domingo, marzo 30, 2008

Invisibles

Eduardo Galeano

El héroe

¿Cómo hubiera sido la guerra de Troya contada desde el punto de vista de un soldado anónimo? ¿Un griego de a pie, ignorado por los dioses y deseado no más que por los buitres que sobrevuelan las batallas? ¿Un campesino metido a guerrero, cantado por nadie, por nadie esculpido? ¿Un hombre cualquiera, obligado a matar y sin el menor interés de morir por los ojos de Helena?

¿Habría presentido ese soldado lo que Eurípides confirmó después? ¿Que Helena nunca estuvo en Troya, que sólo su sombra estuvo allí? ¿Que diez años de matanzas ocurrieron por una túnica vacía?

Y si ese soldado sobrevivió, ¿qué recordó?

Quién sabe.

Quizás el olor. El olor del dolor, y simplemente eso.

Tres mil años después de la caída de Troya, los corresponsales de guerra Robert Fisk y Fran Sevilla nos cuentan que las guerras huelen. Ellos han estado en varias, las han sufrido por dentro, y conocen ese olor de podredumbre, caliente, dulce, pegajoso, que se te mete por todos los poros y se te instala en el cuerpo. Es una náusea que jamás te abandonará.

Americanos

Cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio, desde una cumbre de Panamá, los dos océanos. Los que allí vivían, ¿eran ciegos?

¿Quiénes pusieron sus primeros nombres al maíz y a la papa y al tomate y al chocolate y a las montañas y a los ríos de América? ¿Hernán Cortés, Francisco Pizarro? Los que allí vivían, ¿eran mudos?

Lo escucharon los peregrinos del Mayflower: Dios decía que América era la Tierra Prometida. Los que allí vivían, ¿eran sordos?

Después, los nietos de aquellos peregrinos del norte se apoderaron del nombre y de todo lo demás. Ahora, americanos son ellos. Los que vivimos en las otras Américas, ¿qué somos?

Fundación de las desapariciones

Miles de muertos sin sepultura deambulan por la pampa argentina. Son los desaparecidos de la última dictadura militar.

La dictadura del general Videla aplicó en escala jamás vista la desaparición como arma de guerra. La aplicó, pero no la inventó. Un siglo antes, el general Roca había utilizado contra los indios esta obra maestra de la crueldad, que obliga a cada muerto a morir varias veces y que condena a sus queridos a volverse locos persiguiendo su sombra fugitiva.

En la Argentina, como en toda América, los indios fueron los primeros desaparecidos. Desaparecieron antes de aparecer. El general Roca llamó conquista del desierto a su invasión de las tierras indígenas. La Patagonia era un espacio vacío, un reino de la nada, habitado por nadie.

Y los indios siguieron desapareciendo después. Los que se sometieron y renunciaron a la tierra y a todo, fueron llamados indios reducidos: reducidos hasta desaparecer. Y los que no se sometieron y fueron vencidos a balazos y sablazos, desaparecieron convertidos en números, muertos sin nombre, en los partes militares. Y sus hijos desaparecieron también: repartidos como botín de guerra, llamados con otros nombres, vaciados de memoria, esclavitos de los asesinos de sus padres.

Padre ausente

Robert Carter fue enterrado en el jardín.

En su testamento, había pedido descansar bajo un árbol de sombra, durmiendo en paz y en oscuridad. Ninguna piedra, ninguna inscripción.

Este patricio de Virginia fue uno de los más ricos, quizás el más, entre todos aquellos prósperos propietarios que se independizaron de Inglaterra.

Aunque algunos padres fundadores de Estados Unidos tenían mala opinión de la esclavitud, ninguno liberó a sus esclavos. Carter fue el único que desencadenó a sus cuatrocientos cincuenta negros para dejarlos vivir y trabajar según su propia voluntad y placer. Los liberó gradualmente, cuidando de que ninguno fuera arrojado al desamparo, setenta años antes de que Abraham Lincoln decretara la abolición.

Esta locura lo condenó a la soledad y al olvido.

Lo dejaron solo sus vecinos, sus amigos y sus parientes, todos convencidos de que los negros libres amenazaban la seguridad personal y nacional.

Después, la amnesia colectiva fue la recompensa de sus actos.

La Justicia ve

La historia oficial de Brasil sigue llamando inconfidencias, deslealtades, a los primeros alzamientos por la independencia nacional.

Antes de que el príncipe portugués se convirtiera en emperador brasileño, hubo varias tentativas patrióticas. Las más importantes fueron las de Minas Gerais y Bahía.

El único protagonista de la Inconfidencia mineira que fue ahorcado y descuartizado, Tiradentes, el sacamuelas, era un militar de baja graduación. Los demás conspiradores, señores de la alta sociedad minera hartos de pagar impuestos coloniales, fueron indultados.

Al fin de la Inconfidencia bahiana, el poder colonial indultó a todos, con cuatro excepciones: Manoel Lira, João do Nascimento, Luis Gonzaga y Lucas Dantas fueron ahorcados y descuartizados. Los cuatro eran negros, hijos o nietos de esclavos.

Hay quienes creen que la Justicia es ciega.

Olympia

Son femeninos los símbolos de la revolución francesa, mujeres de mármol o bronce, poderosas tetas desnudas, gorros frigios, banderas al viento.

Pero la revolución proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y cuando la militante revolucionaria Olympia de Gouges propuso la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, la guillotina le cortó la cabeza.

Al pie del cadalso, Olympia preguntó:

–Si las mujeres estamos capacitadas para subir a la guillotina, ¿por qué no podemos subir a las tribunas públicas?

No podían. No podían hablar, no podían votar.

Las compañeras de lucha de Olympia de Gouges fueron encerradas en el manicomio. Y poco después de su ejecución, fue el turno de Manon Roland. Manon era la esposa del ministro del Interior, pero ni eso la salvó. La condenaron por su antinatural tendencia a la actividad política. Ella había traicionado su naturaleza femenina, hecha para cuidar el hogar y parir hijos valientes, y había cometido la mortal insolencia de meter la nariz en los masculinos asuntos de estado.

Y la guillotina volvió a caer.

Los invisibles

En 1869, el canal de Suez hizo posible la navegación entre dos mares.

Sabemos que Ferdinand de Lesseps fue autor del proyecto, que el pachá Said y sus herederos vendieron el canal a los franceses y a los ingleses a cambio de poco o nada, que Giuseppe Verdi compuso la ópera Aída para que fuera cantada en la inauguración y que noventa años después, al cabo de una larga y dolida pelea, el presidente Gamal Abdel Nasser logró que el canal fuera egipcio.

¿Quién recuerda a los ciento veinte mil presidiarios y campesinos, condenados a trabajos forzados, que construyendo el canal cayeron asesinados por el hambre, la fatiga y el cólera?

En 1914, el canal de Panamá abrió un tajo entre dos océanos.

Sabemos que Ferdinand de Lesseps fue autor del proyecto, que la empresa constructora quebró, en uno de los más sonados escándalos de la historia de Francia, que el presidente de Estados Unidos, Teddy Roosevelt, se apoderó del canal y de Panamá y de todo lo que encontró en el camino, y que sesenta años después, al cabo de una larga y dolida pelea, el presidente Omar Torrijos logró que el canal fuera panameño.

¿Quién recuerda a los obreros antillanos, hindúes y chinos que cayeron construyéndolo? Por cada kilómetro murieron setecientos, asesinados por el hambre, la fatiga, la fiebre amarilla y la malaria.

Las invisibles

Mandaba la tradición que los ombligos de las recién nacidas fueran enterrados bajo la ceniza de la cocina, para que temprano aprendieran cuál es el lugar de la mujer, y que de allí no se sale.

Cuando estalló la revolución mexicana, muchas salieron, pero llevando la cocina a cuestas. Por las buenas o por las malas, por secuestro o por ganas, siguieron a los hombres de batalla en batalla. Llevaban el bebé prendido a la teta y a la espalda las ollas y las cazuelas. Y las municiones: ellas se ocupaban de que no faltaran tortillas en las bocas ni balas en los fusiles. Y cuando el hombre caía, empuñaban el arma.

En los trenes, los hombres y los caballos ocupaban los vagones. Ellas viajaban en los techos, rogando a Dios que no lloviera.

Sin ellas, soldaderas, cucarachas, adelitas, vivanderas, galletas, juanas, pelonas, guachas, esa revolución no hubiera existido.

A ninguna se le pagó pensión.

(Capítulos del libro Espejos/ Una historia casi universal, de Eduardo Galeano, que pronto estará en librerías)

El PRD hoy y Cárdenas

Arnaldo Córdova

Cuando leí la carta de Cuauhtémoc Cárdenas a los miembros del PRD, del 21 de marzo, no sabía si llorar o reír. Debo decir que yo tengo una relación de amistad con Cárdenas desde hace más de cuatro décadas. Siempre nos hemos tratado con afecto, pero nunca hemos coincidido políticamente. Yo jamás estuve de acuerdo con sus métodos de dirección del partido y se lo hice saber desde el principio (en los días del Primer Congreso, cuando publiqué un artículo, “El PRD ante su Primer Congreso”, Unomásuno, 16/11/1990, criticando el modo en el que estaba conduciendo a nuestra organización). Él siempre lo supo y debo decir que siempre me dijo que estaba en mi derecho, a diferencia de sus allegados, que veían en mí a un traidor o a un agente del salinismo.

En aquel artículo, de hace casi 18 años, yo señalaba el derrotero desastroso al que Cárdenas nos estaba conduciendo: sus primeros seguidores eran antiguos colegas suyos priístas que no tenían ni la más remota experiencia partidaria, como no fuera la de funcionarios; le pudieron haber ayudado los cuadros que aportaba la dirigencia partidista de la vieja izquierda; él prefirió dar prioridad a los cuadros que venían de la izquierda grupuscular (en especial, trotskistas, cívicos y antiguos guerrilleros). Por la diversidad de componentes del nuevo partido, todos discutíamos sobre las “corrientes de opinión”. Yo advertía que no podía haber tales, sino grupos de interés que coparían la vida interna del partido.

Desde entonces, se ha desarrollado el PRD como lo que es hoy: ese engendro de grupillos mafiosos que no tienen otro interés que el suyo y que contienden ferozmente por el poder interno, como hoy lo estamos viendo. Cárdenas está horrorizado. Ya en otras ocasiones se lo he dicho: eso que es hoy el PRD es, exactamente y en primer lugar, obra suya y de nadie más. Él fue quien legitimó las “corrientes”, excluyendo a todos los que no estaban de acuerdo con su modo de dirigir al partido. Jesús Ortega era uno de sus allegados, también Rosalbina Garabito, que luego empezó a despotricar en su contra. Y tantos otros desencantados que perdieron su favor.

