sábado, noviembre 24, 2007
El mundo bajo amenaza atómica
Manuel Moncada Fonseca
En la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de Janeiro el 12 de junio de 1992, tras señalar que la especie humana estaba en riesgo de desaparecer, Fidel Castro culpó a las sociedades de consumo de ser las mayores responsables por la destrucción atroz del medio ambiente. “Ellas –prosiguió- nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que, a su vez, engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20 por ciento de la población mundial, ellas consumen las dos terceras partes de los metales y las tres cuartas partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer” (1).
Como sino bastara lo anterior, George W. Bush, en nombre del imperio mundial, profiere amenazas de atacar nuclearmente, cuando menos, a sesenta “oscuros rincones” del orbe, lo que ha sido reiteradamente denunciado por Fidel Castro.
A lo inmediato, este tipo de amenazas está dirigido contra Irán, país decidido a utilizar la energía atómica con fines pacíficos, orientándola a su desarrollo integral para beneficio de su población. EEUU, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia, Paquistán, India e Israel, poseen armamento nuclear y no pasa nada. Nadie los cuestiona por ello. Pero, a las claras, estamos ante un maligno pretexto para invadir un territorio soberano.
A Iraq, para invadirlo y ocuparlo, se le acusó de poseer armas de destrucción masiva, cuya existencia jamás se demostró. Ahora, a Irán, como pretexto para atacarlo, arrebatarle su riqueza y usar su territorio como plaza de armas contra los pueblos que no se sometan a los dictados yanqui-europeos, se le acusa de querer fabricar bombas atómicas.
Empero, el mismo Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirma que no hay pruebas de que Irán pretenda poseer armamento nuclear y, por el contrario, hasta acusó a EEUU de haber redactado en septiembre de 2006 “un informe “deshonesto e indignante" sobre el uranio” (2).
La amenaza de bombardeo nuclear abarca prácticamente al mundo entero. Rusia y China, están dentro de esos cálculos imperiales. Pero también lo está América Latina y el Caribe. Los pretextos para hacerlo ya aparecieron. Jim Stavrides, jefe del Comando Sur, acaba de declarar: “Consideraremos a América Latina y el Caribe como tornándose muy probablemente en bases [de grupos islámicos, tipo Hesbollah] para futuras amenazas terroristas” contra Estados Unidos y otros países. Ridiculizando estas palabras, Mauro Sposito, jefe de los controles fronterizos de la Policía Federal de Brasil, respondió: “Si yo fuera un terrorista lanzaría un ataque desde Inglaterra. Los latimos enfrentamos 10 veces más controles que los europeos en las fronteras de Estados Unidos” (3).
EEUU ya demostró de lo que es capaz: ha sido el único país del mundo que ha lanzado bombas atómicas contra otro: en agosto de 1945, lo hizo contra dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Y lejos de reconocer este hecho terrorista -el mayor de la historia de la humanidad- como un acto que jamás debe repetirse, EEUU ha establecido en firme el código Hiroshima, mismo del que se valió para perpetrar semejante genocidio, sin dar muestras de arrepentimiento alguno por ello; por el contrario, nuevos documentos demuestran la permanencia de este código criminal en los planes guerreristas de Washington (4).
Durante la segunda guerra mundial, EEUU concibió la idea de bombardear de esa misma forma a la Unión Soviética ; pero entonces sobre los yanquis se impuso el realismo político, pues ejecutando semejante propósito no podrían en modo alguno destruir a su más poderoso rival que, desde 1949, se hizo de su propio armamento atómico. Pero la intención de mostrarle a la URSS su poderío atómico, en 1945, movió al imperio yanqui a atacar al Japón. Así comenzó la Guerra Fría. No fue Truman con un discurso de 1947 el que la proclamó, sino el estallido de dos bombas atómicas. Por cierto, Japón se rindió no tanto por el efecto del bombardeo atómico sobre su territorio, como por el ataque aéreo al que lo sometió la URSS desde Manchuria el 8 de agosto de 1945, así como por la utilización de un millón y medio de soldados rusos en su contra (5).
La estulticia y la condición rastrera de la derecha
Los adeptos del imperio capitalista, hegemonizado por EEUU, existen por todo el orbe. Pero ser adepto de algo no necesariamente vuelve ciego al portador de semejante condición; no lo hace adoptar una posición forzosamente estúpida ni, mucho menos, hacerse el harakiri, creyendo que las amenazas imperiales jamás lo puedan alcanzar.
Sea por interés material, cobardía, temor, servilismo o estupidez, o por todo esto a la vez, por todas partes, los medios de derecha dan siempre o casi siempre la razón al imperio. Creyéndose quizá hijos adoptivos del imperio yanqui, hacen propias, sólo que sin sentido irónico, las palabras que William Dean Howells plasmó en un cuento publicado hace cien años: “¡Qué maravilla es tener un país que no se puede equivocar, pero si lo hace, tiene razón, en todo caso!” (6).
En el ámbito local, en los medios y por el lugar en que fue pronunciado”.
El mensaje antiimperialista de Ortega en la ONU -y no el supuesto de desaprovechar dicho foro en función de solicitar apoyo para los damnificados de la costa atlántica, afectados por el huracán “Félix”- fue, en verdad, lo que disgustó sobremanera a las “fuerzas democráticas” del país; mismas que, en siglos, habiendo carecido de agenda social, ahora se muestran “preocupadas” por los salarios, los puestos de trabajo, la salud y la educación de todos; por los médicos, los maestros, las enfermeras, la autonomía de la costa atlántica, los obreros, los campesinos, etc., pese a que dichas fuerzas públicamente han reconocido que nadie es suficientemente desprendido como para pensar en los demás.
En este país, un manual de geografía de sexto grado presenta a la Amazonia y Pantanal brasileños como territorios bajo custodia estadounidense y de Naciones Unidas, argumentando que la Amazonia se encuentra “localizada en América del Sur, una de las regiones más pobres del mundo y cercada por países irresponsables, crueles y autoritarios” (7).
A los adeptos del imperio, a los incrédulos e ingenuos que creen en la inocencia de la actuación yanqui-europea en el orbe, a aquellos de entre ellos que posean todavía capacidad de reflexión, vayan las siguientes palabras de Fidel: “Se sabe cómo y cuándo puede estallar una guerra, pero no se sabe cómo y cuándo pueda terminar”. Pero vaya a las mismas personas, sobre todo, esta advertencia del mandatario cubano a Bush, plasmada en su Declaración pública del 22 de octubre del presente año: “No ataque a otros, no amenace a la humanidad con una guerra nuclear. Los pueblos se defenderán y en esa hoguera perecerían todos” (8).
Notas
1) Discurso pronunciado en Río de Janeiro por el Comandante en Jefe en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el 12 de junio de 1992
2). Joan Pedro. Escalada Mediática Contra Irán. http://www.alterzoom.org/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=58
3). Reuters. “USA: Vencido en Irak, el imperio apunta sus misiles hacia América”.
4). Antonio Maira. “El Código Hiroshima ”. http://www.insurgen te.org/modules. php?name= News&file=article&sid=11321
5). Hiroshima y Nagasaki. www.ajzanier.com.ar/hiroshima .htm
6). Citado por Norman Solomon en: “Los Estados Unidos de la Violencia ”. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=57893
7). Los libros de geografía de USA están mostrando el mapa del Brasil amputado, sin el Amazonas y el Pantanal. http://bolivariano35.free.fr/?p=79
8). htttp://www.cubadebate.cu/index.php?tpl=design/especiales.tpl.html&newsid_obj_id=10138
En la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de Janeiro el 12 de junio de 1992, tras señalar que la especie humana estaba en riesgo de desaparecer, Fidel Castro culpó a las sociedades de consumo de ser las mayores responsables por la destrucción atroz del medio ambiente. “Ellas –prosiguió- nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que, a su vez, engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20 por ciento de la población mundial, ellas consumen las dos terceras partes de los metales y las tres cuartas partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer” (1).
Como sino bastara lo anterior, George W. Bush, en nombre del imperio mundial, profiere amenazas de atacar nuclearmente, cuando menos, a sesenta “oscuros rincones” del orbe, lo que ha sido reiteradamente denunciado por Fidel Castro.
A lo inmediato, este tipo de amenazas está dirigido contra Irán, país decidido a utilizar la energía atómica con fines pacíficos, orientándola a su desarrollo integral para beneficio de su población. EEUU, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia, Paquistán, India e Israel, poseen armamento nuclear y no pasa nada. Nadie los cuestiona por ello. Pero, a las claras, estamos ante un maligno pretexto para invadir un territorio soberano.
A Iraq, para invadirlo y ocuparlo, se le acusó de poseer armas de destrucción masiva, cuya existencia jamás se demostró. Ahora, a Irán, como pretexto para atacarlo, arrebatarle su riqueza y usar su territorio como plaza de armas contra los pueblos que no se sometan a los dictados yanqui-europeos, se le acusa de querer fabricar bombas atómicas.
Empero, el mismo Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirma que no hay pruebas de que Irán pretenda poseer armamento nuclear y, por el contrario, hasta acusó a EEUU de haber redactado en septiembre de 2006 “un informe “deshonesto e indignante" sobre el uranio” (2).
La amenaza de bombardeo nuclear abarca prácticamente al mundo entero. Rusia y China, están dentro de esos cálculos imperiales. Pero también lo está América Latina y el Caribe. Los pretextos para hacerlo ya aparecieron. Jim Stavrides, jefe del Comando Sur, acaba de declarar: “Consideraremos a América Latina y el Caribe como tornándose muy probablemente en bases [de grupos islámicos, tipo Hesbollah] para futuras amenazas terroristas” contra Estados Unidos y otros países. Ridiculizando estas palabras, Mauro Sposito, jefe de los controles fronterizos de la Policía Federal de Brasil, respondió: “Si yo fuera un terrorista lanzaría un ataque desde Inglaterra. Los latimos enfrentamos 10 veces más controles que los europeos en las fronteras de Estados Unidos” (3).
EEUU ya demostró de lo que es capaz: ha sido el único país del mundo que ha lanzado bombas atómicas contra otro: en agosto de 1945, lo hizo contra dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Y lejos de reconocer este hecho terrorista -el mayor de la historia de la humanidad- como un acto que jamás debe repetirse, EEUU ha establecido en firme el código Hiroshima, mismo del que se valió para perpetrar semejante genocidio, sin dar muestras de arrepentimiento alguno por ello; por el contrario, nuevos documentos demuestran la permanencia de este código criminal en los planes guerreristas de Washington (4).
Durante la segunda guerra mundial, EEUU concibió la idea de bombardear de esa misma forma a la Unión Soviética ; pero entonces sobre los yanquis se impuso el realismo político, pues ejecutando semejante propósito no podrían en modo alguno destruir a su más poderoso rival que, desde 1949, se hizo de su propio armamento atómico. Pero la intención de mostrarle a la URSS su poderío atómico, en 1945, movió al imperio yanqui a atacar al Japón. Así comenzó la Guerra Fría. No fue Truman con un discurso de 1947 el que la proclamó, sino el estallido de dos bombas atómicas. Por cierto, Japón se rindió no tanto por el efecto del bombardeo atómico sobre su territorio, como por el ataque aéreo al que lo sometió la URSS desde Manchuria el 8 de agosto de 1945, así como por la utilización de un millón y medio de soldados rusos en su contra (5).
La estulticia y la condición rastrera de la derecha
Los adeptos del imperio capitalista, hegemonizado por EEUU, existen por todo el orbe. Pero ser adepto de algo no necesariamente vuelve ciego al portador de semejante condición; no lo hace adoptar una posición forzosamente estúpida ni, mucho menos, hacerse el harakiri, creyendo que las amenazas imperiales jamás lo puedan alcanzar.
Sea por interés material, cobardía, temor, servilismo o estupidez, o por todo esto a la vez, por todas partes, los medios de derecha dan siempre o casi siempre la razón al imperio. Creyéndose quizá hijos adoptivos del imperio yanqui, hacen propias, sólo que sin sentido irónico, las palabras que William Dean Howells plasmó en un cuento publicado hace cien años: “¡Qué maravilla es tener un país que no se puede equivocar, pero si lo hace, tiene razón, en todo caso!” (6).
En el ámbito local, en los medios y por el lugar en que fue pronunciado”.
El mensaje antiimperialista de Ortega en la ONU -y no el supuesto de desaprovechar dicho foro en función de solicitar apoyo para los damnificados de la costa atlántica, afectados por el huracán “Félix”- fue, en verdad, lo que disgustó sobremanera a las “fuerzas democráticas” del país; mismas que, en siglos, habiendo carecido de agenda social, ahora se muestran “preocupadas” por los salarios, los puestos de trabajo, la salud y la educación de todos; por los médicos, los maestros, las enfermeras, la autonomía de la costa atlántica, los obreros, los campesinos, etc., pese a que dichas fuerzas públicamente han reconocido que nadie es suficientemente desprendido como para pensar en los demás.
En este país, un manual de geografía de sexto grado presenta a la Amazonia y Pantanal brasileños como territorios bajo custodia estadounidense y de Naciones Unidas, argumentando que la Amazonia se encuentra “localizada en América del Sur, una de las regiones más pobres del mundo y cercada por países irresponsables, crueles y autoritarios” (7).
A los adeptos del imperio, a los incrédulos e ingenuos que creen en la inocencia de la actuación yanqui-europea en el orbe, a aquellos de entre ellos que posean todavía capacidad de reflexión, vayan las siguientes palabras de Fidel: “Se sabe cómo y cuándo puede estallar una guerra, pero no se sabe cómo y cuándo pueda terminar”. Pero vaya a las mismas personas, sobre todo, esta advertencia del mandatario cubano a Bush, plasmada en su Declaración pública del 22 de octubre del presente año: “No ataque a otros, no amenace a la humanidad con una guerra nuclear. Los pueblos se defenderán y en esa hoguera perecerían todos” (8).
Notas
1) Discurso pronunciado en Río de Janeiro por el Comandante en Jefe en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el 12 de junio de 1992
2). Joan Pedro. Escalada Mediática Contra Irán. http://www.alterzoom.org/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=58
3). Reuters. “USA: Vencido en Irak, el imperio apunta sus misiles hacia América”.
4). Antonio Maira. “El Código Hiroshima ”. http://www.insurgen te.org/modules. php?name= News&file=article&sid=11321
5). Hiroshima y Nagasaki. www.ajzanier.com.ar/hiroshima .htm
6). Citado por Norman Solomon en: “Los Estados Unidos de la Violencia ”. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=57893
7). Los libros de geografía de USA están mostrando el mapa del Brasil amputado, sin el Amazonas y el Pantanal. http://bolivariano35.free.fr/?p=79
8). htttp://www.cubadebate.cu/index.php?tpl=design/especiales.tpl.html&newsid_obj_id=10138
Si once ricos dominan México, menos de mil someten al mundo
Pedro Echeverría V.
