 2007”.
En resumen: está en marcha un mayor pago de impuestos “que no se aplica para quienes perciben sueldos superiores a 150 mil pesos mensuales”. A los cautivos y quienes hacen sus declaraciones, la reforma hacendaria les ha puesto una soga alrededor de la garganta, con el letrero célebre de “coopelas o cuello”, que Ye Gon le imputa al todavía secretario del Trabajo Lozano Alarcón. Los que menos ganan pagarán más, por “la incongruencia en las modificaciones para calcular el ISR para las personas físicas”; así, los asalariados con ingreso mensual a partir de cuatro mil 900 pesos, tendrán que pagar el impuesto a la Renta, superior al año pasado.
Los de abajo, los que se soban el lomo, laboran casi diez y doce, son víctimas de los impuestos. Y es que quién les manda ser causantes cautivos o voluntariamente a fuerzas capturados como gravables, frente a una reforma que “lo único que hace es gravar nuevamente al 40 por ciento de los mexicanos que están en la economía formal”. Los trabajadores sufrirán un mayor gravamen y, en consecuencia, recibirán menos ingresos. Y los mejor pagados pagarán menos impuestos. Es el mundo del revés. No está siendo equitativo el pago de impuestos por ISR, con todo y que están exentos quienes ganen menos de cinco salarios mínimos. La reforma fiscal, una vez más, en su edición derechista, “empobrecerá a la clase media”. La detallada información (El Financiero: 9/I/08), nos ilustra sobre la maniobra fiscal que impedirá el consumo a lo que hay que agregar el alza de los precios a partir del “gasolinazo” calderonista.
Los laberintos de Calderón

Para el genérico observador político los enredos acumulados de Calderón serían el resultado normal de la torpeza: la reforma legislativa y eventualmente constitucional para privatizar las ganancias de PEMEX, la modificación del procedimiento penal (ya aprobada por la Cámara de Diputados con la feliz eliminación de un dispositivo que hubiera permitido el allanamiento del domicilio sin orden judicial) y, por supuesto, el haber sacado al Ejército de los cuarteles en tareas policíacas, lo cual palmariamente es inconstitucional (aunque mucho se discuta la mayor eficacia del Ejército en la guerra contra el narcotráfico y el contrabando de armas).
Pero además no puede olvidarse el tremendo retraso que tiene ya la revisión de la Ley de Medios ordenada por la Suprema Corte de Justicia, que duerme el sueño de los justos en el Senado de la República, y acerca de la cual una gran cantidad de organizaciones civiles presionan para que cuanto antes se haga realidad, en los términos fijados por el más alto tribunal que corrige las principales aberraciones de la Ley Televisa, aprobada previamente por la Cámaras de Diputados y Senadores. La reciente reunión de la AMEDI que encabeza Javier Corral y de otras organizaciones sociales subrayaron no solamente los lineamientos democráticos de una genuina ley de información, sino también el freno que se le ha puesto a su concreción, seguramente por la intervención de intereses contrarios.
Pero para el no tan genérico observador, el enredo no es tan ingenuo sino en el fondo motivado por intereses cuyas puntas se asoman de manera clara. No es casual que ahora, en el momento de su mayor auge, se pretendan privatizar los ingresos de PEMEX, o que el Ejército esté en las calles cuando se pretende sacar una ley judicial que vulnera a los derechos humanos y sociales. Y que el Senado de la República se resista a concretar una ley que tendería a garantizar el derecho ciudadano a la información y a la comunicación, la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, a crear un órgano regulador autónomo de los medios, a promover la diversidad de contenidos y también la pluralidad de los emisores (según la exposición última de Javier Corral). Una ley, conforme al art. 27 constitucional y la sentencia de la Suprema Corte, que debería terminar con el duopolio de la Televisión, que es una de las vergüenzas de México hoy.
