En México, Centroamérica y el Caribe, el crimen organizado acumuló más poder. Esto se manifiesta en la compra de funcionarios gubernamentales por los grupos delictivos y el auge de la violencia. En esta región, la presencia estadunidense y de las exmetrópolis, como Francia y Gran Bretaña, se manifiesta en un amplio despliegue naval y la intensa acción de sus agencias de seguridad, revela informe de la Fundación Friedrich-Ebert.
Nydia Egremy
En América Latina se observa una situación preocupante por los múltiples y diversos problemas de seguridad, en los que confluyen amenazas de índole global, regional y pública. Esto pone en peligro la estabilidad interna y externa de varios países de la región, e incide especialmente en aquellos que, aunque poseen gobiernos democráticamente legítimos, son institucionalmente débiles en el ejercicio de la gobernabilidad. Así lo estima el Anuario 2010 seguridad regional en América Latina y el Caribe que difundió en enero de 2011 la Fundación Friedrich-Ebert (FFE).
La fragilidad de los sistemas democráticos en América Latina y el Caribe tiene un impacto en la seguridad de los países y, particularmente, en la sociedad civil. La conflictividad se incrementa en la subregión andina con los conflictos entre Venezuela y Colombia –que rompieron relaciones diplomáticas en julio de 2010– y los roces entre Ecuador y Colombia.
Otro factor que tensa las relaciones entre los gobiernos y atiza conflictos es el combate al narcotráfico. Las políticas internas en los países donde este fenómeno se expresa con mayor intensidad, como México y los países del triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), viven fenómenos de “militarización necesaria”, según sus gobernantes. Esto ocurre por la fortaleza de los cárteles, como en México, o por las maras, en Guatemala, Honduras y El Salvador.
La falta de capacidad de reacción y la percepción de vulnerabilidad frente a los retos de la seguridad aumentan la tendencia autoritaria en los sistemas políticos y el retroceso del estado de derecho. Al mismo tiempo, ponen en riesgo las relaciones cívico-militares y favorecen que se legitimen los esfuerzos unilaterales externos de solución. Particularmente, describe el informe, la creciente inseguridad e impunidad ponen en peligro la confianza de los ciudadanos.
El diagnóstico de la FFE, producto de las investigaciones que realizaron sus 10 oficinas en la región, estima que sólo con seguridad se promueve el desarrollo y que las diferentes crisis de seguridad no se resolverán sin la participación de los actores políticos y su cooperación con la sociedad civil. Sólo así estará preparada la región para responder a los desafíos de la seguridad en América Latina y el Caribe.
En general, durante 2009 se observó que las dinámicas geopolíticas en esta región mantuvieron las profundas diferencias ideológicas entre los países en cuanto a sus concepciones de seguridad y defensa. Asimismo, se notó que los sistemas democráticos son muy vulnerables y que el crimen organizado trasnacional es la amenaza más compleja que enfrentan los Estados.
Según el Anuario 2010 de la FFE, los conflictos interestatales tradicionales no evolucionarán a confrontaciones militares. En cambio, sí prevé que se focalicen las tensiones fronterizas, además de que en algunos países, especialmente en Suramérica, se manifieste un rearme importante. En general, el estudio sostiene que se debe fortalecer la democracia en la región y esto pasa, necesariamente, por abordar los temas nuevos y tradicionales de la agenda de seguridad y defensa.
Auge del crimen organizado
El crimen organizado trasnacional se consolida como una de las amenazas más serias a la seguridad y la defensa de América Latina y el Caribe. Aunque no se limita al narcotráfico, esta expresión es la más visible y oculta la magnitud de otros problemas, como el tráfico de migrantes que se vincula con la trata de personas. La acción del narcotráfico impacta en todos los países y, por ello, es un problema de interés inmediato para Estados Unidos.
