Allanan las instalaciones de CIMAC

Intimidación

Rosalía Vergara

Pocos días después de haber declarado públicamente que el gobierno de Felipe Calderón está obligado a responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la impunidad de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, las representantes de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), denunciaron que las oficinas de esta agrupación fueron “allanadas” entre el 26 y 27 de julio pasado por personas que buscaban documentación específica.Fue hasta el lunes 28 cuando la directora general de esta organización feminista, Lucía Lagunes, y la coordinadora de Información de la misma, Carolina Velásquez, se dieron cuenta del hecho y lo denunciaron ante la sexta agencia investigadora del Ministerio Público del Distrito Federal, donde se abrió la averiguación previa FCH/CUH-6/T2/1195/08-07.Lagunes y Velásquez consideran que no se trató de un simple robo, porque únicamente desaparecieron algunos equipos de cómputo, y quienes los sustrajeron no revisaron todos los escritorios, sino solamente los de ellas. Entre los objetos que se llevaron se encuentran grabadoras, casetes y discos con información de Inmujeres, así como de la Red de Atención a Periodistas.Se trata, afirman, de “un acto de intimidación hacia CIMAC y sus integrantes” debido a que han dado seguimiento a casos relacionados con violaciones sexuales a mujeres por parte de elementos del Ejército, con los feminicidios de Ciudad Juárez y con ataques en contra de periodistas.“Hemos colocado el acento en la política de simulación que existe en este gobierno en materia de derechos humanos, además de la criminalización que se ha hecho de la protesta, la organización social y de la actividad de las organizaciones mismas. Es una política que hay desde el gobierno federal contra las asociaciones que trabajan a favor de los derechos humanos”, sostiene Lagunes.Y añade: “Cometimos el ‘pecado’ de haber denunciado en el ámbito internacional la violación de derechos humanos en el país. Colocamos el reflector en ese sentido y eso no lo perdonan”.
Retrocesos
En una nota publicada el pasado 25 de julio, la agencia de noticias de CIMAC dio a conocer que la representante para México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Vanesa Coria, anunció que en noviembre de este año o febrero del próximo es probable que se realice una audiencia pública en San José, Costa Rica, en la que se tratará el tema de la violación de los derechos humanos en México.La activista criticó al gobierno federal: “En lo que va de la administración de Felipe Calderón, las violaciones a los derechos humanos que se han cometido se equiparan con las que se infligieron durante el pasado sexenio de Vicente Fox y están relacionadas, principalmente, con la militarización del país, cateos ilegales y la impunidad”.La agencia de CIMAC, comenta Velásquez, da seguimiento a temas que cuestionan o incomodan al gobierno, como la decisión de la Corte Interamericana en torno a la actitud de la administración calderonista respecto de las muertas de Juárez.Hasta la fecha, CIMAC ha documentado la muerte de tres mujeres en la sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz, la misma región donde falleció Ernestina Ascencio, de 73 años, por presunta violación cometida por militares.Se trata de Susana Xocua, Adelaida Amayo y Anastacia de Cruz Verde, indígenas de edad madura que fueron violadas y asesinadas por presuntos soldados y a las que no se les ha hecho justicia. Por el contrario, la procuraduría de dicha entidad sostiene que las causas de muerte de las señoras son “naturales” o de índole diversa.El organismo feminista se ha ocupado en revisar las acciones emprendidas por la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez, que encabezó Guadalupe Morfín, actual fiscal especial para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra). CIMAC afirma que esta fiscalía cuenta con recursos pero, sostiene, nadie sabe dónde opera.Son varios los asuntos controversiales de los que se ha ocupado la organización que preside Lucía Lagunes, entre éstos el de las violaciones sexuales contra 14 mujeres cometidas por soldados la madrugada del 11 de julio de 2006 en el municipio de Castaños, Coahuila; el seguimiento a una resolución que deberá emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la constitucionalidad de la ley que amplió las causales, además de la violación, para permitir que una mujer aborte; y, así mismo, ha denunciado la inacción de las autoridades ante la trata tolerada de personas en el país, sobre todo en contra de mujeres y niñas.La directora de CIMAC sostiene que desde que el PAN llegó a la Presidencia los espacios de investigación en materia de derechos humanos y defensa de las mujeres ha sufrido un retroceso, y añade que los proyectos de coinversión del Instituto Mexicano de Desarrollo Social (Indesol) han dado un viraje hacia la derecha, pues hoy benefician a organizaciones católicas y a misioneros.Ahora, precisa Lagunes, la política consiste en dar prioridad al apoyo económico a organizaciones conservadoras y de derecha, más por su orientación ideológica que por el valor de sus proyectos y propuestas.El actual gobierno, dice, ha llegado al extremo de poner bajo sospecha a organizaciones progresistas y democráticas que no le son gratas, al acusarlas de recibir financiamiento ilegal del exterior. Al respecto, señala que el PAN presentó en el Senado una iniciativa de “ley de cooperación” –que está siendo analizada por la Comisión de Puntos Constitucionales de este cuerpo legislativo– mediante la cual se busca limitar o impedir que las organizaciones sociales reciban financiamiento del extranjero. “Si esto ocurre, todos los organismos, salvo Provida, trabajaríamos en condiciones muy difíciles”, asegura. l