Ciertamente, lo que hemos visto en estos días en el PRD es vergonzoso y nadie podría justificarlo. Todos los grupillos de poder que hoy se hacen pedazos por su dirigencia se formaron en los primeros tiempos del liderazgo de Cárdenas y no sé si con su bendición. Recuerdo que uno de esos primeros grupos fue el de Camilo Valenzuela. Conservo entre mis papeles una circular en la que llama a “tomar el poder interno del partido”. Un día, socarronamente, Camilo me pidió copia de su escrito porque ya no lo recordaba. A Graco Ramírez lo recuerdo desde el principio como uno de los favoritos. También a Adolfo Gilly y a Ricardo Pascoe. Muchos de ellos ya no están en el escenario, pero los que están, están desde entonces.

Cárdenas lamenta las porquerías que hoy se han dado en el PRD. Yo podría documentarle, desde la fundación del partido, que esas porquerías se han dado siempre, que se le advirtió (yo se lo advertí) y que él nunca lo consideró. Sólo lo hace ahora. ¡Curioso! La prensa derechista de todo el país y, en especial, los medios electrónicos monopólicos, así como algunas almas buenas que quisieran un PRD con traje de gala, están en su agosto con el “cochinero” de ese partido, como si en los demás no se dieran tales obscenidades. Lo peor de todo: se está presentando como si fuera una oscura y sucia maquinación de López Obrador y su “hechura”, Alejandro Encinas. Cárdenas ahora viene a condenarlos a todos, pero el dardo está dirigido al corazón del que llamamos gobierno legítimo.

Ya desde la campaña electoral de 2006 me sorprendió cada día la posición en extremo ambigua de Cárdenas. Ahora, me deja anonadado. No me cabe la menor duda de que para muchísimos perredistas Cárdenas es una figura venerada. Yo sé que sin él ni su persistente lucha jamás habríamos tenido ese gran partido de izquierda por el que ahora luchamos, así esté lleno de granujas sin estilo y sin ética. Lo que me pregunto es, ¿por qué hasta hoy? Lo que propone, para limpiar ese innombrable establo de Augías que es el PRD, es nada menos que desaparecer todos sus órganos de dirección y nombrar un presidente interino que, al estilo de los dictadores de la antigua Roma, tenga poder suficiente para recrear otro partido.

Con la autoridad de “líder moral” de que está investido (yo no acabo de saber por quién), Cárdenas ha descalificado las elecciones internas del PRD y propone anularlas. ¡Todo está podrido, hay que echarlo todo a la basura! Leonel Cota le ha respondido bien: el ingeniero no tiene autoridad alguna para descalificar nuestros procesos internos. Arturo Núñez está equivocado: no se trata de una componenda “política”. El partido debe limpiar su elección interna, seguir los procedimientos estatutarios y legales y, si es el caso, debe someterse a la autoridad superior en la materia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cárdenas dice que eso sería confesar que no somos capaces de resolver nuestros propios problemas. ¿Cómo afirma eso si ya nos ha dicho que somos una partida de rufianes sin remedio? Somos un partido legal, por si él no lo sabe.

Los seguidores más solícitos de Cárdenas en otros tiempos fueron los hoy llamados Chuchos, fueron también los primeros que lo repudiaron. Entonces recurrieron a mí, porque sabían que yo siempre había sido crítico de Cuauhtémoc. Me dieron un puesto honorífico en una revista que publicaron por unos meses. Luego me soltaron. Leo todos los reportes de provincia sobre las elecciones perredistas y llevo la cuenta. De los incidentes penosos en los que hemos caído (fraudes, agresiones verbales y físicas) un muy buen 80 por ciento de los mismos se debe a los seguidores de Ortega. En el DF no han podido hacer nada de lo que hicieron en provincia y, lo impensable, han perdido su bastión más corrupto e impenetrable, Iztapalapa.
Agencias de noticias latinoamericanas opinaron sobre su rol frente al Terrorismo Mediático

El encuentro, que ha contado con la asistencia masiva del público venezolano, se ha realizado de forma paralela a la asamblea de medio año de la SIP. (Foto: TeleSUR)


La conferencia se llevó a cabo a propósito del I Encuentro Latinoamericano contra el Terrorismo Mediático.

Representantes de la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN, de Venezuela), la Agencia Boliviana de Información (ABI, de Bolivia), Télam (de Argentina), y Prensa Latina (de Cuba), disertaron este domingo sobre el papel que deben jugar estas entidades -de carácter público- para hacer frente al Terrorismo Mediático de las grandes empresas informativas.
La conferencia se llevó a cabo a propósito del I Encuentro Latinoamericano contra el Terrorismo Mediático, que tiene lugar desde el pasado jueves en Caracas y que concluirá la tarde de este domingo con la lectura de las conclusiones.
El vicepresidente de Télam, Felipe Yapur, explicó que las agencias estatales de los gobiernos progresistas latinoamericanos están en la obligación de intercambiar noticias para dar a conocer en sus países de forma recíproca las noticias de sus procesos políticos con una visión revolucionaria.
"No queremos reproducir lo que pasa en Venezuela o lo que pasa en Bolivia, con miradas de las agencias internacionales europeas o norteamericanas. Por ejemplo, yo quiero tener información de Venezuela de periodistas venezolanos que estén comprometidos con el proceso que se lleva adelante, una mirada de la información venezolana sobre Venezuela", comentó Yapur.
El periodista argentino lamentó que no todos los países con procesos políticos de izquierda cuenten con una agencia de noticias, "pero hay que comenzar por lo que existe y sería bueno que de este encuentro salieran líneas de acción para trabajar en auto informarnos y mantenernos en contacto para saber lo que está pasando en el país hermano y resistir a los embates del Terrorismo Mediático".
Yapur aseguró que los países revolucionarios de América Latina no pueden enterarse de sus noticias a través de DPA, Ansa o AFP, por citar tres ejemplos, sino, por el contrario, hacerse de herramientas alternativas como los blogs y los portales de Internet.
Por su parte, el director de ABI, Grover Cardoso, explicó que en Bolivia también se libra actualmente una dura batalla comunicacional, tomando en cuenta la diatriba política y las estrategias terroristas de los grandes medios de comunicación internacionales y nacionales de ese país.
Sin embargo, añadió: "Así como la derecha utiliza recursos de todo tipo para sustentar su poder en algunas regiones, los movimientos sociales y la mayor parte de la población boliviana se mantiene movilizado y a través de la comunicación oral, por radio, y algunos canales siguen teniendo esperanza en este proyecto que comenzó el 22 de enero de 2006. De algo estamos seguros todo el país es que nunca más se permitirá el nivel del maltrato que tuvo lugar en los últimos cien años".
También estuvieron en calidad de ponentes Freddy Fernández, en representación de ABN y Miguel Lozano por parte de Prensa Latina.
El encuentro, que ha contado con la asistencia masiva del público venezolano, se ha realizado de forma paralela a la asamblea de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Concluirá esta tarde con la lectura de la "Declaración de Caracas contra el Terrorismo Mediático".
TeleSUR / rr - AV
Fidel Castro exalta labor de misión médica cubana en Perú
El terremoto que sacudió a Perú, en agosto del 2007, dejó más de 500 muertos y casi dos mil heridos.

El compañero Fidel, como pidió se le llamase, advirtió que el presidente de los Estados Unidos, George Bush, ''hará de las suyas durante los primeros días de abril en Bucarest y el Mar Negro''.

El líder cubando Fidel Castro exaltó, en un artículo intitulado "El destacamento regresa invicto", la labor médica que sus compatriotas prestaron en Perú, luego del terremoto del 15 de agosto de 2007 en esa nación andina.
"Han escrito con letras de oro páginas imborrables en la historia. Contra esa dignidad y conciencia se estrellan las melladas armas del imperialismo", subraya el líder de la Revolución cubana en su reflexión publicada este domingo.
El terremoto –apunta- se produjo el 15 de agosto de 2007. Su intensidad fue de 7,9 grados en la escala Richter. El destacamento arribó al Cuzco el 18 de agosto. Prestarían sus servicios durante dos meses, tiempo calculado como requerimiento urgente.
"La necesidad demandó dos veces y media más tiempo. Realizaron 153 292 consultas, entre ellas 65 299 en los propios hogares de los pacientes. Estuvieron en Perú hasta el 25 de marzo de 2008, siete meses y siete días", señala el artículo.
Asimismo, resalta la gratitud con que el pueblo peruano respondió a la ayuda cubana. "Dada la gratitud y reconocimiento del pueblo peruano, no fue moralmente posible partir de ese país sin que otros miembros del Contingente viajaran a prestar sus servicios".
El compañero Fidel, como pidió se le llamase, advirtió que el presidente de los Estados Unidos, George Bush, "hará de las suyas durante los primeros días de abril en Bucarest y el Mar Negro".
"¡Y ojo con el Vice! Así se advertía en los tiempos de la república colonizada", dice respecto al vicepresidente estadounidense, Dick Cheney, de quien Fidel Castro ha escrito en anteriores oportunidades.
Por último, adelanta, sin ofrecer mayores detalles, que en su próxima reflexión hablará sobre China.

A continuación el texto íntegro:

El destacamento regresa invicto
El miércoles 26 de marzo, Lisandra Guerra, con 20 años de edad, se coronó en Manchester, Gran Bretaña, campeona mundial en la modalidad de 500 metros contra reloj en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista, tras competir reñidamente con atletas de 37 países. ¡Qué sana y legítima satisfacción, porque es fruto de nuestra educación, nuestro deporte, nuestra juventud, nuestras mujeres! ¡Honor a quien honor merece!
Pero hoy no hablaré del deporte. Ese mismo día 26, regresó invicto el Destacamento del Contingente Henry Reeve que prestó servicios de emergencia en Perú.
El terremoto se produjo el 15 de agosto de 2007. Su intensidad fue de 7,9 grados en la escala Richter. El destacamento arribó al Cuzco el 18 de agosto. Prestarían sus servicios durante dos meses, tiempo calculado como requerimiento urgente.
La necesidad demandó dos veces y media más tiempo. Realizaron 153 292 consultas, entre ellas 65 299 en los propios hogares de los pacientes. Estuvieron en Perú hasta el 25 de marzo de 2008, siete meses y siete días.
Al mando del destacamento viajó el doctor Juan Carlos Dupuy Núñez, responsable del Contingente Henry Reeve cuando se creó el 19 de septiembre de 2005, jefe también de la Brigada Médica en Pakistán. Varios de los miembros del destacamento laboraron en Pakistán e Indonesia. Ni uno solo de los 77 hombres y mujeres dejó de cumplir su deber.
Han escrito con letras de oro páginas imborrables en la historia. Contra esa dignidad y conciencia se estrellan las melladas armas del imperialismo.
Dada la gratitud y reconocimiento del pueblo peruano, no fue moralmente posible partir de ese país sin que otros miembros del Contingente viajaran a prestar sus servicios.
Hablaré en los próximos días de China. Ya está elaborado el material, faltarían sólo pequeños retoques.
No intenté siquiera escribir sobre la conmemoración del 20 Aniversario de la Batalla de Cuito Cuanavale, que fue la prueba suprema de la conciencia internacionalista alcanzada por nuestro pueblo. Prefiero que quienes fueron testigos personales de los heroicos acontecimientos a lo largo de un período que no duró un día, sino meses, hablen en honor de los gloriosos caídos.
Ayer escuché la Mesa Redonda sobre el Congreso de los intelectuales y artistas de Cuba, a punto de iniciarse. No cabe duda de que los debates serán de gran interés.
Estaremos atentos, observando los acontecimientos, mientras Bush hará de las suyas durante los primeros días de abril en Bucarest y el Mar Negro, como hemos denunciado. ¡Y ojo con el Vice! Así se advertía en los tiempos de la república colonizada.
Fidel Castro Ruz
Marzo 29 de 2008
7 y 16 p.m.
TeleSUR - Prensa Latina / av - AV

Un acto fundacional

José Agustín Ortiz Pinchetti

Al terminar el mitin en defensa de la propiedad de la nación del petróleo, convocado por AMLO, el pasado martes 25, me encontré en una cafetería a Carlos Payán, quien como yo había asistido. Le pregunté su opinión y me contestó con mirada chispeante: fue un discurso fundacional.

