John Saxe-Fernández
Al tiempo que se preparaban los detalles de la “reforma estructural” para dar cobertura legal a la privatización, extranjerización y eventual desintegración de Pemex, en curso desde los años 90, EU también elaboró un programa que permite asegurar militarmente tan magno despojo a favor de sus empresas. Se trata de un despliegue militar hacia todo el territorio mexicano disfrazado con ejércitos mercenarios que operan como contratistas privados y que son brazos clandestinos del Pentágono y la CIA. Esas firmas, entre las que resaltan Blackwater y DynCorp, están bajo mando de ex oficiales militares y de inteligencia de EU. La primera perpetra frecuentes masacres y brutales violaciones a los derechos humanos de la población iraquí, y la segunda, desde Colombia, disemina plaguicidas que se extienden a varias provincias ecuatorianas afectando de manera grave la salud humana y el medio ambiente. Su inclusión en el paquete de seguridad que discutía el embajador Garza con Calderón desde mayo de 2007 se posicionó en el Congreso estadunidense como el aspecto más delicado de lo que entonces se denominó Plan México. Según John Ariscano (“Los siniestros contratistas…”, Clarinet, de Chile), Blackwater cuenta con 100 mil hombres. Esas empresas, “además de inmunidad diplomática, tienen a disposición helicópteros, carros blindados y vehículos Hummer dotados de ametralladoras y han actuado –caso de DynCorp– al servicio de narcomafias y terroristas aliados a Washington”, por lo que cabe preguntar cómo incidirán ¿o inciden ya? en la ola de violencia que asuela a la nación. Es tema vedado al público. Existen antecedentes: ya se usaron mercenarios políticos de la derecha española y de Washington, tipo Dick Morris y Rob Allyn, en la creación y manejo electoral de las provocaciones de 2006, y después de Montebello Calderón planteó otorgar la protección de las instalaciones de Pemex-CFE a SyColeman.
A fines de 2007 se supo que se realizaban conversaciones sobre asuntos de seguridad entre Garza y Calderón. El embajador dijo que Calderón le ofrecía una “ventana de oportunidad” y que colaboraba en la materia “más que cualquier otro presidente”. Colocar en riesgo la soberanía y superar en entreguismo a Santa Anna, Salinas, Zedillo y Fox es una hazaña difícil de superar, pero así lo confirmó un alto funcionario del gobierno de Bush, que pidió el anonimato, al calificar el Plan México endosado por Los Pinos como “… un salto cuántico hacia delante (quantum leap forward), en parte porque México está dispuesto a arriesgarse en la construcción de una nueva relación” (citado por Alfredo Corchado “1.4 billion US Mexico Anti-drug program to entail use of private contractors”, Dallas Morning News, 19/10/07).
El “salto cuántico” se centra en el hecho de que, como expresó el general Roberto Badillo Martínez, “… ningún gobierno mexicano durante el siglo XX permitió la entrada de tropas (de EU) ni de mercenarios disfrazados, y mucho menos de asesores”. Por eso el hermetismo y manejo publicitario: al Plan México luego se le llamó Iniciativa Mérida para suavizar la asociación con el Plan Colombia, otro esquema de negocios bélico-industriales y de ocupación territorial también elaborado bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y en el que es central el papel de los contratistas privados en el teatro de operaciones y en la oferta de adiestramiento y equipo.
En las legislaturas se soslaya el uso de contratistas privados en la Iniciativa Mérida, quizá por el rechazo del público mexicano al menor asomo de ocupación militar del país. Corchado indica que Silvestre Reyes, presidente del comité de inteligencia de la Cámara de Diputados estadunidense, mostró preocupación por el posible uso de contratistas privados del país vecino en México: “es una de las áreas más sensibles en las negociaciones entre los dos gobiernos… los oficiales mexicanos están preocupados al respecto y nosotros también por el uso que se hace de los contratistas en Irak”.
jueves, junio 19, 2008
Para que Colombia deje de sangrar
Emir Sader
En emocionante artículo, publicado el domingo 8 de junio, don Orlando Fals Borda hace un hondo llamado a que Colombia no se resigne a convivir con la violencia. Se pregunta hasta cuándo los colombianos seguirán acostumbrándose a la terrible violencia, a la guerra, a las masacres, a las muertes.
Ese mismo día el presidente venezolano Hugo Chávez, en su programa Aló, Presidente, retoma una iniciativa política que puede convergir con la humanitaria preocupación del maestro colombiano. Chávez se dirige a las FARC, argumentando que la vía armada no tiene en este momento viabilidad y, en cambio, termina siendo un pretexto para que los que desean la perpetuación de la violencia –Uribe y el gobierno de Estados Unidos en primer lugar– puedan seguir con sus políticas de guerra y de provocaciones contra los otros países del área.
Con base en esos argumentos, el presidente venezolano, quien ha demostrado fehacientemente ser un adepto inclaudicable de las soluciones políticas y pacíficas para el conflicto colombiano, apela a las FARC para que liberen de forma incondicional a todos los rehenes que todavía siguen en sus manos. Sería un gesto humanitario y de voluntad llegar a una solución política. Para lo cual Chávez se compromete a organizar las condiciones internacionales para concretar la paz en Colombia.
Tener en Colombia uno de los epicentros de la guerra infinita de Bush representa la más grande herida que tiene el continente, que se desangra hace más de seis décadas. El pueblo colombiano ya ha demostrado que quiere la paz y la única manera de obtenerla es por la intermediación de la negociación política entre las partes. Cualquier pretexto, cualquier argumento parcial, por más fuerte que sea, contribuye a la perpetuación de la guerra y de los infinitos sufrimientos del pueblo colombiano.
La propuesta de Hugo Chávez debe recibir el respaldo de todos –gobiernos, fuerzas políticas, movimientos sociales, personalidades– los que sufren en y por Colombia, los que están comprometidos firmemente con la superación pacífica de la guerra. Ahora es el momento definitivo para que todos sepan quiénes efectivamente la quieren y quiénes, al contrario, se valen de la guerra para perpetuar sus intereses y sus cargos. Se verá si el presidente Uribe desea, como tanto se dice, sabotear cualquier negociación política como instrumento para intentar obtener una nueva reforma constitucional que le pueda propiciar un tercer mandato.
Ignacio Ramonet llamaba la atención recientemente en cómo América Latina vive un periodo de desarrollo, justicia y de paz, que hay que valorar y consolidar. El único caso de guerra es el de Colombia. El continente necesita paz para que avancen los procesos de integración, de contribución a la construcción de un mundo multipolar, de colaboración entre los gobiernos y los pueblos, de complemenaridad, de solidaridad.
La loable iniciativa del presidente Hugo Chávez es una excelente posibilidad de que demostremos que somos capaces de hacer triunfar la paz sobre la guerra, al igual que estamos demostrando que podemos hacer triunfar el desarrollo sobre el estancamiento, la justicia sobre la exclusión social, la integración sobre la fragmentación, el entendimiento sobre los conflictos y la solidaridad sobre los enfrentamientos para que Colombia pueda también sumarse a un continente que vive un momento especial de su historia.
En emocionante artículo, publicado el domingo 8 de junio, don Orlando Fals Borda hace un hondo llamado a que Colombia no se resigne a convivir con la violencia. Se pregunta hasta cuándo los colombianos seguirán acostumbrándose a la terrible violencia, a la guerra, a las masacres, a las muertes.
Ese mismo día el presidente venezolano Hugo Chávez, en su programa Aló, Presidente, retoma una iniciativa política que puede convergir con la humanitaria preocupación del maestro colombiano. Chávez se dirige a las FARC, argumentando que la vía armada no tiene en este momento viabilidad y, en cambio, termina siendo un pretexto para que los que desean la perpetuación de la violencia –Uribe y el gobierno de Estados Unidos en primer lugar– puedan seguir con sus políticas de guerra y de provocaciones contra los otros países del área.
Con base en esos argumentos, el presidente venezolano, quien ha demostrado fehacientemente ser un adepto inclaudicable de las soluciones políticas y pacíficas para el conflicto colombiano, apela a las FARC para que liberen de forma incondicional a todos los rehenes que todavía siguen en sus manos. Sería un gesto humanitario y de voluntad llegar a una solución política. Para lo cual Chávez se compromete a organizar las condiciones internacionales para concretar la paz en Colombia.
Tener en Colombia uno de los epicentros de la guerra infinita de Bush representa la más grande herida que tiene el continente, que se desangra hace más de seis décadas. El pueblo colombiano ya ha demostrado que quiere la paz y la única manera de obtenerla es por la intermediación de la negociación política entre las partes. Cualquier pretexto, cualquier argumento parcial, por más fuerte que sea, contribuye a la perpetuación de la guerra y de los infinitos sufrimientos del pueblo colombiano.
La propuesta de Hugo Chávez debe recibir el respaldo de todos –gobiernos, fuerzas políticas, movimientos sociales, personalidades– los que sufren en y por Colombia, los que están comprometidos firmemente con la superación pacífica de la guerra. Ahora es el momento definitivo para que todos sepan quiénes efectivamente la quieren y quiénes, al contrario, se valen de la guerra para perpetuar sus intereses y sus cargos. Se verá si el presidente Uribe desea, como tanto se dice, sabotear cualquier negociación política como instrumento para intentar obtener una nueva reforma constitucional que le pueda propiciar un tercer mandato.
Ignacio Ramonet llamaba la atención recientemente en cómo América Latina vive un periodo de desarrollo, justicia y de paz, que hay que valorar y consolidar. El único caso de guerra es el de Colombia. El continente necesita paz para que avancen los procesos de integración, de contribución a la construcción de un mundo multipolar, de colaboración entre los gobiernos y los pueblos, de complemenaridad, de solidaridad.
La loable iniciativa del presidente Hugo Chávez es una excelente posibilidad de que demostremos que somos capaces de hacer triunfar la paz sobre la guerra, al igual que estamos demostrando que podemos hacer triunfar el desarrollo sobre el estancamiento, la justicia sobre la exclusión social, la integración sobre la fragmentación, el entendimiento sobre los conflictos y la solidaridad sobre los enfrentamientos para que Colombia pueda también sumarse a un continente que vive un momento especial de su historia.
Rayuela
Declarar la guerra es la respuesta de los europeos al hambre de la migración ilegal, a la necesidad de supervivencia de los pueblos que ellos expolian.
Sospechoso cuento de hadas de industriales y Los Pinos
Carlos Fernández-Vega
Un cuento de hadas envuelve el anuncio calderonista de congelar el precio de más de 150 productos alimenticios industrializados. Dado que nadie detalló cómo, en qué condiciones y a qué costo se llegó al acuerdo, es de suponer que los dirigentes de la Concamin ayer amanecieron socialmente sensibles, con el corazón a flor de piel, y decidieron tocar la puerta de Los Pinos para anunciar a su inquilino la decisión gremial de sacrificar utilidades por el bien de los mexicanos y su deteriorado poder adquisitivo.
Si la versión es correcta, podríamos imaginar al presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Ismael Plascencia Núñez, condolido por la decreciente capacidad de compra de millones de mexicanos y preocupado hasta la lágrima por la (des) nutrición de la niñez nacional, estado de ánimo que ayer lo habría motivado, no más abrir un ojo, a echar telefonazos a sus representados para que se sumaran a la causa: sacrifiquemos utilidades por el bien de la nación.
Ya con el acuerdo gremial amarrado (todos en pos del mexican dream de la “continuidad”), Plascencia Núñez, acompañado por sus ilusionados compañeros, humildemente tocó el portón de la residencia oficial en donde, aún en pijama, el gratamente sorprendido inquilino de Los Pinos fue enterado de la decisión socialmente responsable de los industriales agrupados en la Concamin, la cual incluye una nota impensable en otros tiempos: “el congelamiento de precios íntegramente va por nuestra cuenta; sacrificaremos utilidades, y a la nación no le costará un quinto”.