1. En México existen más de 106 millones de habitantes, pero sólo 11 ricos marcan el estilo de vida de los mexicanos. Son diez hombres y una mujer los multimillonarios de México, los once empresarios que más influyen en nuestra vida privada. Lo que puede observarse es el resultado de su habilidad para no tener competencia, para hacer su voluntad, explicó el periodista Jorge Zepeda Patterson, al presentar su libro: “Los amos de México”. Ellos mueven los hilos de cada día en nuestro país: Carlos Slim (Teléfonos, Grupo Carso); Emilio Azcárraga Jean (Televisa); Alberto Bailleres (Minera Peñoles); Roberto Hernández Ramírez (Banquero y hotelero); Lorenzo Servitje (pan Bimbo); Lorenzo Zambrano (CEMEX); Roberto González Barrera (Maseca y Banorte) y María Asunción Aramburuzabala (Grupo Modelo), que por fortunas heredadas o forjadas en imperios, son capaces de que los políticos se subordinen a sus intereses.
2. Como nuevos miembros de la lista se incluye a Olegario Vázquez Raña: zar de la salud privada en México, dueño de los hoteles Camino Real, Excélsior, etcétera, porque era uno de los más dinámicos en los últimos años. Alejandro Ramírez, de Cinépolis, no está entre los 20 más ricos del país, tampoco Jorge Vergara el dueño de Chivas y Omnilife, pero fueron estudiados porque ambos son los capitales más dinámicos de sus regiones. En la lista faltan varios: Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y tiendas; Jerónimo Arango, Aurrerá/Wal Mart; Isaac Saba, Medicinas, textiles y hoteles; Alfredo Harp Helú, Inbursa, Banamex, Bolsa de Valores, así como Alejo Peralta de Iusacel. Hay muchos más multimillonarios, pero los que deciden sobre programas económicos y políticos son esos personajes arriba nombrados. Son el verdadero poder tras el trono; son los que deciden por encima del presidente y demás poderes.
3. El dominio de multimillonarios en México no es nuevo; tampoco algún país capitalista escapa de que un puñado de ricos lo domine. Aunque la enorme mayoría de los habitantes lo ignoren, los más perspicaces estudiosos, periodistas, universitarios, están enterados de esa realidad e incluso los investigadores políticos poseen las listas de las empresas donde tienen sus negocios y capitales. Antes esos personajes caminaban erguidos presumiendo sus grandes propiedades y riquezas, pero desde hace unos 30 años (al mismo ritmo en que creció la miseria y el desempleo en la población) viven en mansiones rodeadas por policías y toda la familia es seguida por guardaespaldas. Esos personajes y sus familias son los más preocupados porque el gobierno coloque en primer lugar el llamado combate contra la inseguridad, los asaltos, secuestros y el robo. Por eso también hoy intervienen más para que los gobiernos se subordinen a sus deseos.
4. Algunas personas escasamente informadas siguen pensando que en los EEUU, Inglaterra, Francia o Alemania, Italia (bautizados entre ellos mismos como “países democráticos”) son democracias reales, es decir, gobiernos del pueblo y para el pueblo, como la definiera Lincoln. Sin embargo, la realidad es muy distinta: en cada uno de esos países dominan unos 10 o 20 grandes banqueros, industriales e inversionistas. Lo cierto es que coinciden totalmente con la definición nada cínica de nuestro “eximio” presidente Fox ante empresarios extranjeros cuando dijo: “El gobierno democrático de México es de empresarios, por y para empresarios”. Personajes ampliamente conocidos como los Rockefeller, Gate, Buffet, Brin, Page, Morgan, Murdoch, Berlusconi, etcétera, controlan la economía, la industria de guerra o los medios de comunicación de cada una de esas naciones. ¿No sería mejor decir que los ricos someten “democráticamente” a los pobres?
5. Antes de 1982, la política en México era diferente: los banqueros, industriales y grandes comerciantes intervenían en política indirectamente, de manera sutil o, de plano, lo hacían a escondidas. Lo mismo hacían los políticos cuando visitaban a los empresarios o a los miembros del clero. Aunque el presidente y los secretarios de su gabinete acudían a reuniones empresariales, los priístas, por proclamar “principios revolucionarios” cuidaban mucho sus apariencias. Los del PRI se acercaban más a la izquierda, aunque también se cuidaban de que no los calificaran de comunistas o amigos de ellos. Sin embargo, a partir de 1982 las relaciones políticas cambiaron radicalmente. Al proclamar De la Madrid que “el Estado devolverá a la sociedad lo que le había quitado”, es decir, el estado se “adelgazaría” en beneficio de los empresarios privados, entregándoles (a precios bajos”) bancos estatizados, empresas paraestatales y demás.
6. Salinas de Gortari, siendo presidente, reunió en febrero de 1993 a 29 magnates (de los más ricos de México) y les dijo: “Son ustedes hombres triunfadores, exitosos, con gran poder de convocatoria, gracias a lo cual están en condiciones para reunir los 75 millones de nuevos pesos”. Ortiz Mena, exsecretario de Hacienda dijo: En México hay dos partidos: el PAN y el PRI y es necesario conservar a este último como primer partido, porque no puede darse el lujo de pasar a segundo plano. No mencionó al PRD que tenía ya cuatro años. Ortiz les propuso reunir cada uno 75 millones de nuevos pesos. Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa y hombre más rico dijo: “He ganado tanto dinero en estos años que me comprometo a aportar una cantidad mayor”. Así funcionaba el PRI, por eso Felipe Calderón en sus primeros actos de campaña convocaba a los empresarios para pedirles dinero de manera descarada y abierta.
7. López Obrador, el candidato del PRD, despreció invitaciones empresariales, incluso se atrevió a criticarlos. Zepeda Patterson, cuando le han preguntado si los empresarios participan apoyando a partidos, él responde: Sin duda. Algunos participaron mucho y otros...también. Servitje de Bimbo apoyó explícitamente las campañas a favor de Calderón y en contra de AMLO; Roberto Hernández (el ex de Banamex) enemigo declarado de El Peje, también hizo lo suyo. Slim operó para influir pero con un pie en cada uno de los partidos. Hay muchas relaciones entre los poderosos políticos y los empresarios. Por ejemplo, uno de los capítulos es sobre Roberto González Barrera, el Maseco, dueño de Banorte y de Maseca. Uno de los más ricos del país. Su hija está casada con un hijo de Hank González. Es decir su nieto se llama Carlos Hank González. Una hija de Pedro Aspe casada con un hijo de Bailleres, una hija de Servitje casada con el que fue de comunicación social de Zedillo.
8. Por ese dominio empresarial, aunado a la asociación de las organizaciones empresariales con inversionistas y gobierno norteamericano, resultan muy difíciles los avances de organizaciones de izquierda electoral. Cuando son grupos u organismos pequeños pueden mantener su radicalismo en beneficio de los sectores mayoritarios de la población, pero para crecer tienen que realizar alianzas con la clase empresarial y el gobierno. O son organismos pequeños, aislados y radicales o crecen con la protección y apoyo de la burguesía para luego convertirse en más de lo mismo, incluso en enemigos de los mismos trabajadores. Hay varias decenas de diputados y senadores en los partidos políticos que están al servicio de los grupos empresariales. Personajes como Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los diputados del PRI, es el que se muestra más abiertamente, pero más de 50 no hablan pero sí votan y convencen a otros. ¿Qué hacer?
1. En México existen más de 106 millones de habitantes, pero sólo 11 ricos marcan el estilo de vida de los mexicanos. Son diez hombres y una mujer los multimillonarios de México, los once empresarios que más influyen en nuestra vida privada. Lo que puede observarse es el resultado de su habilidad para no tener competencia, para hacer su voluntad, explicó el periodista Jorge Zepeda Patterson, al presentar su libro: “Los amos de México”. Ellos mueven los hilos de cada día en nuestro país: Carlos Slim (Teléfonos, Grupo Carso); Emilio Azcárraga Jean (Televisa); Alberto Bailleres (Minera Peñoles); Roberto Hernández Ramírez (Banquero y hotelero); Lorenzo Servitje (pan Bimbo); Lorenzo Zambrano (CEMEX); Roberto González Barrera (Maseca y Banorte) y María Asunción Aramburuzabala (Grupo Modelo), que por fortunas heredadas o forjadas en imperios, son capaces de que los políticos se subordinen a sus intereses.
2. Como nuevos miembros de la lista se incluye a Olegario Vázquez Raña: zar de la salud privada en México, dueño de los hoteles Camino Real, Excélsior, etcétera, porque era uno de los más dinámicos en los últimos años. Alejandro Ramírez, de Cinépolis, no está entre los 20 más ricos del país, tampoco Jorge Vergara el dueño de Chivas y Omnilife, pero fueron estudiados porque ambos son los capitales más dinámicos de sus regiones. En la lista faltan varios: Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y tiendas; Jerónimo Arango, Aurrerá/Wal Mart; Isaac Saba, Medicinas, textiles y hoteles; Alfredo Harp Helú, Inbursa, Banamex, Bolsa de Valores, así como Alejo Peralta de Iusacel. Hay muchos más multimillonarios, pero los que deciden sobre programas económicos y políticos son esos personajes arriba nombrados. Son el verdadero poder tras el trono; son los que deciden por encima del presidente y demás poderes.
3. El dominio de multimillonarios en México no es nuevo; tampoco algún país capitalista escapa de que un puñado de ricos lo domine. Aunque la enorme mayoría de los habitantes lo ignoren, los más perspicaces estudiosos, periodistas, universitarios, están enterados de esa realidad e incluso los investigadores políticos poseen las listas de las empresas donde tienen sus negocios y capitales. Antes esos personajes caminaban erguidos presumiendo sus grandes propiedades y riquezas, pero desde hace unos 30 años (al mismo ritmo en que creció la miseria y el desempleo en la población) viven en mansiones rodeadas por policías y toda la familia es seguida por guardaespaldas. Esos personajes y sus familias son los más preocupados porque el gobierno coloque en primer lugar el llamado combate contra la inseguridad, los asaltos, secuestros y el robo. Por eso también hoy intervienen más para que los gobiernos se subordinen a sus deseos.
4. Algunas personas escasamente informadas siguen pensando que en los EEUU, Inglaterra, Francia o Alemania, Italia (bautizados entre ellos mismos como “países democráticos”) son democracias reales, es decir, gobiernos del pueblo y para el pueblo, como la definiera Lincoln. Sin embargo, la realidad es muy distinta: en cada uno de esos países dominan unos 10 o 20 grandes banqueros, industriales e inversionistas. Lo cierto es que coinciden totalmente con la definición nada cínica de nuestro “eximio” presidente Fox ante empresarios extranjeros cuando dijo: “El gobierno democrático de México es de empresarios, por y para empresarios”. Personajes ampliamente conocidos como los Rockefeller, Gate, Buffet, Brin, Page, Morgan, Murdoch, Berlusconi, etcétera, controlan la economía, la industria de guerra o los medios de comunicación de cada una de esas naciones. ¿No sería mejor decir que los ricos someten “democráticamente” a los pobres?
5. Antes de 1982, la política en México era diferente: los banqueros, industriales y grandes comerciantes intervenían en política indirectamente, de manera sutil o, de plano, lo hacían a escondidas. Lo mismo hacían los políticos cuando visitaban a los empresarios o a los miembros del clero. Aunque el presidente y los secretarios de su gabinete acudían a reuniones empresariales, los priístas, por proclamar “principios revolucionarios” cuidaban mucho sus apariencias. Los del PRI se acercaban más a la izquierda, aunque también se cuidaban de que no los calificaran de comunistas o amigos de ellos. Sin embargo, a partir de 1982 las relaciones políticas cambiaron radicalmente. Al proclamar De la Madrid que “el Estado devolverá a la sociedad lo que le había quitado”, es decir, el estado se “adelgazaría” en beneficio de los empresarios privados, entregándoles (a precios bajos”) bancos estatizados, empresas paraestatales y demás.
6. Salinas de Gortari, siendo presidente, reunió en febrero de 1993 a 29 magnates (de los más ricos de México) y les dijo: “Son ustedes hombres triunfadores, exitosos, con gran poder de convocatoria, gracias a lo cual están en condiciones para reunir los 75 millones de nuevos pesos”. Ortiz Mena, exsecretario de Hacienda dijo: En México hay dos partidos: el PAN y el PRI y es necesario conservar a este último como primer partido, porque no puede darse el lujo de pasar a segundo plano. No mencionó al PRD que tenía ya cuatro años. Ortiz les propuso reunir cada uno 75 millones de nuevos pesos. Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa y hombre más rico dijo: “He ganado tanto dinero en estos años que me comprometo a aportar una cantidad mayor”. Así funcionaba el PRI, por eso Felipe Calderón en sus primeros actos de campaña convocaba a los empresarios para pedirles dinero de manera descarada y abierta.
7. López Obrador, el candidato del PRD, despreció invitaciones empresariales, incluso se atrevió a criticarlos. Zepeda Patterson, cuando le han preguntado si los empresarios participan apoyando a partidos, él responde: Sin duda. Algunos participaron mucho y otros...también. Servitje de Bimbo apoyó explícitamente las campañas a favor de Calderón y en contra de AMLO; Roberto Hernández (el ex de Banamex) enemigo declarado de El Peje, también hizo lo suyo. Slim operó para influir pero con un pie en cada uno de los partidos. Hay muchas relaciones entre los poderosos políticos y los empresarios. Por ejemplo, uno de los capítulos es sobre Roberto González Barrera, el Maseco, dueño de Banorte y de Maseca. Uno de los más ricos del país. Su hija está casada con un hijo de Hank González. Es decir su nieto se llama Carlos Hank González. Una hija de Pedro Aspe casada con un hijo de Bailleres, una hija de Servitje casada con el que fue de comunicación social de Zedillo.
8. Por ese dominio empresarial, aunado a la asociación de las organizaciones empresariales con inversionistas y gobierno norteamericano, resultan muy difíciles los avances de organizaciones de izquierda electoral. Cuando son grupos u organismos pequeños pueden mantener su radicalismo en beneficio de los sectores mayoritarios de la población, pero para crecer tienen que realizar alianzas con la clase empresarial y el gobierno. O son organismos pequeños, aislados y radicales o crecen con la protección y apoyo de la burguesía para luego convertirse en más de lo mismo, incluso en enemigos de los mismos trabajadores. Hay varias decenas de diputados y senadores en los partidos políticos que están al servicio de los grupos empresariales. Personajes como Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los diputados del PRI, es el que se muestra más abiertamente, pero más de 50 no hablan pero sí votan y convencen a otros. ¿Qué hacer?
Venezuela destinará Bs. 63,3 billones a la inversión social en 2008
ABN
El próximo año, la República Bolivariana de Venezuela destinará a la inversión social el 46,1% de su Producto Interno Bruto (PIB), cifra que se traduce en 63,39 billones de bolívares (Bs.F.63,39 millardos), según el Presupuesto de la Nación 2008, aprobado este jueves en plenaria de la Asamblea Nacional.
Dicha cifra, fijada sobre la base de un alza de 6% en los ingresos globales para un quinto año consecutivo de crecimiento, representa un aumento de 5 y 6 puntos porcentuales en comparación con lo asignado en 2006 y 2007 para tal fin, respectivamente.