El Anuario 2010 de la FFE aprecia que ahora, en toda América Latina y el Caribe, están en marcha procesos de alianzas criminales entre elites locales, regionales, incluso nacionales. Los actores del crimen organizado “minan o capturan a los Estados, con lo que reducen su capacidad de controlar el territorio y cumplir sus funciones de provisión de servicios públicos, así como garantizar los derechos de sus ciudadanos”.
Las propuestas viables para fortalecer las instituciones regionales son escasas. El documento cita como un caso interesante el de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo modelo de intervención de baja intensidad –desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas– partió de reconocer que el país centroamericano es un Estado débil y se debe fortalecer.
En México, Centroamérica y el Caribe, el crimen organizado acumuló más poder. Esto se manifiesta en la compra de funcionarios gubernamentales por los grupos delictivos y el auge de la violencia, cita el diagnóstico de la FFE. Por ello, los miles de muertos en México que deja la guerra entre cárteles en Ciudad Juárez, en la frontera con Texas, Estados Unidos. Esta localidad “está sitiada por las ejecuciones y hoy se considera la ciudad más peligrosa del mundo”, con homicidios que ascienden a más de 150 por cada 100 mil habitantes.
De igual forma, el estudio señala que El Salvador, Guatemala, Honduras y Jamaica están cercados por la delincuencia común y callejera, al tiempo que los gobiernos cambian las leyes para autorizar el empleo de las fuerzas armadas para combatir a las pandillas.
Narcoamenaza contra México
El apartado del Anuario sobre México describe que en la primera década del siglo XXI, la violencia desatada por los cárteles del narcotráfico se convirtió en la amenaza más importante para la seguridad de la nación y el Estado en México. Este fenómeno evidenció las debilidades del gobierno para hacer efectivo el estado de derecho y combatir con eficacia las actividades de los grandes cárteles respeto de los derechos humanos.
Aumentó el número de ciudades con alta incidencia de actividad criminal, sobre todo en el Norte del país, como Ciudad Juárez, Tijuana, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Monterrey. Constantemente se descubre que funcionarios de la policía, de los sistemas de justicia y penal, y hasta autoridades políticas de alto nivel y militares están involucrados en casos de corrupción.
El combate al narcotráfico divide las opiniones en México. Hay quienes afirman que las fortalezas del Estado mexicano se impondrán sobre sus debilidades y que el éxito de la estrategia presidencial apenas comienza a verse. Para otros, el esfuerzo gubernamental es un fracaso y el auge del narcotráfico es el indicador principal de la incapacidad del gobierno en otros frentes de la gestión presidencial.
Tal diagnóstico, según el Anuario 2010 de la FFE, se hace desde la hipótesis de que la actual “guerra” es fallida” y no tiene fin. Los que comparten la idea de la “guerra fracasada” emplean como indicador fundamental la violencia entre los seis principales cárteles y el balance de más de 30 mil muertos durante la gestión de Felipe Calderón.
En este tema, es determinante la amplia y compleja agenda de seguridad que México tiene con Estados Unidos. Ambos gobiernos reconocen sus propias responsabilidades, de ahí el diseño de la Iniciativa Mérida en la que ambos países “han logrado sortear los prejuicios nacionalistas”, principalmente en sus Congresos.
Crimen organizado amenaza al Caribe
El documento de la FFE aporta una mirada a una subregión poco analizada en México: el Caribe. Sostiene que la presencia de Estados Unidos es el factor de seguridad más importante en la cuenca caribeña; ahí busca fortalecer la cooperación contra el narcotráfico con la Iniciativa Mérida, que incluye la República Dominicana y Haití.
Esta decisión se apoyó en que, según la agencia antidrogas estadunidense, detectaron que los narcotraficantes colombianos volvieron a emplear la ruta caribeña, debido al cerco naval “que se fortalece en México”, cita el Anuario.
