Entrevista con Evo Morales, presidente de Bolivia
Roberto Zanini
www.ilmanifesto.it
Traducido del italiano para Rebelión por S. Seguí
El presidente de Bolivia habló en Roma con Il Manifesto sobre las maniobras de la derecha en su país. "En mi país existen grupos paramilitares y tenemos fotos del embajador estadounidense con un paramilitar colombiano". En su visita a la capital italiana, denunció el juego sucio y afirmó que hay una derecha interna que tiene su base en los grupos oligárquicos, y una derecha externa que viene de la embajada de Estados Unidos. Su embajador, Philip Goldberg, fue jefe de la Misión estadounidense en Kosovo, y antes había sido brazo derecho del embajador estadounidense en Bosnia, Richard Holbrooke. Evo Morales sonríe sin cesar y te pone dos dedos en el hombro para hacer hincapié en un concepto. Lleva chaqueta y camisa bordada sin cuello. Por una vez ha dejado en la maleta la chompa, el tradicional jubón.
Llegó a Italia en un avión venezolano, recogió un premio, se reunió con representantes de instituciones políticas y patronales, se reunió también con los movimientos sociales italianos, y sin duda ha intentado aclarar el asunto Entel, compañía telefónica propiedad de la italiana Telecom que Bolivia quiere nacionalizar. (Telecom ha presentado, por sorpresa, una demanda de arbitraje internacional ante un tribunal, el Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones -CIADI-, del que Bolivia ya no forma parte desde hace seis meses.) En Bolivia, ha dejado una situación bastante tensa: los intentos separatistas se hacen más ásperos, y recientemente se ha producido la ocupación de un aeropuerto en Santa Cruz, corazón de la zona camba, zona más rica, contrapuesta a la zona colla, la de los indígenas de las montañas. Y también se ha producido un atentado contra un consulado venezolano, han enviado cartas-bomba a casa de algunos médicos cubanos, y hay informes de inteligencia que indican la presencia de instructores colombianos.
Presidente, 21 meses después de su elección, ¿cómo avanza la refundación que usted prometió para Bolivia?
Procede con altibajos, con oposición de los sectores conservadores, que no quieren perder sus privilegios. No aceptan que la nacionalización de los hidrocarburos se haya blindado y esté garantizada por muchos mecanismos legales y constitucionales; no aceptan que el poder haya pasado al pueblo y no sea ya privilegio de pocas familias, de una oligarquía. Hablo del poder económico y del político. Entre ellos hay gente racista, fascista. Pero estoy seguro que llegaremos al final. Será una batalla dura pero será una revolución democrática, pacífica y justa.
La Asamblea Constituyente que usted ha convocado aún no ha aprobado un solo artículo de la nueva constitución, y los conflictos por parte de los sectores autonomistas y de la derecha tradicional ya rozan la violencia. ¿Hay una relación entre ambos sectores? ¿Se corre el riesgo de balcanizar Bolivia?
Excluyo totalmente la balcanización. Pero la extrema derecha no está dispuesta, efectivamente, a aceptar al indio, y está por ello literalmente disgustada. Y reacciona. Lo digo con mucha responsabilidad, pero tengo informaciones de que ya no están en el plano de la oposición política, están hablando de golpe, de golpe militar. Si se diese un golpe en alguno de los departamentos del país, dicen, los militares serían enfrentados y derrotados. Hablan incluso de atentados contra la vida de las personas.
¿Sabe si existen grupos paramilitares en el país?
Lo sé, y le anticipo una cosa: tenemos una fotografía del embajador de Estados Unidos junto a un paramilitar colombiano, tomada recientemente aquí en Bolivia. Felizmente, el paramilitar fue detenido y está en estos momentos encarcelado. Tenemos informaciones de fuerzas paramilitares armadas y organizadas, en nuestro país, formadas por elementos de derecha y delincuentes. Cuando la derecha no puede movilizar como lo hacía antes, pasa al lado extremo: el paramilitarismo.
Recientemente, ha habido atentados contra un consulado venezolano en Bolivia, contra las casas de algunos médicos cubanos, y ha habido también la ocupación del aeropuerto. ¿De dónde, provienen políticamente, estas acciones?
Hay una derecha interna y una derecha externa. La interna proviene de los grupos oligárquicos, la externa de la embajada de Estados Unidos.
Antes de ser destinado a Bolivia, el embajador, Philip Goldberg, fue jefe de la Misión estadounidense en Kosovo, y antes había sido el brazo derecho del embajador en Bosnia, Richard Holbrooke, desde donde se produjo la implosión Yugoslavia. ¿Cómo se comporta ahora?
En Bosnia, Goldberg marcó algunos puntos en su carrera diplomática pero en Bolivia no lo conseguirá.
¿Qué relaciones mantienen ustedes con Estados Unidos?
Tenemos relaciones con todo el mundo, pero no aceptamos provocaciones. Además, una cosa es el embajador y otra el país. Es cierto que el señor Goldberg tiene sin lugar a dudas una larga experiencia en la convulsión de gobiernos democráticos.
¿Y cómo va la nacionalización del gas? El ex ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, dice que las transnacionales han firmado los nuevos acuerdos pero que no pagan realmente lo que deberían pagar, y además que su gobierno no invierte en infraestructuras –carreteras, puentes, fábricas—sino sólo en proyectos ideológicos de solidaridad para las personas de edad y los estudiantes. ¿Qué le responde?
Que Soliz Rada es un resentido con quien me equivoqué al darle un ministerio. Los resultados de las nacionalizaciones, por otra parte, hablan por sí mismos. Si existe el "bono Juancito Pinto" es gracias a las nacionalizaciones, si hemos podido asignar una determinada cifra a las pensiones es gracias a las nacionalizaciones. Antes existía el "bono solidaridad", pero derivaba de la privatización –mal llamada capitalización— de nuestras empresas. Y ni siquiera así existían recursos económicos para hacerlo efectivo, era insostenible. Ahora todo ha cambiado, y el Estado se ha hecho cargo, por ejemplo, de la responsabilidad de una pensión de vejez, lo que antes no existía.
Insisto, ¿es cierta la crítica sobre la falta de inversiones en el sector industrial? ¿Cree que la industrialización de los hidrocarburos pueda hacerse en dos años?
En estos momentos, nuestra mayor debilidad se da en el sector humano, el de los expertos: los que necesitamos debemos antes formarlos. La cosa más importante es que antes de la nacionalización el Estado recibía menos de 300 millones de dólares por su gas y este año espera ingresar 2.000 millones. En 2004 las reservas del país no llegaban a 2.000 millones de dólares, este año alcanzarán los 5.000 millones. Estos son hechos.
Usted habla de inversión en el sector humano. ¿Qué puede ofrecer Bolivia y qué tipo de inversiones busca?
En materia de recursos naturales, tenemos necesidad de socios. Tenemos necesidad de empresas, no solo italianas sino de todo el mundo, y empresas que inviertan. Y estamos comenzando a firmar acuerdos bilaterales. Por ejemplo, he estado en contacto aquí con un empresario del calzado, y sé que Italia produce calzado de calidad pero no en la cantidad que produce por ejemplo China. Y nosotros tenemos el cuero del altiplano y del Oriente. Una materia aún no explotada es el cuero del cuello de las llamas, en nuestro país se fabrica tradicionalmente calzado con cuero de cuello de llama. Se trata de un ejemplo de una materia prima que tenemos y que está por explotar, y como ésta otras tantas. Pero las empresas deben ser sensibles y tener también políticas sociales.
¿Qué relaciones tiene con Brasil?¿ La empresa de petróleos de Brasil, Petrobras, se comporta como parte de un gobierno amigo o como una empresa clásica que no conoce a los amigos?
Es difícil el entendimiento con las empresas, tienen un sólo interés que es el de multiplicar su capital. El presidente de Brasil intenta resolver los problemas que tenemos con esa empresa citada, y yo tengo mucho respeto por Lula, con quien estamos preparando una reunión en Bolivia antes de que finalice el año. Sigo considerando al compañero Lula como un hermano mayor y a Brasil como un gran país. Estamos aquí para resolver los problemas, para limitar los condicionamientos y para garantizar las inversiones.
Le han criticado mucho su chavismo, aunque hoy día criticar a Chávez es un deporte muy practicado. ¿Hay diferencias entre usted y el presidente de Venezuela?
Somos diferentes, pero ambos buscamos la igualdad, la justicia y la reducción de las asimetrías entre las familias y los continentes. Nuestra gran coincidencia es que tenemos democracias liberadoras y no sometidas al Imperio, estamos orientados al tema de la Vida y de la Humanidad, no sólo en América Latina sino para todos los seres humanos del planeta Tierra. Nosotros, sin embargo, formamos parte de un movimiento indígena, buscamos la armonía con la Madre Tierra. El socialismo y el marxismo pretenden únicamente resolver el problema del ser humano, no el de la Tierra. En cambio, debemos hablar del medio ambiente, de cómo salvar un planeta que está enfermo.
¿Y de los agrocombustibles?
No comparto la idea. No es posible que la Tierra y sus productos se pongan a disposición de los automóviles en lugar de a la vida humana.
La coca es un tema con el que a menudo se ataca a Bolivia. Usted ha hablado de industrialización de la coca, ¿cómo está este asunto?
Lo digo con toda claridad: no es posible el libre cultivo de la coca pero tampoco es posible alcanzar el nivel cero coca. Hablar de libre cultivo significa producir excedente para el mercado ilegal, hablar de cero coca sería desconocer su cualidad: hablar de cero coca es hablar de movimiento indígena cero. Pero la lucha contra los narcotraficantes que realiza Estados Unidos es un pretexto que esconde una lucha de carácter geopolítico. Con la lucha contra el narcotráfico Estados Unidos está creando bases militares. Lo que se prevé para la nueva Constitución es que Bolivia no acepte en su suelo bases militares, estadounidenses o de cualquier otro país. Si hablamos de lucha real y efectiva contra el narcotráfico, entonces habrá que hacer frente no sólo a la oferta sino también a la demanda. Y la demanda viene de ustedes, de Occidente. Y después hay que hacer frente también al secreto bancario. No es posible que estados y naciones protejan el narcotráfico por medio del secreto bancario.
¿Que opinión le merece Ahmadineyad, con quien acaba de firmar un acuerdo nuclear? ¿Tiene derecho a un programa atómico?
Los acuerdos y las relaciones comerciales y diplomáticas de Bolivia no estarán nunca orientadas hacia políticas que se propongan suprimir vidas, estamos por una cultura de la vida y nunca perseguiremos programas que la amenacen. Algunos países critican los programas nucleares, pero ¿quién puede hacerlo? Sólo aquellos que no dispongan de esas armas. ¿Con qué moral algunos países dotados de grandes arsenales nucleares ponen en cuestión las armas de otros? O todos o ninguno. Para nosotros, mejor ninguno. En las guerras sólo pierden los pobres y vencen los ricos, la guerra solo sirve para que algunos grupos sigan acumulando capital.
¿Qué relaciones mantiene con la Iglesia católica?
Tengo gran respeto por muchos sacerdotes y religiosas de base, y trabajamos mucho con sus escuelas y hospitales. Pero lamento tener diferencias con la jerarquía de la Iglesia católica de Bolivia. Lo que sucede en Italia lo desconozco, pero en Bolivia algunos jerarcas católicos hacen doblar las campanas en protesta contra Evo Morales.
viernes, noviembre 02, 2007
AMLO: la corrupción acentuó estragos en Tabasco
La Jornada On Line
El apoyo, venga de donde venga, tiene que ser bien visto, afirmó.
México, DF. El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador acusó que la tragedia que vive hoy Tabasco se debe a la corrupción que "ha sido devastadora en la entidad".
En entrevista a Hoy por Hoy, López Obrador sostuvo que Tabasco tiene el presupuesto per cápita más alto del país, y se preguntó por qué no hay obras hidráulicas en la entidad.
"¿Dónde fue a parar ese dinero? Se han enriquecido unos cuantos a costa del sufrimiento de la gente. No hay desarrollo en el estado; Tabasco tiene todo, hay de todo, pero se lo clavan todo. Y ahora ya están atentando hasta contra la sobrevivencia misma, hasta contra la existencia misma", denunció.
"La corrupción ha sido devastadora", aseveró quien fuera candidato a la Presidencia de la República por la coalición Por el Bien de Todos en 2006 y que encabeza ahora el llamado gobierno legítimo.
Respecto del mensaje de Felipe Calderón, emitido ayer por la noche y en el que pedía la solidaridad de todos los mexicanos para los afectados en el sureño estado, López Obrador sostuvo que "no puedo estar en contra de ese mensaje".
"Todo lo que signifique apoyo, venga de donde venga, hay que recibirlo, tiene que estar bien visto" aseguró.
Al preguntársele si se suma a la convocatoria del mandatario, López Obrador se deslindó: "Yo hago mi llamado aparte; no quiero vincularme mucho con ellos".
Explicó que "ellos (el gobierno panista) son parte de esta desgracia y de esta tragedia, porque están defendiendo un modelo económico totalmente antipopular, que solamente privilegia a unos cuantos. Ellos son parte de esto que está sucediendo en Tabasco", puntualizó.
Aseguró que los gobiernos de derecha "apoyan un modelo económico devastador, donde el ser humano pasa a ser de segunda, pasa a un segundo plano". "La derecha lo deshumaniza todo", concluyó.
Sobre el desfogue de las presas en la región, dijo que esa acción agudizó la inundación. "Se habría inundado, pero no habría sido de la misma magnitud", aseveró.
Recomendó revisar las bitácoras del manejo del agua de las presas y descubrir por qué se permitió la acumulación de agua y su posterior liberación "que desde luego tenía que provocar esta tragedia".
Es necesario, dijo, observar "qué relación puede tener esto con los compromisos que han hecho con empresas privadas que están generando energía", pues "hay un ambiente, en todo el gobierno federal desde hace mucho tiempo, de privilegiar lo privado sobre lo público".
El apoyo, venga de donde venga, tiene que ser bien visto, afirmó.
México, DF. El ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador acusó que la tragedia que vive hoy Tabasco se debe a la corrupción que "ha sido devastadora en la entidad".
En entrevista a Hoy por Hoy, López Obrador sostuvo que Tabasco tiene el presupuesto per cápita más alto del país, y se preguntó por qué no hay obras hidráulicas en la entidad.
"¿Dónde fue a parar ese dinero? Se han enriquecido unos cuantos a costa del sufrimiento de la gente. No hay desarrollo en el estado; Tabasco tiene todo, hay de todo, pero se lo clavan todo. Y ahora ya están atentando hasta contra la sobrevivencia misma, hasta contra la existencia misma", denunció.
"La corrupción ha sido devastadora", aseveró quien fuera candidato a la Presidencia de la República por la coalición Por el Bien de Todos en 2006 y que encabeza ahora el llamado gobierno legítimo.
Respecto del mensaje de Felipe Calderón, emitido ayer por la noche y en el que pedía la solidaridad de todos los mexicanos para los afectados en el sureño estado, López Obrador sostuvo que "no puedo estar en contra de ese mensaje".
"Todo lo que signifique apoyo, venga de donde venga, hay que recibirlo, tiene que estar bien visto" aseguró.
Al preguntársele si se suma a la convocatoria del mandatario, López Obrador se deslindó: "Yo hago mi llamado aparte; no quiero vincularme mucho con ellos".
Explicó que "ellos (el gobierno panista) son parte de esta desgracia y de esta tragedia, porque están defendiendo un modelo económico totalmente antipopular, que solamente privilegia a unos cuantos. Ellos son parte de esto que está sucediendo en Tabasco", puntualizó.
Aseguró que los gobiernos de derecha "apoyan un modelo económico devastador, donde el ser humano pasa a ser de segunda, pasa a un segundo plano". "La derecha lo deshumaniza todo", concluyó.