Y, felices, hicieron el anuncio conjunto, quedando claro que para el michoacano no existen fines electorales, que los industriales no buscan ningún tipo de subsidios del erario, y que lo único que ambos persiguen es “trabajar fuertemente para evitar que esta situación impacte el bolsillo de los mexicanos, particularmente de los mexicanos que menos tienen”, como resumió Calderón, por mucho que tal congelamiento aplique en todos los estratos sociales.
La moraleja de esta fábula es que la versión oficial es puro cuento, de tal forma que sería más que pertinente que Los Pinos y la Concamin detallaran cuánto le costará al erario el “desinteresado” cuan subsidiado congelamiento de precios ayer anunciado.
Quien no cuenta cuentos es la Cepal, pues advierte que el aumento de precios en alimentos tiene un claro impacto distributivo regresivo, ya que afecta principalmente a quienes destinan la mayor proporción del ingreso a su adquisición. Cuanto menor es el ingreso de una familia, mayor es el porcentaje que se destina a comprar los alimentos básicos que cubren sus requerimientos nutricionales. Por lo tanto, si los precios de los alimentos básicos se elevan más que los de otros bienes, son los más pobres quienes sufren un mayor deterioro relativo de sus ingresos en términos reales.
En consecuencia, este fenómeno no sólo tiene un claro sesgo inequitativo, sino que también provoca un aumento del porcentaje de indigentes y pobres en los países de la región. Partiendo de las proyecciones realizadas por la Cepal para 2007, un incremento de 16 por ciento en el precio de los alimentos eleva la incidencia de la indigencia en más de tres puntos (de 12.7 a 15.9 por ciento), lo que llevaría a que casi 16 millones más de latinoamericanos cayeran en esta condición.
Estas estimaciones no consideran eventuales cambios en los ingresos de las personas y familias, ni las modificaciones en los precios de los bienes y servicios no alimenticios. Pero aun reconociendo que las remuneraciones nominales se han elevado, la variación de los precios de los alimentos continúa teniendo efectos negativos sobre la indigencia y la pobreza. Si se considera una mejora de los ingresos de los hogares de 6 por ciento, similar al promedio del incremento de los índices generales de precios al consumidor, alrededor de 10 millones de personas caerían en la indigencia como consecuencia del aumento de los precios, sin contar con el agravamiento de la situación social de quienes antes de estos aumentos ya vivían en la pobreza y la indigencia. El panorama se complicaría más si se consideraran los efectos del incremento del precio de los combustibles, que repercute en las tarifas del transporte y de los servicios básicos domiciliarios.
Desde el punto de vista de la evolución esperada del nivel de actividad, el incremento del precio de los alimentos conduce a la contracción del consumo, puesto que los sectores en cuya canasta de consumo los alimentos tienen mayor incidencia son, al mismo tiempo, los que tienen una mayor propensión a gastar el ingreso disponible corriente por su escasa o nula capacidad de ahorro. De este modo, se suma un elemento contractivo adicional, cuyo efecto podría comenzar a percibirse en un plazo no muy distante. En este sentido, cabe insistir en la necesidad de que los gobiernos adopten políticas que reduzcan estos efectos, ya sea mediante subsidios directos a los sectores de menores ingresos o por medio de la reducción de impuestos o el otorgamiento de subsidios a la producción de algunos alimentos.
La magnitud del incremento del precio de los alimentos requiere políticas públicas que reduzcan su repercusión en los sectores de menores recursos. Si no se aplican medidas, la región sufriría un retroceso en la lucha contra la pobreza. Hay que recordar que la desnutrición de los niños deja secuelas irreversibles a mediano y largo plazos. Por último, debe tenerse en cuenta que, en muchos casos, los países más pobres de la región carecen de capacidad fiscal para implementar medidas significativas en esta área, por lo que es necesario el apoyo de la comunidad internacional, un apoyo que no admite demora, concluye la Cepal.
Las rebanadas del pastel
Por cierto, el citado “congelamiento” se anuncia luego de que nadie hizo siquiera el intento de contener los severos “ajustes” (léase feroces incrementos) en los precios de los productos expendidos en, por ejemplo, los grandes supermercados, lo que hace suponer que parte sustancial del acuerdo fue “retiqueten a discreción, y luego damos la buena nueva en Los Pinos”.
Un cuento de hadas envuelve el anuncio calderonista de congelar el precio de más de 150 productos alimenticios industrializados. Dado que nadie detalló cómo, en qué condiciones y a qué costo se llegó al acuerdo, es de suponer que los dirigentes de la Concamin ayer amanecieron socialmente sensibles, con el corazón a flor de piel, y decidieron tocar la puerta de Los Pinos para anunciar a su inquilino la decisión gremial de sacrificar utilidades por el bien de los mexicanos y su deteriorado poder adquisitivo.
Si la versión es correcta, podríamos imaginar al presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Ismael Plascencia Núñez, condolido por la decreciente capacidad de compra de millones de mexicanos y preocupado hasta la lágrima por la (des) nutrición de la niñez nacional, estado de ánimo que ayer lo habría motivado, no más abrir un ojo, a echar telefonazos a sus representados para que se sumaran a la causa: sacrifiquemos utilidades por el bien de la nación.
Ya con el acuerdo gremial amarrado (todos en pos del mexican dream de la “continuidad”), Plascencia Núñez, acompañado por sus ilusionados compañeros, humildemente tocó el portón de la residencia oficial en donde, aún en pijama, el gratamente sorprendido inquilino de Los Pinos fue enterado de la decisión socialmente responsable de los industriales agrupados en la Concamin, la cual incluye una nota impensable en otros tiempos: “el congelamiento de precios íntegramente va por nuestra cuenta; sacrificaremos utilidades, y a la nación no le costará un quinto”.
Y, felices, hicieron el anuncio conjunto, quedando claro que para el michoacano no existen fines electorales, que los industriales no buscan ningún tipo de subsidios del erario, y que lo único que ambos persiguen es “trabajar fuertemente para evitar que esta situación impacte el bolsillo de los mexicanos, particularmente de los mexicanos que menos tienen”, como resumió Calderón, por mucho que tal congelamiento aplique en todos los estratos sociales.
La moraleja de esta fábula es que la versión oficial es puro cuento, de tal forma que sería más que pertinente que Los Pinos y la Concamin detallaran cuánto le costará al erario el “desinteresado” cuan subsidiado congelamiento de precios ayer anunciado.
Quien no cuenta cuentos es la Cepal, pues advierte que el aumento de precios en alimentos tiene un claro impacto distributivo regresivo, ya que afecta principalmente a quienes destinan la mayor proporción del ingreso a su adquisición. Cuanto menor es el ingreso de una familia, mayor es el porcentaje que se destina a comprar los alimentos básicos que cubren sus requerimientos nutricionales. Por lo tanto, si los precios de los alimentos básicos se elevan más que los de otros bienes, son los más pobres quienes sufren un mayor deterioro relativo de sus ingresos en términos reales.
En consecuencia, este fenómeno no sólo tiene un claro sesgo inequitativo, sino que también provoca un aumento del porcentaje de indigentes y pobres en los países de la región. Partiendo de las proyecciones realizadas por la Cepal para 2007, un incremento de 16 por ciento en el precio de los alimentos eleva la incidencia de la indigencia en más de tres puntos (de 12.7 a 15.9 por ciento), lo que llevaría a que casi 16 millones más de latinoamericanos cayeran en esta condición.
Estas estimaciones no consideran eventuales cambios en los ingresos de las personas y familias, ni las modificaciones en los precios de los bienes y servicios no alimenticios. Pero aun reconociendo que las remuneraciones nominales se han elevado, la variación de los precios de los alimentos continúa teniendo efectos negativos sobre la indigencia y la pobreza. Si se considera una mejora de los ingresos de los hogares de 6 por ciento, similar al promedio del incremento de los índices generales de precios al consumidor, alrededor de 10 millones de personas caerían en la indigencia como consecuencia del aumento de los precios, sin contar con el agravamiento de la situación social de quienes antes de estos aumentos ya vivían en la pobreza y la indigencia. El panorama se complicaría más si se consideraran los efectos del incremento del precio de los combustibles, que repercute en las tarifas del transporte y de los servicios básicos domiciliarios.
Desde el punto de vista de la evolución esperada del nivel de actividad, el incremento del precio de los alimentos conduce a la contracción del consumo, puesto que los sectores en cuya canasta de consumo los alimentos tienen mayor incidencia son, al mismo tiempo, los que tienen una mayor propensión a gastar el ingreso disponible corriente por su escasa o nula capacidad de ahorro. De este modo, se suma un elemento contractivo adicional, cuyo efecto podría comenzar a percibirse en un plazo no muy distante. En este sentido, cabe insistir en la necesidad de que los gobiernos adopten políticas que reduzcan estos efectos, ya sea mediante subsidios directos a los sectores de menores ingresos o por medio de la reducción de impuestos o el otorgamiento de subsidios a la producción de algunos alimentos.
La magnitud del incremento del precio de los alimentos requiere políticas públicas que reduzcan su repercusión en los sectores de menores recursos. Si no se aplican medidas, la región sufriría un retroceso en la lucha contra la pobreza. Hay que recordar que la desnutrición de los niños deja secuelas irreversibles a mediano y largo plazos. Por último, debe tenerse en cuenta que, en muchos casos, los países más pobres de la región carecen de capacidad fiscal para implementar medidas significativas en esta área, por lo que es necesario el apoyo de la comunidad internacional, un apoyo que no admite demora, concluye la Cepal.
Las rebanadas del pastel
Por cierto, el citado “congelamiento” se anuncia luego de que nadie hizo siquiera el intento de contener los severos “ajustes” (léase feroces incrementos) en los precios de los productos expendidos en, por ejemplo, los grandes supermercados, lo que hace suponer que parte sustancial del acuerdo fue “retiqueten a discreción, y luego damos la buena nueva en Los Pinos”.
La lucha contra la nueva ley del ISSSTE continúa
UNION DE JURISTAS DE MÉXICO
BOLETIN
17 DE JUNIO DE 2008
¡¡¡ESPALDARAZO GENERAL DE MINISTROS AL PENSIONISSSTE: NO FRENA LA LUCHA, LOS AMPAROS Y LA MOVILIZACIÓN SIGUEN!!!
Este martes, dan espaldarazo la mayoría de Ministros que componen la Corte al régimen general de jubilaciones y pensiones establecido en la nueva Ley del ISSSTE, convalidando con ello la política del Gobierno de Felipe Calderón, con lo que también prematuramente se rechazan los argumentos jurídicos de los cientos de miles de trabajadores amparados que consideran que la nueva Ley del ISSSTE debe abrogarse, además de constituir dicho acto una traición al constitucionalismo social establecido por el constituyente de 1917 en la Carta Magna.
Cabe mencionar que la postura del Ministro Presidente GUILLERMO ORTÍZ MAYAGOITIA fue consecuente con los ofrecimientos y compromisos que estableció, en representación de la Corte, con los quejosos en varias entrevistas que sostuvo con nosotros, sin embargo, hay que entender que al interior de ese Tribunal Constitucional también se da la lucha de posiciones, reflejo de la lucha de clases que se da en las calles, con miles de amparos, provocando que Ministros como SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO, panista de cepa y recomendado del ex presidente Zedillo, asuma una postura radical en contra de los derechos de los trabajadores, al oponerse al Estado tutelar y solidario, que está previsto constitucionalmente, cuando menos en materia laboral y agraria.
