martes, junio 24, 2008
Consignan a líder agrario mexiquense que lideró bloqueo
Israel Dávila (Corresponsal)
Toluca, Méx. 23 de junio. El presidente de la Federación de Productores de Maíz del estado de México, Everardo Lovera Gómez, fue detenido y consignado esta tarde a un juez penal de esta ciudad acusado de sedición, ataques a las vías de comunicación, daños en bienes, ultrajes, homicidio en grado de tentativa y portación de arma prohibida, luego de que el domingo encabezó una protesta de campesinos en el norte del estado en la carretera Toluca-Atlacomulco, que piden libre tránsito por esa vía.
Lovera Gómez fue internado en el penal de Santiaguito, junto con Concepción Gómez Estrada, mientras que ocho campesino más que habían sido detenidos fueron puestos en libertad por no existir elementos para su consignación ante el juez primero penal de Toluca, Alfredo Blas Hernández.
El procurador del estado, Alberto Bazbaz Sacal informó que la tarde del domingo la Agencia de Seguridad Estatal puso a disposición del Ministerio Público a 10 personas, entre ellas al dirigente social, luego de una denuncia que presentó David Fragoso Cedillo, administrador de la autopista.
Según las autoridades los labriegos derribaron con un tractor un muro de contención de la autopista para permitir el libre transito de los vecinos de los municipios del norte del estado, motivo por el cual intervino la policía. Al ser detenido, Lovera Gómez se resistió y sacó una pequeña navaja de bolsillo con la que amagó a los policías, lo que el Ministerio Público consideró suficiente para fincarle el delito de homicidio en grado de tentativa y portación de arma prohibida.
Desde hace años, organizaciones de productores han demandando libre tránsito por la región, pues a eso se comprometió el gobierno cuando construyó y concesiónó esta vía. Las protestas más recientes las realizaron líderes priístas, que tomaron las casetas de cobro para dejar el paso libre, sin que hubiera denuncia o queja de los concesionarios y la autoridad.
“Debemos actuar porque hay una denuncia”, dijo el procurador, al ser cuestionado por qué “no se aplicó la ley” cuando los priístas realizaron las protestas.
El dirigente social ya había sido reprimido por la policía en mayo de 2000, cuando efectuaba una manifestación en Toluca por el precio del maíz. En aquella ocasión se enfrentaron labriegos y policías con saldo de 10 heridos y una docena de detenidos.
Esta es la tercera vez que el gobierno de Enrique Peña procede contra luchadores sociales del estado. Primero fue contra el movimiento atenquense, que encabezó Ignacio del Valle, a quien le imputaron secuestro equiparado, por la retención de funcionarios en febrero y abril del 2006. Actualmente purga su condena en el penal de máxima seguridad de La Palma.
Hace un año, el gobierno reactivo una orden de captura –que databa de 1999– contra Santiago Pérez Alvarado, quien organizaba a la campesinos de Temascaltepec, para exigir pago por afectaciones a sus predios por la ampliación de la vía Toluca-Naucalpan. La procuraduría lo acusó de secuestro equiparado contra funcionarios y tras cuatro meses de cárcel, el luchador social obtuvo un amparo y recuperó su libertad.
Toluca, Méx. 23 de junio. El presidente de la Federación de Productores de Maíz del estado de México, Everardo Lovera Gómez, fue detenido y consignado esta tarde a un juez penal de esta ciudad acusado de sedición, ataques a las vías de comunicación, daños en bienes, ultrajes, homicidio en grado de tentativa y portación de arma prohibida, luego de que el domingo encabezó una protesta de campesinos en el norte del estado en la carretera Toluca-Atlacomulco, que piden libre tránsito por esa vía.
Lovera Gómez fue internado en el penal de Santiaguito, junto con Concepción Gómez Estrada, mientras que ocho campesino más que habían sido detenidos fueron puestos en libertad por no existir elementos para su consignación ante el juez primero penal de Toluca, Alfredo Blas Hernández.
El procurador del estado, Alberto Bazbaz Sacal informó que la tarde del domingo la Agencia de Seguridad Estatal puso a disposición del Ministerio Público a 10 personas, entre ellas al dirigente social, luego de una denuncia que presentó David Fragoso Cedillo, administrador de la autopista.
Según las autoridades los labriegos derribaron con un tractor un muro de contención de la autopista para permitir el libre transito de los vecinos de los municipios del norte del estado, motivo por el cual intervino la policía. Al ser detenido, Lovera Gómez se resistió y sacó una pequeña navaja de bolsillo con la que amagó a los policías, lo que el Ministerio Público consideró suficiente para fincarle el delito de homicidio en grado de tentativa y portación de arma prohibida.
Desde hace años, organizaciones de productores han demandando libre tránsito por la región, pues a eso se comprometió el gobierno cuando construyó y concesiónó esta vía. Las protestas más recientes las realizaron líderes priístas, que tomaron las casetas de cobro para dejar el paso libre, sin que hubiera denuncia o queja de los concesionarios y la autoridad.
“Debemos actuar porque hay una denuncia”, dijo el procurador, al ser cuestionado por qué “no se aplicó la ley” cuando los priístas realizaron las protestas.
El dirigente social ya había sido reprimido por la policía en mayo de 2000, cuando efectuaba una manifestación en Toluca por el precio del maíz. En aquella ocasión se enfrentaron labriegos y policías con saldo de 10 heridos y una docena de detenidos.
Esta es la tercera vez que el gobierno de Enrique Peña procede contra luchadores sociales del estado. Primero fue contra el movimiento atenquense, que encabezó Ignacio del Valle, a quien le imputaron secuestro equiparado, por la retención de funcionarios en febrero y abril del 2006. Actualmente purga su condena en el penal de máxima seguridad de La Palma.
Hace un año, el gobierno reactivo una orden de captura –que databa de 1999– contra Santiago Pérez Alvarado, quien organizaba a la campesinos de Temascaltepec, para exigir pago por afectaciones a sus predios por la ampliación de la vía Toluca-Naucalpan. La procuraduría lo acusó de secuestro equiparado contra funcionarios y tras cuatro meses de cárcel, el luchador social obtuvo un amparo y recuperó su libertad.
A la OEA, disputa con Nicaragua por el caso de dos jóvenes asiladas: Colombia
El presidente Uribe “sólo quiere rescate a sangre y fuego”, dice la madre de Betancourt
Afirma el canciller Fernando Araújo que se expondrán “insultos de Daniel Ortega contra Bogotá”
Jorge Enrique Botero (Corresponsal)
Bogotá, 23 de juino. El gobierno colombiano anunció hoy que llevará a la Organización de Estados Americanos (OEA) su disputa contra Nicaragua en torno al asilo concedido por Managua a dos mujeres colombianas y a una mexicana que se encontraban en un campamento bombardeado el pasado primero de marzo, acción en la que perdió la vida Raúl Reyes, uno de los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El canciller Fernando Araújo aseguró que dio instrucciones al embajador ante la OEA, Camilo Ospina, para que denuncie ante el organismo “las agresiones e insultos verbales del presidente Daniel Ortega contra Colombia”. Araújo hacía referencia a las declaraciones emitidas la semana pasada por el mandatario nicaragüense, cuando presentó ante la prensa a las tres mujeres, a quienes calificó de “víctimas del terrorismo de Estado del gobierno de Álvaro Uribe”.
Las colombianas Marta Pérez y Doris Torres, así como la mexicana Lucía Morett, sobrevivieron al bombardeo contra un campamento de Raúl Reyes que fue ubicado en territorio ecuatoriano, en la zona limítrofe con Colombia. Horas después del ataque, realizado por el ejército colombiano, llegaron a la zona soldados ecuatorianos que rescataron muy malheridas a las mujeres y las llevaron a Quito, donde recibieron atención médica.
El 11 de mayo el gobierno nicaragüense envió a Ecuador un avión que las trasladó a Managua, donde culminaron su recuperación y recibieron asilo del gobierno de Ortega.
Según Uribe, su homólogo nicaragüense mintió al decir que dicho avión cumplía una misión oficial “cuando en realidad sobrevoló territorio colombiano con el fin de recoger a terroristas en Quito”. Este domingo, Uribe acusó a Managua de “dar asilo a terroristas”.
La fuerte disputa entre Bogotá y Managua es, según analistas locales, un nuevo “coletazo” de la operación militar que culminó con la muerte de Reyes y que todavía hoy –más de tres meses después– mantiene congeladas las relaciones entre Colombia y Ecuador. El ataque también deterioró gravemente los vínculos entre Bogotá y Caracas, sobre todo después de que las autoridades colombianas difundieron supuestos documentos hallados en computadoras que presuntamente pertenecían al jefe guerrillero abatido, en las que se relataban minuciosamente alianzas entre la insurgencia colombiana y los gobiernos de Venezuela y de Ecuador.
La muerte de Reyes también tuvo efectos inmediatos y negativos para el denominado intercambio humanitario, mecanismo mediante el cual las FARC aspiran a liberar unos 500 guerrilleros presos a cambio de dirigentes políticos y oficiales del ejército y de la policía que tienen en su poder.
Precisamente el tema del canje de prisioneros ha sido el telón de fondo de la disputa entre Colombia y Nicaragua, luego de que las FARC entregaron el pasado fin de semana pruebas de vida de dos personas que tienen en su poder: el diputado Sigifredo López y el cabo Pablo Emilio Moncayo.
En un video grabado en marzo, López se dirige a sus familiares y a los de sus 11 compañeros de cautiverio muertos hace un año indicando que “mis colegas murieron esperando un acuerdo que sólo el presidente Álvaro Uribe puede concretar”.
Sigifredo López clamó por la realización pronta de negociaciones entre la guerrilla y el gobierno, que ponga fin a casi seis años de cautiverio, al tiempo que reconoció los éxitos del presidente venezolano, Hugo Chávez, en la liberación de siete personas que estaban en poder de las FARC.
En tanto, el cabo Moncayo exhortó en su mensaje a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt a no rendirse y a seguir luchando por su libertad. Ésta cayó en poder de las FARC en abril de 2002, cuando intentaba penetrar en una zona de amplia influencia guerrillera, un par de meses después de que el gobierno del presidente Andrés Pastrana dio por terminados tres años de diálogos con la insurgencia.
Tras la aparición de las nuevas pruebas de vida, la madre de la ex candidata presidencial, Yolanda Pulecio, dijo que su mayor temor continúa siendo la posibilidad de que el gobierno siga intentando un rescate de su hija por la vía militar. “El gobierno no está interesado en un acuerdo, lo que quiere es rescatar a los secuestrados a sangre y fuego, y todos sabemos que eso significa la muerte de nuestros seres queridos”, expresó Pulecio a La Jornada.
Agregó que le conmovieron las palabras de Moncayo a su hija, al tiempo que expresó su dolor “por la cantidad de años que llevan los militares en cautiverio, sin que el Estado se haya apersonado en la búsqueda de una solución a la situación”.
Por su parte, la senadora Piedad Córdoba, cuya gestión permitió la liberación, en enero y febrero, de siete personas en poder de la guerrilla, señaló a este diario que ve con “optimismo la entrega de nuevas pruebas de vida, pues este hecho es un indicio claro de que las FARC han retomado la dinámica que traían a comienzos de año en torno al acuerdo humanitario.
Afirma el canciller Fernando Araújo que se expondrán “insultos de Daniel Ortega contra Bogotá”
Jorge Enrique Botero (Corresponsal)
Bogotá, 23 de juino. El gobierno colombiano anunció hoy que llevará a la Organización de Estados Americanos (OEA) su disputa contra Nicaragua en torno al asilo concedido por Managua a dos mujeres colombianas y a una mexicana que se encontraban en un campamento bombardeado el pasado primero de marzo, acción en la que perdió la vida Raúl Reyes, uno de los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El canciller Fernando Araújo aseguró que dio instrucciones al embajador ante la OEA, Camilo Ospina, para que denuncie ante el organismo “las agresiones e insultos verbales del presidente Daniel Ortega contra Colombia”. Araújo hacía referencia a las declaraciones emitidas la semana pasada por el mandatario nicaragüense, cuando presentó ante la prensa a las tres mujeres, a quienes calificó de “víctimas del terrorismo de Estado del gobierno de Álvaro Uribe”.
Las colombianas Marta Pérez y Doris Torres, así como la mexicana Lucía Morett, sobrevivieron al bombardeo contra un campamento de Raúl Reyes que fue ubicado en territorio ecuatoriano, en la zona limítrofe con Colombia. Horas después del ataque, realizado por el ejército colombiano, llegaron a la zona soldados ecuatorianos que rescataron muy malheridas a las mujeres y las llevaron a Quito, donde recibieron atención médica.
El 11 de mayo el gobierno nicaragüense envió a Ecuador un avión que las trasladó a Managua, donde culminaron su recuperación y recibieron asilo del gobierno de Ortega.
Según Uribe, su homólogo nicaragüense mintió al decir que dicho avión cumplía una misión oficial “cuando en realidad sobrevoló territorio colombiano con el fin de recoger a terroristas en Quito”. Este domingo, Uribe acusó a Managua de “dar asilo a terroristas”.
La fuerte disputa entre Bogotá y Managua es, según analistas locales, un nuevo “coletazo” de la operación militar que culminó con la muerte de Reyes y que todavía hoy –más de tres meses después– mantiene congeladas las relaciones entre Colombia y Ecuador. El ataque también deterioró gravemente los vínculos entre Bogotá y Caracas, sobre todo después de que las autoridades colombianas difundieron supuestos documentos hallados en computadoras que presuntamente pertenecían al jefe guerrillero abatido, en las que se relataban minuciosamente alianzas entre la insurgencia colombiana y los gobiernos de Venezuela y de Ecuador.
La muerte de Reyes también tuvo efectos inmediatos y negativos para el denominado intercambio humanitario, mecanismo mediante el cual las FARC aspiran a liberar unos 500 guerrilleros presos a cambio de dirigentes políticos y oficiales del ejército y de la policía que tienen en su poder.
Precisamente el tema del canje de prisioneros ha sido el telón de fondo de la disputa entre Colombia y Nicaragua, luego de que las FARC entregaron el pasado fin de semana pruebas de vida de dos personas que tienen en su poder: el diputado Sigifredo López y el cabo Pablo Emilio Moncayo.
En un video grabado en marzo, López se dirige a sus familiares y a los de sus 11 compañeros de cautiverio muertos hace un año indicando que “mis colegas murieron esperando un acuerdo que sólo el presidente Álvaro Uribe puede concretar”.
Sigifredo López clamó por la realización pronta de negociaciones entre la guerrilla y el gobierno, que ponga fin a casi seis años de cautiverio, al tiempo que reconoció los éxitos del presidente venezolano, Hugo Chávez, en la liberación de siete personas que estaban en poder de las FARC.
En tanto, el cabo Moncayo exhortó en su mensaje a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt a no rendirse y a seguir luchando por su libertad. Ésta cayó en poder de las FARC en abril de 2002, cuando intentaba penetrar en una zona de amplia influencia guerrillera, un par de meses después de que el gobierno del presidente Andrés Pastrana dio por terminados tres años de diálogos con la insurgencia.
Tras la aparición de las nuevas pruebas de vida, la madre de la ex candidata presidencial, Yolanda Pulecio, dijo que su mayor temor continúa siendo la posibilidad de que el gobierno siga intentando un rescate de su hija por la vía militar. “El gobierno no está interesado en un acuerdo, lo que quiere es rescatar a los secuestrados a sangre y fuego, y todos sabemos que eso significa la muerte de nuestros seres queridos”, expresó Pulecio a La Jornada.
Agregó que le conmovieron las palabras de Moncayo a su hija, al tiempo que expresó su dolor “por la cantidad de años que llevan los militares en cautiverio, sin que el Estado se haya apersonado en la búsqueda de una solución a la situación”.
Por su parte, la senadora Piedad Córdoba, cuya gestión permitió la liberación, en enero y febrero, de siete personas en poder de la guerrilla, señaló a este diario que ve con “optimismo la entrega de nuevas pruebas de vida, pues este hecho es un indicio claro de que las FARC han retomado la dinámica que traían a comienzos de año en torno al acuerdo humanitario.
Esconder la botella
Pedro Miguel
Ya en los años setenta del siglo pasado muchos tenían clara la inviabilidad a largo plazo de una civilización movida con petróleo. Eso no tenía nada que ver con los dudosos apocalipsis del cambio climático y del calentamiento global sino con una consideración del más elemental sentido común: las sociedades que fundamentan su operación en un recurso no renovable llegarán a su fin cuando éste se termine.