Mediación en riesgo

Gloria Leticia Díaz

Autor del libro La guerrilla recurrente, Carlos Montemayor considera que no cabe esperar mucho ni de la guerra contra el narcotráfico ni de la velada contrainsurgencia como opciones para pacificar al país, ya que, afirma, persistirá la principal causa de los levantamientos: la “injusticia institucionalizada que llamamos paz y estabilidad social”. Y en cuanto al papel de la Comisión de Mediación que busca contribuir a la presentación de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario, el escritor dice a Proceso: Tan pobre es la visión del gobierno sobre las causas de los movimientos armados que esta instancia se halla en riesgo de desaparecer.Después de poco más de tres meses de que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) solicitara la creación de la Comisión de Mediación –con el fin de localizar a dos líderes guerrilleros presuntamente retenidos por fuerzas gubernamentales–, ésta corre el riesgo de desaparecer por la falta de voluntad política de la administración de Felipe Calderón.El vocero de la comisión, el escritor Carlos Montemayor, advierte que ante las limitaciones que él y sus colegas han tenido en sus labores de mediación, plantearán al EPR y al gobierno federal si es factible proseguir los esfuerzos para localizar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 25 de mayo de 2007.“Los avances han sido mínimos –explica en entrevista el autor de La guerrilla recurrente–, pues los representantes gubernamentales con quienes nuestra comisión se ha estado entrevistando sólo se han reducido a un ofrecimiento de participación en expedientes procesales, y en ningún sentido a responder ni aclarar ni abundar en los tres documentos que les presentamos a ellos y que hicimos públicos el 13 de junio pasado.”En esos documentos, la Comisión de Mediación sistematizó las demandas y quejas interpuestas por los familiares de los eperristas desaparecidos en instancias federales y estatales, judiciales y de derechos humanos; la ausencia de resultados de las dependencias; consideraciones de derecho internacional sobre desaparición forzada de personas (incluyendo los casos de Reyes Amaya y Cruz Sánchez), y finalmente seis observaciones y preguntas al gobierno mexicano surgidas durante las indagaciones.En el documento Precisiones necesarias, uno de los tres que presentó la comisión el 13 de junio, se le cuestiona al subsecretario de Gobernación, Abraham González Uyeda, la reticencia del Ministerio Público Federal para integrar averiguaciones previas por la desaparición forzada de los eperristas, pese a que el delito de lesa humanidad está tipificado en la legislación mexicana.También se pide aclarar quién es Alejandro Punaro, de quien la comisión recibió informes iniciales en el sentido de que se ostentó en octubre como “representante” del presidente de la República ante los familiares de los desaparecidos, y también como representante del Ejército y del Cisen para ejercer “presiones” y realizar “detenciones arbitrarias” de personas que consideraba vinculadas al EPR.Los miembros de la Comisión de Mediación pidieron también a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que aclarara las actuaciones del entonces subsecretario, el general retirado Tomás Ángeles Dauahare, quien buscó canales de comunicación con la agrupación guerrillera por medio de integrantes de organismos civiles, así como la participación del Ejército en la detención de policías y peritos de la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca el 26 de abril de 2008.Más desaparicionesAutor también de las novelas Guerra en el paraíso y Las armas del alba, basadas en los movimientos guerrilleros rurales de Guerrero y Chihuahua de los años sesenta y setenta, Montemayor destaca que algunas de estas inquietudes fueron respondidas durante las indagaciones de los comisionados, entre las que destacan encuentros con el general Ángeles y con Punaro, exsubdirector de Terrorismo, Lavado de Dinero y Acopio de Armas de la Procuraduría General de la República (PGR), jubilado en esta institución desde 2005 y que actuó como intermediario del general Ángeles en la búsqueda de familiares de los eperristas desaparecidos, y de canales de comunicación informales con el EPR. El comisionado señala que pronto se darán a conocer dos documentos en los que se incluyen esas respuestas oficiales. En éstos, dice, se explicará a la opinión pública, al gobierno federal y al EPR “cuáles son los límites que la Comisión de Mediación está encontrando ante las numerosas pruebas de actuaciones en el asunto de los eperristas desaparecidos, las actuaciones del Ejército o de cuerpos policiales, más allá de los límites procesales que desde hace dos meses se nos ha ofrecido y se nos ha estado posponiendo como única señal de voluntad gubernamental.“Explicaremos en sendos documentos lo que hemos valorado de actuaciones del Ejército, de actuaciones policiales y de búsqueda de mecanismos informales para que tanto el EPR como el gobierno mexicano decidan y aclaren explícitamente si las tareas de mediación de la comisión deben continuar o suspenderse de manera temporal, o definitiva, hasta nuevas señales o avisos.”Montemayor explica que la comisión no tiene contacto directo con miembros del EPR ni con funcionarios del gobierno federal, y puntualiza: “El avance de las tareas de mediación sólo será posible por una demostración de voluntad política del gobierno mexicano más allá de lo procesal”, es decir, de que se facilite el acceso a las actuaciones ministeriales realizadas por la PGR en averiguaciones integradas por secuestro y no por desaparición forzada.A raíz de las indagaciones que ha realizado la comisión, dice a Proceso, se ha podido comprobar que los casos de Reyes Amaya y Cruz Sánchez no son los únicos crímenes de lesa humanidad cometidos recientemente en el estado: “Ahora que estuvo una parte de la comisión en Oaxaca se acercaron muchas personas, y tenemos información que necesitamos evaluar, pero que señala la desaparición de más personas.“Del caso de una persona que fue desaparecida y después liberada, hemos obtenido una información valiosísima sobre el modus operandi de los agentes policiacos o militares, de presión a familiares mientras van recibiendo y confirmando la información que obtuvieron torturando al desaparecido.”La “solución” militarYa en su libro La guerrilla recurrente, publicado en noviembre de 2007, Carlos Montemayor señalaba que la desaparición de los dos eperristas era “una clara operación de guerra sucia”. En ese volumen, el escritor recopiló ensayos y artículos en los que aborda aspectos específicos de la matanza del 2 de octubre de 1968 y de la actuación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). También hace una revisión de los servicios de inteligencia en México y estudia la militarización en el contexto de la seguridad hemisférica y de la concepción del terrorismo adoptada a partir del 11 de septiembre de 2001. Pero, sobre todo, analiza las guerrillas rurales del EZLN y el EPR, así como las estrategias del Ejército Mexicano para combatirlas.Al respecto, el escritor considera que entre los gobiernos del PRI y el PAN “no hay diferencias notables” en la forma de responder a los movimientos armados desde el punto de vista de “políticas de seguridad y de inteligencia”.Sin embargo, dice que con la llegada del PAN al poder en el 2000, se advierte “una discontinuidad en los equipos de inteligencia y seguridad”, que se traducen en la “pérdida gradual de la memoria, de contactos y de enlaces”.“Estoy seguro –reitera Montemayor– de que en las décadas anteriores había enlaces efectivos informales, o quizá formales, que permitían un seguimiento y un control de movimientos sociales, de movimientos de delincuencia y por supuesto de narcotráfico. Ahora esos enlaces no existen o son mínimos, pero no son imposibles.”En contraste con el ámbito civil, en el militar “las tareas de seguridad y de inteligencia se han concentrado en el Ejército, que constituye hasta hoy la línea de avanzada, sin ruptura o sin aparente ruptura en las últimas décadas”.Y aunque la recurrencia de las guerrillas rurales obedece a causas sociales que generan inconformidad, en la historia de México también es recurrente el agotamiento de canales de solución pacífica, así como las reacciones del Estado; por ejemplo, “creer que con la desaparición física de esos grupos se concluye o soluciona el conflicto social provocado por el alzamiento armado”.La represión generalizada e indiscriminada en comunidades enteras para socavar los movimientos rurales y su respaldo social, explica Montemayor, “deja secuelas en todas las familias de una región que asegura o facilita que en la siguiente generación tomen, con rencor o con justicia suficiente, otra vez las armas”.El ejemplo claro, agrega, es el EPR, que tiene como antecedentes el Partido de los Pobres (PDLP), el Partido Revolucionario Obrero Clandestino (PROC) y Unión del Pueblo (UP), después se formó el PROCUP y luego el PROCUP-PDLP. Apunta: “El EPR es la demostración más contundente de que los métodos de análisis políticos y militares del gobierno, y la estrategia de contrainsurgencia por lo menos en los últimos 40 años, son equivocados e insuficientes, ya no para comprender los alzamientos armados como procesos sociales, sino incluso en su propia naturaleza bélica”.La existencia misma del EPR “es una demostración concluyente de que las condiciones sociales que privan en el sur de México, por referirme a los estados donde se encuentran las bases principales, siguen siendo las mismas; además, su continuidad es una evidencia de que hay cambios de contingentes y dirigentes por generaciones”.Montemayor resalta que la expansión de fuerzas militares en el país “en un aparente combate total contra el crimen organizado, tiende una cortina de opacidad sobre las actividades y alcances reales del Ejército en zonas rurales, donde el conflicto social, extrema pobreza o extrema injusticia social es mayor”.En Chiapas, en donde el EZLN tiene bases sociales, así como en Oaxaca y Guerrero, donde las tiene el EPR, “es muy posible que gran parte de las tareas del Ejército Mexicano, además de enfocarlas a la lucha contra el narcotráfico, estén escudándose con ese pretexto para continuar una lucha de socavamiento social para movimientos populares armados o de posible descontento social”.De ser así, agrega, se estaría recurriendo a “la estrategia militar de confundir el núcleo armado con la totalidad del movimiento de insurrección. Es un error que se revela como tal en muchos momentos y que obliga a los gobiernos y a los ejércitos a dos métodos alternos a la sola represión militar”.Esos métodos son la implantación de proyectos de desarrollo social “supeditados a la evolución de la estrategia militar” y la creación de grupos paramilitares “en comunidades dóciles a los gobiernos federal o regionales, para que actúen como presión en las comunidades o regiones de inconformidad social que protegen, o son susceptibles de proteger, a movimientos armados”.Montemayor considera que la “aparente militarización” que implica la participación de las tropas en el combate al narcotráfico es un reflejo de “la incapacidad del gobierno mexicano para controlar el crimen organizado, así como la incapacidad política de los gobiernos mexicanos para organizar, controlar y conservar cuerpos policiales fortalecidos y cohesionados”.Puntualiza que actualmente diversas actividades militares “son encubiertas o son riesgosas para el Ejército mismo; además de los servicios de inteligencia, de seguridad para el Ejército, están arriesgando cada vez más el desarrollo de una sociedad rural, y lentamente (también el) de una sociedad urbana cada vez más polarizada, cada vez más empobrecida y a futuro menos controlable”.En La guerrilla recurrente, Montemayor reflexiona acerca de la pobre visión de los servicios de inteligencia mexicanos sobre las guerrillas, que “reduce el análisis de los movimientos subversivos a un mecanismo simple: evaluarlos por su capacidad de fuego, no por su significación política”.“La guerrilla es siempre un fenómeno social” –dice en uno de los textos de ese libro–, y en el momento en que se elimina esa consideración en los análisis gubernamentales, “se reduce su respuesta a medidas de represión selectiva o desbordada”.Montemayor recuerda que antes de que surja una guerrilla, hay “una violencia previa, una violencia política y económica que debilita, empobrece y confronta a la sociedad”.Por eso, advierte, no bastan las medidas militares: “Con la hipotética desaparición de los grupos guerrilleros no desaparecerían las necesidades sociales y políticas de México, ni la pobreza y la corrupción, que son en sí mismas la base de la injusticia permanente e institucionalizada que llamamos paz y estabilidad social”. l