Sin embargo, la lucha continúa, ya que conforme a los tecnicismos legales la tradición ha sido la de discutir punto por punto y su correlación con los artículos impugnados de inconstitucionalidad, esperando el movimiento amparista que la Corte cumpla el compromiso de retomar todos los conceptos de violación hechos valer por los quejosos en los 83 modelos de demanda interpuestos.
Paralelamente, el movimiento amparista iniciará la internacionalización del conflicto, recurriendo a la OIT, CIDH, Amnistía Internacional y otros referentes del mundo, especialistas en derechos humanos y seguridad social, para que se denuncie y condene al Estado mexicano y se le demande la restitución inmediata de los derechos de los trabajadores, y, en el plano nacional, continuaremos con los amparos, además de que se ha creado un gran referente de trabajadores al servicio del Estado, que podría agrupar a más de un millón de combativos burócratas, entre los cuales están la CNTE, SUTGDF, la CNSUES, el STUNAM, SUTIN y otros, quienes con el apoyo de la Unión de Juristas de México, han acordado movilizarse dinámica y periódicamente, celebrar Foros y realizar una Gran Convención, que elabore una Ley de Seguridad Social favorable a los trabajadores, para defenderla como iniciativa popular, además de la preparación de un PARO CÍVICO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2008, como base de la construcción de la ruta a la HUELGA POLÍTICA NACIONAL contra las reformas estructurales neoliberales y la abrogación de la Ley del ISSSTE.
Fraternalmente.
Comisión Ampliada
UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO (UJM)
UNIDAD DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TRABAJO (UESST)
EDUARDO MIRANDA ESQUIVEL, JESÚS CERVANTES ESPARZA, OMAR GARIBAY GUERRA, MARIO RODRIGUEZ CASTRO, EDUARDO PÉREZ SAUCEDO, JUAN RUBIO GUALITO Y CESAR DE LEÓN GUADIANA. Contactos e informes: unionjuristas@hotmail.com, ujmcervantes@yahoo.com.mx, omarguerra1960@yahoo.com.mx, mario_rodriguez@prodigy.net.mx, eduardoperezsaucedosntssNo nos dejemos engañar
Uno de los temas, que más trasciende en los medios de comunicación, es la metida de pata del gobierno de la república, pretendiendo convencer con tajadas económicas, el que los legisladores acepten por dinero, que voten a favor, de que se acepte en el Congreso de la Unión, las cinco iniciativas de ley sobre la Reforma Petrolera.
La forma más contundente, para que, por ningún dinero, ni regalos de ninguna índole, digamos con un rotundo NÓ, a la Reforma Petrolera que pretende el Presidente Calderón, la den por buena en el Congreso de la Unión.
HAGAMOS CUENTAS.
Si el Gobierno Calderonista, ofrece a cada Legislador, dos millones y medio de dólares, para que diga sí, a su Reforma Petrolera; ….¿calculan ustedes, cuanto reditúa el mejor negocio del mundo…y que es nuestro?
TODO QUEDA DEBIDAMENTE, EN EL LUGAR, Y CON EL NOMBRE, QUE LE CORRESPONDE.
Los traidores a la Patria, se dejarán sobornar, para que acepten este ROBO de la única riqueza que nos queda a los mexicanos (as); sin importarles todas las carencias, la falta de oportunidades para los millones de estudiantes, que cada año, se hunden en la desesperación y se convierten en comerciantes ambulantes, choferes, etc., menos, profesionistas de sus estudios que realizaron con tanto esfuerzo por lograr un título; abriendo espacios, cada día más grandes, al hambre, la sed de justicia de los millones de coterráneos, hundidos en la miseria y que sería condenarlos a la muerte segura, junto con sus dependientes económicos; llevándose entre ellos, a los que vienen empujando, para convertirnos todos, en esclavos del autoritarismo, del imperialismo norteamericano y de otros países del mundo.
La forma más contundente, para que, por ningún dinero, ni regalos de ninguna índole, digamos con un rotundo NÓ, a la Reforma Petrolera que pretende el Presidente Calderón, la den por buena en el Congreso de la Unión.
HAGAMOS CUENTAS.
Si el Gobierno Calderonista, ofrece a cada Legislador, dos millones y medio de dólares, para que diga sí, a su Reforma Petrolera; ….¿calculan ustedes, cuanto reditúa el mejor negocio del mundo…y que es nuestro?
TODO QUEDA DEBIDAMENTE, EN EL LUGAR, Y CON EL NOMBRE, QUE LE CORRESPONDE.
Los traidores a la Patria, se dejarán sobornar, para que acepten este ROBO de la única riqueza que nos queda a los mexicanos (as); sin importarles todas las carencias, la falta de oportunidades para los millones de estudiantes, que cada año, se hunden en la desesperación y se convierten en comerciantes ambulantes, choferes, etc., menos, profesionistas de sus estudios que realizaron con tanto esfuerzo por lograr un título; abriendo espacios, cada día más grandes, al hambre, la sed de justicia de los millones de coterráneos, hundidos en la miseria y que sería condenarlos a la muerte segura, junto con sus dependientes económicos; llevándose entre ellos, a los que vienen empujando, para convertirnos todos, en esclavos del autoritarismo, del imperialismo norteamericano y de otros países del mundo.
NO SE DEJEN ENGAÑAR POR FAVOR. MÉXICO, ES DE TODOS LOS MEXICANOS
NORMA ESPERANZA FALCÓN RUIZ.
E-mail: norma_efr7@hotmail.com
Defensa del Petróleo - Actividades
INVITAN A UN GRAN DEBATE POPULAR:
GRAN DEBATE POPULAR SOBRE EL PETROLEO
ASISTE, INFORMATE, EL CONOCIMIENTO ES PODER ¡
*** Es la Soberanía un tema en desuso?
*** Quiénes están detrás de la REFORMA PETROLERA DE CALDERON?
*** A quiénes beneficia realmente esta Reforma ?
*** Perdemos o no perdemos independencia política y económica?
***Tenemos los ciudadanos el derecho de ser consultados sobre temas de interés nacional??
ASISTE, INFÓRMATE ¡¡
PONENTES :
Lic .Manuel Bartlett Díaz
Inge. Alfredo Hernández Peñaloza
FECHA:
SÁBADO 21 JUNIO
11:00 HRS
LUGAR :
Parque del Carteto
Domicilio: entre Andalucía y Unión Postal,atrás del mercado de lo colonia postal,cerca metro Villa de Cortés, D.F.
miércoles, junio 18, 2008
Defendiendo el Agua en Cochabamba, Bolivia
Uno no puede desconfiar de las capacidades de un pueblo. Un pueblo UNIDO jamas sera vencido!.
http://www.youtube.com/watch?v=KKHHsW5upE4&eurl=http://radioamlo.blogspot.com/2008/06/defendiendo-el-agua-en-cochabamba.html
El pueblo de Cochabamba se enfrentó ante las transnacionales que privatizaron el agua en este lugar. Este video cuenta como el pueblo de Cochabamba defendió este preciado recurso vital para la vida humana. Hoy día en nuestro país en varios estados pretenden privatizar nuestra agua. NO LO PERMITAMOS.
Responde a un acto de intolerancia la resolución del IFE y deja al país sin presidente de México, afirma AMLO
Coyotepec, Estado de México, Miércoles 18 de junio de 2008* El siguiente paso del presidente pelele y del IFE es la quema de los paquetes electorales para borrar cualquier huella del fraude, señala* Afirma el presidente legítimo que Calderón sí aparece, pero como si no existiera, porque ha demostrado que no sirve para nada* Propone una renovación de las instituciones públicas, como el IFE, el Trife y la Corte, que están secuestradas por una minoría rapazComo un absurdo y un acto de intolerancia y de nerviosismo calificó Andrés Manuel López Obrador la resolución del Instituto Federal Electoral de prohibir al Frente Amplio Progresista el uso de la expresión Presidente Legítimo de México en los tiempos oficiales en la radio y televisión.De gira por municipios del estado de México, afirmó que los consejeros del mencionado órgano cometieron un grave error al votar a favor de la demanda interpuesta por el PAN para quitar dicho enunciado de los spots que se transmiten por la pantalla chica, “porque si no hay presidente legítimo, pues ya no habrá presidente de México”.Momentos después de que se aprobara, en sesión extraordinaria del Consejo del IFE, la prohibición y se impusiera una millonaria multa al PRD y PT, el presidente legítimo de México preguntó a los brigadistas en defensa del petróleo de este municipio: ¿Dónde está el otro? ¿Qué se hizo?Luego planteó una tercera y cuarta interrogantes: ¿Existe el otro presidente? o ¿lo han visto ustedes?No, fue la respuesta que obtuvo de los ciudadanos de esta localidad.Enseguida, López Obrador aclaró que sí aparece el otro presidente, es decir Felipe Calderón. “Aparece sí, pero como si no existiera”, remató.Y explicó por qué. Desde hace 18 meses en que usurpó la Presidencia de la República, Calderón ha demostrado que “no sirve para nada”.Después de consumarse un acto de censura, López Obrador manifestó que el siguiente paso a seguir por el gobierno usurpador y los consejeros del IFE es la quema de las boletas electorales, que acreditan que Calderón perdió en la contienda presidencial de 2006.Hasta el momento no han podido tomar una decisión al respecto y analizan todas las posibilidades para “desaparecer toda la papelería electoral, para quemar los paquetes electorales del 2006, porque no quieren dejar huella, ningún rastro”, del fraude que consumaron el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la complicidad de algunos medios de comunicación electrónicos, detalló.Pero, aclaró, el pueblo de México tiene pleno conocimiento de que Calderón no ganó en las urnas la Presidencia de la República y que actualmente está en calidad de “desaparecido” en el escenario nacional, que está “debajo de la cama o no sé dónde se mete”.También hizo énfasis en que representa un absurdo el fallo del pleno del Consejo del Instituto, porque los propios consejeros “saben muy bien que hubo un fraude electoral, que el IFE fue parte del fraude, al igual que el Trife y que muchos medios de comunicación fueron cómplices del fraude”, insistió.Antes, en Tecámac, el presidente legítimo de los mexicanos reiteró su inconformidad con la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los intereses servidores públicos que se inconformaron con las reformas a la Ley del ISSSTE, por considerarlas inconstitucionales.Acompañado por dirigentes y legisladores locales del PRD, PT y Convergencia, destacó la necesidad de que instituciones públicas, como el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte deben ser renovadas, para que dejen de estar al servicio de los potentados.Recordó que “cuando dije: Al diablo con sus instituciones, era porque tenía conocimiento de que el IFE, el Trife y la Corte están secuestrados por una minoría rapaz”.De acuerdo a la agenda de trabajo, López Obrador se reunirá mañana con los brigadistas en defensa del petróleo de Cihuatlán, Manzanillo, Tecomán y Tlajomulco de Zúñiga.
Día mundial contra la explotación Infantil: El trabajo por la educación es la tarea de los países
Según la OIT, millones de niños realizan jornadas de trabajo y no acuden a las escuelas.Según cifras de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), unos 75 millones de niños en el mundo no tienen acceso a la educación primaria y menos de la mitad de los que deberían estar en la secundaria acuden a ella.
Desde el año 2002, se lleva a cabo la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Este año, diversos países desarrollarán un gran número de actividades para transmitir al mundo el mensaje: La educación es la respuesta acertada al trabajo infantil.
Consciente de este drama, diferentes países de América Latina y el Caribe realizan esfuerzos simultáneos para llamar la atención sobre la necesidad de conocer y reconocer la situación de explotación económica a la que se ven sometidos millones de niños y niñas del planeta.
Según cifras de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), unos 75 millones de niños en el mundo no tienen acceso a la educación primaria y menos de la mitad de los que deberían estar en la secundaria acuden a ella.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), indica que más de 100 millones de los niños que trabajan lo hacen en la agricultura, en zonas rurales donde el acceso a las escuelas y la disponibilidad de profesores y medios es muy limitado.