Sí, el mensaje de Andrés Manuel fue excepcional. Pero la demostración de capacidad política implícita fue aún más importante. Es la prueba de que se puede articular la voluntad popular, que de no tomar cauce se volvería peligrosa o difusa, incapaz de influir de menera constructiva en la vida pública. En medio de tanta corrupción, desorden y autodestrucción, la aparición de una organización política nueva, bien articulada, con mandos definidos y cuerpos disciplinados es un acto de fundación.

Los que piensan que la crisis del PRD va a acabar con el proyecto de AMLO deberían revisar cuidadosamente sus conclusiones. Cuando observé la multitud antes de iniciar el evento, sentí una profunda alegría y sorpresa. No sólo la gente había regresado a colmar de nuevo el Zócalo. Era además una muchedumbre distinta, ordenada y coherente. Frente a nosotros, en grupos compactos, estaban 10 mil mujeres y 18 mil brigadistas varones. Todos tenían referentes claros. Sabían quién tenía el mando, cuáles eran las tareas que tendrían que cumplir, dónde y cuándo se movilizarían. Ante el espectáculo, comenté a Ricardo Monreal: “¡esto es hacer política!” Y me contestó sonriendo: “¡sí, bienvenidos a la política!”

El discurso de AMLO contiene la quintaesencia de su pensamiento político. Su mensaje central fue la revelación de las bases para la organización de su movimiento. Reveló detalles: nombres de quienes ejercen las jefaturas, números de brigadas. Formas estructurales en que van a operar. Fue un alarde de capacidad organizativa, precedida por un esfuerzo silencioso y eficaz. AMLO iniciará una gira exhaustiva para conformar brigadas en 32 entidades. Ningún partido cuenta con ese espíritu entusiasta, combustible para la movilización. Esa gente no quiere posiciones ni curules ni remuneración. Están dispuestos a arriesgarse en una resistencia civil extrema, afrontar las calumnias y aún la represión.

Esta organización es un hecho mayúsculo. Sólo observadores agudos y políticos profesionales la están calibrando. Significa una ruptura con la vieja historia de derrotas y confusión de la izquierda. Calderón podría retirar su “iniciativa”, cobardemente oculta al debate. El movimiento puede triunfar. Pero la voluntad de victoria sustentada en un orden riguroso y disciplinado llegó para quedarse.

Sudamérica y la ofensiva de la reacción

Editorial

Las muestras de descontento que tienen lugar en Argentina y Bolivia, encabezadas por grupos tradicionalmente privilegiados en ambas naciones, se incrustan en una cadena de acciones en contra de gobiernos considerados progresistas en distintos países del Cono Sur, detrás de las cuales puede entreverse un mismo objetivo: la desestabilización política.

En el caso de Argentina, la presidencia de Cristina Fernández enfrenta el descontento de los empresarios agrícolas por el incremento en los impuestos a las exportaciones de soya y girasol. La crispación ha sido capitalizada por la derecha de esa nación austral, que en su momento constituyó el sostén de la dictadura militar que gobernó esa nación entre 1976 y 1983, y que actualmente es adversa a las políticas seguidas por el gobierno de Fernández y de su antecesor, Néstor Kirchner.

Por lo que hace a Bolivia, el presidente Evo Morales ha hecho frente, desde su llegada al poder, a una ofensiva oligárquica que, para mermar la labor del gobierno, anteriormente había aprovechado los conflictos regionalistas, y que ahora es apuntalada por el descontento empresarial ante la decisión gubernamental de prohibir las exportaciones de aceite comestible. En protesta por esa medida, que a decir de Evo Morales tiene el fin de “garantizar a la población su derecho a la alimentación”, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) instó al mandatario a “recuperar la cordura” y frenar sus supuestos ataques “contra el aparato productivo y las libertades económicas”, en tanto que los líderes transportistas amenazaron con iniciar un bloqueo de las fronteras con Chile, Argentina, Perú y Brasil, como medida de presión al presidente boliviano para que dé una tregua de 60 días en la prohibición de exportar el producto.

En forma similar, otros gobiernos de la región han sufrido, respectivamente, las embestidas de las fuerzas oligárquicas al interior de sus naciones. Tal es el caso de Ecuador, donde el presidente Rafael Correa ha denunciado ser objeto de una campaña de desestabilización, en la que participan los “medios de comunicación de la derecha”, que busca deponerlo para colocar en su lugar a un “títere de Washington”. Por su parte, los grupos oligárquicos de Venezuela han mantenido un acoso sistemático en contra del presidente Hugo Chávez, que incluso logró separarlo del cargo durante unas horas, por vía de una intentona de golpe de Estado en 2001.

Significativamente, el denominador común de los gobiernos referidos es que se han distanciado, de una forma o de otra, de las políticas económicas propias de la doctrina capitalista y, por el contrario, han insertado medidas orientadas a atender las necesidades de las clases populares en sus respectivos países y reducir en alguna medida la insultante brecha de desigualdad y los regímenes de privilegios que propiciaron la concentración de riqueza en unas cuantas manos.

Finalmente, es de destacarse que, como lo han denunciado en su momento los gobiernos de Ecuador, Bolivia y Venezuela, los conflictos referidos hayan sido alentados por Estados Unidos. El hecho de que Washington asuma un nuevo rol protagónico en apoyo a una ofensiva generalizada de la reacción contra los gobiernos progresistas de Sudamérica vendría a confirmar que su pretendido papel de defensor y promotor mundial de la democracia y los derechos humanos continúa siendo una mera simulación o, cuando mucho, una postura que asume a conveniencia.
Las mentiras de Calderón
"El desequilibrado mental", su familia y los compinches que juegan a gorbernar Mexico.


En su embate contra el crimen organizado, el gobierno federal no acierta ni a dar –cuando se le requiere– una cifra precisa sobre el número de detenidos, lo que puede verse como una muestra más del desorden y la falta de coordinación entre las dependencias involucradas.

La Presidencia de la República pregona un número, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguran que desconocen el dato y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aporta sus propias cifras. Los civiles coinciden en el escamoteo de información para que no se sepa dónde quedó la bolita: yo no sé nada, el que sabe es otro, no somos competentes, se sinceran en jerga burocrática.
Proceso le siguió la pista a ese juego, a partir de los números que el presidente Felipe Calderón presumió en la Universidad de Harvard el 11 de febrero. Ahí se ufanó del cambio prácticamente milagroso que ocurrió en México a partir de su llegada el poder, especialmente en el ámbito del crimen organizado:“Cuando tomé posesión hace poco más de un año la situación era completamente diferente y demasiado complicada… El crimen organizado parecía más poderoso y amenazante que nunca antes, pues tenía control de varias partes del territorio mexicano. Tuvimos que enfrentar al crimen y lo hicimos sin vacilación y con la fuerza total del Estado. Empezamos operaciones con la participación del Ejército, la Marina, así como de las fuerzas policiacas federales y locales. Tomamos control de todos esos territorios… Los golpeamos, y los golpeamos muy duro”.
Por ejemplo, dijo Calderón, “capturamos a más de 22 mil personas vinculadas con actividades criminales. Así mismo, confiscamos las cantidades más grandes de cocaína en un solo operativo, es decir, 24 toneladas en Manzanillo. Otro récord mundial es el decomiso que hicimos en efectivo proveniente de las drogas, en una sola casa, en un solo operativo: 205 millones de dólares en efectivo. Extraditamos a Estados Unidos a más de 100 jefes del narcotráfico y, para darles una idea, este año confiscamos más de mil millones de dosis personales de drogas en México. Sabemos que ésta será una larga y costosa guerra. Necesitamos gastar mucho dinero, y tendrá que pasar mucho tiempo. Además, también sabemos que son muchas las vidas que se perderán”.Proceso solicitó entonces a Presidencia, a través de la Unidad de Enlace, que precisara estos datos: qué tipo de delitos cometieron esas “22 mil personas”, fecha y lugar donde fueron capturadas, sitio en el que se encuentran recluidas, número de arrestados sometidos a proceso judicial, número de sentenciados y número de militares (con nombre y rango) que forman parte de ese grupo de personas capturadas.Presidencia se declaró “no competente” para atender esa solicitud de información y, citando leyes diversas, remitió al solicitante a la SSP, PGR y Sedena. Proceso se dirigió a dichas dependencias. Seguridad Pública respondió:“En atención a su solicitud, le comunicamos la inexistencia de la información solicitada, toda vez que en los archivos del sector central de esta Dependencia, no existe documento que contenga dicha información. Así mismo, es pertinente notificarle que la inexistencia de la información solicitada, ha sido confirmada en términos del artículo 46 de la Ley de la Materia, con la resolución emitida sobre este particular por nuestro Comité de Información”.A falta de datos, la SSP optó por “brindar una adecuada orientación”: la información que solicita –puntualizó– “corresponde a atribuciones y funciones de la Procuraduría General de la República, toda vez que dicha dependencia, a través de la Agencia Federal de Investigación, se encarga de conducir y coordinar políticas y métodos de análisis táctico de la información sobre delincuencia organizada, para generar una base de datos que permita identificar a personas, grupos, organizaciones, zonas prioritarias y modos de operación, que se vinculen con los diversos delitos, con el fin de combatir la comisión de los mismos, por lo que le sugerimos dirigirse a dicha instancia…”En su turno, el 5 de marzo la PGR respondió que “la información que requiere no se encuentra en el ámbito de las atribuciones de esta institución”. Y ofreció una salida magistral: “se le sugiere acudir a la Oficina de la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República… es la dependencia competente para atender su solicitud de acceso”.
El 19 de marzo, la dependencia con más fama de cerrazón, la Sedena, dio la mejor respuesta:
“Después de realizar una exhaustiva búsqueda en los archivos del Estado Mayor de esta secretaría, únicamente se encontró información referente a 4 mil 763 personas que fueron detenidas en flagrancia por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como los lugares y fechas de su detención, durante el período del 1 de diciembre de 2006 al 2 de marzo de 2008”.Un anexo de la Sedena sobre los lugares en que se realizaron los arrestos confirma la presencia nacional del crimen organizado, si bien los operativos en su contra se acentuaron en Sonora, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y Chihuahua, sobre todo en municipios como Caborca, Guaymas, Altamira, Matamoros, Valle Hermoso, Aguililla, Culiacán, Apatzingán, Los Mochis y Samalayuca.Extrañamente, las dependencias del Gabinete de Seguridad habían dado cifras en materia de detenidos. Reunidos en la Secretaría de Gobernación el 31 de agosto, los titulares de Sedena, Marina, PGR y SSP ofrecieron cuentas alegres. Reforma señaló que “las cuentas de la PGR no salen”: según su titular, Eduardo Medina Mora, hubo 12 mil 344 detenidos en nueve meses, pero un reporte de esta dependencia, obtenido por ese diario mediante la Ley de Transparencia, indica que el mayor número de detenidos en los últimos siete años se dio en 2005: 8 mil 422 personas.El mismo Medina Mora aportó en esa ocasión el dato más revelador: de los 12 mil 344 detenidos, sólo 326 recibieron formal prisión, es decir menos del 3 por ciento.Las cifras de Calderón en Harvard no parecen cuadrar con las que dieron en septiembre: si en nueve meses hubo poco más de 12 mil detenidos, quiere decir que en cinco meses se logró detener a otras 10 mil. Todo un récord, que explicaría, al menos en parte, el “complicado” México de antes (es decir el que gobernó Vicente Fox) y el país “absolutamente diferente” en el que vivimos hoy, según Calderón.Sergio Aguayo, académico de El Colegio de México y presidente de Fundar –centro de análisis pionero en la investigación aplicada– comenta que no se explica la disparidad de las cifras sobre el número de detenidos:“Lo que he podido observar es que las cifras de Sedena siempre son mucho más bajas que las que da Presidencia, tanto en materia de arrestos como en otros referentes sobre el crimen organizado, desde el sexenio de Fox”. Cita el caso de los efectivos enviados a diversas entidades: “Los números de la Sedena son muy distintos a los de Presidencia, quizá porque a ésta le interesa más impactar a la opinión pública. Además, es evidente que las cifras sobre detenidos se inflan porque incluyen en su mayoría a consumidores, por eso también hay muy pocos consignados”.La disparidad de cifras, señala, es en todo caso un indicativo de la falta de coordinación entre las instituciones que combaten el crimen organizado “y de la incapacidad del Estado para generar inteligencia”. Puntualiza: “El gobierno federal se coordina mejor con el exterior, en particular con Estados Unidos y Colombia, que con los gobiernos estatales y municipales. Esta coordinación con agencias foráneas ha contribuido a que el gobierno federal haya dado algunos buenos golpes a varios cárteles”. l
Acecho presidencial
"El Espurio"