Las razones profundas de este laberinto brincan por todos lados, y no son simplemente el efecto de la incompetencia. Al contrario, serían el resultado de una cuidadosa orquestación de intereses, no por cierto en beneficio de la sociedad mexicana. Una causa es sobre todo evidente: la voracidad de las empresas extranjeras (y nacionales) que, sobre todo ahora que están por las nubes los precios del petróleo, presionan para que se privatice la riqueza generada, sin que necesariamente ambicionen la titularidad de las empresas. Ellos prefieren sobre todo el cobro (y la acumulación) contante y sonante, no forzosamente los trastos de la compañía. Como hoy funciona el neoliberalismo: el valor de cambio se ha convertido sobre todo en financiero, en bolsas que se abren para verse repletas de fortunas y no de títulos de propiedad.
Es cierto: si se despojara a los mexicanos de su patrimonio de energéticos encabezados por el petróleo, su futuro se verá cada vez más ensombrecido, clausurado definitivamente. No es que se incite a la violencia sino que simplemente se observan los hechos, hasta pudiera decirse que los verdaderos incitadores a la violencia son los privatizadores, porque le rompen las alas al posible beneficio del pueblo, a su futuro más promisorio. No nos extrañemos que esta nueva operación, después de muchas otras que han dejado en los huesos a la economía nacional, sea la causa de la violencia que puede desencadenarse, inclusive de levantamientos desesperados del pueblo.
Todo se combina: el Ejército en las calles que hasta ahora parece batallar sobre todo en contra del “crimen organizado” (no sin represiones y violaciones a los derechos humanos y sociales), serviría en ese momento de extensa red de contención y represión generalizada. El saqueo del pueblo, que tarde o temprano provoca la reacción social, estaría apoyado por la mano dura del Ejército dispuesto en línea. La historia del país cambiaría otra vez, y nos enfilaríamos a otra etapa de crueles enfrentamientos.
¿Verdad que no es tan difícil encontrar los cabos sueltos de las iniciativas políticas del Estado panista, y más allá de ese partido? ¿No es verdad que las puntas del embrollo se asoman con meridiana claridad? ¿Y no es verdad que están dirigidas a garantizar la impunidad en el saqueo del pueblo y el usufructo de la riqueza nacional por unos cuantos, echando mano de la represión si fuera el caso? ¿Y no es verdad que los llamados dirigentes se comportan como cortesanos de sus amos de dentro y fuera? ¿Y no es alarmante que ya se toman las providencias del caso con el Ejército mexicano fuera de los cuarteles, con una ley judicial para el mayor control de la sociedad y su eventual represión, y con una ley de medios que obedece más a la voluntad de controlar que de informar?
De la misoginia al feminicidio
Manú Dornbierer
Uno de los libros que más impresionaron a los lectores en los años 80 fue la novela del francés (bretón) Yann Keffelec, Nupcias Bárbaras. Tanto que ganó el Premio Goncourt de 1985. Es la historia de Ludovic, un niño odiado por su madre, por sus abuelos, por sus profesores, por sus compañeros de escuela (cuando breve y tardíamente lo llevan a una), que pasa sus primeros años oculto y completamente solo en un granero y termina siempre solitario en un barco abandonado en una costa. Es el producto de la violación masiva de una niña de 13 años por jóvenes soldados estadounidenses estacionados en Bretaña después de la II Guerra Mundial. La chica se enamora de uno de ellos y sale con él. Por fin se cierra la base y a punto de regresar a su país, el novio la invita a la fiesta de despedida. El está solo con sus amigos y se las “regala”. Todos la violan.
Desde tiempos inmemoriales son comunes las historias de brutalidades contra el botín de guerra que son las mujeres por parte de las tropas en tierra conquistada o no. Los soldados están programados para matar. Es obvio que de alguna manera los obligan a despreciar la vida humana. Se les exige no sentir piedad y combatir sentimientos como el amor, la ternura (lea o relea el libro 1984 de George Orwell”. Así haya muchos soldados estadounidenses que se casaron después de las guerras mundiales del siglo XX con mujeres de los países invadidos, hay también siniestras historias de violaciones y abusos sin fin en los países ocupados, por supuesto en nombre de la democracia. No hablemos ya del sadismo de las tropas -our boys- en Irak, Afganistán y Guantánamo. Con el también más que evidente y nunca curado racismo anglosajón contra los de piel más o menos oscura, en India son infinitas las historias de niñas violadas, literalmente trituradas y ¡tiradas a la basura! durante el “Raj”, la dominación británica. Y a final del siglo pasado, como si no hubiera habido bastantes guerras, en la horrible que inventaron “los aliados” para desmembrar a Yugoslavia y librarla de su “contaminación” musulmana, las violaciones de mujeres constituyeron una siniestra estrategia de limpieza étnica contra albaneses y kosovares.