La segunda generación de yuppies neoliberales logró que se olvidara esa noción básica y metió al mundo en una nueva borrachera de hidrocarburos. Ahora, desde Jeddah, propone que siga la fiesta y que sigan saliendo de la cava más y más botellas para descorchar. Qué importa: a la humanidad todavía le queda un cuarto de tanque, y ya nos preocuparemos cuando lleguemos a la reserva.
Hace tres décadas la economía mexicana estaba siendo empujada a la petrodependencia. Uno o dos presidentes después de eso se tomaron la molestia de referirse a la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos del país, luego el tema pasó al olvido y ahora hasta parece natural que el remate de crudo le proporcione al erario 40 por ciento de sus percepciones y una porción incalculable a la corrupción imperante. En esa ilógica, Felipe Calderón desafía a la concurrencia a dar con fórmulas más eficaces que la privatización de la industria para incrementar la extracción petrolera.
Se huele la prisa por hinchar, a la brevedad, bolsillos próximos y ajenos. Hay que agotar los yacimientos lo más pronto que se pueda. El tiempo apremia para asegurar su futuro a la descendencia de los que mandan.
De manera tradicional y muy certera, al último año de un sexenio se le ha llamado “año de Hidalgo”: tonto el que deje algo. En términos de riqueza del subsuelo, el calderonato parece un sexenio de Hidalgo. No vaya a ser que llegue el 2012 y todavía queden –qué desperdicio– unos cuantos litros de chapopote en el fondo de Cantarell.
El foro sobre hidrocarburos en el Senado de la República y la consulta ciudadana del mes entrante para recoger el sentir ciudadano en torno a los afanes privatizadores de la industria petrolera son una gran oportunidad para recuperar el sentido común y poner estos asuntos en su justa perspectiva. Antes de alegar la bancarrota de Pemex y exigir la apertura del sector a la avidez de los capitales privados, es necesario establecer cuánto le roban sus propios funcionarios, cuánto de los 40 centavos de cada peso del gasto público se desvía o se dilapida con esa discrecionalidad que justifica la inversión de 150 millones de pesos en la producción de un video tan mentiroso –y tan inútil, a la postre– como el del “tesorito” de las aguas profundas. Antes de manosear el argumento de un incremento de la producción –sin el cual, supuestamente, no puede haber gasto social– es preciso corregir la desviada adicción de la administración pública a las exportaciones petroleras: el borracho a veces no deja más remedio que esconderle la botella.
Si la sociedad consigue adelgazar el chorro de petróleo con el que el gobierno se ceba a sí mismo, tal vez obligaría a los funcionarios a cobrar impuestos en vez de cobrar mordidas o cargos futuros –que no volvieran a ocurrir, por ejemplo, las exenciones fiscales otorgadas por Francisco Gil Díaz a sus actuales patrones– y a quien los dirige, a gastar el dinero público en cosas menos disparatadas, irresponsables y contraproducentes que la guerra calderónica “contra la delincuencia”.
Ya en los años setenta del siglo pasado muchos tenían clara la inviabilidad a largo plazo de una civilización movida con petróleo. Eso no tenía nada que ver con los dudosos apocalipsis del cambio climático y del calentamiento global sino con una consideración del más elemental sentido común: las sociedades que fundamentan su operación en un recurso no renovable llegarán a su fin cuando éste se termine.
La segunda generación de yuppies neoliberales logró que se olvidara esa noción básica y metió al mundo en una nueva borrachera de hidrocarburos. Ahora, desde Jeddah, propone que siga la fiesta y que sigan saliendo de la cava más y más botellas para descorchar. Qué importa: a la humanidad todavía le queda un cuarto de tanque, y ya nos preocuparemos cuando lleguemos a la reserva.
Hace tres décadas la economía mexicana estaba siendo empujada a la petrodependencia. Uno o dos presidentes después de eso se tomaron la molestia de referirse a la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos del país, luego el tema pasó al olvido y ahora hasta parece natural que el remate de crudo le proporcione al erario 40 por ciento de sus percepciones y una porción incalculable a la corrupción imperante. En esa ilógica, Felipe Calderón desafía a la concurrencia a dar con fórmulas más eficaces que la privatización de la industria para incrementar la extracción petrolera.
Se huele la prisa por hinchar, a la brevedad, bolsillos próximos y ajenos. Hay que agotar los yacimientos lo más pronto que se pueda. El tiempo apremia para asegurar su futuro a la descendencia de los que mandan.
De manera tradicional y muy certera, al último año de un sexenio se le ha llamado “año de Hidalgo”: tonto el que deje algo. En términos de riqueza del subsuelo, el calderonato parece un sexenio de Hidalgo. No vaya a ser que llegue el 2012 y todavía queden –qué desperdicio– unos cuantos litros de chapopote en el fondo de Cantarell.
El foro sobre hidrocarburos en el Senado de la República y la consulta ciudadana del mes entrante para recoger el sentir ciudadano en torno a los afanes privatizadores de la industria petrolera son una gran oportunidad para recuperar el sentido común y poner estos asuntos en su justa perspectiva. Antes de alegar la bancarrota de Pemex y exigir la apertura del sector a la avidez de los capitales privados, es necesario establecer cuánto le roban sus propios funcionarios, cuánto de los 40 centavos de cada peso del gasto público se desvía o se dilapida con esa discrecionalidad que justifica la inversión de 150 millones de pesos en la producción de un video tan mentiroso –y tan inútil, a la postre– como el del “tesorito” de las aguas profundas. Antes de manosear el argumento de un incremento de la producción –sin el cual, supuestamente, no puede haber gasto social– es preciso corregir la desviada adicción de la administración pública a las exportaciones petroleras: el borracho a veces no deja más remedio que esconderle la botella.
Si la sociedad consigue adelgazar el chorro de petróleo con el que el gobierno se ceba a sí mismo, tal vez obligaría a los funcionarios a cobrar impuestos en vez de cobrar mordidas o cargos futuros –que no volvieran a ocurrir, por ejemplo, las exenciones fiscales otorgadas por Francisco Gil Díaz a sus actuales patrones– y a quien los dirige, a gastar el dinero público en cosas menos disparatadas, irresponsables y contraproducentes que la guerra calderónica “contra la delincuencia”.
Salvador Allende, el hurto y la memoria
Luis Hernández Navarro
Se la robaron. La efigie de Salvador Allende desapareció de su sitio, ciudad Sahagún, Hidalgo, en noviembre del año pasado. Del monumento que en su honor levantaron los obreros del Combinado Industrial Sahagún, el 26 de octubre de 1973, sólo queda una placa conmemorativa con la inscripción: “Inmolado por la causa de la justicia social”.
El durante años poderoso corredor fabril del altiplano de Hidalgo, símbolo de la voluntad nacional por forjar una industria propia, es hoy un cementerio industrial. En la zona, el recuerdo de Salvador Allende fue desapareciendo entre los obreros desempleados y sus familias. Sobreviven, sí, con el nombre del mandatario chileno, la escuela preparatoria ubicada en el Valle de Guadalupe y una colonia.
Varios barrios y poblados por todo México han sido bautizados como Salvador Allende. Hay localidades con ese nombre en Nacajuca, Tabasco; en Durango, Durango; en Temache, Veracruz; y en Ocosingo, Chiapas. En Memoria del fuego, Eduardo Galeano narra cómo una comunidad wixarrika se llamó a sí misma como el médico sudamericano, después de la lectura colectiva de un libro sobre su vida.
También se dio ese nombre a una calle en Torreón, Coahuila, y a otra de la colonia Rubén Jaramillo, en Morelos, a un auditorio en la Universidad de Guadalajara, a multitud de establecimientos educativos, casas de estudiantes, asociaciones civiles y culturales, e inclusive a la Cátedra Latinoamericana de Medicina Social.
Como hicieron diversos compositores en América Latina, el cantautor mexicano Óscar Chávez le escribió una canción que en una de sus estrofas dice: “Compañero Salvador/Allende el niño Allende el hombre/ tú regresarás en cada nombre/ de pena en pena en pena / de uno en uno en dos ha de vivir tu voz patria chilena”. Durante años, innumerables grupos de música folclórica interpretaron, en peñas y festivales, todo tipo de piezas dedicadas al mandatario caído.
Que Salvador Allende haya penetrado tan firmemente en la nomenclatura mexicana no es casual. Su influencia en la sociedad y la política mexicanas fue muy relevante. Se dejó sentir tanto en los más altos niveles del gobierno federal como en la Iglesia católica, en sindicatos, movimientos estudiantiles, partidos políticos y organizaciones armadas.
Cuando el presidente llegó de visita a México el 30 de noviembre de 1972 fue recibido por una efusiva cadena humana de cerca de 16 kilómetros, integrada lo mismo por personas que espontáneamente fueron a darle sus parabienes como por contingentes movilizados por las fuerzas vivas de la revolución. Durante su recorrido, del aeropuerto a la embajada de Chile en Lomas de Chapultepec, fue vitoreado.
Termómetro de la época, la revista Solidaridad, del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, dirigido por Rafael Galván, le dio la bienvenida en un editorial en el que equiparaba la situación que vivía México y Chile, como “puntos de concentración del proceso revolucionario latinoamericano”.
La visita de Allende a México fue utilizada por el gobierno de Luis Echeverría para tratar de conseguir la legitimidad que un amplio sector de la juventud, agraviada por la represión de 1968 y la matanza del 10 de junio, le negaba. El presidente chileno fue muy magnánimo con su anfitrión mexicano y le reconoció méritos revolucionarios, que para la izquierda nacional eran inexistentes. Jesús Reyes Heroles, entonces dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, lo recibió “con los brazos abiertos”.
El socialista chileno tenía una añeja y seria relación con intelectuales mexicanos y partidos de izquierda, incluido el Partido Comunista Mexicano. Sin embargo, el discurso que el 3 de diciembre de 1972 pronunció en la Universidad de Guadalajara, en el que llamó a los estudiantes a dejar de ser revoltosos y a ponerse a estudiar, cayó muy mal entre la juventud radicalizada que había dejado las aulas para luchar contra el gobierno en fábricas, ejidos y colonias populares. Muy intenso fue también el vínculo entre parte del clero progresista mexicano y el proceso revolucionario chileno. Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, fue el único pontífice de la Iglesia católica que participó en el primer Encuentro Americano de Cristianos por el Socialismo (CPS) que se efectuó en 1972 en Chile. Allí conoció a Allende. Al regreso de su viaje, un grupo de fanáticos le aventó pintura roja. CPS tuvo una gran influencia entre grupos de creyentes mexicanos que se involucraron activamente, desde distintas posiciones políticas, en proyectos emancipadores de izquierda.
Cuando el 11 de septiembre de 1973 se consumó el golpe de Estado contra Allende, las campanas de la catedral de Cuernavaca y de muchas otras iglesias repicaron a duelo. Brigadas de estudiantes de la Escuela de Antropología en la ciudad de México –y de diversas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México– organizaron mítines en las zonas industriales para llamar a una huelga general en solidaridad con el mandatario derrocado. Los trabajadores, incrédulos, los miraban como locos. Por supuesto, no hubo paro alguno, pero sí una manifestación de protesta relativamente numerosa que recorrió las calles de la ciudad de México. El gobierno de Luis Echeverría rompió relaciones diplomáticas con los golpistas y acogió al exilio chileno.
Una parte de la izquierda mexicana ve en la actual experiencia chilena un ejemplo a seguir. Se ha vuelto admiradora del modelo de “socialismo neoliberal” que allí se practica, que tan poco tiene que ver con el programa de Salvador Allende y que tantas loas recibe de la derecha. Para ella, la figura del médico chileno que murió con las armas en la mano es incómoda. Le gustaría que se olvidara y, si no es posible hacerlo, al menos volverla light.
A 100 años de su natalicio es importante recordar y rendir homenaje “al hombre digno que no dudó a la hora de elegir entre la traición y la muerte”. En ciudad Sahagún ya se robaron su estatuilla. No permitamos que ahora hurten su memoria.
Se la robaron. La efigie de Salvador Allende desapareció de su sitio, ciudad Sahagún, Hidalgo, en noviembre del año pasado. Del monumento que en su honor levantaron los obreros del Combinado Industrial Sahagún, el 26 de octubre de 1973, sólo queda una placa conmemorativa con la inscripción: “Inmolado por la causa de la justicia social”.
El durante años poderoso corredor fabril del altiplano de Hidalgo, símbolo de la voluntad nacional por forjar una industria propia, es hoy un cementerio industrial. En la zona, el recuerdo de Salvador Allende fue desapareciendo entre los obreros desempleados y sus familias. Sobreviven, sí, con el nombre del mandatario chileno, la escuela preparatoria ubicada en el Valle de Guadalupe y una colonia.
Varios barrios y poblados por todo México han sido bautizados como Salvador Allende. Hay localidades con ese nombre en Nacajuca, Tabasco; en Durango, Durango; en Temache, Veracruz; y en Ocosingo, Chiapas. En Memoria del fuego, Eduardo Galeano narra cómo una comunidad wixarrika se llamó a sí misma como el médico sudamericano, después de la lectura colectiva de un libro sobre su vida.
También se dio ese nombre a una calle en Torreón, Coahuila, y a otra de la colonia Rubén Jaramillo, en Morelos, a un auditorio en la Universidad de Guadalajara, a multitud de establecimientos educativos, casas de estudiantes, asociaciones civiles y culturales, e inclusive a la Cátedra Latinoamericana de Medicina Social.
Como hicieron diversos compositores en América Latina, el cantautor mexicano Óscar Chávez le escribió una canción que en una de sus estrofas dice: “Compañero Salvador/Allende el niño Allende el hombre/ tú regresarás en cada nombre/ de pena en pena en pena / de uno en uno en dos ha de vivir tu voz patria chilena”. Durante años, innumerables grupos de música folclórica interpretaron, en peñas y festivales, todo tipo de piezas dedicadas al mandatario caído.
Que Salvador Allende haya penetrado tan firmemente en la nomenclatura mexicana no es casual. Su influencia en la sociedad y la política mexicanas fue muy relevante. Se dejó sentir tanto en los más altos niveles del gobierno federal como en la Iglesia católica, en sindicatos, movimientos estudiantiles, partidos políticos y organizaciones armadas.
Cuando el presidente llegó de visita a México el 30 de noviembre de 1972 fue recibido por una efusiva cadena humana de cerca de 16 kilómetros, integrada lo mismo por personas que espontáneamente fueron a darle sus parabienes como por contingentes movilizados por las fuerzas vivas de la revolución. Durante su recorrido, del aeropuerto a la embajada de Chile en Lomas de Chapultepec, fue vitoreado.
Termómetro de la época, la revista Solidaridad, del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, dirigido por Rafael Galván, le dio la bienvenida en un editorial en el que equiparaba la situación que vivía México y Chile, como “puntos de concentración del proceso revolucionario latinoamericano”.
La visita de Allende a México fue utilizada por el gobierno de Luis Echeverría para tratar de conseguir la legitimidad que un amplio sector de la juventud, agraviada por la represión de 1968 y la matanza del 10 de junio, le negaba. El presidente chileno fue muy magnánimo con su anfitrión mexicano y le reconoció méritos revolucionarios, que para la izquierda nacional eran inexistentes. Jesús Reyes Heroles, entonces dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, lo recibió “con los brazos abiertos”.
El socialista chileno tenía una añeja y seria relación con intelectuales mexicanos y partidos de izquierda, incluido el Partido Comunista Mexicano. Sin embargo, el discurso que el 3 de diciembre de 1972 pronunció en la Universidad de Guadalajara, en el que llamó a los estudiantes a dejar de ser revoltosos y a ponerse a estudiar, cayó muy mal entre la juventud radicalizada que había dejado las aulas para luchar contra el gobierno en fábricas, ejidos y colonias populares. Muy intenso fue también el vínculo entre parte del clero progresista mexicano y el proceso revolucionario chileno. Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, fue el único pontífice de la Iglesia católica que participó en el primer Encuentro Americano de Cristianos por el Socialismo (CPS) que se efectuó en 1972 en Chile. Allí conoció a Allende. Al regreso de su viaje, un grupo de fanáticos le aventó pintura roja. CPS tuvo una gran influencia entre grupos de creyentes mexicanos que se involucraron activamente, desde distintas posiciones políticas, en proyectos emancipadores de izquierda.