Apenas fue declarado presidente electo Felipe Calderón, la panista Laura Ballesteros creó dos empresas; una de ellas obtuvo un sospechoso contrato con el equipo de transición para realizar un “estudio” sobre el Congreso, y la otra empresa se encargó de comenzar el trabajo. Sin embargo, en palabras de los mismos funcionarios que lo encargaron y pagaron por él casi 3 millones de pesos con recursos públicos, ese documento es “inexistente”.En el equipo de transición gubernamental que encabezara Felipe Calderón como presidente electo, se cometió una malversación de recursos públicos al pagarle a una empresa privada para que realizara un estudio político, de cuya entrega no existe constancia oficial.

Como integrantes de una asociación civil de fachada –Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas–, varios panistas se encargaron de elaborar desde finales de 2006 el perfil político y personal de cada uno de los diputados y senadores con los que el gobierno de Calderón negocia ahora sus reformas estructurales.Mediante engaños obtuvieron los datos personales, las agendas políticas y los grupos de influencia de los legisladores, así como su proclividad a negociar específicamente la reforma energética.Luego de que se publicara la primera parte de la investigación sobre este asunto (Proceso 1599), una fuente anónima entregó en la redacción del semanario un CD con 204 grabaciones de entrevistas a diputados y senadores. Ellos, consultados por este reportero, reconocieron que esa asociación civil los encuestó. Gerardo Ruiz Mateos, actual jefe de la Oficina de la Presidencia y quien se desempeñó como coordinador técnico del equipo de transición, firmó una factura fechada el 7 de noviembre de 2006 para darle luz verde al pago de la consultoría. Sólo cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) les ordenó buscar minuciosamente la información solicitada por Proceso, los cuatro hombres y dos mujeres más cercanos a Felipe Calderón reconocieron que el trabajo, denominado Estudio cualitativo y análisis sobre la composición de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, no está en sus archivos.Aparte de Ruiz Mateos, en el caso está directamente involucrada María del Carmen Urzaiz, actualmente directora de Análisis Técnico de la Coordinación General de Administración. Como delegada del equipo calderonista en el fideicomiso público destinado al relevo presidencial, ella se encargó de dar seguimiento a los contratos y no debió permitir que se contratara a una asociación civil que, de acuerdo con la investigación periodística iniciada desde diciembre de 2006, desde entonces presentaba serias irregularidades.El 28 de marzo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró anomalías en el manejo de los recursos públicos destinado a la transición gubernamental. En su informe de la cuenta pública de 2006, la ASF destacó que se adjudicaron 22 servicios –no especificó el tipo– por 42 millones 300 mil pesos sin que se acreditaran los criterios de economía, eficacia, imparcialidad y honradez.El informe, presentado a la Cámara de Diputados, señala a María del Carmen Urzaiz como la responsable de indicar a qué empresas y servicios se debía contratar.Según los primeros reportes periodísticos, el informe consta de 14 tomos. En uno de ellos se destaca que nueve contratos, por un monto sumado de 23 millones 186 mil pesos, no están vinculados con el cambio de administración. El entonces presidente Vicente Fox y la anterior legislatura aprobaron dotar de 150 millones de pesos al equipo de transición de Felipe Calderón. De ese monto, 130 millones se destinaron al presidente electo y los restantes 20 se depositaron en las cuentas del Estado Mayor Presidencial. El cheque con el que se pagó a Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas es de Banjército.Al respecto, la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia denegó a este semanario una entrevista con Gerardo Ruiz. Se sabe, sin embargo, que se trata de un tipo duro, de difícil trato y de pocas palabras. Ha participado en las campañas presidenciales de Vicente Fox, cuando operó desde la dirigencia panista, y de Felipe Calderón, en la cual manejó los donativos en especie.
El doble juego
El 24 de junio de 2007, Proceso (número 1599) publicó las irregularidades de la asociación civil Consultoría en Diseño de Estrategias Político-Legislativas.Según el contrato 020/06, obtenido mediante la Ley de Transparencia, la compañía tiene su domicilio en Calzada del Hueso 150, colonia El Vergel, Coyoacán, en la Ciudad de México. Sin embargo, ese domicilio corresponde a un conjunto habitacional.En la copia de la factura pagada mediante el cheque 1071247 de Banjército, además de la supuesta dirección, aparece un número telefónico como referencia. Las personas que levantan el auricular dicen que ahí no están las oficinas de la asociación civil, aunque dicen conocer a Laura Ballesteros, quien firmó, como socio administrador, el contrato con el equipo calderonista.En la segunda página del contrato se asienta que la empresa fue registrada el 1 de noviembre de 2006, es decir, ya en pleno período de transición y siete días antes de suscribir el acuerdo con Banjército. A pesar de esto, la consultoría afirmó contar con la experiencia para realizar el estudio y se benefició del contrato por adjudicación directa.La aplicación de los cuestionarios a los diputados y senadores arrancó –según el contrato– el 8 de noviembre de 2006. La factura entregada a Banjército está fechada el día anterior, lleva la firma de conformidad de Gerardo Ruiz y tiene el folio 055.Este número de folio hace pensar que entre el 1 de noviembre, cuando se creó la empresa, y el día 7, que se autorizó el pago, la consultoría realizó medio centenar de trabajos.En el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México consta que la empresa se constituyó, efectivamente, el 1 de noviembre de 2006. Pero su documentación está incompleta y le faltan hojas. Funcionarios de esta dependencia advierten que debido a errores en la captura de los datos, no fue posible localizarla en los tres primeros intentos que hizo este semanario.Después de que Proceso dio a conocer la primera parte de esta investigación, Laura Ballesteros distribuyó en las oficinas de los senadores unas cartas a nombre de otra sociedad civil, llamada Observatorio Ciudadano del Poder Legislativo, una empresa anterior, creada el 12 de septiembre de 2006, apenas concluyó la campaña presidencial.En el contrato no se consigna que esta fuera la empresa que trabajó para el equipo de transición, pero fue bajo su membrete que se entrevistó a los legisladores. La relación entre la Consultoría en Diseño de Estrategias y el Observatorio Ciudadano es justamente la representante de ambas, Laura Ballesteros.En la correspondiente acta del Registro Público de la Propiedad (folio 753243) consta que Observatorio Ciudadano del Poder Legislativo fue creada para realizar proyectos que impulsen “el desarrollo de la cultura democrática del país promoviendo la participación de la sociedad”. Entre el registro oficial de Observatorio Ciudadano –mediante la cual se entrevistó a los legisladores– y el de Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas –a través de la cual se cobraron 2.9 millones de pesos del fideicomiso para la transición gubernamental– hay una diferencia de 50 días.
Laura Ballesteros escribió en su carta a los senadores:
Como recordará, durante los meses de agosto a diciembre del año 2006, estuvimos realizando una serie de entrevistas a cada uno de los legisladores con la finalidad de publicar un libro que permita a los ciudadanos conocer a fondo las expectativas, metas y sueños y los principios que rigen su trabajo.A lo largo de estos meses hemos venido trabajando con el Fondo de Cultura Económica, el cual se encargará de la publicación, y también con diversos académicos, quienes a través de ensayos harán del libro una obra completa.Dado que el FCE nos ha establecido un plazo para la entrega final, estamos solicitando su aprobación por escrito o, en tal caso sus comentarios a más tardar el 29 de junio (del año 2007). Cabe mencionar que, para facilitarle la tarea de respuesta a este oficio, de no recibir comentario por parte suya o de su oficina antes de esta fecha, Observatorio Ciudadano lo considerará como una aprobación tácita para su publicación.Ante la intervención de dos asociaciones civiles en la realización del mismo trabajo y el hecho de que se iba a concluir apenas un encargo que el equipo de transición ya había pagado, Proceso solicitó al FCE –a través de la Ley Federal de Transparencia– copias de cualquier propuesta tramitada por los membretes mencionados.Resulta que el 16 de julio de 2007 el FCE notificó a Laura Ballesteros sobre el proyecto de Observatorio Ciudadano que “el análisis de publicación ha quedado pendiente hasta recibir una nueva solicitud de su parte”. El oficio fue firmado por Rafael A. Mercado Paredes, subgerente de Producción y Costos.A pesar del portazo, Ballesteros prosiguió los intentos de entrevistar a los diputados, siempre en nombre de Observatorio Ciudadano, aunque fue Consultores en Diseño la firma que se comprometió a entregar el trabajo a más tardar el 31 de noviembre de 2006. De acuerdo con el contrato signado con Banjército, si no se entregaba el trabajo concluido no podía extendérsele el cheque por 2 millones 900 mil pesos.Grabadora en mano, Laura Ballesteros se apersonó en el despacho del coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza. Quería encuestarlo el 31 de octubre de 2007.Pero el perredista estaba enterado del doble juego con las empresas y se negó a responder las preguntas. Luego, ante los reporteros acreditados en la Cámara de Diputados, denunció que una de las empresas contratada por el entonces jefe de la oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño, estaba en pleno espionaje político:“Me parece ridículo que se esté utilizando dinero público para hacer este tipo de cosas. Me parece absurdo. Es cierto que somos todos personas públicas, pero que manden a investigar así y que se haga con recursos públicos, me parece un absurdo, algo que no tiene sentido.”
Estudio fantasmal
Cuando Proceso solicitó a la Presidencia copias de los perfiles hechos a los 628 legisladores y la base de datos con sus datos personales y agendas, se le respondió que correspondía atender esa solicitud a Banjército, que controló el dinero para la transición gubernamental, o a la Secretaría de Hacienda, cuyos funcionarios formaron parte del comité para supervisar la aplicación de esos recursos.Al analizar el expediente, el comisionado del IFAI Alonso Gómez-Robledo desechó por improcedente la respuesta de Presidencia a la solicitud de Proceso y especificó que, por las actividades que desempeñó Gerardo Ruiz en el período de transición, necesariamente tuvo que ser él quien recibiera el trabajo encargado a la consultoría.Por unanimidad, el pleno del IFAI ordenó a la Presidencia realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, especialmente en la oficina de Gerardo Ruiz. En caso de no localizar el expediente, entonces deberían declarar formalmente su inexistencia.A esta última opción se recurrió en Los Pinos. En enero pasado respondieron que el Estudio cualitativo y análisis sobre la composición de la LX Legislatura del Congreso de la Unión no está en su poder. Es decir, el pago se hizo a pesar de que la cláusula cuarta del contrato especificaba que se pagaría cuando la empresa entregara la base de datos completa, con acceso por internet y “compuesta por el estudio de cada legislador y las grabaciones de las entrevistas realizadas dentro de los 45 días naturales siguientes a la presentación de la factura”. Dicho plazo se cumplió desde el 22 de diciembre de 2007. No obstante, el cheque 1071247 de Banjército fue entregado antes: el 15 de diciembre.Al atender el resolutivo del IFAI, la Presidencia aseguró que la Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales –cuyo titular al inicio del actual sexenio era Gerardo Ruiz– reportó que el trabajo no apareció. Lo mismo respondió en cuanto a la Oficina de la Presidencia, cuyo responsable fue Juan Camilo Mouriño, quien antes coordinó el equipo de transición.A otras solicitudes de acceso a la información, Banjército y la Secretaría de Hacienda respondieron que no tenían ese trabajo. El Archivo General de la Nación dijo que no contaba con ese documento, aunque desde el 31 de noviembre de 2007 debieron llegar ahí los expedientes completos de la transición, según los lineamientos emitidos por el IFAI.En los primeros días de marzo, a la redacción de Proceso llegó un CD que contiene 204 entrevistas telefónicas y cara a cara con diputados y senadores de todos los partidos, hechas por personas que se identifican como miembros de Observatorio Ciudadano. En las grabaciones, la voz que aplica la mayoría de los cuestionarios se identifica como Laura Ballesteros.Alrededor de 15 legisladores consultados, cuyos nombres aparecen en esas entrevistas, confirmaron que hablaron con Ballesteros y autorizaron a este semanario a difundir el contenido de las conversaciones. Los diputados César Camacho, del PRI; José Manuel del Río Virgen, de Convergencia; y Valentina Batres, del PRD, plantearon la posibilidad de presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable de lo que consideraron una maniobra de espionaje político del gobierno calderonista.En ninguna ocasión se escucha que el entrevistador pida permiso para grabar. La gente de Observatorio Ciudadano asegura que pronto van a publicar un libro con los perfiles de todos los legisladores y advierte que cualquier persona podrá acceder a su página en internet para conocer a su diputado y enterarse cómo vota, sus asistencias y su trabajo en comisiones. No obstante, lo único que obtienen son datos generales, como el número de diputados por bancada. Laura Ballesteros, egresada del Tecnológico de Monterrey, está registrada como militante del PAN en Coyoacán. El diputado panista Obdulio Ávila dijo conocerla bien y confirmó que en 2006 ella fue candidata suplente a diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como publicó Proceso. Las entrevistas se realizaron entre la primera semana de agosto y la segunda quincena de octubre de 2006, cuando estaba en su apogeo el conflicto poselectoral y la avenida Reforma permanecía tomada por los seguidores de Andrés Manuel López Obrador.Este sería un dato marginal, si no fuera porque el cuestionario aplicado a los legisladores toca temas que han sido fundamentales, de manera especial para el PRD. En ese momento los legisladores de ese partido apoyaban de modo unánime el recuento de voto por voto, pero conforme respondían las preguntas de Observatorio Ciudadano dejaban ver quiénes eran proclives a la negociación sobre las reformas estructurales.Quien tenga esta información conoce qué legisladores podían votar de manera diferenciada respecto de su bancada y cuáles son sus prioridades políticas.
En Juárez show castrense


CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Conocida internacionalmente como la ciudad de las muertas de Juárez, ahora atrapada por la violencia del crimen organizado, esta franja fronteriza con Estados Unidos se encuentra desde el viernes 28 sitiada por las fuerzas armadas.Con un despliegue de elementos superior a los 2 mil –sólo hay un número mayor de soldados (3 mil) movilizados en Baja California– a ésta, la segunda ciudad en importancia de Chihuahua, la estrujan números de escándalo:Más de 200 ejecuciones en lo que va del año, primer lugar en consumo de cocaína, alrededor de mil 600 picaderos, numerosos casos de extorsión telefónica, robos a transeúntes, a casas-habitación y a comercios… Ricardo Ramírez Vela, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de esta ciudad, donde opera el cártel de Juárez, ejemplifica de la siguiente manera la gravedad de la situación: “Un empresario es dueño de 180 tiendas de autoservicio y en un mes asaltaron sus comercios 280 veces; pero no sólo eso, en un lapso de 30 días se reportaron mil autos robados.”Entrevistado por este semanario, Ramírez Vela ofrece otros datos: “La Asociación de Maquiladoras –que significa 70% de la producción industrial de la ciudad– tiene descansando (sin emplear) a 16 mil trabajadores, y los inversionistas extranjeros han anunciado que por lo pronto no habrá más inyección de recursos, aunque esta situación también tiene que ver con los efectos de la recesión que se empieza a vivir en Estados Unidos.”Añade: “Alrededor de 50 mil familias de estadunidenses que viajan a El Paso, Texas, tienen prohibido ingresar a suelo mexicano por los riesgos que corren en nuestro territorio. Allá dejan una derrama calculada en 100 millones de dólares anuales y se estima que una cantidad similar dejarían a Ciudad Juárez por concepto de hoteles, restaurantes y visitas a lugares turísticos”.El actual líder de los empresarios juarenses –éstos se rotan la presidencia cada tres meses– calcula además que el sector restaurantero ha resentido la baja de ingresos entre 18 y 20%, “porque muchas de nuestras familias, por ejemplo, están optando por irse a comer los fines de semana a El Paso”, mientras que el comercio, de acuerdo con el mismo Ramírez Vela, ha caído 30%.“Todo está ligado con el narcotráfico, porque el que anda robando lo hace para poder comprar su droga”, explica.
–¿Y el narcomenudeo, es visible en esta ciudad?
–A la luz del día. Usted se sube a un taxi y si el chofer no le vende la droga lo lleva a donde la puede conseguir, o con un telefonazo puede pedir que se la lleven a donde quiera. Y estoy hablando de que en pleno centro de la ciudad es visible el intercambio de dinero por droga. Cualquier ama de casa le puede decir en qué domicilio se vende droga.
En la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, a cargo de Guillermo Prieto, se hacen cuentas: en lo que va del año han sido asesinados ocho policías municipales y siete más heridos, tres de ellos permanecieron desaparecidos por 24 horas. También han sido ejecutados dos policías estatales y un militar.
–¿Y cuántos delincuentes han caído? –se le pregunta a Jaime Torres, vocero de esa dependencia.
–Ninguno –responde.
Decomiso mediático
Al mediodía del pasado viernes 28 arribaron al aeropuerto de esta ciudad 485 militares, transportados en tres aviones Hércules C-130 y un avión Boeing 727/100, perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana.El sábado 29, a la misma terminal aérea llegaron igual número de aeronaves transportando a 392 elementos, mientras que por vía terrestre arribaron 805 militares y 116 vehículos pertenecientes a la Tercera Brigada de Infantería Independiente.Una vez en territorio chihuahuense, los representantes de los medios de información que acompañaron al primer contingente desde la Ciudad de México fueron trasladados a la explanada del 20 Regimiento de Caballería Motorizada que se encuentra en las instalaciones de la guarnición militar de esta ciudad.Allí, miembros de las fuerzas armadas les presumieron el decomiso de poco más de tonelada y media de mariguana, la detención de 42 personas, la incautación de 51 vehículos, así como de 3 kilos 200 gramos de cocaína, 19 dosis de cocaína en polvo (grapas), 62 dosis de heroína, 10 pastillas de robitrol (metanfetamina) y 37 armas de fuego, 21 largas y 16 cortas. También destacaron el aseguramiento de 19 cargadores para distinto armamento y tres miras telescópicas, además de 112 mil 765 pesos y 20 mil 220 dólares.Estos decomisos quisieron ser presentados como un primer logro del operativo federal, pero mandos militares reconocieron que los aseguramientos se hicieron en días anteriores en los alrededores de Ciudad Juárez. De hecho, el viernes 28 no se observó ninguna presencia militar en las calles de Ciudad Juárez y, de acuerdo con reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, será hasta el lunes 31 cuando den inicio los patrullajes y operativos de las fuerzas armadas.
El búnker
El jueves 27, bajo un inusitado dispositivo de seguridad que incluyó tanquetas y francotiradores que rodeaban el hotel Camino Real, el Gabinete de Seguridad Nacional anunciaba, mediante el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, que el objetivo de la Operación Conjunta Chihuahua era “fracturar y desmantelar las cadenas y redes operativas, logísticas y financieras de los grupos criminales”.El titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, manifestó por su parte que en esta ciudad “el Estado mexicano está dando la batalla; venimos a dar la cara como no lo pueden hacer los criminales, venimos a apoyar a los juarenses a la recuperación de su espacio y de su derecho a vivir en paz y tranquilidad”.Por su parte, el presidente municipal, José Reyes Ferriz, dijo que pondría a disposición de la Policía Federal Preventiva a todo el personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Dirección General de Tránsito “para depurar de una vez por todas a lascorporaciones”.En esa ciudad el Ejército establecerá un centro de comando y una reserva aeromóvil de fuerzas especiales que contará con el apoyo de helicópteros artillados.En un comunicado, la Sedena anunció que para la Operación Conjunta Juárez dispuso 180 vehículos tácticos militares, tres aeronaves y 13 equipos de detección molecular, los cuales se desplegarán no sólo en esa ciudad, sino en todo el estado, donde se llevarán a cabo operaciones de reconocimiento y patrullajes terrestres para intercepción de droga y armamento en ciudades de Chihuahua.Indicó que también se dispondrá de una reserva aeromóvil con personal de Fuerzas Especiales apoyado con helicópteros artillados, se establecerá un Centro de Comando y se asignará al personal de 10 Bases de Operaciones Mixtas con el objeto de efectuar reconocimientos y patrullajes en las áreas urbanas y suburbanas, y se contará así mismo con 46 puestos de Control Móviles.
Las deserciones
Guillermo Prieto, secretario de Seguridad Pública municipal, se dice feliz por la llegada de las Fuerzas Armadas.Entrevistado la tarde del viernes en sus oficinas informa: “en los últimos dos días dejó de pasar lo que ocurría a diario”.–¿Estaba la situación fuera de control?–No era eso, porque sabíamos lo que estaba pasando, pero con el personal que contamos no era suficiente.–Como ha ocurrido en otras ciudades, ¿también aquí la policía estaba coludida con el narco?–Algunos policías hacen mal uso de su función y, bueno, está el caso de Saulo Reyes (segundo de a bordo de la policía municipal en la administración pasada), detenido a principos de año con mariguana en El Paso, Texas. Y lo que hay que hacer es depurar los cuerpos de Seguridad Pública. Por ejemplo hoy tenemos cuatro renuncias...
–¿Son renuncias por estar implicados con el narco o por la inseguridad?
–Se dan las dos cosas. Hay quienes con la intervención federal sintieron algún temor, y otros que han sido presionados por sus familias para que dejen la policía por temor a sus vidas.
–¿Cuántos han renunciado a la policía municipal?
–En el último mes 41, entre jubilados, quienes piden su jubilación y los que se van por presiones de la familia. Es algo inédito. He ocupado cuatro veces este cargo y nunca había ocurrido algo así.Sin embargo, presume que en sentido contrario, serán incorporados a la policía 113 elementos que acabaron sus cursos, que en otros dos meses pasará lo mismo con otra cantidad igual y que 193 aspirantes a policías acaban de iniciar su curso.–¿En qué porcentaje considera que se debe depurar la policía municipal?–En no más de 10%.
La autocensura
Francisco Ortiz Bello, analista político del grupo radial Mega, habla de la repercusión que ha tenido en el medio periodístico la escalada de violencia.“Ha habido compañeros amenazados anónimamente, algunos por vía telefónica, otros por correos electrónicos, pero no son muchos casos. Siento que lo que ocurre es más un fenómeno de autocensura ante la descarada impunidad con la que actúa el crimen organizado.“Y ante ello, el periodista en términos generales decide autocensurarse. Por ejemplo, El Norte hizo pública su decisión editorial de no dar notas sobre el narcotráfico a raíz de una amenaza que recibió uno de sus reporteros gráficos.” l