El terrible asunto conocido como Las muertas de Juárez en tiempos en que el panista Francisco Barrio era gobernador de Chihuahua y aparentemente no hizo nada para pararlo en seco, se empezó a sospechar que gente muy poderosa y hasta intocable estaba tras ese horror. Por alguna razón aquel libro empezó a trotarme en la mente, pero sólo recientemente vi en un artículo Utopía, de Eduardo Ibarra Aguirre en su revista Fórum, la mención de una base militar cercana a Ciudad Juárez: “Para la nueva fiscal especial para delitos de violencia contra las mujeres, Guadalupe Morfín Otero, alrededor de la cuarta parte de los 400 homicidios cometidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, se deben agotar las hipótesis que señalan la existencia de asesinatos seriales y la comisión de esos delitos como parte de ritos de iniciación”. Habló de hipótesis clave soslayadas hasta hoy, e Ibarra en su artículo menciona la de tráfico de órganos y la posible participación en los crímenes de soldados de Estados Unidos, establecidos en la base militar de El Paso, Texas”.
¿No habrían osado nuestros políticos investigar siquiera la línea de la base militar de El Paso entre otras? Claro que no. ¿Cómo van a molestar con una sospecha sucia de tantos y espantosos feminicidios a los inversionistas de las maquiladoras o a la Army que hoy va a venir a unirse y mandar a nuestro ejército a través de la Iniciativa Mérida? A los soldados -piensan sus jefes, los presidentes- hay que defenderlos contra los ciudadanos y ocultarles todos sus desmanes. Se dice además que hay políticos importantes implicados en la monstruosidad.
ERNESTINA SUPO QUE NUESTROS SOLDADOS TAMBIEN VIOLAN y Calderón demostró que no está dispuesto a elucidar asuntos de sus militares... “Haiga sido como haiga sido”, se dijo sin duda el pragmático Felipe cuando defendió a los sardos violadores y asesinos de la anciana indígena Ernestina, “ella murió de anemia”, no por la cobarde barbarie de sus muchachos, sino de la “lógica” desnutrición que tradicionalmente deben padecer esos debiluchos aborígenes. ¿Qué no obligó a cambiar su versión original al ombudsman José Luis Soberanes cuya tarea es precisamente la de defender a los ciudadanos de los abusos de las autoridades? Y él accedió gustoso, pues lo único bonito que tiene ese señor es un saco de cashemere beige finísimo y de muchísimas libras… esterlinas. Y por supuesto no es Ernestina, asesinada en Veracruz, la única mujer indígena masivamente violada por uniformados que ha logrado los titulares de los periódicos.
EL CASO ATENCO ORDENADO POR VICENTE FOX a su entonces policía y hoy Procurador General ¡de Justicia! de la Nación, Eduardo Medina Mora -amén de que produjo una criminal condena de 67 años contra el luchador social Nacho Valle siendo que al peor de los narcos le dan de 3 a 4 años- tiene aún una averiguación previa, un poco lenta, respecto a las violaciones de que fueron objeto las mujeres mexiquenses el 3 y 4 de mayo del 2006. Menos mal que la nueva fiscal citada que tomó posesión del cargo a fines de enero, dijo que es “uno de los casos a los que le estamos dando prioridad”. ¿Será?
Esa nueva fiscal ya había estado en Ciudad Juárez de octubre del 2003 a octubre del 2006, como comisionada del gobierno federal para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Ahora la ascienden. ¿Hizo algo positivo en su anterior escalón? ¿Podrá resolver el caso de los policías violadores de Medina Mora en Atenco, cuando a él mismo lo ascendió Calderón a la Procuraduría? ¿La dejarán?