En este sentido, se prevé un fortalecimiento de las políticas de inclusión social y atención integral a la población venezolana en materia de educación, salud, vivienda, alimentación y empleo, entre otras, a fin de avanzar hacia la erradicación de la pobreza y el mejoramiento continuo de la calidad de vida.
Las misiones sociales que adelanta el Gobierno Nacional, tales como: Robinson, Ribas, Sucre, Guaicaipuro, Negra Hipólita, Barrio Adentro, Madres del Barrio, Identidad, Milagro, Vuelvan Caras y Piar, contarán con 5,5 millardos de bolívares (Bs.F. 5,5 millones), cifra que se traduce en un aumento del 61,6% con respecto al 2007.
Sólo en materia educativa, el Estado invertirá, a través de los ministerios del Poder Popular para la Educación y para la Educación Superior, un 21,7% de los ingresos previstos para el 2008, lo que ubica a Venezuela como el país que más recursos destina a la promoción de los saberes en toda América Latina.
Asimismo, asignará 7,88 millardos de bolívares para pensiones de los adultos mayores, lo cual representa un 14% de incremento con relación al 2007 y 6 millardos de bolívares para el programa de subsidio del pasaje estudiantil (137% más que en el presupuesto vigente), con lo que se atienden necesidades básicas de los ancianos y la comunidad estudiantil.
Además, el nuevo presupuesto incorpora más de un billón de bolívares fuertes para el pago de pasivos laborales de funcionarios, activos y jubilados, de la administración pública, con lo que se pretenden reivindicar los derechos de los trabajadores venezolanos.
Por su parte, los consejos comunales (cuya meta es conformar 10 mil en todo el territorio nacional), percibirán al menos 3,42 billones de bolívares para la ejecución, en 2008, de obras de infraestructura y programas social que vayan en pro del desarrollo local.
Tales medidas presupuestarias permitirán que el país continúe por la senda del desarrollo humano, al tiempo que avanza en la construcción de una sociedad bolivariana y socialista con plena justicia social.
El próximo año, la República Bolivariana de Venezuela destinará a la inversión social el 46,1% de su Producto Interno Bruto (PIB), cifra que se traduce en 63,39 billones de bolívares (Bs.F.63,39 millardos), según el Presupuesto de la Nación 2008, aprobado este jueves en plenaria de la Asamblea Nacional.
Dicha cifra, fijada sobre la base de un alza de 6% en los ingresos globales para un quinto año consecutivo de crecimiento, representa un aumento de 5 y 6 puntos porcentuales en comparación con lo asignado en 2006 y 2007 para tal fin, respectivamente.
En este sentido, se prevé un fortalecimiento de las políticas de inclusión social y atención integral a la población venezolana en materia de educación, salud, vivienda, alimentación y empleo, entre otras, a fin de avanzar hacia la erradicación de la pobreza y el mejoramiento continuo de la calidad de vida.
Las misiones sociales que adelanta el Gobierno Nacional, tales como: Robinson, Ribas, Sucre, Guaicaipuro, Negra Hipólita, Barrio Adentro, Madres del Barrio, Identidad, Milagro, Vuelvan Caras y Piar, contarán con 5,5 millardos de bolívares (Bs.F. 5,5 millones), cifra que se traduce en un aumento del 61,6% con respecto al 2007.
Sólo en materia educativa, el Estado invertirá, a través de los ministerios del Poder Popular para la Educación y para la Educación Superior, un 21,7% de los ingresos previstos para el 2008, lo que ubica a Venezuela como el país que más recursos destina a la promoción de los saberes en toda América Latina.
Asimismo, asignará 7,88 millardos de bolívares para pensiones de los adultos mayores, lo cual representa un 14% de incremento con relación al 2007 y 6 millardos de bolívares para el programa de subsidio del pasaje estudiantil (137% más que en el presupuesto vigente), con lo que se atienden necesidades básicas de los ancianos y la comunidad estudiantil.
Además, el nuevo presupuesto incorpora más de un billón de bolívares fuertes para el pago de pasivos laborales de funcionarios, activos y jubilados, de la administración pública, con lo que se pretenden reivindicar los derechos de los trabajadores venezolanos.
Por su parte, los consejos comunales (cuya meta es conformar 10 mil en todo el territorio nacional), percibirán al menos 3,42 billones de bolívares para la ejecución, en 2008, de obras de infraestructura y programas social que vayan en pro del desarrollo local.
Tales medidas presupuestarias permitirán que el país continúe por la senda del desarrollo humano, al tiempo que avanza en la construcción de una sociedad bolivariana y socialista con plena justicia social.
Algunos breves comentarios acerca de los resultados macroeconómicos de Venezuela para el tercer trimestre 2007
Alexis David Mujica Martínez
Aporrea
Antes todo mis saludos compatriotas. Quiero comenzar disculpándome porque seguramente podré parecerles un poco técnico por lo que voy a decirles. Sin embargo, es necesario hacerlo de esta forma; con la finalidad de explicarles lo mejor posible el contenido del informe que presentó el BCV respecto a los resultados macroeconómicos obtenidos por nuestro país en el tercer trimestre de 2007. Esto teniendo en cuenta el recurrente empeño de algunos “medios de comunicación” quienes siempre le colocan el toque de manipulación a cuanto dicen acerca de la actuación del gobierno bolivariano y revolucionario, presidido por el comandante Chávez.
1. La economía venezolana sigue a paso de vencedores, prueba de ello es que llevamos 16 trimestres seguidos de crecimiento económico con un promedio de 12,1% (uno de los más altos de Latinoamérica y el mundo en general) y que en el tercero de este año el PIB subió 8,7% comparado con el trimestre anterior. Es decir, queridos amigos y amigas, la producción total de bienes y servicios dentro de nuestro país se elevó de Bs. 13 billones 90.996 millones a Bs. 14 billones 232.452 millones. Lo que contraria y pone al desnudo a los pájaros del mal agüero de FEDECAMARAS, quienes viven declarando de manera sumamente irresponsable que estamos en una “debacle económica”.
2. La cantidad total de productos (bienes y servicios) adquiridos por los compradores venezolanos, medido con un indicador llamado demanda agregada creció 18%. Algunos de los pseudos analistas de la oposición podría decir que se debe a compras del Estado, pero un análisis más profundo demuestra que no es así. Ya que el consumo final privado aumentó 20,4% mientras que el consumo final del Estado lo hizo un 4,5%. Todo esto significa que a nivel general el venezolano está comprando más debido a un mayor poder adquisitivo, lo que abre espacios para que empresarios responsables inviertan en el país.
3. Y hablando de empresarios responsables e inversión, debemos señalar que la oferta agregada, es decir, el total de los bienes y servicios que los productores ponen a disposición de los venezolanos, creció en 15,1%. Asimismo, la inversión en capital fijo (FBKF) aumentó 17,3%, lo que se traduce en que las empresas y demás unidades de producción adquirieron 17,3% más maquinarias y equipos destinados a incrementar su capacidad productiva.
4. Como puede observarse en los numerales 2 y 3, aún existe un diferencial entre la oferta agregada y la demanda agregada de 2,9% a favor de la segunda. Lo que explica la falta de algunos productos en el mercado, pero no porque el Gobierno esté estrangulando al sector empresarial como algunos personajes tratan hacer ver, sino a que no ha habido suficiente respuesta por parte de los productores; quienes a pesar de elevar la producción considerablemente no logran satisfacer a los voraces y necesitados consumidores venezolanos.
5. De igual forma, están aquellos que aprovechan las tribunas de los canales privados de televisión para despotricar y decir que se está destruyendo al sector privado, pero que nunca en sus sesudos análisis comentan que la industria manufacturera privada incrementó su producción en 8%. Así las cosas, es obligatorio destacar que el sector privado contribuyó con 61,4% del PIB, entonces surge esta pregunta: ¿Por qué insisten en decir que el Estado no apoya al empresario privado y que vamos hacia una estatización de la economía para meterle miedo a algunos incautos? Respuesta: Porque no sirven a los intereses del país y realmente no les interesa un sector productivo nacional fuerte, sino profundizar el modelo de economía de puertos que les da ganancias rápidas con poca inversión.
Es por todo lo anterior que digo con toda la responsabilidad que VENEZUELA VA POR BUEN CAMINO!!! Claro que debemos mejorar muchísimo más en cuanto a generación de empleo, distribución de la riqueza e inflación se refiere, sobre todo en el control del nivel de precios que sigue siendo la tarea pendiente de la política económica de la revolución; pero seamos sinceros nunca en la IV República el panorama económico lució tan esperanzador y promisorio. Por eso si queremos profundizar el modelo bolivariano digamos “SÍ y SÍ” a la Reforma Constitucional.
*: Economista y profesor universitario.
alexisdavidmujica@gmail.com
Aporrea
Antes todo mis saludos compatriotas. Quiero comenzar disculpándome porque seguramente podré parecerles un poco técnico por lo que voy a decirles. Sin embargo, es necesario hacerlo de esta forma; con la finalidad de explicarles lo mejor posible el contenido del informe que presentó el BCV respecto a los resultados macroeconómicos obtenidos por nuestro país en el tercer trimestre de 2007. Esto teniendo en cuenta el recurrente empeño de algunos “medios de comunicación” quienes siempre le colocan el toque de manipulación a cuanto dicen acerca de la actuación del gobierno bolivariano y revolucionario, presidido por el comandante Chávez.
1. La economía venezolana sigue a paso de vencedores, prueba de ello es que llevamos 16 trimestres seguidos de crecimiento económico con un promedio de 12,1% (uno de los más altos de Latinoamérica y el mundo en general) y que en el tercero de este año el PIB subió 8,7% comparado con el trimestre anterior. Es decir, queridos amigos y amigas, la producción total de bienes y servicios dentro de nuestro país se elevó de Bs. 13 billones 90.996 millones a Bs. 14 billones 232.452 millones. Lo que contraria y pone al desnudo a los pájaros del mal agüero de FEDECAMARAS, quienes viven declarando de manera sumamente irresponsable que estamos en una “debacle económica”.
2. La cantidad total de productos (bienes y servicios) adquiridos por los compradores venezolanos, medido con un indicador llamado demanda agregada creció 18%. Algunos de los pseudos analistas de la oposición podría decir que se debe a compras del Estado, pero un análisis más profundo demuestra que no es así. Ya que el consumo final privado aumentó 20,4% mientras que el consumo final del Estado lo hizo un 4,5%. Todo esto significa que a nivel general el venezolano está comprando más debido a un mayor poder adquisitivo, lo que abre espacios para que empresarios responsables inviertan en el país.
3. Y hablando de empresarios responsables e inversión, debemos señalar que la oferta agregada, es decir, el total de los bienes y servicios que los productores ponen a disposición de los venezolanos, creció en 15,1%. Asimismo, la inversión en capital fijo (FBKF) aumentó 17,3%, lo que se traduce en que las empresas y demás unidades de producción adquirieron 17,3% más maquinarias y equipos destinados a incrementar su capacidad productiva.
4. Como puede observarse en los numerales 2 y 3, aún existe un diferencial entre la oferta agregada y la demanda agregada de 2,9% a favor de la segunda. Lo que explica la falta de algunos productos en el mercado, pero no porque el Gobierno esté estrangulando al sector empresarial como algunos personajes tratan hacer ver, sino a que no ha habido suficiente respuesta por parte de los productores; quienes a pesar de elevar la producción considerablemente no logran satisfacer a los voraces y necesitados consumidores venezolanos.
5. De igual forma, están aquellos que aprovechan las tribunas de los canales privados de televisión para despotricar y decir que se está destruyendo al sector privado, pero que nunca en sus sesudos análisis comentan que la industria manufacturera privada incrementó su producción en 8%. Así las cosas, es obligatorio destacar que el sector privado contribuyó con 61,4% del PIB, entonces surge esta pregunta: ¿Por qué insisten en decir que el Estado no apoya al empresario privado y que vamos hacia una estatización de la economía para meterle miedo a algunos incautos? Respuesta: Porque no sirven a los intereses del país y realmente no les interesa un sector productivo nacional fuerte, sino profundizar el modelo de economía de puertos que les da ganancias rápidas con poca inversión.
Es por todo lo anterior que digo con toda la responsabilidad que VENEZUELA VA POR BUEN CAMINO!!! Claro que debemos mejorar muchísimo más en cuanto a generación de empleo, distribución de la riqueza e inflación se refiere, sobre todo en el control del nivel de precios que sigue siendo la tarea pendiente de la política económica de la revolución; pero seamos sinceros nunca en la IV República el panorama económico lució tan esperanzador y promisorio. Por eso si queremos profundizar el modelo bolivariano digamos “SÍ y SÍ” a la Reforma Constitucional.
*: Economista y profesor universitario.
alexisdavidmujica@gmail.com
La resistencia es rendición
Slavoj Zizek
London Review of Books
Traducido del inglés para Rebelión por S. Seguí
Una de las lecciones más evidentes de las últimas décadas es que el capitalismo es indestructible. Marx lo comparó con un vampiro, y uno de los elementos destacados de la comparación, en estos momentos, es la capacidad de los vampiros para alzarse de nuevo después de haber sido acuchillados hasta la muerte. Incluso el intento de Mao, con la Revolución Cultural, de borrar hasta el mismo rastro del capitalismo ha desembocado en su triunfal retorno.
La Izquierda de nuestros días reacciona en diferentes direcciones a la hegemonía del capitalismo global y su suplemento político, la democracia liberal. Puede, por ejemplo, aceptar la hegemonía, pero continuando la lucha por las reformas dentro del marco hegemónico (se trata aquí de la democracia social tipo Tercera Vía.)
O bien, acepta que la hegemonía va a ser permanente, pero que no obstante es posible resistir a partir de sus intersticios.
O bien, acepta la futilidad de toda lucha, dado que la hegemonía es tan amplia que no hay nada que hacer realmente, salvo esperar un estallido de divina violencia, en lo que sería una versión revolucionaria de la afirmación de Heidegger: “Sólo Dios puede salvarnos.”
O bien, reconoce la temporal futilidad de la lucha. En este momento de triunfo del capitalismo global –se afirma— no es posible una verdadera resistencia, de manera que todo lo que queda por hacer hasta tanto no se renueve el espíritu revolucionario de la clase trabajadora global es defender lo que queda del Estado del bienestar, confrontando a los detentores del poder a demandas que sabemos que no pueden satisfacer, y por lo demás retirarse a los estudios culturales, donde uno pueda continuar en silencio su trabajo de crítica.
O bien, hace hincapié en el hecho de que el problema es más fundamental, y que el capitalismo globalizado es en última instancia un efecto de los principios subyacentes de la tecnología o la razón instrumental.
O bien, postula que se puede socavar el capitalismo global y el poder del Estado no mediante un ataque directo sino mediante una reubicación del ámbito de la lucha en la práctica cotidiana, en la que se pueda construir un mundo nuevo. De este modo, los fundamentos del poder del capital y el Estado irán siendo socavados gradualmente y, en algún momento, el Estado se derrumbará (un ejemplo de este enfoque lo constituye el movimiento zapatista.)