Sobre el desfogue de las presas en la región, dijo que esa acción agudizó la inundación. "Se habría inundado, pero no habría sido de la misma magnitud", aseveró.
Recomendó revisar las bitácoras del manejo del agua de las presas y descubrir por qué se permitió la acumulación de agua y su posterior liberación "que desde luego tenía que provocar esta tragedia".
Es necesario, dijo, observar "qué relación puede tener esto con los compromisos que han hecho con empresas privadas que están generando energía", pues "hay un ambiente, en todo el gobierno federal desde hace mucho tiempo, de privilegiar lo privado sobre lo público".
Crece más la desprotección en salud en EU
Reuters
Nueva York, 1º de noviembre. La cantidad de personas en Estados Unidos que carecen de seguro de salud llegó a 47 millones en 2006, mientras niños y trabajadores de todos los niveles de ingreso están perdiendo cobertura, señaló este jueves un nuevo informe.
El aumento de casi 8.7 millones de personas sin asistencia sanitaria, desde 2000, estuvo “liderado fundamentalmente por la continua erosión en la cobertura médica provista por los empleadores”, indicó el reporte del Instituto de Política Económica, con sede en Washington.
En 2006, 2.3 millones menos recibieron la cobertura de salud de sus empleadores en comparación con 2000, especificó el escrito, que destacó que la disminución no tiene en cuenta el crecimiento poblacional.
Casi 60 por ciento de los niños del país tienen la cobertura de salud provista por el empleador de sus padres, pero de 2000 a 2006 la cantidad de pequeños con ese servicio se redujo en 3.4 millones.
“El seguro de salud pública ya no compensa estas pérdidas”, manifestó el informe del grupo independiente de expertos.
Este fue el sexto año consecutivo de reducción en la cobertura de salud provista por los empleadores en Estados Unidos.
Los estadunidenses nacidos en este país presentaron las mayores tasas de cobertura médica provista por los empleadores y alcanzaron casi 74 por ciento, pese a que la cifra implica una caída de 3.5 puntos porcentuales.
Entre las personas nacidas en otros países, la tasa fue de 54 por ciento en 2006, lo que significa una reducción de 4.4 puntos porcentuales respecto del año 2000.
Nueva York, 1º de noviembre. La cantidad de personas en Estados Unidos que carecen de seguro de salud llegó a 47 millones en 2006, mientras niños y trabajadores de todos los niveles de ingreso están perdiendo cobertura, señaló este jueves un nuevo informe.
El aumento de casi 8.7 millones de personas sin asistencia sanitaria, desde 2000, estuvo “liderado fundamentalmente por la continua erosión en la cobertura médica provista por los empleadores”, indicó el reporte del Instituto de Política Económica, con sede en Washington.
En 2006, 2.3 millones menos recibieron la cobertura de salud de sus empleadores en comparación con 2000, especificó el escrito, que destacó que la disminución no tiene en cuenta el crecimiento poblacional.
Casi 60 por ciento de los niños del país tienen la cobertura de salud provista por el empleador de sus padres, pero de 2000 a 2006 la cantidad de pequeños con ese servicio se redujo en 3.4 millones.
“El seguro de salud pública ya no compensa estas pérdidas”, manifestó el informe del grupo independiente de expertos.
Este fue el sexto año consecutivo de reducción en la cobertura de salud provista por los empleadores en Estados Unidos.
Los estadunidenses nacidos en este país presentaron las mayores tasas de cobertura médica provista por los empleadores y alcanzaron casi 74 por ciento, pese a que la cifra implica una caída de 3.5 puntos porcentuales.
Entre las personas nacidas en otros países, la tasa fue de 54 por ciento en 2006, lo que significa una reducción de 4.4 puntos porcentuales respecto del año 2000.
Constantes accidentes en Pemex desde que tiene contratistas fugaces, revela estudio
Incumplen la ley del Trabajo y normas de operación, dice senador panista
Sus empleados reciben salarios inferiores a los de la paraestatal y no tienen prestaciones
Ciro Pérez Silva
Los accidentes en las plataformas y centros de operación de Petróleos Mexicanos (Pemex) se han convertido en una constante desde que prestan servicios a la paraestatal contratistas “que aparecen y desaparecen de la noche a la mañana”, o empresas privadas cuyos trabajadores no se ajustan a las normas mínimas que se requieren para el desempeño de sus funciones, revela un reporte del senador panista y presidente de la Comisión de Marina del Senado, Sebastián Calderón Centeno.
El estudio señala que en el área de plataformas de la sonda de Campeche, las embarcaciones que prestan servicios a Pemex también se han visto afectadas. Sólo el 11 de octubre naufragó el barco Seba’an, propiedad de la empresa Oceanografía –presuntamente ligada a los hijos de Marta Sahagún–, con ocho tripulantes y 168 personas a bordo, una de las cuales falleció; se reportó que la causa del hundimiento fue un incendio en el cuarto de máquinas.
El 22 del mismo mes, en el área de plataformas se incendió y hundió el barco Oficina Porvenir, perteneciente a Transportación y Servicios Marítimos, con 14 personas a bordo; una se reportó como desaparecida.
Sólo en la sonda de Campeche se detectaron compañías que niegan derechos de antigüedad a sus empleados, no los toman en cuenta para reparto de utilidades, reportan al Instituto Mexicano del Seguro Social salarios bajos y operan bajo dudosas reglas de seguridad, y luego de cumplir un contrato se vuelven ilocalizables.
“Se ha hecho evidente la reiterada ocurrencia de siniestros”, asegura el panista, quien subraya que “en el mes de octubre los accidentes han sido una constante” en este emplazamiento, y además del accidente en la plataforma Usumacinta, con un saldo de 22 personas muertas, el día 5 falleció un trabajador por intoxicación con gas.
Originario de Campeche, Calderón Centeno subraya que la situación actual de Pemex ha obligado, como una necesidad técnica, a que se creen empresas privadas para que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva para la paraestatal.
“Esta circunstancia ha redundado en perjuicio de los trabajadores, ya que sus prestaciones son inferiores a las de los empleados de Pemex, pues no siempre disponen de elementos suficientes para cumplir las obligaciones que derivan de las relaciones de trabajo”, afirma.
Ante la situación que están viviendo los empleados contratados por empresas privadas, que a su vez prestan sus servicios a Pemex, el legislador panista consideró necesario que las autoridades federales del Trabajo proporcionen al Senado información detallada respecto a las condiciones de seguridad en que desarrollan su actividad los contratistas.
“Creemos conveniente que se proceda a la revisión de las condiciones de contratación y de remuneración que para tal efecto se establece, pues tenemos entendido que lo que perciben se encuentra muy por debajo del salario de los trabajadores de Pemex, no obstante que la actividad que desarrollan corresponde a una misma categoría laboral y las condiciones de eficiencia también son iguales. Esta diferencia también impacta negativamente al momento del pago correspondiente derivado de accidentes de laborales”, dijo.
Frente a esta cascada de percances, el presidente de la Comisión de Marina del Senado insistió en que es oportuno que, en el ámbito de su competencia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social supervise a las empresas que trabajan para la paraestatal, con el propósito de saber si cumplen con las disposiciones contenidas en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos, a fin de que los empleados reciban un trato justo y equitativo, dentro del marco constitucional y legal que satisfaga sus necesidades económicas y de seguridad social.
Sus empleados reciben salarios inferiores a los de la paraestatal y no tienen prestaciones
Ciro Pérez Silva
Los accidentes en las plataformas y centros de operación de Petróleos Mexicanos (Pemex) se han convertido en una constante desde que prestan servicios a la paraestatal contratistas “que aparecen y desaparecen de la noche a la mañana”, o empresas privadas cuyos trabajadores no se ajustan a las normas mínimas que se requieren para el desempeño de sus funciones, revela un reporte del senador panista y presidente de la Comisión de Marina del Senado, Sebastián Calderón Centeno.
El estudio señala que en el área de plataformas de la sonda de Campeche, las embarcaciones que prestan servicios a Pemex también se han visto afectadas. Sólo el 11 de octubre naufragó el barco Seba’an, propiedad de la empresa Oceanografía –presuntamente ligada a los hijos de Marta Sahagún–, con ocho tripulantes y 168 personas a bordo, una de las cuales falleció; se reportó que la causa del hundimiento fue un incendio en el cuarto de máquinas.
El 22 del mismo mes, en el área de plataformas se incendió y hundió el barco Oficina Porvenir, perteneciente a Transportación y Servicios Marítimos, con 14 personas a bordo; una se reportó como desaparecida.
Sólo en la sonda de Campeche se detectaron compañías que niegan derechos de antigüedad a sus empleados, no los toman en cuenta para reparto de utilidades, reportan al Instituto Mexicano del Seguro Social salarios bajos y operan bajo dudosas reglas de seguridad, y luego de cumplir un contrato se vuelven ilocalizables.
“Se ha hecho evidente la reiterada ocurrencia de siniestros”, asegura el panista, quien subraya que “en el mes de octubre los accidentes han sido una constante” en este emplazamiento, y además del accidente en la plataforma Usumacinta, con un saldo de 22 personas muertas, el día 5 falleció un trabajador por intoxicación con gas.
Originario de Campeche, Calderón Centeno subraya que la situación actual de Pemex ha obligado, como una necesidad técnica, a que se creen empresas privadas para que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva para la paraestatal.
“Esta circunstancia ha redundado en perjuicio de los trabajadores, ya que sus prestaciones son inferiores a las de los empleados de Pemex, pues no siempre disponen de elementos suficientes para cumplir las obligaciones que derivan de las relaciones de trabajo”, afirma.
Ante la situación que están viviendo los empleados contratados por empresas privadas, que a su vez prestan sus servicios a Pemex, el legislador panista consideró necesario que las autoridades federales del Trabajo proporcionen al Senado información detallada respecto a las condiciones de seguridad en que desarrollan su actividad los contratistas.
“Creemos conveniente que se proceda a la revisión de las condiciones de contratación y de remuneración que para tal efecto se establece, pues tenemos entendido que lo que perciben se encuentra muy por debajo del salario de los trabajadores de Pemex, no obstante que la actividad que desarrollan corresponde a una misma categoría laboral y las condiciones de eficiencia también son iguales. Esta diferencia también impacta negativamente al momento del pago correspondiente derivado de accidentes de laborales”, dijo.
Frente a esta cascada de percances, el presidente de la Comisión de Marina del Senado insistió en que es oportuno que, en el ámbito de su competencia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social supervise a las empresas que trabajan para la paraestatal, con el propósito de saber si cumplen con las disposiciones contenidas en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos, a fin de que los empleados reciban un trato justo y equitativo, dentro del marco constitucional y legal que satisfaga sus necesidades económicas y de seguridad social.
Pemex dio a Madrazo y Andrade $1 mil 970 millones para evitar inundaciones
Granier recibió $274 millones 329 mil; no hay evidencia del uso adecuado de los fondos
Pero eso sí a la hora de la tragedia se pone a chillar, y todavía lo defienden.
ONG de Tabasco documenta graves irregularidades en el manejo de esos fondos
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Petróleos Mexicanos (Pemex) informó a la Cámara de Diputados que durante los gobiernos estatales de Roberto Madrazo y Manuel Andrade transfirió a Tabasco mil 970 millones de pesos como donativos, en efectivo y en especie, para realizar obras de infraestructura y de protección contra inundaciones, así como construcción de vivienda para población que habita en zonas de alto riesgo y es susceptible de ser afectada por las lluvias.
Sin embargo, la paraestatal, mediante el oficio DG/CE0071/2007, dirigido a la comisión especial que investiga los daños ecológicos causados por la petrolera, precisó que no hay evidencia de que los recursos se hayan aplicado en la entidad, que enfrenta las peores inundaciones de los pasados 50 años.
La información refiere que sólo en 2001 –el primer año de gobierno de Andrade– se entregaron 15 millones de pesos que tenían como objetivo construir obras para prevenir inundaciones, mientras que para vivienda donó otros 620 millones de pesos entre 2004 y 2006.
Entre 1999 y 2000, los dos últimos años de gobierno de Madrazo, la paraestatal transfirió 684 millones de pesos, y de acuerdo con la información enviada a la Cámara, la Secretaría de la Contraloría tabasqueña nunca le entregó los resultados de las auditorías iniciadas por las irregularidades cometidas en el manejo de estos recursos.
De acuerdo con la información hecha llegar a la comisión especial, sólo en el gobierno de Manuel Andrade, Pemex turnó mil 286 millones 953 mil 119 pesos, y se detalla que todavía el 20 de septiembre de 2006, tres meses antes de dejar el cargo, y un mes antes de las elecciones para gobernador que ganó Andrés Granier, se le entregó un cheque por 50 millones de pesos, de los cuales no hay evidencia de su aplicación.
Los ha de haber gastado en la campaña de su compinche, ahora sí que la despensa y la bicicleta de ayer se convirtió en la inundación y el hambre de hoy.
Se trata del cheque 0083098, de Scotiabank Inverlat, que fue amparado únicamente con un acta de entrega-recepción de donativo.
En la relación de asignaciones se detalla que en 2007, ya en el gobierno de Andrés Granier, Pemex entregó 274 millones 329 mil 615 pesos por concepto de donativos a Tabasco, de los cuales 150 millones de pesos fueron en efectivo y el resto en especie, también con el propósito de que se destinaran a infraestructura.
Además, una investigación realizada por la Asociación Ecológica Santo Tomás, con sede en Villahermosa, revela una serie de irregularidades detectadas por la Contraloría del estado en el ejercicio de esos recursos por parte de los gobiernos locales, entre éstas la más grave es que los pagos por obras no realizadas se sustentaron con copias simples de las facturas, y en muchos casos los montos fueron alterados con corrector líquido para incrementar sus costos.
Los trabajos de infraestructura en el estado para prevenir inundaciones tenían que ser realizados por la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y Desarrollo Social (Cimades) de Tabasco, que ejerció un uso discrecional de los recursos, como documentó la asociación ecológica.
Por ejemplo, refiere que en 2003, 98 por ciento del donativo que entregó Pemex, por 163 millones 607 mil 182 pesos, se utilizó para el pago de sueldos y remuneraciones a trabajadores.
Además, la forma discrecional en que utilizó las transferencias hechas por Pemex se comprobó con las altas cuentas de teléfono celular de los funcionarios, inclusive de carácter personal, y el pago por supuesto consumo de combustibles, gasolina y diesel, inclusive de automóviles que se encontraban en el taller.
Por ejemplo, Cimades dijo haber gastado 4 millones 279 mil 622 pesos en consumo de gasolina en 2004 –año en que la paraestatal transfirió a Tabasco 172 millones 771 mil pesos–, pero no se encontró ni un comprobante que lo respaldara.
Más aún, en ese mismo ejercicio los funcionarios facturaron a nombre de la comisión compras por cigarros, bebidas, pasteles, dulces y despensa en tiendas de autoservicio.
En 2003 también se detectó un fraude en la facturación por consumo de gasolina, pues se justificó un gasto de 358 mil 931.70 por compra de combustible para 11 automóviles que habían sido dados de baja por sus malas condiciones y tenían más de un año en “reparación” en talleres externos.
A pesar de las irregularidades, expresa la Asociación Ecológica Santo Tomás, Pemex continuó entregando recursos al gobierno, aunque la empresa no recibió información detallada sobre la aplicación de los donativos.
Concluye: “es evidente la malversación de fondos o desvío de recursos. Esta situación no fue revelada en su momento por los auditores externos, los cuales en su opinión manifestaron salvedades y abstenciones de opinión, es decir, errores u omisiones graves de información, y se entiende que bien o mal Cimades se encuentra dictaminada y revisada”.
Defender a estos sátrapas ladrones es no tener dignidad ni sentirse merecedor de nada más que de robos.