Foxtrizas ya se largó con su partida de ladrones Bribiesca, limpio como un angelito, según la justicia de su heredero del trono panista, aunque será recordado por la Historia como un irresponsable cínico que le hizo a México los peores daños. Pero queda el Caso Atenco intacto o peor aún, mal juzgado. Un crimen oficial de las policías conducidas por Eduardo Medina Mora contra ciudadanos cuyo principal crimen fue humillar a Fox que les quería comprar sus tierras a 7 pesos el metro.
La antecesora de Morfín Otero, la fiscal Alicia Pérez Duarte, ex titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres, renunció por dignidad profesional y HUMANA al cargo porque precisamente recibió órdenes del hoy Procurador Eduardo Medina Mora de no consignar a los policías poblanos que secuestraron a Lydia Cacho en Cancún el 16 de diciembre del 2005, para llevarla a “juzgar” a Puebla. Las órdenes de vejar, asustar, faltarle al respeto, etc., lo que relata Lydia Cacho en su reciente libro Memorias de una Infamia, eran del gobernador priísta Mario Marín, del rey de la mezclilla Kamel Nacif, es decir un empresario que manejó a policías estatales para defender a su amigo el estadounidense rey de la Pornografía y de la Explotación Infantil, el pedófilo Jean Succar Kuri. El gobierno primero y la Suprema Corte después solapan y protegen a todos estos canallas. A los y las ministras les pagamos 500 mil pesos al mes los mexicanos. ¿Se sospecha de otras entradas dados algunos fallos últimos? Grave, muy grave que la Suprema haya perdido la credibilidad.
Así relata su renuncia la ex fiscal Pérez Duarte, que dejó su cargo, por “indignación y vergüenza”: “El procurador “me dijo expresamente que me esperara”, que no ejecutara la acción penal, “y en la espera, de pronto me quitaron el asunto” de la denuncia de Lydia Cacho para mandárselo al fiscal para delitos contra periodistas”.
Posteriormente, la Suprema Corte consideró como “no graves” las violaciones a los Derechos Humanos de la periodista secuestrada durante las 22 horas de viaje de Cancún a Puebla, amenazada de muerte, soportando procacidades de los policías y una terrible presión psicológica. Qué caro le salió a Lydia no sólo su valor de denunciar a los criminales, algo que México debe agradecerle siempre, sino que le cobraron también el precio que el PAN le pagó al PRI por el fraude.
Y aquí volvemos a Chihuahua. La infame red de Jean Succar Kuri incluye al parecer las ciudades de Chihuahua, Tijuana, Mexicali y Cancún. ¿No incluirá también Juárez? La nueva fiscal dice que no hay antecedente de que se haya iniciado una investigación contra la red Succar Kuri… Es fácil desearle a Lupita Morfín Otero que resuelva sus casos, que aclare los pavorosos feminicidios que le han dado la vuelta al mundo para vergüenza de este país y que proteja a las mujeres mexicanas. Pero es más difícil creer que lo pueda hacer: Tiene en contra, como vimos, al propio procurador Eduardo Medina Mora. Y Felipe Calderón, amén de su necesidad de pagar facturas como la de Mario Marín y Ulises Ruiz, como también vimos con el caso de Ernestina no es precisamente un hombre de naturaleza propensa a hacer justicia a las mujeres. Muchos daños pueden amenazar bajo este gobierno a mujeres mexicanas de todos tipos y niveles sociales. Es obvia la misoginia calderonista. Todas podemos estar en peligro: Lydia Cacho lo está, a Carmen Aristegui le quitaron su trabajo “mexicano”. Por fortuna, igual de equilibrada y valiente, sigue en la CNN, pero ojo, mucho ojo. El pasado miércoles con AMLO a bordo, falló la señal de la emisora por la oficial Cablevisión, naturalmente. La denuncia es nuestra mejor defensa, señoras.