Cuando el 11 de septiembre de 1973 se consumó el golpe de Estado contra Allende, las campanas de la catedral de Cuernavaca y de muchas otras iglesias repicaron a duelo. Brigadas de estudiantes de la Escuela de Antropología en la ciudad de México –y de diversas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México– organizaron mítines en las zonas industriales para llamar a una huelga general en solidaridad con el mandatario derrocado. Los trabajadores, incrédulos, los miraban como locos. Por supuesto, no hubo paro alguno, pero sí una manifestación de protesta relativamente numerosa que recorrió las calles de la ciudad de México. El gobierno de Luis Echeverría rompió relaciones diplomáticas con los golpistas y acogió al exilio chileno.
Una parte de la izquierda mexicana ve en la actual experiencia chilena un ejemplo a seguir. Se ha vuelto admiradora del modelo de “socialismo neoliberal” que allí se practica, que tan poco tiene que ver con el programa de Salvador Allende y que tantas loas recibe de la derecha. Para ella, la figura del médico chileno que murió con las armas en la mano es incómoda. Le gustaría que se olvidara y, si no es posible hacerlo, al menos volverla light.
A 100 años de su natalicio es importante recordar y rendir homenaje “al hombre digno que no dudó a la hora de elegir entre la traición y la muerte”. En ciudad Sahagún ya se robaron su estatuilla. No permitamos que ahora hurten su memoria.
La reforma energética. Las verdades a medias
Javier Jiménez Espriú/ II
Las iniciativas para la “reforma energética” se han construido a partir de un diagnóstico con datos sesgados, de un lenguaje engañoso y de verdades a medias. Y las verdades a medias son mentiras dolosas.
Porque es cierto que Pemex está técnicamente quebrado, que las reservas de Cantarell declinan, que el sindicato de Pemex es enormemente oneroso –aunque se soslaya–, que sólo tenemos petróleo para 10 años con los actuales ritmos de explotación –si no hacemos nada para probar ni optimizar reservas–, que en Pemex hay ineficiencias y corrupción; que se requiere una reforma de fondo.
Que no tenemos ni la tecnología ni el dinero para perforar a grandes profundidades en el mar –aunque ni estamos en cero ni es conveniente ahora ir al mar ultraprofundo–, aunque si esto fuera urgente, cierto es que tenemos el petróleo y quien tiene el petróleo puede poner las reglas del juego para adquirir la tecnología y obtener el dinero.
Pero también es verdad que no se exterioriza porque se opone a los intereses de quienes pretenden abrir la industria a la iniciativa privada, que estamos a tiempo para seguir preparando a nuestros ingenieros y técnicos, que ya lo hacen a pesar de la poca voluntad de los políticos y estarán en condiciones para adquirir la tecnología oportunamente –desarrollarla o comprarla y asimilarla–, con acuerdos comerciales de transferencia con quien la tenga.
Que Pemex está quebrada a propósito –lo que se puede solucionar rápidamente–, con una cortedad de miras inaceptable y sin consideración de su potencial, ni de su importancia para el desarrollo del país, ni de sus necesidades de inversión, mantenimiento y modernización –para lo que es ampliamente solvente– y de protección de la soberanía de la nación.
Que esto lleva ya tiempo, sin definir políticas energética y petrolera, imperiosas para el desarrollo de la industria y de México y que esa empresa técnicamente quebrada, a pesar de sus ineficiencias y grupos y personas corruptos –lo que es inaceptable y urge corregir– es de todas formas una de las petroleras más rentables del orbe antes, desde luego, de las exacciones impositivas y políticas a que está sujeta.
Que es la única petrolera del mundo a la que no se le ha permitido aprovechar los recursos del boom del precio del petróleo para atender sus deficiencias y rezagos; para instalar refinerías, para modernizar y ampliar su red de ductos, para incentivar la investigación y el desarrollo tecnológico y para promover la industria petroquímica.
Que contamos con más posibilidades de explorar y encontrar petróleo y gas en el territorio y en aguas someras que en las grandes profundidades del océano; que la urgencia de ir al fondo del mar es sólo de los interesados en la participación privada en Pemex y no de la razón técnica ni de la planeación estratégica.
Y así, otras muchas verdades que se ocultan para dejar impunes las causas del deterioro y a sus causantes –quienes la han administrado– y para no desvirtuar las que parecen dar argumentos a una decisión tomada: abrir Pemex con “contratos de desempeño” y obsequiando a la iniciativa privada la refinación del petróleo, la propiedad y operación de oleoductos y la posibilidad de venta de gasolinas del exterior, que es entregar a los poderosos de siempre –de aquí y de allá y más de allá que de aquí–, eslabones fundamentales de la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos, trastocando la Constitución.
Porque nuestra Carta Magna se refiere a la industria petrolera integral como área de exclusividad del Estado y en leyes secundarias se pretende –lo que no es legítimo– limitar las áreas estratégicas de la industria, reduciendo arbitrariamente el espectro que define y preserva, transfiriendo al sector privado funciones que la letra y el espíritu de la Ley Suprema otorgan indubitable y exclusivamente al Estado.
Y esto no es otra cosa que privatizar, objetivo fundamental de la propuesta.
La restructuración de Pemex –urgente y conveniente sin duda–, la premura de su presentación y el ansia de su aprobación urgente y con ello sus grandes omisiones, gira alrededor del interés en su apertura al sector privado. La propia iniciativa, en los tiempos que marca, da un ritmo precavido a sus propuestas sobre la autonomía de gestión y a las del uso de los recursos excedentes, pero establece como inicio de las posibilidades de contratación en un régimen especial por demás laxo, el día siguiente a la publicación de la ley.
La restructuración y sus resultados tomarían varios años –ya lo mencionó el propio Presidente y ya no tocará a su administración disfrutarlos–, … pero los contratos y su disfrute fluirán de inmediato.
Las iniciativas para la “reforma energética” se han construido a partir de un diagnóstico con datos sesgados, de un lenguaje engañoso y de verdades a medias. Y las verdades a medias son mentiras dolosas.
Porque es cierto que Pemex está técnicamente quebrado, que las reservas de Cantarell declinan, que el sindicato de Pemex es enormemente oneroso –aunque se soslaya–, que sólo tenemos petróleo para 10 años con los actuales ritmos de explotación –si no hacemos nada para probar ni optimizar reservas–, que en Pemex hay ineficiencias y corrupción; que se requiere una reforma de fondo.
Que no tenemos ni la tecnología ni el dinero para perforar a grandes profundidades en el mar –aunque ni estamos en cero ni es conveniente ahora ir al mar ultraprofundo–, aunque si esto fuera urgente, cierto es que tenemos el petróleo y quien tiene el petróleo puede poner las reglas del juego para adquirir la tecnología y obtener el dinero.
Pero también es verdad que no se exterioriza porque se opone a los intereses de quienes pretenden abrir la industria a la iniciativa privada, que estamos a tiempo para seguir preparando a nuestros ingenieros y técnicos, que ya lo hacen a pesar de la poca voluntad de los políticos y estarán en condiciones para adquirir la tecnología oportunamente –desarrollarla o comprarla y asimilarla–, con acuerdos comerciales de transferencia con quien la tenga.
Que Pemex está quebrada a propósito –lo que se puede solucionar rápidamente–, con una cortedad de miras inaceptable y sin consideración de su potencial, ni de su importancia para el desarrollo del país, ni de sus necesidades de inversión, mantenimiento y modernización –para lo que es ampliamente solvente– y de protección de la soberanía de la nación.
Que esto lleva ya tiempo, sin definir políticas energética y petrolera, imperiosas para el desarrollo de la industria y de México y que esa empresa técnicamente quebrada, a pesar de sus ineficiencias y grupos y personas corruptos –lo que es inaceptable y urge corregir– es de todas formas una de las petroleras más rentables del orbe antes, desde luego, de las exacciones impositivas y políticas a que está sujeta.
Que es la única petrolera del mundo a la que no se le ha permitido aprovechar los recursos del boom del precio del petróleo para atender sus deficiencias y rezagos; para instalar refinerías, para modernizar y ampliar su red de ductos, para incentivar la investigación y el desarrollo tecnológico y para promover la industria petroquímica.
Que contamos con más posibilidades de explorar y encontrar petróleo y gas en el territorio y en aguas someras que en las grandes profundidades del océano; que la urgencia de ir al fondo del mar es sólo de los interesados en la participación privada en Pemex y no de la razón técnica ni de la planeación estratégica.
Y así, otras muchas verdades que se ocultan para dejar impunes las causas del deterioro y a sus causantes –quienes la han administrado– y para no desvirtuar las que parecen dar argumentos a una decisión tomada: abrir Pemex con “contratos de desempeño” y obsequiando a la iniciativa privada la refinación del petróleo, la propiedad y operación de oleoductos y la posibilidad de venta de gasolinas del exterior, que es entregar a los poderosos de siempre –de aquí y de allá y más de allá que de aquí–, eslabones fundamentales de la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos, trastocando la Constitución.
Porque nuestra Carta Magna se refiere a la industria petrolera integral como área de exclusividad del Estado y en leyes secundarias se pretende –lo que no es legítimo– limitar las áreas estratégicas de la industria, reduciendo arbitrariamente el espectro que define y preserva, transfiriendo al sector privado funciones que la letra y el espíritu de la Ley Suprema otorgan indubitable y exclusivamente al Estado.
Y esto no es otra cosa que privatizar, objetivo fundamental de la propuesta.
La restructuración de Pemex –urgente y conveniente sin duda–, la premura de su presentación y el ansia de su aprobación urgente y con ello sus grandes omisiones, gira alrededor del interés en su apertura al sector privado. La propia iniciativa, en los tiempos que marca, da un ritmo precavido a sus propuestas sobre la autonomía de gestión y a las del uso de los recursos excedentes, pero establece como inicio de las posibilidades de contratación en un régimen especial por demás laxo, el día siguiente a la publicación de la ley.
La restructuración y sus resultados tomarían varios años –ya lo mencionó el propio Presidente y ya no tocará a su administración disfrutarlos–, … pero los contratos y su disfrute fluirán de inmediato.
El milagro del millón de dólares por hora
Carlos Fernández-Vega
Quien ose decir que la pujante economía mexicana no da resultados y que va de mal en peor, quedará al descubierto como un amargado irredento y un obseso que clava su mirada en detalles insignificantes, en un país en el que los salarios a duras penas permanecen al filo (anterior) del comportamiento inflacionario (sin considerar la pérdida acumulada del poder de compra), con pensiones verdaderamente miserables, empleos (cuando hay, y normalmente no los hay) cada vez peor pagados, un ejército de pobres que ya no siente lo duro sino lo tupido y, en fin, un mediocre “navío de gran calado” (Calderón dixit) que, en el colmo, cada día se hunde un poco más.
Fuera los amargados obsesos que sólo ven el bosque sin mirar los árboles –escasos, pero cada día más frondosos–, y que se clavan en versiones alarmistas de que –como diría el Gabo en tiempos de la crisis de los misiles– “a este país ya se lo llevó el carajo”. Total, ¿qué importancia pueden tener más de 50 millones de pobres en un país de 100 millones de habitantes?
Por eso, va un caramelo para esos resentidos (Fox dixit) que no reconocen la pujanza económica del país, la efectividad del modelito y el éxito que se puede alcanzar, siempre y cuando se tenga el ungüento y el contacto gubernamental necesario. Un buen dulce, pues, para todo aquel que suponga que el país se encuentra en una delicada coyuntura (que ya suma 26 años) económica y financiera.
Resulta que la banca que opera en el país (extranjera en 90 por ciento) obtuvo más de 22 mil millones de pesos en utilidades netas en sólo los primeros tres tres meses de este –dirían los obsesos– sufrido 2008, un incremento de 55 por ciento en comparación con igual lapso de 2007, con lo que en el nuevo siglo, con viejas prácticas, las instituciones que le dan cuerpo acumularon más de 285 mil millones de pesos limpios de polvo y paja. Alrededor de la mitad de ellos terminaron en las arcas de las trasnacionales financieras BBVA y Citigroup.
Qué mejor muestra para demostrar la efectividad del régimen de apartheid económico impuesto en este México pletórico de oportunidades, botón que tira al suelo las pesimistas versiones de que el de hormiga es el color nacional desde hace 26 años. ¿Qué crece en el país 55 por ciento en tan sólo tres meses? Fácil: los precios, las fortunas Forbes y las utilidades bancarias. Lo demás es un rosario de insignificantes detalles (algunos les llaman deuda social) que no hay por qué considerar.
Lo mejor del caso es que dentro de ese caramelo existe otro dulce. La siempre solidaria inversión extranjera (que para evitar problemas innecesarios al país no genera riqueza, sino que se apropia de la existente) en el otrora sector financiero nacional ha roto el récord mundial de velocidad en eso de recuperar el capital originalmente “arriesgado” en el menor tiempo posible.
Así (no son los únicos ejemplos, pero sí los más significativos), en mayo de 2001 la trasnacional estadunidense Citigroup adquirió Banamex mediante el pago en efectivo de 6 mil 500 millones de dólares y otro tanto en acciones del grupo, que libres de impuestos recibieron Roberto Hernández y sus muchachos. A este “gigante de las finanzas” (con pies de barro), como algunos le llaman, le llevó poco más de seis años recuperar su inversión en efectivo por la compra del otrora Banco Nacional de México, en un negocio en el que, dicen los especialistas, dos décadas resulta un periodo en ocasiones breve para alcanzar ese mismo propósito. En esos seis años, el corporativo acumuló utilidades netas por casi 72 mil millones de pesos.
Pero se dan casos aún más exitosos. En marzo de 2004, la trasnacional española BBVA compró el porcentaje que le faltaba (40.6) para que Bancomer fuera íntegramente de su propiedad. Para ello desembolsó alrededor de 4 mil 100 millones de dólares, que humildemente recibieron, también libres de impuestos, el recientemente fallecido Eugenio Garza Lagüera y sus sultanes del norte. De aquel entonces a la fecha, los barones españoles del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria han acumulado casi 60 mil millones de pesos en utilidades netas, de tal suerte que en unos cuatro años recuperaron la inversión de aquel marzo de 2004 y reportan un excedente cercano a mil 300 millones de billetes verdes.
Más de 132 mil millones de pesos en utilidades netas se han embolsado ambas instituciones en unos 6 años. Y 85 mil millones si se considera al sistema bancario en su conjunto. Así, lo anterior demuestra que el apartheid de la economía mexicana es más que pujante, aunque el crecimiento geométrico de esas ganancias se deba, precisamente, al México jodido, el de los detalles insignificantes, es decir, a costillas del público ahorrador, al jineteo de sus recursos y al saqueo de sus bolsillos, al cotidiano atraco de su clientela, al pésimo servicio que ofrece, al oneroso crédito que coloca, y –honor a quien honor merece– a la decidida cuan descarada cobertura del gobierno gerencial en turno.
Para la banca que opera en el país México es un cuento de hadas. En tan sólo tres meses incrementó 55 por ciento sus utilidades netas, a pesar de que el saldo de la cartera crediticia apenas subió 2.25 por ciento y la captación total de recursos cayó 1.95 por ciento.
¿Cómo se logra el milagro de obtener utilidades netas por más de 22 mil millones de pesos en sólo tres meses sin prestar ni captar recursos, funciones básicas de cualquier sistema bancario? Entre otras cosas, reconoce la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el elevadísimo margen financiero (la diferencia existente entre lo que paga a sus ahorradores y lo que cobra a sus créditohabientes, dinero plástico en primer lugar, que llega a ser hasta de 20 veces a favor de éste último) y los ingresos no financieros (comisiones netas más resultado por intermediación), que en el primer trimestre de 2008 sumaron cerca de 55 mil millones de pesos (12 por ciento de aumento) y alrededor de 25 mil millones (46 por ciento), respectivamente.
Las rebanadas del pastel
¿Quién gana, limpio de polvo y paja, cerca de un millón de dólares por hora? No hay que dar muchas vueltas: la banca que opera en México.
Quien ose decir que la pujante economía mexicana no da resultados y que va de mal en peor, quedará al descubierto como un amargado irredento y un obseso que clava su mirada en detalles insignificantes, en un país en el que los salarios a duras penas permanecen al filo (anterior) del comportamiento inflacionario (sin considerar la pérdida acumulada del poder de compra), con pensiones verdaderamente miserables, empleos (cuando hay, y normalmente no los hay) cada vez peor pagados, un ejército de pobres que ya no siente lo duro sino lo tupido y, en fin, un mediocre “navío de gran calado” (Calderón dixit) que, en el colmo, cada día se hunde un poco más.