O bien, toma la ruta postmoderna, trasladando el acento de la lucha anticapitalista a las múltiples formas de lucha político-ideológica por la hegemonía, haciendo hincapié en la importancia de una nueva articulación del discurso.
O bien, apuesta por la repetición, a escala postmoderna, del gesto marxista clásico de instaurar la determinación negativa del capitalismo: con el actual incremento del trabajo cognitivo, la contradicción entre la producción social y las relaciones capitalistas se ha hecho más flagrante que nunca, y hace posible por primera vez la democracia absoluta (en lo que sería la posición de Hardt y Negri.)
Estas posiciones no se presentan como un modo de evitar otras auténticas políticas radicales de izquierda, sino que lo que tratan de manifestar es, sin duda, la falta de una posición de ese tipo. Sin embargo, esta derrota de la Izquierda no es toda la historia de estos últimos treinta años. Hay otra lección, no menos sorprendente, que merece aprenderse de los comunistas chinos, que están presidiendo lo que podríamos calificar como el más explosivo desarrollo del capitalismo en toda la historia, y del crecimiento de la Tercera Vía socialdemócrata en Europa Occidental. Puede concretarse, en pocas palabras, en la frase: podemos hacerlo mejor. En el Reino Unido, la revolución de Margaret Thatcher fue, en su momento, caótica e impulsiva, y estuvo marcada por una serie de contingencias imprevisibles. Fue más tarde Tony Blair quien fue capaz de instituirlo o, por decirlo en palabras de Hegel, elevar (lo que parecía en un primer momento) una contingencia, un accidente histórico, al rango de necesidad. Thatcher no era thatcherista, era sólo ella misma; ha sido Blair (más que John Major) quien realmente ha dado forma al thatcherismo.
La respuesta de algunos críticos de la Izquierda postmoderna a este dilema es convocar a una nueva política de resistencia. Se acusa a aquellos que siguen insistiendo en luchar contra el poder del Estado, por no hablar de tomarlo, de permanecer anclados en el viejo paradigma: la tarea de hoy día, dicen sus críticos, es resistir al poder del Estado retirándose de su terreno y creando nuevos espacios fuera de su control. Esto es, por supuesto, lo contrario a aceptar el triunfo del capitalismo. Las políticas de resistencia no son sino el suplemento moralizante a la izquierda de la Tercera Vía.
El reciente libro de Simon Critchley Infinitely Demanding (Infinitamente exigentes) es la cristalización casi perfecta de esta posición. Para Critchley, el Estado liberal-democrático no es algo pasajero. Los intentos de abolir el Estado han fallado miserablemente; por consiguiente, la nueva política debe ubicarse a una cierta distancia de él: movimientos contra la guerra, organizaciones ecologistas, grupos de protesta contra los abusos racistas o sexuales, y otras formas de autoorganización. Tiene que ser una política de resistencia al Estado, de bombardeo del Estado con demandas imposibles, de denuncia de las limitaciones de los mecanismos del Estado. El principal argumento para desarrollar las políticas de resistencia a cierta distancia del Estado gira en torno a la dimensión ética de la demanda, infinitamente exigente, de justicia: no hay ningún Estado que pueda hacer caso omiso a esta llamada, por cuanto su objetivo último, inscrito en su realpolitik, es el de hacer posible su propia reproducción (su crecimiento económico, seguridad pública, etc.)
Critchley escribe:
“Es evidente que la Historia la escriben, por lo general, quienes disponen de porras y armas de fuego, y que uno no puede esperar derrotarlos mediante la sátira burlona o con plumeros para el polvo. Sin embargo, tal como la historia del nihilismo ultraizquierdista muestra con toda elocuencia, en el momento en que uno toma en sus manos una porra o un arma de fuego está ya perdido. La resistencia política anárquica no debería pretender imitar o reflejar la violenta soberanía arcaica a la que se enfrenta.”
Así pues, ¿qué deberían hacer, por ejemplo, los seguidores estadounidenses del Partido Demócrata? ¿Dejar de competir por el poder del Estado y retirarse a los intersticios de éste, dejar el poder estatal a los republicanos y comenzar una campaña de resistencia anárquica? ¿Y qué haría Critchley si se enfrentase a un adversario como Hitler? Sin duda, en un caso así uno debería “imitar o reflejar la violenta soberanía arcaica” a la que se enfrenta. ¿No debería la Izquierda establecer una distinción entre las circunstancias en que se puede recurrir a la violencia en la confrontación con el Estado, y aquéllas en las que todo lo que uno puede y debe hacer es utilizar la sátira burlona o el plumero para el polvo? La ambigüedad de la posición de Critchley emana de una extraña incongruencia: ¿si el Estado no es algo pasajero, si es imposible abolirlo (o abolir el capitalismo), ¿por qué retirarse? ¿por qué no actuar con (en) el Estado? ¿por qué no aceptar la premisa básica de la Tercera Vía? ¿por qué limitarse a una política que, tal como señala Critchley, pone en cuestión al Estado y pasa cuentas al orden establecido, no para deshacerse del Estado, por deseable que pudiera ser en sentido utópico, sino a fin de mejorarlo o atenuar sus efectos perniciosos?
Estas palabras simplemente demuestran que el Estado liberal-democrático de hoy y el sueño de una política anárquica infinitamente exigente existen en una situación de mutuo parasitismo: agentes anarquistas se dedican al pensamiento ético mientras que el Estado se ocupa de gestionar y regular la sociedad. El agente ético-político anárquico de Critchley actúa como un superego, bombardeando confortablemente al Estado con sus exigencias; a su vez, cuanto más intenta el Estado satisfacer estas exigencias, más culpable aparece. De conformidad con esta lógica, los agentes anárquicos centran su protesta no en las dictaduras declaradas sino en la hipocresía de las democracias liberales, a las que acusan de traicionar los mismos principios que aseguran profesar.
Las grandes manifestaciones de Londres y Washington contra el ataque estadounidense a Irak, hace unos años, ofrecen un caso paradigmático de esta extraña relación simbiótica entre poder y resistencia. El paradójico resultado fue que ambas partes estuvieron satisfechas. Los que protestaban salvaron sus hermosas almas y dejaron bien claro que no estaban de acuerdo con la política del gobierno hacia Irak. Los que estaban en el poder lo aceptaron sin alboroto, e incluso se aprovecharon de ello: no solamente las propuestas no modificaron de ningún modo la decisión ya adoptada de atacar Irak, sino que incluso la legitimaron. Así, la reacción de George Bush a las masivas manifestaciones de protesta durante su visita a Londres, fue decir: “Ya ven, esto es por lo que luchamos, para hacer posible que lo que la gente hace aquí –protestar contra la política de su gobierno— sea posible también en Irak.”
Resulta llamativo que el rumbo tomado por Hugo Chávez desde 2006 sea el diametralmente opuesto al adoptado por la Izquierda postmoderna: en lugar de resistirse al poder del Estado, se apoderó de él (en un primer momento mediante un intento de golpe de Estado, luego democráticamente), utilizando sin cortapisas los aparatos del Estado venezolano para sus propios fines. Además, está militarizando los barrios y organizando la formación de unidades armadas en ellos. Y por último, la amenaza definitiva: ahora que siente los efectos económicos de la resistencia del capital a su mandato (escasez temporal de algunos productos en los supermercados subvencionados por el Estado), ha anunciado planes para consolidar los 24 partidos que lo apoyan en un único partido. Hasta algunos de sus aliados ven con escepticismo esta decisión y se preguntan si no se producirá a expensas de los movimientos populares que han dado su impulso a la revolución venezolana. Sin embargo, su opción, aunque arriesgada, debería ser apoyada sin reservas: la tarea consiste en hacer que el nuevo partido funcione no como un típico Estado socialista (o peronista), sino como un vehículo para la movilización de nuevas formas de política (como los comités de base de los barrios de chabolas). ¿Qué deberíamos decirle a alguien como Chávez: “No, no vaya usted a hacerse con el poder, retírese, deje el Estado y la actual situación en su sitio”? A menudo se minimiza a Chávez llamándolo bufón, pero ¿acaso una retirada no lo reduciría simplemente a una nueva versión del subcomandante Marcos, al que muchos izquierdistas mexicanos califican ahora de subcomediante Marcos?” Hoy, son los grandes capitalistas –Bill Gates, los contaminadores corporativos, los cazadores del zorro— quienes resisten al Estado.
La lección en todo esto es que lo verdaderamente subversivo es no insistir en exigencias infinitas que sabemos que los que están en el poder no pueden satisfacer. Dado que ellos saben que nosotros lo sabemos, esa actitud de exigencia infinita no presenta ningún problema para los que detentan el poder: “Es maravilloso que con sus exigencias críticas nos recuerden la clase de mundo en la que a todos nos gustaría vivir. Lamentablemente, vivimos en el mundo real, en el que tenemos que arreglarnos con lo que es posible.” Lo que hay que hacer, por el contrario, es bombardear a los que están en el poder con exigencias bien seleccionadas, precisas y finitas, que no puedan ser descartadas con la citada excusa.
Fuente: http://www.lrb.co.uk/v29/n22/zize01_.html
London Review of Books
Traducido del inglés para Rebelión por S. Seguí
Una de las lecciones más evidentes de las últimas décadas es que el capitalismo es indestructible. Marx lo comparó con un vampiro, y uno de los elementos destacados de la comparación, en estos momentos, es la capacidad de los vampiros para alzarse de nuevo después de haber sido acuchillados hasta la muerte. Incluso el intento de Mao, con la Revolución Cultural, de borrar hasta el mismo rastro del capitalismo ha desembocado en su triunfal retorno.
La Izquierda de nuestros días reacciona en diferentes direcciones a la hegemonía del capitalismo global y su suplemento político, la democracia liberal. Puede, por ejemplo, aceptar la hegemonía, pero continuando la lucha por las reformas dentro del marco hegemónico (se trata aquí de la democracia social tipo Tercera Vía.)
O bien, acepta que la hegemonía va a ser permanente, pero que no obstante es posible resistir a partir de sus intersticios.
O bien, acepta la futilidad de toda lucha, dado que la hegemonía es tan amplia que no hay nada que hacer realmente, salvo esperar un estallido de divina violencia, en lo que sería una versión revolucionaria de la afirmación de Heidegger: “Sólo Dios puede salvarnos.”
O bien, reconoce la temporal futilidad de la lucha. En este momento de triunfo del capitalismo global –se afirma— no es posible una verdadera resistencia, de manera que todo lo que queda por hacer hasta tanto no se renueve el espíritu revolucionario de la clase trabajadora global es defender lo que queda del Estado del bienestar, confrontando a los detentores del poder a demandas que sabemos que no pueden satisfacer, y por lo demás retirarse a los estudios culturales, donde uno pueda continuar en silencio su trabajo de crítica.
O bien, hace hincapié en el hecho de que el problema es más fundamental, y que el capitalismo globalizado es en última instancia un efecto de los principios subyacentes de la tecnología o la razón instrumental.
O bien, postula que se puede socavar el capitalismo global y el poder del Estado no mediante un ataque directo sino mediante una reubicación del ámbito de la lucha en la práctica cotidiana, en la que se pueda construir un mundo nuevo. De este modo, los fundamentos del poder del capital y el Estado irán siendo socavados gradualmente y, en algún momento, el Estado se derrumbará (un ejemplo de este enfoque lo constituye el movimiento zapatista.)
O bien, toma la ruta postmoderna, trasladando el acento de la lucha anticapitalista a las múltiples formas de lucha político-ideológica por la hegemonía, haciendo hincapié en la importancia de una nueva articulación del discurso.
O bien, apuesta por la repetición, a escala postmoderna, del gesto marxista clásico de instaurar la determinación negativa del capitalismo: con el actual incremento del trabajo cognitivo, la contradicción entre la producción social y las relaciones capitalistas se ha hecho más flagrante que nunca, y hace posible por primera vez la democracia absoluta (en lo que sería la posición de Hardt y Negri.)
Estas posiciones no se presentan como un modo de evitar otras auténticas políticas radicales de izquierda, sino que lo que tratan de manifestar es, sin duda, la falta de una posición de ese tipo. Sin embargo, esta derrota de la Izquierda no es toda la historia de estos últimos treinta años. Hay otra lección, no menos sorprendente, que merece aprenderse de los comunistas chinos, que están presidiendo lo que podríamos calificar como el más explosivo desarrollo del capitalismo en toda la historia, y del crecimiento de la Tercera Vía socialdemócrata en Europa Occidental. Puede concretarse, en pocas palabras, en la frase: podemos hacerlo mejor. En el Reino Unido, la revolución de Margaret Thatcher fue, en su momento, caótica e impulsiva, y estuvo marcada por una serie de contingencias imprevisibles. Fue más tarde Tony Blair quien fue capaz de instituirlo o, por decirlo en palabras de Hegel, elevar (lo que parecía en un primer momento) una contingencia, un accidente histórico, al rango de necesidad. Thatcher no era thatcherista, era sólo ella misma; ha sido Blair (más que John Major) quien realmente ha dado forma al thatcherismo.
La respuesta de algunos críticos de la Izquierda postmoderna a este dilema es convocar a una nueva política de resistencia. Se acusa a aquellos que siguen insistiendo en luchar contra el poder del Estado, por no hablar de tomarlo, de permanecer anclados en el viejo paradigma: la tarea de hoy día, dicen sus críticos, es resistir al poder del Estado retirándose de su terreno y creando nuevos espacios fuera de su control. Esto es, por supuesto, lo contrario a aceptar el triunfo del capitalismo. Las políticas de resistencia no son sino el suplemento moralizante a la izquierda de la Tercera Vía.
El reciente libro de Simon Critchley Infinitely Demanding (Infinitamente exigentes) es la cristalización casi perfecta de esta posición. Para Critchley, el Estado liberal-democrático no es algo pasajero. Los intentos de abolir el Estado han fallado miserablemente; por consiguiente, la nueva política debe ubicarse a una cierta distancia de él: movimientos contra la guerra, organizaciones ecologistas, grupos de protesta contra los abusos racistas o sexuales, y otras formas de autoorganización. Tiene que ser una política de resistencia al Estado, de bombardeo del Estado con demandas imposibles, de denuncia de las limitaciones de los mecanismos del Estado. El principal argumento para desarrollar las políticas de resistencia a cierta distancia del Estado gira en torno a la dimensión ética de la demanda, infinitamente exigente, de justicia: no hay ningún Estado que pueda hacer caso omiso a esta llamada, por cuanto su objetivo último, inscrito en su realpolitik, es el de hacer posible su propia reproducción (su crecimiento económico, seguridad pública, etc.)
Critchley escribe:
“Es evidente que la Historia la escriben, por lo general, quienes disponen de porras y armas de fuego, y que uno no puede esperar derrotarlos mediante la sátira burlona o con plumeros para el polvo. Sin embargo, tal como la historia del nihilismo ultraizquierdista muestra con toda elocuencia, en el momento en que uno toma en sus manos una porra o un arma de fuego está ya perdido. La resistencia política anárquica no debería pretender imitar o reflejar la violenta soberanía arcaica a la que se enfrenta.”