Todos critican, pero nadie ayuda

Rosalía Vergara

Al igual que el de los medicamentos, el de la discriminación a los enfermos de sida es uno de los problemas más graves que requieren atención inmediata, según expusieron de manera recurrente los asistentes a la XVII Conferencia Internacional sobre el Sida, que se realizó la semana pasada en la Ciudad de México.Jorge Saavedra, director del Conasida, asegura que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un listado de más de 800 quejas por discriminación y violaciones a los derechos humanos, una cifra alarmante si se considera que ese listado es sólo “la punta del iceberg”, pues únicamente revela los casos documentados.Según él, la mayor parte de las personas infectadas por el VIH-sida son muy cuidadosas y se rehúsan a decir abiertamente que están viviendo con ese virus. En muchos casos, dice, el problema se recrudece cuando los enfermos son homosexuales y se ven obligados a revelar su preferencia sexual. Lo paradójico del caso es que, arguye, aun cuando la gente suele quejarse de que las personas portadoras del VIH son muy demandantes, no se atreve a denunciar la discriminación de que éstas son objeto. Y en el ámbito laboral este asunto ni siquiera se aborda, dice.A los enfermos con VIH se les estigmatiza como “sidosos” y se les discrimina lo mismo en su trabajo que en los centros educativos, donde incluso ha habido casos de expulsiones; en las clínicas y hospitales, donde algunos médicos o enfermeras se niegan a revisarlos o darles la atención que requieren.Saavedra resalta que el fenómeno de la discriminación no es exclusivo de México, por lo que insta a los gobiernos de todo el mundo, en particular de nuestro país, a realizar modificaciones a la ley para que se sancione por lo menos administrativamente a los funcionarios que discriminen a alguien por ser portador del VIH o por tener preferencias sexuales diferentes.El director del Conasida, fundador también de la primera clínica de Atención Ambulatoria de Sida en México, comenta que si bien hay campañas contra la discriminación, falta mucho para erradicar el estigma hacia personas con VIH, entre las que se incluyen los 2.1 millones de niños infectados en todo el mundo.Este sector de la población estuvo representado también en los debates de la XVII Conferencia Internacional sobre el Sida, que concluyó el viernes 8. Ahí se presentó el libro Y ni siquiera lloré, que narra la historia de 13 menores que viven con la enfermedad y la forma en que han sido discriminados, sobre todo en la escuela.El volumen fue promovido por la Comunidad Internacional de Mujeres (International Community of Women, ICW Latina), formada en 1992 durante el Primer Encuentro sobre VIH en Ámsterdam. Esta organización cuenta con el apoyo de la UNICEF y ONUSIDA, y es patrocinada por la Fundación Ford.México forma parte de ICW Latina, cuya presidenta es Patricia Pérez, quien incluso ha sido postulada para el Premio Nobel de la Paz por impulsar la campaña Más paz, menos sida. En Y ni siquiera lloré se incluye la historia de una niña chiapaneca que fue discriminada por portar el virus. Se llama Rosario y tiene 13 años. Al inicio de su relato ella cuenta que su primer viaje en avión lo hizo a la Ciudad de México, donde la esperaba un doctor para atenderla de una enfermedad que ni ella ni su padre adoptivo conocían y que resultó ser el VIH.Expone también que su madre murió cuando era pequeña y que hoy vive con su abuela, a quien le dice “mamá”. Su padre también falleció, pero fue adoptada por “Arturo”, quien la cuida y la lleva a pasear todos los domingos. Y confiesa que sus mejores amigas no saben que es portadora de ese virus.Según Rosario, comenzó a enfermarse cuando tenía dos años, pero su madre biológica no supo qué tenía, hasta que se lo dijo un doctor. Fue entonces cuando comenzó la discriminación en su pueblo. Años después, cuando la inscribieron en la escuela, comenzó a enfermarse, y a pesar de que los maestros no sabían la causa le decían que no era necesario que estudiara, si de todas formas se iba a morir. Dejó de ir a la escuela tres años.
Cifras de miedo
La directora general adjunta de Quejas y Recomendaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Vilma Ramírez Santiago, asegura que esta dependencia tiene reportadas 127 quejas y reclamaciones de personas que viven con VIH y han sufrido algún tipo de discriminación. En esa estadística no se incluyen las 18 denuncias laborales contra servidores públicos ni otras 34 quejas interpuestas por empleados seropositivos contra sus jefes y compañeros por intimidación en sus centros de trabajo, aclara la funcionaria.En entrevista con Proceso, Vilma Ramírez Santiago explica que la discriminación se presenta a nivel público y privado, por los estigmas sociales y los mitos que todavía persisten sobre el VIH. Incluso todavía hoy se pide la prueba de VIH a quien solicita un empleo; si resulta positivo, no se le contrata y “eso es una violación a las normas oficiales mexicanas que impiden que dicha prueba sea requisito para obtener un empleo”, dice.El presidente de la compañía Bristol-Mayer, Luciano Silvert, dice en entrevista que los empresarios están conscientes de esta discriminación hacia los enfermos de sida, por lo cual conformaron desde 2004 el Consejo Nacional Empresarial sobre Sida (Conaes), del que ahora él es presidente.Este consejo está conformado por más de 20 compañías extranjeras y su propósito es “erradicar el estigma y la discriminación asociadas al VIH-sida en el lugar de trabajo. Así mismo, cuenta con el apoyo de la consultoría Impulso, cuyos integrantes se encargan de diseñar políticas laborales contra la discriminación, y Constella Group, que brinda asesoría técnica al consejo.
Historias de discriminación
Hilda Esquivel tiene 42 años y vive en Monterrey, Nuevo León. Es enfermera y comenzó a laborar como eventual en 1995 en la clínica 17 del IMSS en aquella entidad.Cuenta que, por accidente, en 1998 se contagió del VIH. “Un día –dice–, un paciente infectado comenzó a sangrar abundantemente; intenté controlarle la hemorragia pero su sangre me bañó las manos y el virus entró en mi organismo por una pequeña herida. Pensé que no me había infectado”. Sin embargo, tras someterse a la prueba ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Asssay), Hilda se enteró de que había sido contagiada.En entrevista telefónica desde Monterrey, dice que tres meses después del incidente le entregaron los resultados. Apenas lo supo, notó que sus compañeros de trabajo comenzaron a discriminarla. “Todo el mundo me volteaba a ver con susto”, afirma.Como sólo tenía tres años de antigüedad laboral la pensionaron. Al principio, dice, le daban 600 pesos mensuales, luego le aumentaron a mil 400 pesos, pero no le alcanzan para vivir. Le consuela, dice, ser aún derechohabiente del IMSS.Otro caso es el de Yssel Reyes Delgado, quien recientemente fue despedido como asesor del Grupo Financiero HSBC. Su vía crucis comenzó en septiembre de 2007. Se dirigía a sus oficinas en un taxi cuando éste chocó con otro vehículo. El accidente le provocó varias lesiones en la columna vertebral que lo dejaron incapacitado por varios meses, dice.Pero las cosas se agravaron realmente cuando los estudios médicos revelaron que Yssel era seropositivo. Cuando sus compañeros de trabajo se enteraron comenzaron a hostilizado y después vino el despido.Tenía 14 años de laborar en el corporativo bancario, relata, y las autoridades le inventaron abandono de empleo, pero él sostiene que en realidad lo despidieron por su enfermedad. Esta situación lo llevó a interponer una querella ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la que demandó al director de Medi Access, S.A. de C.V., Jorge Gurza, así como a las empresas HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple; Grupo Financiero HSBC, S.A. de C.V.; Afore HSBC, S.A. de C.V.; INMX Comercialización, S.A. de C.V.; INMX Servicios, S.A. de C.V., así como de todas sus filiales, subsidiarias y compañías externas.Además, Yssel interpuso una queja ante el Conapred, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-sida (Censida), así como ante las secretarías de Salud, Gobernación y de Trabajo y Previsión Social, y asegura que acudirá a organismos internacionales si sus expatrones no lo indemnizan. l

Loma de Mejía, otro ecocidio

Javier Sicilia

Durante los últimos años, en nombre de la inversión y el desarrollo –esas palabras que todos pronuncian como sucedáneas de la salvación–, los gobiernos del país han ocasionado más ecocidios, más despojos de vida común y más falta de sanidad que todos los siglos que antecedieron a la modernización del país. A la ya larga y cada vez más profunda hecatombe ecológica del Distrito Federal y sus zonas conurbadas, se suman la destrucción del Casino de la Selva, en Cuernavaca; la del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí; los despojos y contaminaciones de playas en varios tramos de los litorales de México… Ahora, dos nuevos ecocidios se anuncian: la construcción de la autopista Lerma-Tres Marías –que, además de continuar la destrucción de la vida campesina, golpeará de manera irreversible dos áreas naturales protegidas: las ciénagas de Lerma y el corredor biológico Chichinautzin, donde se encuentra el Gran Bosque de Agua, que captura el líquido que consumimos 35 millones de mexicanos en Morelos, Estado de México y el DF–, así como el relleno sanitario que el gobierno de Morelos y la compañía PACSA han comenzado a construir en Loma de Mejía, municipio de Temixco.El problema de la basura es grave en Morelos. La incultura de sus ciudadanos que desconocen el reciclaje, la ausencia de programas gubernamentales para generar esa cultura y la corrupción de sus gobiernos anteriores generaron un grave problema que el año pasado puso en peligro la salud de Cuernavaca: cerros de basura inundaron la ciudad durante semanas.Los gobiernos panistas de Marco Antonio Adame y Jesús Giles enfrentaron el problema enviando, a un alto costo económico, la basura de Cuernavaca al Estado de México, y proponiendo la construcción de un relleno sanitario.Nadie niega la necesidad de un relleno, siempre y cuando se realice en el sitio propicio y vaya acompañado de una fuerte campaña para generar una cultura de reciclaje –los rellenos sanitarios son buenos cuando se deposita en ellos sólo el 10% de los desperdicios recogidos y se recicla el otro 90%: basura orgánica, vidrio, papel, cartón y metal. Por desgracia, el que se ha iniciado en Loma de Mejía está en el sitio equivocado y no va acompañado de esa cultura del reciclaje que tanto necesitan Morelos y el país.Loma de Mejía –como lo han demostrado 30 científicos (entre ellos José Sarukhán) que estudiaron el documento Manifestación de Impacto Ambiental del Relleno Sanitario Loma de Mejía (MIA-RSLM) realizado por el CEAMA y PACSA, y como lo han reiterado 300 científicos más en una carta enviada al gobernador y al presidente municipal que no ha recibido respuesta– es un espacio poco propicio para un relleno sanitario. Contra todo lo que señala la norma 083 de Semarnat (NOM-83-Semarnat-2003), Loma de Mejía, situada en el ejido de San Antón, a mil 532 metros sobre el nivel del mar, tiene un suelo de areniscas cuya permeabilidad es muy alta (2.83 cm/s); se encuentra aguas arriba de pozos que abastecen a más de 100 mil habitantes del municipio de Temixco, y a 60 metros de profundidad se halla un importante acuífero. En este sentido, Loma de Mejía es lo que se llama un abanico aluvial con barrancas, es decir, un área de recarga y descarga importante de agua, una “zona de trasmisión” sobre la que se depositarán 100 toneladas de basura diaria; un lugar de alto riesgo tecnológico, cuyo relleno sanitario pondrá en peligro no sólo la salud de grandes poblaciones, sino la vida de especies de fauna endémicas como la carpita morelense, el cangrejito barranqueño y 139 especies de flora que viven en las barrancas de la Tilapeña y la Colorada –hasta ahora dos de las barrancas mejor conservadas de la zona.¿Por qué frente a este ecocidio científicamente anunciado, y habiéndose detectado 12 áreas más adecuadas para el relleno –de arcillas poco permeables–, Jesús Giles y Marco Antonio Adame se empeñan en rellenar Loma de Mejía? ¿Por qué se niegan a un debate público con los expertos y la ciudadanía para buscar una alternativa y un programa de reciclado de la basura? ¿Por qué frente a la oposición ciudadana a ese relleno la respuesta no sólo ha sido la cerrazón, sino la brutal golpiza por supuestos agentes de la AFI a Cristóbal Martínez Robles, ayudante municipal de Lomas de San Antón, atentado que aún no ha sido esclarecido?Las respuestas son múltiples y lugares comunes en la política nacional –corrupción, traición a los principios democráticos, ceguera política, prisa frente a las elecciones que se avecinan para ganar posiciones–, que pueden sintetizarse en la palabra estupidez, esa estupidez que mezcla política con pragmatismo social y termina por destruir el bien común y embargar la vida de las generaciones futuras. Sin embargo, aún es tiempo de elegir entre el pragmatismo desarrollista y la verdadera política, más modesta pero menos ruinosa. De esa elección dependerá no sólo una buena parte de la salud ambiental de Morelos, sino la salvación del alma de sus dirigentes, cuyo cristianismo han puesto en entredicho.Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.