El director de las OIT, Juan Somavia, expresó que la tarea de los países es "trabajar para que todo niño tenga derecho a la educación y para que no deban trabajar para sobrevivir".
"Para demasiados niños en el mundo, en particular para aquellos de familias pobres, el derecho a la educación continúa siendo un concepto abstracto, muy lejos de la realidad cotidiana", agregó Somavia.
La región del mundo con una mayor proporción de niños y niñas involucrados en actividades económicas es el África subsahariana, con un 26 por ciento, lo que equivale a unos 50 millones de niños.
Pero en términos absolutos, la región donde más niños trabajan es Asia-Pacífico, con 127 millones de niños y niñas de 5 a 14 años ocupados en distintas tareas productivas.
Tarea en avance
Según las estadísticas de la OIT, la región de Latinoamérica y el Caribe es la que más progresos ha hecho para reducir este flagelo, pues sólo un 5 por ciento de los niños de 5 a 14 años trabajan.
En el caso de Venezuela, el 7 por ciento de los niños de entre 5 y 14 años trabaja, por ello el Gobierno nacional puso en marcha en 2006 un convenio con la OIT sobre erradicación de este problema.
Brasil, el país más afectado con este problema en la región, con cerca de 5,1 millones de niños trabajadores, el Gobierno creó una normativa que obliga a los padres a inscribir a los hijos en las escuelas como condición para que sus familias puedan recibir los beneficios de programas asistenciales.
En el caso de Argentina, donde el 20, 1 por ciento de los menores de entre 14 y 17 años trabaja, el Ejecutivo creó en el año 2000 una Comisión para la Erradicación del Trabajo Infantil, fenómeno visible principalmente en la agricultura, industria, minería, construcción y trabajo doméstico, entre otros.
Unicef calcula que en México cerca de 3,3 millones de niños trabajan, de los cuales 40 mil desempeñan en la capital funciones prohibidas por la Constitución, una situación que la Secretaría de Trabajo ha intentando remediar con propuestas de sanciones a los responsables.
En Costa Rica, según datos de la Unicef hay cerca de 100 mil menores trabajadores, se creó el programa "Avancemos", que consiste en ayudas económicas a familias pobres, con la condición de que sus hijos permanezcan en el sistema educativo.
Como estos países, muchos otros ejecutan planes que contribuyan a eliminar este problema propio de las sociedades con una desigual distribución de la riqueza y que afecta a millones de niños y niñas.
Tres cambios fallidosDe los tres cambios que Felipe Calderón ha realizado en su gabinete desde que llegó al cargo hace 18 meses, sólo en uno, el de Germán Martínez –quien dejó la Secretaría de la Función Pública (SFP) en septiembre de 2007 para postularse a la presidencia nacional del PAN, cargo que finalmente ganó– tenía la intención de proyectar a su colaborador a un puesto de mayor visibilidad y presencia política. En las secretarías de Desarrollo Social y de Gobernación –donde fueron relevados Beatriz Zavala Peniche y Francisco Ramírez Acuña, respectivamente– Calderón buscó colocar al frente de estas dependencias a operadores de su primer círculo de confianza.Si bien las razones fueron diferentes en los tres cambios, la motivación del mandatario fue una sola: colocar en posiciones clave para las elecciones intermedias de 2009 a gente de su entera confianza y con la que pretende ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Sin embargo, hasta hoy esos movimientos no han dado los resultados que se esperaban; incluso en uno de éstos los efectos han sido contraproducentes.En el caso de Germán Martínez, quien aún no enfrenta ningún reto electoral importante como presidente de su partido, es prematuro evaluar su desempeño en este cargo, pues no existen muchos elementos objetivos y tangibles. Empero, debe mencionarse un aspecto: hoy por hoy, el dirigente del partido en el gobierno no toma ninguna decisión trascendente sin la anuencia del presidente Calderón. Como sucedía antaño en el PRI, el PAN se ha convertido en el partido del gobierno, no en el partido en el gobierno.Por lo que atañe al sucesor de Germán Martínez en la SFP, Salvador Vega Casillas, ha pasado desapercibido; es de los miembros del gabinete menos conocido.Como contraste, en la Sedesol, donde Zavala Peniche fue sustituida por Ernesto Cordero el pasado 15 de enero, el movimiento no ha pasado desapercibido, si bien los resultados son ambivalentes. Al principio acaparó los reflectores, sobre todo el 28 de abril, con el lanzamiento del programa Vivir Mejor, que coordina todos los esfuerzos del gobierno federal en materia de política social.Pero Cordero ha tenido varios traspiés, que han sido exhibidos en los medios. Así sucedió, por ejemplo, cuando los 18 gobernadores priistas rehusaron firmar los convenios de colaboración con la Sedesol y por el retraso en el ejercicio presupuestal del sector. Lo primero tuvo su origen en una modificación que la dependencia federal intentó introducir en el convenio para marginar a los gobiernos estatales de la decisión sobre la aplicación de los recursos de los programas sociales en sus entidades.Ese cambio no era menor, pues su intención era dejarle a la federación la plena potestad para decidir el destino del presupuesto de los programas sociales. Dada la filiación panista de varios de los delegados de la Sedesol, la propuesta acusaba prácticamente una intención político-electoral. La reacción de los gobernadores priistas fue negarse a firmar dicho instrumento, con lo que obligaron al gobierno federal a dar marcha atrás y a establecer en el convenio que los gobiernos estatales sí serán tomados en cuenta.Esa reacción no fue la única consecuencia de la pretendida modificación, pues los senadores del PRI y los del PRD impulsan una propuesta de reforma legislativa cuyo propósito es establecer una serie de candados legales para evitar el uso político-electoral de dichos recursos. Elaborada por el senador perredista Graco Ramírez, la iniciativa de ley propone, otros aspectos, que los delegados de la Sedesol y de todas las dependencias que operen programas sociales no deben haber ocupado con anterioridad puestos de elección popular ni identificarse con ningún partido. Así mismo, la reforma contempla sanciones severas para los funcionarios públicos responsables de los programas sociales que hagan un uso electoral de los mismos.La intención de los legisladores era aprobar dicha reforma en el período extraordinario que inicia el próximo jueves 19, pero todo parece indicar que el tema se dejará para el período ordinario que inicia en septiembre.Por otra parte, el retraso en la firma de los convenios, según la misma Sedesol, impactó el ejercicio del presupuesto y el cumplimiento de las metas del primer trimestre de 2008, pues únicamente 4 de los 20 programas de la dependencia cumplieron el gasto previsto para el período enero-marzo. Algunos de éstos, como los de Empleo Temporal, Atención de Jornaleros Agrícolas y Microrregiones muestran un incumplimiento mayor a 50%. Obviamente, el impacto se refleja en el cumplimiento de metas.Por lo menos en lo que a ejercicio de gobierno se refiere, el cambio en la Sedesol no ha resultado muy favorable.En Gobernación, donde Juan Camilo Mouriño asumió un día después de Cordero, el relevo es todavía más desfavorable. Al designar a Mouriño como titular de la Secretaría de Gobernación, Calderón decidió desmantelar oficialmente la Oficina de la Presidencia, lo que en la práctica implica poner fin a la coordinación formal de las distintas funciones que se realizan a su alrededor (Secretaría Particular, Comunicación Social, etcétera) y esto se resintió particularmente en la difusión y percepción pública de los programas del gobierno. Como lo publicó Proceso en su edición 1649, las encuestas de opinión reflejan claramente el descenso de las percepciones favorables y el crecimiento de las que tienen tinte desfavorable.En los hechos, el presidente no sólo perdió un buen operador de su oficina, sino que no ganó un buen operador político. Más tardó Mouriño en sentarse en su oficina de Bucareli que Andrés Manuel López Obrador en ponerlo en jaque al revelar los contratos de prestación de servicios que el propio Mouriño firmó con Pemex–tanto como legislador como cuando era funcionario de la Secretaría de Energía– como apoderado legal de una empresa transportista propiedad de su familia.El 24 de febrero pasado en el “mitin en defensa del petróleo” López Obrador entregó copia de los contratos a los integrantes del Frente Amplio Progresista; el secretario de Gobernación tardó más de medio mes en reponerse de la sorpresa. Y aunque en una conferencia de prensa admitió las imputaciones, negó la existencia de tráfico de influencias o de cualquier otro delito.Lo cierto es que la posición de Mouriño como operador político se debilitó y su capacidad de negociar la llamada reforma energética, uno de los motivos de su nombramiento, se minimizó. En este caso los resultados son favorables.Con estos antecedentes, el presidente Calderón, a través de su personero Germán Martínez, decidió remover a Santiago Creel de la coordinación de los senadores panistas y nombrar en su lugar a Gustavo Enrique Madero. Hasta hoy, el impacto más evidente es la división tanto entre la bancada panista en el Senado como en el interior del PAN; queda pendiente saber si Madero es más, o menos, eficiente que Creel para impulsar las iniciativas presidenciales y lograr acuerdos con los líderes de las otras fracciones. l
Otro negociante del poder
Gustavo Madero...mas Materia FECALEl senador Gustavo Madero Muñoz, nuevo encargado de sacar adelante el proyecto petrolero de la Presidencia, representa a la “nueva clase política” que elogió el líder de su partido, Germán Martínez, cuando defendió a Juan Camilo Mouriño de las acusaciones por hacer negocios privados con el Estado cuando era funcionario público. Como el secretario de Gobernación, Madero forma parte de la red de intereses que tejió Calderón como legislador, aquella que, voraz y sin escrúpulos, ve la función pública como una oportunidad de hacer negocio.Gustavo Enrique Madero Muñoz, el sustituto de Santiago Creel en la coordinación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Senadores, tiene una semejanza con Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación: une la política a los negocios.Como a Mouriño, confeso de haber firmado contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando era servidor público del sector energético, Madero Muñoz obtuvo, siendo diputado federal, millonarias ganancias del erario federal y estatal para una de sus empresas: Electronic Publishing, S.A. de C.V.Uno de los contratos que obtuvo esa compañía de productos de computación –por 5 millones 129 mil pesos– fue de la Secretaría de Energía, en noviembre de 2003, precisamente cuando el titular era Felipe Calderón y Madero Muñoz presidía la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.Cuando se firmó el contrato con la Secretaría de Energía, tres meses después de que Calderón asumió el cargo, un socio de Madero Muñoz, Marco Antonio Herrera García, era también servidor público: el titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobernación, con Creel como secretario, cargo que –según el directorio oficial– ostenta hasta la fecha con Mouriño. Más aún, el secretario del consejo de administración de la empresa de Madero era Arturo Chávez Chávez, quien antecedió a Herrera García en el mencionado cargo y en el momento de la firma del contrato era jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, de la que fue subsecretario cuando Carlos Abascal era el titular.Madero Muñoz obtuvo ese y otros contratos para su empresa a pesar de que la Ley de Adquisiciones lo prohíbe expresamente, un caso semejante al de Mouriño, cuando, siendo presidente de la Comisión de Energía y luego funcionario de la secretaría del ramo, firmó contratos con Pemex a favor de la empresa familiar Ivancar, S.A. de C.V.El artículo 50 de la ley citada ordena a las dependencias y entidades de la administración pública federal que se abstengan de recibir propuestas o celebrar contratos con las personas “que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte…”.Esa hipótesis incluye a Madero Muñoz, quien no sólo tenía condición de servidor público como diputado federal y presidente de la Comisión de Hacienda, sino que formaba parte de Electronic Publishing, S.A. de C.V., como socio y presidente ejecutivo, con pleno poder notarial, según consta en el Registro Público de la Propiedad de Chihuahua. Conforme a documentos obtenidos por Proceso, entre 2000 y 2004 Madero Muñoz tuvo ganancias por al menos 35 millones de pesos, derivadas de contratos para dotar de software a dependencias como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).Un ejemplo de la discrecionalidad para otorgar recursos del erario federal son siete contratos que, por adjudicación directa, le otorgó a la empresa de Gustavo Madero en 2004 el coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, César Patricio Reyes Roel, diputado federal del PAN cuando Calderón fue coordinador de la bancada y quien posteriormente fue ratificado por éste en el cargo.Otro de los benefactores de Electronic Publishing fue el gobierno panista de Querétaro, que le otorgó, en mayo de 2000, dos contratos por más de 20 millones de pesos.De hecho, el año 2000 marca el ascenso de Electronic Publishing, que al ser fundada en 1995 era una modesta empresa con un patrimonio de 50 mil pesos. Con la alternancia en la Presidencia de la República las cosas cambiaron: el capital social aumentó a 15 millones de pesos.A la compañía se sumaron, además, prominentes empresarios de Chihuahua, a cuyo gobierno estatal aspira Madero Muñoz con el respaldo de la facción hegemónica del PAN en el estado, los “dhiacos”, cuyo origen es la agrupación ultraderechista Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana (DHIAC), uno de los organismos fachada de El Yunque.Pero por ahora, junto con Mouriño y Germán Martínez, presidente del PAN, el nuevo coordinador de los senadores de este partido integra la triada responsable del “relanzamiento” de la estrategia de Calderón para hacer aprobar la reforma de Pemex, exhibida por la oposición, incluyendo a Cuauhtémoc Cárdenas, como privatizadora.