Los narcocementerios

CHIHUAHUA, CHIH.- Varias fosas clandestinas, en las que miembros del crimen organizado tenían sepultadas a 49 personas, entre ellas tres mujeres, han sido descubiertas en lo que va del año en Ciudad Juárez y en esta capital.La primera fue localizada en el patio trasero de una vivienda ubicada en la calle Luz Villa 1201, colonia Veteranos, de esta ciudad.En el boletín 027/08 del pasado 18 de enero, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que la finca está “relacionada con el cártel de Juárez” y que ahí localizó seis cadáveres.Entre esos cuerpos estaban los de dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y uno de Vialidad de esta capital.Los dos primeros, Jorge Anchondo y Jesús Morales, fueron levantados en diciembre de 2006 en la misma ciudad. Según las autopsias que llevaron a cabo peritos de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, ambos policías fueron asesinados seis meses después del secuestro. Durante el tiempo que permanecieron plagiados fueron sometidos a múltiples torturas.El agente de Vialidad Socorro Alberto Aguilar y las otras tres personas arrojadas a la misma fosa habían sido levantados sólo unas semanas antes del hallazgo.Según la PGR (boletín 041/08), ese descubrimiento vinculado al cártel de Juárez derivó en una solicitud de cateo, el cual se realizó el 21 de febrero en la calle Cocoyoc, fraccionamiento Cuernavaca, de Ciudad Juárez. Ahí se halló primero una fosa con un cuerpo; al día siguiente, en la misma casa, fue descubierta otra fosa con tres cuerpos. Además, el 23 de febrero se descubrió otro cuerpo en una fosa aparte, y el día 25 fueron localizados tres tórax y dos cabezas. La PGR aún no da a conocer la identidad de los restos.A partir del primer hallazgo en la ciudad de Chihuahua y después en la colonia Cuernavaca, de Juárez, las autoridades federales iniciaron la averiguación previa (PGR/SIEDO/UEIDO/0912008) sobre otra finca también vinculada con el cártel de Juárez.Se trata de una casa en la calle Pedregal sin número, colonia La Cuesta, de Ciudad Juárez, en cuyo patio se excavaron 14 fosas entre el 1 y el 12 de marzo. Se desenterraron 33 cadáveres, el mayor hallazgo de este tipo en el estado.“El perito de antropología forense informó que los restos encontrados tienen aproximadamente cinco años de inhumados y que sólo tres de ellos, por sus características, corresponden a mujeres”, asentó la PGR. l

En Chihuahua, el imperio del narco

En Chihuahua, el imperio criminal
La guerra entre los loderes del cartel de Sinaloa y Juárez ha ocasionado mas de 180 asesinatos
Foto: juan carlos cruz/ procesofoto


La guerra que libran los cárteles de Sinaloa y de Juárez en el estado de Chihuahua, que sólo en este año ha ocasionado más de 180 ejecuciones, se está extendiendo a ámbitos como internet y responde con asesinatos a los desplegados del gobierno. De acuerdo con testimonios públicos, “los grandes de la droga operan en sus búnkers, coludidos y protegidos cuando menos por una parte del poder (…) viven plácidamente en los mejores centros residenciales, se divierten como sultanes y juegan golf los domingos (…) a ellos no los alcanza ningún brazo del Estado”.

