Maquila en Centroamérica
Gloria Silvia Orellana
COLATINO
La maquila en la región centroamericana tiene rostro de mujer y por lo tanto, comparten las vicisitudes que implica la discriminación por género, el doble rol como jefas de hogar y trabajadoras -la mayoría son madres solteras- y la violación de sus derechos laborales al interior de las Zonas Francas.
La Concertación Regional de Organizaciones Sindicales y de Mujeres en Defensa de los Derechos de las Trabajadoras de Maquila (CROSMUDETM), realizó el foro 'Situación de la Maquila Centroamericana y Libre Comercio', con el fin de analizar y compartir experiencias en la organización sindical y sus perspectivas en la región centroamericana.
Mercedes Maldonado de Honduras, Dolores Roblero de Nicaragua y Roxana Alvarado de El Salvador, comparten las realidades dramáticas de este sector: los salarios bajos, la falta de atención médica, ausencia de prestaciones sociales y la inseguridad laboral.
Junto a sus compañeros y compañeras, trabajan por el fortalecimiento del movimiento sindical en el sector productivo de las maquilas, un tema espinoso y árido para la patronal y gobiernos de la región.
Organizadas en la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras, (FITH); la Confederación Sindical de Trabajadores de Nicaragua 'José Benito Escobar'; la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES), y Mujeres Transformando, buscan provocar un cambio en el panorama de la libertad sindical y el respeto a los contratos colectivos de trabajo.
Nicaragua: inseguridad laboral
De la inseguridad laboral habló Dolores Roblero, quien denunció la falta de reconocimiento de pensiones al término de la vida productiva de los y las trabajadoras de maquila y la inexistente atención sanitaria.
'Si no tenés las 750 semanas trabajadas y llegaste a los 60 años, perdiste todo. y no podés reclamar nada absolutamente. Y es por eso que ahora, ellos (los patronos), te despiden y no lográs sumar este tiempo, te botan también.
Si no produces las mil piezas diarias que quieren. Hay gente que por el cansancio sólo logra dar 700, te botan. Te quedas en la calle y ya'.
Según investigaciones de las federaciones sindicales, la población centroamericana es aproximadamente de 34 millones de ciudadano(a)s, y de los casi 21 millones de personas que se encuentran en edad económicamente activa, sólo hay 12 millones de personas trabajando (8 millones de hombres y 4 millones de mujeres), con salarios promedios de $133.00 dólares a extremos de $50.00
Dolores agregó que existe un contraste abismal entre el costo de un 'saco para hombre' y el salario que reciben los operarios y operarias de confección.
'Nos pagan a 0.40 centavos de dólar la hora, para confeccionar un saco que valdrá $180.00 dólares, en el mercado y el costo del saco para el empresario sólo fue de $8.00 dólares. Tenemos una mano de obra terriblemente barata. Esto lo investigamos nosotros como sindicato, no somos analfabetos sobre la producción', dijo.
Honduras: Contrato Colectivo Irrespetado
'Tras una lucha de tres años por fortalecer nuestro sindicato, frente a la oposición de la patronal, logramos la negociación de un contrato colectivo que no ha sido respetado por la patronal' explicó Mercedes Maldonado, señalando un ministerio de trabajo, hondureño, indiferente, y una patronal anti sindicalista.
Maldonado aclaró que los incumplimientos del contrato colectivo por parte de la patronal se dieron en las áreas del aumento del 4% del salario mínimo; la cuota sindical y el cese de la represión a los miembros del sindicato.
'Nos pagan de 20 a 18 lempiras la hora de trabajo, son 18 lempiras por un dólar, y al final del año le pagamos Renta al fisco de 90 lempiras al año, por eso la gente, hasta en la dieta de su embarazo, se incorpora a trabajar y sin pensiones' agregó.
El Salvador: Trabajo Esclavista
Para Roxana Alvarado, miembro del Sindicato de las empresas CHARTER, que confecciona ropa para la marca GAP, distribuida en exclusivos almacenes, afirmó que el trabajo en la zona franca llega a proporciones 'esclavistas o de encarcelamiento'.
Informó que pese a la exigencia en el cumplimiento de libertad sindical, trato digno de trabajadores y un ambiente de trabajo digno, los empresarios de maquilas, violan sistemáticamente las especificaciones laborales.
'Ya los hemos denunciado porque ellos siguen pidiendo el examen de gravidez en las mujeres, cuando eso es motivo de discriminación y despiden a los trabajadores que intentan sindicalizarse'.
Asimismo, denunció prácticas contra la dignidad de las y los trabajadores, que sufren arbitrariedades de contratantes coreanos y chinos, sin que exista un control sobre este tipo de acciones.
'Sabemos que en Hoon´s Apparel se castiga a las trabajadoras sacándolas a barrer la calle principal de la zona franca, en horas del mediodía; en otra empresa no dejan salir a sus trabajadoras en la hora de descanso; o comen la comida fría o consumen de la comida que los mismos dueños venden; esto viola la integridad de todos y todas'.
martes, octubre 30, 2007
Los asesinos del periodista Brad Will en Oaxaca evaden la justicia
John Ross/Juan González
Democracy Now
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
JUAN GONZÁLEZ: El sábado, amigos y familiares del periodista asesinado Brad Will se reúnen en Nueva York en la Iglesia St. Mark's para marcar el primer aniversario de su muerte. Cuando murió, Brad Will informaba sobre el levantamiento popular en Oaxaca, México. En su último despacho desde Oaxaca, el reportero de Indymedia escribió sobre un manifestante llamado Alejandro García Hernández quien fue asesinado en las barricadas. Will escribió: “una muerte más... un mártir más en una guerra sucia... una ocasión más para llorar y sufrir... una ocasión más de conocer el poder y su fea cabeza... una bala más restalla en la noche.”
El 27 de octubre del año pasado, Will murió en esas mismas barricadas. Tenía su videocámara en la mano. Su cámara siguió grabando incluso después de que lo hirieron.
* Secuencia de la cámara de Brad Will mostrando su asesinato.
JUAN GONZÁLEZ: Brad Will murió mientras lo llevaban al hospital. Tenía treinta y seis años. Un día después del asesinato, el periódico mexicano El Universal publicó fotos de los presuntos asesinos. Fueron identificados como dos miembros de la municipalidad local, dos policías municipales y el ex juez de paz de una localidad cercana. Todos tenían vínculos con el gobierno de Oaxaca dirigido por Ulises Ruiz. Inicialmente, los hombres fueron detenidos, pero pronto los dejaron ir. Desde entonces, nadie ha sido responsabilizado por su muerte o el asesinato de ningún otro activista muerto en Oaxaca el año pasado.
El periodista de investigación John Ross habla con nosotros por teléfono desde Ciudad de México. Ross publicó antes durante este año un informe de 5.000 palabras estudiando las circunstancias de la muerte de Brad Will. Fue publicado en más de dos docenas de semanarios noticiosos alternativos en este país. John Ross ha estado cubriendo México durante varios decenios. Su último libro es “Making Another World Possible: Zapatista Chronicle 2000-2006.” Bienvenido a Democracy Now!, John.
JOHN ROSS: Hola. ¿Cómo le va, Juan?
JUAN GONZÁLEZ: Bueno, hablemos sobre la – esa investigación que hizo sobre la muerte de Brad Will.
JOHN ROSS: Básicamente, lo que hice fue una reconstrucción de la muerte de Brad y del tiempo que pasó en Oaxaca. Había estado allí durante meses. Y por lo tanto, hicimos lo que hacemos habitualmente. Entrevistamos a todos los principales testigos. Descubrimos que los policías, los cinco policías de civil – hay cuatro en la imagen y uno que está encuclillado detrás de otro – están todos identificados y trabajan para la comisaría Santa Lucía. Esto no ocurrió en la Ciudad de Oaxaca, sino que directamente a su exterior. Y siguen en su trabajo. Y no hemos podido entrevistarlos; nos han estado evitando desde hace bastante tiempo. Si lanzamos una mirada a la imagen, la persona que tiene el arma larga en el extremo derecho, enfrentándose, cuyo nombre de Juan Martínez Soriano, también conocido como “Chapulín,” parece no encontrarse en Oaxaca ahora mismo, pero los otros policías están allí.
El caso es un archivo de caso cerrado. Actualmente no se realiza ninguna investigación. No hay ninguna investigación ni en el ámbito local de Oaxaca ni en el ámbito federal, porque fue lanzado al sistema federal. Ambos casos están cerrados.
Y lo que es aún más, pienso, notable y deprimente es que, en realidad, el gobierno de EE.UU., el Departamento de Estado, la embajada de EE.UU. en Ciudad de México, bajo la dirección de Tony Garza, no han emprendido ninguna acción en este caso, ningún tipo de presión sobre Felipe Calderón o Ulises Ruiz, el gobernador de Oaxaca. Y, de hecho, si echamos una mirada a los comunicados de la embajada desde que Brad fue asesinado el 27 de octubre pasado, cerca de un mes después de la muerte de Brad, hay sólo un artículo de opinión que Tony Garza escribió para Milenio, un periódico local, cerca de un mes después de la muerte de Brad. Es todo lo que ha hecho la embajada.
Se trata de un caso en el que los asesinos fueron fotografiados. Sus fotografías aparecieron en todos los principales periódicos mexicanos y también en periódicos en el norte. Hablamos de un periodista que fotografió su propia muerte, que filmó su propia muerte, y a pesar de eso la embajada no ha actuado en ningún tipo de investigación. La investigación está, en este momento, como he dicho, en el archivo de los casos cerrados.
JUAN GONZÁLEZ: Y esto, obviamente, es sólo un reflejo de lo que ha sucedido con todo lo que tenga que ver con justicia por los abusos que ocurrieron en Oaxaca, Obviamente, todo el período de la huelga en Oaxaca galvanizó a mucha gente en todo el mundo. ¿Que sucedió posteriormente con toda la gente que sufrió abusos, golpizas o que fue alcanzada por tiros?
JOHN ROSS: Bueno, todavía no tenemos ninguna investigación respecto a las veintiséis personas que fueron muertas durante ese período, ninguna investigación del gobierno mexicano, federal o local. Ha habido muchas investigaciones realizadas por organizaciones de derechos humanos. Incluyo a la OEA y a la Comisión Civil Europea que estuvo aquí. Tuvimos a Amnistía Internacional; en realidad, Irene Khan, la Secretaria General de Amnistía Internacional, estuvo en Oaxaca, presentó su informe al gobernador, a Ulises Ruiz. Virtualmente todas las principales organizaciones de derechos humanos han visitado este caso y este lugar. Y sin embargo, no pasa nada por parte del gobierno mexicano.
En el artículo que publiqué en agosto, presenté algunos motivos por los que esto no ha sucedido. Creo que en realidad tiene mucho que ver con un arreglo político entre el partido de Felipe Calderón, el Partido de Acción Nacional y el antiguo partido de gobierno, el de Ulises Ruiz, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que han llegado a un trato para aprobar cierta legislación, y por cierto si el gobernador y sus funcionarios locales fueran presionados para que resuelvan este caso, de hecho, el PRI se molestaría y no apoyaría la legislación propuesta por el PAN. Esa legislación va de la reforma fiscal a una apertura efectiva de la corporación petrolera nacional, Pemex, a la inversión privada. Y no soy el único que piensa que ese acuerdo político es lo que ha llevado este caso al archivo de los casos cerrados.
JUAN GONZÁLEZ: Y, John, quisiera preguntarle sobre otro asunto, el anuncio por el presidente Bush del Plan México, un programa de 1.400 millones de dólares que supuestamente apunta a la erradicación de drogas. ¿Podría hablarnos de eso y de su impacto sobre el país?
JOHN ROSS: Bueno, yo diría que – sabe – diría que si el embajador Tony Garza hubiese invertido tanta energía como lo ha hecho en la promoción del Plan México en la presentación de los asesinos de un ciudadano estadounidense que fotografió su propia muerte en México, ya tendríamos alguna solución. Ha habido un esfuerzo periodístico total en este país por parte de la embajada, del Departamento de Estado y del gobierno de EE.UU., y por parte del gobierno de Felipe Calderón, por unirse alrededor de este plan.
El Plan México es una copia exacta del Plan Colombia, sin soldados en el terreno. Pero eso provoca la pregunta de si las corporaciones de seguridad privada se harán cargo del entrenamiento de los responsables mexicanos de la lucha contra la droga. Encuentro interesante que haya habido una declaración tras la otra del gobierno de Calderón y del de EE.UU. de que, no, no vamos a colocar soldados de EE.UU. en el terreno. Es una doble negativa política; eso no se puede hacer. EE.UU. ha invadido México ocho veces, y ese hecho no va a desaparecer. Pero colocar a sujetos como Blackwater en el terreno es otra cosa.
Y es importante, creo, comprender que Blackwater está a sólo 10 kilómetros de la frontera mexicana en Potrero, California, estableciendo un campo de entrenamiento y que acaba de recibir parte de una subvención de 15.000 millones de dólares de la guerra contra la droga del Departamento de Defensa, que les da mandato para entrenar a personal extranjero en la lucha contra la droga y para dar apoyo operativo y logístico en el terreno. Así que pienso que no veremos tropas de EE.UU. en el terreno, como resultado de este acuerdo.
Esto no es aprobado por ningún congreso en este país. Está en el Congreso de EE.UU. y ha formado parte de una – está en cierto modo incorporado en la asignación suplementaria para Iraq y Afganistán. Y si los demócratas se oponen a esa asignación suplementaria, ciertamente no veremos un Plan México, porque no será financiado. Forma parte de esos fondos. Así que eso es, pienso, a fin de cuentas, es lo que es el Plan México: una manera de colocar las fuerzas de seguridad mexicanas bajo el control de Washington, fundir las fuerzas de seguridad de ambos países y colocarlas bajo el control de Washington.
JUAN GONZÁLEZ: Bueno, John Ross, quisiera agradecerle por haber estado con nosotros, por teléfono desde la Ciudad de México. John Ross ha escrito durante décadas con claridad y precisión sobre los eventos en México.
http://www.democracynow.org/article.pl?sid=07/10/26/1452251
Democracy Now
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
JUAN GONZÁLEZ: El sábado, amigos y familiares del periodista asesinado Brad Will se reúnen en Nueva York en la Iglesia St. Mark's para marcar el primer aniversario de su muerte. Cuando murió, Brad Will informaba sobre el levantamiento popular en Oaxaca, México. En su último despacho desde Oaxaca, el reportero de Indymedia escribió sobre un manifestante llamado Alejandro García Hernández quien fue asesinado en las barricadas. Will escribió: “una muerte más... un mártir más en una guerra sucia... una ocasión más para llorar y sufrir... una ocasión más de conocer el poder y su fea cabeza... una bala más restalla en la noche.”
El 27 de octubre del año pasado, Will murió en esas mismas barricadas. Tenía su videocámara en la mano. Su cámara siguió grabando incluso después de que lo hirieron.
* Secuencia de la cámara de Brad Will mostrando su asesinato.
JUAN GONZÁLEZ: Brad Will murió mientras lo llevaban al hospital. Tenía treinta y seis años. Un día después del asesinato, el periódico mexicano El Universal publicó fotos de los presuntos asesinos. Fueron identificados como dos miembros de la municipalidad local, dos policías municipales y el ex juez de paz de una localidad cercana. Todos tenían vínculos con el gobierno de Oaxaca dirigido por Ulises Ruiz. Inicialmente, los hombres fueron detenidos, pero pronto los dejaron ir. Desde entonces, nadie ha sido responsabilizado por su muerte o el asesinato de ningún otro activista muerto en Oaxaca el año pasado.