Alerta EU sobre riesgos de viajar a México

El documento es una especie de radiografía de la situación social y económica del país

j. jesús esquivel

WASHINGTON, 13 de agosto (apro).- El gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia a sus ciudadanos sobre la “gran problemática” que enfrenta México, en materia de seguridad pública, principalmente en el Distrito Federal, los principales destinos turísticos y la frontera norte del país.“Los secuestros --incluidos los cometidos contra extranjeros-- continúan dándose a niveles alarmantes. Los llamados secuestros exprés, que es un intento por obtener rápidamente dinero en efectivo por la liberación de una persona, han ocurrido en casi todas las ciudades más grandes de México y parece que los secuestros no sólo se concentran en personas adineradas, sino también en las de clase media”, destaca el Departamento de Estado.En un documento difundido este miércoles con el título “datos específicos de México”, que es una especie de radiografía de la situación social y económica del país, para los estadunidenses que pretendan viajar al territorio mexicano, subraya que “el secuestro se ha convertido en un negocio lucrativo”Prosigue el texto que contiene varias de las advertencias hechas por el Departamento de Estado apenas el pasado 6 de agosto:“Una extorsión común en todo México es el secuestro telefónico con una metodología similar a la del secuestro”.El documento del gobierno estadunidense recomienda a sus conciudadanos, así mismo, que siempre que visiten México viajen con el número telefónico del consulado más cercano a la ciudad que estén visitando, pero antepone que entre las ciudades más afectadas por el crimen están Acapulco, Distrito Federal, Cancún, Cabo San Lucas, Mazatlán y todas las de la frontera norte de México.De la capital mexicana, el documento del Departamento de Estado subraya específicamente que “los crímenes más frecuentemente reportados son los que involucran a turistas, los robos en los taxis, robo a mano armada, hurto de carteras y de bolsas de mujer”.La radiografía sobre la criminalidad en la capital mexicana hace una anotación importante: “En varios casos los turistas han denunciado que han sido víctimas del crimen perpetrado por hombres uniformados (policías) que detienen los vehículos para sacarles dinero a sus tripulantes; o robando a los extranjeros que se atreven a caminar por las noches en las calles de la capital mexicana.”El nuevo documento actualizado por el Departamento de Estado, no es la advertencia que lanza constantemente a los estadunidenses que viajan a México, la cual será emitida el próximo 15 de octubre.“Las autoridades mexicanas han fracasado en perseguir judicialmente a numerosos crímenes que se han cometido en contra de ciudadanos de Estados Unidos, incluyendo casos de asesinato y secuestro”, añade el documento del Departamento de Estado.Sobre las ciudades del norte de México que colindan con el territorio estadunidense, señala que éstas están “plagadas del problema del narcotráfico y del crimen organizado”, razón por la cual anota que el gobierno del presidente Felipe Calderón, lanzó un amplio despliegue de soldados para realizar labores policiales.

Se rebelan viudas de Pasta de Conchos

Amenazaron hoy con ingresar al yacimiento donde quedaron enterrados los restos de sus esposos

de la redacción

MÉXICO, D.F., 13 de agosto (apro).- Las viudas de los trabajadores que pedieron la vida en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, amenazaron hoy con ingresar al yacimiento donde quedaron enterrados los restos de sus esposos el 19 de febrero de 2006.En conferencia de prensa en las instalaciones del sindicato minero, Rosa María Mejía Rivera, Claudia Maricela Escobar Pachecho, Elizabeth Castillo Rábago y Tomasita Martínez Almaguer afirmaron que entrarán al socavón si en 90 días no hay una respuesta de Grupo México y de las autoridades del estado para liberar los cuerpos de los 63 mineros que aún permanecen sepultados.Las cuatro mujeres anotaron que hay condiciones para ingresar a la mina y es falso que haya gas, como aseguran las autoridades federales, estatales y municipales. "Ya estamos hartas de que Grupo México y las autoridades nos tengan dando vueltas durante dos años y medio y siempre salgan con evasivas para no asumir su responsabilidad", apuntaron. Luego de señalar que el consorcio propiedad de Germán Larrea "no les ha dado nada de lo que prometió a cada una de las viudas", insistieron que lo único que quieren “es que nuestros esposos tengan cristiana sepultura y no estén allí abandonados en el fondo de la mina". En tanto, Carlos Pavón Campos, secretario de asuntos políticos del sindicato, secundó a las esposas de los mineros atrapados al señalar que la organización gremial exige “el rescate ineludible de los 63 cuerpos”, además del pago y una indemnización digna y justa (1.5 millones de pesos) a cada una de las viudas y familias de esos trabajadores, así como la entrega de una casa y becas para sus hijos. Así mismo, pidió una investigación y castigo a los responsables de la tragedia, originada por la negligencia e irresponsabilidad de Grupo México. El dirigente sindical expresó que el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, "ya abandonó por completo a las viudas de Pasta de Conchos, prueba de ello es que ni siquiera las recibe", pero “sí recibe” a Alonso Ancira Elizondo, de Altos Hornos de México.

“Oportunismo político”, detrás de propuestas antisecuestro

pedro matías

OAXACA, Oax., 13 de agosto (apro).- El excoordinador nacional del programa Limpiemos México, Iván Corro Labra, consideró hoy aquí que hay un “oportunismo político” detrás de las propuestas para endurecer las penas relacionadas con el delito de secuestro.Lo pertinente, sostuvo el también director general de la Consultoría de Seguridad Comunitaria, es detener y procesar a los delincuentes, y ejemplificó con el caso de Oaxaca, en que de cada 100 averiguaciones sólo 22 terminan en sentencia condenatoria.El exsecretario de Protección Ciudadana en el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano planteó se adopte un mecanismo de “seguridad comunitaria”, en el que participe toda la ciudadanía. Y recordó que ese trabajo de coordinación se aplicó en la zona metropolitana de Monterrey y en el estado de Morelos.En el marco de la presentación del Atlas de Inseguridad 1998-2007, Corro Labra subrayó que cada año en la entidad se denuncian un promedio de 29 secuestros y se cometen 120 mil delitos.Para el caso de Oaxaca, comentó, las cifras indican que retrocedió cinco lugares en el rubro de incidencia delictiva. Es decir, a la entidad se le consideraba hasta 1998 como el segundo estado más seguro del país, sólo detrás de Zacatecas.Aclaró que el hecho de que Oaxaca ocupe ahora el séptimo lugar en seguridad, no quiere decir que la delincuencia retrocediera en otros estados, sino que en la entidad se incrementó la incidencia delictiva.Lo preocupante, abundó, es que mientras la delincuencia ha sofisticado sus métodos, al grado que ya empieza a utilizar autos-bomba o armamento capaz de perforar las paredes de una vivienda, las autoridades todavía discuten si los policías pueden cargar arma corta o larga y otros se quedan sin cartuchos o gasolina.Sin embargo, se quejó de la apatía de las autoridades y señaló que de los 6 mil millones de pesos que se destinaron este año en materia de seguridad pública, sólo 1.5 % se canalizó a la prevención del delito en el país, mientras que a Oaxaca “no le invirtieron un solo quinto”.Lo más grave, insistió, es que se siguen presentando casos como el que protagonizó el exsecretario de Protección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos, quien se opuso a realizar operativos conjuntos con la Policía Federal con el argumento de que desconfiaba de esa corporación.Y en el peor de los escenarios, finalizó, las autoridades prefieren invertir en vehículos y equipamiento, sin embargo, ya quedó demostrado que los patrullajes no resuelven los casos de inseguridad.