CHIHUAHUA, Chih.- Ningún jefe de los cárteles de Sinaloa y de Juárez ha sido aprehendido o sufrido algún atentado, pero la guerra que libran entre sí ha ocasionado más de 180 asesinatos este año y colocado a Chihuahua como la entidad con mayor número de ejecuciones, por encima de Baja California, Sinaloa y Tamaulipas.Entre las bajas hay una veintena de policías municipales, dos funcionarios de la Policía Ministerial del estado y dos oficiales del Ejército Mexicano: un capitán de Inteligencia Militar acribillado en Ciudad Juárez y otro capitán que, el pasado 7 de marzo, cayó abatido durante un enfrentamiento con narcotraficantes en la ciudad de Chihuahua.Los mismos actores de la batalla –encabezados por Joaquín El Chapo Guzmán (cártel de Sinaloa) y por Vicente Carrillo Fuentes (cártel de Juárez)– han procurado identificarse, como lo hizo el primero de ellos horas después de asesinar al funcionario ministerial Ricardo Chacón, dejando en los pasillos de la Subprocuraduría de Justicia una corona mortuoria con el siguiente mensaje: “Para los que no creyeron, siguen sin creer y que siguen apoyando al tristemente célebre y en decadencia cártel de Juárez, les puede pasar lo mismo que a Chacón.” Aquel 26 de febrero, a las 7:50 horas, a unos pasos de la Subprocuraduría de Justicia Zona Centro, había sido muerto con ráfagas de “cuerno de chivo” el subcoordinador regional de la Policía Ministerial Investigadora, Ricardo Chacón Ruiz de la Peña, sin que intervinieran las decenas de agentes ministeriales que a esa hora cambiaban de turno ni los policías preventivos y de vialidad que recorrían la zona. Por la noche, miembros del cártel de Sinaloa dejaron la corona y el mensaje referidos en los pasillos de la propia Subprocuraduría, mencionando el apellido de aquel funcionario que, según la procuraduría del estado, “siempre contó con el respaldo de sus superiores” y que, de acuerdo con fuentes extraoficiales, mantenía relaciones con la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA). Un mensaje similar había sido dejado semanas atrás en Ciudad Juárez, junto con una lista de agentes y comandantes municipales que poco después serían igualmente ejecutados.No habían pasado ni dos semanas del asesinato de Chacón cuando también murió acribillado en esta capital el subcoordinador Regional para la Zona Norte –con sede en Ciudad Juárez– de la Policía Ministerial Investigadora, Mario Domínguez García, quien el día del atentado se hallaba “de vacaciones”.Domínguez García había relevado semanas antes a Fernando Lozano Sandoval, quien igualmente había sido víctima de otro atentado el 22 de enero y hoy continúa internado en un hospital de El Paso, Texas, por las graves heridas que sufrió. El propio Fernando Lozano, a su vez, había sustituido un año antes a Arturo Nassar Contreras luego de que éste fue ejecutado por los narcotraficantes.Tras el asesinato de Mario Domínguez, supuestos miembros del cártel de Sinaloa extendieron la guerra al ámbito mediático, pues subieron a internet información que exhibe a los operadores de Vicente Carrillo Fuentes, los responsabiliza de un gran número de crímenes –les achaca incluso el de Mario Domínguez como “un colaborador que ya no les servía”– e involucra en actos de corrupción a la procuradora de Justicia, Patricia González Rodríguez, y al gobernador del estado, José Reyes Baeza.Aunque no existen cifras ni siquiera aproximadas de las bajas que ha tenido cada bando en esta conflagración, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha informado oficialmente que han sido ejecutadas 181 personas del 1 de enero al 26 de marzo de este año. En esos cálculos se incluyen los asesinatos de los dos jefes ministeriales referidos, los directores de Seguridad Preventiva en Ciudad Juárez y Parral, cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cinco agentes de Vialidad y casi una veintena de policías municipales. Pero sólo por lo que se refiere a la Policía Ministerial ya suman 13 los agentes y comandantes asesinados de enero de 2007 al 25 de marzo de 2008.Y aunque dentro de sus cuentas la Procuraduría General de Justicia del Estado considera que en la zona de Ciudad Juárez se han producido este año 36 ejecuciones, ha habido alrededor de 130 homicidios relacionados con disputas entre pandillas por territorios dedicados al narcomenudeo.
Los operativos
Entre el 10 de febrero y el 8 de marzo pasados, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó sobre varios operativos en los que fueron “reventadas” varias casas de seguridad de los cárteles en Ciudad Juárez y la capital del estado, así como del decomiso de dos toneladas de mariguana en el municipio rural de Namiquipa.En un comunicado oficial del 17 de febrero, la Sedena reportó que, un día antes, fueron sorprendidos 21 individuos “en una casa de seguridad que era utilizada por la organización delictiva denominada cártel de Juárez”. Esa finca, ubicada en la calle Oregón número 59 del fraccionamiento Campestre Arboleda, de Ciudad Juárez, era usada para preparar paquetes de cocaína con el fin de venderlos al menudeo. Hallaron 13 mil 170 dosis listas para ser distribuidas, otros dos kilos de la droga que estaban ya preparados para el “corte”, 760 gramos de mariguana, 10 fusiles “cuernos de chivo” con dos cargadores cada uno, tres vehículos sin placas de circulación, 11 radios portátiles, 23 básculas y varios juegos de ropa camuflada y/o con logotipos de la AFI.Días más tarde, el 20 de febrero, en otro operativo realizado también en Ciudad Juárez luego de una “llamada anónima”, el Ejército dio con una casa de seguridad donde se ocultaban ocho supuestos sicarios que presumiblemente habían ejecutado a más de 60 personas en dos años: Martín Salas Martínez, Ricardo Ramírez García, Lorenzo Chacón, Santos Javier Ledesma Sánchez, Manuel Padilla Roguero, César Vizcaíno Amaro, Juan Domingo Muñoz Argüello y Víctor Manuel Argüelles Pérez.En un comunicado difundido el 21 de febrero, la Sedena aseguró que se trataba de “individuos integrantes de la organización delictiva conocida como Arellano Félix y/o La Línea”. Ellos tenían en su poder cuatro rifles AK-47, dos pistolas calibre 9 milímetros, más de mil cartuchos, máscaras antigas, máquinas contadoras de dinero, 77 radios de comunicación y cuatro vehículos. El 29 de febrero fue “reventada” otra casa de seguridad –ésta en Lomas de San José–, donde se detuvo a dos presuntos miembros del cártel de Juárez que custodiaban 2.7 toneladas de mariguana.El 8 de marzo, en otro operativo del Ejército, varios de sus oficiales se enfrentaron con al menos 12 miembros del cártel de Juárez en una colonia de la capital del estado donde disponían de una casa de seguridad. Durante una balacera, que se prolongó tres horas, murieron seis miembros de la organización criminal y también un capitán del Ejército.
Desplegados y narcorréplicas
El gobierno del estado de Chihuahua empezó a fijar posiciones públicas sobre la violencia desde el pasado 23 de enero, cuando hizo publicar un desplegado. “La ola de violencia que se ha presentado en el país es una respuesta a la ofensiva iniciada por el gobierno de la República contra el crimen organizado”, decía para comenzar.“En el estado de Chihuahua –puntualizaba– los atentados y ejecuciones que se han presentado obedecen al trabajo realizado en los diversos operativos que se despliegan por fuerzas federales, estatales y municipales.”Y remataba: “Coincidimos con el presidente Felipe Calderón, quien en la XXII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 9 de enero pasado, advirtió puntualmente sobre este tipo de represalias frente a la lucha contra el narcotráfico, y determinó enfrentar este reto cueste lo que cueste, porque el futuro de nuestros hijos está en riesgo”. La réplica del crimen organizado no tardó ni 15 días. El 5 de febrero fueron acribillados en calles de Ciudad Juárez dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Vino entonces un nuevo desplegado gubernamental:
“Estos atentados contra los cuerpos de seguridad pública del estado –asentó– son producto del trabajo coordinado que vienen realizando las corporaciones de los tres órdenes de gobierno en contra de la delincuencia organizada. Se continuarán estos operativos conjuntos aun y cuando el costo humano y riesgo que se tiene es alto.”Fue después de este mensaje cuando cayeron ejecutados los dos comandantes regionales de la Policía Ministerial, Chacón Ruiz y Domínguez García.Por eso el 16 de marzo se emitió un tercer desplegado, en esta ocasión firmado, además, por el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza; por los funcionarios responsables de la seguridad estatal; por la delegación de la PGR, y por los 67 presidentes municipales de la entidad.“La delincuencia organizada ha respondido a esta cruzada de los niveles de gobierno por la legalidad, con una escalada de violencia en contra de las corporaciones policiacas que han actuado en cumplimiento de su deber, pero también tratando de desacreditar la integridad de funcionarios, gobernantes e instituciones para minar su credibilidad social y crear confusión entre la población”, asentaba la publicación.Sin embargo, en una “carta abierta” dirigida el pasado 22 de marzo al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, el exdiputado local perredista y exdirigente estatal de ese partido, Jaime García Chávez, dice al general que “…los muertos son desconocidos al igual que los aprehendidos (…) a ningún capo de medio pelo se le echó el guante (…) los grandes de la droga operan en sus búnkers, coludidos y protegidos cuando menos por una parte del poder, al igual que altos políticos y financieros inodados internacionalmente con el crimen organizado. Viven plácidamente en los mejores centros residenciales, se divierten como sultanes y juegan golf los domingos (…) a ellos no los alcanza ningún brazo del Estado”. l
Ecuador: Ataque a las FARC, indicios que apuntan a Washington

“La guerra la estamos ganando a las FARC gracias a que Estados Unidos ahora comparte información"
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Quito (apro).- En esta ciudad las dudas aumentan: ¿quién facilitó la tecnología para un ataque “certero” contra el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FRC) y para una retirada “limpia” después de la muerte del jefe guerrillero Raúl Reyes? ¿Los militares colombianos son suficientemente autónomos para eso? Y desde Bogotá, según los despachos de las agencias internacionales de prensa, hay una respuesta: “La guerra la estamos ganando a las FARC gracias a que Estados Unidos ahora comparte información que antes se reservaba”, dijo a la AFP un alto funcionario del ministerio de Defensa colombiano, que pidió la reserva de su nombre.Y señaló: “Hoy, obtenemos datos nítidos de coordenadas (ubicación), conversaciones e identificación de redes de apoyo, que los tiene desquiciados. Utilizamos parte de la inteligencia que nos suministró ese país (Estados Unidos) para emplear nuestro propio arsenal, el cual, gracias a los convenios de cooperación, es muy sofisticado". De hecho, aclaró que esa participación estadunidense “se limitó a la entrega de información clave directamente a la policía colombiana, cuyo director (el general Oscar Naranjo) goza de la total confianza de Washington”.Fuentes militares en Quito se refieren a Estados Unidos, pero, “por la delicadeza del tema, es grave afirmarlo enfáticamente”, dijo a Apro un alto oficial del Ejército. Lo mismo señalaron los altos mandos durante su comparecencia en la Asamblea Constituyente, el pasado 18 de marzo, donde explicaron a detalle, a una comisión de asambleístas, cómo ocurrió el ataque y los pormenores de la investigación en curso, que posiblemente estará completa a fines de marzo.Uno de los técnicos militares, que ha mantenido entrenamiento conjunto con oficiales colombianos y estadunidenses en Bogotá, dijo a Apro que en Bogotá existe personal de la Fuerza Aérea estadunidense que ha preparado a los técnicos en espionaje electrónico y búsqueda aérea de focos de guerrilla, y no descarta la participación directa en acciones conjuntas. Este oficial, como otros, regresó a Ecuador tras la ruptura de relaciones entre Ecuador y Colombia, el pasado 3 de marzo. De hecho, dijo, la coordinación para este tipo de operaciones es entre varias ramas militares de algunos países.Y si a esto se suma el informe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), hecho público el viernes 21 de marzo, todo apunta a pensar no sólo que el ataque del 1 de marzo al campamento de las FARC fue preparado con mucho tiempo de antelación, sino que se utilizó tecnología estadunidense y en él participaron fuerzas militares de varios países. De hecho, en su más reciente comunicado, las FARC responsabilizan al Comando Sur de Estados Unidos del ataque donde, además de Reyes, murieron 23 personas, entre ellos cuatro ciudadanos mexicanos y un ecuatoriano, quien fue identificado por sus familiares el 19 de marzo.
Las bombas
Por disposición del alto mando militar ecuatoriano, el 6 de marzo, expertos de la FAE realizaron un peritaje en Angostura, lugar del ataque, para conocer cómo ocurrió el bombardeo, el armamento utilizado y los daños causados. Las conclusiones preliminares, a las que tuvo acceso Apro, son contundentes, aunque el grueso del informe todavía no es público:
1.- Se usaron 10 bombas GBU 12 Paveway II de 500 libras, que dejaron cráteres de 2.40 metros de diámetro por 1.80 metros de profundidad. El explosivo de esta bomba puede ser guiado por láser, GPS o tecnología intersensorial (INS). Esta bomba fue usada durante la ‘Operación Tormenta del Desierto’ en Irak. La mayoría de las bombas cayó en el área de dormitorios y de adoctrinamiento del campamento. Las zonas de lavandería y entrenamiento quedaron intactas.
2.- Se encontraron vainillas de proyectiles 0.50 en el sector sur del campamento, disparadas por ametralladoras emplazadas en helicópteros, que brindaron la seguridad del personal que realizó la infiltración.
3.- En la zona del bombardeo también se encontraron vainillas de armas cortas y fusiles de ataque, posiblemente usadas por los militares colombianos, en vista de que los guerrilleros fueron sorprendidos y no tuvieron tiempo para responder al ataque.
La duda está, según los informes de la FAE, en que la Guía de Identificación de Armamento de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) señala que las bombas GBU 12 solamente pueden ser transportadas por aviones A7, A10, B52, F111, F117, F15, F16, F/A 18 C/D, F14 y A6. Y si el Ministerio de Defensa colombiano dijo que en el operativo ‘Fénix’ se usaron aviones Súper Tucano, éstas naves no se incluyen entre las que pueden llevar bombas GBU 12.En diciembre de 2006, Colombia concretó la compra de 25 aviones Súper Tucano a la empresa Embraer, fabricante de éste tipo de aeronaves, como parte del proceso de modernización de su fuerza aérea.De acuerdo con los mismos informes militares de Ecuador, los aviones A-29B Súper Tucano tienen un motor turbohélice, controlado por un sistema digital integrado. Puede llevar armas convencionales e “inteligentes”. Por ejemplo, el misil Python III, la bomba guiada por láser (LGB) Griffin, o toda la familia de bombas Mk-82. Además, puede cargar ametralladoras 0.50 dentro de las alas, como los aviones de la Segunda Guerra Mundial.Para la FAE, no existe posibilidad de que en el ataque se hayan usado aviones Kfir, que forman parte de las filas colombianas.Durante la comparecencia en la Asamblea Constituyente, el ministro de Defensa de Ecuador, Wellington Sandoval, dejó abierta la posibilidad de solicitar a Colombia un informe de las naves utilizadas en el ataque, para “confirmar si efectivamente se usaron las naves de combate de Colombia y para revisar desde dónde hicieron los disparos, pues Ecuador mantiene que fue desde territorio ecuatoriano y no desde el norte, como han tratado de justificar los militares colombianos”.Desde Bogotá se conoció que está en manos del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, toda la información sobre este tema.También persiste la duda de si en la Operación Fénix participaron naves estadunidense desde la Base de Manta, en la costa pacífica del Ecuador. Según los datos de Inteligencia Naval, un avión HC-130 despegó desde el FOl desde esa base a las 19:00 horas del viernes 29 de febrero y regresó a las 16:30 horas del día siguiente. Sin embargo, los diplomáticos estadunidenses han afirmado en varias ocasiones que ninguna nave participó en ningún tipo de operación militar relacionada con la “Operación Fénix”.Según expertos militares consultados, el HC-130 es la versión mejorada de combate y rescate del avión de transporte C-130. Su tarea es proveer combustible en el aire a helicópteros de rescate, y sirve como arma de combate y de transporte de personal y de otras aeronaves.La agencia Anncol, cercana a los rebeldes colombianos, aseguró que prueba de la participación de Washington en el operativo es la presencia en Bogotá, el viernes anterior a la operación, de Joseph Nimmich, director de la Fuerza de Tarea Conjunta Inter-agencial del Comando Sur de Estados Unidos.Para los oficiales ecuatorianos, la ayuda económica estadunidense para Ecuador no se compara con la que recibe Colombia. Al gobierno de Quito se le destinan 400 millones de dólares, con los que no alcanza a crear un “escudo” para impedir el ingreso de guerrilleros en territorio ecuatoriano y menos para realizar labores de combate e inteligencia en la zona fronteriza.Estados Unidos ha tenido en el presidente Uribe a su principal aliado en América Latina y ha entregado a Colombia más de 4 mil millones de dólares desde 2000 para el combate al narcotráfico y a las organizaciones armadas de izquierda. En octubre de 2004, el Congreso de Estados Unidos autorizó duplicar el número de militares estadunidenses en Colombia (800 soldados), y pasó de 400 a 600 el número de contratistas civiles del Departamento de Estado, explicó la fuente. (30 de marzo de 2008)