Todavía este cabrón, desvergonzado y tramposo (ya conocido mundialmente) se hace la víctima:
No soy indiferente a la tragedia: Madrazo
De la redacción
Roberto Madrazo Pintado negó que permanezca indiferente ante los sucesos que ocurren en Tabasco y atribuyó las críticas que se han realizado en su contra a “ciertos medios de comunicación” que lejos de contribuir a generar el clima edificante que demanda la situación de “mis paisanos, persiste en el triste papel de sembrar odio y morbo”. En un comunicado, el ex candidato presidencial priísta afirma que los comentarios “que con tanto desparpajo se han vertido en los medios para abonar a una supuesta insensibilidad de mi parte ante el drama en mi estado natal, me obligan a precisar que la única razón que me ha impedido estar físicamente en mi tierra es el agravamiento agudo y repentino de la salud de Isabel, mi esposa, en este momento internada, luego de que en las semanas recientes su de por sí extrema fragilidad se vio comprometida a raíz de la perversa campaña de medios que ha lastimado el ambiente familiar”, dijo.
Pero eso sí a la hora de la tragedia se pone a chillar, y todavía lo defienden.
ONG de Tabasco documenta graves irregularidades en el manejo de esos fondos
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Petróleos Mexicanos (Pemex) informó a la Cámara de Diputados que durante los gobiernos estatales de Roberto Madrazo y Manuel Andrade transfirió a Tabasco mil 970 millones de pesos como donativos, en efectivo y en especie, para realizar obras de infraestructura y de protección contra inundaciones, así como construcción de vivienda para población que habita en zonas de alto riesgo y es susceptible de ser afectada por las lluvias.
Sin embargo, la paraestatal, mediante el oficio DG/CE0071/2007, dirigido a la comisión especial que investiga los daños ecológicos causados por la petrolera, precisó que no hay evidencia de que los recursos se hayan aplicado en la entidad, que enfrenta las peores inundaciones de los pasados 50 años.
La información refiere que sólo en 2001 –el primer año de gobierno de Andrade– se entregaron 15 millones de pesos que tenían como objetivo construir obras para prevenir inundaciones, mientras que para vivienda donó otros 620 millones de pesos entre 2004 y 2006.
Entre 1999 y 2000, los dos últimos años de gobierno de Madrazo, la paraestatal transfirió 684 millones de pesos, y de acuerdo con la información enviada a la Cámara, la Secretaría de la Contraloría tabasqueña nunca le entregó los resultados de las auditorías iniciadas por las irregularidades cometidas en el manejo de estos recursos.
De acuerdo con la información hecha llegar a la comisión especial, sólo en el gobierno de Manuel Andrade, Pemex turnó mil 286 millones 953 mil 119 pesos, y se detalla que todavía el 20 de septiembre de 2006, tres meses antes de dejar el cargo, y un mes antes de las elecciones para gobernador que ganó Andrés Granier, se le entregó un cheque por 50 millones de pesos, de los cuales no hay evidencia de su aplicación.
Los ha de haber gastado en la campaña de su compinche, ahora sí que la despensa y la bicicleta de ayer se convirtió en la inundación y el hambre de hoy.
Se trata del cheque 0083098, de Scotiabank Inverlat, que fue amparado únicamente con un acta de entrega-recepción de donativo.
En la relación de asignaciones se detalla que en 2007, ya en el gobierno de Andrés Granier, Pemex entregó 274 millones 329 mil 615 pesos por concepto de donativos a Tabasco, de los cuales 150 millones de pesos fueron en efectivo y el resto en especie, también con el propósito de que se destinaran a infraestructura.
Además, una investigación realizada por la Asociación Ecológica Santo Tomás, con sede en Villahermosa, revela una serie de irregularidades detectadas por la Contraloría del estado en el ejercicio de esos recursos por parte de los gobiernos locales, entre éstas la más grave es que los pagos por obras no realizadas se sustentaron con copias simples de las facturas, y en muchos casos los montos fueron alterados con corrector líquido para incrementar sus costos.
Los trabajos de infraestructura en el estado para prevenir inundaciones tenían que ser realizados por la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y Desarrollo Social (Cimades) de Tabasco, que ejerció un uso discrecional de los recursos, como documentó la asociación ecológica.
Por ejemplo, refiere que en 2003, 98 por ciento del donativo que entregó Pemex, por 163 millones 607 mil 182 pesos, se utilizó para el pago de sueldos y remuneraciones a trabajadores.
Además, la forma discrecional en que utilizó las transferencias hechas por Pemex se comprobó con las altas cuentas de teléfono celular de los funcionarios, inclusive de carácter personal, y el pago por supuesto consumo de combustibles, gasolina y diesel, inclusive de automóviles que se encontraban en el taller.
Por ejemplo, Cimades dijo haber gastado 4 millones 279 mil 622 pesos en consumo de gasolina en 2004 –año en que la paraestatal transfirió a Tabasco 172 millones 771 mil pesos–, pero no se encontró ni un comprobante que lo respaldara.
Más aún, en ese mismo ejercicio los funcionarios facturaron a nombre de la comisión compras por cigarros, bebidas, pasteles, dulces y despensa en tiendas de autoservicio.
En 2003 también se detectó un fraude en la facturación por consumo de gasolina, pues se justificó un gasto de 358 mil 931.70 por compra de combustible para 11 automóviles que habían sido dados de baja por sus malas condiciones y tenían más de un año en “reparación” en talleres externos.
A pesar de las irregularidades, expresa la Asociación Ecológica Santo Tomás, Pemex continuó entregando recursos al gobierno, aunque la empresa no recibió información detallada sobre la aplicación de los donativos.
Concluye: “es evidente la malversación de fondos o desvío de recursos. Esta situación no fue revelada en su momento por los auditores externos, los cuales en su opinión manifestaron salvedades y abstenciones de opinión, es decir, errores u omisiones graves de información, y se entiende que bien o mal Cimades se encuentra dictaminada y revisada”.
Defender a estos sátrapas ladrones es no tener dignidad ni sentirse merecedor de nada más que de robos.
Todavía este cabrón, desvergonzado y tramposo (ya conocido mundialmente) se hace la víctima:
No soy indiferente a la tragedia: Madrazo
De la redacción
Roberto Madrazo Pintado negó que permanezca indiferente ante los sucesos que ocurren en Tabasco y atribuyó las críticas que se han realizado en su contra a “ciertos medios de comunicación” que lejos de contribuir a generar el clima edificante que demanda la situación de “mis paisanos, persiste en el triste papel de sembrar odio y morbo”. En un comunicado, el ex candidato presidencial priísta afirma que los comentarios “que con tanto desparpajo se han vertido en los medios para abonar a una supuesta insensibilidad de mi parte ante el drama en mi estado natal, me obligan a precisar que la única razón que me ha impedido estar físicamente en mi tierra es el agravamiento agudo y repentino de la salud de Isabel, mi esposa, en este momento internada, luego de que en las semanas recientes su de por sí extrema fragilidad se vio comprometida a raíz de la perversa campaña de medios que ha lastimado el ambiente familiar”, dijo.
La policía de Londres, culpable por asesinato del brasileño De Menezes
El joven fue muerto al confundirlo con un terrorista
Dpa, Afp y The Independent
Londres, 1º de noviembre. La Policía Metropolitana de Londres fue hallada culpable hoy por violación de leyes de seguridad y salud en el caso del asesinato del brasileño Jean Charles de Menezes, quien fue abatido hace dos años en el Metro londinense tras ser confundido con un “terrorista”.
Un jurado de la corte criminal de Old Bailey en la capital británica dictaminó que la Policía Metropolitana cometió una falta criminal “al exponer al público de Londres a un peligro” durante el incidente, ocurrido el 22 de julio de 2005.
El jurado destacó que su objetivo no había sido “atribuir culpas personales” por la muerte de Menezes, pero que la policía de Londres, como un todo, “falló en proteger al público” londinense.
El juez impuso al cuerpo policial una multa de 360 mil dólares, a lo que se debe sumar los costos asociados al proceso, que son de 800 mil dólares.
El joven electricista de 27 años recibió siete disparos en la cabeza en la estación de Stockwell, un día después de que la policía abortara un segundo ataque suicida contra la red de transporte londinense.
El gobierno de Brasil recibió con satisfacción el veredicto, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país sudamericano.
La familia del brasileño se mostró complacida con la sentencia, pero afirmó que la consideraba un primer paso y pidió que los responsables de la muerte de Jean Charles “rindan cuentas” ante la justicia.
Tras el veredicto de culpabilidad de Scotland Yard, que golpea la credibilidad de la policía y sus mandos, varios políticos de oposición reclamaron la renuncia del jefe de la policía metropolitana, Ian Blair.
Blair, quien asistió uniformado al tribunal para escuchar la sentencia, expresó de nuevo sus disculpas a la familia de De Menezes por “la tragedia”, pero insistió en que no renunciará a su cargo.
Minutos después de que se dictara la sentencia, se dio a conocer que en los próximos días serían publicadas las conclusiones de la investigación sobre las circunstancias en que murió De Menezes.
Buena noticia. Habrá que construirle una estatua a la corte de Old Bailey.
Dpa, Afp y The Independent
Londres, 1º de noviembre. La Policía Metropolitana de Londres fue hallada culpable hoy por violación de leyes de seguridad y salud en el caso del asesinato del brasileño Jean Charles de Menezes, quien fue abatido hace dos años en el Metro londinense tras ser confundido con un “terrorista”.
Un jurado de la corte criminal de Old Bailey en la capital británica dictaminó que la Policía Metropolitana cometió una falta criminal “al exponer al público de Londres a un peligro” durante el incidente, ocurrido el 22 de julio de 2005.
El jurado destacó que su objetivo no había sido “atribuir culpas personales” por la muerte de Menezes, pero que la policía de Londres, como un todo, “falló en proteger al público” londinense.
El juez impuso al cuerpo policial una multa de 360 mil dólares, a lo que se debe sumar los costos asociados al proceso, que son de 800 mil dólares.
El joven electricista de 27 años recibió siete disparos en la cabeza en la estación de Stockwell, un día después de que la policía abortara un segundo ataque suicida contra la red de transporte londinense.
El gobierno de Brasil recibió con satisfacción el veredicto, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país sudamericano.
La familia del brasileño se mostró complacida con la sentencia, pero afirmó que la consideraba un primer paso y pidió que los responsables de la muerte de Jean Charles “rindan cuentas” ante la justicia.
Tras el veredicto de culpabilidad de Scotland Yard, que golpea la credibilidad de la policía y sus mandos, varios políticos de oposición reclamaron la renuncia del jefe de la policía metropolitana, Ian Blair.
Blair, quien asistió uniformado al tribunal para escuchar la sentencia, expresó de nuevo sus disculpas a la familia de De Menezes por “la tragedia”, pero insistió en que no renunciará a su cargo.
Minutos después de que se dictara la sentencia, se dio a conocer que en los próximos días serían publicadas las conclusiones de la investigación sobre las circunstancias en que murió De Menezes.
Buena noticia. Habrá que construirle una estatua a la corte de Old Bailey.
Evo Morales acusa a petrolera británica de apoyar una conspiración opositora
Advierte contra intromisiones políticas en Bolivia
Rosa Rojas (Corresponsal)
La Paz, 1º de noviembre. El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó hoy a la operadora de gasoductos Transredes, filial del grupo petrolero británico Ashmore, de apoyar una conspiración de grupos opositores contra su gobierno, en medio de amenazas de huelga y protestas en seis de las nueve regiones del país.
Aunque el mandatario renovó su promesa de garantías para las inversiones extranjeras, advirtió que no tolerará que petroleras trasnacionales respalden acciones políticas de este tipo. “Tenemos información que en alguna región en vez de incentivar políticas sociales más bien tratan de conspirar contra la democracia”, dijo en El Alto durante la inauguración la tercera ampliación del Gasoducto Al Altiplano, obra que permitirá aumentar el transporte de gas natural al occidente de Bolivia.
Morales, que nacionalizó el año pasado los hidrocurburos, destacó que para Bolivia es importante tener socios porque necesita inversión, y aseguró que las empresas extranjeras que inviertan en el país, “como socios, no como patrones”, tendrán seguridad jurídica si acatan las leyes.
Ashmore Energy International tiene 50 por ciento y el derecho de administración de la operadora boliviana de gasoductos Transredes, en la que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) controla 34 por ciento e inversionistas particulares la participación restante.
Sobre este punto, Morales señaló que su gobierno negocia para adquirir 50 por ciento más uno de las acciones de Transredes.
En tanto, el presidente del Comité Cívico Pro-Santa Cruz (CCPSC), Branco Marinkovic, dijo que unos mil delegados de diversos sectores civiles y empresariales de ese departamento acordaron anoche la realización de paros cívicos y huelgas de hambre para la próxima semana, y que el martes se definirá el curso de las medidas.
Las autoridades de Santa Cruz rechazan un recorte de presupuesto a las prefecturas planteado por el gobierno, en beneficio de unos 500 mil ancianos.
En tanto, líderes políticos y regionales lograron un acuerdo preliminar para que la Asamblea Constituyente reanude sus deliberaciones el lunes, paralizadas desde hace más de dos meses por la demanda de esa ciudad de ser la capital efectiva del gobierno nacional.
Rosa Rojas (Corresponsal)
La Paz, 1º de noviembre. El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó hoy a la operadora de gasoductos Transredes, filial del grupo petrolero británico Ashmore, de apoyar una conspiración de grupos opositores contra su gobierno, en medio de amenazas de huelga y protestas en seis de las nueve regiones del país.
Aunque el mandatario renovó su promesa de garantías para las inversiones extranjeras, advirtió que no tolerará que petroleras trasnacionales respalden acciones políticas de este tipo. “Tenemos información que en alguna región en vez de incentivar políticas sociales más bien tratan de conspirar contra la democracia”, dijo en El Alto durante la inauguración la tercera ampliación del Gasoducto Al Altiplano, obra que permitirá aumentar el transporte de gas natural al occidente de Bolivia.
Morales, que nacionalizó el año pasado los hidrocurburos, destacó que para Bolivia es importante tener socios porque necesita inversión, y aseguró que las empresas extranjeras que inviertan en el país, “como socios, no como patrones”, tendrán seguridad jurídica si acatan las leyes.
Ashmore Energy International tiene 50 por ciento y el derecho de administración de la operadora boliviana de gasoductos Transredes, en la que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) controla 34 por ciento e inversionistas particulares la participación restante.
Sobre este punto, Morales señaló que su gobierno negocia para adquirir 50 por ciento más uno de las acciones de Transredes.
En tanto, el presidente del Comité Cívico Pro-Santa Cruz (CCPSC), Branco Marinkovic, dijo que unos mil delegados de diversos sectores civiles y empresariales de ese departamento acordaron anoche la realización de paros cívicos y huelgas de hambre para la próxima semana, y que el martes se definirá el curso de las medidas.
Las autoridades de Santa Cruz rechazan un recorte de presupuesto a las prefecturas planteado por el gobierno, en beneficio de unos 500 mil ancianos.
En tanto, líderes políticos y regionales lograron un acuerdo preliminar para que la Asamblea Constituyente reanude sus deliberaciones el lunes, paralizadas desde hace más de dos meses por la demanda de esa ciudad de ser la capital efectiva del gobierno nacional.
Disturbios en Caracas; el gobierno responsabiliza a grupos “fascistas”
Afp, Dpa y Reuters
Caracas, 1º de noviembre. Una marcha estudiantil contra la reforma constitucional del presidente venezolano Hugo Chávez terminó hoy en disturbios en Caracas, al desatarse enfrentamientos con la policía a las puertas de la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde algunos universitarios intentaron encadenarse dentro del recinto, choques de los que el gobierno responsabilizó a grupos “fascistas”.
Chávez, que tiene previsto iniciar este viernes la campaña por el sí al referendo sobre la reforma, con que busca impulsar un “socialismo bolivariano”, anunció un acto masivo en su estado natal de Barinas; la consulta podría efectuarse el 2 de diciembre.