Exige ONG despenalizar el aborto en todo el país

de la redacción

MÉXICO, D.F., 13 de agosto (apro).- La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (RSR) exigió hoy al gobierno de Felipe Calderón implementar políticas públicas para prevenir los embarazos no deseados o para interrumpirlos, cuando sea necesario, en condiciones seguras, legales e higiénicas.Durante una manifestación en la Plaza de la Constitución, donde expresaron su apoyo a las reformas legales aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que autoriza la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, los integrantes de la RSR exigieron que el aborto sea legalizado en todo el país."Miles de mujeres han puesto en peligro su vida por interrumpir embarazos no deseados en condiciones insalubres", señaló Leticia Cuevas, coordinadora ejecutiva de la RSR.Afirmó que la despenalización del aborto en su totalidad es un tema de “justicia social” porque las mujeres con menos recursos son las que siempre han puesto en peligro su vida.Cuevas recordó que a finales de agosto se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie respecto a la constitucionalidad de las reformas aprobadas por la ALDF para legalizar el aborto en la capital del país; y confió en que falle a favor de la constitucionalidad de las mismas.Durante la manifestación, los integrantes de la RSR realizaron un performance sobre los embarazos no deseados y colocaron en la explanada del Zócalo ocho mil fotografías de mujeres para simbolizar a las personas que se han beneficiado en el Distrito Federal con la legalización del aborto en la capital del país.Cuevas dijo que al menos unas 11 mil mujeres han interrumpido legalmente su embarazo desde que se aprobaron las reformas en el Distrito Federal, y sólo una ha fallecido –una niña de 15 años de edad."Esta ley ha permitido que miles de mujeres decidan el rumbo de sus vidas, rompiendo el esquema de la maternidad impuesta", dijo.

Genocidio, un crimen de la indiferencia mundial

lucía luna

(Segunda y última parte)MEXICO, D.F., 11 de agosto (apro).- Cuando en pleno exterminio nazi de los judíos, en 1944, se acuñó el término genocidio y, cuatro años después, la Organización de Naciones Unidas lo tipificó como un delito internacional, el siglo XX ya había sido testigo del asesinato colectivo de dos pueblos: un millón 500 mil armenios sucumbieron entre 1915 y 1918 ante el nacionalismo turco, y 7 millones de ucranianos murieron de hambre entre 1932 y 1993, por desafiar al régimen centralista de Josef Stalin.Pero más allá de la falta de tipificación legal, la inacción de las potencias que hubieran podido detener estos crímenes masivos, propició que se gestara un nuevo y atroz episodio. Según Philip Gavin, profesor de la Universidad de Boston y autor del libro Genocidio en el siglo XX, hubo “alguien” que tomó nota puntual del abandono de los Aliados. En 1939, cuando Adolfo Hitler ordenó a sus generales invadir Polonia, les dijo que mataran sin piedad a todos los hombres, mujeres y niños de raza polaca, para ganar el espacio vital que requerían los alemanes. Y recordó: “¿Quién habla hoy en día todavía de los armenios?”.Lo que ocurrió después no necesita recordatorio. Cabría quizá destacar, que aunque la persecusión sistemática de los judíos se inició desde que se crearon los primeros guetos en Polonia, y a todos se les sometió a control conforme las tropas alemanas avanzaban sobre Europa, no fue sino hasta 1941 cuando se decretó la “solución final”, que la aniquilación se tornó masiva y funcionaron los campos de exterminio.Los nazis pretendieron mantener esto en secreto, pero los rumores y algunos testimonios directos muy pronto empezaron a filtrarse. En 1942, The New York Times reportaba ya que por lo menos un millón de judíos había sido ejecutado. Ese mismo año, el Congreso Mundial Judío recibió información confidencial del plan de exterminio nazi y la transmitió a Washington y Londres. Ambos países se abocaron al problema de los refugiados procedentes de los países ocupados, pero no hicieron nada para frenar la matanza. La posición de Estados Unidos y sus aliados era que la mejor manera de detener las atrocidades nazis, era derrotar militarmente a Alemania lo más pronto posible. El Vaticano también estuvo al tanto de lo que sucedía, pero el Papa Pío XII optó todo el tiempo por guardar silencio. Y hasta la Cruz Roja fue manipulada. Así, la mayor parte de la resistencia fue llevada a cabo por los propios judíos o heróicos personajes aislados que desafiaron a los nazis.No fue sino hasta que las tropas soviéticas y los Aliados fueron avanzando sobre Alemania (1944), que el exterminio cesó gradualmente sobre el terreno. Al término, se calculó que 6 millones de judíos, gitanos, minusválidos, prisioneros de guerra y otros grupos minoritarios habían sido sacrificados en los campos de concentración, sin contar los que murieron en otras circunstancias.Los Juicios de Nuremberg imputaron a 22 altos mandos nazis de crímenes de guerra y contra la humanidad (Hitler murió en su búnker), pero muchos otros lograron evadirse y, hasta hoy, se desconoce su paradero.
Atrocidades
Durante la Segunda Guerra Mundial, otro episodio en Asia fue calificado a posteriori como genocidio. En diciembre de 1937 el Ejército Imperial japonés tomó la ciudad china de Nanking, y mató a 300 mil de los 600 mil civiles y militares que había ahí, en una carnicería ininterrumpida que duró seis semanas.Los japoneses masacraron primero a los 90 mil soldados chinos que se habían rendido, humillándolos y torturándolos. Después, procedieron a la violación y el asesinato masivo de mujeres, reservándose a las más jóvenes y bonitas como esclavas sexuales. Y, finalmente, la matanza se extendió a toda la ciudad. Los reportes de prensa que aparecieron en Japón, celebraron el triunfo de sus tropas y exhibieron sin pudor imágenes de las atrocidades. En Estados Unidos, el New York Times, TIME y el Reader’s Digest también publicaron notas, pero la opinión pública las recibió con escepticismo, mientras que el gobierno, preocupado por el avance del nacionalsocialismo en Europa, no hizo gran cosa. Al término de la guerra se instituyó un Tribunal Penal Internacional para el Lejano Oriente, que abordó el caso, pero de manera insuficiente. También fue muy criticado por su unilateralismo, ya que sólo juzgó a los países del Eje y dejó fuera los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, que entraban en la categoría de crímenes de lesa humanidad. El “rapto de Nanking” sigue ensombreciendo las relaciones entre China y Japón, pese a que Tokio en los últimos años ha intentado algunas disculpas.Aunque no está considerado como genocidio, porque no fue dirigido contra un grupo en particular, al igual que la Unión Soviética con Stalin, China tuvo su propia cuota masiva de víctimas con Mao. A fines de los años 50, las delirantes políticas de agrarización e industrialización del llamado “Gran Salto Adelante” provocaron una hambruna que, según las fuentes, pudo haber causado entre 14 millones y 40 millones de muertos. Las purgas de la “Revolución Cultural”, habrían provocado otro medio millón más de muertos. Veinte años después (1975-1978), en Camboya, otro intento similar por parte del líder del Khmer Rojo, Pol Pot, derivó en la muerte de por lo menos el 25 por ciento de la población, aunque otras cifras suben hasta un tercio.Luego de renombrar al país como República Democrática de Kampuchea, Pol Pot llevó a cabo una “purificación” del capitalismo: eliminó todas las influencias externas, expulsó a los extranjeros, cerró las embajadas y rechazó la ayuda exterior. Periódicos, radio y televisión callaron; el correo y el teléfono fueron intervenidos; la propiedad privada y los servicios públicos eliminados; el dinero y la religión abolidos, y la patria potestad sobre los hijos revocada.Cerrado al mundo, el régimen comunista procedió a la evacuación forzada de los habitantes de las ciudades al campo. Muchos murieron en los traslados y otros de hambre, agotamiento, enfermedades y maltratos en los campos de cultivo donde se les concentró como trabajadores esclavos. Además, en todo el país se realizaron purgas contra quien mostrara el más mínimo disenso o, simplemente, perteneciera a la “vieja sociedad”. También fueron atacadas las minorías china, vietnamita y musulmana.La cifra total de muertos, encontrados en impresionantes fosas masivas, osciló entre 2 y 3 millones. Pese a la filtración de información, la comunidad internacional no intervino para nada. Sólo hasta que en 1978 Vietnam invadió Camboya para defenderse de los constantes ataques fronterizos y expulsar al Khmer Rojo del poder, cesó el genocidio. 20 años después, Pol Pot murió de un ataque al corazón, luego de ser arrestado para llevarlo ante un tribunal internacional.Más recientemente, en Ruanda, se dio una de las matanzas interétnicas más vertiginosas y masivas de que se tenga registro. A partir del 6 de abril de 1994 y en los siguientes 100 días, 800 mil tutsis y hutus moderados fueron asesinados por extremistas hutus, a un promedio de 10 mil personas diarias.En 1990 se había firmado un acuerdo para que la mayoría hutu y la dominante minoría tutsi, compartieran el poder en Ruanda, pero tres años después las tensiones étnicas volvieron a escalar con el asesinato del primer presidente hutu en la vecina Burundi. La violencia estalló cuando el avión en que viajaban el presidente ruandés, Juvenal Habyarimana, y el nuevo de Burundi, Cyprien Ntaryamira, ambos hutus, fue derribado por el Frente Patriótico Ruandés, controlado por los tutsis.En venganza, extremistas atacaron a hutus moderados y líderes tutsis. Luego, las matanzas se extendieron por todo el país, utilizando como armas toda clase de instrumentos, como machetes, hachas, azadones, palos o lo que hubiera a la mano. Muchas víctimas fueron cercadas y quemadas vivas, y los asesinos no respetaron como refugio ni iglesias ni hospitales, donde se cometieron algunas de las peores masacres.La pequeña fuerza de paz de la ONU rápidamente fue rebasada e, inclusive, algunos de sus miembros capturados y asesinados. Entonces, Estados Unidos, Francia, Bélgica e Italia empezaron a evacuar a su personal, pero no hicieron nada por proteger a los locales, que quedaron abandonados a su suerte.En Naciones Unidas, las matanzas fueron calificadas como una ruptura del cese el fuego entre hutus y tutsis. Tanto el organismo como Estados Unidos evitaron cuidadosamente hablar de genocidio, lo que hubiera requerido de una intervención militar de urgencia. Por el contrario, al agravarse la crisis, el Consejo de Seguridad votó unánimemente por el retiro de las fuerzas de paz, dejando atrás a apenas 200 elementos. Con la vía libre, las milicias hutus procedieron al aniquilamiento sistemático, apoyadas por amplios sectores incitados por el odio étnico. Al mes, los medios ya hablaban de genocidio. Presionada por la opinión pública, la ONU votó entonces por devolver 5 mil soldados a Ruanda, pero como no fijó un calendario, nunca llegaron para detener la carnicería. Ésta terminó cuando rebeldes tutsis de los países vecinos entraron y derrotaron a las milicias hutus. Para entonces, 11 por ciento de una población de 7 millones 200 mil habitantes había sido aniquilada. A fines del mismo 1994 se creó un Tribunal Penal Internacional ad hoc, que constituyó un hito al emitir la primera condena mundial por genocidio y reconocer la violencia sexual como parte de éste. En 1998, cuando viajó a Africa, el presidente estadunidense Bill Clinton pidió tardías disculpas por la inacción internacional.Actualmente hay un escenario similar en la provincia sudanesa de Darfur. En ese país que vive una guerra civil intermitente entre el norte musulmán y el sur cristiano y animista, desde 2003 se desarrolla un nuevo conflicto entre grupos rebeldes y el gobierno central, en medio del cual ha quedado atrapada la población civil. El modus operandi es el mismo: asesinatos masivos, desapariciones forzadas, destrucción de poblados, saqueos, violaciones sexuales y desplazamientos forzosos. Las cifras al día de hoy ascienden a 150 mil muertos y 2 millones 500 mil desplazados internos, más otro medio millón en el vecino Chad. Ante las denuncias de la prensa y organismos humanitarios, en 2005 el Consejo de Seguridad de la ONU formó una comisión para estudiar los hechos en Darfur. Rigurosa, ésta concluyó que no se tipificaba el genocidio, porque la violencia no estaba dirigida contra un grupo específico; pero sí crímenes de lesa humanidad, que deberían ser juzgados por la Corte Penal Internacional.En fechas recientes, el fiscal general de la CPI, Luis Moreno Ocampo, acusó al presidente sudanés Omar al Bashir de genocidio y crímenes de guerra. Su delito: respaldar a las milicias janjaweed, las principales acusadas de cometer violaciones contra los derechos humanos. El mandatario señala a los rebeldes como responsables.Paradójicamente, la Unión Africana, la Unión Europea, Estados Unidos y la propia ONU, todos consideraron esta acusación como una amenaza al proceso de paz en Sudán. Inclusive, la misión conjunta estacionada en Darfur, anunció la evacucación de su personal no esencial, ante posibles represalias de fuerzas que apoyan al presidente, aunque dijo que mantendría a sus soldados.Así, mientras la comunidad internacional se debate otra vez entre tecnicismos y consideraciones políticas, como en Armenia, Ucrania, Nanking, Alemania, Camboya, Ruanda y la exYugoslavia, en el terreno la población civil de Darfur sigue sufriendo y muriendo.