Fuera los amargados obsesos que sólo ven el bosque sin mirar los árboles –escasos, pero cada día más frondosos–, y que se clavan en versiones alarmistas de que –como diría el Gabo en tiempos de la crisis de los misiles– “a este país ya se lo llevó el carajo”. Total, ¿qué importancia pueden tener más de 50 millones de pobres en un país de 100 millones de habitantes?
Por eso, va un caramelo para esos resentidos (Fox dixit) que no reconocen la pujanza económica del país, la efectividad del modelito y el éxito que se puede alcanzar, siempre y cuando se tenga el ungüento y el contacto gubernamental necesario. Un buen dulce, pues, para todo aquel que suponga que el país se encuentra en una delicada coyuntura (que ya suma 26 años) económica y financiera.
Resulta que la banca que opera en el país (extranjera en 90 por ciento) obtuvo más de 22 mil millones de pesos en utilidades netas en sólo los primeros tres tres meses de este –dirían los obsesos– sufrido 2008, un incremento de 55 por ciento en comparación con igual lapso de 2007, con lo que en el nuevo siglo, con viejas prácticas, las instituciones que le dan cuerpo acumularon más de 285 mil millones de pesos limpios de polvo y paja. Alrededor de la mitad de ellos terminaron en las arcas de las trasnacionales financieras BBVA y Citigroup.
Qué mejor muestra para demostrar la efectividad del régimen de apartheid económico impuesto en este México pletórico de oportunidades, botón que tira al suelo las pesimistas versiones de que el de hormiga es el color nacional desde hace 26 años. ¿Qué crece en el país 55 por ciento en tan sólo tres meses? Fácil: los precios, las fortunas Forbes y las utilidades bancarias. Lo demás es un rosario de insignificantes detalles (algunos les llaman deuda social) que no hay por qué considerar.
Lo mejor del caso es que dentro de ese caramelo existe otro dulce. La siempre solidaria inversión extranjera (que para evitar problemas innecesarios al país no genera riqueza, sino que se apropia de la existente) en el otrora sector financiero nacional ha roto el récord mundial de velocidad en eso de recuperar el capital originalmente “arriesgado” en el menor tiempo posible.
Así (no son los únicos ejemplos, pero sí los más significativos), en mayo de 2001 la trasnacional estadunidense Citigroup adquirió Banamex mediante el pago en efectivo de 6 mil 500 millones de dólares y otro tanto en acciones del grupo, que libres de impuestos recibieron Roberto Hernández y sus muchachos. A este “gigante de las finanzas” (con pies de barro), como algunos le llaman, le llevó poco más de seis años recuperar su inversión en efectivo por la compra del otrora Banco Nacional de México, en un negocio en el que, dicen los especialistas, dos décadas resulta un periodo en ocasiones breve para alcanzar ese mismo propósito. En esos seis años, el corporativo acumuló utilidades netas por casi 72 mil millones de pesos.
Pero se dan casos aún más exitosos. En marzo de 2004, la trasnacional española BBVA compró el porcentaje que le faltaba (40.6) para que Bancomer fuera íntegramente de su propiedad. Para ello desembolsó alrededor de 4 mil 100 millones de dólares, que humildemente recibieron, también libres de impuestos, el recientemente fallecido Eugenio Garza Lagüera y sus sultanes del norte. De aquel entonces a la fecha, los barones españoles del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria han acumulado casi 60 mil millones de pesos en utilidades netas, de tal suerte que en unos cuatro años recuperaron la inversión de aquel marzo de 2004 y reportan un excedente cercano a mil 300 millones de billetes verdes.
Más de 132 mil millones de pesos en utilidades netas se han embolsado ambas instituciones en unos 6 años. Y 85 mil millones si se considera al sistema bancario en su conjunto. Así, lo anterior demuestra que el apartheid de la economía mexicana es más que pujante, aunque el crecimiento geométrico de esas ganancias se deba, precisamente, al México jodido, el de los detalles insignificantes, es decir, a costillas del público ahorrador, al jineteo de sus recursos y al saqueo de sus bolsillos, al cotidiano atraco de su clientela, al pésimo servicio que ofrece, al oneroso crédito que coloca, y –honor a quien honor merece– a la decidida cuan descarada cobertura del gobierno gerencial en turno.
Para la banca que opera en el país México es un cuento de hadas. En tan sólo tres meses incrementó 55 por ciento sus utilidades netas, a pesar de que el saldo de la cartera crediticia apenas subió 2.25 por ciento y la captación total de recursos cayó 1.95 por ciento.
¿Cómo se logra el milagro de obtener utilidades netas por más de 22 mil millones de pesos en sólo tres meses sin prestar ni captar recursos, funciones básicas de cualquier sistema bancario? Entre otras cosas, reconoce la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el elevadísimo margen financiero (la diferencia existente entre lo que paga a sus ahorradores y lo que cobra a sus créditohabientes, dinero plástico en primer lugar, que llega a ser hasta de 20 veces a favor de éste último) y los ingresos no financieros (comisiones netas más resultado por intermediación), que en el primer trimestre de 2008 sumaron cerca de 55 mil millones de pesos (12 por ciento de aumento) y alrededor de 25 mil millones (46 por ciento), respectivamente.
Las rebanadas del pastel
¿Quién gana, limpio de polvo y paja, cerca de un millón de dólares por hora? No hay que dar muchas vueltas: la banca que opera en México.
Boletín Informativo ISA núm 456
http://serviciodenoticiasisa
Sumario:
I. Habrá movilización nacional si Calderón no acepta los resultados de debates y consulta nacional, anuncia AMLO
II. “La consulta, un logro del movimiento ciudadano”, declara el Comité de intelectuales en defensa del petróleo
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HABRÁ MOVILIZACIÓN NACIONAL SI CALDERÓN NO ACEPTA LOS RESULTADOS DE DEBATES Y CONSULTA NACIONAL, ANUNCIA AMLO
Al término de su semana de actividades de organización de las brigadas en defensa del petróleo, el día de ayer Andrés Manuel López Obrador declaró que “el pueblo de México se movilizará en todos los municipios del país para impedir la aprobación de la llamada reforma energética si el gobierno espurio de Felipe Calderón y los legisladores del PAN y del PRI no aceptan los resultados de los debates y de la consulta popular”.
Confiado en que la consulta popular del 27 de julio próximo rechazará la privatización de la industria petrolera nacional, el presidente legítimo de México subrayó que “los potentados y el gobierno usurpador tienen la oportunidad de aceptar la voluntad ciudadana expresada en una consulta popular y que sea el pueblo el que decida si es conveniente o no entregar el petróleo a manos de empresas extranjeras”.
“Si la minoría rapaz insiste en que le conviene al país la privatización de la industria petrolea, pues entonces que este asunto se someta a la consideración de los mexicanos”, insistió al preguntar: “¿Por qué le tienen miedo al pueblo? Todavía tienen tiempo para aceptar que el pueblo de México decida sobre la entrega de Petróleos de México a empresas trasnacionales”, manifestó.
Al expresar que si el gobierno usurpador no acepta la consulta y quieren imponer un acuerdo entre el PRI y el PAN para aprobar la privatización de Pemex, López Obrador sostuvo que “los mexicanos no lo vamos a permitir y estamos hablando en serio y con mucha responsabilidad”.
Destacó que la derecha panista considera que “poniéndose de acuerdo arriba, van a tener los votos suficientes para aprobar la reforma energética, pero se equivocan porque están los debates y falta todavía la consulta popular. Si el gobierno espurio no convence con los debates que se organizan en el Senado de la República y pierden la consulta, que se olviden de la privatización, porque no lo vamos a permitir”, reiteró.
Al reunirse con los brigadistas en defensa del petróleo de Tehuacán (Puebla), Ciudad Mendoza, San Andrés Tuxtla (Veracruz) y Tuxtepec (Oaxaca), López Obrador explicó que el intento del gobierno espurio de privatizar el petróleo forma parte de la política económica entreguista y antipopular que se viene aplicando desde hace 25 años.
El dirigente de la izquierda mexicana señaló que no hay nada que le impida a Felipe Calderón construir las tres refinerías que necesita el país para dejar de comprar en el extranjero 40 por ciento del consumo nacional.
Detalló que la política económica neoliberal beneficia sólo a una minoría rapaz, mientras que deja en el abandono las actividades productivas y al campo, lo que ha provocado el desempleo, la migración y la pobreza en el país. Mencionó que la política económica que aplica el gobierno calderonista provocó que los campesinos no tengan dinero para comprar los fertilizantes. “Y para enfrentar la carestía, comentó, el presidente pelele importa maíz y frijol del extranjero y al mismo tiempo congela los precios de artículos chatarra”.
“La crisis económica, política y social que vive México se ha detenido por contar con tres válvulas de escape: la migración, la economía informal y la responsabilidad del pueblo de México. En los últimos 25 años el sur del país está más abandonado, marginado y pobre, como sucede en Centroamérica, y el centro y el norte de México están como hace 20 años estaban los estados del sureste mexicano: con más carestía y pobreza”, señaló.
Desde esta ciudad, el presidente legítimo de los mexicanos invitó a los aproximadamente 200 mil brigadistas a participar el próximo 29 de junio a la asamblea del movimiento nacional en defensa del petróleo, que se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se informará sobre la logística y la organización de la consulta popular del 27 de julio que llevará a cabo en el Distrito Federal y en 500 municipios gobernados por el Frente Amplio Progresista.
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“LA CONSULTA, UN LOGRO DEL MOVIMIENTO CIUDADANO”, DECLARA EL COMITÉ DE INTELECTUALES EN DEFENSA DEL PETRÓLEO
No se puede ignorar la tensa, muy difícil o trágica situación del país. Entre las demostraciones de que no todos los tiempos son iguales:
Violencia radical del narcotráfico con altísimo costo de vidas (no sólo de los directamente involucrados); crisis del aparato de seguridad nacional; destrucción creciente del tejido social; expansión del miedo y el pánico en amplísimos sectores; carestía insostenible; desastre –reconocido por todos– de la enseñanza pública y la privada; ansiedad por reducir el proceso electoral a una compraventa de votos; crisis acentuada y efectiva del Poder Judicial; apoyo de funcionarios al sistema de ecocidios (sobrexplotación del agua, destrucción de bosques, contaminación) que ratifican la monstruosidad del neoliberalismo; impunidad de los poderosos que se ostentan como la nueva “autoridad moral”; campaña intensa de privatización de los recursos energéticos; funcionarios cuya permanencia es un desafío grave a la legalidad (Juan Camilo Mouriño, Ulises Ruiz, Mario Marín); campañas de linchamiento moral de los opositores…
Hay, sin embargo, razones, y muy significativas, para un optimismo racional o, si se quiere, para un replanteamiento positivo de las circunstancias actuales:
–Emergencia de sectores y personas en el análisis de la realidad, las decisiones participativas y las protestas. Las movilizaciones de los últimos tiempos no son calificables de izquierda en el sentido ideológico tradicional, sino como movimientos, de ciudadanía y ciudadanización, conceptos primordiales y ligados ya al fortalecimiento de la soberanía popular.
–Fracaso estrepitoso de los defensores del proyecto de Felipe Calderón en el debate sobre reforma energética. Carecen de argumentos sólidos, se entregan a la inútil y penosa manipulación de leyes y cifras, son inconexos y desinformados por sistema.
–Fracaso notable de los gobiernos sucesivos del PRI y del PAN en la política informativa sobre los hechos básicos del país. Los promotores de la privatización del petróleo se burlan de los mexicanos que no entienden de tecnología y ellos mismos, a la hora de evaluar su proyecto, lo reducen a lugares comunes del autoritarismo cantinflesco. Además, ¿de dónde proviene la ignorancia de la sociedad en asuntos de extrema importancia? De quienes, mediante la represión y el oscurecimiento informativo de la televisión, han alentado por décadas la despolitización y aíslan y persiguen las actitudes politizadas. Los gobiernos federales desalientan desde hace mucho tiempo las acciones de la ciudadanía. También el desbordamiento de la ignorancia afecta en primer término a la clase gobernante, que nunca explica sus proyectos básicos y carece de la costumbre de razonar.
–El gobierno federal aceptó el debate sobre la reforma petrolera y ahora se propone ignorarlo, asfixiar su desarrollo y enterrar sus conclusiones. Con todo, este debate es otro de los signos irrefutables que anuncian una sociedad distinta, que va adquiriendo la capacidad de convocarse a sí misma.
–La clase gobernante fracasó en su intento de impedir por entero la consulta. El propósito de la consulta no es negar las facultades del Congreso, sino rechazar la privatización del punto de vista de la nación y no aceptar que sólo “los expertos” decidan el presente y el porvenir del país. La ciudadanía exige su inclusión en la toma de medidas que la afectan centralmente. Al oponerse a la consulta, la clase gobernante despliega el tamaño de su miedo a los ciudadanos y de su desconfianza ante su escasísimo poder de convencimiento.
–El fracaso impresionante de la derecha, que en décadas no ha ganado una sola de las batallas culturales en el país, no ha conseguido abolir los derechos de las mujeres ni de las minorías sexuales, ni ha detenido en lo mínimo el avance de sus odios predilectos: la laicidad, el laicismo, la secularización (ejemplo reciente: la devolución por parte de la diócesis de Guadalajara de 30 millones para el Santuario de los Mártires). Si en las batallas culturales la derecha viene a menos, estamos aún lejos del respeto a los derechos humanos, del fin del racismo y del reconocimiento pleno a los derechos indígenas.
–Movilización en amplios sectores de la sociedad, que no aceptan como respuesta la frialdad, el azoro, el desprecio, la inercia o el odio de la clase gobernante.
Antes lo dominante fue el pesimismo como determinismo. Hoy las circunstancias han cambiado. Nadie autoriza el optimismo, pero la tesis de la indefensión absoluta de la sociedad es, en última instancia, un comercial más del neoliberalismo.
Así, la consulta sobre la reforma energética es una saludable ampliación de la democracia y un logro del movimiento ciudadano.
Atentamente
Comité de intelectuales en defensa del petróleo
Adiós a Miguel del Valle
Abuelito Miguel del Valle:
Mi viejito, no pude estar físicamente a tu lado en tus últimas horas de vida, pero estoy segura que donde quiera que estés te encontrarás tranquilo y satisfecho, sabiendo bien que nuestra fortaleza y amor son capaces de vencer las espinas de la distancia y la ausencia. Nuestra familia, tu hijo preso, yo y especialmente tú, sabes de qué hablo.
Me siento privilegiada de formar parte de tu árbol y llevar sangre revolucionaria desde mis abuelos, tu hermano Odilón del Valle, mamá Dolores, la tuya misma y, por supuesto, la de mi padre y madre.
Siéntete orgulloso, pues en 90 años de vida, forjaste un árbol fuerte, de aquellos que no se quebrantan por más hachazos y rayos que le avienten. El año pasado viste partir a uno de tus hijos, Miguelito y no te rendiste: hoy te vas esperando ver a Nachito en libertad, después de luchar exactamente como nos has enseñado, con tu gran perseverancia y esperanza.
Ten la confianza de que ninguna de las celdas oscuras y de hierro, pueden aprisionar el amor y admiración que tu hijo Nacho siente por ti.
Yo te agradezco infinitamente cada gesto de cariño que regalaste a cada uno de tus nietos y nietas, lo mismo que por tus actos de valentía y dignidad, que no faltaron a la hora de defender lo justo, lo que es del pueblo.
Siempre seguiré tu ejemplo de luchar y resistir hasta el último suspiro.
Recibe hasta donde estés muchos besos y abrazos, de tu nieta que te adora y no dejará de pensarte ni un solo día.
Querido Arbol invencible, familia, desde dónde sea que estemos, presos, perseguidos o libres, vamos con la frente en alto. Estamos juntos.
¡Fuerza y libertad!
América del Valle (2 años perseguida política del Estado mexicano)
Perú: Otro paso en la militarización
El presidente Alan García ha negado la posibilidad que se construya una base militar de Estados Unidos en Perú. Sin embargo, el jefe del ejército, general Edwin Donayre, afirmó que existen conversaciones con Washington para construir un "aeródromo militar" en la zona.
Por primera vez, las fuerzas armadas de Perú reconocieron que está prevista la construcción de una base militar en Ayacucho, en el valle del río Apurímac, donde en mayo ingresaron 150 soldados del Comando Sur de Estados Unidos como parte del operativo Nuevos Horizontes 2008.