Negocios con los amigos
Exfuncionario del gobierno de Francisco Barrio, de quien fue director de Planeación entre 1992 y 1998, Madero Muñoz está estrechamente vinculado a los grandes empresarios de Chihuahua y Nuevo León que financiaron, aun ilegalmente, la campaña de Calderón.Madero fue miembro del Consejo Estratégico de la campaña de Calderón en Chihuahua en el proceso electoral de 2006, junto con Enrique Terrazas Torres, quien fue el responsable formal del financiamiento, y su hijo, Enrique Terrazas Seyffert (que orquestó la campaña televisiva contra Andrés Manuel López Obrador, a través del Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, Celiderh).El senador del PAN, quien ya anunció que dejará la presidencia de la Comisión de Hacienda, constituyó en 1995 Electronic Publishing, S.A. de C.V., empresa dedicada a crear, diseñar, idear, desarrollar, producir, maquilar, distribuir, comercializar y representar todo tipo de productos de software.Era una compañía modesta, según se describe en la escritura pública protocolizada el 12 de julio de aquel año en la capital de Chihuahua, de donde Madero es originario. El capital social fue de 50 mil pesos y se dividió en 50 acciones de mil pesos cada una.El consejo de administración quedó presidido por Madero Muñoz, y su único socio, Marco Antonio Herrera García, asumió la secretaría. Cada uno tenía 25 acciones de la sociedad, a la que sumaron a sus respectivas esposas: María Eugenia Falomir de Madero y Cynthia Barrera Barrón de Herrera.El primer director de la sociedad fue Herrera García, de 1995 a 2002, hasta que ingresó al servicio público federal. Antes fue director de Egresos de la tesorería municipal de Chihuahua capital, entre 1984 y 1986, cuando el alcalde era Luis H. Álvarez, actual encargado de la oficina federal de asuntos indígenas.A Herrera García lo sustituyó Alexis Tron Almaguer, quien también formó parte del gobierno de Vicente Fox: fue director de Control y Evaluación de la PGR cuando el titular era Daniel Cabeza de Vaca, actual subsecretario de Gobernación.Luego, mientras era presidente ejecutivo del consejo de administración, Madero Muñoz asumió poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, en 2001, justo el año en que la empresa registró el ingreso de prominentes inversionistas.El 30 de agosto de ese año, conforme a la escritura pública, se celebró una asamblea extraordinaria: se aumentó el capital social de 50 mil pesos, tal como se había fundado, a 15 millones 696 mil pesos, y se nombró a Madero Muñoz como presidente ejecutivo y a Arturo Chávez Chávez como secretario.La distribución accionaria quedó de la siguiente forma: Promotora Empresarial del Norte, S.A. de C.V., 4 mil 348 acciones, cada una con valor de mil pesos, lo que arrojó un total de 4 millones 348 mil pesos; Río Sacramento, S.A. de C.V., con 3 mil 259 acciones (3 millones 259 mil pesos); Internacional de Cerámica, S.A. de C.V., con 2 mil 896 acciones (2 millones 896 mil pesos), y Cementos de Chihuahua, de la familia Terrazas Torres, con mil 613 acciones por 1 millón 613 mil pesos.Alonso Rafael Ramos Vaca –quien fue presidente de Desarrollo Económico de Chihuahua, un organismo privado que encabezó también Madero Muñoz– es otro de los accionistas, con mil 88 acciones (1 millón 88 mil pesos); Sistema Anix, S.A., con 854 acciones (854 mil pesos); Evaristo Francisco Juan Madero Porraz, con 302 acciones (302 mil pesos). Madero Muñoz y Herrera García, los fundadores de la empresa, quedaron en una posición accionaria minoritaria: el primero, con 658 acciones, con un valor de 658 mil pesos, y el segundo con 156 acciones, con valor de 156 mil pesos.Estos datos los omite Madero Muñoz en su currículo oficial de senador, aunque, eso sí, destaca ser miembro del consejo de administración del consorcio regiomontano Vitro, cuyo comité de auditoría preside y del que forman parte Jaime Serra Puche, Alejandro Garza Lagüera y Joaquín Vargas Guajardo.Exconsejero regional de Banamex, Madero Muñoz sumó a la sociedad a su cuñado, José Martín Falomir Morales, y a uno de sus hermanos, Mauricio Augusto Madero Muñoz.
“Decencia pública”
Fue a partir del año 2000 que a la empresa de Madero Muñoz le empezó a ir bien en los negocios. Ese mismo año recibió del gobierno de Querétaro, encabezado por Ignacio Loyola, dos contratos: uno por 1 millón 438 mil 235 dólares (equivalente a unos 15 millones de pesos) y otro por 7 millones 792 mil pesos.En diciembre de 2003, tres meses después de que Vicente Fox lo nombró secretario de Energía y cuando Madero Muñoz era presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados –justo cuando se discutía el paquete presupuestal para 2004– esta secretaría le asignó a Electronic Publishing, S.A. de C.V., un contrato para la “implantación de un sistema de planeación de recursos gubernamentales”.En la asignación del contrato, por 4 millones 600 mil pesos, sin incluir IVA, la Secretaría de Energía presuntamente contravino la Ley de Adquisiciones, que en su artículo 50 establece que las dependencias y entidades de la administración pública federal se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos en las materias a las que se refiere esa ley con las personas que detalla la fracción II:“Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte…”La PGR, encabezada por el general Rafael Macedo de la Concha, ya había otorgado antes, en noviembre de 2002, un contrato derivado de una licitación por un total de 6 millones 100 mil pesos. En esa fecha, Herrera García, el socio de Madero Muñoz, era ya el contralor de la Secretaría de Gobernación, nombrado por Francisco Barrio.Pero la dependencia que más contratos le otorgó a Electronic Publishing fue la secretaría encabezada por Pedro Cerisola, a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, cuyo titular, César Patricio Reyes Roel, le dio siete contratos por adjudicación directa con un monto de 735 mil pesos.Exdiputado federal panista por Chihuahua, justo cuando Calderón era coordinador parlamentario de la fracción, Reyes Roel asumió el cargo en la SCT el 1 de abril de 2003 y al año siguiente –de agosto a diciembre– firmó los contratos con la empresa de su amigo Madero Muñoz para instalar un modelo administrativo para el sistema de información presupuestal y contable en seis administraciones portuarias.El 20 de agosto se firmaron los contratos para actividades de consultoría, análisis de requerimientos, procesos de índole informática, administrativos contables y financieros en la Administración Portuaria Integral de Ensenada. El costo total fue de 130 mil pesos.Ese mismo día, y al mismo precio, se contrató a la empresa de Madero Muñoz para instrumentar la “Administración para el Sistema de Información Presupuestal y Contable (SIPC) en la administración portuaria Integral de Tuxpan, Veracruz”.Cuatro días después, el 24 de agosto, el SIPC se contrató para Guaymas, sólo que ahora costó 150 mil pesos. El 28 de ese mismo mes, se pagaron 100 mil pesos para elaborar un “programa de contabilidad”.El 10 de noviembre, para la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, Oaxaca, se contrataron servicios profesionales de consultoría, análisis de requerimientos en procesos de índole informática, administrativas, contables y financieras para crear un modelo de administración, sistema de información presupuestal y contable, a un costo total de 55 mil pesos.Y ese mismo día se contrató el modelo “administración para el sistema de información presupuestal y contable” para el puerto de Veracruz, cuyo costo fue de 170 mil pesos.Quince días antes de concluir 2004, Reyes Roel –ratificado en el cargo por el secretario Luis Téllez– pagó a la empresa de su amigo panista 130 mil pesos para crear un modelo para el sistema de administración presupuestal en el puerto de Dos Bocas, Tabasco. El costo fue de 130 mil pesos. Una vez designado coordinador de de los senadores en sustitución de Creel, Madero Muñoz parece encajar en el perfil que de la “nueva clase política” panista hizo Germán Martínez cuando defendió a Mouriño de las acusaciones de usar el servicio público para negocios personales:“Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad. ¡Eso representa Juan Camilo!”