El Rey cree que manda, no?

Pide Bush a Rusia acatar el cese al fuego con Georgia

j. jesús esquivel

WASHINGTON, 13 de agosto (apro).- El presidente estadunidense, George W. Bush, pidió al gobierno de Rusia acatar el cese al fuego con Georgia, anunció el envío de ayuda humanitaria a ese país e instruyó a su secretaria de Estado, Condoleezza Rice, a viajar a París y Tbilisi en misión mediadora. Horas después de que su homólogo de Georgia, Mikhel Saakashvili, denunció que Rusia no sólo había violado el cese al fuego, sino que incluso mantenía intenciones de invadir a la nación del exbloque soviético, Bush advirtió que “Estados Unidos y el mundo esperan que Rusia honre su compromiso y cumpla los seis puntos establecidos en el acuerdo de cese al fuego.En el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el presidente estadunidense acotó que “desafortunadamente hemos recibido reportes de que las acciones rusas son inconsistentes con sus declaraciones”.En un lenguaje crítico y amenazador, Bush advirtió que las acciones militares de Rusia tendrían serias consecuencias para el gobierno del presidente ruso Dmitri A. Medvedev y del primer ministro Vladimir Putin.“He dejado en claro que las acciones que esté llevando a cabo Rusia levantan varias interrogantes sobre sus intenciones en Georgia y en la región. En años recientes –añadió Bush-- Rusia buscó integrarse en las estructuras diplomáticas, políticas, económicas y de seguridad del siglo XXI”.Con esa reflexión, el mandatario estadunidense dio a entender que el conflicto con Georgia se puede interpretar como que Moscú quiere revivir las políticas de confrontación y anexión de regiones que profesó como exUnión Soviética durante la Guerra Fría.“Rusia está poniendo en riesgo sus aspiraciones al tomar acciones en Georgia que son inconsistentes con los principios de esas instituciones y, para comenzar a reparar el daño en sus relaciones con Estados Unidos, Europa y otras naciones, y para comenzar a restaurar su lugar en el mundo, Rusia debe cumplir su palabra y acabar con esta crisis”, alertó el presidente Bush.Junto con la ayuda humanitaria, cuyo primer cargamento arribó este mismo miércoles a Tbilisi, la capital de Georgia, Bush anunció la misión que asignó a Rice, quien vuela hacia Francia donde se reunirá con el presidente de ese país, Nicolás Zarkozy, quien encabeza también el mando rotativo de la Unión Europea.Después de su visita a Paris, Rice se trasladará a Tbilisi para hablar del respaldo de Estados Unidos al pueblo y gobierno de Georgia.“Estados Unidos apoya en los términos más fuertes los esfuerzos de Francia y del presidente de la Unión Europea para lograr un acuerdo que ponga fin a ese conflicto”, subrayó el mandatario estadunidense.En conferencia de prensa, después que Bush hiciera el anuncio del pedido a Rusia para cumplir los parámetros del cese al fuego, Rice rechazó las críticas de que Estados Unidos se quedó con los brazos cruzados y no hizo nada la semana pasada para presionar a Moscú a que detuviera las hostilidades, las que según reportes independientes, ya cobraron la vida a más de 2 mil personas.“Confiamos en que se logre un compromiso… pero está claro que Rusia sobreactuó militarmente, bombardeó objetivos civiles que estaban fuera del perímetro de los puntos militares de Georgia (en la región de Osetia del Sur)”, denunció Rice.En la Casa Blanca, Dana Perino, portavoz del presidente Bush, dijo que Estados Unidos y la Unión Europea analizan una serie de propuestas para castigar a Rusia por el conflicto militar con Georgia.Sin embargo, la Casa Blanca se negó a hacer un juicio sobre si fue el gobierno de Georgia el que provocó el conflicto el 6 de agosto, cuando recrudeció los ataques contra los grupos separatistas en Osetia del Sur, pese a las constantes advertencias de Washington y de la Unión Europea de que no lo hiciera.Perino sostuvo que desde que inició el conflicto militar, el gobierno del presidente Bush, al más alto nivel, se mantiene en contacto con sus contrapartes de Georgia y Rusia.La relación de Estados Unidos con Rusia es “complicada y compleja”, acotó la portavoz de la Casa Blanca, anotando que este jueves saldrá para Georgia otro avión C-17 con medicinas, alimentos, camas portables, agua y otros artículos de primera necesidad.Debido al conflicto y a la violación del cese al fuego por parte de Rusia, Bush modificó la fecha de salida para su rancho en Crawford, Texas. Originalmente el mandatario estadunidense tenía planeado salir este jueves de Washington y ahora lo hará el viernes.