Los jóvenes, que recorrieron unos cinco kilómetros desde la Universidad Central de Venezuela, la mayor del país, hasta el CNE entregaron un documento al organismo para pedir que la consulta sea aplazada al menos hasta febrero para dar tiempo a la apertura de un debate sobre la enmienda.
Varios miles de estudiantes marcharon junto con miembros de partidos políticos opositores y otros grupos y movimientos sociales que rechazan la reforma a la Constitución de 1999, impulsada también por Chávez.
Estos grupos estudiantiles, la jerarquía de la Iglesia católica, partidos de oposición y empresarios han rechazado el proyecto al alegar que vulnera los derechos humanos y genera concentración de poderes en el gobernante, quien fue relecto en diciembre pasado.
Ya nada más de saber quienes integran los grupos opositores nos damos cuenta de que lado masca la iguana: "grupos estudiantiles (cabe aclarar que son de universidades privadas y/o religiosas), la jerarquía de la Iglesia católica (cabe aclarar que son en su mayoría los de alto rango), partidos de oposición (de derecha), y empresarios (de grandes empresas y transnacionales)".
La multitud, que ocupaba más de 15 cuadras de la céntrica Avenida Universidad, tardó 35 minutos en pasar. Los estudiantes llevaban grandes carteles con fotos de algunos diputados y directivos del CNE, a los que acusaron de “vendepatrias” y “traidores”.
También había manifestantes con camisetas rojas que decían “Chávez sí, reforma no”. “¡Aquí están, aquí están!, los estudiantes que queremos libertad”, cantaron a coro cientos de jóvenes, acompañados por silbatos y tambores, y con los brazos pintarrajeados con el nombre de sus universidades.
Los incidentes estallaron cuando una comisión de estudiantes ingresaba al recinto del CNE a entregar un documento en que pedían al ente electoral que postergue la consulta popular, la que fue apedreada por grupos afines al gobierno que se concentraron atrás de la barrera policial, que empleó después gases lacrimógenos y agua para dispersarlos.
El caos continuó cuando algunos universitarios que salían del CNE trataron de encadenarse al pasamanos, lo que provocó que miembros de la Guardia Nacional forcejearan con ellos para apartarlos dentro del recinto electoral.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Tarek Aissami, encargado de la seguridad de la marcha, mostró a la prensa una de las cadenas utilizadas y dijo que los estudiantes estaban autorizados a entrevistarse con la directiva del CNE pero no “a montar un circo”.
Vicente Díaz, uno de los rectores del CNE, lamentó que la delegación estudiantil fuera agredida por chavistas al ingresar y al retirarse del CNE; expresó su repudio a la represión policial y a la agresión, y dijo pedirá una investigación pues hubo cuatro lesionados.
Durante la reunión en el CNE, los estudiantes plantearon postergar hasta febrero el referendo y solicitaron garantizar el secreto del voto, así como que la consulta sea dividida por temas.
La propuesta de reforma, presentada por Chávez, plantea la relección presidencial continua y mayores atribuciones al Ejecutivo, así como la construcción de una economía socialista y una nueva división político territorial.
El ministro del Interior, Pedro Carreño, acusó a grupos “fascistas” de haber provocado la violencia, a pesar de que las autoridades garantizaron el ejercicio de sus “derechos políticos”.
Afirmó que hubo agresiones a la policía, y que se “equivocan” quienes buscan desestabilizar el proceso, además de que felicitó a los funcionarios que “actuaron con actitud patriótica para preservar la paz interna del país”.
La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, dijo que hubo intención de “asaltar” el organismo electoral y que habrá una investigación, además de afirmar que no se aceptará presión alguna o perturbación del proceso electoral.
Instituciones sordas
El dirigente estudiantil Freddy Guevara rechazó las acciones de violencia, pero justificó el intento de sus compañeros de encadenarse en la sede del CNE porque, aseguró, las instituciones “no escuchan” sus planteamientos.
Otro líder, Yon Goicochea, aseveró que rechazan la reforma porque restringe derechos consagrados en la Constitución.
La campaña en favor de la propuesta constitucional de Chávez, de 53 años, será impulsada por la Comisión Zamorana, que debe registrarse ante el ente electoral como “organización ciudadana”.
La movilización proselitista por el sí arrancará aun cuando no se ha conformado aún el Partido Socialista Unido de Venezuela, que promueve Chávez desde hace un año. El congreso fundacional está previsto para el 11 de noviembre, cuatro meses después de la fecha fijada, que era el 15 de agosto.
Entre tanto, la modelo inglesa Naomi Campbell y el presidente Hugo Chávez dieron un “paseo” por la “revolución bonita”, nombre que emplea el gobierno para bautizar los logros conseguidos entre los sectores más humildes.
“Estoy impresionada de lo que he visto aquí en apenas 24 horas”, señaló Campbell después de visitar el Hospital Cardiológico Infantil, inaugurado el pasado año por el Ejecutivo, y las misiones sociales creadas a partir de 2003.
Campbell, quien es “embajadora” de niños para la organización Nelson Mandela, viajó a Venezuela para conocer los cambios implementados durante los nueve años de gobierno de Chávez.
Danny Glover, Sean Penn y Kevin Spacey viajaron anteriormente para entrevistarse con el mandatario venezolano, y aseguraron que el material recolectado durante su visita serviría para realizar trabajos sobre Venezuela.
Caracas, 1º de noviembre. Una marcha estudiantil contra la reforma constitucional del presidente venezolano Hugo Chávez terminó hoy en disturbios en Caracas, al desatarse enfrentamientos con la policía a las puertas de la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde algunos universitarios intentaron encadenarse dentro del recinto, choques de los que el gobierno responsabilizó a grupos “fascistas”.
Chávez, que tiene previsto iniciar este viernes la campaña por el sí al referendo sobre la reforma, con que busca impulsar un “socialismo bolivariano”, anunció un acto masivo en su estado natal de Barinas; la consulta podría efectuarse el 2 de diciembre.
Los jóvenes, que recorrieron unos cinco kilómetros desde la Universidad Central de Venezuela, la mayor del país, hasta el CNE entregaron un documento al organismo para pedir que la consulta sea aplazada al menos hasta febrero para dar tiempo a la apertura de un debate sobre la enmienda.
Varios miles de estudiantes marcharon junto con miembros de partidos políticos opositores y otros grupos y movimientos sociales que rechazan la reforma a la Constitución de 1999, impulsada también por Chávez.
Estos grupos estudiantiles, la jerarquía de la Iglesia católica, partidos de oposición y empresarios han rechazado el proyecto al alegar que vulnera los derechos humanos y genera concentración de poderes en el gobernante, quien fue relecto en diciembre pasado.
Ya nada más de saber quienes integran los grupos opositores nos damos cuenta de que lado masca la iguana: "grupos estudiantiles (cabe aclarar que son de universidades privadas y/o religiosas), la jerarquía de la Iglesia católica (cabe aclarar que son en su mayoría los de alto rango), partidos de oposición (de derecha), y empresarios (de grandes empresas y transnacionales)".
La multitud, que ocupaba más de 15 cuadras de la céntrica Avenida Universidad, tardó 35 minutos en pasar. Los estudiantes llevaban grandes carteles con fotos de algunos diputados y directivos del CNE, a los que acusaron de “vendepatrias” y “traidores”.
También había manifestantes con camisetas rojas que decían “Chávez sí, reforma no”. “¡Aquí están, aquí están!, los estudiantes que queremos libertad”, cantaron a coro cientos de jóvenes, acompañados por silbatos y tambores, y con los brazos pintarrajeados con el nombre de sus universidades.
Los incidentes estallaron cuando una comisión de estudiantes ingresaba al recinto del CNE a entregar un documento en que pedían al ente electoral que postergue la consulta popular, la que fue apedreada por grupos afines al gobierno que se concentraron atrás de la barrera policial, que empleó después gases lacrimógenos y agua para dispersarlos.
El caos continuó cuando algunos universitarios que salían del CNE trataron de encadenarse al pasamanos, lo que provocó que miembros de la Guardia Nacional forcejearan con ellos para apartarlos dentro del recinto electoral.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Tarek Aissami, encargado de la seguridad de la marcha, mostró a la prensa una de las cadenas utilizadas y dijo que los estudiantes estaban autorizados a entrevistarse con la directiva del CNE pero no “a montar un circo”.
Vicente Díaz, uno de los rectores del CNE, lamentó que la delegación estudiantil fuera agredida por chavistas al ingresar y al retirarse del CNE; expresó su repudio a la represión policial y a la agresión, y dijo pedirá una investigación pues hubo cuatro lesionados.
Durante la reunión en el CNE, los estudiantes plantearon postergar hasta febrero el referendo y solicitaron garantizar el secreto del voto, así como que la consulta sea dividida por temas.
La propuesta de reforma, presentada por Chávez, plantea la relección presidencial continua y mayores atribuciones al Ejecutivo, así como la construcción de una economía socialista y una nueva división político territorial.
El ministro del Interior, Pedro Carreño, acusó a grupos “fascistas” de haber provocado la violencia, a pesar de que las autoridades garantizaron el ejercicio de sus “derechos políticos”.
Afirmó que hubo agresiones a la policía, y que se “equivocan” quienes buscan desestabilizar el proceso, además de que felicitó a los funcionarios que “actuaron con actitud patriótica para preservar la paz interna del país”.
La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, dijo que hubo intención de “asaltar” el organismo electoral y que habrá una investigación, además de afirmar que no se aceptará presión alguna o perturbación del proceso electoral.
Instituciones sordas
El dirigente estudiantil Freddy Guevara rechazó las acciones de violencia, pero justificó el intento de sus compañeros de encadenarse en la sede del CNE porque, aseguró, las instituciones “no escuchan” sus planteamientos.
Otro líder, Yon Goicochea, aseveró que rechazan la reforma porque restringe derechos consagrados en la Constitución.
La campaña en favor de la propuesta constitucional de Chávez, de 53 años, será impulsada por la Comisión Zamorana, que debe registrarse ante el ente electoral como “organización ciudadana”.
La movilización proselitista por el sí arrancará aun cuando no se ha conformado aún el Partido Socialista Unido de Venezuela, que promueve Chávez desde hace un año. El congreso fundacional está previsto para el 11 de noviembre, cuatro meses después de la fecha fijada, que era el 15 de agosto.
Entre tanto, la modelo inglesa Naomi Campbell y el presidente Hugo Chávez dieron un “paseo” por la “revolución bonita”, nombre que emplea el gobierno para bautizar los logros conseguidos entre los sectores más humildes.
“Estoy impresionada de lo que he visto aquí en apenas 24 horas”, señaló Campbell después de visitar el Hospital Cardiológico Infantil, inaugurado el pasado año por el Ejecutivo, y las misiones sociales creadas a partir de 2003.
Campbell, quien es “embajadora” de niños para la organización Nelson Mandela, viajó a Venezuela para conocer los cambios implementados durante los nueve años de gobierno de Chávez.
Danny Glover, Sean Penn y Kevin Spacey viajaron anteriormente para entrevistarse con el mandatario venezolano, y aseguraron que el material recolectado durante su visita serviría para realizar trabajos sobre Venezuela.
Gil Díaz benefició a empresas con más de un billón de pesos: ASF
Regresó impuestos por casi $680 mil millones y dio créditos fiscales por 500 mil millones
La devolución de IVA e ISR entre 2001-2005 superó en 216% la inversión privada de esos años
Roberto Garduño y Enrique Méndez
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que en el sexenio de Vicente Fox el Sistema de Administración Tributaria (SAT) pagó al sector empresarial 679 mil 691 millones de pesos por concepto de devolución de impuestos, y la Secretaría de Hacienda benefició con créditos fiscales al sector productivo con 495 mil 807 millones de pesos. Es decir, en cinco años analizados por el órgano fiscalizador, la administración foxista, a través del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, favoreció a la iniciativa privada con más de un billón 175 mil 498 millones de pesos.
Sólo la devolución de IVA e ISR, acumulada entre 2001 y 2005, cuya cifra fue de 604 mil 366 millones de pesos, superó en 216 por ciento a la inversión privada que se registró entre esos años y cuyo monto ascendió a 279 mil 832 millones de pesos.
En un documento elaborado por la ASF, que fue entregado a los diputados federales, ahora el órgano encargado de revisar el manejo de los recursos públicos se da por satisfecho con una propuesta del gobierno de Felipe Calderón para reducir, a partir del año próximo, el porcentaje del monto de impuestos que serán devueltos y acotar los créditos fiscales, sin emitir recomendación a la administración federal para que subsane el citado deterioro al erario.
El texto, del cual se tiene copia, refiere las auditorías que el titular de la ASF, Arturo González de Aragón, considera “delicadas” por el grado de afectación que implican muchas de ellas a las finanzas públicas. En el caso de los impuestos, el órgano revisor manifiesta lo siguiente: “En el periodo del año 2000 a 2005, el SAT pagó a los contribuyentes 679 mil 691 millones de pesos por concepto de devoluciones de impuestos, 79.4 por ciento correspondió a IVA y 14.5 por ciento al ISR. En ese periodo las devoluciones representaron 16.3 por ciento de la recaudación tributaria efectiva. Las devoluciones acumuladas de 2001 a 2005 por 604 mil 366 millones de pesos superaron en 216 por ciento al incremento en la inversión privada, que fue de 279 mil 832 millones de pesos, lo que aparentemente contradice la hipótesis de que una menor tributación libera recursos para incrementar la formación bruta de capital”.
A decir de la Auditoría, la existencia de regímenes especiales en IVA e ISR “propicia situaciones de privilegio a ciertos grupos de contribuyentes y ramas de actividad económica”.
En el caso de los créditos fiscales, de 2001 a 2005 el saldo de los mismos pasó de representar 27 por ciento de los ingresos ordinarios del gobierno federal a 35.1 por ciento, destacando que, entre 2003 y 2004, la variación de ese saldo superó al incremento de la recaudación.
“Los créditos controvertidos ascendieron a 40.3 por ciento de la cartera y la recaudación que se obtuvo durante 2005, del orden de 8 mil 522 millones de pesos, únicamente representó 1.7 por ciento de la cartera total, cuya cifra se ubicó entonces en 495 mil 807 millones de pesos. La existencia de tratamientos preferenciales, regímenes especiales, omisiones e imprecisiones en la legislación tributaria propicia la generación de elevados créditos fiscales, afecta la eficiencia recaudatoria y, en parte, explica el bajo coeficiente de recuperación de dichos créditos”.
En ambos casos, la respuesta que dio el Auditor Superior de la Federación, que es empleado de la Cámara de Diputados, incluyó los siguientes argumentos:
Para el caso de la devolución de impuestos se admitieron tres recomendaciones. Una para mejorar la integración de expedientes de devolución. Otra para realizar estudios y presentar iniciativas tendientes a acotar los regímenes especiales de tributación, así como los tratamientos preferenciales otorgados por las leyes del IVA e ISR. Y una tercera para definir indicadores de medición del cumplimiento de metas en materia recaudatoria y los beneficios asociados a las devoluciones.
La SHCP atendió las tres recomendaciones, ya que elaboró estudios y propuestas que fueron sometidas al Congreso de la Unión como parte de la iniciativa de reforma hacendaria. La misma dependencia giró instrucciones para elaborar indicadores estratégicos, de gestión y de servicios que permitan evaluar el proceso de trámite de las devoluciones y su impacto en la actividad económica. Asimismo, instruyó al SAT para que “se realicen actos de supervisión que garanticen la debida integración de los expedientes de devoluciones de impuesto”.