El efecto Creel
Santiago CreelLa decisión de relevar a Santiago Creel como coordinador de los senadores panistas causó el efecto de una implosión en el seno del PAN. Puestas al descubierto, inocultables ya, las desavenencias entre los legisladores y los dirigentes del blanquiazul no sólo ponen al borde de la crisis a esta organización derechista, sino que están descarrilando la reforma energética del presidente Calderón. La reforma energética del gobierno de Felipe Calderón se descarriló la semana pasada tras la abrupta remoción de Santiago Creel como coordinador de los senadores del PAN.Este hecho se suma a la presión desatada por la consulta ciudadana del próximo 27 de julio y a la confirmación de que los tiempos legislativos y políticos no son adecuados para que las bancadas, en especial las del PRI y las del Frente Amplio Progresista, acepten discutir y aprobar esa reforma antes del informe presidencial del 1 septiembre.Los plazos son fatales para la reforma. Ésta no podrá aprobarse antes del 22 de julio, fecha en la que culminarán los foros de debate en el Senado, ni antes del 27 de julio, cuando se realice la consulta ciudadana en la Ciudad de México, pero tampoco en un período extraordinario en agosto, pese a la opinión de los legisladores del PRI.Para los distintos actores legislativos consultados por Proceso, la discusión se extenderá hasta el período ordinario de septiembre y con una “alta probabilidad” de que el tema energético se empalme con el inicio formal del proceso electoral federal de 2009 en octubre próximo. Y todas las encuestas revelan que este tema puede afectar electoralmente al PAN.El primer indicio de crisis se produjo en la tarde del lunes 9. De manera abrupta, el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, le informó a Santiago Creel que lo destituía como coordinador de los 52 senadores del PAN. El argumento: que con esta medida se “relanzaba” la reforma petrolera y se preparaba el partido para la contienda electoral de 2009.Germán Martínez quiso ofrecerle un “intercambio” a Creel: dejarlo en la presidencia del Senado a cambio de que el senador chihuahuense Gustavo Madero lo relevara en la coordinación. Creel le respondió que esa no era facultad del presidente del PAN, sino del pleno del Senado y que duraría en su encargo hasta el 31 de agosto.A pesar de la larga historia de desencuentros y diferencias entre Creel y el equipo calderonista, la medida sorprendió a los propios coordinadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Carlos Navarrete, porque en ese momento negociaban con Creel la realización del próximo período ordinario, previsto para el jueves 19, así como la construcción de una “tercera vía” o un método legislativo para replantear los puntos más rechazados y criticados de la reforma energética presidencial.A lo largo de los 10 debates realizados en la casona de Xicoténcatl ha quedado claro que no se cuenta con los votos necesarios para aprobar la “maquila” en refinación, la exploración en aguas profundas ni la apertura privada en materia de petroquímica, transporte y almacenamiento de hidrocarburos.“Es una medida de cierta desesperación para reencarrilar la iniciativa. Calderón cree que cambiando al coordinador van a ser más eficientes en la defensa de su reforma. Sin embargo, el problema no está en el Senado ni la eficacia o no de los legisladores del PAN. El problema es el contenido de las iniciativas”, afirma Carlos Navarrete.Entrevistado por Proceso poco después de conocerse el cese de Creel, Navarrete criticó las medidas gubernamentales:“El presidente Calderón no está leyendo bien a la opinión pública. No van a poder frenarnos ante la posibilidad de la consulta ciudadana. No van a poder reencarrilar la propuesta. Hasta mediados de agosto no podrán sacar una reforma y el PRI está a punto de definir si se van hasta septiembre para discutir las iniciativas.”Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política, advirtió el mismo día del relevo en la coordinación del PAN que el trabajo realizado con Santiago Creel había sido “altamente satisfactorio” y esperaba que la designación de su sustituto no entorpeciera los acuerdos.Beltrones dijo que fue una “volada” el rumor difundido por algunos senadores del PAN que plantearon que el PRI estaba condicionando la aprobación de la reforma energética a cambio de una nueva reforma en política social. “De ninguna manera”, atajó el priista.Sin embargo, hace unos días crecieron los indicios de un mayor acercamiento entre el PRI y el PRD, sobre todo en materia de reforma energética. Carlos Navarrete señaló que existen “puntos de encuentro” con los legisladores priistas, mientras que Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía y otrora aliado inamovible del gobierno calderonista, reconoció que no se aprobarán las iniciativas tal como fueron enviadas por el Ejecutivo federal y defendió lo expresado en los foros de debate.“Sí se han tocado cosas de fondo. Lamento que no le hayan informado al presidente de la República de los asuntos de fondo que se han tratado”, afirmó Labastida en respuesta a las quejas expresadas por Calderón el jueves 12 de que los debates no han entrado a los detalles técnicos de sus iniciativas y sólo se han limitado a asuntos políticos e ideológicos.“Hemos dicho varias veces que no estamos por el ‘no absoluto’, pero estamos por una reforma que le sirva al país, y eso implica que le vamos a hacer los cambios que sean necesarios a la iniciativa que envió el presidente”, dijo Labastida en conferencia de prensa después del décimo debate.
La consulta
El creciente apoyo a la propuesta de una consulta ciudadana, según las distintas encuestas recientes, se convirtió en el principal “foco rojo” para el equipo calderonista, que considera esta medida como un intento de “descarrilar” su reforma energética.La empresa GEA-ISA, en su encuesta nacional de mayo pasado, reveló que 78% de los encuestados opinaron que sí se debería realizar una “consulta directa” a los ciudadanos. En su tercera encuesta, levantada entre el sábado 7 y el domingo 8, esta empresa, cercana al entorno presidencial, reveló que 76% opinó que debía convocarse a una consulta “antes de que los legisladores decidan sobre el tema” y 69% respondió que debía consultarse “si se acepta o rechaza una reforma en materia petrolera previamente aprobada por los legisladores”.La empresa de María de las Heras indicó en su sondeo del lunes 9, publicado en Milenio diario, que 48% de los encuestados vía telefónica está a favor de la consulta. En abril pasado este porcentaje fue de 35%.El Universal publicó el miércoles 11 otra encuesta en la que 62% de los capitalinos encuestados está a favor de realizar la consulta ciudadana. Sólo 18% consideró que ésta implica un gasto innecesario.La posibilidad de la consulta fue expresada primero por el ministro en retiro, Juventino Castro, quien argumentó en el tercer foro de debate que esta propuesta es viable, toda vez que halla fundamento en el artículo 26 constitucional. Durante su participación en los debates del 29 de mayo, el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, se robó los reflectores al proponer una consulta para el 27 de julio y solicitarle a las autoridades del Instituto Electoral del Distrito Federal que la organizaran.Las reacciones en contra de la propuesta fueron airadas. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, y el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, rechazaron esa posibilidad. Argumentaron que era anticonstitucional, que la ciudadanía no estaba preparada para un tema tan complejo y que la verdadera consulta se había realizado antes en las elecciones del 2 de julio de 2006.En comunicados enviados el 28 de mayo, el lunes 2 y el viernes 6, el Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo, conformado por Carlos Monsiváis, Lorenzo Meyer, Rolando Cordera, Elena Poniatowska, Arnaldo Córdova y David Ibarra, entre otros, apoyaron la idea de la consulta y propusieron que se extendiera a otras entidades.Ante el rechazo de los diferentes funcionarios federales, los intelectuales rebatieron: “¿A qué se enfrenta ahora la ciudadanía? A la tesis estrepitosa que ve en la ignorancia de los ciudadanos, sinónimo de la consulta, el descarrilamiento de la reforma energética (Santiago Creel). La operación ‘quirúrgica’ está a la vista: se trata de eliminar el derecho de los ciudadanos a tener un punto de vista nacional sobre su patrimonio; se quiere, sin metáforas, privatizar a la opinión pública, reducirla al juicio de un grupo autocalificado de expertos, los únicos, según repiten, autorizados para decidir el rumbo del país”.El domingo 8, el Gobierno del Distrito Federal instaló un comité promotor de la consulta del próximo 27 de julio en el que, con excepción de las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo, gobernadas por el PAN, participarán las demás jurisdicciones políticas, así como los presidentes de 408 municipios de 26 entidades, gobernados por alguno de los tres partidos integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), incluyendo a municipios conurbados del Estado de México como Ecatepec.En paralelo, se formó una coordinación, encabezada por Manuel Camacho Solís, que plantea organizar otra consulta el 3 de agosto en aquellos sitios donde no se realice el plebiscito, apoyado por el gobierno capitalino y las autoridades municipales del FAP. En esta coordinación participan los seis coordinadores legislativos del frente, Claudia Sheinbaum, del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador.Consultado por Proceso, Camacho asegura que este grupo busca “contribuir a disminuir las diferencias políticas”; “no queremos que los conflictos internos de los partidos limiten la capacidad de organización”.Exregente capitalino en el sexenio salinista, Camacho recuerda que el plebiscito organizado por grupos ciudadanos para definir la autonomía política en el Distrito Federal fue importante para que él pudiera convencer al gobierno federal a favor de la elección directa del jefe de gobierno.“El peso de la opinión pública me dio los argumentos para sugerirle a Salinas la reforma del Distrito Federal y tener la fuerza suficiente adentro del gabinete”, sostiene.
Los desencuentros
La remoción de Santiago Creel como coordinador de los senadores panistas no sólo fue la culminación de una serie de contradicciones y desencuentros entre el exprecandidato presidencial y el equipo calderonista, sino un reflejo de los enredos panistas provocados por la reforma energética.El primer traspié de Santiago Creel se dio a finales de enero pasado, cuando el coordinador de la bancada del PAN aceptó debatir con Andrés Manuel López Obrador sobre el futuro de Petróleos Mexicanos y la reforma energética.Presionado por Los Pinos, el 28 de enero Creel reculó y descartó el debate con el excandidato presidencial porque no pretendía “abrir una puerta mediática”.“No le abriré espacios mediáticos a nadie que pudiera interferir con procesos internos de otros partidos”, afirmó Creel, en clara referencia al relevo panista en la dirigencia nacional.Antes de que el gobierno federal presentara el paquete de cinco iniciativas, Creel dejó entrever que la iniciativa no provendría del Ejecutivo, sino de las bancadas del PAN. Rechazó establecer “plazos fatales” para aprobar la reforma, a pesar de las presiones del coordinador priista, Manlio Fabio Beltrones.“El consenso ya está en este momento del lado del Congreso. El Ejecutivo presentó su diagnóstico, ahora nos toca a nosotros, quienes integramos el Congreso, hacer una propuesta”, afirmó Creel.El gobierno federal expresó su molestia por la ausencia física de Creel, presidente del Senado, durante la visita de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, para presentar las iniciativas el 7 de abril. El coordinador panista negó que buscaran aprobar fast track la reforma.El 10 de abril, la toma de la tribuna agarró por sorpresa a panistas y priistas. Pasaron cinco días para que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se comunicara con Creel y establecieran una estrategia para que el Senado sesionara en una sede alterna.La resistencia del gobierno federal a aceptar el debate petrolero contrastó con una posición más dialogante del exsecretario de Gobernación, quien negoció en el seno de la Junta de Coordinación Política la realización de los foros de consulta.El signo más visible del desencuentro entre Creel y la dirigencia panista se registró desde el 13 de mayo, primer día del debate petrolero. Germán Martínez abandonó el recinto de Xicoténcatl después de su participación, dejando solos a los panistas frente a la posición crítica que expresaron Cuauhtémoc Cárdenas y la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes.Paradójicamente, las diferencias y contradicciones entre Creel y el gobierno federal, así como el veto de las televisoras, no afectaron la imagen del panista. Por el contrario, el viejo rival de Calderón apareció como el político de Acción Nacional con mayor índice de aceptación y reconocimiento (24% en Reforma, 42% en la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica), muy arriba de Josefina Vázquez Mota (17 y 18%), de Juan Camilo Mouriño (12 y 16.5%) y del propio Germán Martínez.A pesar de este nivel de aceptación, el dirigente nacional del PAN insistió en que el cambio de Creel era necesario para “relanzar” la reforma energética y para preparar mejor al PAN con vistas a las elecciones de 2009. Involuntariamente, el mismo Germán Martínez empató así los tiempos electorales con la reforma de Pemex.