Puebla ya opiNÓ

El Colectivo Ciudadano Carrillo Puerto invita:

Convivio: 'Puebla ya opiNÓ'

Viernes 15 de agosto 20:00 horas.

Salón Teocalli, San Pedro Cholula

Programa:
1. Bienvenida.
2. Presentación final de la obra: 'El loro negro, los piratas del golfo y otros preciosos'
3. Reconocimiento a Brigadistas del Comité Estatal en Defensa del Petróleo, al Comité Estatal Técnico, al Comité Ciudadano y a los representates de los partidos del FAP.
4. Baile.

Entrada gratis, solicitar pases de cortesía (indispensable) con Socorro Carrillo a partir del miércoles
¡Los esperamos!

La brigada Víctor Jara, esta editando una reseña del Movimiento en defensa del petróleo, si tienes fotos envíalas a carrillopuertoconamlo@hotmail.com hoy mismo, a más tardar mañana en la mañana, para considerarlas.

¡El petróleo es nuestro, PEMEX no se vende!

Favor de enviar este correo a más compañeros.

Nuevo blog! Visítanos! http://redmexciudadanos.blogspot.com/

Visita y conoce la propuesta en El Loro Negro www.eloronegro. blogspot. com

Repudio a Mouriño en LA

Nos envían el siguiente correo:

Alrededor de una cuarentena de Mexicanos acudieron frente al consulado mexicano de los Ángeles a manifestar su repudio contra la visita de Juan Camilo Mouriño, actual usurpador de la secretaria de gobernación.

Mouriño acudió a la inauguración de la conferencia de gobernadores fronterizos de ambos países, la cita fue en un exclusivo hotel de Universal City de Hollywood. Posteriormente se trasladaría al consulado mexicano de los Ángeles donde las confederaciones lame suelas le prepararon una recepción, pero también, grupos de organizaciones como el "Frente Amplio Progresista de Los Ángeles" –FAPLA-, la "Danza Cuauhtemoc", y el "Comité pro Democracia en México" mostraron su repudio a la visita del mencionado personaje y también a la política nefasta que esta implementando el gobierno de Fecal el espurio.

Al parecer el gachupín estará unos días mas, por lo que se espera que el día de clausura se le pueda dar otra muestra de repudio por parte de los mexicanos en Los Ángeles, que tentativamente podría ser el viernes.

Aquí el video:



Enlace a You Tube

ES UN HONOR ESTAR CON OBRADOR

Protesta ante la embajada española

Se hace una atenta invitación para que el viernes15 de agosto acompañemos de manera organizada y pacífica a las compañeras Francisca Macian Bonete y Luz María Acosta Rodríguez para hacer la entrega de una misiva en la embajada de España, en rechazo a las declaraciones de intromisión a nuestra soberanía por parte de la vicepresidenta de ese país, María Teresa Fernández de la Vega. La iniciativa surgida de las compañeras se llevará a cabo al mediodía en las calles de Horacio y Lamartine, Metro Polanco 

¡Te esperamos!

¡La patria no se vende, la patria se ama y se defiende!

Invitación- Sin Maíz no hay País

El Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya, la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País y la Fundación Heberto Castillo Martínez AC invitan a la segunda mesa del ciclo México en la crisis alimentaria global, que tendrá lugar este jueves 14 de agosto con el tema: México: una dependencia alimentaria anunciada. Participan: Julio Boltvinik, Roberto Escalante, Víctor Quintana y Antonio Turrent. La cita es a las 18 horas en el Centro Cultural Veracruzano (Miguel Angel de Quevedo 687, en Coyoacán). La entrada es libre.

Profra. María Teresa Juárez de Castillo, presidenta de la Fundación Heberto Castillo Martínez AC.

Letra Muerta - Helguera

El Colmo - Hernández

Calderón y la iatrogenia

Octavio Rodríguez Araujo

El 26 de abril del año pasado publiqué un artículo titulado “Cuando se mueve el avispero”. La tesis central era que uno debe tener cuidado al tratar de acabar con un panal de avispas y saber hacerlo. De otro modo, se revierte, y el “exterminador” puede resultar seriamente dañado. Y añadía que el riesgo es mayor porque Calderón movió el avispero sin medir las consecuencias y sin haber creado antes mecanismos de defensa para quienes nada tenemos que ver con el narcotráfico ni con el gobierno.

A más de un año de aquel artículo, ahora se habla de depurar a las diversas policías, que es lo que debió hacerse antes de iniciar la guerra contra el crimen organizado. El resultado de esa falta de previsión lo estamos viviendo: el enemigo de la sociedad no sólo está al margen de las instituciones, sino dentro de éstas. En el río revuelto de la guerra contra el crimen organizado muchos tratan de sacar provecho, incluidos los mal pagados policías y agentes del Ministerio Público. Tan grave es la descomposición de los órganos que debieran garantizar la seguridad de la población, que muchos han optado por contratar seguridad privada para protegerse y otros por recomendar que cada quien se cuide como pueda: que no salga solo a la calle, que sólo transite por calles concurridas e iluminadas (si es de noche), que se viva en estado de alerta y paranoicamente, y que, en fin, se encomiende a la suerte o a una deidad en la que crea.

En mi artículo del año pasado cité el caso de Eliot Ness contra Al Capone. Lo primero que hizo Ness fue tomar en cuenta, como una realidad, la corrupción entre la policía; revisó sus expedientes y terminó por escoger a nueve elementos de su absoluta confianza para iniciar su guerra contra el mafioso. El policía de Chicago sabía que una guerra no se inicia sin preparación previa y sin una estrategia bien planeada. Calderón se lanzó contra el crimen de manera improvisada, pasando por alto que su poderoso enemigo, que mueve miles de millones de dólares cada año, tiene nexos con policías de diverso rango, con funcionarios públicos influyentes y, tal vez, hasta con militares.

El dinero compra tanto conciencias como colaboración y complicidades, aquí y en cualquier país del mundo. Lo primero que debió hacer Calderón, aun antes de anunciar su guerra y prevenir al enemigo, era depurar los cuerpos policiacos, incluidos los de elite, de donde también han salido no pocos maleantes. Enseguida debió capacitar a los ya depurados y darles mejores condiciones de vida, como quiso hacer con los militares aumentándoles el sueldo. Y, finalmente, ya con un “ejército” capaz y coordinado en todo el país (coordinación acordada con los gobernadores y hasta con los presidentes municipales), lanzarse a la acción. No lo hizo, y en el presente siguen improvisando, unos proponiendo la pena de muerte a los secuestradores (rama delictiva del crimen organizado) y otros cadena perpetua, sin tomar en cuenta que mayores penas no inhiben a los criminales ni a quienes ven en éstos un ejemplo a seguir para dejar de ser pobres.

Si Calderón y sus colaboradores fueran médicos o supieran algo de medicina, conocerían el fenómeno de la iatrogenia. En la Wikipedia se dice que la iatrogenia es una alteración del estado del paciente producida por el médico al no prever las consecuencias de su tratamiento, sea quirúrgico o por medicamentos. La enciclopedia citada menciona un ejemplo típico de iatrogenia: el caso de un paciente que sufría una grave artritis. Se le aplicaron corticoides en altas dosis, pero después de un tiempo el remedio le provocó diabetes. Ésta y los corticoides le bajaron las resistencias de su organismo, lo cual facilitó infecciones oportunistas. Para no hacer muy extenso el ejemplo, al final murió por falla extendida de sus órganos internos e infección generalizada. ¿Dónde estuvo el error? En la falta de previsión del médico, en su desconocimiento integral de su paciente, en la toma de decisiones improvisadas y de corto plazo; en su irresponsabilidad, en suma. El diagnóstico del médico, no del paciente, es que su remedio fue peor que la enfermedad, por no prever la alta probabilidad de generar un proceso de iatrogenia.

El concepto se ha extendido a otros campos más allá de la medicina. Puede haber iatrogenia en todos los ámbitos de la actividad humana que se nos ocurran.

La ola de crímenes (secuestros, asesinatos, ajusticiamientos, y demás) es el resultado de la iatrogénesis provocada por dos fenómenos distintos y concomitantes: las acciones de gobierno contra el crimen organizado sin estar preparado para ellas y sus posibles efectos, y la pobreza creciente en la población mayoritaria. Me anticipo a aclarar que la pobreza no produce criminales; provoca tentaciones delictivas en algunos para mitigar su pobreza, como la mordida que aceptan los policías o agentes del Ministerio Público para “evitarle molestias” a un infractor, o los asaltos en vía pública a personas o vehículos, o a casas habitación y establecimientos comerciales.

Al margen de simpatías o antipatías por López Obrador, ahora se apreciará mejor su lema de campaña: “primero los pobres”. Si hubiera sido atendido, a nadie le hubiera importado (ni a la Dirección de Derechos de Autor) que los gobernantes, legítimos o no, le hubieran plagiado la frase, y menos si estuvieran actuando en consecuencia. Disminuir la pobreza y las desigualdades, al mismo tiempo que sanear los cuerpos policiacos, hubiera sido mejor medicina que agitar a las avispas. Todavía es tiempo, si de veras se quieren hacer las cosas bien.