En el terreno de los créditos fiscales, manifiesta la ASF, se emitieron dos recomendaciones que fueron bienvenidas por el órgano fiscalizador, para formular estudios que permitieran valorar y proponer modificaciones a la legislación tributaria (Código Fiscal de la Federación y las leyes del ISR, IVA e IEPS), a efecto de eliminar regímenes especiales, omisiones e imprecisiones, evitar lagunas o vacíos normativos, con el fin de abatir los créditos fiscales, reducir el número de juicios e incrementar la recaudación.
“El SAT atendió las recomendaciones, ya que elaboró estudios para ser incorporados a la iniciativa de reforma hacendaria. En esos estudios se precisan de mejor manera las fechas en que se ha de dar trámite a la solicitud de información por parte de los causantes, así como modificaciones a las disposiciones legales y normativas para solucionar la problemática”.
Este es ahora el director de Telefónica, la empresa española, este es el ladrón impune de los mexicanos, y nada, así seguiremos si el pueblo no pone un hasta aquí.
La devolución de IVA e ISR entre 2001-2005 superó en 216% la inversión privada de esos años
Roberto Garduño y Enrique Méndez
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que en el sexenio de Vicente Fox el Sistema de Administración Tributaria (SAT) pagó al sector empresarial 679 mil 691 millones de pesos por concepto de devolución de impuestos, y la Secretaría de Hacienda benefició con créditos fiscales al sector productivo con 495 mil 807 millones de pesos. Es decir, en cinco años analizados por el órgano fiscalizador, la administración foxista, a través del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, favoreció a la iniciativa privada con más de un billón 175 mil 498 millones de pesos.
Sólo la devolución de IVA e ISR, acumulada entre 2001 y 2005, cuya cifra fue de 604 mil 366 millones de pesos, superó en 216 por ciento a la inversión privada que se registró entre esos años y cuyo monto ascendió a 279 mil 832 millones de pesos.
En un documento elaborado por la ASF, que fue entregado a los diputados federales, ahora el órgano encargado de revisar el manejo de los recursos públicos se da por satisfecho con una propuesta del gobierno de Felipe Calderón para reducir, a partir del año próximo, el porcentaje del monto de impuestos que serán devueltos y acotar los créditos fiscales, sin emitir recomendación a la administración federal para que subsane el citado deterioro al erario.
El texto, del cual se tiene copia, refiere las auditorías que el titular de la ASF, Arturo González de Aragón, considera “delicadas” por el grado de afectación que implican muchas de ellas a las finanzas públicas. En el caso de los impuestos, el órgano revisor manifiesta lo siguiente: “En el periodo del año 2000 a 2005, el SAT pagó a los contribuyentes 679 mil 691 millones de pesos por concepto de devoluciones de impuestos, 79.4 por ciento correspondió a IVA y 14.5 por ciento al ISR. En ese periodo las devoluciones representaron 16.3 por ciento de la recaudación tributaria efectiva. Las devoluciones acumuladas de 2001 a 2005 por 604 mil 366 millones de pesos superaron en 216 por ciento al incremento en la inversión privada, que fue de 279 mil 832 millones de pesos, lo que aparentemente contradice la hipótesis de que una menor tributación libera recursos para incrementar la formación bruta de capital”.
A decir de la Auditoría, la existencia de regímenes especiales en IVA e ISR “propicia situaciones de privilegio a ciertos grupos de contribuyentes y ramas de actividad económica”.
En el caso de los créditos fiscales, de 2001 a 2005 el saldo de los mismos pasó de representar 27 por ciento de los ingresos ordinarios del gobierno federal a 35.1 por ciento, destacando que, entre 2003 y 2004, la variación de ese saldo superó al incremento de la recaudación.
“Los créditos controvertidos ascendieron a 40.3 por ciento de la cartera y la recaudación que se obtuvo durante 2005, del orden de 8 mil 522 millones de pesos, únicamente representó 1.7 por ciento de la cartera total, cuya cifra se ubicó entonces en 495 mil 807 millones de pesos. La existencia de tratamientos preferenciales, regímenes especiales, omisiones e imprecisiones en la legislación tributaria propicia la generación de elevados créditos fiscales, afecta la eficiencia recaudatoria y, en parte, explica el bajo coeficiente de recuperación de dichos créditos”.
En ambos casos, la respuesta que dio el Auditor Superior de la Federación, que es empleado de la Cámara de Diputados, incluyó los siguientes argumentos:
Para el caso de la devolución de impuestos se admitieron tres recomendaciones. Una para mejorar la integración de expedientes de devolución. Otra para realizar estudios y presentar iniciativas tendientes a acotar los regímenes especiales de tributación, así como los tratamientos preferenciales otorgados por las leyes del IVA e ISR. Y una tercera para definir indicadores de medición del cumplimiento de metas en materia recaudatoria y los beneficios asociados a las devoluciones.
La SHCP atendió las tres recomendaciones, ya que elaboró estudios y propuestas que fueron sometidas al Congreso de la Unión como parte de la iniciativa de reforma hacendaria. La misma dependencia giró instrucciones para elaborar indicadores estratégicos, de gestión y de servicios que permitan evaluar el proceso de trámite de las devoluciones y su impacto en la actividad económica. Asimismo, instruyó al SAT para que “se realicen actos de supervisión que garanticen la debida integración de los expedientes de devoluciones de impuesto”.
En el terreno de los créditos fiscales, manifiesta la ASF, se emitieron dos recomendaciones que fueron bienvenidas por el órgano fiscalizador, para formular estudios que permitieran valorar y proponer modificaciones a la legislación tributaria (Código Fiscal de la Federación y las leyes del ISR, IVA e IEPS), a efecto de eliminar regímenes especiales, omisiones e imprecisiones, evitar lagunas o vacíos normativos, con el fin de abatir los créditos fiscales, reducir el número de juicios e incrementar la recaudación.
“El SAT atendió las recomendaciones, ya que elaboró estudios para ser incorporados a la iniciativa de reforma hacendaria. En esos estudios se precisan de mejor manera las fechas en que se ha de dar trámite a la solicitud de información por parte de los causantes, así como modificaciones a las disposiciones legales y normativas para solucionar la problemática”.
Este es ahora el director de Telefónica, la empresa española, este es el ladrón impune de los mexicanos, y nada, así seguiremos si el pueblo no pone un hasta aquí.
De 1988 a la fecha han sido asesinados 696 militantes: PRD
Tres muertos en los primeros meses de este gobierno, dice
Alma E. Muñoz
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) tiene documentados desde julio de 1988 a la fecha, 696 de sus militantes asesinados, y 900 entre perseguidos, desaparecidos y presos.
Al instalar una ofrenda en el Hemiciclo a Juárez, la secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Marcela Nolasco, acompañada por el presidente del partido en el Distrito Federal, Ricardo Ruiz, exigió justicia para todos esos casos, y no descartó que las cifras reales sean aún mayores.
Ruiz, en tanto, advirtió que se corre el riesgo de que con Felipe Calderón las agresiones a perredistas sean similares a las ocurridas durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, porque las circunstancias son muy parecidas, en tanto que sus gobiernos, afirmó, fueron producto de fraudes electorales en contra de candidatos de izquierda. Resaltó que durante los primeros meses de gestión calderonista, tienen documentados tres crímenes.
Por eso, enalteció el resurgimiento del Frente Nacional contra la Represión, encabezado por la senadora Rosario Ibarra de Piedra, pues vemos, manifestó, que empieza a “recrudecerse” la situación, sobre todo cuando “el espurio de Calderón” se escuda tras militares y cuerpos policiacos.
De hecho, Víctor Manzanares, secretario de derechos humanos del PRD capitalino, resaltó que este asunto será retomado durante la tercera asamblea de la Convención Nacional Democrática, a celebrarse el 18 de noviembre próximo en el Zócalo de la ciudad de México, como parte de la exigencia para que se respeten los derechos humanos en el país.
Al frente de una magna ofrenda colocada en la explanada del Hemiciclo a Juárez, se colocaron cruces con los nombres, lugares y año de muerte de los perredistas, destacando los nombres de Francisco Xavier Ovando Hernández y Román Gil Heráldez, colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano acribillados el 2 de julio de 1988, cuatro días antes de que se celebraran las elecciones en las cuales contendió el michoacano con Salinas de Gortari.
En un documento distribuido durante el homenaje a los militantes perredistas asesinados por “motivos políticos”, el PRD demandó a los gobiernos federal y estatales, el restablecimiento del estado de derecho en el país.
Esta es una de las razones por la que hay que rescatar al PRD de los traidores, no es justo que estos militantes hayan dado su vida por un partido que abría una opción de justicia, libertad y equidad para que ahora quede en manos de gente sin moral. A afiliarse y a votar por Encinas.
Alma E. Muñoz
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) tiene documentados desde julio de 1988 a la fecha, 696 de sus militantes asesinados, y 900 entre perseguidos, desaparecidos y presos.
Al instalar una ofrenda en el Hemiciclo a Juárez, la secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Marcela Nolasco, acompañada por el presidente del partido en el Distrito Federal, Ricardo Ruiz, exigió justicia para todos esos casos, y no descartó que las cifras reales sean aún mayores.
Ruiz, en tanto, advirtió que se corre el riesgo de que con Felipe Calderón las agresiones a perredistas sean similares a las ocurridas durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, porque las circunstancias son muy parecidas, en tanto que sus gobiernos, afirmó, fueron producto de fraudes electorales en contra de candidatos de izquierda. Resaltó que durante los primeros meses de gestión calderonista, tienen documentados tres crímenes.
Por eso, enalteció el resurgimiento del Frente Nacional contra la Represión, encabezado por la senadora Rosario Ibarra de Piedra, pues vemos, manifestó, que empieza a “recrudecerse” la situación, sobre todo cuando “el espurio de Calderón” se escuda tras militares y cuerpos policiacos.
De hecho, Víctor Manzanares, secretario de derechos humanos del PRD capitalino, resaltó que este asunto será retomado durante la tercera asamblea de la Convención Nacional Democrática, a celebrarse el 18 de noviembre próximo en el Zócalo de la ciudad de México, como parte de la exigencia para que se respeten los derechos humanos en el país.
Al frente de una magna ofrenda colocada en la explanada del Hemiciclo a Juárez, se colocaron cruces con los nombres, lugares y año de muerte de los perredistas, destacando los nombres de Francisco Xavier Ovando Hernández y Román Gil Heráldez, colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano acribillados el 2 de julio de 1988, cuatro días antes de que se celebraran las elecciones en las cuales contendió el michoacano con Salinas de Gortari.
En un documento distribuido durante el homenaje a los militantes perredistas asesinados por “motivos políticos”, el PRD demandó a los gobiernos federal y estatales, el restablecimiento del estado de derecho en el país.
Esta es una de las razones por la que hay que rescatar al PRD de los traidores, no es justo que estos militantes hayan dado su vida por un partido que abría una opción de justicia, libertad y equidad para que ahora quede en manos de gente sin moral. A afiliarse y a votar por Encinas.
Relacionan a empresario panista en el caso de pederastia contra Succar Kuri
Alfredo Méndez
Uno de los videos que la Procuraduría General de la República (PGR) entregó recientemente a los jueces que llevan las causas en contra del presunto pederasta Jean Succar Kuri, El Johnny, revela que “el empresario panista Nicolás Madahuar Cámara”, ex líder de la Concanaco en Yucatán, también participó en los encuentros sexuales que tuvo Succar con menores de edad en Cancún, Quintana Roo, reveló ayer el penalista Xavier Olea Peláez durante una entrevista radiofónica y lo confirmó a este diario.
En septiembre pasado, La Jornada reveló que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ofreció como pruebas supervinientes varias fotografías y tres videos que muestran escenas de sexo explícito, con los cuales se evidencia que El Johnny tuvo encuentros sexuales con diversas niñas.
En esas imágenes se advierte la presencia de dos mujeres, una de ellas es presuntamente Gloria Pita Rodríguez, La Ochi, esposa de Succar, y la otra, María Moctezuma, administradora del presunto pederasta.
Ahora, dijo el abogado a La Jornada, es indispensable que el Ministerio Público Federal (MPF) encargado de la investigación contra Succar pida la aprehensión de Madahuar y de las mujeres que son presuntas cómplices del empresario estadunidense.
Por la mañana, Madahuar se comunicó al programa radiofónico de Carmen Aristegui para rechazar que tuviera alguna relación personal con Succar; “ni siquiera lo conozco”, dijo.
Además, el empresario pidió a Olea Peláez retractarse de su dicho, porque según Madahuar “le pedí a la PGR que me informara si había algo en mi contra, pero me respondieron que no había nada contra mí”.
Sin embargo, en las averiguaciones previas SIEDO/UEITA/024/2005 y SIEDO/ UEITMIO/064/2003, a las que tuvo acceso este diario, el empresario mexicano es mencionado como amigo de Succar por una de las víctimas del presunto pederasta.
Tanto la menor Paulina Celis Hernández, como su hermana Gabriela Beatriz, quien laboró durante algún tiempo para Succar Kuri, refieren que llegaron a ver a Madahuar conviviendo con El Johnny en las villas Solymar, de las que es accionista el empresario estadunidense de origen libanés.
Es importante mencionar que hasta el momento la SIEDO no ha notificado a Madahuar que tenga la calidad jurídica de indiciado o inculpado.
No obstante, Olea Peláez aseguró que el video en el que se aprecia que Madahuar Cámara está junto con Succar y una menor de edad, es una prueba que aporta indicios para que se le arraigue o se ejercite acción penal en su contra.
El también abogado de la periodista Lydia Cacho, autora del libro Los demonios del Edén, sobre casos de pederastia, aseguró que Madahuar está en su derecho de demandarlo por difamación y calumnia, “pero yo tengo manera de demostrarle que la SIEDO cuenta con dos testigos que fueron abusadas sexualmente por Succar, las cuales aseguran que este empresario panista es el que aparece en uno de los videos”.
Uno de los videos que la Procuraduría General de la República (PGR) entregó recientemente a los jueces que llevan las causas en contra del presunto pederasta Jean Succar Kuri, El Johnny, revela que “el empresario panista Nicolás Madahuar Cámara”, ex líder de la Concanaco en Yucatán, también participó en los encuentros sexuales que tuvo Succar con menores de edad en Cancún, Quintana Roo, reveló ayer el penalista Xavier Olea Peláez durante una entrevista radiofónica y lo confirmó a este diario.
En septiembre pasado, La Jornada reveló que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ofreció como pruebas supervinientes varias fotografías y tres videos que muestran escenas de sexo explícito, con los cuales se evidencia que El Johnny tuvo encuentros sexuales con diversas niñas.
En esas imágenes se advierte la presencia de dos mujeres, una de ellas es presuntamente Gloria Pita Rodríguez, La Ochi, esposa de Succar, y la otra, María Moctezuma, administradora del presunto pederasta.
Ahora, dijo el abogado a La Jornada, es indispensable que el Ministerio Público Federal (MPF) encargado de la investigación contra Succar pida la aprehensión de Madahuar y de las mujeres que son presuntas cómplices del empresario estadunidense.
Por la mañana, Madahuar se comunicó al programa radiofónico de Carmen Aristegui para rechazar que tuviera alguna relación personal con Succar; “ni siquiera lo conozco”, dijo.
Además, el empresario pidió a Olea Peláez retractarse de su dicho, porque según Madahuar “le pedí a la PGR que me informara si había algo en mi contra, pero me respondieron que no había nada contra mí”.
Sin embargo, en las averiguaciones previas SIEDO/UEITA/024/2005 y SIEDO/ UEITMIO/064/2003, a las que tuvo acceso este diario, el empresario mexicano es mencionado como amigo de Succar por una de las víctimas del presunto pederasta.
Tanto la menor Paulina Celis Hernández, como su hermana Gabriela Beatriz, quien laboró durante algún tiempo para Succar Kuri, refieren que llegaron a ver a Madahuar conviviendo con El Johnny en las villas Solymar, de las que es accionista el empresario estadunidense de origen libanés.