El presidente Alan García venía negando esa posibilidad, pero el jefe del ejército, general Edwin Donayre, afirmó que existen conversaciones con Washington para construir un ''aeródromo militar'' en la zona.
Desde hace algunos meses se especula acerca del lugar que elegirá el Comando Sur para sustituir el papel que viene jugando la base de Manta (Ecuador), en funcionamiento desde 1999, cuyo contrato vence el año próximo y, según anunció el presidente Rafael Correa, no será renovado.
Días atrás Hugo Chávez mencionó la Guajira, frontera entre Colombia y Venezuela, como lugar estratégico para construir la nueva base. Otras fuentes estiman que el lugar elegido podría ser Iquitos, sobre el río Amazonas, donde las fuerzas armadas estadunidenses ya tienen elementos operando. Pero existen indicios firmes de que puede ser Ayacucho.
El analista militar peruano Ricardo Soberón estima que ''la selección de Ayacucho tiene que ver con el interés de Estados Unidos de estar en el corazón de la zona más problemática en términos de seguridad que hay en el país y porque está equidistante del conflicto armado en Colombia y de los conflictos políticos en Bolivia'' (Página 12, 17/6/08).
En suma, se trataría de una base situada a 600 kilómetros al sur de Lima, capaz de cubrir una amplia franja de la región andina, a la que el Comando Sur concede la máxima importancia. Basta observar el mapa para concluir que la base representa una clara amenza al control que Brasil pretende ejercer sobre la Amazonia, y que con ella se estrecha el anillo de bases que conforma un cerco al único país de la región que puede contrarrestar el dominio estadunidense.
La zona elegida presenta algunas particularidades: fue importante base de operaciones de Sendero Luminoso y aún existen pequeños grupos de esa organización, es una región con cultivos de coca, y es uno de los territorios campesinos más pobres del país. La forma de operar del Comando Sur recuerda lo sucedido en Paraguay en los últimos años.
Hace pocos meses el parlamento peruano aprobó el ingreso, de forma rotativa, de un destacamento de militares estadunidenses durante cinco meses al departamento de Ayacucho, para participar en el Ejercicio Combinado Conjunto de Acción Cívica Humanitaria Nuevos Horizontes 2008.
La labor de los uniformados, como confirmó en Paraguay en 2006 una misión de la Cada (Campaña por la Desmilitarización de las Américas), consiste no sólo en ayuda ''humanitaria'', sino sobre todo en estudiar el terreno física y socialmente, habituar a la población a la presencia de militares extranjeros y recoger datos para establecer un sólido control social de los campesinos. La denominada ''acción integral'' que aplica el Plan Colombia II, destinado a la ''recuperación social del territorio'', se inscribe en la misma estrategia.
En Perú, como quedó demostrado en las pasadas semanas, la acción del Comando Sur choca con la presencia de una sociedad organizada. El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho convocó una movilización y paro regional para el 8 de julio, para exigir el retiro de las tropas estadunidenses. La congresista departamental Elizabeth León apoyó el paro y señaló que la población es la última en enterarse de estas decisiones. Perú aún está intentando cicatrizar las heridas de la terrible experiencia de la guerra sucia entre el ejército y Sendero, que en la década de 1990 se cobró por lo menos 70 mil víctimas, dos terceras partes campesinos quechuas.
Pero la construcción de una nueva base militar debe situarse en los objetivos de largo plazo del Comando Sur, que se ha convertido en la pieza maestra de la estrategia de Estados Unidos en América del Sur. En efecto, el informe 2007 del Southern Command establece para los próximos 10 años ''el plan estratégico más ambicioso que haya concebido en años una agencia oficial estadunidense respecto a la región'', según afirma Juan Gabriel Tokatlian (Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur, junio 2008).
Dicha estrategia supone tres cambios de larga duración: de la contención se pasa a la primacía, que no tolera competidores; de la disuasión a la guerra preventiva, y se sustituye la red de alianzas estables por coaliciones puntuales para cumplir objetivos trazados unilateralmente por el Pentágono.
En los primeros seis meses de este año sucedieron varios hechos que permiten confirmar que la región se está convirtiendo en escenario de un conflicto por la hegemonía y el control de los bienes comunes. El ataque al campamento de las FARC en territorio ecuatoriano y la reactivación de la cuarta flota de Estados Unidos, dirigida al Caribe, América Central y del Sur, son los datos más evidentes. El descubrimiento de importantes yacimientos de petróleo en el litoral marítmo de Brasil termina de convertir a este país en una potencia del siglo XXI. Por último, la creación de la Unasur (Unidad de Naciones Sudamericanas) y, sobre todo, la propuesta de Lula de crear un Consejo de Defensa Sudamericano, ponen en negro sobre blanco lo que se está jugando en la región.
Si recordamos que el Plan Colombia consiguió modificar el equilibrio militar de la región, emparejando al ejército de tierra de ese país con el de Brasil, las cosas empiezan a cerrar. En algunos existe clara conciencia de la necesidad de defenderse, de ahí los acuerdos firmados en febrero de 2008, entre Brasil y Argentina, para la cooperación nuclear y de defensa. Pero la embestida imperial es muy fuerte, cuenta con aliados importantes en la región andina, como Perú y Colombia, y, por encima de todo, hay varios gobiernos, como el de Uruguay, que tienen más dudas que opciones por la región.
Raúl Zibechi. La Jornada.
lunes, junio 23, 2008
Las víctimas sindicalistas CADEREYTA DE JIMÉNEZ, NL.- Desde mayo de 2007 se encuentran desaparecidos 38 trabajadores de la Refinería Héctor Lara Sosa, afiliados a la Sección 49 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).Según Josué Hilario Vega Estrada, hijo de Hilario Vega Zamarripa –secretario general de dicha sección y uno de los desaparecidos–, todo comenzó cuando el 16 de mayo del año pasado los integrantes de la sección se reunieron, por la tarde, en las instalaciones del sindicato. El propósito: discutir sobre la constitución de un comité de huelga. Cuenta Josué que luego de tratar el caso durante largo rato sin agotar el tema, decidieron continuar las deliberaciones en otro sitio, y refiere que aún no oscurecía cuando los sindicalistas se distribuyeron en cinco vehículos para abandonar el lugar.
Sólo pudieron salir del estacionamiento tres unidades.
Las otras dos fueron interceptadas por un comando armado que secuestró a David Fernando Vega Zamarripa –hermano del dirigente petrolero y tío de Josué–, a los hermanos Félix y David Sánchez Torres y a Jorge Alejandro Suárez Faz. Además, en su huida los agresores embistieron el vehículo del trabajador Víctor Manuel Mendoza Román.Alarmados, los familiares de David Fernando Vega Zamarripa y otros miembros del comité se reunieron de inmediato en casa del líder Hilario Vega Zamarripa, en la colonia Framboyanes. Ahí permanecieron hasta el día siguiente, el 17 de mayo. Alrededor de las 6:15 horas, Hilario recibió una llamada del teléfono de su hermano David a través de su Nextel.Una voz desconocida le dijo a Hilario que tenía a siete de los desaparecidos, los cuales serían decapitados para arrojar sus cabezas frente a la casa del dirigente petrolero. Hilario manifestó a su interlocutor que él se entregaría para que liberaran a los demás.
Así, prosigue Josué, se inició la negociación.
Hilario les manifestó que iría solo y desarmado al sitio que le indicaran más tarde los secuestradores para liberar a sus compañeros. En seguida manifestó a los reunidos, así como a su esposa y a sus hijos, que debían abandonar la casa de Framboyanes e irse a un sitio seguro.“Entonces se fue. Pidió que no lo siguiera nadie. Dijo que no iba a permitir que se llevaran a más (compañeros). Insistió en que platicaría con ellos (los secuestradores)… que si querían su cabeza, él se iba a entregar con tal de que soltaran a los detenidos”, relata Josué.
Minutos después, Hilario llamó a sus parientes:
“Hagan lo que les digan estas personas –instruyó telefónicamente a Josué–. Estoy bien, ya me llevan en una camioneta. No vayan a hacer nada, hagan lo que les digan. Ya me van a quitar los teléfonos. Te encargo a la familia.”A la semana siguiente continuaron los secuestros de sindicalistas que, para Josué, son claras “desapariciones políticas”.Después de transcurridos 13 meses sin que ninguno de los secuestrados reaparezca, Josué se siente desalentado por la falta de respuesta de las autoridades.Hasta ahora, ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni el gobierno estatal han atendido las denuncias, e inclusive las autoridades comentan que este caso puede estar relacionado con el narcomenudeo de la región. También han guardado silencio los dirigentes nacionales del sindicato petrolero, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desechó la denuncia de los familiares de los desaparecidos debido a que no presentaron pruebas de que sus parientes se hallaban en manos de alguna autoridad.
“Yo creo que fueron militares”
La senadora Rosario Ibarra de Piedra, quien ha seguido este asunto a petición de los familiares de los desaparecidos, señala que al decir que se iba a “entregar para que liberaran a los demás”, Hilario Vega Zamarripa dejó en claro que estaba hablando con autoridades y no con delincuentes.E insiste: “Es posible que Vega Zamarripa esté detenido por alguna autoridad”.El 4 de junio de 2007, pocos días después de la desaparición del dirigente petrolero, los diarios locales informaron que Hilario Vega Zamarrita y los demás trabajadores habían sido capturados por elementos del Ejército y entregados a la PGR para que esta dependencia los investigara por presuntos vínculos con el narcotráfico.A partir de ese día, la versión de que los sindicalistas operaban el narcomenudeo en Cadereyta cobró fuerza. Dos semanas después, el 20 de junio, la familia Vega Estrada interpuso una denuncia ante el Ministerio Público Federal con sede en Cadereyta para acallar esas versiones por considerarlas infundios, en tanto que Josué y Salomón Vega solicitaban una audiencia con el procurador estatal, Luis Carlos Treviño Berchelman.Refiere Josué: “Una persona que dijo ser agente del Ministerio Público fue muy déspota. En presencia de varios testigos, me dijo que no tenían nada que hablar conmigo, que me retirara porque mi papá se encontraba en la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada), y que mejor me cuidara porque tenían informes de que yo me desempeñaba mal”.Pese a ello, la averiguación previa 480/2007-5, integrada por un agente del Ministerio Público Federal, continúa su curso, aseguran los interesados, ya que hasta ahora no se les ha notificado nada en contrario. Los familiares de los hermanos Vega Zamarripa se quejan también de que han sido integradas diferentes actas circunstanciadas para desprestigiar a los petroleros, e inclusive señalan el hecho de que, en el mismo sentido, una nota del periódico El Mañana, de Reynosa, publicó que elementos del Ejército “reventaron” dos casas de seguridad en las que presuntamente estaban los miembros del sindicato, quienes, de acuerdo con esa información, fueron enviados a la Ciudad de México.Ante esa publicación, los familiares del dirigente petrolero recorrieran sin éxito varios cuarteles militares y, al respecto, comenta Josué: “Yo creo que (los secuestradores) fueron militares, porque en los lugares donde he preguntado saben todo: el nombre de mi tío, el nombre de mi papá y detalles de la desaparición”.
Enojos y amagos panistas
Además, en las últimas semanas, prosigue Josué, las cosas se han agravado: El pasado 9 de abril, un juez federal dictó orden de aprehensión contra el sustituto de su padre, el secretario general interino de la Sección 49 del STPRM, José Izaguirre; del secretario de Vigilancia, Juan Fraga Godínez, y del vocal Marco Antonio Barrón. A los tres se les acusa de venta de plazas laborales, según la causa penal 35/2008-III.Para los sindicalistas, este tipo de imputaciones no son nuevas, y los familiares de Hilario recuerdan que a éste lo acusaron de lo mismo en 2003. A mediados de su administración, el presidente Vicente Fox visitó Cadereyta días después de que se realizó una marcha silenciosa donde participaron unos 3 mil sindicalistas de la Sección 49 del STPRM, quienes no aceptaban la propuesta de revisión de su contrato colectivo de trabajo.La víspera, recuerdan Josué y los integrantes del comité seccional, Hilario fue llamado al Palacio de Gobierno. Ahí lo recibió un general que lo amagó con “sacar un expediente” si sus representados seguían presionando. Y para rematar, afirman, al día siguiente, en la Refinería Héctor Lara Sosa, Fox regañó en público a Hilario Vega Zamarripa.No es todo. Mientras petroleros del grupo de Carlos Romero Deschamps han difundido rumores de que la desaparición de los sindicalistas de Cadereyta puede estar vinculada con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), este grupo guerrillero emitió un comunicado donde menciona varios casos de violación de derechos humanos e incluye el nombre de los hermanos Vega Zamarripa. Esto, porque la Secretaría de Gobernación también los mencionó en su boletín número 331-07/12/2007, donde dicha dependencia acusa a los eperristas de realizar “una campaña de hostigamiento contra el pueblo de México”.En su comunicado del 15 de enero, los eperristas aclararon que sus acciones contra las autoridades federales se deben a la desaparición de los guerrilleros Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, y denunciaron el uso excesivo de la fuerza con que se conduce el gobierno de Felipe Calderón.“Si FCH es presidente de la República haiga sido como haiga sido, le falta tomar realmente decisiones a favor del pueblo; debe presentar ya a nuestros compañeros Edmundo y Gabriel, a Francisco, David e Hilario, haiga sido como haiga sido (su desaparición).” l
Peticiones para hacer avanzar la mediación
La Comisión Mediadora, solicitada por el Ejército Popular Revolucionario y aceptada por el gobierno federal, en pos de un diálogo que tenga por único y exclusivo punto la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros de esa organización armada, desaparecidos el 25 de mayo de 2007, entiende que parte de su cometido consiste en acopiar información sobre ese hecho y sus secuelas. Por ello preparó tres documentos que entregó al grupo de trabajo de la Secretaría de Gobernación con el que se ha reunido ya en tres ocasiones. En el primero se enlistan los pasos de los familiares de los desaparecidos, en el segundo se examinan las características del delito de desaparición forzada, y en el tercero se solicitan algunas “precisiones necesarias”.En el primer documento se establece que el 13 de junio del año pasado Nadin Reyes Maldonado acudió en queja por la desaparición de su padre Edmundo Reyes Amaya. Es la primera constancia formal de esa desaparición y hasta la fecha la CNDH no ha emitido ninguna recomendación al respecto. El 27 de junio siguiente, la señora Eulalia Amaya Pérez solicitó amparo a favor de su hijo Edmundo por violaciones al artículo 22 constitucional (incomunicación, tortura y malos tratos). El juzgado segundo de distrito con sede en Oaxaca mantiene suspendido este juicio después de que las autoridades responsables negaron el acto reclamado.Nadin Reyes Maldonado denunció la desaparición forzada de su padre en la delegación de la Procuraduría General de la República en Oaxaca, donde el Ministerio Público se negó a recibir la denuncia. Ella, por lo tanto, la presentó de nuevo por escrito en la oficialía de partes de la sede central de la PGR en la Ciudad de México el 17 de julio de 2007. La procuraduría inició la averiguación no por desaparición forzada sino por secuestro. Hasta la fecha la denunciante no ha recibido información alguna sobre ese procedimiento.Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel Alberto, solicitó amparo por violaciones al artículo 22 ante el juzgado primero de distrito en Oaxaca. Tal como lo hizo el juez segundo, el primero dejó suspendido el juicio al recibir los informes de las autoridades tenidas como responsables en que negaron el acto reclamado.A principios de julio de 2007, Nadin Reyes Maldonado escribió al Presidente de la República denunciando la desaparición de su padre. El 27 de agosto se acusó recibo de su carta, misma que se turnó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR. No se ha notificado a la denunciante la secuela de tal remisión. Si bien la Secretaría de Gobernación, a la que la Presidencia turnó también la carta, informó de la apertura de un expediente en la Dirección de Derechos Humanos, hasta el día de hoy no se conoce el resultado de su actividad.En agosto de 2007, ante informes de la posible presencia de los desaparecidos en el Campo Militar Número Uno, el juez sexto de distrito en materia de amparo en la Ciudad de México ordenó, a pedido de los familiares, una inspección ocular que resultó negativa.El 20 de septiembre pasado, ampliada la demanda de amparo ante el juez segundo de distrito en Oaxaca a favor de Edmundo Reyes Amaya, por desaparición forzada, el juzgador concedió la suspensión del acto reclamado, para que “cese de inmediato” la desaparición “y las autoridades lo hagan aparecer, en virtud de que el acto reclamado es de naturaleza continua, pues subsiste mientras la autoridad lo mantiene oculto o en el anonimato y cesa cuando aparece o se establece cuál fue su destino. A su vez, el juez cuarto de distrito en Oaxaca decretó el tres de octubre un auto de suspensión en términos idénticos a favor de Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Esas decisiones judiciales, sin embargo, no generaron efecto práctico alguno.El 26 de abril de 2008 fue detenido en Oaxaca Pedro Hernández Hernández, director operativo de la Policía Ministerial de esa entidad por su presunta participación en la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Actualmente se encuentra bajo arraigo, a partir de una averiguación previa por terrorismo y tráfico de armas.El 28 de abril, la PGR solicitó a los familiares de los desaparecidos muestras biológicas (ADN) para “descartar la posibilidad” de que correspondan a ellos unos cadáveres que no han sido identificados ni reclamados.La escueta enumeración de esos hechos y su resultado muestra la futilidad de esos esfuerzos, consideró la Comisión que, sin embargo, concede gran valor a “las resoluciones judiciales que ordenaron la presentación inmediata de estas personas, víctimas del delito de lesa humanidad de desaparición forzada”.Precisamente a la condición jurídica de ese delito se refiere el segundo documento de la Comisión, que parte del texto de la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas para aplicarlo al caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Para efectos de esa convención, suscrita por el gobierno mexicano el 5 de abril de 2001, desaparición forzada es “la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuera su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.La Comisión mediadora acota que “ese delito es considerado de extrema gravedad por el grado de crueldad que implica y por el cúmulo de derechos que vulnera y agrede”.Finalmente, en su tercer documento, titulado “Precisiones necesarias”, la Comisión refiere que en octubre pasado se presentó ante los familiares de Reyes Amaya “una persona que dijo llamarse Alejandro Punaro y representar al Presidente de la República. Conminó a la señora Eulalia Amaya Pérez… a que demandara al Ejército Popular Revolucionario ‘por difamar a su hijo’”. Esa misma persona se había presentado ante diversas organizaciones “como representante del Ejército Mexicano o del Cisen. Con ese carácter ejerció presiones y detenciones arbitrarias que amenazaron la seguridad de las personas que consideraba vinculadas de alguna manera con el EPR”.La Comisión considera “indispensable que se aclare la identidad y la responsabilidad institucional de esta persona”, así como “que se establezcan con precisión las informaciones que el Ejército Mexicano pueda aportar a la solución de este caso, habida cuenta que la Policía Militar fue la corporación que intervino” en la detención del director policiaco Pedro Hernández Hernández. Y teniendo también en cuenta que el entonces subsecretario de la Defensa Nacional, general Tomás Ángeles, “realizó entrevistas con personas y organismos de la sociedad civil a fin de encontrar canales de comunicación directa con cuadros del EPR”.Como se sabe, integran la Comisión Mediadora doña Rosario Ibarra, el obispo emérito don Samuel Ruiz, Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor y el autor de estas líneas. l
Los González Parás: mentiras y ecocidio
Natividad González Parás
Aunque el ayuntamiento de Santa Catarina intenta impedir la construcción del desarrollo inmobiliario Valle de Reyes en pleno Parque Nacional Cumbres de Monterrey, ha enfrentado las presiones del gobierno de Natividad González Parás. El mandatario niega su intervención, pero premió con un cargo a la presidenta municipal que inició la maniobra en 2006, y un hermano suyo –miembro del influyente bufete de Los Divinos– asesora legalmente a uno de los empresarios.