La mancha
Las revueltas en Lhasa, la capital del Tíbet
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Los recientes hechos violentos en el Tíbet empañaron la imagen moderna y glamorosa que China pretendía difundir en los Juegos Olímpicos de Beijing. Fue un duro golpe para el presidente Hu Jintao y sus colaboradores, quienes antes dirigieron al Partido Comunista en esa región. De inmediato, el gobierno chino lanzó una campaña para fortalecer en los medios su versión de las cosas, pero a cinco meses de que inicie la máxima competencia deportiva del mundo, no hay una solución para el Tíbet.BEIJING.- Las revueltas en Lhasa, la capital del Tíbet, y en parte de las provincias de Guansú y Sichuán, no podían ocurrir en peor momento para el gobierno de Beijing.Estallaron en plena sesión de la Asamblea Nacional Popular, que se disponía a reelegir por cinco años al presidente Hu Jintao y a su primer ministro, Wen Jiabao. Las protestas no impidieron esta elección, pero afectaron la imagen del alto mando del Partido Comunista Chino (PCC), sorprendido por estos brotes de violencia cuando faltaban sólo cinco meses para la realización de los Juegos Olímpicos (JO) en este país.Según analistas chinos consultados por la corresponsal, fue un golpe duro para Hu, quien fue primer secretario del PCC en la Región Autónoma del Tíbet entre 1988 y 1992, y reprimió con suma dureza las revueltas de 1989. Varios colaboradores cercanos a Hu son políticos que trabajaron con él en la zona. Ese equipo del PCC, considerado como el más apto para enfrentar los problemas ahí, afirmaba tener el control de la situación. Desde el año pasado Hu había tomado la precaución de aumentar el número de tropas presentes en el Tíbet y en la también agitada zona de Xinjiang, situada en el noroeste del país, para “matar en el huevo a las fuerzas de desestabilización” y prevenir cualquier intento de perturbar la Olimpiada.Aunque aún no se conocen todas las consecuencias que la revuelta tibetana tendrá en la fiesta olímpica, es obvio que ya manchó la imagen moderna y glamorosa que China pretendía ofrecer al mundo. Eso hirió profundamente al PCC, que puso en marcha su maquinaria de propaganda para contrarrestar los efectos negativos de la crisis tibetana.
La verdad oficial
A partir del sábado 15, todos los medios de comunicación chinos, estrictamente controlados por las autoridades, difundieron todos los días la misma versión de los hechos y acusaron al Dalai Lama y a su “camarilla” de haber fomentado un complot contra China. Describieron con detalle escenas en las que “grupúsculos” de tibetanos amotinados agredían físicamente a paseantes y comerciantes chinos, además de quemar tiendas, hospitales y escuelas. Transmitieron entrevistas con tibetanos, chinos que se dijeron víctimas de los disturbios y dirigentes budistas tibetanos, fieles a Beijing, que condenaron de manera virulenta a los rebeldes. La televisión desempeñó un papel capital para difundir la verdad oficial. Día tras día y reiteradamente mostró las mismas imágenes de grupos de revoltosos –entre ellos algunos monjes– destruyendo la cortina metálica de una tienda. También exhibió imágenes de automóviles quemados, daños a edificios privados (almacenes, bancos y empresas) y públicos (centros médicos y educativos), así como las escenas de desesperanza entre los familiares de las 14 víctimas chinas causadas en los acontecimientos, según la información de Beijing.En ningún momento la televisión difundió el despliegue masivo de fuerzas policiacas y de paramilitares chinos en Lhasa ni de la represión que sufrieron los rebeldes. Tampoco informaron sobre la detención masiva de monjes y de manifestantes ni las muertes en este bando, que oscilan entre 100 y 140, según organizaciones no gubernamentales tibetanas en el exilio. En Lhasa no había periodistas extranjeros cuando explotó la crisis, y las autoridades impidieron que la prensa internacional viajara al Tíbet y a las zonas de las provincias de Guansú y Sichuán, donde también hubo protestas. El 17 de marzo Qiangba Puncong, presidente de la Región Autónoma del Tíbet, declaró: “A pesar de la violencia de los manifestantes, las fuerzas de seguridad y la policía mostraron una gran moderación cuando restablecieron el orden. Durante todo el proceso no portaron ni usaron armas letales. Sólo utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua”. Qiangba llamó a los manifestantes a entregarse a la policía; les prometió aligerar sus condenas si confesaban sus delitos o daban información sobre los rebeldes. Luego criticó duramente a la “camarilla del Dalai Lama” y a los grupos occidentales que “presentan los motines de Lhasa como manifestaciones pacíficas”. Al día siguiente Wen Jiabao, el recién releecto primer ministro, ofreció una conferencia de prensa para responder a las crecientes críticas internacionales. El tono fue duro, las frases tajantes y la expresión de enojo, pero el mensaje fue idéntico: “Disponemos de múltiples pruebas que demuestran que las revueltas fueron organizadas, premeditadas, planeadas y provocadas por la camarilla del Dalai Lama”, afirmó Wen antes de atacar directamente al líder espiritual del Tíbet, a quien calificó de mentiroso e hipócrita.En los días siguientes todos los medios de comunicación repitieron estas acusaciones palabra por palabra. Luego transmitieron nuevas noticias: publicaron las fotos de los rebeldes tibetanos más buscados y hablaron de la rendición de amotinados. Primero mencionaron un centenar, luego a casi 400. Algunos de éstos “confesaron sus delitos” por televisión.Así mismo se multiplicaron los testimonios de chinos y de miembros de la etnia musulmana Hui heridos en Lhasa. Se calculó el costo material de los motines (28 millones de dólares) al tiempo que la televisión mostraba el inicio de las obras de reconstrucción y el restablecimiento de la distribución de agua y electricidad en ciertas zonas de la capital tibetana.
Manipulación
Poco a poco empezaron a correr en Beijing extraños rumores. En un restaurante popular se aconsejó a esta enviada que no comiera carne de res porque los “delincuentes tibetanos podían haberla envenenado con el virus del sida”. Los clientes también se preguntaban si los revoltosos no planearían atentados durante los Juegos Olímpicos, o incluso antes. En las zonas céntricas de la ciudad se hizo más obvia la presencia de las fuerzas policiacas, del ejército y de numerosos grupos de vigilancia de barrios (integrados por civiles jubilados y reconocibles por el brazalete rojo en la manga izquierda de sus chaquetas). Esa vigilancia se incrementó mucho más que de costumbre en Tiananmen. A la salida del metro que desemboca cerca de esta famosa plaza, la policía revisaba de manera aparentemente aleatoria las bolsas de los pasajeros.El tema del Tíbet estuvo presente en las conversaciones que esta enviada sostuvo con gente de distintos niveles sociales en Beijing, pero ninguno de ellos cuestionó la versión oficial. También académicos de mente abierta y amplia cultura criticaron duramente a los “occidentales que rehúsan entender que el Tíbet es, históricamente, parte de China”. Lo mismo afirmaron jóvenes parejas de la nueva burguesía, bastante adinerada, de la capital china. Todos se dijeron incomprendidos por el mundo exterior.Con ese sentimiento colectivo como fondo, el 22 de marzo los medios de comunicación masiva de China lanzaron una ofensiva contra sus similares de Occidente. El ataque más emblemático lo lanzó el China Daily, periódico publicado en inglés por el PCC, que le dedicó la mayor parte de su primera plana a “la manipulación occidental” de la información sobre el Tíbet. “Reportajes sobre las revueltas demuestran enfoques tendenciosos en Occidente”, acusó el principal titular de esa edición, en la que el periodista Ye Jun analizó minuciosamente las notas y las imágenes difundidas por los sitios en internet de las televisoras BBC, CNN y American Fox News, así como de los periódicos Bild de Alemania y The Washington Post, entre otros.El resultado de la radiografía de Ye no fue muy halagador para los medios estadunidenses y europeos. Demostró claramente cómo CNN publicó sólo la mitad de una foto, dejando fuera de ella a manifestantes tibetanos que apedreaban un camión militar, e informó que varios medios exhibieron fotos de tibetanos golpeados por policías de Nepal, afirmando que se trataba de policías chinos. Otra nota del China Daily, titulada Secesionistas planificaron la violencia en Lhasa, resultó digna de los peores momentos de la Guerra Fría: en ella se acusó sin rodeos al Dalai Lama y a los miembros de ONG tibetanas en el exilio de ser agentes de la CIA.El martes 25 fue el turno de los chinos para manipular la información. El incidente sucedió en el sitio antiguo de Olimpia, durante la ceremonia que marca la partida de la antorcha olímpica desde Grecia hacia Beijing, adonde llegará el 8 de agosto.Robert Ménard, secretario general de la organización francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF), y dos de sus compañeros irrumpieron con banderas en las que se dibujaba con los anillos olímpicos una cadena. En ese momento empezaba a leer su discurso Qi Liu, el funcionario chino encargado de la organización de los Juegos Olímpicos, quien se mostró imperturbable mientras policías griegos retiraban a los integrantes de RSF. La televisión china censuró la imagen, lo mismo que la prensa diaria. Sólo pudieron verla los internautas chinos capaces de burlar el control oficial. l