El periodista de investigación John Ross habla con nosotros por teléfono desde Ciudad de México. Ross publicó antes durante este año un informe de 5.000 palabras estudiando las circunstancias de la muerte de Brad Will. Fue publicado en más de dos docenas de semanarios noticiosos alternativos en este país. John Ross ha estado cubriendo México durante varios decenios. Su último libro es “Making Another World Possible: Zapatista Chronicle 2000-2006.” Bienvenido a Democracy Now!, John.
JOHN ROSS: Hola. ¿Cómo le va, Juan?
JUAN GONZÁLEZ: Bueno, hablemos sobre la – esa investigación que hizo sobre la muerte de Brad Will.
JOHN ROSS: Básicamente, lo que hice fue una reconstrucción de la muerte de Brad y del tiempo que pasó en Oaxaca. Había estado allí durante meses. Y por lo tanto, hicimos lo que hacemos habitualmente. Entrevistamos a todos los principales testigos. Descubrimos que los policías, los cinco policías de civil – hay cuatro en la imagen y uno que está encuclillado detrás de otro – están todos identificados y trabajan para la comisaría Santa Lucía. Esto no ocurrió en la Ciudad de Oaxaca, sino que directamente a su exterior. Y siguen en su trabajo. Y no hemos podido entrevistarlos; nos han estado evitando desde hace bastante tiempo. Si lanzamos una mirada a la imagen, la persona que tiene el arma larga en el extremo derecho, enfrentándose, cuyo nombre de Juan Martínez Soriano, también conocido como “Chapulín,” parece no encontrarse en Oaxaca ahora mismo, pero los otros policías están allí.
El caso es un archivo de caso cerrado. Actualmente no se realiza ninguna investigación. No hay ninguna investigación ni en el ámbito local de Oaxaca ni en el ámbito federal, porque fue lanzado al sistema federal. Ambos casos están cerrados.
Y lo que es aún más, pienso, notable y deprimente es que, en realidad, el gobierno de EE.UU., el Departamento de Estado, la embajada de EE.UU. en Ciudad de México, bajo la dirección de Tony Garza, no han emprendido ninguna acción en este caso, ningún tipo de presión sobre Felipe Calderón o Ulises Ruiz, el gobernador de Oaxaca. Y, de hecho, si echamos una mirada a los comunicados de la embajada desde que Brad fue asesinado el 27 de octubre pasado, cerca de un mes después de la muerte de Brad, hay sólo un artículo de opinión que Tony Garza escribió para Milenio, un periódico local, cerca de un mes después de la muerte de Brad. Es todo lo que ha hecho la embajada.
Se trata de un caso en el que los asesinos fueron fotografiados. Sus fotografías aparecieron en todos los principales periódicos mexicanos y también en periódicos en el norte. Hablamos de un periodista que fotografió su propia muerte, que filmó su propia muerte, y a pesar de eso la embajada no ha actuado en ningún tipo de investigación. La investigación está, en este momento, como he dicho, en el archivo de los casos cerrados.
JUAN GONZÁLEZ: Y esto, obviamente, es sólo un reflejo de lo que ha sucedido con todo lo que tenga que ver con justicia por los abusos que ocurrieron en Oaxaca, Obviamente, todo el período de la huelga en Oaxaca galvanizó a mucha gente en todo el mundo. ¿Que sucedió posteriormente con toda la gente que sufrió abusos, golpizas o que fue alcanzada por tiros?
JOHN ROSS: Bueno, todavía no tenemos ninguna investigación respecto a las veintiséis personas que fueron muertas durante ese período, ninguna investigación del gobierno mexicano, federal o local. Ha habido muchas investigaciones realizadas por organizaciones de derechos humanos. Incluyo a la OEA y a la Comisión Civil Europea que estuvo aquí. Tuvimos a Amnistía Internacional; en realidad, Irene Khan, la Secretaria General de Amnistía Internacional, estuvo en Oaxaca, presentó su informe al gobernador, a Ulises Ruiz. Virtualmente todas las principales organizaciones de derechos humanos han visitado este caso y este lugar. Y sin embargo, no pasa nada por parte del gobierno mexicano.
En el artículo que publiqué en agosto, presenté algunos motivos por los que esto no ha sucedido. Creo que en realidad tiene mucho que ver con un arreglo político entre el partido de Felipe Calderón, el Partido de Acción Nacional y el antiguo partido de gobierno, el de Ulises Ruiz, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que han llegado a un trato para aprobar cierta legislación, y por cierto si el gobernador y sus funcionarios locales fueran presionados para que resuelvan este caso, de hecho, el PRI se molestaría y no apoyaría la legislación propuesta por el PAN. Esa legislación va de la reforma fiscal a una apertura efectiva de la corporación petrolera nacional, Pemex, a la inversión privada. Y no soy el único que piensa que ese acuerdo político es lo que ha llevado este caso al archivo de los casos cerrados.
JUAN GONZÁLEZ: Y, John, quisiera preguntarle sobre otro asunto, el anuncio por el presidente Bush del Plan México, un programa de 1.400 millones de dólares que supuestamente apunta a la erradicación de drogas. ¿Podría hablarnos de eso y de su impacto sobre el país?
JOHN ROSS: Bueno, yo diría que – sabe – diría que si el embajador Tony Garza hubiese invertido tanta energía como lo ha hecho en la promoción del Plan México en la presentación de los asesinos de un ciudadano estadounidense que fotografió su propia muerte en México, ya tendríamos alguna solución. Ha habido un esfuerzo periodístico total en este país por parte de la embajada, del Departamento de Estado y del gobierno de EE.UU., y por parte del gobierno de Felipe Calderón, por unirse alrededor de este plan.
El Plan México es una copia exacta del Plan Colombia, sin soldados en el terreno. Pero eso provoca la pregunta de si las corporaciones de seguridad privada se harán cargo del entrenamiento de los responsables mexicanos de la lucha contra la droga. Encuentro interesante que haya habido una declaración tras la otra del gobierno de Calderón y del de EE.UU. de que, no, no vamos a colocar soldados de EE.UU. en el terreno. Es una doble negativa política; eso no se puede hacer. EE.UU. ha invadido México ocho veces, y ese hecho no va a desaparecer. Pero colocar a sujetos como Blackwater en el terreno es otra cosa.
Y es importante, creo, comprender que Blackwater está a sólo 10 kilómetros de la frontera mexicana en Potrero, California, estableciendo un campo de entrenamiento y que acaba de recibir parte de una subvención de 15.000 millones de dólares de la guerra contra la droga del Departamento de Defensa, que les da mandato para entrenar a personal extranjero en la lucha contra la droga y para dar apoyo operativo y logístico en el terreno. Así que pienso que no veremos tropas de EE.UU. en el terreno, como resultado de este acuerdo.
Esto no es aprobado por ningún congreso en este país. Está en el Congreso de EE.UU. y ha formado parte de una – está en cierto modo incorporado en la asignación suplementaria para Iraq y Afganistán. Y si los demócratas se oponen a esa asignación suplementaria, ciertamente no veremos un Plan México, porque no será financiado. Forma parte de esos fondos. Así que eso es, pienso, a fin de cuentas, es lo que es el Plan México: una manera de colocar las fuerzas de seguridad mexicanas bajo el control de Washington, fundir las fuerzas de seguridad de ambos países y colocarlas bajo el control de Washington.
JUAN GONZÁLEZ: Bueno, John Ross, quisiera agradecerle por haber estado con nosotros, por teléfono desde la Ciudad de México. John Ross ha escrito durante décadas con claridad y precisión sobre los eventos en México.
http://www.democracynow.org/article.pl?sid=07/10/26/1452251
Transgénicos: la ciencia al servicio del mercado
Jonathan Martínez
Los conocemos como “transgénicos”. Los organismos modificados genéticamente (OMG) son animales, plantas o microorganismos manipulados por la ingeniería genética, es decir, nuevos seres vivos extraídos del laboratorio del doctor Frankenstein.
Olvidando la admiración un tanto literaria que despierta la manipulación genética, el mercado internacional concentra su beneficio en dos desarrollos científicos aplicados a algunas especies vegetales: la resistencia a plagas y la tolerancia a determinados productos químicos. Pero como respuesta al desarrollo de los cultivos transgénicos, ya se ha registrado una proliferación de malas hierbas que muestran resistencia a algunos herbicidas. En el circo de la ciencia crecen los enanos, porque la aparición de estas especies modificadas amenaza de muerte a la biodiversidad. De igual forma, se aventuran peligros impredecibles sobre la salud humana.
La primera objeción a la aplicación de la ingeniería genética sobre productos de consumo tiene que ver con el principio de precaución, en definitiva, tiene que ver con evitar la imprudencia de implantar indiscriminadamente los últimos hallazgos de la ciencia cuando aún no disponemos de datos concluyentes sobre sus riesgos y consecuencias. Hablamos de protección de la salud. Al día de hoy, la ingeniería genética ha desarrollado la habilidad de crear seres vivos superdotados pero no parece capaz de prever los riesgos de su comercialización.
Sabemos que el mercado no se muestra escrupuloso, y la salud humana es una moneda de cambio muy rentable. A menudo parece que la ciencia ha mordido el anzuelo empresarial a través de las patentes sobre seres vivos, y convierte a los consumidores en víctimas de un gran experimento genético. Todo en busca del beneficio privado.
Tecnologías como el Terminator garantizan una segunda generación de semillas estériles, con lo que el mercado de los transgénicos queda en manos de unas pocas multinacionales. Este hecho evidencia que el desarrollo de la tecnología genética no está sirviendo para paliar el hambre y la pobreza mundial como se ha proclamado falsamente, sino para convertir el desarrollo agrícola de los países empobrecidos en esclavo de las grandes empresas del sector.
Ante la colonización transgénica, el grito ciudadano no se ha hecho esperar. Multitud de ayuntamientos y regiones europeas se han declarado como zonas libres de organismos genéticamente modificados y muchos propietarios de explotaciones agropecuarias, colegios y proveedores de comida han hecho lo mismo a título individual. Sin ir más lejos, la Comunidad Autónoma Vasca fue declarada este mes de febrero zona libre de cultivos transgénicos destinados a la alimentación humana o animal.
Mucho más allá del carácter simbólico de estas declaraciones, las instituciones deben adquirir el compromiso de evitar las consecuencias negativas de los productos transgénicos sobre la salud pública y evitar los desequilibrios de mercado que la práctica de los cultivos transgénicos conlleva, además de conservar y promover la agricultura y la alimentación de calidad.
El objetivo es proteger nuestra salud y garantizar la biodiversidad y la pervivencia de los cultivos tradicionales. El camino pasa por sumar esfuerzos, multiplicar conciencias. Empujar a las instituciones a deshacerse de los cultivos transgénicos y sujetar con fuerza las riendas del mercado de la ingeniería genética.
Los conocemos como “transgénicos”. Los organismos modificados genéticamente (OMG) son animales, plantas o microorganismos manipulados por la ingeniería genética, es decir, nuevos seres vivos extraídos del laboratorio del doctor Frankenstein.
Olvidando la admiración un tanto literaria que despierta la manipulación genética, el mercado internacional concentra su beneficio en dos desarrollos científicos aplicados a algunas especies vegetales: la resistencia a plagas y la tolerancia a determinados productos químicos. Pero como respuesta al desarrollo de los cultivos transgénicos, ya se ha registrado una proliferación de malas hierbas que muestran resistencia a algunos herbicidas. En el circo de la ciencia crecen los enanos, porque la aparición de estas especies modificadas amenaza de muerte a la biodiversidad. De igual forma, se aventuran peligros impredecibles sobre la salud humana.
La primera objeción a la aplicación de la ingeniería genética sobre productos de consumo tiene que ver con el principio de precaución, en definitiva, tiene que ver con evitar la imprudencia de implantar indiscriminadamente los últimos hallazgos de la ciencia cuando aún no disponemos de datos concluyentes sobre sus riesgos y consecuencias. Hablamos de protección de la salud. Al día de hoy, la ingeniería genética ha desarrollado la habilidad de crear seres vivos superdotados pero no parece capaz de prever los riesgos de su comercialización.
Sabemos que el mercado no se muestra escrupuloso, y la salud humana es una moneda de cambio muy rentable. A menudo parece que la ciencia ha mordido el anzuelo empresarial a través de las patentes sobre seres vivos, y convierte a los consumidores en víctimas de un gran experimento genético. Todo en busca del beneficio privado.
Tecnologías como el Terminator garantizan una segunda generación de semillas estériles, con lo que el mercado de los transgénicos queda en manos de unas pocas multinacionales. Este hecho evidencia que el desarrollo de la tecnología genética no está sirviendo para paliar el hambre y la pobreza mundial como se ha proclamado falsamente, sino para convertir el desarrollo agrícola de los países empobrecidos en esclavo de las grandes empresas del sector.
Ante la colonización transgénica, el grito ciudadano no se ha hecho esperar. Multitud de ayuntamientos y regiones europeas se han declarado como zonas libres de organismos genéticamente modificados y muchos propietarios de explotaciones agropecuarias, colegios y proveedores de comida han hecho lo mismo a título individual. Sin ir más lejos, la Comunidad Autónoma Vasca fue declarada este mes de febrero zona libre de cultivos transgénicos destinados a la alimentación humana o animal.
Mucho más allá del carácter simbólico de estas declaraciones, las instituciones deben adquirir el compromiso de evitar las consecuencias negativas de los productos transgénicos sobre la salud pública y evitar los desequilibrios de mercado que la práctica de los cultivos transgénicos conlleva, además de conservar y promover la agricultura y la alimentación de calidad.
El objetivo es proteger nuestra salud y garantizar la biodiversidad y la pervivencia de los cultivos tradicionales. El camino pasa por sumar esfuerzos, multiplicar conciencias. Empujar a las instituciones a deshacerse de los cultivos transgénicos y sujetar con fuerza las riendas del mercado de la ingeniería genética.
Veracruz: impiden a tiros dotar mil hectáreas a labriegos
Andrés Timoteo Morales, corresponsal
Veracruz, Ver. Sujetos identificados como pistoleros al servicio de los empresarios hoteleros Valentín y Felipe Ruiz Ortiz provocaron una balacera en el rancho El Tucán, ubicado en la zona conocida como La Bocana, en los límites de los municipios de Medellín de Bravo y Boca del Río, para impedir que actuarios del Tribunal Superior Agrario (TSA) entregaran poco más de mil hectáreas a 110 campesinos de la organización Herón Proal, que reclama la propiedad de los terrenos desde 2000. Al menos 10 personas salieron lesionadas, entre ellas el actuario del TSA, Fernando Moreno Gaucín.
Los Ruiz son una familia pudiente de asesinos reconocidos en Veracruz.
Veracruz, Ver. Sujetos identificados como pistoleros al servicio de los empresarios hoteleros Valentín y Felipe Ruiz Ortiz provocaron una balacera en el rancho El Tucán, ubicado en la zona conocida como La Bocana, en los límites de los municipios de Medellín de Bravo y Boca del Río, para impedir que actuarios del Tribunal Superior Agrario (TSA) entregaran poco más de mil hectáreas a 110 campesinos de la organización Herón Proal, que reclama la propiedad de los terrenos desde 2000. Al menos 10 personas salieron lesionadas, entre ellas el actuario del TSA, Fernando Moreno Gaucín.
Los Ruiz son una familia pudiente de asesinos reconocidos en Veracruz.
Columna. Asimetrías.Los Dineros Perdidos
Columna. Asimetrías.