En el Caribe, también predomina la presencia naval de Estados Unidos, que se concreta a través de la Guardia Costera y el Comando Sur. Ambos cuerpos ejercen una tutela de facto que supera la capacidad de cualquier otra fuerza armada subregional (incluidas las de Venezuela, Cuba, Colombia o México). De igual forma, en la cuenca caribeña tienen presencia flotas de guerra, desplegadas permanentemente, de otras potencias globales: Gran Bretaña, Francia u Holanda.
Entre los fenómenos de inseguridad más graves, está la ola criminal. En 2009, un reporte de The Economist señaló que la expansión del tráfico internacional de drogas institucionalizó el comportamiento criminal en los países caribeños, lo que incrementó los crímenes favorecidos por la disponibilidad de armas de fuego.
Este fenómeno afecta particularmente a Jamaica, que presenta la tercera tasa más alta de homicidios a nivel mundial, con más de 60 por cada 100 mil habitantes. Le siguen Haití, Trinidad y Tobago, Puerto Rico y República Dominicana. La debilidad de los gobiernos locales y sus limitados recursos para hacerles frente los obligan a utilizar intensivamente a las fuerzas armadas, una tendencia similar a la de América Central y México.
Esto ocurre a pesar de que existen experiencias positivas en seguridad y defensa, la mayoría de ellas en el seno de la Comunidad del Caribe, y cuyo rol se centró en atender conflictos electorales graves, así como delimitación de espacios marítimos o disputas por derechos de pesca.
Cuba es un actor fundamental en el Caribe. El Anuario 2010 describe que las fuerzas armadas de ese país permanecen con una capacidad “aceptable” de defensa, sobre todo para hacer frente a las llamadas nuevas amenazas, como el crimen organizado.
Advierte que, “en ningún documento de flujo de drogas, figura esta isla como un corredor importante” y reconoce que sus fuerzas armadas colaboran con la Guardia Costera estadunidense para el control de las drogas y de los migrantes. Sin embargo, señala que su doctrina de defensa mantiene la percepción de que la amenaza fundamental de Cuba es el “imperialismo estadunidense”.
Ingobernabilidad en Centroamérica
Las mayores amenazas a la seguridad centroamericana son la delincuencia y el crimen organizado. Estos fenómenos se expresan desde hace 10 años en la alta violencia social y delictiva, intensa inseguridad ciudadana, frágiles estados de derecho y aplicación de política de mano dura.
De acuerdo con este documento, el panorama de seguridad de Centroamérica se transformó notablemente por los cambios en el perfil de sus presidentes, así como por el golpe de Estado en Honduras (el 28 de junio de 2010).
En El Salvador, Mauricio Funes, postulado por la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ganó la Presidencia el 15 de marzo de 2009. Su política de seguridad pública se considera conservadora y continuadora de las políticas de mano dura que impulsaron los gobernantes de la Alianza Republicana Nacionalista, el partido que gobernó durante varios años.
El alarmante aumento de los índices de criminalidad llevó a Funes a anunciar la Acción Central de la Policía Nacional Civil en los municipios más importantes del país. Esa política detecta dónde se concentra la violencia y ahí despliega cuerpos combinados del ejército. El 3 de noviembre de ese año, aumentó el número de militares en la policía e instaló retenes En mayo de 2010, dispuso a elementos militares en los centros penales para eliminar “la corrupción interna y la compra de voluntades”.
La elección de Ricardo Martinelli como presidente de Panamá, el 3 de mayo de 2009, dio un giro significativo a la política exterior de ese país en las últimas décadas. Su gobierno se acercó significativamente a la política de Estados Unidos, Colombia y México en el combate al narcotráfico.
En Honduras, el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya sacudió la región y resto de América Latina. Este hecho evidenció la fragilidad de las instituciones democráticas en el conjunto del hemisferio, además de que dividió la región. Óscar Arias, de Costa Rica, apoyó en un inicio el retorno de Zelaya, pero más tarde ese país y Panamá reconocieron los resultados de la elección en la que triunfó Porfirio Lobo como presidente de Honduras. El triunfo más importante del hondureño fue la reinserción de su país en el Sistema de la Integración Centroamericana en julio de 2010.