La llamada del miedo

Adolfo Sánchez Rebolledo

La fragmentación de la sociedad mexicana, cruzada de desigualdad y clasismo, se muestra cada vez más como imposibilidad de pensar y actuar en términos de nación. La idea de que existen unos intereses generales, comunes, se ha erosionado por más que, periódicamente y a la menor provocación, el Presidente pida la “unidad de todos los mexicanos” para evitar que el país se desmorone entre los dedos de las manos. Pero la retórica de las emergencias no altera el curso de la realidad polarizante y depredadora, la existencia de los “muchos Méxicos” superpuestos, estancos y jerarquizados, cuya presencia es demasiado brutal para obviarla. Por eso, ya no se sabe si reír o llorar, cuando ante la extensión de la inseguridad, el secretario de Gobernación pronuncia, por ejemplo, frases sonoras, pero huecas como ésta: “No daremos ni un paso atrás en la lucha frontal contra el crimen organizado hasta recuperar la paz y tranquilidad que cada familia reclama y merece”.

¿A qué México le hablará el presidente de la Suprema Corte cuando dice que hay que privilegiar “la prevención” sobre la persecución de los delincuentes, como si las cifras no probaran el fracaso total de las inexistentes políticas preventivas? ¿Acaso ignoran –el Presidente, el secretario de Gobernación y el ministro que los ciudadanos desconfían de los políticos, aborrecen a los policias y que solamente algunos excéntricos creen en las virtudes del sistema de justicia? Aquí, como en tantos otros asuntos nacionales, la improvisación manda y todos se quieren lavar las manos cargando las responsabilidades en un adversario ad hoc, politizando (en el peor sentido del término) una situación que ya tiene visos de crisis irrefrenable.

El gobierno federal prefiere seguir la ruta que alguien ha descrito con acierto del “populismo penal” y en vez de ofrecer a la desamparada ciudadanía una visión de conjunto sobre la estrategia del Estado para enfrentar al crimen organizado, con sus secuelas en el tejido social y en la convivencia cotidiana, se monta sobre la indignación de amplios sectores para pasar reformas que en nada resuelven los problemas de hoy. Pide “pactos”, pero no acepta lo más obvio y elemental: que la delincuencia crece en la medida que abre un cauce, terrible y destructivo, para las esperanzas fallidas de amplias capas de la población. Que la inseguridad tiene múltiples factores nacionales e internacionales, pero que hay un componente propio e intransferible: la impunidad, conectada por infinidad de vasos comunicantes a otras esferas de la vida pública, a la cultura cívica o a la ética social imperante.

Depuraciones van y vienen. Generaciones de ministerios públicos y jueces mejor preparados sustituyen a los que ya no podían cambiar: los cuerpos de seguridad reciben capacitación de primer nivel y la internacionalización del delito asegura asesorías de grandes expertos.

Hay, dicen, mejores leyes. Y, sin embargo, seguimos hablando de impunidad, lo cual nos indica a las claras que algo mucho más profundo está podrido en Dinamarca. Al gobierno le disgusta que se hable de la crisis de las instituciones, pero es obvio que en esta materia existe y es muy profunda, tanto, que no se vislumbran soluciones si éstas no se proponen en el marco más general de una reforma amplia del Estado, capaz de ajustar el funcionamiento institucional a los cambios de fondo que ya han ocurrido en la sociedad mexicana. (Además de otras reformas, claro)

El tema de la impunidad no puede asumirse pensando que el problema se resuelve sólo aumentando la dureza de las normas contra los servidores públicos que cometen ilícitos. Una legislación adecuada siempre es conveniente, sin duda, pero la cuestión es inseparable de un asunto de mayor envergadura: la fiscalización del Estado por parte de la sociedad, incluyendo a los cuerpos de seguridad. Mientras el poder –con todo y los institutos de la transparencia— actúe como un coto cerrado sin vigilancia efectiva, la corrupción, mal de fondo de la sociedad mexicana, seguirá causando estragos, más cuando la delincuencia acopia recursos tales que le permiten actuar como un estado dentro del Estado. Pero ese enfoque requiere de otra “visión del mundo”, por así decir.

Veamos el terrible caso de la mal llamada “industria del secuestro”, práctica aborrecible cuya extensión alcanza cotas sorprendentes entre las prácticas criminales más comunes. Es una tragedia solitaria, casi secreta, circunscrita a las ya demasiado numerosas víctimas y sus familias, que vivirán aterradas la experiencia, pues la huella del miedo, casi un estigma, jamás desaparecerá de sus vidas. Y ante la maldad pura se exige castigo, reciprocidad, intolerancia hacia los secuestradores. Pero a las reacciones explicables, en estas oleadas de legítima indignación civil (bien arropadas por el rumor mediático), suelen colarse algunas ideas fijas que no son en absoluto razonables, como la solicitud de instalar la pena de muerte, pieza central del discurso del Orden, a la que sigue la proposición de un estado policial, ajeno al respeto a los derechos humanos. Se quieren convertir así las emociones en ideología inadmisible o en superioridad moral.

Pero hete aquí que la autoridad, que es el blanco de todas las desconfianzas, acepta el desafío y se lanza a encabezar la propuesta de endurecer las penas en un afán descuidado de mimetizarse con la marea blanca que de nuevo volverá a las calles. Ojalá y cuando se manifieste, la justificada protesta sea la expresión de la “sociedad civil” contra la impunidad y no, como el oportunismo aconseja, la movilización ciudadana que una autoridad aprovecha para combatir a otra.

Un buen deseo: que la gran marcha sirva para reforzar los vínculos solidarios hoy por hoy doblegados bajo el peso del individualismo que nuestra penosa huida hacia la modernidad trajo consigo. Otra cosa sería un fracaso.

Y sigue...

Gustavo Iruegas

Ya el pueblo de México sabe por qué la iniciativa de Calderón que él y sus personeros han llamado “de la reforma energética” no es otra cosa que un burdo intento de justificar la entrega del patrimonio nacional petrolero a la iniciativa privada, principalmente extranjera. Con la misma certeza sabe que la de Manlio Fabio Beltrones no es otra cosa que una repetición burdamente adobada de la primera. La propia y cándida aprobación oficialista hizo palmaria la convicción popular de que se trata del documento de un “palero”, que, en el decir mexicano, es el cómplice en un engaño.

La consulta popular, exitosa, sigue cumpliendo sus fases: uno, los estados gobernados por el PRD; dos, los municipios presididos por gente progresista, y tres, el resto del país. Su importancia y validez ha sido ya argumentada y demostrada en diversas ocasiones. En ésta solamente se señala que la consulta en su conjunto es también un recordatorio de que en materia petrolera el pueblo no está dispuesto a que nadie decida por él. Sobre el petróleo nacional decide su propietaria: la nación mexicana.

La convicción –primero intuitiva y ahora certeza informada– de que el patrimonio nacional debe ser defendido de sus depredadores ha alcanzado una expresión superior: la iniciativa ciudadana.

En el debate en el Senado y las universidades, en los periódicos y en los sindicatos, en los círculos de estudio y en los foros populares, se reunió un selecto grupo de ciudadanos expertos en las diversas facetas del tema petrolero con los intelectuales progresistas de la nación, reconocidos también por su carácter cívico y patriótico. La contraparte derechista no pudo reunir sino a funcionarios bisoños, a intelectuales orgánicos y a políticos chocarreros; todos superficiales.

Los patrióticos se han dado a la tarea de hacer una propuesta que señale no solamente los motivos del rechazo a la contrahecha propuesta calderonista y a su remedo priísta, sino también las maneras y medidas necesarias para corregir los daños, los agravios y los entuertos ocasionados a Pemex y a México por las administraciones neoliberales. Sería también muy deseable que el documento ciudadano cuente con el texto de las iniciativas legales necesarias para la rectificación, la reparación y la compostura de la gran institución que debe volver a ser Pemex. No es que no se sepa qué hacer. Ya la población está bien informada de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. La gran importancia de la iniciativa ciudadana está precisamente en que será ciudadana. No será proveniente de partidos con la credibilidad menguada ni de bancadas dadas al compromiso. Tampoco de los gobiernos. Ni del espurio ni del legítimo. Del primero, por su carácter falsario y retorcidos propósitos; del segundo, para no dar pie a que la claque mediática lance una nueva campaña de mentiras y descalificaciones que sirvan de cortina de humo a sus infamias.

La criba de los debates extrajo de manera natural a la enjundia del pensamiento patriótico del México progresista y creó con ello la mejor representación ciudadana para la defensa del petróleo.

Toca a ellos hacer el esfuerzo necesario y suficiente para poner a consideración de la población, de los partidos, de las bancadas y del propio gobierno legítimo el documento que contenga una iniciativa responsable, progresista, patriótica y suficiente para asegurar a México el uso de su patrimonio energético en su propio desarrollo y en el fortalecimiento de su soberanía.

Parada en seco la iniciativa traicionera, se impuso el debate, se realizó la consulta, se hará presente la iniciativa ciudadana y se sentirá la fuerza de la movilización popular. Sépanlo quienes lo tienen que saber, recuérdenlo quienes lo deben recordar, mantengámoslo quienes lo debemos mantener: la defensa del petróleo va en serio, lo repito, va en serio.

Resistencia Americana: NICARAGUA

Del foro del Sendero:

Uno de los mejores retratos de Fox, que debería ocupar la pared de honor del rancho San Cristobal:





Saludos

Samara