MONTERREY, NL.- Los gobiernos federal y estatal ya intervienen en la pugna entre un poderoso grupo de desarrolladores inmobiliarios y el municipio de Santa Catarina por un millonario proyecto habitacional, sólo que en distintos bandos.La federación apoya abiertamente al ayuntamiento en su decisión de preservar un área natural protegida, pero funcionarios municipales acusan al gobierno estatal de actuar en favor de los empresarios, puesto que el hermano del gobernador, Natividad González Parás, es asesor legal de uno de ellos.Desde 1996, año en que Banorte, Maple Urbanizadora e Inmobiliaria Dos Carlos constituyeron el fideicomiso para comenzar el desarrollo inmobiliario de Valle de Reyes, se inició un pleito jurídico porque el predio en que pretenden construir se encuentra dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey (PNCM).El parque, ubicado en la Sierra Madre Oriental, fue creado el 4 de octubre de 1939 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, y el 17 de noviembre de 2002 el presidente Ernesto Zedillo lo declaró área natural protegida.Sus 177 mil hectáreas abarcan partes de los municipios de García, Santa Catarina, San Pedro, Monterrey, Allende, Montemorelos, Santiago y Rayones. El proyecto Valle de Reyes o Valle Sur se encuentra totalmente en territorio de Santa Catarina y ocupa una porción de la zona protegida.En aquel 1996 Maple Urbanizadora intentó iniciar la construcción, pero el entonces gobernador, Benjamín Clariond Reyes, le negó el permiso. Desde entonces los desarrolladores se han enfrentado en los tribunales a sucesivos gobiernos estatales y autoridades federales, sin conseguir su propósito.Sin embargo, cuando faltaban cinco días para que concluyera la pasada administración municipal de Santa Catarina, la alcaldesa priista Irma Adriana Garza solicitó licencia y en su lugar fue nombrado, con carácter interino, el regidor Ramiro Ayala, también del PRI.El último día de su interinato –el 28 de octubre de 2006–, Ayala acordó, en una ya célebre sesión de 12 minutos, aprobar el Plan de Desarrollo Sustentable de La Huasteca 2006-2030, que abría las puertas para construir Valle de Reyes. Irma Adriana Garza fue premiada por Natividad González Parás con una subsecretaría de Educación estatal. En noviembre de ese año tomó posesión como alcalde el panista Dionisio Herrera. El nuevo cabildo decidió revocar el permiso otorgado por su antecesor mediante un resquicio legal: el Plan de Desarrollo Sustentable no fue publicado en el Periódico Oficial y, por lo tanto, no podía hacerse ley.Comenzó entonces el pleito de Banorte, como fiduciaria del proyecto Valle de Reyes, para validar el Plan 2006-2030 que el nuevo cabildo de Santa Catarina había rechazado. Incluso el banco ganó el amparo 371/07 por el que se determina que el predio no forma parte del PNCM y, por lo tanto, no está en un área natural protegida. Isaac Mejía Cedillo, director jurídico de Santa Catarina, dice en entrevista que el gobierno le “torció el brazo” al ayuntamiento para que le diera a Banorte la aprobación para convalidar el acuerdo de cabildo de la pasada administración. Pero recalca que institucionalmente el municipio no está de acuerdo con la construcción de Valle de Reyes.Mejía señala que la estrategia del municipio se basa en que al no existir jurídicamente el plan, puesto que no fue publicado, Banorte no tiene base para quejarse. En primera instancia la queja del banco fue sobreseída a favor del ayuntamiento. Lo que existe, actualmente, es un Plan 2000-2020 que no incluye lineamientos para construir en el área mencionada. Sin embargo, la fiduciaria recurrió a un juicio contencioso administrativo –llevado por el magistrado presidente de la segunda sala, licenciado José Alfonso Solís Navarro– para que se permitiera edificar el proyecto.“Este procedimiento contencioso administrativo confirmó en segunda instancia que resolviéramos y diéramos una respuesta afirmativa. Hubo presión, vimos un exceso del tribunal al considerar puntos que no eran materia de la litis en el procedimiento, como era la aplicación del Plan 2006-2030.“Si el plan no tenía existencia jurídica, no debía de ser considerado dentro del procedimiento. Sin embargo, el tribunal se extralimita y, luego de muchas presiones, tenemos que resolver a favor de la inmobiliaria. (…) Al final hacen valer los argumentos de la contraparte únicamente y no consideran los nuestros”, señala Mejía Cedillo.Agrega que incluso el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Juan Antonio Meraz Sauceda, actualmente es procesado por desacato y que por eso cumple sus funciones bajo amparo.Ante las arbitrariedades de las que fue objeto, el ayuntamiento ni siquiera pudo actuar con la ley en la mano: “En este procedimiento, ya enmarañado, hubo varias acciones del Tribunal de lo Contencioso. Le habíamos dados dos negativas y las dos nos las echaba para atrás. No queríamos arriesgar una tercera que revirtieran en contra de nuestro secretario, en orden de aprehensión por desacato”.Mejía señala que el gobierno estatal opera para beneficiar a los desarrolladores: “Es cuanto más sabido de la opinión pública que hay ciertos intereses que están ahí entrometidos, no me gustaría a mí ahondar en ello, ya se ha comentado en diferentes foros. No me consta, pero sí puedo deducir, de las acciones que toman las autoridades. El sentir de la gente es que todo esto viene de más arriba”.
Asunto de familia
El 3 de noviembre de 2006 se le preguntó al gobernador, Natividad González Parás, si su hermano Luis Francisco estaba inmiscuido en el proyecto Valle de Reyes, que consiste en urbanizar 2 mil 400 hectáreas y construir 5 mil viviendas.“Hasta donde sé, no tengo los datos precisos, en primer lugar, esa propiedad se adquirió antes de que yo fuera gobernador, con otro grupo de empresarios. Hasta donde sé, no está ubicada en el Valle de Reyes”, respondió el mandatario (Proceso 1568).Omitió, sin embargo, que su hermano Luis Francisco es secretario del consejo de administración de Metrofinanciera, firma de la que es vicepresidente Ramiro Guzmán Barbosa, en representación de Marfil Constructora, S.A. de C.V., que a su vez pertenece a Maple Urbanizadora. Ambos aparecen en un prospecto de colocación de certificados bursátiles de la empresa Metrofinanciera por un monto de 5 mil millones de pesos, fechado el 16 de diciembre de 2004. Como garante figura la Sociedad Hipotecaria Federal y como fiduciario emisor el banco Invex.Ante los señalamientos de la implicación de su hermano en el desarrollo, el pasado 19 de mayo el gobernador volvió a responder a los reporteros: “En ningún momento nosotros hemos sido impulsores, ni lo vamos a ser, del proyecto de Valle de Reyes. Eso estará en manos de la autoridad federal, de la autoridad municipal o de las autoridades jurisdiccionales correspondientes.”Una semana después, Luis Francisco González Parás tuvo que dar su propia versión. Mediante desplegados en los periódicos del estado, el 25 de mayo reconoció que trabaja con Ramiro Guzmán, propietario de Maple y Marfil, integrante de Metrofinanciera y presidente de la Cámara Nacional de la Industria y de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi). Pero alega que trabajan juntos desde hace años.Y agrega: “Cualquier decisión sobre la factibilidad del proyecto Valle de Reyes le corresponde al gobierno federal, al municipio de Santa Catarina y a las autoridades jurisdiccionales competentes, pero no al gobierno del estado”.También Marfil Constructora dio a conocer lo que llamó “La verdad sobre Valle de Reyes” en un desplegado publicado el 10 de junio y firmado por José Rocha:“El predio no forma parte del Parque Nacional Cumbres de Monterrey; Marfil cuenta con el permiso de factibilidad otorgado por Santa Catarina para urbanizar ahí; esta determinación la saben las autoridades de Conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), que firmaron que Valle de Reyes no es ANP, que sí hay asentamientos en La Huasteca que deben ordenarse y que Valle Sur beneficiará a Nuevo León.”El conflicto ha llegado a tal punto que los desarrolladores inmobiliarios decidieron cambiar el nombre de Valle de Reyes, ya quemado, por el de Valle Sur.En entrevista vía telefónica, el jueves 12 Luis Francisco González subraya que la cercanía con su hermano, el gobernador de Nuevo León, no ha influido en su trayectoria profesional.E insiste: “Yo no he sido contratado por el señor Ramiro Guzmán. Como abogado constituí la empresa y me nombraron secretario desde hace más de 11 años; esa es mi única relación en Metrofinanciera. Pero no tiene qué ver con Valle de Reyes, porque no la estoy representando jurídicamente ni tengo interés personal ni profesional ni nos han pasado este asunto para que lo maneje como abogado. “Básicamente es una autoridad municipal la que da la resolución en ese tema, y si es un tema de carácter federal, que no sé si en este caso lo haya o no, pues no es el Ejecutivo del estado.“Políticamente, usted sabe, utilizan a la familia para estar golpeando al gobernador, pero no tengo relación con ese tema, ni profesional ni personal ni ningún interés. Esa es la verdad y usted lo puede ver en el tema de quién representa a él (Ramiro Guzmán), nunca lo hemos representado en ese tema. La única vinculación que hay es en Metrofinanciera porque él es dueño de esa empresa, como de otras”, dice.Afirma que no hay documentos que lo liguen con el tema directamente, pero “suponiendo, sin conceder, que lo hubiéramos tomado, no tiene nada de malo que lo estemos representando en los tribunales, que es lo que yo hago toda la vida, pero no nos han pedido que lo hagamos en ese tema. Soy secretario del consejo de Metrofinanciera, que son varios accionistas. Pero no en Valle de Reyes, que él (Ramiro Guzmán) eligió otros abogados para que le manejen el tema”.Luis Francisco González forma parte del despacho Santos-Elizondo, conocido como Los Divinos por su poder e influencia en los tribunales. Otros socios de ese bufete son: el diputado federal del PRI Juan Francisco Rivera Bedoya y su hijo Jorge Enrique Rivera Lozano; Luis Alonso Mendoza Garza –hermano de Jorge Mendoza, senador por Nuevo León–; el exprocurador estatal Napoleón Cantú; el exsenador Luis Santos de la Garza y Fernando Elizondo Ortiz, hijo del senador panista nuevoleonés Fernando Elizondo Barragán.