Laura Chinchilla ganó la presidencia de Costa Rica el 7 de febrero de 2010. Considerada experta en temas de seguridad, reafirmó su compromiso para abatir la criminalidad mediante acciones preventivas y sociales. También confió en la cooperación con México y Colombia para combatir el narcotráfico.
En América Central, Guatemala es el país con más incremento en los niveles de ingobernabilidad por los constantes cambios de funcionarios del sector seguridad (principalmente el Ministerio de Gobernación). Al igual que El Salvador y Honduras, Guatemala es asolada por la violencia de las maras y la inseguridad, que se agrava frente a la creciente tasa de feminicidios y de homicidios sin precedentes.
Su frontera con México es un espacio de inseguridad en el que han penetrado los cárteles mexicanos para comerciar con la cocaína que proviene de Colombia. El informe de la FFE afirma que este corredor es cada vez más empleado por la efectividad del cerco naval que ha delimitado la Armada de México y que obliga a desembarcar los cargamentos de droga en ese territorio antes de que lleguen a las costas mexicanas.
EU pierde hegemonía
Estados Unidos ya no es la mayor influencia en la región. La política de la administración de Barack Obama hacia América Latina y el Caribe no se diferencia de la que mantuvo su antecesor. A pesar de algunos “ajustes en el estilo”, como una tendencia hacia el multilateralismo y las soluciones concertadas, los temas prioritarios de Washington hacia esta región son el narcotráfico y la migración indocumentada.
Ese interés de Estados Unidos se traduce en México en la búsqueda de mayor cooperación mediante la Iniciativa Mérida. De igual forma, para Centroamérica se traduce en la creciente preocupación de Washington por los “Estados débiles”.
Mientras la política exterior de Estados Unidos se marca con estas variantes, hacia el interior de ese país se observan ciertos indicios de flexibilidad respecto de su política de drogas: varios estados han despenalizado, en diversas medidas y niveles, la posesión y consumo de mariguana. Además, a fines de 2009 se estableció la Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental para evaluar la política estadunidense frente a la reducción y prohibición de la demanda de drogas.
Futuro incierto para 2011
Catalina Niño Guarnizo, coeditora del Anuario 2010 de la seguridad regional en América Latina y el Caribe, de la Fundación Friedrich-Ebert, hace un ejercicio de prospectiva en 2011 para Contralínea. Observa que el crimen organizado –tema clave en México– probablemente se mantenga “fuerte y generando altos niveles de violencia”. Cita como ejemplo el asesinato de dos personas de alto nivel, ocurrido recientemente en Colombia. En su opinión, este hecho evidencia que el narcotráfico vuelve a tener el control en ciertas zonas de aquel país.
Esta dinámica también se presenta en Centroamérica, donde el crimen organizado y el narcotráfico “seguirán afectando a la región”, sobre todo en el triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) y en algunas islas del Caribe. Esta situación obedece a la debilidad institucional de algunos de esos países que facilita el negocio que representa la ilegalidad, “por lo que es muy difícil romper el círculo vicioso de corrupción y narcotráfico”, aprecia Niño Guarnizo.
Para 2011, la investigadora considera que es poco probable que haya cambios significativos. Para Suramérica observa que, en términos geopolíticos, las relaciones entre Colombia, Venezuela y Ecuador se mantendrán estables. Brasil, un país con gran liderazgo político en esa zona, estará en plena consolidación, por lo que las agendas multilaterales en la región avanzarán lentamente.
Para el investigador y politólogo Pablo Celi, es evidente que uno de los efectos de la actual estrategia ha sido el incremento de la violencia, por lo cual tiene poca sostenibilidad como política de seguridad a largo plazo. Por ello, agrega que esto tendrá “efectos de desgaste en su legitimidad y un alto costo político”.