Así pues, ¿qué deberían hacer, por ejemplo, los seguidores estadounidenses del Partido Demócrata? ¿Dejar de competir por el poder del Estado y retirarse a los intersticios de éste, dejar el poder estatal a los republicanos y comenzar una campaña de resistencia anárquica? ¿Y qué haría Critchley si se enfrentase a un adversario como Hitler? Sin duda, en un caso así uno debería “imitar o reflejar la violenta soberanía arcaica” a la que se enfrenta. ¿No debería la Izquierda establecer una distinción entre las circunstancias en que se puede recurrir a la violencia en la confrontación con el Estado, y aquéllas en las que todo lo que uno puede y debe hacer es utilizar la sátira burlona o el plumero para el polvo? La ambigüedad de la posición de Critchley emana de una extraña incongruencia: ¿si el Estado no es algo pasajero, si es imposible abolirlo (o abolir el capitalismo), ¿por qué retirarse? ¿por qué no actuar con (en) el Estado? ¿por qué no aceptar la premisa básica de la Tercera Vía? ¿por qué limitarse a una política que, tal como señala Critchley, pone en cuestión al Estado y pasa cuentas al orden establecido, no para deshacerse del Estado, por deseable que pudiera ser en sentido utópico, sino a fin de mejorarlo o atenuar sus efectos perniciosos?
Estas palabras simplemente demuestran que el Estado liberal-democrático de hoy y el sueño de una política anárquica infinitamente exigente existen en una situación de mutuo parasitismo: agentes anarquistas se dedican al pensamiento ético mientras que el Estado se ocupa de gestionar y regular la sociedad. El agente ético-político anárquico de Critchley actúa como un superego, bombardeando confortablemente al Estado con sus exigencias; a su vez, cuanto más intenta el Estado satisfacer estas exigencias, más culpable aparece. De conformidad con esta lógica, los agentes anárquicos centran su protesta no en las dictaduras declaradas sino en la hipocresía de las democracias liberales, a las que acusan de traicionar los mismos principios que aseguran profesar.
Las grandes manifestaciones de Londres y Washington contra el ataque estadounidense a Irak, hace unos años, ofrecen un caso paradigmático de esta extraña relación simbiótica entre poder y resistencia. El paradójico resultado fue que ambas partes estuvieron satisfechas. Los que protestaban salvaron sus hermosas almas y dejaron bien claro que no estaban de acuerdo con la política del gobierno hacia Irak. Los que estaban en el poder lo aceptaron sin alboroto, e incluso se aprovecharon de ello: no solamente las propuestas no modificaron de ningún modo la decisión ya adoptada de atacar Irak, sino que incluso la legitimaron. Así, la reacción de George Bush a las masivas manifestaciones de protesta durante su visita a Londres, fue decir: “Ya ven, esto es por lo que luchamos, para hacer posible que lo que la gente hace aquí –protestar contra la política de su gobierno— sea posible también en Irak.”
Resulta llamativo que el rumbo tomado por Hugo Chávez desde 2006 sea el diametralmente opuesto al adoptado por la Izquierda postmoderna: en lugar de resistirse al poder del Estado, se apoderó de él (en un primer momento mediante un intento de golpe de Estado, luego democráticamente), utilizando sin cortapisas los aparatos del Estado venezolano para sus propios fines. Además, está militarizando los barrios y organizando la formación de unidades armadas en ellos. Y por último, la amenaza definitiva: ahora que siente los efectos económicos de la resistencia del capital a su mandato (escasez temporal de algunos productos en los supermercados subvencionados por el Estado), ha anunciado planes para consolidar los 24 partidos que lo apoyan en un único partido. Hasta algunos de sus aliados ven con escepticismo esta decisión y se preguntan si no se producirá a expensas de los movimientos populares que han dado su impulso a la revolución venezolana. Sin embargo, su opción, aunque arriesgada, debería ser apoyada sin reservas: la tarea consiste en hacer que el nuevo partido funcione no como un típico Estado socialista (o peronista), sino como un vehículo para la movilización de nuevas formas de política (como los comités de base de los barrios de chabolas). ¿Qué deberíamos decirle a alguien como Chávez: “No, no vaya usted a hacerse con el poder, retírese, deje el Estado y la actual situación en su sitio”? A menudo se minimiza a Chávez llamándolo bufón, pero ¿acaso una retirada no lo reduciría simplemente a una nueva versión del subcomandante Marcos, al que muchos izquierdistas mexicanos califican ahora de subcomediante Marcos?” Hoy, son los grandes capitalistas –Bill Gates, los contaminadores corporativos, los cazadores del zorro— quienes resisten al Estado.
La lección en todo esto es que lo verdaderamente subversivo es no insistir en exigencias infinitas que sabemos que los que están en el poder no pueden satisfacer. Dado que ellos saben que nosotros lo sabemos, esa actitud de exigencia infinita no presenta ningún problema para los que detentan el poder: “Es maravilloso que con sus exigencias críticas nos recuerden la clase de mundo en la que a todos nos gustaría vivir. Lamentablemente, vivimos en el mundo real, en el que tenemos que arreglarnos con lo que es posible.” Lo que hay que hacer, por el contrario, es bombardear a los que están en el poder con exigencias bien seleccionadas, precisas y finitas, que no puedan ser descartadas con la citada excusa.
Fuente: http://www.lrb.co.uk/v29/n22/zize01_.html
¿Quién dijo no, Uribe...o Bush?
Intercambio humanitario en Colombia
Hedelberto López Blanch
Completamente banal y fútil, ha sido la excusa ofrecida por el presidente colombiano Álvaro Uribe para terminar con la mediación que llevaba adelante, con muchas perspectivas de solución, su homólogo venezolano Hugo Chávez, en el afán de alcanzar un canje humanitario de unos 45 rehenes de las FARC por alrededor de 500 rebeldes presos en cárceles del Estado bogotano.
La verdadera razón es que si Chávez lograba el acuerdo, su imagen como estadista latinoamericano e internacional se catapultaría mucho más hacia la cima, lo cual molesta sobremanera al gobierno estadounidense de George W. Bush.
El último pretexto esgrimido por Uribe fue la llamada telefónica que hizo la senadora colombiana, del opositor Partido Liberal, Piedad Córdoba, al comandante del Ejército, Mario Montoya, al cual puso al habla con Chávez quien se interesó por conocer el número de rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El mandatario colombiano había nombrado a Córdoba para encabezar, a nombre del gobierno, las negociaciones y autorizó en agosto pasado a Chávez para que se convirtiera en facilitador de las conversaciones con las FARC.
Los familiares de los secuestrados y de los guerrilleros prisioneros estuvieron plenamente de acuerdo e hicieron votos porque el litigio se resolviera en el menor plazo posible.
Desde el inicio, el gobierno colombiano puso trabas ante cualquier avance que se lograba, con el velado propósito de atrasar los posibles acuerdos.
Cuando Chávez tomaba una iniciativa para buscar flexibilizar posiciones, siempre se producía una respuesta dura y contraproducente del gobierno colombiano
Uribe se opuso a que Chávez conversara con altos miembros de las FARC dentro de Colombia y amenazó hasta con apresar a Mario Marulanda, jefe del ejercito guerrillero más antiguo de América Latina, si éste salía de los campamentos en la selva colombiana para reunirse con el presidente bolivariano.
En los momentos en que Uribe autorizó las conversaciones, existían contra el mandatario varias acusaciones que lo vinculaban al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, encabezado por Carlos Castaño, que cometió masivos asesinatos de campesinos, bajo fabricadas sospechas de colaborar con las guerrillas.
La expectativa de un acuerdo al permitir las actuaciones de Paredes y Chávez, borraron en esos instantes las constantes denuncias sobre las relaciones Uribe-paramilitares.
Pero las conversaciones, pese a los obstáculos de Bogotá, avanzaban no solo a nivel regional, sino también internacional al recibir el presidente venezolano el espaldarazo de numerosas organizaciones mundiales y de varios presidentes, entre ellos el francés, Nicolás Sarcozy.
Resulta bien conocido que el principal aliado de Estados Unidos en América Latina es el gobierno colombiano de Álvaro Uribe, mientras que el de Hugo Chávez se ha convertido en uno de sus principales enemigos al que La Casa Blanca desea derrocar por cualquier vía.
En Colombia también Washington experimenta la forma de controlar por la fuerza a los países de la región con su llamado Plan Colombia, que lejos de combatir el tráfico de drogas (que se incrementa en una espiral indetenible cada día) ha permitido la permanencia de miles de militares norteamericanos en esa nación.
La decisión de suspender las negociaciones sin una consulta previa es, parafraseando al premio nobel de literatura Gabriel García Márquez, La Historia de una muerte anunciada.
Los caminos se estaban mejorando y las puertas se comenzaban a abrir, por tanto no se podía, bajo ningún concepto, permitir que Hugo Chávez alcanzara nuevos méritos internacionales. La orden vino directamente de Estados Unidos y Uribe simplemente fue el ejecutor.
Hedelberto López Blanch
Completamente banal y fútil, ha sido la excusa ofrecida por el presidente colombiano Álvaro Uribe para terminar con la mediación que llevaba adelante, con muchas perspectivas de solución, su homólogo venezolano Hugo Chávez, en el afán de alcanzar un canje humanitario de unos 45 rehenes de las FARC por alrededor de 500 rebeldes presos en cárceles del Estado bogotano.
La verdadera razón es que si Chávez lograba el acuerdo, su imagen como estadista latinoamericano e internacional se catapultaría mucho más hacia la cima, lo cual molesta sobremanera al gobierno estadounidense de George W. Bush.
El último pretexto esgrimido por Uribe fue la llamada telefónica que hizo la senadora colombiana, del opositor Partido Liberal, Piedad Córdoba, al comandante del Ejército, Mario Montoya, al cual puso al habla con Chávez quien se interesó por conocer el número de rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El mandatario colombiano había nombrado a Córdoba para encabezar, a nombre del gobierno, las negociaciones y autorizó en agosto pasado a Chávez para que se convirtiera en facilitador de las conversaciones con las FARC.
Los familiares de los secuestrados y de los guerrilleros prisioneros estuvieron plenamente de acuerdo e hicieron votos porque el litigio se resolviera en el menor plazo posible.
Desde el inicio, el gobierno colombiano puso trabas ante cualquier avance que se lograba, con el velado propósito de atrasar los posibles acuerdos.
Cuando Chávez tomaba una iniciativa para buscar flexibilizar posiciones, siempre se producía una respuesta dura y contraproducente del gobierno colombiano
Uribe se opuso a que Chávez conversara con altos miembros de las FARC dentro de Colombia y amenazó hasta con apresar a Mario Marulanda, jefe del ejercito guerrillero más antiguo de América Latina, si éste salía de los campamentos en la selva colombiana para reunirse con el presidente bolivariano.
En los momentos en que Uribe autorizó las conversaciones, existían contra el mandatario varias acusaciones que lo vinculaban al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, encabezado por Carlos Castaño, que cometió masivos asesinatos de campesinos, bajo fabricadas sospechas de colaborar con las guerrillas.
La expectativa de un acuerdo al permitir las actuaciones de Paredes y Chávez, borraron en esos instantes las constantes denuncias sobre las relaciones Uribe-paramilitares.
Pero las conversaciones, pese a los obstáculos de Bogotá, avanzaban no solo a nivel regional, sino también internacional al recibir el presidente venezolano el espaldarazo de numerosas organizaciones mundiales y de varios presidentes, entre ellos el francés, Nicolás Sarcozy.
Resulta bien conocido que el principal aliado de Estados Unidos en América Latina es el gobierno colombiano de Álvaro Uribe, mientras que el de Hugo Chávez se ha convertido en uno de sus principales enemigos al que La Casa Blanca desea derrocar por cualquier vía.
En Colombia también Washington experimenta la forma de controlar por la fuerza a los países de la región con su llamado Plan Colombia, que lejos de combatir el tráfico de drogas (que se incrementa en una espiral indetenible cada día) ha permitido la permanencia de miles de militares norteamericanos en esa nación.
La decisión de suspender las negociaciones sin una consulta previa es, parafraseando al premio nobel de literatura Gabriel García Márquez, La Historia de una muerte anunciada.
Los caminos se estaban mejorando y las puertas se comenzaban a abrir, por tanto no se podía, bajo ningún concepto, permitir que Hugo Chávez alcanzara nuevos méritos internacionales. La orden vino directamente de Estados Unidos y Uribe simplemente fue el ejecutor.
Despiden a 18 trabajadores de Oceanografía por exigir sueldo
Jefes se jactan de protección de los Bribiesca, acusan
Lorenzo Chim y Jesús Lastra (Corresponsales)
Campeche, Camp., 23 de noviembre. Por exigir el pago de los salarios que les adeudan desde hace tres quincenas, 18 trabajadores de la empresa Oceanografía SA de CV fueron despedidos sin ser indemnizados, y los amenazaron con ser “boletinados” para que no los contraten otras compañías que prestan servicios a Petróleos Mexicanos (Pemex) en la sonda de Campeche.
José Antonio Zárate Jiménez, David Salavarría, Concepción Córdova Vera y Juan Antonio López Jiménez, entre otros ex empleados, denunciaron: “los jefes nos repiten a cada rato que la empresa es de los hijos de Marta Sahagún (Manuel y Jorge Alberto Bribiesca) y que les vale ‘cachete’ que nos quejemos con quien queramos”.
Oceanografía SA de CV es una de las principales firmas contratistas de Pemex, y presta servicios de transporte de personal a las plataformas marinas y mantenimiento de los ductos submarinos.
Aseguraron que en lo que va del año han sido despedidos 280 empleados de la firma por reclamar pagos justos.
“Una cantidad es la que se registra en los contratos individuales y otra la que se percibe cada quincena, además de que nos hacen esperar de uno a tres meses para el pago. Los que protestan son cesados sin ninguna prestación”, acusaron.
Revelaron que los directivos de Oceanografía no consignan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) los accidentes que ocurren en sus instalaciones, sino que los lesionados son enviados con médicos particulares para que nos los reporten con “números rojos” en materia de seguridad laboral.
Además la empresa evade el pago de las cuotas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, entre otras, señalaron.
Estudian derribar pozo incendiado
El delegado en Campeche de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, José Carlos Martínez León, reveló que además del cierre del pozo petrolero Kab 121 –que se incendió el martes pasado debido a que desde el 23 de octubre existe un derrame de hidrocarburo fuera de control– se analiza derribar la plataforma con el fin de evitar que siga vertiendo grandes cantidades de petróleo al mar.
Mientras, en Coatzacoalcos, Veracruz, la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera denunció que las “presiones” y “amenazas” de la subdirección corporativa de recursos humanos de Pemex se han intensificado en días recientes para que los 32 mil empleados de confianza de la paraestatal y subsidiarias acepten firmar el nuevo formato de contrato laboral individual, “lesivo” a los intereses de los agremiados.
Destacó que sólo 2 por ciento de los miembros de la unión han cedido a las presiones de Pemex.