Es importante mencionar que hasta el momento la SIEDO no ha notificado a Madahuar que tenga la calidad jurídica de indiciado o inculpado.
No obstante, Olea Peláez aseguró que el video en el que se aprecia que Madahuar Cámara está junto con Succar y una menor de edad, es una prueba que aporta indicios para que se le arraigue o se ejercite acción penal en su contra.
El también abogado de la periodista Lydia Cacho, autora del libro Los demonios del Edén, sobre casos de pederastia, aseguró que Madahuar está en su derecho de demandarlo por difamación y calumnia, “pero yo tengo manera de demostrarle que la SIEDO cuenta con dos testigos que fueron abusadas sexualmente por Succar, las cuales aseguran que este empresario panista es el que aparece en uno de los videos”.
Decreto de SHCP deja sin prestaciones a los empleados públicos de confianza
La resolución fue aprobada por legisladores “a quienes les pasó de noche”: Néstor de Buen
“Es una flagrante violación a la Carta Magna y reforma de facto la Ley Federal del Trabajo”
Patricia Muñoz Ríos
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un decreto para que a los trabajadores de confianza del sector público, tanto del apartado “A” como del “B”, se les quiten todas las prestaciones económicas y en especie contenidas en los contratos colectivos y en las Condiciones Generales de Trabajo de la Administración Pública Federal, resolución que fue aprobada por los legisladores, a quienes esto “les pasó de noche”, y “ni se enteraron de lo que votaron”.
Néstor de Buen, abogado experto en el sector laboral, quien reveló el contenido de esta nueva disposición del gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, sostuvo que ésta representa una flagrante violación a la Constitución, es una reforma de facto a la Ley Federal del Trabajo (LFT), impuesta “sin ruido” y en “lo oscurito”, y elimina de tajo todo el paquete de prestaciones para los trabajadores de confianza de la administración pública.
Una “gran trampa”
Pero además, dijo, se impone esta reforma por medio de una “gran trampa” del gobierno, ya que se emite como una resolución fiscal, cuando es una disposición laboral a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el primero de octubre pasado.
En dicho decreto se señala que, según reforma al artículo 65 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, “las condiciones de trabajo, los beneficios económicos y las demás prestaciones derivadas de los contratos colectivos o que se fijen en las Condiciones Generales de Trabajo de la Administración Pública Federal, no se harán extensivas a favor de los servidores públicos de mandos medios y superiores y personal de enlace”.
Precisa incluso que “los titulares de las entidades, independientemente del régimen laboral que las regule, serán responsables de realizar los actos necesarios y la negociación que sea procedente, durante los procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo o de los contratos colectivos, así como durante las revisiones de salario anuales, para que los servidores públicos de mando y personal de enlace al servicio de las entidades queden expresamente excluidos del beneficio de las prestaciones aplicables al personal de base…”
En este sentido, el abogado Néstor de Buen precisó, en entrevista con La Jornada, que probablemente los legisladores ni se enteraron de lo que aprobaron o bien alguno habrá pensado que se trataba sólo de funcionarios a los que se iba a afectar y por eso decidió votar en favor de la resolución; sin embargo, dijo el abogado, es muy ambiguo hablar de “mandos medios” y superiores, ya que sería muy discrecional decir qué trabajador está en una o en otra clasificación.
Además, hay trabajadores de confianza de un sinnúmero de niveles salariales, desde los que llevan a cabo labores secretariales, administrativos, hasta jefaturas de departamento y demás, pero en la realidad es una ley que busca afectar a todos los que no estén sindicalizados e incluso la disposición se podría extender –si sienta precedente– a las empresas del sector privado, explicó.
También hizo ver que en realidad se trata de llevar a cabo el “desmantelamiento” de los derechos laborales de los trabajadores públicos, de ahorrarse millones de pesos en el pago de estas prestaciones, de aplicar en la práctica la reforma laboral y de quitar los beneficios a que tiene derecho todo un bloque de servidores públicos. Pero lo más grave es que en los hechos se está reformando la Ley Federal del Trabajo sin siquiera una discusión previa de los sectores, sino con una medida administrativa.
La respuesta ante “esta canallada” será una demanda de los trabajadores públicos contra esta reforma, la cual ya es preparada por Néstor de Buen, considerado uno de los pilares de la defensa laboral en el país, quien calificó la medida de “un golpazo” para los trabajadores de confianza, una modificación a toda la estructura laboral de los servidores públicos y una forma muy “bárbara” de querer ahorrar dinero.
Planteó que de hecho ya habría entrado en vigor la reforma, pues fue publicada como decreto en el Diario Oficial de la Federación, y podría ser que ya las diferentes administraciones del sector público preparen el “recorte” de los emolumentos para los servidores públicos que estén en estas categorías. Sin embargo, se acelerarán los trabajos para presentar los recursos legales de defensa contra esta enorme acción del gobierno federal.
Finalmente, para Néstor de Buen, la primera violación que comete esta resolución es contra la Constitución General de la República, por lo que ésta debe ser una gran llamada de atención al Congreso, para los legisladores, “quienes muchas veces no saben ni lo que aprueban ni a quién afectan. ¿Qué clase de partidos políticos tenemos?”, se preguntó, y agregó que el gobierno está aplicando “a escondidas” la reforma laboral; se ha dedicado a desaparecer derechos laborales, a deshacerse de sus obligaciones frente a los trabajadores, a quitar la estabilidad en el empleo, desaparecerse de toda obligatoriedad en el pago de pensiones y en general atentar contra los contratos colectivos de trabajo.
“Es una flagrante violación a la Carta Magna y reforma de facto la Ley Federal del Trabajo”
Patricia Muñoz Ríos
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un decreto para que a los trabajadores de confianza del sector público, tanto del apartado “A” como del “B”, se les quiten todas las prestaciones económicas y en especie contenidas en los contratos colectivos y en las Condiciones Generales de Trabajo de la Administración Pública Federal, resolución que fue aprobada por los legisladores, a quienes esto “les pasó de noche”, y “ni se enteraron de lo que votaron”.
Néstor de Buen, abogado experto en el sector laboral, quien reveló el contenido de esta nueva disposición del gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, sostuvo que ésta representa una flagrante violación a la Constitución, es una reforma de facto a la Ley Federal del Trabajo (LFT), impuesta “sin ruido” y en “lo oscurito”, y elimina de tajo todo el paquete de prestaciones para los trabajadores de confianza de la administración pública.
Una “gran trampa”
Pero además, dijo, se impone esta reforma por medio de una “gran trampa” del gobierno, ya que se emite como una resolución fiscal, cuando es una disposición laboral a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el primero de octubre pasado.
En dicho decreto se señala que, según reforma al artículo 65 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, “las condiciones de trabajo, los beneficios económicos y las demás prestaciones derivadas de los contratos colectivos o que se fijen en las Condiciones Generales de Trabajo de la Administración Pública Federal, no se harán extensivas a favor de los servidores públicos de mandos medios y superiores y personal de enlace”.
Precisa incluso que “los titulares de las entidades, independientemente del régimen laboral que las regule, serán responsables de realizar los actos necesarios y la negociación que sea procedente, durante los procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo o de los contratos colectivos, así como durante las revisiones de salario anuales, para que los servidores públicos de mando y personal de enlace al servicio de las entidades queden expresamente excluidos del beneficio de las prestaciones aplicables al personal de base…”
En este sentido, el abogado Néstor de Buen precisó, en entrevista con La Jornada, que probablemente los legisladores ni se enteraron de lo que aprobaron o bien alguno habrá pensado que se trataba sólo de funcionarios a los que se iba a afectar y por eso decidió votar en favor de la resolución; sin embargo, dijo el abogado, es muy ambiguo hablar de “mandos medios” y superiores, ya que sería muy discrecional decir qué trabajador está en una o en otra clasificación.
Además, hay trabajadores de confianza de un sinnúmero de niveles salariales, desde los que llevan a cabo labores secretariales, administrativos, hasta jefaturas de departamento y demás, pero en la realidad es una ley que busca afectar a todos los que no estén sindicalizados e incluso la disposición se podría extender –si sienta precedente– a las empresas del sector privado, explicó.
También hizo ver que en realidad se trata de llevar a cabo el “desmantelamiento” de los derechos laborales de los trabajadores públicos, de ahorrarse millones de pesos en el pago de estas prestaciones, de aplicar en la práctica la reforma laboral y de quitar los beneficios a que tiene derecho todo un bloque de servidores públicos. Pero lo más grave es que en los hechos se está reformando la Ley Federal del Trabajo sin siquiera una discusión previa de los sectores, sino con una medida administrativa.
La respuesta ante “esta canallada” será una demanda de los trabajadores públicos contra esta reforma, la cual ya es preparada por Néstor de Buen, considerado uno de los pilares de la defensa laboral en el país, quien calificó la medida de “un golpazo” para los trabajadores de confianza, una modificación a toda la estructura laboral de los servidores públicos y una forma muy “bárbara” de querer ahorrar dinero.
Planteó que de hecho ya habría entrado en vigor la reforma, pues fue publicada como decreto en el Diario Oficial de la Federación, y podría ser que ya las diferentes administraciones del sector público preparen el “recorte” de los emolumentos para los servidores públicos que estén en estas categorías. Sin embargo, se acelerarán los trabajos para presentar los recursos legales de defensa contra esta enorme acción del gobierno federal.
Finalmente, para Néstor de Buen, la primera violación que comete esta resolución es contra la Constitución General de la República, por lo que ésta debe ser una gran llamada de atención al Congreso, para los legisladores, “quienes muchas veces no saben ni lo que aprueban ni a quién afectan. ¿Qué clase de partidos políticos tenemos?”, se preguntó, y agregó que el gobierno está aplicando “a escondidas” la reforma laboral; se ha dedicado a desaparecer derechos laborales, a deshacerse de sus obligaciones frente a los trabajadores, a quitar la estabilidad en el empleo, desaparecerse de toda obligatoriedad en el pago de pensiones y en general atentar contra los contratos colectivos de trabajo.
El abandono
Luis Javier Garrido
El Plan México, impuesto secretamente por el gobierno de Washington a Calderón, entraña hacer de México un espacio de las guerras de Estados Unidos, pero esto no parece preocupar ni indignar a la “clase política” mexicana.
1. La visita a México del ex embajador estadunidense John Dimitri Negroponte, ahora secretario de Estado adjunto del gobierno de Bush (29 de octubre), quien actuando como verdadero procónsul vino a refrendar la sumisión del gobierno de facto de Felipe Calderón al Plan México, mal llamado Iniciativa Mérida, que con el pretexto de la lucha de ambos países contra el narcotráfico pretende el apoderamiento abierto de las trasnacionales sobre los recursos estratégicos de México y el control de Washington en función de su guerra contra “el terrorismo”, de prácticamente todo el territorio nacional convirtiéndolo en un objetivo militar de sus enemigos, suscitó una indignación en diversos sectores de la sociedad, pero un silencio absoluto de la “clase política” mexicana.
2. El hecho gravísimo de que el Plan México, que aún no aprueban el Congreso de Estados Unidos ni el Senado mexicano, presuponga que nuestro país es un aliado militar de Washington en sus guerras contra los pueblos del mundo, y haga del territorio mexicano un espacio de defensa de Estados Unidos, y por consiguiente un objetivo de ataque para sus enemigos, no ha suscitado una indignación y oposición de las fuerzas políticas organizadas.
3. La aprobación del Plan, que no es otra cosa que un pacto o tratado de sumisión militar y de entrega de la soberanía, que involucra a México en las guerras de Estados Unidos contra Afganistán e Irak, haciendo añicos nuestra política exterior y nuestras relaciones amistosas con los países árabes, convirtiéndonos en los hechos en un enemigo del Islam y situando a nuestras ciudades y enclaves estratégicos como un blanco de ataque militar, cancela además, como es evidente, cualquier proyecto nacional.
4. El escenario en el que se produce esta iniciativa perversa de Bush no podía ser más crítico, pues se anuncia en los mismos momentos en que Ecuador, Bolivia, Venezuela y Cuba, lo mismo que Argentina, Brasil y otros países latinoamericanos, buscan fortalecer vínculos de cooperación con los países árabes en la defensa de intereses comunes, y aquí lo que se está haciendo gracias a la complicidad de los panistas con los republicanos estadunidenses es uncir de manera directa a México con los intereses hegemónicos de Estados Unidos, terminando con cualquier posible estrategia latinoamericana de nuestro país.
5. Los mexicanos no quieren una guerra con los pueblos del Islam, pero la venalidad y estupidez de Calderón y de sus protectores nos puede llevar a una gravísima situación.
6. La gravedad de lo que está aceptando el gobierno de facto impone que la obligación de defender a la nación sea no sólo de los sectores conscientes de la sociedad, sino, sobre todo, de los grupos menos corrompidos de la burocracia gobernante, pero no está siendo así, y en el Senado, controlado por una mayoría PRI-PAN –sometida al salinismo y vinculada a las trasnacionales–, no existe signo alguno de que esta Cámara, que conforme a las fracciones primera y tercera del artículo 76 constitucional tiene la responsabilidad de contribuir a la definición de las políticas exterior y de seguridad nacional de México, vaya a asumir su responsabilidad.
7. La seguridad con la que actúan Negroponte y el actual embajador Tony Garza obedece a que saben que tienen cada vez más bajo su control a la “clase política” mexicana, por haberles abierto a prominentes miembros del PAN –al igual que lo hacían con los priístas– expedientes sobre sus actos de corrupción y su vinculación con el narcotráfico: no sólo a Fox, uncido al narcopoder por su amigo chino Zhenli Ye Gong, y hundido por sus actos de corrupción y los escándalos de Marta y de los Bribiesca, de los cuales el del negocio de “las mandarinas” defectuosas de Pemex, que provocaron la muerte de decenas de trabajadores, no será el último, sino también a Calderón, con sus cuñados y muchísimos panistas notorios.
8. La actitud convenenciera de la burocracia gobernante la evidencia el hecho de que aquellos que se oponen al Plan México se limitan a expresar su deseo cobarde de que sea el propio Congreso estadunidense el que lo rechace, como aconteció en 1859 con el Tratado MacLane-Ocampo –que daba en perpetuidad a Estados Unidos el derecho de paso por el Istmo y otras regiones–, y que no pasó porque los senadores estadunidenses lo objetaron, por lo que aguardan a que sean los desacuerdos que se han ahondado en 2007 entre George W. Bush y el Congreso los que lo detengan.
9. El gobierno agonizante de Bush ha acentuado en 2007 sus diferendos con las cámaras legislativas de su país acusándolas de “bloqueo político” e impulsando una campaña negra de descalificación hacia ellas, conforme lo establecen los manuales políticos neoliberales –que preconizan un fortalecimiento del presidencialismo–, pero su decisión pérfida de incluir los recursos destinados al Plan México en el presupuesto de la guerra contra Afganistán e Irak parece comprometer su aprobación en un futuro inmediato, aunque esto no va a cancelarlo. En el caso de que los demócratas triunfaran en 2008 nada cambiaría, pues la candidata puntera Hillary Clinton no tiene una propuesta sobre seguridad nacional diferente de la de Bush, como se lo dijeron sus contendientes en el debate del 28 de octubre.
10. Los reportes de varios especialistas indican que diversos grupos de académicos y funcionarios de la derecha de ambos países se están organizando para presionar a favor del Plan, y es ahora también que las fuerzas democráticas del país deben impedir que se consume este acuerdo inconfesable del gobierno espurio de Calderón con Washington, que aparece ya, por las consecuencias que entraña, como el acto de traición a México más grave cometido por nuestros gobernantes desde 1847.
El Plan México, impuesto secretamente por el gobierno de Washington a Calderón, entraña hacer de México un espacio de las guerras de Estados Unidos, pero esto no parece preocupar ni indignar a la “clase política” mexicana.