Insultante
Mientras que el aumento a los salarios mínimos para este año fue de sólo 1 peso con 90 centavos al día, los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) se autorizaron un alza de aproximadamente 25 mil pesos para un salario mensual de 172 mil pesos libres
Leonardo Valdés, presidente del Consejo General del IFE, confirmó el incremento al salario de los consejeros con el argumento de que la Constitución establece que sus sueldos deben ser equivalentes a los de los ministros de la Suprema Corte. (UNIVERSAL)
MEXICO, D.F., 29 de febrero (APRO).- Mientras que el aumento a los salarios mínimos para este año fue de 4%, equivalentes a un peso con 90 centavos al día, los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) se autorizaron un alza de aproximadamente 25 mil pesos para un salario mensual de 172 mil pesos libres.
El presidente del Consejo General del IFE, Leonardo Valdés, confirmó hoy el incremento al salario de los consejeros con el argumento de que la Constitución establece que sus sueldos deben ser equivalentes a los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ascienden a poco más de 330 mil pesos mensuales, para un sueldo anual de casi 4 millones de pesos.
“Hasta este mes los consejeros electorales estamos percibiendo un poco más de 151 mil pesos netos. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia están percibiendo un poco más de 172 mil pesos aproximadamente (de sueldo base), no tengo la cifra exacta”, dijo Valdés, quien evadió detallar otras percepciones y prestaciones.
En entrevista, Valdés explicó que los consejeros percibirán aproximadamente 13% más que en el 2007, cuando decidieron bajarse el sueldo en 10% para imitar al gobierno de Felipe Calderón, pero ahora se compensan ese aumento y, además, el que corresponde a la inflación.
“La Constitución, en su artículo 41, fracción V, establece que la remuneración de los consejeros electorales debe ser igual a la remuneración base de los ministros. Digamos que la brecha que se abrió, producto de la decisión del Consejo General en enero del año 2007, es una brecha de aproximadamente 20 mil, 23 mil pesos, entre la remuneración actual de los consejeros electorales y la remuneración de los ministros de la Suprema Corte de justicia”, expuso el funcionario.
Valdés, quien relevó en el cargo a Luis Carlos Ugalde y a Andrés Albo en la presidencia del IFE, evadió opinar si la baja de 10% del 2007 fue sólo una medida propagandística, pero defendió el aumento del que gozarán los consejeros y el personal del IFE en este 2008.
La Plataforma Juicio a Aznar presenta conclusiones y proyectos
Ramón Pedregal Casanova
Rebelión
El día 23 de Febrero había quedado en la Historia como una fecha nefasta. ¿El golpe de Estado fracasó en su totalidad? Las movilizaciones gigantescas que se produjeron a continuación apenas dejaron rastro poco después y los responsables políticos del momento conservaron abierto el butrón hecho por los fascistas. Las responsabilidades que se derivaron quedaron limitadas a un grupo muy reducido y además, fueron muy pequeñas.
Este 23 de Febrero ha servido para algo ejemplar, en el edificio de Comisiones Obreras que lleva el nombre de Centro de Abogados de Atocha, en Madrid, llena la sala y con gente sin poder entrar porque no cabía más, convocada por la Plataforma Juicio a Aznar se celebró una sesión en la que sus representantes, miembros de movimientos sociales, personalidades políticas y el equipo de abogados, expusieron los principios argumentales en los que se basa la denuncia presentada contra el ex presidente Aznar ante los tribunales españoles para que se le juzgue atendiendo a los hechos siguientes: haber emprendido hace 5 años una guerra de destrucción masiva contra una población, un país inerme con el que no se tenía ningún conflicto, actuando al margen y en contra de toda legislación internacional y la de la Constitución Española, habiendo partido de una premisa (que el régimen iraquí tenía armas de destrucción masiva) que los inspectores de la ONU demostraron que era falsa como declararon en su día. Puestos y manteniéndose en la senda de aquél nefasto 23 F los poderes públicos no han pedido responsabilidades a quienes violaron las leyes de forma criminal, y no sólo eso declararon los miembros de la Plataforma, si no que añadieron que algunos de los responsables políticos a los que se les ha preguntado hicieron público su apoyo a los responsables intelectuales y organizadores de los bombardeos de la población iraquí, como Javier Solana, responsable de la OTAN, o el caso de Zapatero que preguntado por su opinión sobre el juicio a Aznar declaró que mientras el fuese presidente no se le pedirían responsabilidades.