Lorenzo Chim y Jesús Lastra (Corresponsales)
Campeche, Camp., 23 de noviembre. Por exigir el pago de los salarios que les adeudan desde hace tres quincenas, 18 trabajadores de la empresa Oceanografía SA de CV fueron despedidos sin ser indemnizados, y los amenazaron con ser “boletinados” para que no los contraten otras compañías que prestan servicios a Petróleos Mexicanos (Pemex) en la sonda de Campeche.
José Antonio Zárate Jiménez, David Salavarría, Concepción Córdova Vera y Juan Antonio López Jiménez, entre otros ex empleados, denunciaron: “los jefes nos repiten a cada rato que la empresa es de los hijos de Marta Sahagún (Manuel y Jorge Alberto Bribiesca) y que les vale ‘cachete’ que nos quejemos con quien queramos”.
Oceanografía SA de CV es una de las principales firmas contratistas de Pemex, y presta servicios de transporte de personal a las plataformas marinas y mantenimiento de los ductos submarinos.
Aseguraron que en lo que va del año han sido despedidos 280 empleados de la firma por reclamar pagos justos.
“Una cantidad es la que se registra en los contratos individuales y otra la que se percibe cada quincena, además de que nos hacen esperar de uno a tres meses para el pago. Los que protestan son cesados sin ninguna prestación”, acusaron.
Revelaron que los directivos de Oceanografía no consignan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) los accidentes que ocurren en sus instalaciones, sino que los lesionados son enviados con médicos particulares para que nos los reporten con “números rojos” en materia de seguridad laboral.
Además la empresa evade el pago de las cuotas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, entre otras, señalaron.
Estudian derribar pozo incendiado
El delegado en Campeche de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, José Carlos Martínez León, reveló que además del cierre del pozo petrolero Kab 121 –que se incendió el martes pasado debido a que desde el 23 de octubre existe un derrame de hidrocarburo fuera de control– se analiza derribar la plataforma con el fin de evitar que siga vertiendo grandes cantidades de petróleo al mar.
Mientras, en Coatzacoalcos, Veracruz, la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera denunció que las “presiones” y “amenazas” de la subdirección corporativa de recursos humanos de Pemex se han intensificado en días recientes para que los 32 mil empleados de confianza de la paraestatal y subsidiarias acepten firmar el nuevo formato de contrato laboral individual, “lesivo” a los intereses de los agremiados.
Destacó que sólo 2 por ciento de los miembros de la unión han cedido a las presiones de Pemex.
Cometen atrocidades pero no piden perdón
Continúan enfrentamientos entre opositores y simpatizantes de la extrema derecha
Vocero episcopal refuta pedido de perdón de obispo por “pecados” de la Iglesia española
Se sacaron de contexto sus palabras, dice el ultraconservador Juan Antonio Martínez Camino
El prelado Ricardo Blázquez había rechazado errores cometidos por la curia en la guerra civil
Armando G. Tejeda (Corresponsal)
Madrid, 23 de noviembre. Después de que el pasado lunes el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el obispo de Bilbao Ricardo Blázquez, pidió “perdón” por los “pecados” cometidos por la Iglesia católica durante los años de la guerra civil, hoy el vocero de los obispos, el ultraconservador Juan Antonio Martínez Camino, señaló que esa frase “está sacada de contexto” y que en ningún caso se pidió perdón.
Paralelamente, continúan en España las tensiones entre opositores y simpatizantes de la extrema derecha, pues presuntos extremistas apuñalaron a un joven antifascista, quien sobrevivió las heridas pero se encuentra grave en un hospital.
Desde que el pasado 11 de noviembre fue asesinado en Madrid Carlos Javier Palomino, de 16 años, a manos de un soldado español con vínculos en organizaciones neonazis, miles de personas han exigido en marchas y concentraciones el fin de la impunidad con la que operan los grupos de extrema derecha, como Democracia Nacional, Alianza Nacional, Frente Nacional y España 2000.
Blázquez pertenece al sector más moderado y conciliador de la jerarquía eclesiástica española, por lo que en su último discurso como presidente de la CEE resucitó el espíritu de Vicente Enrique Tarancón –el obispo que colaboró en la transición a la democracia tras el fin de la dictadura franquista– para pedir perdón en nombre de la Iglesia católica por su apoyo incondicional al bando fascista.
Sus palabras textuales fueron: “En muchas ocasiones tendremos motivos para dar gracias a Dios por lo que se hizo y por las personas que actuaron; y probablemente en otros momentos ante actuaciones concretas, sin erigirnos orgullosamente en jueces de los demás, debemos pedir perdón y reorientarnos, ya que la purificación de la memoria, a que nos invitó Juan Pablo II, implica tanto el reconocimiento de las limitaciones y de los pecados como el cambio de actitud y el propósito de la enmienda”.
Sin embargo el vocero de la CEE, próximo al sector más intransigente de la Iglesia católica española, acusó a los medios de comunicación de “sacar de contexto” las palabras de Blázquez, al insistir en que en ningún momento se pidió perdón por nada, ni por la guerra civil ni por su colaboración con el régimen fascista de Franco.
“El discurso fue amplio, claro y matizado, y sus palabras fueron las que están en el discurso, y hay que leerlas en su contexto exacto, sin sacarlas de él. Otra cosa es que se saquen de contexto. Entonces, se puede decir cualquier cosa, diciendo lo que no se dice, como ha sucedido estos días”, afirmó.
En cuanto a la violencia entre fascistas y antifascistas además del apuñalamiento de un joven en Cáceres, a pesar de que no hubo marchas sí se registró un enfrentamiento de madrugada entre un colectivo de antifascistas y otro de la derecha neonazi.
Según testigos, el enfrentamiento se inició alrededor de las 2:30 de la madrugada y cuando llegó la policía yacía en el suelo un joven antifascista que había sido apuñalado por un militante neonazi, quien posteriormente fue detenido por la policía local.
Por su parte, la policía señaló que este enfrentamiento se remonta a otro anterior, que ocurrió el pasado 15 de noviembre, tras una manifestación de rechazo por el asesinato de Palomino.
El pasado jueves, miles de personas se concentraron en todo el país para homenajear al joven asesinado y reclamar a las autoridades públicas que actúen e ilegalicen las formaciones políticas que hacen públicamente apología de antisemitismo, racismo y xenofobia.
Mientras tanto, unos mil menores senegaleses, de edades entre 10 y 13 años, “expatriados en España en condiciones atroces”, deben ser repatriados desde la isla Tenerife (Canarias), donde se encuentran, según el ministro de Microfinanzas de Senegal, Abdurahim Agne, informó Afp.
“Cuando fui a Tenerife, en octubre, eran 700 y pasaron a ser unos mil”, dijo el funcionario en la radio pública de Senegal. “Estos niños no pueden trabajar y ellos (los españoles) no pueden dejarlos en la calle, entonces se ocupan de ellos”, añadió.
Vocero episcopal refuta pedido de perdón de obispo por “pecados” de la Iglesia española
Se sacaron de contexto sus palabras, dice el ultraconservador Juan Antonio Martínez Camino
El prelado Ricardo Blázquez había rechazado errores cometidos por la curia en la guerra civil
Armando G. Tejeda (Corresponsal)
Madrid, 23 de noviembre. Después de que el pasado lunes el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el obispo de Bilbao Ricardo Blázquez, pidió “perdón” por los “pecados” cometidos por la Iglesia católica durante los años de la guerra civil, hoy el vocero de los obispos, el ultraconservador Juan Antonio Martínez Camino, señaló que esa frase “está sacada de contexto” y que en ningún caso se pidió perdón.
Paralelamente, continúan en España las tensiones entre opositores y simpatizantes de la extrema derecha, pues presuntos extremistas apuñalaron a un joven antifascista, quien sobrevivió las heridas pero se encuentra grave en un hospital.
Desde que el pasado 11 de noviembre fue asesinado en Madrid Carlos Javier Palomino, de 16 años, a manos de un soldado español con vínculos en organizaciones neonazis, miles de personas han exigido en marchas y concentraciones el fin de la impunidad con la que operan los grupos de extrema derecha, como Democracia Nacional, Alianza Nacional, Frente Nacional y España 2000.
Blázquez pertenece al sector más moderado y conciliador de la jerarquía eclesiástica española, por lo que en su último discurso como presidente de la CEE resucitó el espíritu de Vicente Enrique Tarancón –el obispo que colaboró en la transición a la democracia tras el fin de la dictadura franquista– para pedir perdón en nombre de la Iglesia católica por su apoyo incondicional al bando fascista.
Sus palabras textuales fueron: “En muchas ocasiones tendremos motivos para dar gracias a Dios por lo que se hizo y por las personas que actuaron; y probablemente en otros momentos ante actuaciones concretas, sin erigirnos orgullosamente en jueces de los demás, debemos pedir perdón y reorientarnos, ya que la purificación de la memoria, a que nos invitó Juan Pablo II, implica tanto el reconocimiento de las limitaciones y de los pecados como el cambio de actitud y el propósito de la enmienda”.
Sin embargo el vocero de la CEE, próximo al sector más intransigente de la Iglesia católica española, acusó a los medios de comunicación de “sacar de contexto” las palabras de Blázquez, al insistir en que en ningún momento se pidió perdón por nada, ni por la guerra civil ni por su colaboración con el régimen fascista de Franco.
“El discurso fue amplio, claro y matizado, y sus palabras fueron las que están en el discurso, y hay que leerlas en su contexto exacto, sin sacarlas de él. Otra cosa es que se saquen de contexto. Entonces, se puede decir cualquier cosa, diciendo lo que no se dice, como ha sucedido estos días”, afirmó.
En cuanto a la violencia entre fascistas y antifascistas además del apuñalamiento de un joven en Cáceres, a pesar de que no hubo marchas sí se registró un enfrentamiento de madrugada entre un colectivo de antifascistas y otro de la derecha neonazi.
Según testigos, el enfrentamiento se inició alrededor de las 2:30 de la madrugada y cuando llegó la policía yacía en el suelo un joven antifascista que había sido apuñalado por un militante neonazi, quien posteriormente fue detenido por la policía local.
Por su parte, la policía señaló que este enfrentamiento se remonta a otro anterior, que ocurrió el pasado 15 de noviembre, tras una manifestación de rechazo por el asesinato de Palomino.
El pasado jueves, miles de personas se concentraron en todo el país para homenajear al joven asesinado y reclamar a las autoridades públicas que actúen e ilegalicen las formaciones políticas que hacen públicamente apología de antisemitismo, racismo y xenofobia.
Mientras tanto, unos mil menores senegaleses, de edades entre 10 y 13 años, “expatriados en España en condiciones atroces”, deben ser repatriados desde la isla Tenerife (Canarias), donde se encuentran, según el ministro de Microfinanzas de Senegal, Abdurahim Agne, informó Afp.
“Cuando fui a Tenerife, en octubre, eran 700 y pasaron a ser unos mil”, dijo el funcionario en la radio pública de Senegal. “Estos niños no pueden trabajar y ellos (los españoles) no pueden dejarlos en la calle, entonces se ocupan de ellos”, añadió.
La Asamblea Constituyente boliviana reinicia sesiones en medio de disturbios
Chocan policías con universitarios que exigen se analice el tema de la capitalidad plena
Fuerzas armadas cierran filas en torno a Evo Morales, tras llamado a “golpe de Estado”
Rosa Rojas (Corresponsal)
El presidente de Bolivia, Evo Morales, durante el aniversario del batallón Calama en la ciudad de Patacamaya Foto: Ap
La Paz, 23 de noviembre. La Asamblea Constituyente (AC) boliviana reinició sesiones esta tarde en el Liceo Militar Edmundo Andrade, en la ciudad de Sucre, en medio de fuerte vigilancia militar y policiaca, la supervisión de unos 5 mil integrantes de agrupaciones sociales afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y enfrentamientos de partidarios de la capitalidad plena –traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la ciudad de La Paz a Sucre, capital formal– contra la policía.
Al cierre de esta edición –cerca de las 21 horas locales– continuaban los choques entre policías y universitarios que decidieron movilizarse hacia La Glorieta, lugar donde se ubica el mencionado liceo, a cinco kilómetros del centro de Sucre, en demanda de que el tema de la capitalidad fuera abordado en la plenaria de la Constituyente.
La Red Radiofónica Erbol reportó que los policías arrojaron gas lacrimógeno y los estudiantes hicieron estallar petardos y dinamita. Unos 40 alumnos fueron detenidos, pero posteriormente 15 fueron liberados. Además, 16 personas fueron atendidas en el hospital regional y por la Cruz Roja, afectadas por los gases lanzados por la policía, y aparentemente había algunas con heridas por balines.
En otro orden, las fuerzas armadas cerraron filas una vez más en torno al gobierno del presidente Evo Morales, luego de que el prefecto de Cochabamba y ex capitán del ejército Manfred Reyes Villa llamara la víspera a sus “ex camaradas” a “defender” el país frente a una supuesta ingerencia extranjera.
En un comunicado publicado hoy, el comando en jefe de las fuerzas armadas (FA) respondió a Reyes Villa que su situación de militar en retiro “no le confiere ninguna atribución para emitir declaraciones en nombre de la institución y menos hacer llamamientos de carácter público a miembros del servicio activo, del cual él no forma parte.
“Las declaraciones realizadas por la autoridad arriba mencionada son inaceptables y no tienen asidero ni convocatoria en el actual espíritu institucional”, señala. Agrega que “las FA harán cumplir la Constitución política del Estado protegiendo el estado de derecho ante cualquier amenaza interna o externa”.
El general Wilfredo Vargas, comandante en jefe de las fuerzas armadas, señaló en conferencia de prensa, en respuesta a encuestas mediáticas sobre la posibilidad de una guerra civil en el país, que no hay condiciones para ésta, pues “no hay dos grupos netamente armados ni los medios que hacen netamente a una violencia generalizada”.
El jefe castrense se refirió a la reanudación de las sesiones de la AC pidiendo que las fuerzas regionales se pongan de acuerdo para garantizar la redacción de una nueva Carta Magna que, dijo, “modernice el Estado en todos sus aspectos”.
Respecto de las declaraciones de Reyes Villa, el presidente Morales aseveró que éste, en el fondo, “convocó a un golpe de Estado, a un golpe militar”, y manifestó su certeza de que las FA no acatarán esa convocatoria del prefecto de Cochabamba.
El mandatario externó su satisfacción por la reanudación de los trabajos de la AC, que “son la mejor forma de hacer cambios en democracia”. Negó que sea el gobierno el que esté financiando las caravanas de los diversos movimientos sociales que se han trasladado a Sucre para garantizar los trabajos de la Constituyente.
La sesión se inició esta tarde con un quórum de 145 asambleístas –17 más de los que requería para ser legal– de diferentes partidos, entre ellos al menos dos del derechista Poder Democrático y Social, cuyo líder nacional, el ex presidente Jorge Quiroga, advirtió que habrá “consecuencias jurídicas, legales y de investigación” para las fuerzas armadas, pues la ley dice “que no deben deliberar en democracia” y están “prestando sus instalaciones para que el partido del gobierno atropelle, delibere y amenace”.
Por la mañana, el Comité Interinstitucional de Chuquisaca por la capitalidad plena, que desde hace tres meses había logrado impedir las sesiones del foro, realizó un cabildo en el que unas 5 mil personas corearon “desacato” y “autonomía”, y llamaron a la desobediencia civil.