Los Dineros Perdidos
Por Fausto Fernández Ponte
I
Los sexenios de Vicente Fox --el locuaz, inepto, irresponable y, por añadidura, no muy inteligente ex Presidente-- y Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón, individuo éste de notorio breve intelecto político, fueron hiperbólicamente suertudos.
Cierto, caro leyente. En ambos sexenios --o lo que va del actual, que es uno de facto y espurio-- los ingresos del Estado por exportación de petróleo fueron colosalmente mayores a las previstas. Pero señálese que las proyecciones fueron modestas.
Así, desde 2001 a 2006 se han calculado ingresos por exportaciones petroleras muy por debajo del promedio real, discernido prospectivamente con arreglo a las variables probables del mercado internacional de la mezcla mexicana de crudo.
Para muchos, esas proyecciones --previsión del ingreso probable por ese concepto-- representan una actitud de cautela o, si se quiere, de ahorro incluso. Pero son nociones falsas. El motivo de esas proyecciones aparentemente modestas es otro.
II
Así parece. Si se calcula un ingreso petrolero, dígase por 40 mil millones de dólares, pero lo que se recibe es el doble o más, difícilmente se podrá rendir cuentas públicas acerca del ejercicio del superávit o del destino que tiene éste.
Véase, si no, lo siguiente:
1) Al pasado 26 de octubre, el barril de la mezcla mexicana de crudos tenía un precio de 76.95 dólares en la lonja de futuros de Nueva York. Ese es el precio al que vende Petróleos Mexicanos.
2) Con los altos precios fijados en la fecha en el mercado de futuros aludida, el promedio del mes de octubre --que no ha concluido aun-- es de 72 dólares por cada barril de la mezcla mexicana de crudos.
3) El Poder Legislativo le asignó al presupuesto de ingresos y egresos del Estado una proyección de 42.80 dólares por barril de nuestra mezcla de crudos. Estimó que el total calculado de barriles exportados es de un millón 648 mil por día.
III
Ambas proyecciones son conservadoras. El promedio discernido en el presupuesto --de 42.80 dólares por barril de la mezcla mexicana de crudos-- es menor al promediado por el mercado de futuros, que es de 72 dólares. Hay un saldo diferencial alto.
Y el promedio total de barriles a exportarse durante el año --2008 es mucho mayor que el calculado por el Poder Ejecutivo y que el Poder Legislativo pondera a toda prisa por éstos días, pues debe tener aprobado el presupuesto a fin de mes.
¿Qué hará el Estado (es decir, los Poderes Ejecutivo y Legislativo de éste) con un saldo diferencial tan acusado? En el sexenio anterior ese saldo se usó discrecionalmente, sin rendir cuentas. ¿Son parte de la riqueza inexplicable del señor Fox?
Y, por lo que toca al sexenio del señor Calderón, no sorprendería descubrir que esas enormes cantidades de dólares (calculado en 11.10 pesos por dólar) tendrían destinos ignotos que pudieren ser ajenos al interés del pueblo de México.
ffponte@gmail.com
Glosario:
Ignotos: Remotos, desconocidos, misteriosos, lejanos.
Lonja: bolsa de valores mercantiles actuales y/o futuros.
Los Dineros Perdidos
Por Fausto Fernández Ponte
I
Los sexenios de Vicente Fox --el locuaz, inepto, irresponable y, por añadidura, no muy inteligente ex Presidente-- y Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón, individuo éste de notorio breve intelecto político, fueron hiperbólicamente suertudos.
Cierto, caro leyente. En ambos sexenios --o lo que va del actual, que es uno de facto y espurio-- los ingresos del Estado por exportación de petróleo fueron colosalmente mayores a las previstas. Pero señálese que las proyecciones fueron modestas.
Así, desde 2001 a 2006 se han calculado ingresos por exportaciones petroleras muy por debajo del promedio real, discernido prospectivamente con arreglo a las variables probables del mercado internacional de la mezcla mexicana de crudo.
Para muchos, esas proyecciones --previsión del ingreso probable por ese concepto-- representan una actitud de cautela o, si se quiere, de ahorro incluso. Pero son nociones falsas. El motivo de esas proyecciones aparentemente modestas es otro.
II
Así parece. Si se calcula un ingreso petrolero, dígase por 40 mil millones de dólares, pero lo que se recibe es el doble o más, difícilmente se podrá rendir cuentas públicas acerca del ejercicio del superávit o del destino que tiene éste.
Véase, si no, lo siguiente:
1) Al pasado 26 de octubre, el barril de la mezcla mexicana de crudos tenía un precio de 76.95 dólares en la lonja de futuros de Nueva York. Ese es el precio al que vende Petróleos Mexicanos.
2) Con los altos precios fijados en la fecha en el mercado de futuros aludida, el promedio del mes de octubre --que no ha concluido aun-- es de 72 dólares por cada barril de la mezcla mexicana de crudos.
3) El Poder Legislativo le asignó al presupuesto de ingresos y egresos del Estado una proyección de 42.80 dólares por barril de nuestra mezcla de crudos. Estimó que el total calculado de barriles exportados es de un millón 648 mil por día.
III
Ambas proyecciones son conservadoras. El promedio discernido en el presupuesto --de 42.80 dólares por barril de la mezcla mexicana de crudos-- es menor al promediado por el mercado de futuros, que es de 72 dólares. Hay un saldo diferencial alto.
Y el promedio total de barriles a exportarse durante el año --2008 es mucho mayor que el calculado por el Poder Ejecutivo y que el Poder Legislativo pondera a toda prisa por éstos días, pues debe tener aprobado el presupuesto a fin de mes.
¿Qué hará el Estado (es decir, los Poderes Ejecutivo y Legislativo de éste) con un saldo diferencial tan acusado? En el sexenio anterior ese saldo se usó discrecionalmente, sin rendir cuentas. ¿Son parte de la riqueza inexplicable del señor Fox?
Y, por lo que toca al sexenio del señor Calderón, no sorprendería descubrir que esas enormes cantidades de dólares (calculado en 11.10 pesos por dólar) tendrían destinos ignotos que pudieren ser ajenos al interés del pueblo de México.
ffponte@gmail.com
Glosario:
Ignotos: Remotos, desconocidos, misteriosos, lejanos.
Lonja: bolsa de valores mercantiles actuales y/o futuros.
La PGR inicia averiguación previa por el accidente en Campeche que dejó 22 muertos
La fuga de combustible se extiende a costas de Tabasco; Paraíso, municipio más dañado
Lorenzo Chim y René A. López (Corresponsales y Notimex)
Una balsa mandarina o cacahuate que arribó ayer a las costas de Ciudad del Carmen completamente destrozada, fue levantada por personal de Pemex Foto: Cortesía de TRIBUNA
El petróleo y aceite derramados por el pozo Kab-101, tras el accidente en las plataformas marinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la zona de Campeche, cuyo saldo hasta la fecha es de 22 trabajadores muertos, ayer continuaba extendiéndose por las costas del Golfo de México. Se estima que hay decenas de kilómetros contaminados en el litoral sur campechano, y las manchas del crudo se extienden hacia las costas de Tabasco.
En esta última entidad se reportó que la mancha de combustible afectaba principalmente al municipio de Paraíso. Mientras en Campeche, el dirigente del Frente Estatal de Pescadores Ribereños, Pedro Gonzalo Chi Pech, señaló que el derrame afecta a unos 8 mil agremiados, pues los grumos del combustible están cerca de las costas: Ciudad del Carmen y Campeche. Precisó que aunque Pemex intente minimizar los daños, es un hecho que habrá mortandad de especies marinas, principalmente las más pequeñas; además, el petróleo sólido dañará sus redes.
El delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en ese estado, José Carlos Martínez León, declaró que las manchas de crudo detectadas a un kilómetro de la costa de la península de Atasta no deben considerarse desastre ecológico.
Según Pemex el asunto no se ha controlado, se adoptaron las medidas necesarias y así se encontraron franjas de crudo de unos 20 metros de largo por tres metros de ancho, “cuando mucho”.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que se inició la averiguación AP/PGR/CAMP/CARM-II/142/2007, por homicidio, daño en propiedad ajena y lo que resulte, luego de que la Suprocuraduría General de Justicia del estado en Ciudad del Carmen se declaró incompetente ante el siniestro del 23 de octubre.
El Ministerio Público de la Federación inició el acta AC/ PGR/CAMP/CARM-I/73/2007, y confirmó, de acuerdo con sus cifras, la muerte de 21 personas, una desaparecida y el rescate de 63 empleados.
Según la Suprocuraduría de Justicia del estado hubo 22 muertos. Aunque existen diferencias sobre el número de víctimas, esa instancia reportó que el 27 de octubre se reportó el hallazgo del cuerpo de una persona identificada como Juan Felipe Figueroa Jiménez, caso relacionado con el accidente de la plataforma.
Este martes, representantes de la Capitanía de Puerto, la PGR y Pemex, realizarán una diligencia a fin de continuar con las pesquisas; el miércoles integrantes de la Comisión Legislativa Especial que investiga irregularidades en Pemex estarán en Ciudad del Carmen.
En el Congreso del estado, las bancadas de PRI, PAN y Convergencia demandaron información sobre lo ocurrido y coincidieron en que debe renunciar el director general de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles. El convergente Arturo Moo Cahuich catalogó de “asesina” a esa empresa petrolera, y el priísta Oscar Rosas consideró incongruente que “Pemex se investigue a sí misma”.
Exigen revisar seguridad en plataformas
El secretario general de la sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros, Luis Gerardo Pérez Sánchez, exigió a Pemex revisar los sistemas de seguridad de las contratistas, para garantizar la vida de miles de trabajadores.
Reveló que de los 22 muertos, cuatro eran de la sección sindical que él representa y son: Martín González Mijangos, Leandro Manuel Hernández Pozos, Hugo Hernández Flores y Ricardo Bustamante Bautista, por lo que exigirán que sean indemnizados conforme a la ley.
Por su parte el diputado federal priísta Arturo Martínez Rocha, integrante de la comisión legislativa que investiga a Pemex, reveló que las 200 compañías petroleras que prestan servicios a esa empresa emplean a unas seis mil personas. La mayoría carece de seguridad social y el IMSS se hace de la vista gorda.
Y la averiguación de la PGR será como todas una vacilada y se hará de la vista gorda ante todas las evidencias hasta que se olvide el asunto y le den carpetazo, esa es la justicia mexicana, nula.
Lorenzo Chim y René A. López (Corresponsales y Notimex)
Una balsa mandarina o cacahuate que arribó ayer a las costas de Ciudad del Carmen completamente destrozada, fue levantada por personal de Pemex Foto: Cortesía de TRIBUNAEl petróleo y aceite derramados por el pozo Kab-101, tras el accidente en las plataformas marinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la zona de Campeche, cuyo saldo hasta la fecha es de 22 trabajadores muertos, ayer continuaba extendiéndose por las costas del Golfo de México. Se estima que hay decenas de kilómetros contaminados en el litoral sur campechano, y las manchas del crudo se extienden hacia las costas de Tabasco.
En esta última entidad se reportó que la mancha de combustible afectaba principalmente al municipio de Paraíso. Mientras en Campeche, el dirigente del Frente Estatal de Pescadores Ribereños, Pedro Gonzalo Chi Pech, señaló que el derrame afecta a unos 8 mil agremiados, pues los grumos del combustible están cerca de las costas: Ciudad del Carmen y Campeche. Precisó que aunque Pemex intente minimizar los daños, es un hecho que habrá mortandad de especies marinas, principalmente las más pequeñas; además, el petróleo sólido dañará sus redes.
El delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en ese estado, José Carlos Martínez León, declaró que las manchas de crudo detectadas a un kilómetro de la costa de la península de Atasta no deben considerarse desastre ecológico.
Según Pemex el asunto no se ha controlado, se adoptaron las medidas necesarias y así se encontraron franjas de crudo de unos 20 metros de largo por tres metros de ancho, “cuando mucho”.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que se inició la averiguación AP/PGR/CAMP/CARM-II/142/2007, por homicidio, daño en propiedad ajena y lo que resulte, luego de que la Suprocuraduría General de Justicia del estado en Ciudad del Carmen se declaró incompetente ante el siniestro del 23 de octubre.
El Ministerio Público de la Federación inició el acta AC/ PGR/CAMP/CARM-I/73/2007, y confirmó, de acuerdo con sus cifras, la muerte de 21 personas, una desaparecida y el rescate de 63 empleados.
Según la Suprocuraduría de Justicia del estado hubo 22 muertos. Aunque existen diferencias sobre el número de víctimas, esa instancia reportó que el 27 de octubre se reportó el hallazgo del cuerpo de una persona identificada como Juan Felipe Figueroa Jiménez, caso relacionado con el accidente de la plataforma.
Este martes, representantes de la Capitanía de Puerto, la PGR y Pemex, realizarán una diligencia a fin de continuar con las pesquisas; el miércoles integrantes de la Comisión Legislativa Especial que investiga irregularidades en Pemex estarán en Ciudad del Carmen.
En el Congreso del estado, las bancadas de PRI, PAN y Convergencia demandaron información sobre lo ocurrido y coincidieron en que debe renunciar el director general de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles. El convergente Arturo Moo Cahuich catalogó de “asesina” a esa empresa petrolera, y el priísta Oscar Rosas consideró incongruente que “Pemex se investigue a sí misma”.
Exigen revisar seguridad en plataformas
El secretario general de la sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros, Luis Gerardo Pérez Sánchez, exigió a Pemex revisar los sistemas de seguridad de las contratistas, para garantizar la vida de miles de trabajadores.
Reveló que de los 22 muertos, cuatro eran de la sección sindical que él representa y son: Martín González Mijangos, Leandro Manuel Hernández Pozos, Hugo Hernández Flores y Ricardo Bustamante Bautista, por lo que exigirán que sean indemnizados conforme a la ley.
Por su parte el diputado federal priísta Arturo Martínez Rocha, integrante de la comisión legislativa que investiga a Pemex, reveló que las 200 compañías petroleras que prestan servicios a esa empresa emplean a unas seis mil personas. La mayoría carece de seguridad social y el IMSS se hace de la vista gorda.
Y la averiguación de la PGR será como todas una vacilada y se hará de la vista gorda ante todas las evidencias hasta que se olvide el asunto y le den carpetazo, esa es la justicia mexicana, nula.
Colom resurge como favorito en comicios guatemaltecos
Dpa
Guatemala. El socialdemócrata Alvaro Colom volvió a ubicarse con la mayor intención de voto en la recta final para la elección presidencial del próximo domingo, señaló hoy una encuesta. La firma costarricense Borge y Asociados, realizada entre el 20 y 25 de este mes, indica que Colom aventaja por 4.3 puntos al ex general Otto Pérez. Agrega que el abanderado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ganaría con 39.4 por ciento de los votos, mientras que Pérez, del derechista Partido Patriota (PP), lograría 35.1 por ciento. Cerca de seis millones de guatemaltecos están convocados para elegir en una segunda vuelta al presidente del país para el periodo 2008-2012 y que deberá tomar posesión el próximo 14 de enero.
Guatemala. El socialdemócrata Alvaro Colom volvió a ubicarse con la mayor intención de voto en la recta final para la elección presidencial del próximo domingo, señaló hoy una encuesta. La firma costarricense Borge y Asociados, realizada entre el 20 y 25 de este mes, indica que Colom aventaja por 4.3 puntos al ex general Otto Pérez. Agrega que el abanderado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ganaría con 39.4 por ciento de los votos, mientras que Pérez, del derechista Partido Patriota (PP), lograría 35.1 por ciento. Cerca de seis millones de guatemaltecos están convocados para elegir en una segunda vuelta al presidente del país para el periodo 2008-2012 y que deberá tomar posesión el próximo 14 de enero.