Intervención federal
Luis David Ortiz Salinas, presidente ejecutivo de la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León y cuñado del senador Fernando Elizondo, desestima la influencia que podría ejercer Luis Francisco González en el proyecto Valle de Reyes: “No creo que tenga ascendencia sobre las autoridades federales o municipales”.Así mismo, señala que el estado está fuera del litigio entre el municipio, la federación y particulares, ya que si bien el gobierno estatal tiene que elaborar con el federal un plan de manejo del PNCM, el segundo debió formalizar esta normatividad dentro de los 12 meses posteriores al decreto que creó el área natural protegida en 2000. “Se debe de proteger el parque si se puede –comenta Ortiz Salinas–, y esa área, aunque la perdió la autoridad federal en un litigo, si se determina que es indispensable para el sostenimiento del parque, que se busque su compra o expropiación de parte de las autoridades federales.”De este recurso echó mano precisamente el ayuntamiento de Santa Catarina. Víctor Pérez Díaz, regidor segundo, exhibe un oficio dirigido al presidente Felipe Calderón, fechado el 14 de febrero pasado y que lleva las firmas del alcalde, los dos síndicos y los 13 regidores. Ahí solicitan que la federación “expropie y anexe al Parque Nacional Cumbres de Monterrey” los predios del Cañón de Ballesteros, en donde se pretende construir Valle de Reyes o Valle Sur.“La mayor extensión territorial de nuestro municipio está en el Parque Cumbres, lo urbanizado es lo menos. Y con todo y eso no podemos opinar”, se queja el regidor. Mientras el estado y la federación no se pongan de acuerdo en un plan de manejo del PNCM, el ayuntamiento no puede elaborar la reglamentación en la parte que está en Santa Catarina.Y a su vez, los desarrolladores deben tramitar ante el municipio autorizaciones de factibilidad y lineamientos, entre otros permisos, pero eso no puede hacerse mientras no haya plan de manejo.Por su parte Fernando Seriñá Garza, director del PNCM explica que si se construyen residencias la reserva sufrirá un daño ecológico irreparable, además de que se afectarán los mantos freáticos que surten de agua a la zona conurbada de Monterrey.Por ese motivo, ya consiguió que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) fuera incluida como tercero perjudicado en el juicio contencioso por Valle de Reyes, con lo que el gobierno federal podrá intervenir directamente en el litigio.Seriñá critica la anuencia que dio el ayuntamiento de Santa Catarina para la urbanización de Valle de Reyes. Dice que el gobierno federal apoyó a los abogados del municipio con asesores para darles armas jurídicas, pero que al final cedieron a la presión del magistrado de lo Contencioso. “Ahora este señor (Dioniso Herrera), después de meter la pata dando un sí cuando debió decir que no, quiere salir bien jurídicamente”.Lourdes Bello, abogada de Conanp, coincide en ese aspecto: “Ya no es por capricho o por defensa ecologista, hay un marco jurídico de la Constitución mexicana que impide desarrollar. Desde ahí la factibilidad que se dio, en los términos que haya sido, es contraria a derecho y violatoria de artículos constitucionales”.Es irrelevante si el predio está dentro del PNCM, dice, puesto que toda la materia jurídica relacionada con Áreas Naturales Protegidas aplica en este caso, independientemente del decreto de Zedillo, puesto que el polígono de Valle de Reyes es un enclave en el parque, como una isla rodeada de zona protegida.Por lo tanto, añade, “si alguien quiere urbanizar esa zona, forzosamente tiene que meter ductos e infraestructura para agua, luz, drenaje, y eso tiene que pasar por territorio al que le aplica el decreto”.De modo que “la Conanp tiene facultades para seguir defendiendo legalmente esa zona, y esa facultad ya nos la reconoció una autoridad federal ante la que acudimos como terceros perjudicados”.En su visita a Monterrey el 22 de mayo, el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada, aseguró que no negociará con particulares para que se urbanice en el Cañón de Ballesteros: “Hoy por hoy no hay permisos, no hay cambios de uso de suelo, no se puede construir. (…) Nos enfrentamos a intereses muy fuertes, gente con muchos recursos, pero nuestra obligación es defender el medio ambiente, la ley, y no podemos tener pretextos”. l
Prestanombres de FOX para adueñarse de la bahía El Tamarindillo
Cosme Mares, bajo el paraguas de la PGR
Cosme Mares, presta nombres de la materia FECAL FOX.COAHUAYANA, MICH.- A través de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público, el gobierno de Felipe Calderón está protegiendo al supuesto prestanombres del expresidente Vicente Fox, el empresario Cosme Mares Hernández, quien fue demandado penalmente en dos ocasiones por usar documentación falsa en sus intentos de adueñarse de la bahía El Tamarindillo. En la primera denuncia se acusa al empresario guanajuatense de falsificar documentos de asamblea de los ejidatarios de El Ticuiz, ejido al que pertenece la bahía y localizado en este municipio. En la segunda, se le acusa de falsificar documentos del propio ayuntamiento con el fin de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le otorgue la concesión para explotar la zona federal ganada al mar, en la misma bahía.Sin embargo, ambas denuncias están siendo bloqueadas por las mismas agencias del Ministerio Público en que fueron interpuestas, lo cual –aseguran los demandantes– demuestra la impunidad de que sigue gozando el paisano y amigo de Vicente Fox. Ana Lilia Guillén, diputada federal del PRD en la pasada legislatura, y quien encabezó entonces la comisión que investigó al empresario, interpuso la primera demanda el 31 de agosto de 2006 ante Iván Joel del Valle Fabián, titular de la Agencia Segunda del Ministerio Público Federal, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Este recurso dio pie al inicio de la averiguación previa 299/2006, que avanza con lentitud: 19 meses después, Guillén ni siquiera ha sido citada a declarar y, de manera extraña, los responsables de esa agencia del Ministerio Público han sido cambiados en varias ocasiones.Después de Del Valle Fabián, la Procuraduría General de la República (PGR) designó a tres nuevos titulares de esa agencia: Ramiro Ramírez Carrillo, Juvenal Godínez Osorio y Marisela Godoy Toscano. Esta última, actualmente en funciones, es media hermana del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel. “Con esos cambios de agentes me queda muy claro que el gobierno federal está protegiendo a Cosme Mares, y por consiguiente a su amigo Vicente Fox, uno de los más grandes truhanes que ha tenido México”, comenta al respecto Ana Lilia Guillén.Cuenta la exdiputada que, al ratificar su denuncia, entregó al Ministerio Público cajas repletas de documentos que comprueban las irregularidades con que Cosme Mares intentó adueñarse de la bahía: actas de asambleas ejidales falsificadas, firmas apócrifas, sellos falsos, “asistencia” a las asambleas de personas ya fallecidas y otros trucos.“Pese a todas estas pruebas –agrega–, las autoridades judiciales no quieren entrarle al toro. En la protección y el apapacho a Cosme Mares no sólo está metida la PGR, sino también otras dependencias federales, como la Semarnat y las secretarías de la Reforma Agraria y de la Función Pública.”Guillén asegura que toda esta protección proviene de Los Pinos: “El presidente Felipe Calderón es quien tiene, en este momento, la obligación de darle curso a la averiguación en contra del presunto prestanombres de su antecesor en Los Pinos. Sin embargo, Calderón es el gran cómplice del bloqueo que nos están haciendo las autoridades judiciales.“El hecho de que ya no sea diputada no me impide estar enterada de cómo se está manejando el proceso contra Cosme Mares. Personas allegadas al caso me han informado que la averiguación previa será archivada, ahora que está como agente del Ministerio Público la media hermana del gobernador Leonel Godoy, lo cual confirma la marrullería de las instancias de gobierno que están inmersas en la corrupción y la impunidad.”
–¿En esta complicidad también está implicado el gobierno perredista de Michoacán?
–Si el actual gobernador, Leonel Godoy, se queda con los brazos cruzados, también va a tener su parte de culpa. La omisión y el silencio pueden ser actos de complicidad, pues no se interviene para evitar un despojo, una arbitrariedad como la que aquí se está cometiendo contra muchos ejidatarios. Ojalá y el gobierno estatal intervenga, no tanto para hacer justicia, sino por lo menos para evitar una injusticia.
Falsificación
La segunda denuncia penal contra Cosme Mares la acaba de presentar el exalcalde de Coahuayana, Elías López Mendoza, quien asegura que durante su administración (de 2002 a 2004) el empresario falsificó documentos del ayuntamiento:“Cosme Mares no entiende. Está obsesionado en apoderarse de El Tamarindillo. Ahora intenta una nueva treta; falsificó firmas y sellos de la presidencia municipal con el fin de que la Semarnat le otorgue una concesión de la parte de la bahía que es zona federal, que son más de 31 mil metros cuadrados ganados al mar. Por ello interpuse la denuncia penal.”López Mendoza presentó su denuncia el pasado 19 de marzo, ante el agente del Ministerio Público del fuero común de Coahuayana, José Alberto Plancarte Figueroa.“Jamás le otorgué a Cosme Mares un documento para que acudiera a la Semarnat –afirma–; ni siquiera él me lo solicitó. Hizo una burda falsificación de mi firma y de las firmas de otros funcionarios. Ni siquiera los sellos y el formato del papel oficial son iguales.“El empresario quiere justificar el despojo a los ejidatarios con documentos falsos, quiere darles valor legal, como si fueran reales. Incluso esos documentos los enviamos a un perito de Colima, para que realice una prueba pericial en grafoscopia y así determine que no son nuestras firmas.”El exalcalde señala que dos afectados –Antonio Lua y José Valencia– le informaron sobre el documento apócrifo de Cosme Mares. La denuncia dice textualmente:Tuvimos conocimiento del documento por medio de Antonio Lua Ruiz y José Valencia, quienes nos reclamaron por qué habíamos firmado constancia para uso de suelo y compatibilidad de actividades a favor de Cosme Mares, por lo que les manifestamos que no le habíamos otorgado dicha constancia, y que cuando fungimos como funcionarios municipales en ningún momento el empresario nos la solicitó; en ese momento nos extendieron una copia fotostática de la constancia, con fecha del 4 de noviembre de 2004…Dicha constancia ni la firmamos ni la sellamos, por lo que estos hechos afectan a los intereses de la sociedad de nuestro municipio; es el motivo por el que presentamos esta denuncia, solicitando se abra la averiguación correspondiente y en su oportunidad se integre y turne al juez correspondiente para que se dicte orden de aprehensión en contra de Cosme Mares y los que resulten.El exalcalde se dice dispuesto a someterse a cualquier investigación, y añade: “Cosme Mares y sus socios andan desesperados, pues tenemos entendido que ya le han invertido alrededor de 30 millones de pesos a la compraventa de El Tamarindillo. ¿Cuánto cree usted que intenten obtener de ganancias, ya que pretenden realizar un desarrollo turístico privado para pura gente de dinero?”.Sin embargo, para sorpresa del exalcalde, el Ministerio Público rechazó su denuncia con el argumento de que necesitaba el documento “original” y no copia de la solicitud apócrifa de Cosme Mares.Dice el exalcalde: “Estoy muy molesto porque las autoridades judiciales no están respetando la ley. ¿Cómo quiere el agente del Ministerio Público, el señor Plancarte Figueroa, que le dé el original, si éste lo debe tener Cosme Mares o la Semarnat?El documento apócrifo presentado por Cosme Mares, en el que el exalcalde supuestamente le da su aval al empresario, dice textualmente: “Este H. Ayuntamiento otorga constancia para uso de suelo y compatibilidad de actividades a favor de Mares Hernández J. Cosme”.El documento tiene el membrete y el sello de la alcaldía, y al final, la firma de Elías López Mendoza. Este es un requisito que establece el Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, que en su artículo 29 pide que se cumplan con todas las “disposiciones legales” a nivel “municipal”.Son zona federal los terrenos ganados al mar y que Cosme Mares quiere hacer suyos. En 1984 fueron divididos por el ejido en 150 lotes, que se repartieron entre ejidatarios y posesionarios, ambos en el régimen de concesión.Es un área de playa distinta a la zona propiamente ejidal. Este último terreno, de 265 hectáreas, es el que Cosme Mares intentó adquirir previamente mediante la falsificación de documentos ejidales (Proceso 1470), lo que motivó la primera denuncia penal que interpuso Ana Lilia Guillén.Por lo pronto, la Semarnat ya le notificó a una concesionaria de esos lotes federales, María Guadalupe Bravo Valdovinos, que iniciará el “procedimiento” para “declarar la nulidad” de su concesión, puesto que –le advierte– ya hay “dos solicitudes de concesión presentadas por J. Cosme Mares Hernández, respecto de sendas superficies de 12,363.65 m2 y 18,694.00 m2 de zona federal marítimo terrestre respectivamente”.Es decir, Cosme Mares quiere apropiarse de más de 31 mil metros cuadrados de zona federal.
La Semarnat le dice a la señora Bravo Valdovinos que los trámites del amigo de Fox están en el expediente número 53/45037.
La notificación está fechada el 30 de octubre de 2007, ya en pleno gobierno calderonista, con el número de oficio SGPA-DGZFMTAC-4106/07 y la envía la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, de esa dependencia.
Para Ana Lilia Guillén no hay duda:
“La Semarnat quiere quitarle a la gente común y corriente las concesiones de esa zona federal para dárselas a Cosme Mares, quien sigue siendo un personaje muy poderoso gracias a la protección que le brinda el actual gobierno.” l
Autocaridad impune
Sahagún. AparienciasVamos México: la caridad empezó en casa
Marta Sahagún......la pobre materia FECAL venida a masCuando se analizan las cuentas de la fundación Vamos México, con la que Marta Sahagún se posicionó en los medios informativos durante el sexenio de su esposo Vicente Fox, saltan a la vista graves incongruencias. Un vistazo a esos reportes revela una organización ineficiente y sospechosa en el manejo de los cuantiosos donativos que recibió, ya que sumas millonarias se consumieron como “gastos de administración” y operación, dejando sólo las migajas para las causas sociales que supuestamente eran su razón de ser.Documentos en poder de la Cámara de Diputados demuestran que Marta Sahagún cometió irregularidades fiscales en el manejo de los recursos de Vamos México, A.C.; además, los reportes ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y los informes públicos de la exprimera dama confirman la opacidad en la que mantuvo a su fundación a lo largo del sexenio pasado.Las principales irregularidades se refieren al destino final de donativos en efectivo y en especie que recibió Sahagún; al turbio manejo del dinero obtenido en 12 sorteos, violaciones al reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y la triangulación de 10 millones de dólares que la fundación Coca-Cola de Atlanta le donó para apoyar albergues indígenas en el país y que terminaron en las arcas de una organización “espejo” creada por ella en Estados Unidos.Marta Sahagún de Fox creó su fundación en septiembre de 2001, y desde esa fecha ha recurrido a una doble contabilidad que hace poco claras sus cuentas. Por ejemplo: de acuerdo con los reportes públicos de la fundación entre 2001 y 2006, ella recibió donativos por 4 mil 680 millones 384 mil 243 pesos, pero sólo existe prueba documental sobre el destino de 330 millones de pesos (en números redondos). Del resto, únicamente ella sabe quién o quiénes fueron los destinatarios finales.A Sahagún no le cuadran los números que dio a conocer luego de que el 31 de enero de 2004 Sara Silver publicara en el diario británico Financial Times algunas muestras de la opacidad en el manejo de su fundación ni las cifras en los informes que por ley está obligada a reportar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).En sus reportes no oficiales, la esposa de Vicente Fox habla de donativos por casi 4 mil 500 millones de pesos. Pero las cuentas que el despacho KPMG, Cárdenas Dosal, S.C. le certificó y entregó al SAT –las cuales tienen montos mucho menores a los que ella reporta en su página electrónica– tampoco coinciden con la información que este organismo de la SHCP entregó a la Cámara de Diputados a solicitud de la llamada Comisión Fox como parte de la investigación sobre la pareja expresidencial.Las cifras de KPMG muestran que Vamos México recibió 583.5 millones de pesos por donativos, pero el SAT, en una nota informativa que envió a los legisladores de la comisión especial, afirmó que Vamos México obtuvo 504.4 millones de pesos por este concepto. Una diferencia de 79.1 millones de pesos que Marta Sahagún no tendrá que justificar ante el fisco.Las discrepancias entre lo que la exprimera dama dijo públicamente que recaudó, lo que reportó KPMG y lo que informó el SAT a los diputados indican que existe una doble contabilidad, agravada por diversas inconsistencias.Vamos México está registrada ante la SHCP como una asociación civil que no sólo recibe donaciones, sino que también puede otorgarlas, por eso tiene el privilegio de gozar de exenciones fiscales, lo que en términos llanos es una autorización para no pagar impuestos.
Alianzas fantasma
En julio de 2002, el entonces diputado federal del PRI Jorge Chávez Presa denunció que Marta Sahagún, a través de Vamos México, estaba utilizando la infraestructura gubernamental para hacer obra social. En consecuencia, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una revisión “especial” y concluyó, en marzo de 2004, que no se desviaron recursos públicos a la fundación.En esas fechas, en sus reportes públicos, la señora Sahagún hizo alarde de los programas sociales del gobierno federal en los que colaboró su fundación: “Arranque parejo en la vida” y “Adicciones”, de la Secretaría de Salud, así como “Tecnología educativa” y “Equipamiento de escuela (redondeo)”, de la Secretaría de Educación Pública. Paralelamente, y con el apoyo del gobierno federal, Vamos México se montó en otros programas creados por agrupaciones privadas, como “Ayúdame a llegar” (de Movimiento Azteca y Telmex), “Autobuses aula” ( de Estrella Blanca), “Tecnología educativa” y “Guía de padres” (con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación).El reclamo de Chávez Presa y de su partido fue que Marta Sahagún suplantó el trabajo social de las dependencias federales y utilizó el respaldo del gobierno y su infraestructura para presionar a empresarios a fin de obtener apoyo económico o en especie. Uno de esos casos fue el donativo que el multimillonario estadunidense Bill Gates le entregó a través de su fundación: 30 millones de dólares, de los cuales no existe registro en los informes financieros de KPMG sobre Vamos México.En cuanto a las alianzas comerciales con empresas u otras fundaciones, éstas no reportan participación alguna de Vamos México. Es decir, se trató de alianzas en el papel, lo que no impidió que Sahagún se hiciera publicidad y pregonara el trabajo realizado como suyo. Entre los años 2003 y 2007, la fundación Wal-Mart de México, A.C., llevó a cabo un programa de recaudación y entrega de computadoras a escuelas. Como resultado, esta asociación civil reportó que obtuvo 341 millones 381 mil 738 pesos para instalar computadoras en 2 mil 28 aulas, con lo que benefició a poco más de 1 millón de estudiantes. En su reporte público de 2003, Marta Sahagún afirma que mediante la alianza comercial con Wal-Mart y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C. (ANTAD), Vamos México recaudó 45 millones 900 mil pesos, de los cuales supuestamente destinó 7 millones de pesos para dotar a escuelas de computadoras con la fundación Wal- Mart, y el resto fue para lo mismo pero con la ANTAD. Sin embargo, ni la fundación Wal-Mart de México, A.C., ni la ANTAD mencionan en sus registros esa alianza con Vamos México. En otro caso de “alianzas fantasma”, los estados financieros de KPMG de 2002 a 2005 reportan que Marta Sahagún entregó 54 millones 225 mil 770 pesos a la Unión Nacional de Empresarios de Tecnología Educativa (UNETE) para el programa “Tecnología educativa”. Sin embargo, en la página electrónica de UNETE no se encuentra referencia alguna a la participación de Vamos México.Lo mismo ocurre en el caso de la supuesta participación de Vamos México en el programa “Arranque parejo en la vida”, de la Secretaría de Salud, mediante el cual se atiende a menores de dos años y a mujeres durante el embarazo, parto y posparto, con el fin de abatir los índices de mortalidad en ese período. Según el reporte de Sahagún, su asociación civil donó 103 mil 545 pesos para la capacitación de parteras y 18 mil 156 maletines médicos. Pero en el informe 2000-2006 de la Secretaría de Salud, no se consigna apoyo alguno de Vamos México; en cambio, se registra una aportación de la fundación Telmex para equipo hospitalario.La única alianza comercial de Vamos México que sí dejó rastro es la que estableció con Movimiento Azteca, fundación de TV Azteca, que le entregó a la asociación de Sahagún 64 millones 803 mil pesos en 2004 y 2005.