Celi describe que la relación México-Estados Unidos tiene particularidades, aunque también una regularidad en el tiempo que no son comparables con otras en la región ni inciden en otras relaciones bilaterales. Define que los parámetros de esta relación son muy estables, de ahí que sea previsible que se mantenga a pesar de cambios en los gobiernos de cualquiera de los dos países.
Apunta que las relaciones de México con Cuba y Venezuela “son prácticamente nulas”, pues carecen de ámbitos de interés común y no se perciben elementos que las modifiquen sustancialmente. En contraste, el investigador observa que aunque la actual política exterior y de seguridad de Colombia tiene elementos en común con México, actualmente se orientan más en reestructurar su inserción subregional en Suramérica.
Carrera armamentista en América Latina y Caribe
Con el argumento de la modernización de su equipo militar, los gobiernos sustentan el incremento en las adquisiciones. Con excepción de México –que ocupa el cuarto lugar–, los mayores compradores de armas son Brasil, Colombia, Chile y Venezuela, de acuerdo con el informe de 2009 del Stockholm International Peace Research Institute. Datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres indican que Venezuela, después de Chile, es el mayor comprador de armas en América Latina.
A Estados Unidos le preocupa que parte de ese armamento se desvíe hacia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Por esa razón, vino un impasse con el gobierno de Suecia en 2009 para la adquisición de lanzacohetes por Venezuela.
Los principales proveedores de armas para esta región, según el Anuario 2010, son Estados Unidos, Alemania, España y Francia. En Suramérica, se señala a la Federación Rusa, China, Irán y Bielorrusia. Por la tendencia a diversificar su provisión de armamentos, el Anuario advierte que Venezuela desarrolla dinámicas que generan nuevas relaciones de dependencia, particularmente con Rusia.
En 2009, Venezuela cedió a Ecuador seis aviones Mirage 50 que desincorporó de su Fuerza Aérea.
También se debe considerar que en América Latina y el Caribe, hay tres procesos importantes: 1) El desarrollo de industrias militares en la región, donde Brasil es el principal proveedor; 2) La presencia creciente del tema nuclear, como la compra de submarinos de propulsión nuclear por Alemania y Brasil, así como la pretensión de Venezuela e Irán por lanzar proyectos de energía nuclear con fines pacíficos; 3) El del tráfico de armas ligeras que tiene una relación directa con la violencia urbana.
Organismos propios
El Anuario 2010 de la Fundación Friedrich-Ebert también descubre que en algunos gobiernos de América Latina y el Caribe se presenta un proceso de creación de nuevos organismos multilaterales de diálogo político, así como de seguridad y defensa sin la participación de Estados Unidos y Canadá. Tal es el caso de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y el Consejo de Defensa Sudamericano (CDS), que, atiende desde una visión multilateral, los conflictos entre los países miembros.
Hasta ahora, el CDS abordó problemas que ya trató con anterioridad la diplomacia de alto nivel, con la actuación notable de Brasil, un país “clave” para crear e impulsar la Unasur y el CDS. Sin embargo, destaca que el liderazgo de ese país suscita diferencias con Argentina y Venezuela.
Otras instituciones multilaterales que se multiplican en la región son la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, el Mercado Común del Sur, la Comunidad Andina de Naciones, el Sistema de Integración Centroamericana, la Comunidad del Caribe. En medio de ellas, la Organización de Estados Americanos es vista como un organismo que “no ha llevado realmente a una mayor integración” regional.
A futuro, es difícil pronosticar cuál será el desempeño de esos nuevos mecanismos. Algunos observadores regionales, cita el Anuario, señalan que tal proliferación parece ser un indicio de las debilidades de los procesos existentes.
Fuente: Contralínea 220 / 13 de febrero de 2011
En ese escenario, dos estudiantes fueron asesinados por policías; el escándalo llevó a la detención de 176 uniformados corruptos y a la remoción de jefes como parte de una depuración del cuerpo de seguridad. 
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