Oleada de huelgas en Perú; cocaleros y médicos se suman al paro en universidades
Afp y Dpa
Lima, 29 de octubre. Unos 300 mil productores de hoja de coca y 16 mil médicos realizaron un paro de actividades en Perú, en demanda de mejores condiciones laborales y del cumplimiento de compromisos suscritos por el gobierno de Alan García, que enfrenta el mayor desafío social desde que asumió la presidencia.
Cocaleros y médicos se sumaron a los 21 mil profesores y 22 mil trabajadores de universidades públicas que están en paro desde hace varios días.
De acuerdo con el presidente de la Federación Médica Peruana, Julio Vargas, los 16 mil médicos emprendieron un paro de 48 horas para exigir al gobierno un incremento al presupuesto de salud equivalente a unos 600 mil dólares, cuyo objetivo es mejorar sus salarios y la infraestructura de los hospitales; también rechazan un proyecto de municipalizar la salud pública.
Exigen además el incremento de las pensiones de 2 mil 700 médicos cesantes y jubilados, así como el nombramiento de mil 700 contratados por el Ministerio de Salud a través de servicios no personales, que no gozan de derechos laborales como vacaciones y seguro social, entre otros aspectos.
En días recientes, la directiva del sindicato médico exigió la renuncia del ministro de Salud, Carlos Vallejos, al que responsabilizan de irregularidades detectadas en el Seguro Integral de Salud, y de la muerte de cuatro personas en el sur del país luego de ser vacunadas contra la fiebre amarilla. Vargas aseguró que la FMP tiene pruebas de que las inoculaciones estaban vencidas, acusación negada este lunes por Vallejos.
Si no se alcanza un acuerdo con las autoridades, los médicos amenazan con una huelga indefinida a partir de la segunda quincena de noviembre.
Según el Ministerio de Salud, la medida de fuerza en Lima sólo fue acatada por 13.8 por ciento de los médicos, y en provincias por 16 por ciento, aunque la FMP, que convocó al paro, discrepó con esas cifras.
El ministro de Salud calificó de “político” el paro de los médicos, aunque pidió a la directiva del gremio suspender la medida y continuar con el diálogo que, dijo, los médicos rompieron de manera unilateral.
Al mismo tiempo, unos 300 mil campesinos de 18 valles del país, agremiados en la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú, iniciaron una huelga indefinida para protestar por el incumplimiento del Acta de Tocache, en la que el gobierno se compromete a realizar un empadronamiento de los cultivadores de coca y a cesar las erradicaciones de cultivos.
Esta protesta se cumple con el bloqueo de la carretera Federico Basadre, en el departamento de Ucayali, y de algunos tramos de la carretera Marginal de la selva en la región Pucallpa, en el noreste de Lima.
La oleada de huelgas se incrementará con el paro anunciado para el 5 de noviembre por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos que incluirá marchas hacia la capital desde diversos centros mineros, en tanto que trabajadores de la construcción civil y de otros sectores se alistan a una jornada nacional de protestas.
La huelga de médicos y de productores de hoja de coca antecede a la jornada de protesta nacional convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) para el 8 de noviembre.
Ese día los trabajadores de diversos gremios –mineros, estudiantes, obreros de la construcción civil, profesores universitarios, campesinos cocaleros– realizarán movilizaciones en todo el país sin que ello implique un paro de 48 horas.
“Vamos a expresar nuestra protesta contra el modelo neoliberal y contra el desempleo”, dijo el secretario general de la CGTP, Mario Huamán.
Dirigentes de la CGTP entregaron hoy en el Congreso un pliego de peticiones, como aumento de sueldos, respeto de acuerdos firmados con varios sectores sindicales y renovación del gabinete ministerial, por lo que considera fracaso del modelo económico liberal al que achaca el alza del costo de la vida, explicó Huamán.
En respuesta al panorama laboral complicado, el ministro del Interior, Luis Alva, advirtió el domingo que se actuará “con firmeza para mantener la autoridad, el orden y la seguridad en el país”, pero con respeto a los derechos humanos de los reclamantes, además de que se aplicarán las normas que sancionan a las autoridades que respalden marchas, paros u otros actos de protesta.
Javier Mujica, integrante del Centro de Asesoría Laboral del Perú, afirmó que este escenario de protesta se debe a que se han profundizado las brechas sociales en el país y a la abusiva legislación laboral que se mantiene desde el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
En otro asunto, el oficial Consejo Nacional de Derechos Humanos lamentó que la fundación Gruber de Estados Unidos, condecorara a la peruana Mónica Feria como defensora de las garantías individuales, pese a que está procesada por sus presuntos nexos con sendero luminoso.
Lima, 29 de octubre. Unos 300 mil productores de hoja de coca y 16 mil médicos realizaron un paro de actividades en Perú, en demanda de mejores condiciones laborales y del cumplimiento de compromisos suscritos por el gobierno de Alan García, que enfrenta el mayor desafío social desde que asumió la presidencia.
Cocaleros y médicos se sumaron a los 21 mil profesores y 22 mil trabajadores de universidades públicas que están en paro desde hace varios días.
De acuerdo con el presidente de la Federación Médica Peruana, Julio Vargas, los 16 mil médicos emprendieron un paro de 48 horas para exigir al gobierno un incremento al presupuesto de salud equivalente a unos 600 mil dólares, cuyo objetivo es mejorar sus salarios y la infraestructura de los hospitales; también rechazan un proyecto de municipalizar la salud pública.
Exigen además el incremento de las pensiones de 2 mil 700 médicos cesantes y jubilados, así como el nombramiento de mil 700 contratados por el Ministerio de Salud a través de servicios no personales, que no gozan de derechos laborales como vacaciones y seguro social, entre otros aspectos.
En días recientes, la directiva del sindicato médico exigió la renuncia del ministro de Salud, Carlos Vallejos, al que responsabilizan de irregularidades detectadas en el Seguro Integral de Salud, y de la muerte de cuatro personas en el sur del país luego de ser vacunadas contra la fiebre amarilla. Vargas aseguró que la FMP tiene pruebas de que las inoculaciones estaban vencidas, acusación negada este lunes por Vallejos.
Si no se alcanza un acuerdo con las autoridades, los médicos amenazan con una huelga indefinida a partir de la segunda quincena de noviembre.
Según el Ministerio de Salud, la medida de fuerza en Lima sólo fue acatada por 13.8 por ciento de los médicos, y en provincias por 16 por ciento, aunque la FMP, que convocó al paro, discrepó con esas cifras.
El ministro de Salud calificó de “político” el paro de los médicos, aunque pidió a la directiva del gremio suspender la medida y continuar con el diálogo que, dijo, los médicos rompieron de manera unilateral.
Al mismo tiempo, unos 300 mil campesinos de 18 valles del país, agremiados en la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú, iniciaron una huelga indefinida para protestar por el incumplimiento del Acta de Tocache, en la que el gobierno se compromete a realizar un empadronamiento de los cultivadores de coca y a cesar las erradicaciones de cultivos.
Esta protesta se cumple con el bloqueo de la carretera Federico Basadre, en el departamento de Ucayali, y de algunos tramos de la carretera Marginal de la selva en la región Pucallpa, en el noreste de Lima.
La oleada de huelgas se incrementará con el paro anunciado para el 5 de noviembre por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos que incluirá marchas hacia la capital desde diversos centros mineros, en tanto que trabajadores de la construcción civil y de otros sectores se alistan a una jornada nacional de protestas.
La huelga de médicos y de productores de hoja de coca antecede a la jornada de protesta nacional convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) para el 8 de noviembre.
Ese día los trabajadores de diversos gremios –mineros, estudiantes, obreros de la construcción civil, profesores universitarios, campesinos cocaleros– realizarán movilizaciones en todo el país sin que ello implique un paro de 48 horas.
“Vamos a expresar nuestra protesta contra el modelo neoliberal y contra el desempleo”, dijo el secretario general de la CGTP, Mario Huamán.
Dirigentes de la CGTP entregaron hoy en el Congreso un pliego de peticiones, como aumento de sueldos, respeto de acuerdos firmados con varios sectores sindicales y renovación del gabinete ministerial, por lo que considera fracaso del modelo económico liberal al que achaca el alza del costo de la vida, explicó Huamán.
En respuesta al panorama laboral complicado, el ministro del Interior, Luis Alva, advirtió el domingo que se actuará “con firmeza para mantener la autoridad, el orden y la seguridad en el país”, pero con respeto a los derechos humanos de los reclamantes, además de que se aplicarán las normas que sancionan a las autoridades que respalden marchas, paros u otros actos de protesta.
Javier Mujica, integrante del Centro de Asesoría Laboral del Perú, afirmó que este escenario de protesta se debe a que se han profundizado las brechas sociales en el país y a la abusiva legislación laboral que se mantiene desde el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
En otro asunto, el oficial Consejo Nacional de Derechos Humanos lamentó que la fundación Gruber de Estados Unidos, condecorara a la peruana Mónica Feria como defensora de las garantías individuales, pese a que está procesada por sus presuntos nexos con sendero luminoso.
Encinas: el PRD debe mantener alianzas políticas
Javier Valdez Cárdenas (Corresponsal)
Culiacán, Sin., 29 de octubre. Los resultados electorales adversos al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en algunas contiendas estatales se deben, en gran medida, a que debió sostener las alianzas que construyó con otras formaciones políticas en la contienda presidencial de 2006. Además, al divisionismo interno y los cacicazgos locales que operan en favor de las grupos que son gobierno, afirmó Alejandro Encinas.
El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal y aspirante a la presidencia nacional del partido estuvo en Culiacán, Sinaloa, para participar en la conformación de la corriente Izquierda Unida en esta cabecera municipal y evaluar el ánimo de los militantes en esta ciudad.
El perredista calificó de “normal” la discusión entre Gerardo Fernández Noroña, secretario de comunicación del PRD, y Ruth Zavaleta, presidenta de la Cámara de Diputados, y dijo que en otros partidos, como en Acción Nacional, ocurren hasta homicidios por alcanzar candidaturas “y no se da la misma cobertura”.
Encinas informó que el PRD es gobierno en seis estados y 405 municipios, incluidos los dos más grandes a escala nacional, que tienen alrededor de 25 millones de habitantes, y los ciudadanos “siguen identificados con nuestro partido. Alrededor de 33 por ciento mantiene la idea de que hubo fraude en las elecciones pasadas”.
Opinó que la baja votación en comicios locales, como en Veracruz, se debe a que debieron mantenerse las alianzas con otros partidos, como la que se logró en la contienda presidencial de 2006, pero también a los conflictos internos, la desunión, la elección de candidatos de bajo perfil y la operación de caciques políticos de las fuerzas políticas que son gobierno en esas entidades, quienes trabajan para favorecer a sus partidos.
Culiacán, Sin., 29 de octubre. Los resultados electorales adversos al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en algunas contiendas estatales se deben, en gran medida, a que debió sostener las alianzas que construyó con otras formaciones políticas en la contienda presidencial de 2006. Además, al divisionismo interno y los cacicazgos locales que operan en favor de las grupos que son gobierno, afirmó Alejandro Encinas.
El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal y aspirante a la presidencia nacional del partido estuvo en Culiacán, Sinaloa, para participar en la conformación de la corriente Izquierda Unida en esta cabecera municipal y evaluar el ánimo de los militantes en esta ciudad.
El perredista calificó de “normal” la discusión entre Gerardo Fernández Noroña, secretario de comunicación del PRD, y Ruth Zavaleta, presidenta de la Cámara de Diputados, y dijo que en otros partidos, como en Acción Nacional, ocurren hasta homicidios por alcanzar candidaturas “y no se da la misma cobertura”.
Encinas informó que el PRD es gobierno en seis estados y 405 municipios, incluidos los dos más grandes a escala nacional, que tienen alrededor de 25 millones de habitantes, y los ciudadanos “siguen identificados con nuestro partido. Alrededor de 33 por ciento mantiene la idea de que hubo fraude en las elecciones pasadas”.
Opinó que la baja votación en comicios locales, como en Veracruz, se debe a que debieron mantenerse las alianzas con otros partidos, como la que se logró en la contienda presidencial de 2006, pero también a los conflictos internos, la desunión, la elección de candidatos de bajo perfil y la operación de caciques políticos de las fuerzas políticas que son gobierno en esas entidades, quienes trabajan para favorecer a sus partidos.
Nulo interés de empresarios mineros por resolver huelgas en tres estados
Persiste negativa de Grupo México a revisar contratos de trabajo, afirma el sindicato
Los movimientos cumplen 90 días; entidades ya resienten consecuencias: Carlos Pavón
Patricia Muñoz Ríos
Noventa días después de que estallaron las huelgas en las secciones 17 de Industrial Minera México en Taxco, Guerrero, y 201 de San Martín, Zacatecas, así como en la 65 de Mexicana de Cananea, en Sonora, hay total apatía por resolver esos conflictos, denunció ayer Carlos Pavón Campos, secretario de asuntos políticos del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
Señaló que Grupo México continúa negándose a revisar los contratos colectivos de trabajo y sin resolver el problema de la inseguridad en minas y plantas, y ninguna autoridad lo obliga a cumplir la ley federal en la materia. Por el contrario, apuntó, los directivos de la empresa “siguen cómodamente instalados en la indiferencia y no buscan solucionar esos conflictos, que podrían extenderse más tiempo”.
Manifestó que las huelgas, estalladas el 30 de julio en las tres secciones, continuarán hasta que se revisen las condiciones de inseguridad, contaminación y falta de higiene en los socavones. Además, dijo, se deben respetar los derechos, la autonomía sindical y los contratos de trabajo.
El vocero y representante del sindicato, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, puntualizó que lejos de haber voluntad para levantar las huelgas, “la empresa hace gala de que tiene manga ancha para continuar violando los derechos laborales de los mineros. Inclusive, ya logró su propósito de crear un sindicato blanco en Cananea para confundir y dividir a los trabajadores.
“Están cumpliendo a Germán Larrea Mota Velasco su capricho loco y desquiciado de tener una organización de papel. Lo lamentable es que el juego lo siguen algunos gobernantes”, destacó. Aseguró que los paros afectan cerca de 30 mil empleos directos e indirectos, y las entidades ya están resintiendo en su desarrollo económico las consecuencias de la incapacidad de las autoridades para sentar a la mesa de diálogo a la empresa.
Planteó, de igual forma, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no debe hacer caso a las amenazas de Grupo México, de que se llevará a Perú sus inversiones, porque el próximo 5 de noviembre los mineros de este país, incluidos los de Southern Copper Corporation, estallarán una huelga en demanda de mejores salarios, prestaciones y seguridad laboral.
Los movimientos cumplen 90 días; entidades ya resienten consecuencias: Carlos Pavón
Patricia Muñoz Ríos
Noventa días después de que estallaron las huelgas en las secciones 17 de Industrial Minera México en Taxco, Guerrero, y 201 de San Martín, Zacatecas, así como en la 65 de Mexicana de Cananea, en Sonora, hay total apatía por resolver esos conflictos, denunció ayer Carlos Pavón Campos, secretario de asuntos políticos del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
Señaló que Grupo México continúa negándose a revisar los contratos colectivos de trabajo y sin resolver el problema de la inseguridad en minas y plantas, y ninguna autoridad lo obliga a cumplir la ley federal en la materia. Por el contrario, apuntó, los directivos de la empresa “siguen cómodamente instalados en la indiferencia y no buscan solucionar esos conflictos, que podrían extenderse más tiempo”.