Violación de la Ley del ISR
Durante el sexenio pasado, Vamos México sólo tuvo ingresos por donativos y sorteos.
De 2002 a 2006, los principales premios de tales sorteos fueron autos Ford, motocicletas Harley Davidson, dinero en efectivo, electrodomésticos, artículos deportivos y plumas Mont Blanc; sin embargo, la fundación mantuvo hermetismo sobre los costos de sus sorteos, quiénes fueron los ganadores y de dónde obtuvo los premios, aunque se supone que éstos provienen de donativos, ya que en sus informes financieros no hay registro de que los haya comprado.Ante la falta de información, se solicitó mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que la Secretaría de Gobernación diera a conocer los premios, sus costos y las organizaciones que los realizaron junto con Vamos México de 2001 a 2005. Sin embargo, en el oficio DICOPUU/211/1370/05, fechado el 3 de junio de 2005, la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la dependencia únicamente proporcionó información de 2002 a 2004.En un análisis comparativo de los informes de 2002 a 2004 que Marta Sahagún le rindió a Hacienda mediante el despacho auditor KMPG, se comprobó que, de nuevo, las cifras no coinciden, lo que hace suponer que ella proporcionó información falsa o no utilizó los recursos competentemente, pese a que dichos sorteos fueron organizados junto con exitosas empresas: nueve con la empresa transportista Estrella Blanca y tres con el banco Banorte.De acuerdo con Gobernación, en los 12 sorteos que realizó la fundación en el período que abarcan sus datos, el valor de los premios fue de 84 millones 329 mil 133 pesos. Además, el informe de KPMG dice que en los rubros de gastos por sorteo e impuestos por sorteo la fundación erogó 19 millones 759 mil 597 pesos. Es decir, a Vamos México esos 12 sorteos le costaron 104 millones 88 mil 830 pesos.Sin embargo, al revisar los informes de Sahagún a través del mencionado despacho, se encuentra que los 12 sorteos sólo generaron ingresos por 25 millones 566 mil 533 pesos, es decir, logró recuperar apenas la cuarta parte de lo que invirtió, y el resto –78 millones 522 mil 297 pesos– puede considerarse como pérdida.Existe la posibilidad de que no se tratara esa cifra como pérdida porque los premios sorteados –con valor de poco más de 84 millones de pesos– no le costaron nada a la fundación. Pero aun así, si a los más de 25 millones que reportó como ingreso de Vamos México por los 12 sorteos se le restan los costos por impuestos y gastos de organización –en el supuesto de que ese dinero sí los pagó la fundación–, entonces Sahagún consiguió generar nada más una ganancia de 5 millones 806 mil 936 pesos durante tres años.En cambio, Marta Sahagún sí logró obtener sumas millonarias con sólo administrar su fundación.El artículo 110 del Reglamento de Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que “Los donativos y sus rendimientos deberán destinarse única y exclusivamente a los fines propios del objeto social de las donatarias. En ningún caso podrán dichas donatarias destinar más de 5% de los donativos y, en su caso, de los rendimientos que perciban para cubrir sus gastos de administración”. Aunque Vamos México tiene que regirse por esta ley, entre 2001 y 2006 destinó entre 26 y 70% de sus ingresos a sus gastos, a juzgar por sus propios informes al SAT a través de KPMG.Sahagún violó ese reglamento desde el primer año de Vamos México. En 2001 utilizó 26.60% de sus ingresos para gastos. Entonces sus informes no eran públicos.El porcentaje fue en aumento. En 2002 tomó 37.90% de su presupuesto para gastos; en 2003, 33.90%, y en 2004 –cuando arreciaron en los medios las versiones sobre su pretensión de ser candidata presidencial– utilizó para el mismo rubro más de 57.10% de lo recaudado. En 2005 redujo un poco el porcentaje de sus gastos, con 46.60%, pero en 2006, el último del sexenio presidencial de su esposo Vicente Fox, sobrepasó con creces la violación del reglamento de la Ley del ISR, pues aplicó 71.30% de los ingresos de Vamos México en gastos. Es cierto que en 2006 la asociación civil de Sahagún recaudó mucho menos de los 85 millones que consiguió de los empresarios en 2002: apenas 33 millones. Lo relevante es que de esta suma, 23.5 millones se canalizaron al rubro de gastos.El objetivo del artículo 110 de ese reglamento es que se utilice casi todo lo recaudado al objeto para el que se creó la asociación civil, el apoyo social, pero ése no fue el comportamiento de Vamos México; sin embargo, no se tiene registro de que estas violaciones le hayan acarreado sanción alguna.
La triangulación
Durante el sexenio pasado, Marta Sahagún no sólo creó Vamos México, sino también formó, en Estados Unidos, la organización espejo Visión México, que le sirvió para triangular 100 millones de pesos que “pidió” a la fundación Coca-Cola de Atlanta presuntamente para apoyar el programa gubernamental “Albergues escolares indígenas” en México.Los registros financieros de ambas organizaciones ponen en evidencia la maniobra. En los informes de Vamos México en KPMG, de 2003 a 2006, se reporta que recibió de Visión México los 100 millones distribuidos en cuatro años, y supuestamente ésta lo depositó en el fideicomiso Banamex “1455-8, Albergues Escolares Indígenas”. Sin embargo, en una revisión de los informes y programas de trabajo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, no se hace mención a esos recursos y mucho menos se registra una donación de Vamos México.Donde sí aparecen los 100 millones, aportados en cuatro ministraciones, es en los informes que Visión México entregó al gobierno de Estados Unidos. La que otorga el dinero a Visión México es justamente Vamos México... Dinero que la fundación Coca-Cola “donó a petición expresa de la señora Sahagún… en cuatro ministraciones de 25 millones de pesos cada una”, como declaró a Sara Silver la oficina de representación de Coca-Cola en 2005. lSara Murúa: investigadora y autora de los libros Asistencia privada: ¿caridad o derecho? y Mejores prácticas legislativas en materia social.
Alianzas fantasma
En julio de 2002, el entonces diputado federal del PRI Jorge Chávez Presa denunció que Marta Sahagún, a través de Vamos México, estaba utilizando la infraestructura gubernamental para hacer obra social. En consecuencia, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una revisión “especial” y concluyó, en marzo de 2004, que no se desviaron recursos públicos a la fundación.En esas fechas, en sus reportes públicos, la señora Sahagún hizo alarde de los programas sociales del gobierno federal en los que colaboró su fundación: “Arranque parejo en la vida” y “Adicciones”, de la Secretaría de Salud, así como “Tecnología educativa” y “Equipamiento de escuela (redondeo)”, de la Secretaría de Educación Pública. Paralelamente, y con el apoyo del gobierno federal, Vamos México se montó en otros programas creados por agrupaciones privadas, como “Ayúdame a llegar” (de Movimiento Azteca y Telmex), “Autobuses aula” ( de Estrella Blanca), “Tecnología educativa” y “Guía de padres” (con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación).El reclamo de Chávez Presa y de su partido fue que Marta Sahagún suplantó el trabajo social de las dependencias federales y utilizó el respaldo del gobierno y su infraestructura para presionar a empresarios a fin de obtener apoyo económico o en especie. Uno de esos casos fue el donativo que el multimillonario estadunidense Bill Gates le entregó a través de su fundación: 30 millones de dólares, de los cuales no existe registro en los informes financieros de KPMG sobre Vamos México.En cuanto a las alianzas comerciales con empresas u otras fundaciones, éstas no reportan participación alguna de Vamos México. Es decir, se trató de alianzas en el papel, lo que no impidió que Sahagún se hiciera publicidad y pregonara el trabajo realizado como suyo. Entre los años 2003 y 2007, la fundación Wal-Mart de México, A.C., llevó a cabo un programa de recaudación y entrega de computadoras a escuelas. Como resultado, esta asociación civil reportó que obtuvo 341 millones 381 mil 738 pesos para instalar computadoras en 2 mil 28 aulas, con lo que benefició a poco más de 1 millón de estudiantes. En su reporte público de 2003, Marta Sahagún afirma que mediante la alianza comercial con Wal-Mart y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C. (ANTAD), Vamos México recaudó 45 millones 900 mil pesos, de los cuales supuestamente destinó 7 millones de pesos para dotar a escuelas de computadoras con la fundación Wal- Mart, y el resto fue para lo mismo pero con la ANTAD. Sin embargo, ni la fundación Wal-Mart de México, A.C., ni la ANTAD mencionan en sus registros esa alianza con Vamos México. En otro caso de “alianzas fantasma”, los estados financieros de KPMG de 2002 a 2005 reportan que Marta Sahagún entregó 54 millones 225 mil 770 pesos a la Unión Nacional de Empresarios de Tecnología Educativa (UNETE) para el programa “Tecnología educativa”. Sin embargo, en la página electrónica de UNETE no se encuentra referencia alguna a la participación de Vamos México.Lo mismo ocurre en el caso de la supuesta participación de Vamos México en el programa “Arranque parejo en la vida”, de la Secretaría de Salud, mediante el cual se atiende a menores de dos años y a mujeres durante el embarazo, parto y posparto, con el fin de abatir los índices de mortalidad en ese período. Según el reporte de Sahagún, su asociación civil donó 103 mil 545 pesos para la capacitación de parteras y 18 mil 156 maletines médicos. Pero en el informe 2000-2006 de la Secretaría de Salud, no se consigna apoyo alguno de Vamos México; en cambio, se registra una aportación de la fundación Telmex para equipo hospitalario.La única alianza comercial de Vamos México que sí dejó rastro es la que estableció con Movimiento Azteca, fundación de TV Azteca, que le entregó a la asociación de Sahagún 64 millones 803 mil pesos en 2004 y 2005.
Violación de la Ley del ISR
Durante el sexenio pasado, Vamos México sólo tuvo ingresos por donativos y sorteos.
De 2002 a 2006, los principales premios de tales sorteos fueron autos Ford, motocicletas Harley Davidson, dinero en efectivo, electrodomésticos, artículos deportivos y plumas Mont Blanc; sin embargo, la fundación mantuvo hermetismo sobre los costos de sus sorteos, quiénes fueron los ganadores y de dónde obtuvo los premios, aunque se supone que éstos provienen de donativos, ya que en sus informes financieros no hay registro de que los haya comprado.Ante la falta de información, se solicitó mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que la Secretaría de Gobernación diera a conocer los premios, sus costos y las organizaciones que los realizaron junto con Vamos México de 2001 a 2005. Sin embargo, en el oficio DICOPUU/211/1370/05, fechado el 3 de junio de 2005, la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la dependencia únicamente proporcionó información de 2002 a 2004.En un análisis comparativo de los informes de 2002 a 2004 que Marta Sahagún le rindió a Hacienda mediante el despacho auditor KMPG, se comprobó que, de nuevo, las cifras no coinciden, lo que hace suponer que ella proporcionó información falsa o no utilizó los recursos competentemente, pese a que dichos sorteos fueron organizados junto con exitosas empresas: nueve con la empresa transportista Estrella Blanca y tres con el banco Banorte.De acuerdo con Gobernación, en los 12 sorteos que realizó la fundación en el período que abarcan sus datos, el valor de los premios fue de 84 millones 329 mil 133 pesos. Además, el informe de KPMG dice que en los rubros de gastos por sorteo e impuestos por sorteo la fundación erogó 19 millones 759 mil 597 pesos. Es decir, a Vamos México esos 12 sorteos le costaron 104 millones 88 mil 830 pesos.Sin embargo, al revisar los informes de Sahagún a través del mencionado despacho, se encuentra que los 12 sorteos sólo generaron ingresos por 25 millones 566 mil 533 pesos, es decir, logró recuperar apenas la cuarta parte de lo que invirtió, y el resto –78 millones 522 mil 297 pesos– puede considerarse como pérdida.Existe la posibilidad de que no se tratara esa cifra como pérdida porque los premios sorteados –con valor de poco más de 84 millones de pesos– no le costaron nada a la fundación. Pero aun así, si a los más de 25 millones que reportó como ingreso de Vamos México por los 12 sorteos se le restan los costos por impuestos y gastos de organización –en el supuesto de que ese dinero sí los pagó la fundación–, entonces Sahagún consiguió generar nada más una ganancia de 5 millones 806 mil 936 pesos durante tres años.En cambio, Marta Sahagún sí logró obtener sumas millonarias con sólo administrar su fundación.El artículo 110 del Reglamento de Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que “Los donativos y sus rendimientos deberán destinarse única y exclusivamente a los fines propios del objeto social de las donatarias. En ningún caso podrán dichas donatarias destinar más de 5% de los donativos y, en su caso, de los rendimientos que perciban para cubrir sus gastos de administración”. Aunque Vamos México tiene que regirse por esta ley, entre 2001 y 2006 destinó entre 26 y 70% de sus ingresos a sus gastos, a juzgar por sus propios informes al SAT a través de KPMG.Sahagún violó ese reglamento desde el primer año de Vamos México. En 2001 utilizó 26.60% de sus ingresos para gastos. Entonces sus informes no eran públicos.El porcentaje fue en aumento. En 2002 tomó 37.90% de su presupuesto para gastos; en 2003, 33.90%, y en 2004 –cuando arreciaron en los medios las versiones sobre su pretensión de ser candidata presidencial– utilizó para el mismo rubro más de 57.10% de lo recaudado. En 2005 redujo un poco el porcentaje de sus gastos, con 46.60%, pero en 2006, el último del sexenio presidencial de su esposo Vicente Fox, sobrepasó con creces la violación del reglamento de la Ley del ISR, pues aplicó 71.30% de los ingresos de Vamos México en gastos. Es cierto que en 2006 la asociación civil de Sahagún recaudó mucho menos de los 85 millones que consiguió de los empresarios en 2002: apenas 33 millones. Lo relevante es que de esta suma, 23.5 millones se canalizaron al rubro de gastos.El objetivo del artículo 110 de ese reglamento es que se utilice casi todo lo recaudado al objeto para el que se creó la asociación civil, el apoyo social, pero ése no fue el comportamiento de Vamos México; sin embargo, no se tiene registro de que estas violaciones le hayan acarreado sanción alguna.
La triangulación
Durante el sexenio pasado, Marta Sahagún no sólo creó Vamos México, sino también formó, en Estados Unidos, la organización espejo Visión México, que le sirvió para triangular 100 millones de pesos que “pidió” a la fundación Coca-Cola de Atlanta presuntamente para apoyar el programa gubernamental “Albergues escolares indígenas” en México.Los registros financieros de ambas organizaciones ponen en evidencia la maniobra. En los informes de Vamos México en KPMG, de 2003 a 2006, se reporta que recibió de Visión México los 100 millones distribuidos en cuatro años, y supuestamente ésta lo depositó en el fideicomiso Banamex “1455-8, Albergues Escolares Indígenas”. Sin embargo, en una revisión de los informes y programas de trabajo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, no se hace mención a esos recursos y mucho menos se registra una donación de Vamos México.Donde sí aparecen los 100 millones, aportados en cuatro ministraciones, es en los informes que Visión México entregó al gobierno de Estados Unidos. La que otorga el dinero a Visión México es justamente Vamos México... Dinero que la fundación Coca-Cola “donó a petición expresa de la señora Sahagún… en cuatro ministraciones de 25 millones de pesos cada una”, como declaró a Sara Silver la oficina de representación de Coca-Cola en 2005. lSara Murúa: investigadora y autora de los libros Asistencia privada: ¿caridad o derecho? y Mejores prácticas legislativas en materia social.
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