1. La visita a México del ex embajador estadunidense John Dimitri Negroponte, ahora secretario de Estado adjunto del gobierno de Bush (29 de octubre), quien actuando como verdadero procónsul vino a refrendar la sumisión del gobierno de facto de Felipe Calderón al Plan México, mal llamado Iniciativa Mérida, que con el pretexto de la lucha de ambos países contra el narcotráfico pretende el apoderamiento abierto de las trasnacionales sobre los recursos estratégicos de México y el control de Washington en función de su guerra contra “el terrorismo”, de prácticamente todo el territorio nacional convirtiéndolo en un objetivo militar de sus enemigos, suscitó una indignación en diversos sectores de la sociedad, pero un silencio absoluto de la “clase política” mexicana.
2. El hecho gravísimo de que el Plan México, que aún no aprueban el Congreso de Estados Unidos ni el Senado mexicano, presuponga que nuestro país es un aliado militar de Washington en sus guerras contra los pueblos del mundo, y haga del territorio mexicano un espacio de defensa de Estados Unidos, y por consiguiente un objetivo de ataque para sus enemigos, no ha suscitado una indignación y oposición de las fuerzas políticas organizadas.
3. La aprobación del Plan, que no es otra cosa que un pacto o tratado de sumisión militar y de entrega de la soberanía, que involucra a México en las guerras de Estados Unidos contra Afganistán e Irak, haciendo añicos nuestra política exterior y nuestras relaciones amistosas con los países árabes, convirtiéndonos en los hechos en un enemigo del Islam y situando a nuestras ciudades y enclaves estratégicos como un blanco de ataque militar, cancela además, como es evidente, cualquier proyecto nacional.
4. El escenario en el que se produce esta iniciativa perversa de Bush no podía ser más crítico, pues se anuncia en los mismos momentos en que Ecuador, Bolivia, Venezuela y Cuba, lo mismo que Argentina, Brasil y otros países latinoamericanos, buscan fortalecer vínculos de cooperación con los países árabes en la defensa de intereses comunes, y aquí lo que se está haciendo gracias a la complicidad de los panistas con los republicanos estadunidenses es uncir de manera directa a México con los intereses hegemónicos de Estados Unidos, terminando con cualquier posible estrategia latinoamericana de nuestro país.
5. Los mexicanos no quieren una guerra con los pueblos del Islam, pero la venalidad y estupidez de Calderón y de sus protectores nos puede llevar a una gravísima situación.
6. La gravedad de lo que está aceptando el gobierno de facto impone que la obligación de defender a la nación sea no sólo de los sectores conscientes de la sociedad, sino, sobre todo, de los grupos menos corrompidos de la burocracia gobernante, pero no está siendo así, y en el Senado, controlado por una mayoría PRI-PAN –sometida al salinismo y vinculada a las trasnacionales–, no existe signo alguno de que esta Cámara, que conforme a las fracciones primera y tercera del artículo 76 constitucional tiene la responsabilidad de contribuir a la definición de las políticas exterior y de seguridad nacional de México, vaya a asumir su responsabilidad.
7. La seguridad con la que actúan Negroponte y el actual embajador Tony Garza obedece a que saben que tienen cada vez más bajo su control a la “clase política” mexicana, por haberles abierto a prominentes miembros del PAN –al igual que lo hacían con los priístas– expedientes sobre sus actos de corrupción y su vinculación con el narcotráfico: no sólo a Fox, uncido al narcopoder por su amigo chino Zhenli Ye Gong, y hundido por sus actos de corrupción y los escándalos de Marta y de los Bribiesca, de los cuales el del negocio de “las mandarinas” defectuosas de Pemex, que provocaron la muerte de decenas de trabajadores, no será el último, sino también a Calderón, con sus cuñados y muchísimos panistas notorios.
8. La actitud convenenciera de la burocracia gobernante la evidencia el hecho de que aquellos que se oponen al Plan México se limitan a expresar su deseo cobarde de que sea el propio Congreso estadunidense el que lo rechace, como aconteció en 1859 con el Tratado MacLane-Ocampo –que daba en perpetuidad a Estados Unidos el derecho de paso por el Istmo y otras regiones–, y que no pasó porque los senadores estadunidenses lo objetaron, por lo que aguardan a que sean los desacuerdos que se han ahondado en 2007 entre George W. Bush y el Congreso los que lo detengan.
9. El gobierno agonizante de Bush ha acentuado en 2007 sus diferendos con las cámaras legislativas de su país acusándolas de “bloqueo político” e impulsando una campaña negra de descalificación hacia ellas, conforme lo establecen los manuales políticos neoliberales –que preconizan un fortalecimiento del presidencialismo–, pero su decisión pérfida de incluir los recursos destinados al Plan México en el presupuesto de la guerra contra Afganistán e Irak parece comprometer su aprobación en un futuro inmediato, aunque esto no va a cancelarlo. En el caso de que los demócratas triunfaran en 2008 nada cambiaría, pues la candidata puntera Hillary Clinton no tiene una propuesta sobre seguridad nacional diferente de la de Bush, como se lo dijeron sus contendientes en el debate del 28 de octubre.
10. Los reportes de varios especialistas indican que diversos grupos de académicos y funcionarios de la derecha de ambos países se están organizando para presionar a favor del Plan, y es ahora también que las fuerzas democráticas del país deben impedir que se consume este acuerdo inconfesable del gobierno espurio de Calderón con Washington, que aparece ya, por las consecuencias que entraña, como el acto de traición a México más grave cometido por nuestros gobernantes desde 1847.
Negar la guerra
Pablo Romo Cedano*
El día 27 de diciembre de 1997, horas antes del amanecer, en una operación sorpresa, miembros de organizaciones de derechos humanos y de la Cruz Roja, acompañados por elementos de la Procuraduría General de la República fuimos a rescatar a varias familias secuestradas por paramilitares en las comunidades Los Chorros y Pechiquil en Chenalhó, Chiapas. Estas familias estaban amenazadas de muerte si no cooperaban con las bandas armadas que tenían control total en varias comunidades de la región.
Dos padres de familia, que prefiero omitir sus nombres, aterrados por las noticias que les llegaron de la masacre en Acteal, nos enviaron un mensaje de auxilio, a pesar del riesgo que eso les hubiera podido acarrear. Nos urgían que les ayudáramos a sacar a sus familias. La operación era difícil por el clima de tensión y violencia que se vivía en esos momentos en Chiapas y particularmente en ese municipio. Por ello pedimos a la Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH) y al licenciado Jorge Madrazo que nos ayudaran.
La madrugada era muy fría y llovía insistentemente. Al llegar a la comunidad de Los Chorros, los vecinos se percataron que dos familias escapaban. Algunos señores se acercaron al convoy pidiendo también que les ayudáramos a sacar a sus familias y sus pertenencias. Imposible transportar cosas, no había tiempo: los papeles más importantes y la familia. Uno tras otro llegaba con la misma súplica. Habíamos pensado salir antes del amanecer, pero fue imposible. Aquello se convirtió en una procesión lenta y empapada por la inclemente llovizna. Un contingente de militares de la cercanía de la comunidad se unió al de los 400 refugiados que salieron de Los Chorros y de Pechiquil aquella mañana.
Atrás dejamos el poblado y al menos unas 70 casas quemadas. Esas casas arrasadas y saqueadas habían pertenecido a pobladores que se negaron a cooperar económicamente con los paramilitares, a encubrirlos y a colaborar en sus acciones. Esas 70 familias habían huido en las últimas semanas para buscar refugio donde fuera. A las familias de refugiados que en las semanas y meses anteriores habían acudido a las oficinas del Fray Bartolomé, les acompañamos a presentar su denuncia ante la Subprocuraduría de Asuntos Indígenas, donde, con invariable amabilidad, nos recibía el licenciado David Gómez Hernández. Las denuncias se acumularon una tras de otra, muertas de la risa. Nunca se movió un dedo para investigar los hechos. Las denuncias ante la CNDH también se fueron acumulando y las medidas precautorias que solicitó el organismo (3 de diciembre 1997) al gobierno de Chiapas para proteger a los habitantes de Chenalhó sirvieron para engrosar expedientes inútiles.
Salvador Ruiz Hernández (de 17 años en ese entonces) nos narró, cuando salimos de Los Chorros, que la gente era obligada a robar y quemar las casas de los que huían, de lo contrario los paramilitares violaban a sus esposas o madres. Cuando Salvador se negó a acompañar a los armados en sus “rondines” con la policía de seguridad pública, fue amarrado a un árbol, le pegaron y lo patearon durante varios días.
Al llegar a la carretera que une Pantelhó con San Pedro Chenalhó otro río de refugiados caminaba con paso lento, cansado. Este enorme grupo había partido de X’Cumumal a siete horas montaña arriba. Eran más de 3 mil, nosotros unos 400. De otras muchas comunidades también se fueron uniendo a ese triste éxodo. Ese día llegaron a Polhó cerca de 6 mil refugiados. Eran de todas las organizaciones y de todas las religiones. Llegaron ahí porque ahí les dieron refugio. Otros se fueron a Xoyep y los menos a San Cristóbal.
El 27 de diciembre los aterrados pobladores de Chenalhó fueron visibles ante las cámaras de reporteros nacionales y del mundo. Antes, esos desplazados de guerra no eran visibles, eran negados, como la propia guerra. El gobierno de Chiapas gastó miles de pesos en desplegados e inserciones pagadas para negar el dolor y terror que causaban los paramilitares y la propia guerra. Por ejemplo, cuando Ricardo Rocha presentó su impresionante reportaje en televisión nacional, develando la vida del campamento de refugiados de Xoyep, le ameritó desplegados pagados como costes de contrapropaganda del erario nacional, acusándolo de farsante, de haber hecho montajes. No faltó el editorialista enchayotado que lo calificara de insidioso, de enemigo de la paz y de Chiapas.
La destrucción del tejido social, “acabar con el agua al pez”, es uno de los frentes de guerra que siempre se encubrió con nombres como “apoyo a la comunidad” o “servicio comunitario”. Negar la guerra es parte del arte de la guerra. Para construir la paz se precisa la verdad, auque sea dolorosa.
* Ex director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, actualmente coordinador del Observatorio de la Conflictividad Social
El día 27 de diciembre de 1997, horas antes del amanecer, en una operación sorpresa, miembros de organizaciones de derechos humanos y de la Cruz Roja, acompañados por elementos de la Procuraduría General de la República fuimos a rescatar a varias familias secuestradas por paramilitares en las comunidades Los Chorros y Pechiquil en Chenalhó, Chiapas. Estas familias estaban amenazadas de muerte si no cooperaban con las bandas armadas que tenían control total en varias comunidades de la región.
Dos padres de familia, que prefiero omitir sus nombres, aterrados por las noticias que les llegaron de la masacre en Acteal, nos enviaron un mensaje de auxilio, a pesar del riesgo que eso les hubiera podido acarrear. Nos urgían que les ayudáramos a sacar a sus familias. La operación era difícil por el clima de tensión y violencia que se vivía en esos momentos en Chiapas y particularmente en ese municipio. Por ello pedimos a la Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH) y al licenciado Jorge Madrazo que nos ayudaran.
La madrugada era muy fría y llovía insistentemente. Al llegar a la comunidad de Los Chorros, los vecinos se percataron que dos familias escapaban. Algunos señores se acercaron al convoy pidiendo también que les ayudáramos a sacar a sus familias y sus pertenencias. Imposible transportar cosas, no había tiempo: los papeles más importantes y la familia. Uno tras otro llegaba con la misma súplica. Habíamos pensado salir antes del amanecer, pero fue imposible. Aquello se convirtió en una procesión lenta y empapada por la inclemente llovizna. Un contingente de militares de la cercanía de la comunidad se unió al de los 400 refugiados que salieron de Los Chorros y de Pechiquil aquella mañana.
Atrás dejamos el poblado y al menos unas 70 casas quemadas. Esas casas arrasadas y saqueadas habían pertenecido a pobladores que se negaron a cooperar económicamente con los paramilitares, a encubrirlos y a colaborar en sus acciones. Esas 70 familias habían huido en las últimas semanas para buscar refugio donde fuera. A las familias de refugiados que en las semanas y meses anteriores habían acudido a las oficinas del Fray Bartolomé, les acompañamos a presentar su denuncia ante la Subprocuraduría de Asuntos Indígenas, donde, con invariable amabilidad, nos recibía el licenciado David Gómez Hernández. Las denuncias se acumularon una tras de otra, muertas de la risa. Nunca se movió un dedo para investigar los hechos. Las denuncias ante la CNDH también se fueron acumulando y las medidas precautorias que solicitó el organismo (3 de diciembre 1997) al gobierno de Chiapas para proteger a los habitantes de Chenalhó sirvieron para engrosar expedientes inútiles.
Salvador Ruiz Hernández (de 17 años en ese entonces) nos narró, cuando salimos de Los Chorros, que la gente era obligada a robar y quemar las casas de los que huían, de lo contrario los paramilitares violaban a sus esposas o madres. Cuando Salvador se negó a acompañar a los armados en sus “rondines” con la policía de seguridad pública, fue amarrado a un árbol, le pegaron y lo patearon durante varios días.
Al llegar a la carretera que une Pantelhó con San Pedro Chenalhó otro río de refugiados caminaba con paso lento, cansado. Este enorme grupo había partido de X’Cumumal a siete horas montaña arriba. Eran más de 3 mil, nosotros unos 400. De otras muchas comunidades también se fueron uniendo a ese triste éxodo. Ese día llegaron a Polhó cerca de 6 mil refugiados. Eran de todas las organizaciones y de todas las religiones. Llegaron ahí porque ahí les dieron refugio. Otros se fueron a Xoyep y los menos a San Cristóbal.
El 27 de diciembre los aterrados pobladores de Chenalhó fueron visibles ante las cámaras de reporteros nacionales y del mundo. Antes, esos desplazados de guerra no eran visibles, eran negados, como la propia guerra. El gobierno de Chiapas gastó miles de pesos en desplegados e inserciones pagadas para negar el dolor y terror que causaban los paramilitares y la propia guerra. Por ejemplo, cuando Ricardo Rocha presentó su impresionante reportaje en televisión nacional, develando la vida del campamento de refugiados de Xoyep, le ameritó desplegados pagados como costes de contrapropaganda del erario nacional, acusándolo de farsante, de haber hecho montajes. No faltó el editorialista enchayotado que lo calificara de insidioso, de enemigo de la paz y de Chiapas.
La destrucción del tejido social, “acabar con el agua al pez”, es uno de los frentes de guerra que siempre se encubrió con nombres como “apoyo a la comunidad” o “servicio comunitario”. Negar la guerra es parte del arte de la guerra. Para construir la paz se precisa la verdad, auque sea dolorosa.
* Ex director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, actualmente coordinador del Observatorio de la Conflictividad Social
Antropología contrainsurgente
Gilberto López y Rivas
El 5 de octubre de este año, el New York Times publicó un artículo de David Rohde (“El Ejército enlista a la antropología en zonas de Guerra”), sobre la considerada por los militares estadunidenses como “nueva arma crucial en las operaciones contrainsurgentes”: un equipo integrado por antropólogos y otros científicos sociales para su utilización permanente en unidades de combate de las tropas de ocupación de Estados Unidos en Afganistán e Irak.
El corresponsal informa que este singular involucramiento de las ciencias sociales en el esfuerzo bélico estadunidense constituye un exitoso programa experimental del Pentágono que, iniciado en febrero de este año, ha sido tan recomendado por los comandantes en el teatro de la guerra que en septiembre pasado el secretario de Defensa, Robert M. Gates, autorizó una partida adicional de 40 millones de dólares para asignar equipos similares a cada una de las 26 brigadas de combate en los dos países mencionados. En el mismo artículo se destacan las reacciones críticas de un sector importante de la academia estadunidense que no duda en considerar el programa como “antropología mercenaria” y “prostitución de la disciplina”, comparándolo con lo ocurrido en la década de los 70, cuando se utilizaron antropólogos en campañas contrainsurgentes en Vietnam y América Latina (Plan Camelot).