Manifestó que las huelgas, estalladas el 30 de julio en las tres secciones, continuarán hasta que se revisen las condiciones de inseguridad, contaminación y falta de higiene en los socavones. Además, dijo, se deben respetar los derechos, la autonomía sindical y los contratos de trabajo.
El vocero y representante del sindicato, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, puntualizó que lejos de haber voluntad para levantar las huelgas, “la empresa hace gala de que tiene manga ancha para continuar violando los derechos laborales de los mineros. Inclusive, ya logró su propósito de crear un sindicato blanco en Cananea para confundir y dividir a los trabajadores.
“Están cumpliendo a Germán Larrea Mota Velasco su capricho loco y desquiciado de tener una organización de papel. Lo lamentable es que el juego lo siguen algunos gobernantes”, destacó. Aseguró que los paros afectan cerca de 30 mil empleos directos e indirectos, y las entidades ya están resintiendo en su desarrollo económico las consecuencias de la incapacidad de las autoridades para sentar a la mesa de diálogo a la empresa.
Planteó, de igual forma, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no debe hacer caso a las amenazas de Grupo México, de que se llevará a Perú sus inversiones, porque el próximo 5 de noviembre los mineros de este país, incluidos los de Southern Copper Corporation, estallarán una huelga en demanda de mejores salarios, prestaciones y seguridad laboral.
En las listas de presos políticos “no están todos los que son ni son todos lo que están”
En Chiapas, las víctimas y sobrevivientes de una agresión son tratados como culpables
Blanche Petrich / III y última
Los hermanos Palemón, Rododlfo y Gerardo Cabrera González, campesinos defensores de los bosques de la sierra de Petatlán, Guerrero, quienes llevan varios años en el penal de Las Cruces, aparecen tras la rejilla de prácticas en la audiencia de ayer, donde estuvieron presentes varios “testigos” de crímenes de los que se les acusa Foto: Javier Verdin
El catequista chol Diego Arcos Meneses, poblador de Viejo Velasco, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, está preso, acusado de homicidio a raíz de un ataque del grupo paramilitar del poblado vecino, Nueva Palestina, que pretende despojar a su ejido. En la acción fueron ejecutadas seis personas, y dos desaparecidas. Los peritajes demostraron que Arcos no disparó arma de fuego. En cambio, un paramilitar que sí disparó está libre. Es, sostiene el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, un caso “nada excepcional en el estado en el que las víctimas y sobrevivientes de una agresión son tratados como culpables”. Es uno de los 78 “presos políticos” de la entidad.
En Michoacán está preso Hilarión Torres, purépecha de Irícuaro y dirigente de la Organización Campesina Indígena Popular, que se opone al despojo de tierras comunales y bosques para destinarlas a proyectos residenciales y turísticos. Su hijo fue asesinado anteriormente por caciques locales. Otros 40 campesinos tienen órdenes de aprehensión.
Acusada de “despojo” por un terrateniente bajacaliforniano que ha invadido 700 hectáreas de territorio kumai en el municipio de Rosarito, la indígena Eva Carrillo Vega, de San José de la Zorra, Baja California, fue detenida en represalia porque su hijo, líder del movimiento en defensa de la tierra, está prófugo.
En la prisión de Tacotalpa, Tabasco, están presos desde hace 11 años Francisco Pérez Vázquez, de 70 años, y su hijo Angel Concepción. Son choles del norte de Chiapas, bases zapatistas, fundadores de la organización campesina Xinich. En busca de tierras migraron a Tabasco y se asentaron en Huacapal. Esas tierras entraron en conflicto con el ejido Tuitzol. En un enfrentamiento murieron dos personas de cada bando. A pesar de que los Pérez no estaban ese día en el ejido, fueron encarcelados y sentenciados a 25 años.
Diez indígenas nahuas de Ixhuatán de Madero, Veracruz, fueron apresados el 14 de junio durante un desalojo de tierras. Militan en el grupo Dorados de Villa y defienden tierras ejidales contra un intento de despojo apoyado por el gobierno de Veracruz. Ya están libres. Pero otro indígena de la sierra Zongolica, Isidro Tehuintle, fue detenido por la Agencia Federal de Investigaciones por realizar bloqueos. Fue una de las voces más críticas contra la versión de la “muerte natural” de la anciana Ernestina Ascensión, atacada por el Ejército en Soledad Atzompa.
En San Luis Potosí fue detenido Pedro Rebolloso, opositor a la minera San Xavier. Su arresto ocurrió en abril, durante un plantón en pleno centro de la capital potosina. La autoridad se desistió de su acusación y fue liberado mes y medio después.
En la Puebla de Mario Marín, dos defensores de derechos humanos fueron apresados en 2005 por órdenes del gobernador para satisfacer a un empresario textilero, Kamel Nacif: la periodista Lydia Cacho, quien había denunciado los nexos del llamado Rey de la mezclilla con redes de pederastas, y Martín Barrios, que documentaba la explotación de sus fábricas.
Historias como éstas suman cientos de expedientes en todo el territorio nacional. Pero en las listas que elaboran periódicamente grupos de defensores de “presos políticos”, como el Comité Cerezo, la Coordinadora Nacional por la Libertad de los Presos Políticos o la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, no están todos los que son ni son todos los que están.
Cruz Arteaga, abogada y esposa de un “preso político” y miembro de la coordinadora, que agrupa principalmente a familiares de presos que pertenecen a alguna organización armada, reconoce que las organizaciones humanitarias no cuentan con un concentrado sistemático, actualizado y confiable que contabilice los “presos políticos” en las cárceles del país, sean del fuero común o del federal.
“Cada grupo aplica criterios propios y definiciones diferentes para caracterizar al preso por causas sociales, al preso de conciencia”, admite.
Sentencia zedillista: “todo el peso del Estado”
Son 12 los presos por pertenecer a organizaciones armadas. Cuatro están recluidos en penales de máxima seguridad. En todos los casos, la principal prueba incriminatoria es su declaración ministerial, arrancada bajo tortura. Dos de ellos, los hermanos Héctor y Antonio Cerezo, que aseguran no ser miembros de ningún grupo guerrillero, cumplirán el año próximo sus respectivas condenas de siete años y medio.
Jacobo Silva y Gloria Arenas son los guerrilleros de mayor jerarquía capturados; son los dirigentes del ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente) detenidos en 1999, poco después de la escisión de este grupo, antes integrado al EPR (Ejército Popular Revolucionario). Silva, el comandante Antonio, fue detenido en el Distrito Federal. Arenas, la coronela Aurora, fue arrestada tres días después en San Luis Potosí. Una pareja más, Felícitas Padilla y Fernando Gatica, fue detenida simultáneamente en Chilpancigo. A los cuatro les fincaron cargos de homicidio. Padilla y Gatica salieron libres en 2004.
La hija de Jacobo y Gloria, Leonor, tuvo que pedir asilo en Canadá por amenazas y atentados. Se les acusa de homicidio calificado por la muerte de un civil, Gonzalo Morales, durante una emboscada del EPR en julio de 1996, año y medio antes de la escisión del ERPI, contra un convoy militar en una carretera cercana a Tixtla, Guerrero. Ellos sostienen que no estuvieron en esa acción y que en el proceso nunca se presentaron pruebas reales. Fueron sentenciados a 50 años de cárcel.
Hay otros cuatro miembros del EPR detenidos en 1996, el año en el que se anunció la formación de este grupo armado.
Sergio Bautista Martínez y José Luis López García fueron detenidos en Huixquilucan, estado de México, el 28 de agosto de 1996 mientras realizaban actividades de propaganda. Iban armados. Fueron acusados de homicidio en grado de tentativa y portación de armas, y sentenciados a 25 y 26 años de cárcel, respectivamente.
A pesar de haber presentado numerosos amparos para ser trasladados a un Cereso, siguen en penales de máxima seguridad, “que no se justifica, ya que se ha demostrado que no representan un peligro para la sociedad. Si acaso, representan un desafío para el gobierno”, señala Cruz Arteaga, abogada y esposa de Sergio Bautista.
Otros dos presos del EPR son Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, recluidos en el Cereso de Neza Bordo. García es nahua de Puebla, y Sánchez, mixteco de Oaxaca. Fueron detenidos en junio de 1998 en una casa de seguridad en Tláhuac. Un año antes, de esa misma casa había desaparecido otro militante, Rogelio Cuevas, conocido como combatiente Gustavo. Juan y Santiago son acusados de haber sido detenidos, no en su casa en Tláhuac, sino en un operativo de propaganda armada en Santa Martha Acatitla. También se les relaciona con un enfrentamiento ocurrido en diciembre de 1996, donde murió un policía. La única prueba de esta acusación son sus declaraciones arrancadas bajo tortura.
Blanche Petrich / III y última
Los hermanos Palemón, Rododlfo y Gerardo Cabrera González, campesinos defensores de los bosques de la sierra de Petatlán, Guerrero, quienes llevan varios años en el penal de Las Cruces, aparecen tras la rejilla de prácticas en la audiencia de ayer, donde estuvieron presentes varios “testigos” de crímenes de los que se les acusa Foto: Javier VerdinEl catequista chol Diego Arcos Meneses, poblador de Viejo Velasco, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, está preso, acusado de homicidio a raíz de un ataque del grupo paramilitar del poblado vecino, Nueva Palestina, que pretende despojar a su ejido. En la acción fueron ejecutadas seis personas, y dos desaparecidas. Los peritajes demostraron que Arcos no disparó arma de fuego. En cambio, un paramilitar que sí disparó está libre. Es, sostiene el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, un caso “nada excepcional en el estado en el que las víctimas y sobrevivientes de una agresión son tratados como culpables”. Es uno de los 78 “presos políticos” de la entidad.
En Michoacán está preso Hilarión Torres, purépecha de Irícuaro y dirigente de la Organización Campesina Indígena Popular, que se opone al despojo de tierras comunales y bosques para destinarlas a proyectos residenciales y turísticos. Su hijo fue asesinado anteriormente por caciques locales. Otros 40 campesinos tienen órdenes de aprehensión.
Acusada de “despojo” por un terrateniente bajacaliforniano que ha invadido 700 hectáreas de territorio kumai en el municipio de Rosarito, la indígena Eva Carrillo Vega, de San José de la Zorra, Baja California, fue detenida en represalia porque su hijo, líder del movimiento en defensa de la tierra, está prófugo.
En la prisión de Tacotalpa, Tabasco, están presos desde hace 11 años Francisco Pérez Vázquez, de 70 años, y su hijo Angel Concepción. Son choles del norte de Chiapas, bases zapatistas, fundadores de la organización campesina Xinich. En busca de tierras migraron a Tabasco y se asentaron en Huacapal. Esas tierras entraron en conflicto con el ejido Tuitzol. En un enfrentamiento murieron dos personas de cada bando. A pesar de que los Pérez no estaban ese día en el ejido, fueron encarcelados y sentenciados a 25 años.
Diez indígenas nahuas de Ixhuatán de Madero, Veracruz, fueron apresados el 14 de junio durante un desalojo de tierras. Militan en el grupo Dorados de Villa y defienden tierras ejidales contra un intento de despojo apoyado por el gobierno de Veracruz. Ya están libres. Pero otro indígena de la sierra Zongolica, Isidro Tehuintle, fue detenido por la Agencia Federal de Investigaciones por realizar bloqueos. Fue una de las voces más críticas contra la versión de la “muerte natural” de la anciana Ernestina Ascensión, atacada por el Ejército en Soledad Atzompa.
En San Luis Potosí fue detenido Pedro Rebolloso, opositor a la minera San Xavier. Su arresto ocurrió en abril, durante un plantón en pleno centro de la capital potosina. La autoridad se desistió de su acusación y fue liberado mes y medio después.
En la Puebla de Mario Marín, dos defensores de derechos humanos fueron apresados en 2005 por órdenes del gobernador para satisfacer a un empresario textilero, Kamel Nacif: la periodista Lydia Cacho, quien había denunciado los nexos del llamado Rey de la mezclilla con redes de pederastas, y Martín Barrios, que documentaba la explotación de sus fábricas.
Historias como éstas suman cientos de expedientes en todo el territorio nacional. Pero en las listas que elaboran periódicamente grupos de defensores de “presos políticos”, como el Comité Cerezo, la Coordinadora Nacional por la Libertad de los Presos Políticos o la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, no están todos los que son ni son todos los que están.
Cruz Arteaga, abogada y esposa de un “preso político” y miembro de la coordinadora, que agrupa principalmente a familiares de presos que pertenecen a alguna organización armada, reconoce que las organizaciones humanitarias no cuentan con un concentrado sistemático, actualizado y confiable que contabilice los “presos políticos” en las cárceles del país, sean del fuero común o del federal.
“Cada grupo aplica criterios propios y definiciones diferentes para caracterizar al preso por causas sociales, al preso de conciencia”, admite.
Sentencia zedillista: “todo el peso del Estado”
Son 12 los presos por pertenecer a organizaciones armadas. Cuatro están recluidos en penales de máxima seguridad. En todos los casos, la principal prueba incriminatoria es su declaración ministerial, arrancada bajo tortura. Dos de ellos, los hermanos Héctor y Antonio Cerezo, que aseguran no ser miembros de ningún grupo guerrillero, cumplirán el año próximo sus respectivas condenas de siete años y medio.
Jacobo Silva y Gloria Arenas son los guerrilleros de mayor jerarquía capturados; son los dirigentes del ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente) detenidos en 1999, poco después de la escisión de este grupo, antes integrado al EPR (Ejército Popular Revolucionario). Silva, el comandante Antonio, fue detenido en el Distrito Federal. Arenas, la coronela Aurora, fue arrestada tres días después en San Luis Potosí. Una pareja más, Felícitas Padilla y Fernando Gatica, fue detenida simultáneamente en Chilpancigo. A los cuatro les fincaron cargos de homicidio. Padilla y Gatica salieron libres en 2004.
La hija de Jacobo y Gloria, Leonor, tuvo que pedir asilo en Canadá por amenazas y atentados. Se les acusa de homicidio calificado por la muerte de un civil, Gonzalo Morales, durante una emboscada del EPR en julio de 1996, año y medio antes de la escisión del ERPI, contra un convoy militar en una carretera cercana a Tixtla, Guerrero. Ellos sostienen que no estuvieron en esa acción y que en el proceso nunca se presentaron pruebas reales. Fueron sentenciados a 50 años de cárcel.
Hay otros cuatro miembros del EPR detenidos en 1996, el año en el que se anunció la formación de este grupo armado.
Sergio Bautista Martínez y José Luis López García fueron detenidos en Huixquilucan, estado de México, el 28 de agosto de 1996 mientras realizaban actividades de propaganda. Iban armados. Fueron acusados de homicidio en grado de tentativa y portación de armas, y sentenciados a 25 y 26 años de cárcel, respectivamente.
A pesar de haber presentado numerosos amparos para ser trasladados a un Cereso, siguen en penales de máxima seguridad, “que no se justifica, ya que se ha demostrado que no representan un peligro para la sociedad. Si acaso, representan un desafío para el gobierno”, señala Cruz Arteaga, abogada y esposa de Sergio Bautista.
Otros dos presos del EPR son Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, recluidos en el Cereso de Neza Bordo. García es nahua de Puebla, y Sánchez, mixteco de Oaxaca. Fueron detenidos en junio de 1998 en una casa de seguridad en Tláhuac. Un año antes, de esa misma casa había desaparecido otro militante, Rogelio Cuevas, conocido como combatiente Gustavo. Juan y Santiago son acusados de haber sido detenidos, no en su casa en Tláhuac, sino en un operativo de propaganda armada en Santa Martha Acatitla. También se les relaciona con un enfrentamiento ocurrido en diciembre de 1996, donde murió un policía. La única prueba de esta acusación son sus declaraciones arrancadas bajo tortura.