La venganza del duopolio
Televisa y TV Azteca. PresionesEl coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, y el exsenador panista, Javier Corral, aseguran a Proceso que la remoción de Santiago Creel como coordinador del grupo parlamen-tario del PAN en el Senado se debió a las presiones de Televisa y TV Azteca. Lo cierto es que los dos consorcios no le perdonan a Creel el hecho de haber participado en proyectos y decisiones que tocaron sus intereses. Su irritación es aún mayor ante el predictamen de un proyecto legislativo que podría llegar a convertirse en una ley de medios, tan temida por ellos. Un mes antes de que Germán Martínez, dirigente nacional del PAN, anunciara su cese como coordinador de los senadores de ese partido, Santiago Creel, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva del Senado, encabezó el 6 de mayo el último informe del Grupo Plural, conformado por 19 legisladores para impulsar una nueva ley de medios electrónicos y de telecomunicaciones.En esa ocasión, Creel saludó el esfuerzo de sus pares que durante seis meses de trabajo redactaron 22 informes técnicos. Si bien no propuso fecha ni plazo para la presentación de un dictamen, el panista afirmó que era necesario “ir a este segundo paso”: “la toma de decisiones de carácter político de cada uno de los temas que han sido estudiados, ponderados, reflexionados por el Grupo Plural”.El aval de Creel a los trabajos de ese grupo y la cercanía que mantuvo con el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, para impulsar la reforma a la ley de medios, enfureció a las televisoras, en especial a Televisa.El propio Navarrete lo confirmó así en conferencia de prensa el martes 10, cuando se confirmó el cese de Creel. El perredista acusó a los “poderes fácticos” de presionar para que el panista fuera removido a cambio de que Televisa y TV Azteca le dieran mayor cobertura en pantalla a las posiciones gubernamentales a favor de la reforma petrolera.Consultado por Proceso, Navarrete asegura que, la tarde del lunes 9, Germán Martínez le dijo a Creel: “Ya no eres funcional para defender la reforma energética, por el veto de las televisoras”. Así mismo expresa su preocupación porque, dice, el cambio de mando en la bancada del PAN fractura la alianza informal que ambos partidos habían mantenido para sacar adelante la mencionada ley.Javier Corral, exsenador del PAN y uno de los principales críticos de la Ley Televisa, coincide con Navarrete en que el veto de las televisoras fue uno de los argumentos que Germán Martínez le expuso a los poco más de 40 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional en la reunión interna realizada la noche del lunes 9, un año después de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia consideraran anticonstitucionales varios aspectos fundamentales del paquete de contrarreformas conocido como Ley Televisa.“El mensaje es desastroso. El gobierno de Calderón ha sido incapaz de enfrentar a las televisoras”, dice Corral a Proceso y cita su propio caso. Desde hace tres años y medio Televisa entabló un litigio contra él por una deuda de menos de un millón de pesos contraída durante su campaña a la gubernatura de Chihuahua. Afirma que ni el gobierno ni el PAN lo han apoyado en este litigio; en contraste, asegura, la televisora contrató a un despacho de nueve abogados para que active la demanda en su contra.La animadversión de las televisoras contra Creel se agudizó a raíz del apoyo del legislador panista a la reforma constitucional en materia electoral de 2007 y del impulso que él mismo le dio, como presidente del Senado, a los trabajos del Grupo Plural que coordinó como secretario técnico Julio Di Bella. El exdirector de Canal Once es cercano al entorno de Creel.En su conferencia de prensa del martes 10, el dirigente nacional del PAN admitió que le pidió la renuncia a Creel, pero no mencionó la presión ejercida por el duopolio televisivo para levantar el “veto” en pantalla a la reforma energética de Calderón, a cambio de que Creel dejara la coordinación de la fracción panista.“Nadie tiene poder de intromisión o de veto sobre nuestros liderazgos”, afirmó Germán Martínez. También negó que las recientes encuestas publicadas por Reforma, El Universal y las realizadas por la empresa de Liébano Sáenz, que ubican a Creel como la figura pública panista con mayor porcentaje de aceptación para la candidatura presidencial, hubieran influido en la decisión.Lo que el dirigente nacional panista sí reconoció es que este cambio se hizo para “promover nuevas estrategias” rumbo a las elecciones intermedias de 2009. Hasta ahora, Creel se ha negado a hablar sobre las causas que motivaron su cese, pero no oculta que la presión de las televisoras fue uno de los factores que determinaron su salida de la coordinación del PAN.
La reforma maldita
Ante el gobierno federal y las fracciones legislativas del PRI, PAN y PRD, los ejecutivos y representantes de las televisoras han expresado su descontento por la existencia de un documento de predictamen, de 368 cuartillas, titulado Sistematización y análisis documental para la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El texto compendia las principales propuestas de una reforma que ha sido considerada como una “amenaza” para los intereses de Televisa y TV Azteca.Dividido en 22 secciones –10 de telecomunicaciones y 12 de radio y televisión–, el documento establece desde sus primeros párrafos el problema central del sector:“La industria de la televisión mexicana se dejó en manos de grupos empresariales afines al gobierno, mientras la política del Estado se ha caracterizado por una política de laissez faire”.En su diagnóstico, reproduce los siguientes datos sobre el nivel de concentración mediática: Televisa con 243 canales de televisión y TV Azteca con 179 “controlan el 92.3% del total de las emisoras concesionadas y se convierten en las únicas cadenas con canales de cobertura nacional”.Según los datos de 2005, Televisa acaparó 68% de la audiencia televisiva y captó 71.2% de la inversión publicitaria en la televisión abierta, mientras que TV Azteca tenía 28.3% de la audiencia y captó 28.2% de la inversión publicitaria. Las otras opciones de televisión abierta (Canal Once, Canal 22, Canal 28, Proyecto 40) apenas alcanzaron 3.2% de la audiencia y menos de 2% de la inversión publicitaria.Ante este panorama, algunas de las recomendaciones que el Grupo Plural adopta como propias para la reforma en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión son las siguientes:
–Establecer como máximo 15 años para el período de concesiones, en lugar del plazo actual de 20 años.
–Constituir un organismo regulador con la estructura institucional y las facultades adecuadas para evitar que sea “capturado” por las principales empresas dominantes del sector.
–Desaparecer la figura de “permisos” en materia de radio y televisión porque “atenta contra el principio de igualdad que protege la Constitución” y se pronuncia a favor de que todas sean “concesiones”, incluyendo a los medios de comunicación del Estado sin fines de lucro.
–Crear una reclasificación de los medios públicos para que existan medios audiovisuales culturales; medios audiovisuales educativos; medios audiovisuales indigenistas; medios audiovisuales con vocación social o comunitaria. Esta reclasificación abriría la posibilidad a nuevas alternativas en medios electrónicos, al tiempo que permitiría el financiamiento privado en estas nuevas figuras.
–Apoyar a las estaciones de radio en AM, así como a las comunitarias y a las indígenas para facilitar el proceso de digitalización.
–En materia de programación, contenidos y publicidad se proponen medidas que limitan la excesiva comercialización de la pantalla televisiva, así como la apertura y el apoyo a la producción independiente.
–Mantener el tope publicitario de 18% para televisión y 40% en radio, pero que se mida por hora y se incluya la publicidad insertada en el contenido de la programación como si fuera información o parte de los contenidos.
–Establece que “no se podrá insertar publicidad durante el desarrollo de eventos deportivos o de espectáculos”, lo que derivaría en una severa limitación a la publicidad intensiva que se transmite durante los partidos de futbol, los programas musicales y de variedades”.
–Prohíbe la difusión de publicidad de bienes o servicios prohibidos por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
–Propone transmisiones de emisiones gratuitas diarias de hasta 30 minutos, continuos o discontinuos, para difundir temas educativos, culturales y de orientación social, así como 15 minutos para difundir lenguas, culturas y derechos indígenas, de acuerdo con los propios convenios signados por el Estado mexicano en esta materia.
–En materia de contenidos, establece que la regulación debe ser equilibrada. “No se debe caer en la censura, pero sí delimitar obligaciones y responsabilidades que puedan afectar derechos de terceros.”
–En materia de telecomunicaciones, una de las propuestas más novedosas es la creación de un Consejo Consultivo de Usuarios de Telecomunicaciones, una entidad independiente de la autoridad, formada por especialistas y defensores de los consumidores, con facultad para poder emitir recomendaciones que deberán ser tomadas en cuenta por la Profeco y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
–Eliminar las “restricciones actuales” que limitan la inversión extranjera en materia de telecomunicaciones. El documento subraya que el marco vigente –que establece un tope de 49% de capital externo– “crea incentivos a la realización de actos de simulación difíciles de supervisar por la autoridad”. La apertura al capital privado no se propone en radio y televisión.
–En materia de interconexión, los legisladores proponen 13 puntos de solución para facilitar tarifas basadas en costos, evitar las prácticas de dominancia, comunes en las empresas de telefonía, y permitir la interconexión de redes convergentes.
–Otorga facultades a la Cofetel para que pueda determinar la dominancia de una empresa tanto en telecomunicaciones como en radio y televisión. El documento subraya que “el poder monopólico de algunas empresas preestablecidas ha sido uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las telecomunicaciones en México y el mundo”.
–Propone incorporar una legislación específica en materia de derecho de réplica. En específico, la modificación del artículo 38 del reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión que regula de forma muy limitada el derecho de réplica. El análisis establece que uno de los principales problemas en esta materia es que “se deja a la estación la consideración y decisión para proceder a otorgar el derecho de réplica”.
Derecho de réplica y radiodifusoras
Con la remoción de Creel, los concesionarios frenaron la posibilidad de que la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión se discuta y apruebe en el próximo período ordinario de sesiones o en un período extraordinario para cumplir con el compromiso establecido el 7 de septiembre de 2007, cuando el Senado instaló el Grupo Plural.Sin embargo, los focos de alerta se mantienen porque el propio Creel, como presidente del Senado, planteó que en el próximo periodo extraordinario, que inicia el jueves 19, el tema del derecho de réplica puede incluirse en el paquete complementario de reformas electorales.El senador Alejandro Zapata Perogordo, cercano a Creel, presentó la primera iniciativa sobre la materia el 13 de diciembre de 2007; de inmediato generó una oleada de reacciones negativas entre los comentaristas de Televisa y de TV Azteca, así como entre los especialistas, quienes consideraban ambiguos varios de sus planteamientos y violatorios a la libertad de expresión.El 25 de marzo pasado, un grupo de diputados del PAN, encabezados por José Antonio Díaz, Dora Alicia Martínez y Rocío del Carmen Morgan, presentó otra iniciativa que enmienda muchos de los puntos de las del senador Zapata Perogordo, reduce sustancialmente las sanciones, amplía hasta un año el lapso de presentación de la réplica (en lugar de los siete días de la iniciativa de Zapata) y establece que las partes podrán dirimir el conflicto de manera amigable.El 21 de abril, el grupo parlamentario del Partido Verde presentó una tercera iniciativa, mucho más favorable a los intereses de las televisoras. En ésta se elimina la posibilidad de sanciones y se propone la figura del Defensor de Audiencia, que sería nombrado por los propios medios, como responsable del cumplimiento de la réplica.Finalmente, el miércoles 4, un grupo de senadores del PRI, encabezados por su coordinador Manlio Fabio Beltrones, presentó otra iniciativa de reformas al artículo 4 de la Ley Federal de Radio y Televisión para permitir que las 859 estaciones de radio en Amplitud Modulada (AM) puedan transitar a Frecuencia Modulada (FM), sin necesidad de licitar ni pagar contraprestación al Estado.Un artículo transitorio de esta iniciativa establece que el Ejecutivo federal, a través de Cofetel, llevará a cabo un programa de reconversión tecnológica para otorgarles temporalmente las FM a las AM y permitir su tránsito a la digitalización.El dictamen recupera partes sustanciales del diagnóstico que realizó el Grupo Plural sobre la situación crítica de la mayoría de estaciones de radio en AM que han perdido competitividad ante las FM, han disminuido drásticamente sus ingresos publicitarios y tienen altos costos de operación.“Es una iniciativa justiciera”, afirmó Beltrones en conferencia de prensa el miércoles 11, pero reconoció que difícilmente se aprobará antes del período ordinario que inicia en septiembre. La iniciativa abriría la posibilidad de discutir las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, aunque sólo fuera parcialmente el tema de las radiodifusoras.Hasta ahora, las televisoras no han expresado su rechazo a la iniciativa de Beltrones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha mantenido silencio, pero algunos de los grupos radiofónicos más fuertes, dominantes en FM, han señalado que esta iniciativa “no pasará”.
Protegidos 
Jorge y Manuel Bribiesca. Impunidad....primera generacion de Materia FECAL.