Ya en su sesión anual, en noviembre del año pasado y con la presencia de cientos de sus integrantes, la American Anthropological Association condenó por unanimidad “el uso del conocimiento antropológico como elemento de tortura física y sicológica”, ante el alegato de que los torturadores de la prisión Abu Ghraib, en Irak, pudieron ser inspirados por la obra de un antropólogo, a partir de la idea de que “hombres árabes humillados sexualmente podrían llegar a ser informantes comedidos”(Matthew B. Standard. Montgomery McFate’Mission. Can one anthropologist possibly steer the course in Iraq? San Francisco Chronicle, April 29, 2007).
En julio de este mismo año, el antropólogo Roberto J. González escribió un excelente artículo (“¿Hacia una antropología mercenaria? El nuevo manual de contrainsurgencia del Ejército de Estados Unidos FM- 3-24 y el complejo militar-antropológico”. Anthropology Today, Vol. 23, No. 3, June 2007) en el que detalla críticamente las contribuciones de antropólogos en la elaboración de dicho manual. González demuestra, incluso, que algunas de estas “contribuciones” no son innovadoras desde el punto de vista de la teoría antropológica y más bien parecen “un libro de texto introductorio de antropología simplificado –aunque con pocos ejemplos y sin ilustraciones.”
La antropología mercenaria estadunidense se caracteriza por la beligerancia y el cinismo con que justifica la estrecha colaboración entre antropólogos y militares en guerras imperialistas y violatorias de los más elementales derechos humanos y los principios fundacionales de la Organización de Naciones Unidas.
Una de sus más aguerridas defensoras y autoras intelectuales es la antropóloga estadunidense Montgomery Macfate, quien se impuso la tarea de “educar” a los militares y cuya misión en los últimos cinco años ha sido convencer a los estrategas de la contrainsurgencia de que la “antropología puede ser un arma más efectiva que la artillería”. Macfate ignora y le exasperan las críticas de sus colegas en la academia, a quienes considera encerrados en una torre de marfil y más “interesados en elaborar resoluciones que en encontrar soluciones”. Ella es ahora la “comisaría política” de los militares, una de las autoras del citado manual de contrainsurgencia, creadora del programa Sistema Operativo de Investigación Humana en el Terreno, iniciado por el Pentágono, y consejera de la Oficina del Secretario de Defensa. Todo un éxito del American way of life.
En realidad, la participación de antropólogos en misiones coloniales e imperialistas es tan antigua como la propia antropología, la cual se establece como ciencia estrechamente ligada al colonialismo y a los esfuerzos por imponer en el ámbito mundial las relaciones de dominación y explotación capitalistas. Un clásico sobre el tema es el libro de Gerard Leclercq, Anthropologie et colonialisme (Paris: Librairie Artheme Fayard, 1972) que en su introducción asienta: “El nacimiento común del imperialismo colonial contemporáneo y de la antropología igualmente contemporánea puede situarse en la segunda mitad del siglo XIX. Trataremos de poner en evidencia la relación de la ideología imperialista, de la que la antropología no es sino uno de sus elementos, con la ideología colonial, y las razones por las cuales una investigación ‘sobre el terreno’ se hacía necesaria y posible por la colonización de tipo imperialista” (p. 15).
Hay que recordar en México el papel protagónico que jugaron los antropólogos en la elaboración de las políticas indigenistas desde el momento en que Manuel Gamio –padre fundador de la disciplina en este país– definió a la antropología como “la ciencia del buen gobierno”, iniciándose un maridaje entre antropólogos y el Estado mexicano que fue roto en parte cuando el movimiento estudiantil-popular de 1968 creó las condiciones para que las corrientes críticas se manifestaran y denunciarán el papel de complicidad de la antropología mexicana posrevolucionaria en el afianzamiento del colonialismo interno que rompió la rebelión zapatista.
El grotesco maquillaje cultural de la antropología contrainsurgente no cambia la naturaleza brutal de la ocupación imperialista ni ganará la mente y los corazones de la resistencia y de los millones de estadunidenses que se manifiestan de manera creciente contra la guerra.
El 5 de octubre de este año, el New York Times publicó un artículo de David Rohde (“El Ejército enlista a la antropología en zonas de Guerra”), sobre la considerada por los militares estadunidenses como “nueva arma crucial en las operaciones contrainsurgentes”: un equipo integrado por antropólogos y otros científicos sociales para su utilización permanente en unidades de combate de las tropas de ocupación de Estados Unidos en Afganistán e Irak.
El corresponsal informa que este singular involucramiento de las ciencias sociales en el esfuerzo bélico estadunidense constituye un exitoso programa experimental del Pentágono que, iniciado en febrero de este año, ha sido tan recomendado por los comandantes en el teatro de la guerra que en septiembre pasado el secretario de Defensa, Robert M. Gates, autorizó una partida adicional de 40 millones de dólares para asignar equipos similares a cada una de las 26 brigadas de combate en los dos países mencionados. En el mismo artículo se destacan las reacciones críticas de un sector importante de la academia estadunidense que no duda en considerar el programa como “antropología mercenaria” y “prostitución de la disciplina”, comparándolo con lo ocurrido en la década de los 70, cuando se utilizaron antropólogos en campañas contrainsurgentes en Vietnam y América Latina (Plan Camelot).
Ya en su sesión anual, en noviembre del año pasado y con la presencia de cientos de sus integrantes, la American Anthropological Association condenó por unanimidad “el uso del conocimiento antropológico como elemento de tortura física y sicológica”, ante el alegato de que los torturadores de la prisión Abu Ghraib, en Irak, pudieron ser inspirados por la obra de un antropólogo, a partir de la idea de que “hombres árabes humillados sexualmente podrían llegar a ser informantes comedidos”(Matthew B. Standard. Montgomery McFate’Mission. Can one anthropologist possibly steer the course in Iraq? San Francisco Chronicle, April 29, 2007).
En julio de este mismo año, el antropólogo Roberto J. González escribió un excelente artículo (“¿Hacia una antropología mercenaria? El nuevo manual de contrainsurgencia del Ejército de Estados Unidos FM- 3-24 y el complejo militar-antropológico”. Anthropology Today, Vol. 23, No. 3, June 2007) en el que detalla críticamente las contribuciones de antropólogos en la elaboración de dicho manual. González demuestra, incluso, que algunas de estas “contribuciones” no son innovadoras desde el punto de vista de la teoría antropológica y más bien parecen “un libro de texto introductorio de antropología simplificado –aunque con pocos ejemplos y sin ilustraciones.”
La antropología mercenaria estadunidense se caracteriza por la beligerancia y el cinismo con que justifica la estrecha colaboración entre antropólogos y militares en guerras imperialistas y violatorias de los más elementales derechos humanos y los principios fundacionales de la Organización de Naciones Unidas.
Una de sus más aguerridas defensoras y autoras intelectuales es la antropóloga estadunidense Montgomery Macfate, quien se impuso la tarea de “educar” a los militares y cuya misión en los últimos cinco años ha sido convencer a los estrategas de la contrainsurgencia de que la “antropología puede ser un arma más efectiva que la artillería”. Macfate ignora y le exasperan las críticas de sus colegas en la academia, a quienes considera encerrados en una torre de marfil y más “interesados en elaborar resoluciones que en encontrar soluciones”. Ella es ahora la “comisaría política” de los militares, una de las autoras del citado manual de contrainsurgencia, creadora del programa Sistema Operativo de Investigación Humana en el Terreno, iniciado por el Pentágono, y consejera de la Oficina del Secretario de Defensa. Todo un éxito del American way of life.
En realidad, la participación de antropólogos en misiones coloniales e imperialistas es tan antigua como la propia antropología, la cual se establece como ciencia estrechamente ligada al colonialismo y a los esfuerzos por imponer en el ámbito mundial las relaciones de dominación y explotación capitalistas. Un clásico sobre el tema es el libro de Gerard Leclercq, Anthropologie et colonialisme (Paris: Librairie Artheme Fayard, 1972) que en su introducción asienta: “El nacimiento común del imperialismo colonial contemporáneo y de la antropología igualmente contemporánea puede situarse en la segunda mitad del siglo XIX. Trataremos de poner en evidencia la relación de la ideología imperialista, de la que la antropología no es sino uno de sus elementos, con la ideología colonial, y las razones por las cuales una investigación ‘sobre el terreno’ se hacía necesaria y posible por la colonización de tipo imperialista” (p. 15).
Hay que recordar en México el papel protagónico que jugaron los antropólogos en la elaboración de las políticas indigenistas desde el momento en que Manuel Gamio –padre fundador de la disciplina en este país– definió a la antropología como “la ciencia del buen gobierno”, iniciándose un maridaje entre antropólogos y el Estado mexicano que fue roto en parte cuando el movimiento estudiantil-popular de 1968 creó las condiciones para que las corrientes críticas se manifestaran y denunciarán el papel de complicidad de la antropología mexicana posrevolucionaria en el afianzamiento del colonialismo interno que rompió la rebelión zapatista.
El grotesco maquillaje cultural de la antropología contrainsurgente no cambia la naturaleza brutal de la ocupación imperialista ni ganará la mente y los corazones de la resistencia y de los millones de estadunidenses que se manifiestan de manera creciente contra la guerra.
Calderón ante su otra realidad
Miguel Ángel Velázquez
A principios de esta semana, de pasadita dimos a conocer en este espacio la protesta espontánea de la gente que acudió, el domingo anterior, al Auditorio Nacional para ver el concierto de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, por la presencia, ahora confirmada, de Felipe Calderón.
Como les platicamos entonces, al final de la presentación, cuando se encendiron las luces y los cantautores desaparecieron del escenario, en espera de la demanda pública por el epílogo memorable, alguien descubrió en un palco “al chaparro, pelón, de lentes“, y socializó su hallazgo con el clásico: “ahí está Calderón”, lo que hizo que la miradas voltearan hacia el palco donde se ubicaba el personaje.
Hasta entonces había pasado inadvertido. Acostumbrado a entrar por la puerta trasera, esta vez ingresó, con toda seguridad, en lo oscurito, apenas empezada la presentación, para que nadie notara su presencia, pero aquel grito que se levantó por encima del “otra, otra” que coreaba el respetable, lo hizo visible y otra voz, esta femenina, aguda, indignada, lanzó: “fraude”, que marcó el inicio de la manifestación de repudio, y Calderón y su esposa, que hicieron el intento de sacar la cabeza fuera de la barandilla que separaba sus lugares de los otros para saludar, tuvieron que volver a la oscuridad del interior del palco.
Como consecuencia inmediata, las gargantas dejaron escapar al unísono el ya también clásico: “espurio, espurio”, que fue callado, casi de inmediato, por la decisión de alguien o por los tiempos del show, de apagar los focos que alumbraban el graderío para dar paso al retorno de los cantantes y al final-final del espectáculo.
Para muchos que presenciaron el rechazo popular, la posterior actitud de los artistas fue una decepción. Serrat y Sabina aceptaron una invitación de Calderón para compartir el pan y la sal en una comida a la que convocó la embajada española, a petición, según se dice, del propio Felipe, quien ya los había convidado a Los Pinos, sin obtener respuesta afirmativa en cuando menos dos intentos.
Según los correos electrónicos y las cartas que se recibieron en este diario, los admiradores del par Serrat-Sabina acusan al dueto de ser insensibles ante la postura de sus seguidores que en su mayoría señalan como fraudulento el proceso electoral del año pasado.
El resultado de todo este suceso, como dijimos el lunes pasado, es que ya nadie podrá mostrar a Calderón una encuesta que lo refiera como el más popular, o popular a secas, porque se topó, en carne propia, con una realidad que no ha querido admitir, pero que es cierta y explota en su cara a la menor provocación.
Así pues, lo mejor que puede hacer es no rebasar, ni por asomo, el círculo azul de los halagos y los aplausos en el que se ha movido, esto para que siga pensando que no habita en suelo mexicano, sino en alguna parte cómoda y confortable... de foxilandia.
De pasadita
En el jaloneo entre el Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa por la asignación de recursos, el mariachi que acompaña a Víctor Hugo Círigo, quien muy probablemente ya se dio cuenta de que no podrá secar de dineros a la Secretaría de Desarrollo Social que encabeza Martí Batres, ahora quiere degollar a éste último, y exige que el verdugo sea el propio Marcelo Ebrard. Lo que no tiene considerado es que Ebrard ni compone ciegos ni endereza jorobados. Ni modo, ya será para la otra.
A principios de esta semana, de pasadita dimos a conocer en este espacio la protesta espontánea de la gente que acudió, el domingo anterior, al Auditorio Nacional para ver el concierto de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, por la presencia, ahora confirmada, de Felipe Calderón.
Como les platicamos entonces, al final de la presentación, cuando se encendiron las luces y los cantautores desaparecieron del escenario, en espera de la demanda pública por el epílogo memorable, alguien descubrió en un palco “al chaparro, pelón, de lentes“, y socializó su hallazgo con el clásico: “ahí está Calderón”, lo que hizo que la miradas voltearan hacia el palco donde se ubicaba el personaje.
Hasta entonces había pasado inadvertido. Acostumbrado a entrar por la puerta trasera, esta vez ingresó, con toda seguridad, en lo oscurito, apenas empezada la presentación, para que nadie notara su presencia, pero aquel grito que se levantó por encima del “otra, otra” que coreaba el respetable, lo hizo visible y otra voz, esta femenina, aguda, indignada, lanzó: “fraude”, que marcó el inicio de la manifestación de repudio, y Calderón y su esposa, que hicieron el intento de sacar la cabeza fuera de la barandilla que separaba sus lugares de los otros para saludar, tuvieron que volver a la oscuridad del interior del palco.
Como consecuencia inmediata, las gargantas dejaron escapar al unísono el ya también clásico: “espurio, espurio”, que fue callado, casi de inmediato, por la decisión de alguien o por los tiempos del show, de apagar los focos que alumbraban el graderío para dar paso al retorno de los cantantes y al final-final del espectáculo.
Para muchos que presenciaron el rechazo popular, la posterior actitud de los artistas fue una decepción. Serrat y Sabina aceptaron una invitación de Calderón para compartir el pan y la sal en una comida a la que convocó la embajada española, a petición, según se dice, del propio Felipe, quien ya los había convidado a Los Pinos, sin obtener respuesta afirmativa en cuando menos dos intentos.
Según los correos electrónicos y las cartas que se recibieron en este diario, los admiradores del par Serrat-Sabina acusan al dueto de ser insensibles ante la postura de sus seguidores que en su mayoría señalan como fraudulento el proceso electoral del año pasado.
El resultado de todo este suceso, como dijimos el lunes pasado, es que ya nadie podrá mostrar a Calderón una encuesta que lo refiera como el más popular, o popular a secas, porque se topó, en carne propia, con una realidad que no ha querido admitir, pero que es cierta y explota en su cara a la menor provocación.
Así pues, lo mejor que puede hacer es no rebasar, ni por asomo, el círculo azul de los halagos y los aplausos en el que se ha movido, esto para que siga pensando que no habita en suelo mexicano, sino en alguna parte cómoda y confortable... de foxilandia.
De pasadita
En el jaloneo entre el Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa por la asignación de recursos, el mariachi que acompaña a Víctor Hugo Círigo, quien muy probablemente ya se dio cuenta de que no podrá secar de dineros a la Secretaría de Desarrollo Social que encabeza Martí Batres, ahora quiere degollar a éste último, y exige que el verdugo sea el propio Marcelo Ebrard. Lo que no tiene considerado es que Ebrard ni compone ciegos ni endereza jorobados. Ni modo, ya será para la otra.
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