Crean nuevo sindicato de trabajadores en el IPN; auguran desbandada del SNTE
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje le otorgó ayer la toma de nota
“Mensaje al gobierno federal: por el bien de la educación debe renunciar Gordillo”, dice la CNTE
Karina Avilés y Patricia Muñoz
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) otorgó ayer la toma de nota al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Politécnico Nacional (SNTIPN), cuyo líder, Silvio Lira Mojica, auguró una “desbandada” del feudo de Elba Esther Gordillo, ya que nueve de cada 10 trabajadores reprueban su dirigencia en esta casa de estudios.
Lira Mojica, luego de recibir el reconocimiento oficial, señaló que esta resolución es definitiva, de carácter irrevocable. “En el Politécnico ya hay dos sindicatos”, y ahora lucharán por tener la titularidad de su contrato colectivo de trabajo, actualmente en manos del sindicato magisterial.
Detalló que la nueva organización nace con 4 mil 500 afiliados de un total de 22 mil trabajadores politécnicos, pero estimó que la mayoría de ellos abandonarán el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en los próximos meses, ya que “95.52 por ciento” están en contra del liderazgo gordillista, de acuerdo con una encuesta de este grupo.
La respuesta del SNTE no tardó. El secretario de la sección 10, Carlos Andrés Pérez, descalificó a este nuevo sindicato al afirmar que “se trata de un grupo menor a 80 personas, por lo que no tiene representatividad ni legitimidad política”. Consideró que esta escisión obedece a que la organización de maestros es un “gremio muy participativo”.
En tanto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afirmó que mientras continúe la conculcación de los derechos laborales se agudizará la desintegración del SNTE, porque el descontento de los trabajadores está rebasando a dicha organización y al gobierno conservador que cierra las alternativas democráticas.
Así, José González Figueroa, líder histórico de la agrupación de maestros disidentes, expresó que lo que está pasando en el IPN es un “mensaje” a Gordillo y al gobierno de Felipe Calderón “de que ya llegamos al límite, de que por el bien de la educación de los trabajadores debe buscarse la renuncia de Elba Esther Gordillo”.
Esta no es la primera escisión en el SNTE, ya que, por ejemplo, en Baja California fue creado el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE), encabezado por Héctor Lara, quien ha denunciado que la ex priísta, con la ayuda del gobernador del PAN, mantiene desconocida a esa agrupación, pese a que el tribunal local en la materia le otorgó el registro en septiembre de 2006, pero eso no obsta para que Gordillo les “retenga sus cuotas”.
En el Instituto Politécnico Nacional hay alrededor de 45 delegaciones para docentes y cerca de 60 para los trabajadores. Mojica señaló al respecto que la toma de nota ya es un hecho consumado que da validez oficial al nuevo sindicato. Sin embargo, en febrero de 2009, en el contexto de la revisión salarial, demandarán un recuento de agremiados, con el propósito de pelear la titularidad de su contrato colectivo de trabajo, que está en manos ahora del SNTE y que esperan arrebatarle, para lo cual necesitan 12 mil sindicalizados, que prevén afiliar.
Sin embargo, afirmó que “no puedes traerte toda la porquería que tiene el SNTE en cuanto a sus líderes, ya que nosotros buscaremos directamente a la base trabajadora”
La imagen de Elba Esther Gordillo entre los politécnicos es que “se trata de una señora que para nosotros no tiene educación, no está al nivel que nosotros tenemos”. Al respecto, el nuevo sindicato realizó una encuesta entre los trabajadores, la cual arrojó como resultados que 95.5 por ciento rechazan la dirigencia elbista; 97.19 por ciento quieren un sindicato autónomo y sin líderes charros; 92.18 por ciento quieren conocer el destino de los recursos que maneja la directiva, y 93.31 por ciento quieren un sindicato limpio y honesto.
Por su parte, Carlos Antonio Pérez, dirigente de la sección 10 del SNTE, acusó incluso al gobierno calderonista de tener toda una estrategia para buscar la “atomización peligrosa” de los gremios, en aras de que pierdan fortaleza frente a las autoridades.
Cabe referir que Lira Mojica formó parte de la dirigencia del SNTE precisamente en la sección 10, pero luego se escindió y encabezó en los años recientes acciones de repudio y señalamiento contra Gordillo. Dio a conocer el manejo turbio de las cuotas de los trabajadores por parte de esta dirigencia, al denunciar que el SNTE recibe alrededor de mil 325 millones de pesos por este concepto y a las secciones sólo se les regresa 8 por ciento del dinero que aportan.
“Mensaje al gobierno federal: por el bien de la educación debe renunciar Gordillo”, dice la CNTE
Karina Avilés y Patricia Muñoz
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) otorgó ayer la toma de nota al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Politécnico Nacional (SNTIPN), cuyo líder, Silvio Lira Mojica, auguró una “desbandada” del feudo de Elba Esther Gordillo, ya que nueve de cada 10 trabajadores reprueban su dirigencia en esta casa de estudios.
Lira Mojica, luego de recibir el reconocimiento oficial, señaló que esta resolución es definitiva, de carácter irrevocable. “En el Politécnico ya hay dos sindicatos”, y ahora lucharán por tener la titularidad de su contrato colectivo de trabajo, actualmente en manos del sindicato magisterial.
Detalló que la nueva organización nace con 4 mil 500 afiliados de un total de 22 mil trabajadores politécnicos, pero estimó que la mayoría de ellos abandonarán el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en los próximos meses, ya que “95.52 por ciento” están en contra del liderazgo gordillista, de acuerdo con una encuesta de este grupo.
La respuesta del SNTE no tardó. El secretario de la sección 10, Carlos Andrés Pérez, descalificó a este nuevo sindicato al afirmar que “se trata de un grupo menor a 80 personas, por lo que no tiene representatividad ni legitimidad política”. Consideró que esta escisión obedece a que la organización de maestros es un “gremio muy participativo”.
En tanto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afirmó que mientras continúe la conculcación de los derechos laborales se agudizará la desintegración del SNTE, porque el descontento de los trabajadores está rebasando a dicha organización y al gobierno conservador que cierra las alternativas democráticas.
Así, José González Figueroa, líder histórico de la agrupación de maestros disidentes, expresó que lo que está pasando en el IPN es un “mensaje” a Gordillo y al gobierno de Felipe Calderón “de que ya llegamos al límite, de que por el bien de la educación de los trabajadores debe buscarse la renuncia de Elba Esther Gordillo”.
Esta no es la primera escisión en el SNTE, ya que, por ejemplo, en Baja California fue creado el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE), encabezado por Héctor Lara, quien ha denunciado que la ex priísta, con la ayuda del gobernador del PAN, mantiene desconocida a esa agrupación, pese a que el tribunal local en la materia le otorgó el registro en septiembre de 2006, pero eso no obsta para que Gordillo les “retenga sus cuotas”.
En el Instituto Politécnico Nacional hay alrededor de 45 delegaciones para docentes y cerca de 60 para los trabajadores. Mojica señaló al respecto que la toma de nota ya es un hecho consumado que da validez oficial al nuevo sindicato. Sin embargo, en febrero de 2009, en el contexto de la revisión salarial, demandarán un recuento de agremiados, con el propósito de pelear la titularidad de su contrato colectivo de trabajo, que está en manos ahora del SNTE y que esperan arrebatarle, para lo cual necesitan 12 mil sindicalizados, que prevén afiliar.
Sin embargo, afirmó que “no puedes traerte toda la porquería que tiene el SNTE en cuanto a sus líderes, ya que nosotros buscaremos directamente a la base trabajadora”
La imagen de Elba Esther Gordillo entre los politécnicos es que “se trata de una señora que para nosotros no tiene educación, no está al nivel que nosotros tenemos”. Al respecto, el nuevo sindicato realizó una encuesta entre los trabajadores, la cual arrojó como resultados que 95.5 por ciento rechazan la dirigencia elbista; 97.19 por ciento quieren un sindicato autónomo y sin líderes charros; 92.18 por ciento quieren conocer el destino de los recursos que maneja la directiva, y 93.31 por ciento quieren un sindicato limpio y honesto.
Por su parte, Carlos Antonio Pérez, dirigente de la sección 10 del SNTE, acusó incluso al gobierno calderonista de tener toda una estrategia para buscar la “atomización peligrosa” de los gremios, en aras de que pierdan fortaleza frente a las autoridades.
Cabe referir que Lira Mojica formó parte de la dirigencia del SNTE precisamente en la sección 10, pero luego se escindió y encabezó en los años recientes acciones de repudio y señalamiento contra Gordillo. Dio a conocer el manejo turbio de las cuotas de los trabajadores por parte de esta dirigencia, al denunciar que el SNTE recibe alrededor de mil 325 millones de pesos por este concepto y a las secciones sólo se les regresa 8 por ciento del dinero que aportan.
Ninguna indagatoria de la PGR a Oceanografía
Deslinda a la empresa del accidente de Pemex
Jurídicamente improcedente, la acusación vertida por el senador Manlio Fabio Beltrones: fuentes de la dependencia
Alfredo Méndez
La Procuraduría General de la República (PGR) no tiene abierta ninguna línea de investigación en la que se atribuya a la empresa Oceanografía –aparentemente relacionada con los hermanos Bribiesca Sahagún– alguna responsabilidad penal por el accidente de Petróleos Mexicanos (Pemex), ocurrido en la plataforma Usumacinta, ubicada en la sonda de Campeche, en el Golfo de México, donde la semana pasada fallecieron 22 trabajadores de la paraestatal, revelaron altos funcionarios de la dependencia.
Aunque el Ministerio Público Federal (MPF) ya inició de oficio una averiguación previa para deslindar las responsabilidades de quien resulte responsable de posibles actos de negligencia en Petróleos Mexicanos, por el momento no existe algún indicio que lleve a la autoridad ministerial a apuntar la investigación hacia la empresa Oceanografía.
Su dicho no basta
Sobre la afirmación que el pasado jueves hizo el senador priísta –y presidente de la Junta de Coordinación Política en Xicoténcatl– Manlio Fabio Beltrones Rivera, respecto de que hay evidencias de que la empresa Oceanografía tiene responsabilidad en este accidente, los funcionarios consultados indicaron que jurídicamente el dicho del citado legislador no basta para realizar una investigación ministerial sobre el particular, ya que para ello es “indispensable” que Beltrones o cualquier otra persona presente una querella ante la Procuraduría General de la República.
Agregaron que la declaración del legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue analizada con el propósito de determinar si era suficiente para dar inicio a un acta circunstanciada, pero se concluyó que no.
Cabe mencionar que la declaración de Beltrones provocó que el ex presidente Vicente Fox Quesada respondiera, mediante un comunicado de prensa, que el actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República tiene un “récord en la DEA (agencia antidrogas estadunidense)” de posibles vínculos con el narcotráfico.
De su lado, Jesús Reyes Heroles, director general de Petróleos Mexicanos, desvinculó el pasado viernes a la empresa Oceanografía de cualquier responsabilidad en el accidente de la plataforma petrolera Usumacinta.
Finalmente, el funcionario de la paraestatal dijo en conferencia de prensa que desconoce si la mencionada Oceanografía tiene denuncias pendientes en Estados Unidos por negligencia en sus normas de seguridad.
Por otra parte, la PGR informó que su delegación en Campeche inició una averiguación por los delitos de homicidio, daño en propiedad ajena y los que resulten por la muerte de “21 personas” en la plataforma Usumacinta.
La plataforma, propiedad de la empresa La Central, contratista de Pemex, colisionó enmedio de un temporal provocado por el frente frío número 4 con las válvulas de los pozos Kab 101 y 121, lo que obligó a desalojar a 81 trabajadores de la paraestatal en botes salvavidas que naufragaron en altamar.
Por estos hechos, la delegación de la PGR en Campeche inició la averiguación previa AP/PGR/CAMP-11/142/2007, por los delitos de homicidio, daño en propiedad ajena y los que resulten, refirió la dependencia en un comunicado de prensa.
Desde el accidente, el Ministerio Público de la Federación inició el acta circunstanciada AC/PGR/CAMP/1/73/2007, que se elevó a rango de averiguación previa este lunes.
Aparte, la subprocuraduría con sede en Campeche inició el pasado viernes otra indagatoria con motivo de la denuncia que interpuso Pemex por el fallecimiento “de 21” de sus trabajadores.
“Con el trabajo de personal adscrito al área de Servicios Periciales, experto en materia ambiental, el agente del Ministerio Público Federal trabaja en la búsqueda de indicios conducentes al esclarecimiento del siniestro”, concluye el comunicado de la PGR.
Fox y Martha son intocables por más escándalos que haya sobre sus latrocinios, para eso pusieron a su presidente pelele, por eso no podían permitir el reconocimiento del triunfo de AMLO en las urnas.
Jurídicamente improcedente, la acusación vertida por el senador Manlio Fabio Beltrones: fuentes de la dependencia
Alfredo Méndez
La Procuraduría General de la República (PGR) no tiene abierta ninguna línea de investigación en la que se atribuya a la empresa Oceanografía –aparentemente relacionada con los hermanos Bribiesca Sahagún– alguna responsabilidad penal por el accidente de Petróleos Mexicanos (Pemex), ocurrido en la plataforma Usumacinta, ubicada en la sonda de Campeche, en el Golfo de México, donde la semana pasada fallecieron 22 trabajadores de la paraestatal, revelaron altos funcionarios de la dependencia.
Aunque el Ministerio Público Federal (MPF) ya inició de oficio una averiguación previa para deslindar las responsabilidades de quien resulte responsable de posibles actos de negligencia en Petróleos Mexicanos, por el momento no existe algún indicio que lleve a la autoridad ministerial a apuntar la investigación hacia la empresa Oceanografía.
Su dicho no basta
Sobre la afirmación que el pasado jueves hizo el senador priísta –y presidente de la Junta de Coordinación Política en Xicoténcatl– Manlio Fabio Beltrones Rivera, respecto de que hay evidencias de que la empresa Oceanografía tiene responsabilidad en este accidente, los funcionarios consultados indicaron que jurídicamente el dicho del citado legislador no basta para realizar una investigación ministerial sobre el particular, ya que para ello es “indispensable” que Beltrones o cualquier otra persona presente una querella ante la Procuraduría General de la República.
Agregaron que la declaración del legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue analizada con el propósito de determinar si era suficiente para dar inicio a un acta circunstanciada, pero se concluyó que no.
Cabe mencionar que la declaración de Beltrones provocó que el ex presidente Vicente Fox Quesada respondiera, mediante un comunicado de prensa, que el actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República tiene un “récord en la DEA (agencia antidrogas estadunidense)” de posibles vínculos con el narcotráfico.
De su lado, Jesús Reyes Heroles, director general de Petróleos Mexicanos, desvinculó el pasado viernes a la empresa Oceanografía de cualquier responsabilidad en el accidente de la plataforma petrolera Usumacinta.
Finalmente, el funcionario de la paraestatal dijo en conferencia de prensa que desconoce si la mencionada Oceanografía tiene denuncias pendientes en Estados Unidos por negligencia en sus normas de seguridad.
Por otra parte, la PGR informó que su delegación en Campeche inició una averiguación por los delitos de homicidio, daño en propiedad ajena y los que resulten por la muerte de “21 personas” en la plataforma Usumacinta.
La plataforma, propiedad de la empresa La Central, contratista de Pemex, colisionó enmedio de un temporal provocado por el frente frío número 4 con las válvulas de los pozos Kab 101 y 121, lo que obligó a desalojar a 81 trabajadores de la paraestatal en botes salvavidas que naufragaron en altamar.