Según informaron los miembros de la Plataforma en esta sesión, la separación entre quienes representan el Poder, por un lado, y por otro la población en general, es enorme: en un solo día la comisión de artistas contra la guerra, de la que salió la Plataforma Juicio a Aznar, recogió en menos de 24 horas en la Puerta del Sol 30.000 firmas. La campaña de recogida de firmas sobrepasó los 2 millones de firmas. El principio básico que impulsa la denuncia es: “Todo el mundo es responsable de sus actos, …nadie puede estar más allá de la Ley.”
Queda claro que es la gente la que unida puede conseguir que se respete la Ley y los responsables sean juzgados. ¿Cómo impedir si no que nuestros amos campeen a sus anchas por el mundo, sin el mínimo respeto a la vida, a la dignidad humana y a nuestros derechos? ¿Cómo impedir que campeen a sus anchas por nuestros pensamientos, los destruyan y hagan imposible que sobreviva el más pequeño principio de igualdad ante la justicia?
No sólo en España, declararon, se pide el procesamiento de nuestro principal inspirador e instigador de la guerra y de sus corresponsables, Rod Musselman, miembro de Asociación Voces Estadounidenses, llegado de aquel país declaró que en EEUU van ganando terreno las organizaciones humanitarias y las personalidades publicas que se han unido con un único fin: que se procese a Bush y a aquellos que le acompañaron en su aventura. También allí la recogida de firmas es millonaria. Otro tanto viene sucediendo en Inglaterra, aunque lo que ha resaltado más ha sido el estreno de una obra teatral en la que se enjuicia a Blair.
Hablando de teatro, en la mesa constituida que informaba de los trabajos que llevaba a cabo la Plataforma Juicio a Aznar, había dos artistas dando ejemplo cívico: Jordi Dauder, actor del movimiento Cultura contra la Guerra, y, Susana Oviedo, actriz, que hizo lectura emocionantísima de algunos pasajes de “Las Troyanas”, donde Eurípides narró el horror de la guerra.
El equipo de abogados de la Plataforma, repasando Leyes Internacionales y de los Estados, fue haciendo patente el principio fundamental: No puede haber impunidad. Dar pábulo a la impunidad es mantener la desigualdad ante la Ley, el abuso de poder y el derecho a la injusticia.
Entre los muchos datos que se aportaron sobre la situación actual de la población en Iraq pueden subrayarse los siguientes:
Hay ya más de 500.000 muertos.
Han quedado huérfanos 6.000.000 millones de niños.
Deambulan por las calles sin ningún tipo de atención ni nadie que les proteja 1.600.000 niños.
Hay 5.000.000 millones de refugiados.
Iraq ha pasado de ser un país próspero que tenía una renta per cápita de 4.500 dólares, a tener una renta de sólo 1.000 dólares.
Desde la mesa lanzaron una pregunta: ¿Quién ha asumido la responsabilidad de todo esto, de la guerra? Y aún se reflexionó sobre consecuencias para España como, entre otras, fue el 11 M.
Seguidamente hicieron repaso de las armaduras políticas con las que se revisten los poderosos: Inviolabilidad, Inmunidad, y, Aforamiento
Han pasado 5 años desde el inicio de la guerra, y el camino de la recuperación moral y ética de la sociedad empieza a verse más claro. La experiencia dice que la movilización de la sociedad consigue el restablecimiento de la ética y la justicia social, ahí están los casos últimos más conocidos de Chile y Argentina. Los miembros allí presentes de la Plataforma Juicio a Aznar hicieron una llamada: “todo el/la que quiera colaborar encuentra aquí su sitio, hay mucha tarea para hacer”. Dejaron dos preguntas: ¿A qué estamos dispuestos a comprometernos? y ¿Qué vamos a hacer? Y para obtener información la dirección de internet: www.juicioaaznar.net
Éste 23 F resultó bien distinto a aquel otro.