Después de exonerar a los hermanos Bribiesca Sahagún, la PGR no sólo incumplió la orden del IFAI de dar a conocer el expediente, sino que, tras una serie de maniobras, se convirtió en vocera y defensora de los hijos de Marta Sahagún. Advirtió al instituto que, de insistir, tendría que asumir “las consecuencias”. El IFAI presentó una nueva denuncia para que se entregue el expediente y se finquen responsabilidades de un desacato plenamente configurado. Cuando todo parecía perdido para los hermanos Bribiesca Sahagún, durante el gobierno de Felipe Calderón encontraron un aliado en la Procuraduría General de la República (PGR) para tratar de impedir que se conozca cómo se libraron de las acusaciones en su contra por el presunto tráfico de influencias que ejercieron en el sexenio anterior. Desde el 30 de abril pasado, la PGR debió poner en manos de Guillermo Alfaro –un ciudadano que en octubre de 2007 hizo una solicitud de acceso a la información– la versión pública del expediente integrado sobre los hijastros del expresidente Vicente Fox, de acuerdo con una resolución –con voto unánime– del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).Los cinco comisionados del IFAI consideraron que al exonerarse oficialmente a los hermanos Bribiesca, la investigación debía ser pública, y, en consecuencia, la PGR fue emplazada a entregar –eliminando únicamente los datos personales– todo el expediente integrado tras la denuncia que presentó una comisión especial de la Cámara de DiputadosNo obstante, eso jamás sucedió.En lugar de acatar la resolución, la PGR, encabezada por Eduardo Medina Mora, pidió al presidente del IFAI, Alonso Lujambio, así como a Juan Pablo Guerrero, el comisionado encargado del caso, responder a una carta en la que los hermanos Bribiesca desautorizaron la liberación del expediente y amenazaron con denunciar al propio IFAI si eso ocurría.En un oficio fechado el pasado 29 de abril –del que Proceso obtuvo copia–, la PGR advierte que “para estar en condiciones de cumplir con la resolución” es necesario que el IFAI “se pronuncie” ante la misiva de los hermanos Bribiesca y, de paso, adelanta a los comisionados que, de confirmarse la resolución de dar publicidad al expediente, “el instituto asumiría las consecuencias jurídicas”.Ante la presión y el desacato, el IFAI respondió con una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que se finquen responsabilidades administrativas y penales contra los servidores públicos de la PGR que incumplieron. Y, sin rodeos, los comisionados del instituto ventilan el menosprecio de la procuraduría:“La intención de la PGR no era proteger la información clasificada, sino ignorar una resolución que por mandato legal es definitiva, negando el acceso a información cuya publicidad es imperativa para transparentar su actuación en un caso por demás público.” El problema para la familia Fox-Sahagún no es menor ya que, al ordenarse la entrega de una versión pública sobre el caso de los hermanos Bribiesca, quedó la puerta abierta para que cualquier otra persona pueda solicitar acceso a ese archivo que la PGR ya mandó a la reserva.Pero la rebeldía de la PGR no es novedad. En los archivos del IFAI hay documentos donde se consta que ha actuado de la misma manera en casos similares. Por ejemplo, el IFAI ya había presentado una primera denuncia contra la PGR por negarse a entregar información sobre averiguaciones previas ya cerradas pero vinculadas al lavado de dinero en México. La solicitud de acceso a la información sobre este último asunto fue hecha por el coordinador del archivo de Proceso, Rogelio Flores, quien trabaja en una investigación periodística.El conflicto entre la PGR y el IFAI se desató más de un mes antes de que el presidente Felipe Calderón, en un discurso improvisado de 90 minutos, por momentos atropellado, lanzara al aire reprimendas, críticas y propósitos ante 950 funcionarios reunidos en Palacio Nacional, entre quienes se hallaba el procurador Medina Mora. Allí exigió a todos trabajar para que el actual gobierno se distinga por su honestidad, su transparencia y su lucha contra la impunidad, el influyentismo y el amiguismo.
Asimetrías de la justicia
Durante cinco años, una comisión especial de la Cámara de Diputados se dedicó a indagar la súbita riqueza de los hijos de Marta Sahagún y concentró su atención en la empresa Construcciones Prácticas. En abril de 2006, el entonces diputado por Convergencia Jesús González Schmal finalmente interpuso una denuncia ante la PGR contra los hermanos Bribiesca por tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y fraude, entre otros presuntos delitos.Mientras avanzaban las indagatorias, los hermanos Bribiesca cobraban mayor notoriedad. Sus rostros ocupaban con frecuencia espacios en las “revistas del corazón” y en la prensa que hace investigaciones periodísticas. En la actualidad, al colocar el nombre de Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún en el buscador de Google aparecen en internet 11 mil 700 referencias. Aunque hace 12 años internet era un instrumento menos socorrido, lejos de los Bribiesca quedaron ya las menciones de personajes polémicos como Carlos Cabal Peniche, quien sólo tiene 5 mil 800 referencias, y Ángel Isidoro Rodríguez, El Divino, quien llega allí únicamente a mil 920 ligas. Las reporteras Anabel Hernández y Arelí Quintero dedicaron un capítulo a los retoños de Marta Sahagún en el libro La familia presidencial bajo sospecha de corrupción. El diario Reforma dio cuenta de cómo el mayor de los hermanos, Manuel Bribiesca, compró un departamento de 225 mil dólares dentro de las exclusivas Four Leaf Towers, ubicadas en Houston. Proceso, por su parte, reveló que este mismo personaje desembolsó 1 millón de dólares por un jet (Lear Jet XB-JKK) para atender sus boyantes negocios. Todo esto se registró durante el sexenio en que su mamá fue la primera dama del país.
En su libro La jefa, Olga Wornat describió así el estilo de vida de Manuel Bribiesca Sahagún:
“El problema de Manuel son sus dudosos manejos empresariales. ¿A qué se dedica?, se preguntan quienes lo ven dilapidando dinero en fiestas, con una mansión recién estrenada en León, una nana para cada una de sus hijas y dos enfermeras, guardaespaldas y viajes por el mundo con sus cuates, todo pagado, y en hoteles para millonarios. Miles de dólares cuesta mantener esta vida y nadie entiende de dónde saca la plata. Todo es como una gran nebulosa. Cada vez que pregunté sobre el trabajo del primogénito de Marta de Fox, me respondieron vagamente que se dedicaba a diversos negocios. Así de simple.”El 29 de noviembre de 2006, cuando faltaban 48 horas para que concluyera el gobierno de Vicente Fox y los medios de comunicación estaban atentos a si Felipe Calderón podría o no rendir protesta como presidente ante la toma de la tribuna en el Congreso, la PGR decidió que los hermanos Bribiesca eran inocentes. Entre la presentación de la denuncia y el no ejercicio de la acción penal transcurrieron siete meses; en contraparte, la investigación que del caso hicieron dos comisiones especiales de la Cámara de Diputados había demorado alrededor de cinco años.
El desacato
Aunque los actuales diputados integraron una tercera comisión especial para el caso Bribiesca, cuando Calderón se ciñó la banda presidencial la denuncia contra los vástagos de Marta Sahagún ya estaba bajo llave en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (averiguación 598/UEIDCSPAJ/2006).No fue sino hasta el siguiente 28 de diciembre –el Día de los Santos Inocentes– cuando los nuevos legisladores reaccionaron sobre la exoneración. El perredista Juan Guerra –miembro de la nueva comisión que investiga a los hijastros de Fox– pidió citar al procurador Eduardo Medina para que diera una explicación. A la sazón, el no ejercicio de la acción penal había cumplido un mes; el responsable de cerrar el caso fue el anterior procurador, Daniel Cabeza de Vaca, y, además, su sucesor nunca se presentó en San Lázaro.Antes de que la PGR “congelara” el caso, los hermanos Bribiesca ya habían obtenido un triunfo judicial que proyectó su presunta inocencia en los medios de comunicación:Un tribunal colegiado en la Ciudad de México confirmó la sentencia de un juez local en el sentido de que la escritora argentina Olga Wornat causó un daño moral a Manuel Bribiesca al describirlo como un personaje vinculado al narcotráfico que hacía negocios al amparo del poder que tuvo su madre, así como por burlarse de su físico. Por aquellas fechas, marzo de 2006, los hijos de Marta Sahagún habían conseguido detener la denuncia de la Cámara de Diputados y estaban a un paso de que se sancionara a la periodista por el contenido de su capítulo Los hijos de la jefa. Pero en octubre de 2007, un ciudadano, sin aparente vínculo con la prensa ni relación comprobada con algún partido, pidió a la PGR una copia del expediente en el cual se decretó el no ejercicio de la acción penal.En respuesta, la PGR envió a esa persona un resumen con las fechas más importantes del caso y otros datos: cuándo se presentó la denuncia, quién la interpuso y en qué fecha se determinó no proceder contra los hijos de Marta Sahagún. En cuanto al contenido del expediente, la dependencia aseguró que era información “confidencial”. Es decir, que era imposible verla por razones de Estado (Proceso 1642).Inconforme, el peticionario solicitó la intervención del IFAI. El comisionado encargado del caso, Juan Pablo Guerrero, pidió a la PGR sustentar por qué se trataba de información confidencial.Ante este requerimiento, la PGR cambió sus argumentos: esta vez pretextó que el expediente de los hermanos Bribiesca en realidad estaba bajo reserva. Lo cual significaba que ya no era asunto de Estado, sino que contenía datos personales e información supuestamente relacionada con otras averiguaciones. Sin embargo, en una audiencia convocada por Juan Pablo Guerrero, la PGR sostuvo sus alegatos, mas el IFAI ordenó a la PGR elaborar una versión pública y entregar el expediente, según la resolución 042/07.Esta resolución –aprobada por unanimidad– provocó una inesperada reaparición pública de los hermanos Bribiesca, quienes enviaron al comisionado presidente, Alonso Lujambio, y al encargado del caso, Juan Pablo Guerrero, una carta donde advertían que no autorizaban la publicidad del expediente y amenazaban con denunciarlos si persistían en liberarlo.Los Bribiesca mandaron dicha misiva aun cuando no forman parte del litigo. En el expediente consta que los involucrados son la PGR y el ciudadano Guillermo Alfaro. Nadie más.Según los Bribiesca, no permitirán que por razones políticas, ajenas a la transparencia, “se les perjudique” de esa forma. La respuesta del IFAI consistió en difundir la carta de los Bribiesca y emitir un comunicado rechazando cualquier tipo de presión, además de señalar que la PGR tenía que cumplir la resolución. El 2 de abril el IFAI dio a la PGR un plazo de 10 días hábiles para elaborar la versión pública del expediente a fin de que fuera revisada por los propios comisionados y le ordenó que, en 10 días más –esto es, el 30 de abril–, pusiera el expediente en manos del solicitante. La PGR nunca cumplió. Aún más: El 18 de abril pasado, considerando que la fecha final de entrega estaba próxima y que aún no se había revisado la versión pública, el IFAI emplazó a la PGR para que acudiera a una audiencia. La cita estaba programada para el martes siguiente, el 22 de abril, a las 10:00 horas. Ningún funcionario de la PGR se presentó.Ya vencidos todos los plazos, el IFAI remitió un nuevo citatorio a la PGR. Esta vez la fecha era el martes 29 de abril, pero nuevamente nadie se presentó.Quienes sí se aparecieron de nuevo por el edificio del IFAI fueron los hermanos Bribiesca para entregar una segunda carta. Como en la ocasión anterior, negaron su aval para que se liberara su expediente y ahora exigieron a los comisionados “emitir un acuerdo” para dar marcha atrás a su resolución toda vez que, según ellos, el manejo irresponsable de esa información terminaría por perjudicarlos.“Reiteramos que dicha investigación (la de los diputados) nos produjo serios inconvenientes y, por ende, no permitiremos que por razones ajenas a la transparencia y a la rendición de cuentas, que en realidad son razones políticas, se nos perjudique todavía más”, enfatizaron en su escrito, fechado en la Ciudad de México el 16 de mayo.En lugar de acatar la resolución, como lo marca la Ley Federal de Transparencia, la PGR envió un oficio al IFAI –del que este reportero obtuvo copia– en el cual se pliega a la postura de los hermanos Bribiesca y advierte que los comisionados terminarán por asumir “las consecuencias jurídicas” si insisten en que se abra el expediente.
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