Por estos hechos, la delegación de la PGR en Campeche inició la averiguación previa AP/PGR/CAMP-11/142/2007, por los delitos de homicidio, daño en propiedad ajena y los que resulten, refirió la dependencia en un comunicado de prensa.
Desde el accidente, el Ministerio Público de la Federación inició el acta circunstanciada AC/PGR/CAMP/1/73/2007, que se elevó a rango de averiguación previa este lunes.
Aparte, la subprocuraduría con sede en Campeche inició el pasado viernes otra indagatoria con motivo de la denuncia que interpuso Pemex por el fallecimiento “de 21” de sus trabajadores.
“Con el trabajo de personal adscrito al área de Servicios Periciales, experto en materia ambiental, el agente del Ministerio Público Federal trabaja en la búsqueda de indicios conducentes al esclarecimiento del siniestro”, concluye el comunicado de la PGR.
Fox y Martha son intocables por más escándalos que haya sobre sus latrocinios, para eso pusieron a su presidente pelele, por eso no podían permitir el reconocimiento del triunfo de AMLO en las urnas.
Autonomía
Javier Flores
Mañana concluye el plazo en que la Junta de Gobierno recibe las propuestas razonadas de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre quién podría ser designado rector. A reserva de conocer la evaluación final de esta parte del proceso, creo no equivocarme al afirmar que ha sido uno de los más tranquilos y con la más numerosa participación de los universitarios. Significa que nuestra casa de estudios enfrenta con madurez el cambio de sus autoridades, combinando una intensa actividad académica y científica, con marcado interés e intensa discusión entre sus integrantes sobre su futuro.
La semana pasada estuvo caracterizada por una importante presencia del gobierno federal en un momento clave del proceso de sucesión en la UNAM. El doctor Juan Ramón de la Fuente tuvo encuentros con el Ejecutivo y el Poder Legislativo. En los últimos días de su gestión, el rector ha buscado garantizar el respeto del gobierno hacia la institución que aún dirige. Asistió a un acto en el que Felipe Calderón reconoció sus logros y los de la Universidad Nacional. También, ante integrantes del Congreso de la Unión, De la Fuente solicitó un incremento del presupuesto no sólo para la UNAM, sino para el conjunto de las universidades públicas.
En el primer caso, a mi juicio, Calderón gana en su búsqueda de legitimidad, y la universidad en el respeto a sus procesos internos y su autonomía. En el segundo, queda claro que, aun cuando su gestión está por concluir, la máxima autoridad universitaria trabaja con responsabilidad para que la institución cuente con los recursos suficientes para arrancar el siguiente periodo. Lo anterior muestra cuáles son algunas de las tareas de un rector que, en ocasiones, dicho coloquialmente, tiene que comer sapos.
Algunos analistas han criticado las reuniones de aspirantes a la rectoría con integrantes del gobierno de Calderón. En particular, se ha especulado sobre los significados de los encuentros de José Antonio de la Peña y José Narro Robles con Juan Camilo Mouriño, jefe de la oficina de la Presidencia. La conclusión simplista es que con ello se compromete la autonomía. Yo creo que no. Hay que identificar primero de dónde vino la iniciativa para sostener esas reuniones. Resulta claro que al calderonismo le interesa lo que ocurre en la UNAM y quiere identificar algunos escenarios futuros de su relación con ella. ¿Por qué? Porque las universidades son vistas como fuentes potenciales de conflicto. Se trata de uno de los sectores más críticos de nuestra sociedad, cuyo peso en las transformaciones del país se hace patente con la apertura reciente del Centro Cultural Tlatelolco, a unos pasos de la Plaza de las Tres Culturas.
El gobierno de Calderón no tiene posibilidades de intervenir en este proceso de sucesión de rector, aunque lo va a intentar. Puede decirse que la universidad está blindada. Conozco a algunos integrantes de la Junta de Gobierno y han dicho que no están recibiendo presiones, y de haberlas serían rechazadas. Así lo ha afirmado públicamente Manuel Peimbert, presidente de la junta, y le creo. Además, de existir esa injerencia, dadas las actuales relaciones entre la UNAM y el gobierno, se harían, de una u otra forma, del conocimiento público. Los candidatos a la rectoría acuden o no a las reuniones a las que son invitados, escuchan los planteamientos que se les formulan y están obligados a defender los principios universitarios, en particular el de la autonomía.
Por ejemplo, Narro Robles, en reunión sostenida hace dos semanas con investigadores en el Instituto de Astronomía, señaló que uno de los significados de la autonomía es la distancia de los poderes. En una parte de su intervención señaló que quienes lo conocen saben que en la defensa de los principios universitarios él hablaría “hasta con el diablo”. Estuve en esa reunión junto con muchos otros universitarios.
No soy adivino, pero los intentos del gobierno de Felipe Calderón por intervenir en el proceso de cambio de rector se manifestarán en los próximos días con expresiones en los medios de comunicación, en los que el elemento central será la combinación entre la descalificación y el chantaje en un momento en el que todo queda en manos de la Junta de Gobierno.
No sabemos cuál pueda ser la relación entre la UNAM y Fecal, sobre todo cuando éste último ha mostrado su interés en privatizar la educación y coquetea con las universidades privadas. Ahora, que tampoco tendría que preocuparse mucho porque la UNAM sea "uno de los sectores más críticos de nuestra sociedad, cuyo peso en las transformaciones del país se hace patente con la apertura reciente del Centro Cultural Tlatelolco, a unos pasos de la Plaza de las Tres Culturas", los universitarios del 68 distan mucho de los que actualmente encontramos en la UNAM ya que una gran mayoría son jóvenes light y postmodernos que les importa madre la política, el país y las luchas del pueblo, y otros que sí les importa han optado por la otra campaña a la que no le preocupa el fraude electoral y considera que Fecal es lo mismo que cualquier otra opción y su lucha no interfiere con las acciones entreguistas del gobierno espurio. Son relativamente pocos los universitarios que se han unido a la resistencia. La apertura del Centro Cultural Tlaltelolco es más una acción de los adultos y ex-universitarios de aquella época que de los universitarios actuales que han perdido o les han borrado la memoria a través de la televisión y de la invasión cultural estadounidense.
Mañana concluye el plazo en que la Junta de Gobierno recibe las propuestas razonadas de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre quién podría ser designado rector. A reserva de conocer la evaluación final de esta parte del proceso, creo no equivocarme al afirmar que ha sido uno de los más tranquilos y con la más numerosa participación de los universitarios. Significa que nuestra casa de estudios enfrenta con madurez el cambio de sus autoridades, combinando una intensa actividad académica y científica, con marcado interés e intensa discusión entre sus integrantes sobre su futuro.
La semana pasada estuvo caracterizada por una importante presencia del gobierno federal en un momento clave del proceso de sucesión en la UNAM. El doctor Juan Ramón de la Fuente tuvo encuentros con el Ejecutivo y el Poder Legislativo. En los últimos días de su gestión, el rector ha buscado garantizar el respeto del gobierno hacia la institución que aún dirige. Asistió a un acto en el que Felipe Calderón reconoció sus logros y los de la Universidad Nacional. También, ante integrantes del Congreso de la Unión, De la Fuente solicitó un incremento del presupuesto no sólo para la UNAM, sino para el conjunto de las universidades públicas.
En el primer caso, a mi juicio, Calderón gana en su búsqueda de legitimidad, y la universidad en el respeto a sus procesos internos y su autonomía. En el segundo, queda claro que, aun cuando su gestión está por concluir, la máxima autoridad universitaria trabaja con responsabilidad para que la institución cuente con los recursos suficientes para arrancar el siguiente periodo. Lo anterior muestra cuáles son algunas de las tareas de un rector que, en ocasiones, dicho coloquialmente, tiene que comer sapos.
Algunos analistas han criticado las reuniones de aspirantes a la rectoría con integrantes del gobierno de Calderón. En particular, se ha especulado sobre los significados de los encuentros de José Antonio de la Peña y José Narro Robles con Juan Camilo Mouriño, jefe de la oficina de la Presidencia. La conclusión simplista es que con ello se compromete la autonomía. Yo creo que no. Hay que identificar primero de dónde vino la iniciativa para sostener esas reuniones. Resulta claro que al calderonismo le interesa lo que ocurre en la UNAM y quiere identificar algunos escenarios futuros de su relación con ella. ¿Por qué? Porque las universidades son vistas como fuentes potenciales de conflicto. Se trata de uno de los sectores más críticos de nuestra sociedad, cuyo peso en las transformaciones del país se hace patente con la apertura reciente del Centro Cultural Tlatelolco, a unos pasos de la Plaza de las Tres Culturas.
El gobierno de Calderón no tiene posibilidades de intervenir en este proceso de sucesión de rector, aunque lo va a intentar. Puede decirse que la universidad está blindada. Conozco a algunos integrantes de la Junta de Gobierno y han dicho que no están recibiendo presiones, y de haberlas serían rechazadas. Así lo ha afirmado públicamente Manuel Peimbert, presidente de la junta, y le creo. Además, de existir esa injerencia, dadas las actuales relaciones entre la UNAM y el gobierno, se harían, de una u otra forma, del conocimiento público. Los candidatos a la rectoría acuden o no a las reuniones a las que son invitados, escuchan los planteamientos que se les formulan y están obligados a defender los principios universitarios, en particular el de la autonomía.
Por ejemplo, Narro Robles, en reunión sostenida hace dos semanas con investigadores en el Instituto de Astronomía, señaló que uno de los significados de la autonomía es la distancia de los poderes. En una parte de su intervención señaló que quienes lo conocen saben que en la defensa de los principios universitarios él hablaría “hasta con el diablo”. Estuve en esa reunión junto con muchos otros universitarios.
No soy adivino, pero los intentos del gobierno de Felipe Calderón por intervenir en el proceso de cambio de rector se manifestarán en los próximos días con expresiones en los medios de comunicación, en los que el elemento central será la combinación entre la descalificación y el chantaje en un momento en el que todo queda en manos de la Junta de Gobierno.
No sabemos cuál pueda ser la relación entre la UNAM y Fecal, sobre todo cuando éste último ha mostrado su interés en privatizar la educación y coquetea con las universidades privadas. Ahora, que tampoco tendría que preocuparse mucho porque la UNAM sea "uno de los sectores más críticos de nuestra sociedad, cuyo peso en las transformaciones del país se hace patente con la apertura reciente del Centro Cultural Tlatelolco, a unos pasos de la Plaza de las Tres Culturas", los universitarios del 68 distan mucho de los que actualmente encontramos en la UNAM ya que una gran mayoría son jóvenes light y postmodernos que les importa madre la política, el país y las luchas del pueblo, y otros que sí les importa han optado por la otra campaña a la que no le preocupa el fraude electoral y considera que Fecal es lo mismo que cualquier otra opción y su lucha no interfiere con las acciones entreguistas del gobierno espurio. Son relativamente pocos los universitarios que se han unido a la resistencia. La apertura del Centro Cultural Tlaltelolco es más una acción de los adultos y ex-universitarios de aquella época que de los universitarios actuales que han perdido o les han borrado la memoria a través de la televisión y de la invasión cultural estadounidense.
Brad Will y el viernes sangriento
Luis Hernández Navarro
El periodista Brad Will fue asesinado el 27 de octubre de 2006 en la ciudad de Oaxaca. No fue el único muerto de la jornada. Ese mismo viernes sangriento, en Santa María Coyotepec, grupos de pistoleros le quitaron la vida al profesor Emilio Alonso Fabián y al comunero Esteban Zurita López. Fallecieron también Emilio Alonso Fabián, Esteban Ruiz y Eudocia Olivera Díaz. Fueron heridas 23 personas.
Ese día, a partir de las cuatro de la tarde, el gobierno del estado desató la violencia en contra de quienes pedían la salida del gobernador Ulises Ruiz. Grupos de francotiradores, policías y pistoleros dispararon con armas de alto calibre sobre ciudadanos desarmados en, al menos, 15 puntos claves de la ciudad de Oaxaca. La represión se concentró en tres lugares en los que se habían instalado barricadas: Santa Lucía del Camino, población conurbada a la ciudad de Oaxaca; Santa María Coyotepec y San Bartolo Coyotepec. Ni agentes ni sicarios resultaron heridos. Todas las víctimas eran parte del movimiento contra el mandatario estatal.
El homicidio de Brad Will ocurrió en Santa Lucía del Camino. Un grupo de policías y autoridades municipales le disparó a 30 metros de distancia, mientras el documentalista grababa con su cámara el enfrentamiento entre integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y los funcionarios públicos y gendarmes sin uniforme.
La agresión fue salvaje. En Coyotepec, Esteban Zurita López fue ultimado de un balazo. Su cuerpo quedó tirado a media calle, entre barricadas y tráileres atravesados. A Emilio Alonso Fabián una bala le atravesó el corazón mientras trataba de huir. A varios maestros los machetearon. “Esa gente –dice uno de los testigos refiriéndose a los sicarios– iba camuflada como el pasto, parecíamos conejos a los que cazaban.”
Ese mismo viernes el gobierno del estado señaló que la señora Eudocia Olivera murió a bordo de una ambulancia, por culpa de las barricadas. Nunca informo a qué institución pertenecía la ambulancia, la causa de la muerte ni el hospital al que era trasladada. Cruz Roja negó que sus ambulancias hubieran atendido ese servicio. Urgencias Médicas, única que brinda servicio privado de traslado de enfermos, tampoco la atendió.
El Congreso de Oaxaca publicó desplegados en periódicos estatales exigiendo la intervención del gobierno federal y de la policía federal para restablecer el “estado de derecho”. Dos días después del operativo policiaco y paramilitar, en medio de un fuerte escándalo mediático, propiciado en mucho por el fallecimiento del reportero estadunidense, entró en la ciudad de Oaxaca la Policía Federal Preventiva (PFP).
Abel Santiago Zárate y Orlando Manuel Aguilar Coello, regidor de seguridad pública de Santa Lucía del Camino, y suboficial de la policía municipal, respectivamente, presuntos asesinos de Brad, fueron detenidos en un primer momento.
La prensa nacional y la cámara del documentalista asesinado captaron imágenes de estas personas disparando contra el occiso. Sin embargo, a principios de 2006 quedaron libres por “desvanecimiento de datos”. Ni siquiera se les interrogó y enjuició por el delito de actividades parapoliciacas y portación ilegal de armas.
Arteramente, a mediados de noviembre, el gobierno del estado hizo correr la versión de que los homicidas del reportero de Indymedia fueron dos activistas de la APPO que se encontraban a dos metros de distancia suya. No hay una sola evidencia sólida que respalde esta hipótesis. Los oaxaqueños en rebeldía pusieron los muertos; Ulises Ruiz pretende que también pongan los “chivos expiatorios” de los homicidios. La justicia oaxaqueña ni siquiera se preocupó por encarcelar un tiempo a los criminales que ultimaron a las otras víctimas del viernes sangriento. Es que, por lo visto, para ella la vida de humildes profesores y ejidatarios no vale siquiera una simulación.
El 28 de octubre de 2006, Magdalena Hernández, viuda de Emilio Alonso Fabián, indígena zapoteca, profesor de primaria de la zona de Pochutla, encabezó con un ramo de flores en el brazo izquierdo el cortejo fúnebre para enterrar a su marido. La noche anterior, debió enfrentar sola a la burocracia para que le entregaran el cuerpo. El séquito partió del centro de la ciudad rumbo a Candelaria, su pueblo, en la región de Los Loxichas. En el zócalo de la capital oaxaqueña los dirigentes de la APPO le rindieron homenaje, mientras todas las voces entonaban Dios nunca muere.