También convinieron la apertura de libros para recabar firmas, con el propósito de exigir que el tema de la capitalidad sea sometido a referéndum nacional.
Luego del mitin se iniciaron los enfrentamientos entre estudiantes y fuerzas policiales, tanto en la plaza central 25 de Mayo como en las inmediaciones del teatro Gran Mariscal, con la quema de llantas y el estallido de petardos, que continuaron toda la tarde.
Por su parte, la Iglesia católica, en voz del secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Jesús Juárez, llamó a los sectores políticos y organizaciones sociales “a volver a la racionalidad y deponer actitudes y acciones que sólo dividen y enfrentan, de manera especial a todos los responsables de la sociedad a asumir su grave responsabilidad para canalizar un sano y auténtico diálogo social”.
Fuerzas armadas cierran filas en torno a Evo Morales, tras llamado a “golpe de Estado”
Rosa Rojas (Corresponsal)
El presidente de Bolivia, Evo Morales, durante el aniversario del batallón Calama en la ciudad de Patacamaya Foto: ApLa Paz, 23 de noviembre. La Asamblea Constituyente (AC) boliviana reinició sesiones esta tarde en el Liceo Militar Edmundo Andrade, en la ciudad de Sucre, en medio de fuerte vigilancia militar y policiaca, la supervisión de unos 5 mil integrantes de agrupaciones sociales afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y enfrentamientos de partidarios de la capitalidad plena –traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la ciudad de La Paz a Sucre, capital formal– contra la policía.
Al cierre de esta edición –cerca de las 21 horas locales– continuaban los choques entre policías y universitarios que decidieron movilizarse hacia La Glorieta, lugar donde se ubica el mencionado liceo, a cinco kilómetros del centro de Sucre, en demanda de que el tema de la capitalidad fuera abordado en la plenaria de la Constituyente.
La Red Radiofónica Erbol reportó que los policías arrojaron gas lacrimógeno y los estudiantes hicieron estallar petardos y dinamita. Unos 40 alumnos fueron detenidos, pero posteriormente 15 fueron liberados. Además, 16 personas fueron atendidas en el hospital regional y por la Cruz Roja, afectadas por los gases lanzados por la policía, y aparentemente había algunas con heridas por balines.
En otro orden, las fuerzas armadas cerraron filas una vez más en torno al gobierno del presidente Evo Morales, luego de que el prefecto de Cochabamba y ex capitán del ejército Manfred Reyes Villa llamara la víspera a sus “ex camaradas” a “defender” el país frente a una supuesta ingerencia extranjera.
En un comunicado publicado hoy, el comando en jefe de las fuerzas armadas (FA) respondió a Reyes Villa que su situación de militar en retiro “no le confiere ninguna atribución para emitir declaraciones en nombre de la institución y menos hacer llamamientos de carácter público a miembros del servicio activo, del cual él no forma parte.
“Las declaraciones realizadas por la autoridad arriba mencionada son inaceptables y no tienen asidero ni convocatoria en el actual espíritu institucional”, señala. Agrega que “las FA harán cumplir la Constitución política del Estado protegiendo el estado de derecho ante cualquier amenaza interna o externa”.
El general Wilfredo Vargas, comandante en jefe de las fuerzas armadas, señaló en conferencia de prensa, en respuesta a encuestas mediáticas sobre la posibilidad de una guerra civil en el país, que no hay condiciones para ésta, pues “no hay dos grupos netamente armados ni los medios que hacen netamente a una violencia generalizada”.
El jefe castrense se refirió a la reanudación de las sesiones de la AC pidiendo que las fuerzas regionales se pongan de acuerdo para garantizar la redacción de una nueva Carta Magna que, dijo, “modernice el Estado en todos sus aspectos”.
Respecto de las declaraciones de Reyes Villa, el presidente Morales aseveró que éste, en el fondo, “convocó a un golpe de Estado, a un golpe militar”, y manifestó su certeza de que las FA no acatarán esa convocatoria del prefecto de Cochabamba.
El mandatario externó su satisfacción por la reanudación de los trabajos de la AC, que “son la mejor forma de hacer cambios en democracia”. Negó que sea el gobierno el que esté financiando las caravanas de los diversos movimientos sociales que se han trasladado a Sucre para garantizar los trabajos de la Constituyente.
La sesión se inició esta tarde con un quórum de 145 asambleístas –17 más de los que requería para ser legal– de diferentes partidos, entre ellos al menos dos del derechista Poder Democrático y Social, cuyo líder nacional, el ex presidente Jorge Quiroga, advirtió que habrá “consecuencias jurídicas, legales y de investigación” para las fuerzas armadas, pues la ley dice “que no deben deliberar en democracia” y están “prestando sus instalaciones para que el partido del gobierno atropelle, delibere y amenace”.
Por la mañana, el Comité Interinstitucional de Chuquisaca por la capitalidad plena, que desde hace tres meses había logrado impedir las sesiones del foro, realizó un cabildo en el que unas 5 mil personas corearon “desacato” y “autonomía”, y llamaron a la desobediencia civil.
También convinieron la apertura de libros para recabar firmas, con el propósito de exigir que el tema de la capitalidad sea sometido a referéndum nacional.
Luego del mitin se iniciaron los enfrentamientos entre estudiantes y fuerzas policiales, tanto en la plaza central 25 de Mayo como en las inmediaciones del teatro Gran Mariscal, con la quema de llantas y el estallido de petardos, que continuaron toda la tarde.
Por su parte, la Iglesia católica, en voz del secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Jesús Juárez, llamó a los sectores políticos y organizaciones sociales “a volver a la racionalidad y deponer actitudes y acciones que sólo dividen y enfrentan, de manera especial a todos los responsables de la sociedad a asumir su grave responsabilidad para canalizar un sano y auténtico diálogo social”.
“En Acteal no puede haber borrón y cuenta nueva”
Despedida de Pedro Arriaga, párroco de Chenalhó
Elio Henríquez (Corresponsal)
Acteal, Chis., 23 de noviembre. Los católicos “no podemos tener la postura de los protestantes, que piden borrón y cuenta nueva” en el caso de la matanza de Acteal; “para lograr la paz, primero tenemos que hablar con la verdad y que haya justicia”, afirmó el sacerdote jesuita Pedro Arriaga.
“Acteal está ya en la memoria de los pueblos, no sólo de México, sino del mundo, porque aquí ha habido un genocidio”, añadió el prelado, durante un mensaje de despedida como párroco de Chenalhó, al que pertenece esta comunidad.
“Si nosotros olvidáramos y en México se perdiera la memoria, hay muchos seres humanos que no olvidarán” estos hechos, aseveró. “En Acteal hubo un martirio, se derramó la sangre igual que con Cristo, pero también ha brotado mucha agua, vida y esperanza, y la organización Las Abejas ha seguido viva.”
Desde enero de 1998, un mes después de la masacre, los jesuitas enviaron a Chenalhó a Pedro Arriaga, quien trabajaba en Campeche con refugiados guatemaltecos. Desde entonces ha estado al lado de Las Abejas, a la que pertenecían las 21 mujeres, 15 niños y nueve hombres asesinados por paramilitares priístas.
“Digo mi última palabra porque ya terminó mi tiempo de caminar en Chenalhó”, dijo Arriaga, quien recientemente fue nombrado párroco de San Juan Chamula. “Aunque seguiré cerca de ustedes, siento en mi corazón que ésta es mi despedida.
“Yo les he dicho de que no se dejen confundir por el gobierno, por los partidos, por algunos periodistas. Sufro también, pero me da ánimo que a algunos de ustedes, como dice el Popol Vuh, les arrancaron sus flores, les comieron sus frutos, les destrozaron sus ramas, pero sus raíces no se las han podido quitar”.
“Podrán venir muchos a robarles, a engañarlos, a quererlos matar, pero su espíritu está vivo y confío en que sigan adelante; no se dejen destruir”, señaló.
Por su parte, el dirigente de Las Abejas Diego Pérez Jiménez agradeció al jesuita su “acompañamiento permanente”, sobre todo en los días posteriores a la matanza.
Elio Henríquez (Corresponsal)
Acteal, Chis., 23 de noviembre. Los católicos “no podemos tener la postura de los protestantes, que piden borrón y cuenta nueva” en el caso de la matanza de Acteal; “para lograr la paz, primero tenemos que hablar con la verdad y que haya justicia”, afirmó el sacerdote jesuita Pedro Arriaga.
“Acteal está ya en la memoria de los pueblos, no sólo de México, sino del mundo, porque aquí ha habido un genocidio”, añadió el prelado, durante un mensaje de despedida como párroco de Chenalhó, al que pertenece esta comunidad.
“Si nosotros olvidáramos y en México se perdiera la memoria, hay muchos seres humanos que no olvidarán” estos hechos, aseveró. “En Acteal hubo un martirio, se derramó la sangre igual que con Cristo, pero también ha brotado mucha agua, vida y esperanza, y la organización Las Abejas ha seguido viva.”
Desde enero de 1998, un mes después de la masacre, los jesuitas enviaron a Chenalhó a Pedro Arriaga, quien trabajaba en Campeche con refugiados guatemaltecos. Desde entonces ha estado al lado de Las Abejas, a la que pertenecían las 21 mujeres, 15 niños y nueve hombres asesinados por paramilitares priístas.
“Digo mi última palabra porque ya terminó mi tiempo de caminar en Chenalhó”, dijo Arriaga, quien recientemente fue nombrado párroco de San Juan Chamula. “Aunque seguiré cerca de ustedes, siento en mi corazón que ésta es mi despedida.
“Yo les he dicho de que no se dejen confundir por el gobierno, por los partidos, por algunos periodistas. Sufro también, pero me da ánimo que a algunos de ustedes, como dice el Popol Vuh, les arrancaron sus flores, les comieron sus frutos, les destrozaron sus ramas, pero sus raíces no se las han podido quitar”.
“Podrán venir muchos a robarles, a engañarlos, a quererlos matar, pero su espíritu está vivo y confío en que sigan adelante; no se dejen destruir”, señaló.
Por su parte, el dirigente de Las Abejas Diego Pérez Jiménez agradeció al jesuita su “acompañamiento permanente”, sobre todo en los días posteriores a la matanza.
Pide APPO a la Corte amplíe indagatoria sobre violación de derechos en Oaxaca
El Comité del 68 solicita que reciba pruebas contra Díaz Ordaz y Echeverría por genocidio
Gustavo Castillo García
Con la intermediación de la diputada perredista Aleida Alavez Ruiz, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) solicitaron a Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el máximo tribunal del país autorice que se amplíe hasta octubre de este año la investigación sobre las violaciones a derechos humanos cometidas en Oaxaca durante el gobierno de Ulises Ruiz.
Durante el encuentro, que duró más de una hora y en el que también participaron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), se pidió al presidente de la SCJN que los magistrados que integran la comisión que indaga lo sucedido en San Salvador Atenco –en mayo de 2006– tengan una reunión con las víctimas y se les den a conocer algunas omisiones cometidas en las resoluciones judiciales relativas a los procesos que se siguen a los detenidos.
En tanto, integrantes del Comité del 68 pidieron a Ortiz Mayagoitia que la Corte analice la posibilidad de abrir una audiencia pública para escuchar testimonios o recibir pruebas que acrediten la comisión de genocidio en los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría Álvarez, para que este último sea juzgado por delitos de lesa humanidad.
Respecto al encuentro, la legisladora perredista informó que en el caso de la APPO, Ortiz Mayagoitia dijo que analizará la posibilidad de que integrantes de esa organización social se reúnan en la ciudad de México con los magistrados que investigan lo sucedido en esa entidad.
Aunque Alavez Ruiz reconoció que el próximo 29 de noviembre se tiene programado un encuentro en Oaxaca de los togados con integrantes de la APPO, María del Carmen López, vocera de la organización en el Distrito Federal, dijo que aun así se busca aportarles algunos testimonios y pruebas de violaciones a las garantías individuales, como detenciones arbitrarias y desapariciones.
Asimismo, señaló que acudirán ante la ONU para denunciar lo sucedido en la entidad, por lo que una delegación viajará a Ginebra, Suiza, para entregar un informe que elaboró la Asociación Internacional de Juristas, en el que se demuestra que hubo detenciones ilegales.
Gustavo Castillo García
Con la intermediación de la diputada perredista Aleida Alavez Ruiz, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) solicitaron a Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el máximo tribunal del país autorice que se amplíe hasta octubre de este año la investigación sobre las violaciones a derechos humanos cometidas en Oaxaca durante el gobierno de Ulises Ruiz.
Durante el encuentro, que duró más de una hora y en el que también participaron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), se pidió al presidente de la SCJN que los magistrados que integran la comisión que indaga lo sucedido en San Salvador Atenco –en mayo de 2006– tengan una reunión con las víctimas y se les den a conocer algunas omisiones cometidas en las resoluciones judiciales relativas a los procesos que se siguen a los detenidos.
En tanto, integrantes del Comité del 68 pidieron a Ortiz Mayagoitia que la Corte analice la posibilidad de abrir una audiencia pública para escuchar testimonios o recibir pruebas que acrediten la comisión de genocidio en los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría Álvarez, para que este último sea juzgado por delitos de lesa humanidad.
Respecto al encuentro, la legisladora perredista informó que en el caso de la APPO, Ortiz Mayagoitia dijo que analizará la posibilidad de que integrantes de esa organización social se reúnan en la ciudad de México con los magistrados que investigan lo sucedido en esa entidad.
Aunque Alavez Ruiz reconoció que el próximo 29 de noviembre se tiene programado un encuentro en Oaxaca de los togados con integrantes de la APPO, María del Carmen López, vocera de la organización en el Distrito Federal, dijo que aun así se busca aportarles algunos testimonios y pruebas de violaciones a las garantías individuales, como detenciones arbitrarias y desapariciones.
Asimismo, señaló que acudirán ante la ONU para denunciar lo sucedido en la entidad, por lo que una delegación viajará a Ginebra, Suiza, para entregar un informe que elaboró la Asociación Internacional de Juristas, en el que se demuestra que hubo detenciones ilegales.
Las diferencias no son con las iglesias sino con los mafiosos que agobian al país
Escogimos la vía pacífica para transformar la nación, señala López Obrador
Roberto Garduño (Enviado)
Andrés Manuel López Obrador durante su gira por Tezontepec, Hidalgo Foto: La Jornada
Mixquiahuala, Hidalgo, 23 de noviembre. El movimiento de transformación nacional “¡jamás será llamado a tomar las armas! Este no es un movimiento violento, es pacífico y así lo decidimos para cambiar al país”, estableció Andrés Manuel López Obrador.
Al continuar sus giras de trabajo por la región del Valle del Mezquital y ante la respuesta de sus simpatizantes que se congregaron en gran número en las cabeceras municipales que visitó, el “presidente legítimo” advirtió que los poderes fácticos “le echan leña” al movimiento que él encabeza y ahora pretenden confrontar a la Convención Nacional Democrática y los valores que ésta representa con las iglesias.