A finales de abril de 2007, Antonio O. Garza, embajador de Estados Unidos en México, escribió: “Las investigaciones realizadas en México sobre la muerte de Will no parecen haber progresado en absoluto y tampoco parece que haya un esfuerzo concertado para resolver el caso. Esta falta de avances es preocupante”. Seis meses después de sus palabras, la situación es exactamente igual o peor.
Kathy Will, madre de la víctima, dijo: “estamos desilusionados por la falta de una investigación neutral, objetiva y legítima sobre la trágica muerte de Brad. La investigación inicial de las autoridades locales fue mala, prejuiciada e ilógica en sus conclusiones”.
Un año después del viernes sangriento, los maestros oaxaqueños tomaron las calles para honrar a sus muertos. Con ellos estaba Magdalena Hernández, viuda de Emilio Alonso Fabián. Miles de trabajadores de la educación marcharon el 27 de octubre para recordar los homicidios, exigir justicia y mostrar que no han sido derrotados. En Cal y Canto, donde fue baleado Brad, los vecinos instalaron una cruz de madera y un tapete elaborado con arena de colores, veladoras y flores.
En Oaxaca la memoria sigue viva y la justicia no llega.
El periodista Brad Will fue asesinado el 27 de octubre de 2006 en la ciudad de Oaxaca. No fue el único muerto de la jornada. Ese mismo viernes sangriento, en Santa María Coyotepec, grupos de pistoleros le quitaron la vida al profesor Emilio Alonso Fabián y al comunero Esteban Zurita López. Fallecieron también Emilio Alonso Fabián, Esteban Ruiz y Eudocia Olivera Díaz. Fueron heridas 23 personas.
Ese día, a partir de las cuatro de la tarde, el gobierno del estado desató la violencia en contra de quienes pedían la salida del gobernador Ulises Ruiz. Grupos de francotiradores, policías y pistoleros dispararon con armas de alto calibre sobre ciudadanos desarmados en, al menos, 15 puntos claves de la ciudad de Oaxaca. La represión se concentró en tres lugares en los que se habían instalado barricadas: Santa Lucía del Camino, población conurbada a la ciudad de Oaxaca; Santa María Coyotepec y San Bartolo Coyotepec. Ni agentes ni sicarios resultaron heridos. Todas las víctimas eran parte del movimiento contra el mandatario estatal.
El homicidio de Brad Will ocurrió en Santa Lucía del Camino. Un grupo de policías y autoridades municipales le disparó a 30 metros de distancia, mientras el documentalista grababa con su cámara el enfrentamiento entre integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y los funcionarios públicos y gendarmes sin uniforme.
La agresión fue salvaje. En Coyotepec, Esteban Zurita López fue ultimado de un balazo. Su cuerpo quedó tirado a media calle, entre barricadas y tráileres atravesados. A Emilio Alonso Fabián una bala le atravesó el corazón mientras trataba de huir. A varios maestros los machetearon. “Esa gente –dice uno de los testigos refiriéndose a los sicarios– iba camuflada como el pasto, parecíamos conejos a los que cazaban.”
Ese mismo viernes el gobierno del estado señaló que la señora Eudocia Olivera murió a bordo de una ambulancia, por culpa de las barricadas. Nunca informo a qué institución pertenecía la ambulancia, la causa de la muerte ni el hospital al que era trasladada. Cruz Roja negó que sus ambulancias hubieran atendido ese servicio. Urgencias Médicas, única que brinda servicio privado de traslado de enfermos, tampoco la atendió.
El Congreso de Oaxaca publicó desplegados en periódicos estatales exigiendo la intervención del gobierno federal y de la policía federal para restablecer el “estado de derecho”. Dos días después del operativo policiaco y paramilitar, en medio de un fuerte escándalo mediático, propiciado en mucho por el fallecimiento del reportero estadunidense, entró en la ciudad de Oaxaca la Policía Federal Preventiva (PFP).
Abel Santiago Zárate y Orlando Manuel Aguilar Coello, regidor de seguridad pública de Santa Lucía del Camino, y suboficial de la policía municipal, respectivamente, presuntos asesinos de Brad, fueron detenidos en un primer momento.
La prensa nacional y la cámara del documentalista asesinado captaron imágenes de estas personas disparando contra el occiso. Sin embargo, a principios de 2006 quedaron libres por “desvanecimiento de datos”. Ni siquiera se les interrogó y enjuició por el delito de actividades parapoliciacas y portación ilegal de armas.
Arteramente, a mediados de noviembre, el gobierno del estado hizo correr la versión de que los homicidas del reportero de Indymedia fueron dos activistas de la APPO que se encontraban a dos metros de distancia suya. No hay una sola evidencia sólida que respalde esta hipótesis. Los oaxaqueños en rebeldía pusieron los muertos; Ulises Ruiz pretende que también pongan los “chivos expiatorios” de los homicidios. La justicia oaxaqueña ni siquiera se preocupó por encarcelar un tiempo a los criminales que ultimaron a las otras víctimas del viernes sangriento. Es que, por lo visto, para ella la vida de humildes profesores y ejidatarios no vale siquiera una simulación.
El 28 de octubre de 2006, Magdalena Hernández, viuda de Emilio Alonso Fabián, indígena zapoteca, profesor de primaria de la zona de Pochutla, encabezó con un ramo de flores en el brazo izquierdo el cortejo fúnebre para enterrar a su marido. La noche anterior, debió enfrentar sola a la burocracia para que le entregaran el cuerpo. El séquito partió del centro de la ciudad rumbo a Candelaria, su pueblo, en la región de Los Loxichas. En el zócalo de la capital oaxaqueña los dirigentes de la APPO le rindieron homenaje, mientras todas las voces entonaban Dios nunca muere.
A finales de abril de 2007, Antonio O. Garza, embajador de Estados Unidos en México, escribió: “Las investigaciones realizadas en México sobre la muerte de Will no parecen haber progresado en absoluto y tampoco parece que haya un esfuerzo concertado para resolver el caso. Esta falta de avances es preocupante”. Seis meses después de sus palabras, la situación es exactamente igual o peor.
Kathy Will, madre de la víctima, dijo: “estamos desilusionados por la falta de una investigación neutral, objetiva y legítima sobre la trágica muerte de Brad. La investigación inicial de las autoridades locales fue mala, prejuiciada e ilógica en sus conclusiones”.
Un año después del viernes sangriento, los maestros oaxaqueños tomaron las calles para honrar a sus muertos. Con ellos estaba Magdalena Hernández, viuda de Emilio Alonso Fabián. Miles de trabajadores de la educación marcharon el 27 de octubre para recordar los homicidios, exigir justicia y mostrar que no han sido derrotados. En Cal y Canto, donde fue baleado Brad, los vecinos instalaron una cruz de madera y un tapete elaborado con arena de colores, veladoras y flores.
En Oaxaca la memoria sigue viva y la justicia no llega.
Los federales incendian la pradera chihuahuense
Víctor M. Quintana S.
Si los agricultores chihuahuenses prendieron fuego el pasado viernes 19 de octubre a un tractor frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electrcidad (CFE) en Chihuahua, sólo fue una respuesta simbólica a la provocación incendiaria de la paraestatal en varios rumbos del estado norteño.
El miércoles 17, una docena de brigadas de la Policía Federal Preventiva (PFP), aerotransportadas, se desplegaron en varios municipios chihuahuenses. Más de 500 elementos federales acompañaron a los empleados de la CFE a desconectar la energía eléctrica de todos, bueno, casi todos los pozos agrícolas que no habían pagado su enorme recibo de luz. En sólo dos días, electricistas y policías ejecutaron mil 150 cortes a otros tantos pozos. No únicamente quitaron cuchillas: en muchos casos destruyeron a hachazos las subestaciones eléctricas instaladas a costo de los productores.
Como hace un siglo, en los prolegómenos de 1910 los agricultores locales dejaron sus diferencias a un lado y se unieron para combatir la intromisión alevosa de los federales. En un dos por tres tomaron todos los campamentos de trabajo de la CFE; paralizaron las grúas y otra maquinaria de la paraestatal y formaron brigadas volantes para evitar los cortes, así fuera a trancazo limpio. Bloquearon con maquinaria agrícola toda la avenida donde se encuentra la oficina matriz en la capital del estado. La violencia estuvo a punto de estallar en varios lados. En el traslado de una brigada de agricultores de El Sauz, en el municipio de Chihuahua, un productor perdió la vida en un accidente de automóvil.
Con la presencia y la presión de un nutrido grupo de agricultores, el Congreso del estado emitió un punto de acuerdo por unanimidad retomando las cuatro demandas básicas del movimiento de defensa de los pozos: cese inmediato de los cortes de energía, reconexión de los pozos desconectados, aprobación en el Congreso de la Unión del decreto que regulariza los pozos –la burocracia de Conagua y CFE establecen tarifas muy altas a los no regularizados–, y formación de una comisión mixta de dependencias federales, estatales y productores para resolver de fondo el problema de la tecnificación del riego para el uso eficiente del agua y la energía. Las negociaciones entre los representantes de los agricultores y la CFE, con mediación del gobierno y del Congreso del estado de Chihuahua, comenzaron el jueves 18 para trasladarse luego al Congreso de la Unión el miércoles 24.
A pesar de esto, no se avizora una pronta solución de raíz al problema. La CFE y la Secretaría de Hacienda no están dispuestas a aplicar la Ley de Energía para el Campo, que sería una base de arreglo para cobrar la energía a precios competitivos. Ni el Ejecutivo ni sus aliados en el Legislativo están dispuestos a aprobar fuertes inversiones para reconvertir los equipos hidroeléctricos en el campo. Ni siquiera el gobierno federal ha emprendido una acción decisiva y eficaz contra la corrupción en Conagua, factor de buena parte de esta problemática.
Peor aún, por más que la ofensiva del nuevo binomio CFE-PFP se enfoca como un combate a la “cultura del no pago” de productores irresponsables, resulta hipócrita y discriminatoria. Porque los cortes se concentraron en los pozos operados por pequeños y medianos productores, sobre todo del sector social, como a los ejidatarios de El Sauz y Aldama, ambos obligados a ir por el agua más profunda, dada la enorme extracción de sus mantos para surtir a la ciudad capital. Y se dejaron intactas las instalaciones de los grandes deudores. En Chihuahua, 200 de ellos deben la cuarta parte del adeudo total a la CFE, que llega casi a 800 millones de pesos. Contra éstos no fue la ofensiva. Será porque entre ellos se encuentra gente cercana al régimen, como la familia Jones, de Nuevo Casas Grandes, parientes del subsecretario de Negocios Agropecuarios de la Sagarpa. Entre los grandes deudores a escala nacional se encuentra el principal accionista de leche Lala. Contra él no arremetieron las brigadas federales; todo lo contrario: lo apoyaron para que, con otros empresarios, adquiriera Aeroméxico.
Y ahí está la clave: hay una especie de subconsciente colectivo en el gobierno federal, que en todas sus acciones favorece a los grandes negociantes de este país, sobre todo a quienes apoyaron la campaña presidencial de Felipe Calderón y la guerra sucia. Por otro lado, acosa a los pequeños y medianos productores rurales, agudizando la polarización en el campo mexicano, y criminaliza todas las formas de protesta social. La fórmula para seguir incendiando la pradera.
Si los agricultores chihuahuenses prendieron fuego el pasado viernes 19 de octubre a un tractor frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electrcidad (CFE) en Chihuahua, sólo fue una respuesta simbólica a la provocación incendiaria de la paraestatal en varios rumbos del estado norteño.
El miércoles 17, una docena de brigadas de la Policía Federal Preventiva (PFP), aerotransportadas, se desplegaron en varios municipios chihuahuenses. Más de 500 elementos federales acompañaron a los empleados de la CFE a desconectar la energía eléctrica de todos, bueno, casi todos los pozos agrícolas que no habían pagado su enorme recibo de luz. En sólo dos días, electricistas y policías ejecutaron mil 150 cortes a otros tantos pozos. No únicamente quitaron cuchillas: en muchos casos destruyeron a hachazos las subestaciones eléctricas instaladas a costo de los productores.
Como hace un siglo, en los prolegómenos de 1910 los agricultores locales dejaron sus diferencias a un lado y se unieron para combatir la intromisión alevosa de los federales. En un dos por tres tomaron todos los campamentos de trabajo de la CFE; paralizaron las grúas y otra maquinaria de la paraestatal y formaron brigadas volantes para evitar los cortes, así fuera a trancazo limpio. Bloquearon con maquinaria agrícola toda la avenida donde se encuentra la oficina matriz en la capital del estado. La violencia estuvo a punto de estallar en varios lados. En el traslado de una brigada de agricultores de El Sauz, en el municipio de Chihuahua, un productor perdió la vida en un accidente de automóvil.
Con la presencia y la presión de un nutrido grupo de agricultores, el Congreso del estado emitió un punto de acuerdo por unanimidad retomando las cuatro demandas básicas del movimiento de defensa de los pozos: cese inmediato de los cortes de energía, reconexión de los pozos desconectados, aprobación en el Congreso de la Unión del decreto que regulariza los pozos –la burocracia de Conagua y CFE establecen tarifas muy altas a los no regularizados–, y formación de una comisión mixta de dependencias federales, estatales y productores para resolver de fondo el problema de la tecnificación del riego para el uso eficiente del agua y la energía. Las negociaciones entre los representantes de los agricultores y la CFE, con mediación del gobierno y del Congreso del estado de Chihuahua, comenzaron el jueves 18 para trasladarse luego al Congreso de la Unión el miércoles 24.
A pesar de esto, no se avizora una pronta solución de raíz al problema. La CFE y la Secretaría de Hacienda no están dispuestas a aplicar la Ley de Energía para el Campo, que sería una base de arreglo para cobrar la energía a precios competitivos. Ni el Ejecutivo ni sus aliados en el Legislativo están dispuestos a aprobar fuertes inversiones para reconvertir los equipos hidroeléctricos en el campo. Ni siquiera el gobierno federal ha emprendido una acción decisiva y eficaz contra la corrupción en Conagua, factor de buena parte de esta problemática.
Peor aún, por más que la ofensiva del nuevo binomio CFE-PFP se enfoca como un combate a la “cultura del no pago” de productores irresponsables, resulta hipócrita y discriminatoria. Porque los cortes se concentraron en los pozos operados por pequeños y medianos productores, sobre todo del sector social, como a los ejidatarios de El Sauz y Aldama, ambos obligados a ir por el agua más profunda, dada la enorme extracción de sus mantos para surtir a la ciudad capital. Y se dejaron intactas las instalaciones de los grandes deudores. En Chihuahua, 200 de ellos deben la cuarta parte del adeudo total a la CFE, que llega casi a 800 millones de pesos. Contra éstos no fue la ofensiva. Será porque entre ellos se encuentra gente cercana al régimen, como la familia Jones, de Nuevo Casas Grandes, parientes del subsecretario de Negocios Agropecuarios de la Sagarpa. Entre los grandes deudores a escala nacional se encuentra el principal accionista de leche Lala. Contra él no arremetieron las brigadas federales; todo lo contrario: lo apoyaron para que, con otros empresarios, adquiriera Aeroméxico.
Y ahí está la clave: hay una especie de subconsciente colectivo en el gobierno federal, que en todas sus acciones favorece a los grandes negociantes de este país, sobre todo a quienes apoyaron la campaña presidencial de Felipe Calderón y la guerra sucia. Por otro lado, acosa a los pequeños y medianos productores rurales, agudizando la polarización en el campo mexicano, y criminaliza todas las formas de protesta social. La fórmula para seguir incendiando la pradera.
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