“Hay quienes quieren que se den esos pleitos para afectar a nuestro movimiento. Somos respetuosos de la religiosidad del pueblo: el problema no es con la Iglesia, es con esos mafiosos que se creen los amos y señores de México, son quienes tienen oprimido a nuestro pueblo; con esos es con los que tenemos las diferencias.”
Antes de viajar –por la noche– a Baja California Sur, López Obrador, quien a desde el 4 de enero pasado y hasta la fecha ha recorrido más de mil 25 cabeceras municipales del país, se reunió con ciudadanos de Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala, Progreso, Tepatepec, San Salvador y Actopan, a quienes informó que una vertiente central del movimiento que encabeza es la defensa de los recursos petroleros. En ese terreno, dijo, los promotores de la privatización de los hidrocarburos podrán señalar a la sociedad lo que quieran, menos de irresponsable.
“Si intentan reformar la Constitución, reformar las leyes, para entregar el petróleo a manos extranjeras, vamos a movilizarnos a nivel nacional; que nos acusen de lo que quieran, que nos acusen de revoltosos, pero no vamos a permitir que se entregue el petróleo a los extranjeros.”
En Tezontepec, López Obrador encendió los ánimos de mujeres y hombres al advertirles que urge defender los bienes de la nación, porque si no se cancelará el futuro para el país, pues se estaría hipotecando el porvenir de las nuevas generaciones.
“No aceptamos lo que están haciendo; el presupuesto, que es de todos, va a parar a unas cuantas manos, son dos billones 500 mil millones de pesos”, en ese momento doña Eulalia, que le escuchaba, preguntó asombrada “¿y cuanto es eso?”; “es dinero del pueblo. El problema es la distribución de esos recursos, si se distribuyeran con justicia alcanzaría para todos y se mejorarían las condiciones de vida de nuestro pueblo”.
Con dureza, López Obrador recriminó el uso de los recursos públicos, porque “se utilizan para rescatar a unos cuantos traficantes de influencias y para destinarse al pago de la alta burocracia”. No puede, dijo, seguir persistiendo un gobierno rico con pueblo pobre; “no podemos permitir que el presupuesto, que es de todos, se desvíe a una elite, a una casta de funcionarios públicos”.
La movilización en el Valle del Mezquital fue coordinada por el senador José Guadarrama, ante la ausencia de la dirigencia estatal del PRD, encabezada por Luciano Cornejo, de quien se dice que está cooptado por el gobierno del priísta Miguel Osorio Chong.
Aún así, la participación de los ciudadanos fue importante, y el “presidente legítimo” los conminó a votar en los próximos comicios locales al Congreso estatal.
“No nos van a desmoralizar, vamos todos a salir adelante para avanzar, para mejorar las condiciones del país. Escogimos el camino de la vía pacífica y de la vía electoral; queremos transformar al país por medio de las elecciones, ¡jamás vamos a llamar a tomar las armas!: este no es un movimiento violento, es pacífico.”
De nueva cuenta retomó el tema de las dificultades que atraviesan el campo y las zonas rurales del país. “El campo está en el abandono, casi en ruinas, y la gente no ha dejado de sembrar por el amor a la tierra. No hay empleo, no hay trabajo, todo es pura demagogia, pura publicidad, pues se trata con saña a los productores.”
Los hidalguenses de la región del Mezquital respaldaron ampliamente los postulados del político tabasqueño, sobre todo cuando les señaló que su movimiento no es violento y sí se puede cambiar el país impulsando una revolución de las conciencias, pacífica.
Roberto Garduño (Enviado)
Andrés Manuel López Obrador durante su gira por Tezontepec, Hidalgo Foto: La JornadaMixquiahuala, Hidalgo, 23 de noviembre. El movimiento de transformación nacional “¡jamás será llamado a tomar las armas! Este no es un movimiento violento, es pacífico y así lo decidimos para cambiar al país”, estableció Andrés Manuel López Obrador.
Al continuar sus giras de trabajo por la región del Valle del Mezquital y ante la respuesta de sus simpatizantes que se congregaron en gran número en las cabeceras municipales que visitó, el “presidente legítimo” advirtió que los poderes fácticos “le echan leña” al movimiento que él encabeza y ahora pretenden confrontar a la Convención Nacional Democrática y los valores que ésta representa con las iglesias.
“Hay quienes quieren que se den esos pleitos para afectar a nuestro movimiento. Somos respetuosos de la religiosidad del pueblo: el problema no es con la Iglesia, es con esos mafiosos que se creen los amos y señores de México, son quienes tienen oprimido a nuestro pueblo; con esos es con los que tenemos las diferencias.”
Antes de viajar –por la noche– a Baja California Sur, López Obrador, quien a desde el 4 de enero pasado y hasta la fecha ha recorrido más de mil 25 cabeceras municipales del país, se reunió con ciudadanos de Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala, Progreso, Tepatepec, San Salvador y Actopan, a quienes informó que una vertiente central del movimiento que encabeza es la defensa de los recursos petroleros. En ese terreno, dijo, los promotores de la privatización de los hidrocarburos podrán señalar a la sociedad lo que quieran, menos de irresponsable.
“Si intentan reformar la Constitución, reformar las leyes, para entregar el petróleo a manos extranjeras, vamos a movilizarnos a nivel nacional; que nos acusen de lo que quieran, que nos acusen de revoltosos, pero no vamos a permitir que se entregue el petróleo a los extranjeros.”
En Tezontepec, López Obrador encendió los ánimos de mujeres y hombres al advertirles que urge defender los bienes de la nación, porque si no se cancelará el futuro para el país, pues se estaría hipotecando el porvenir de las nuevas generaciones.
“No aceptamos lo que están haciendo; el presupuesto, que es de todos, va a parar a unas cuantas manos, son dos billones 500 mil millones de pesos”, en ese momento doña Eulalia, que le escuchaba, preguntó asombrada “¿y cuanto es eso?”; “es dinero del pueblo. El problema es la distribución de esos recursos, si se distribuyeran con justicia alcanzaría para todos y se mejorarían las condiciones de vida de nuestro pueblo”.
Con dureza, López Obrador recriminó el uso de los recursos públicos, porque “se utilizan para rescatar a unos cuantos traficantes de influencias y para destinarse al pago de la alta burocracia”. No puede, dijo, seguir persistiendo un gobierno rico con pueblo pobre; “no podemos permitir que el presupuesto, que es de todos, se desvíe a una elite, a una casta de funcionarios públicos”.
La movilización en el Valle del Mezquital fue coordinada por el senador José Guadarrama, ante la ausencia de la dirigencia estatal del PRD, encabezada por Luciano Cornejo, de quien se dice que está cooptado por el gobierno del priísta Miguel Osorio Chong.
Aún así, la participación de los ciudadanos fue importante, y el “presidente legítimo” los conminó a votar en los próximos comicios locales al Congreso estatal.
“No nos van a desmoralizar, vamos todos a salir adelante para avanzar, para mejorar las condiciones del país. Escogimos el camino de la vía pacífica y de la vía electoral; queremos transformar al país por medio de las elecciones, ¡jamás vamos a llamar a tomar las armas!: este no es un movimiento violento, es pacífico.”
De nueva cuenta retomó el tema de las dificultades que atraviesan el campo y las zonas rurales del país. “El campo está en el abandono, casi en ruinas, y la gente no ha dejado de sembrar por el amor a la tierra. No hay empleo, no hay trabajo, todo es pura demagogia, pura publicidad, pues se trata con saña a los productores.”
Los hidalguenses de la región del Mezquital respaldaron ampliamente los postulados del político tabasqueño, sobre todo cuando les señaló que su movimiento no es violento y sí se puede cambiar el país impulsando una revolución de las conciencias, pacífica.
El cinismo de esta rata asquerosa
Después de calificar los pasados comicios presidenciales “me siento muy bien”
Fabiola Martínez
“Sigo caminando tranquilo por la ciudad sin que nadie me interpele o trate de injuriarme o agredirme. Me siento muy bien”, expresa Leonel Castillo, a poco más de un año de haber calificado la competida elección presidencial de 2006.
“Dimos a las leyes que existían la mayor elasticidad posible. El incidente (del recuento en 11 mil casillas) nos dio una muestra importantísima; de lo contrario, hubieran quedado más dudas todavía.
“En realidad en todas las casillas (de la muestra) hubo una cadena de complicidades, donde estuvieron alterando el sentido de la votación. En la muestra de casillas, de las cuestionadas directamente por la coalición (Por el Bien de Todos) ahí están los resultados en las actas. Eran errores –hasta el más mínimo error era importante–, pero que no resultaron trascendentes”, comentó a este diario el ex presidente del TEPJF.
Castillo dejó ese cargo hace un año y sus sentencias siguen siendo definitivas, pero ahora respecto a divorcios, pensiones alimentarias o patria potestad, en su actual función como magistrado de un tribunal colegiado en materia civil. Afirma que se siente muy a gusto en su actual trabajo, porque “todo el derecho es apasionante”.
Ayer, tras su participación en un congreso organizado por el TEPJF, el magistrado expresó: “Las cosas (en el proceso de calificación de la elección presidencial) estuvieron como estuvieron (sic), de manera que sigo muy tranquilo. En cualquier lugar, en cualquier parte puedo andar caminando, mezclarme (con la gente) por mi trabajo como magistrado electoral”, expresó.
Muy bien y muy tranquilo con sus millones en el bolsillo enarbolando orgullosamente la bandera de la traición a su país.
Fabiola Martínez
“Sigo caminando tranquilo por la ciudad sin que nadie me interpele o trate de injuriarme o agredirme. Me siento muy bien”, expresa Leonel Castillo, a poco más de un año de haber calificado la competida elección presidencial de 2006.
“Dimos a las leyes que existían la mayor elasticidad posible. El incidente (del recuento en 11 mil casillas) nos dio una muestra importantísima; de lo contrario, hubieran quedado más dudas todavía.
“En realidad en todas las casillas (de la muestra) hubo una cadena de complicidades, donde estuvieron alterando el sentido de la votación. En la muestra de casillas, de las cuestionadas directamente por la coalición (Por el Bien de Todos) ahí están los resultados en las actas. Eran errores –hasta el más mínimo error era importante–, pero que no resultaron trascendentes”, comentó a este diario el ex presidente del TEPJF.
Castillo dejó ese cargo hace un año y sus sentencias siguen siendo definitivas, pero ahora respecto a divorcios, pensiones alimentarias o patria potestad, en su actual función como magistrado de un tribunal colegiado en materia civil. Afirma que se siente muy a gusto en su actual trabajo, porque “todo el derecho es apasionante”.
Ayer, tras su participación en un congreso organizado por el TEPJF, el magistrado expresó: “Las cosas (en el proceso de calificación de la elección presidencial) estuvieron como estuvieron (sic), de manera que sigo muy tranquilo. En cualquier lugar, en cualquier parte puedo andar caminando, mezclarme (con la gente) por mi trabajo como magistrado electoral”, expresó.
Muy bien y muy tranquilo con sus millones en el bolsillo enarbolando orgullosamente la bandera de la traición a su país.
Transgénicos sangrientos
Silvia Ribeiro*
A un mes del asesinato de Valmir Mota de Oliveira –Keno, de 34 años– del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil (MST), a manos de una milicia armada contratada por la trasnacional Syngenta, la investigación de la policía del estado de Paraná responsabilizó por el crimen a nueve guardias privados y al dueño de la empresa NF Seguranca, Nerci Freitas. Durante el ataque murió también el guardia Fábio Ferreira, de 25 años. La investigación policial liberó al MST de cualquier responsabilidad por las víctimas del ataque, que ha sido condenado ampliamente por La Vía Campesina y muchas otras organizaciones en todo el mundo.
El ataque armado, que dejó además a varios campesinos heridos, fue motivado por la ocupación que realizó el MST de un campo ilegal de experimentación de transgénicos de Syngenta cerca del Parque Nacional Iguazú. Este campo –ilegal al estar dentro del área de amortiguamiento de la reserva natural que alberga las famosas cataratas del mismo nombre– había sido ocupado por el MST en marzo de 2006 para denunciar la situación. En su lugar, el MST comenzó a desarrollar un centro experimental de semillas agroecológicas. Las familias ocupantes decidieron retirarse en julio de 2007, luego de recibir una orden judicial, a la espera de la sentencia sobre la demanda de ilegalidad contra Syngenta.
El 21 de octubre de 2007, a las 6 de la mañana, 150 integrantes del Movimiento Sin Tierra y Vía Campesina Brasil, volvieron a ocuparlo, para presionar por la resolución definitiva.
Ese mismo día, mientras algunos integrantes del movimiento se instalaron en la caseta de vigilancia que está en uno de los límites del terreno sobre la carretera, otras familias comenzaron a prepararse para retomar los cultivos. A las 13 horas del mismo día, llegó al lugar un ómnibus de transporte escolar cargado con un escuadrón de 40 guardias armados de la NF Seguranca. Se bajaron del vehículo y rápidamente comenzaron a abrir una nutrida lluvia de balas contra el portón del campo. Luego avanzaron mientras seguían disparando, al estilo de los asesinatos de la mafia, hasta ubicarse en línea frente a la caseta de vigilancia donde intensificaron el fuego.
Allí se encontraban alrededor de una decena de personas, incluyendo a tres compañeras que habían ido a llevar el almuerzo. Antes de que los guardias de la milicia derribaran la puerta a balazos, varios ocupantes lograron escapar por una ventana trasera, corriendo hacia el asentamiento vecino.
Los guardias dispararon sobre los que huían, entraron en la caseta y mataron a Keno de dos balazos en el pecho, mientras que a Isabel Nascimento de Souza la tomaron del cabello y confundiéndola con otra dirigente del MST que estaba marcada para ser asesinada, le gritaron: “ahora vas morir Célia” y le dispararon a la cabeza. La compañera cayó al suelo boca abajo, donde la dieron por muerta. Pero Olga no murió, sino que desde el suelo pudo ver cómo arrastraban al guardia Fábio Ferreira, herido pero posiblemente aún vivo, a quien le sacaron el uniforme de la empresa y lo dejaron a morir al borde la carretera.
Syngenta ha aceptado públicamente que contrató a la empresa NF Seguranca, pero alegan que no habían autorizado el uso de armas. O sea que, según Syngenta, la empresa de seguridad apareció a pleno día y se puso a balacear a los ocupantes por propia iniciativa, trayendo además la tarea específica de matar a tres personas del MST: Keno, Célia Aparecida Lourenço y Celso Barbosa, quienes ya antes habían recibido amenazas de los matones.
Syngenta, trasnacional de origen suizo, es la segunda empresa mundial de agrotóxicos y semillas transgénicas. En México es uno de los selectos miembros de Agrobio México, una supuesta “asociación civil” que trabaja en la promoción y el cabildeo a favor de los transgénicos. Agrobio es quien escribe, por ejemplo, los campos pagados en los medios y las cartas y declaraciones de las asociaciones de agricultores del norte del país, que piden la liberación del maíz transgénico en México. Ya vamos viendo los “beneficios” que prometen estas empresas.
Es trágico que junto a Syngenta, todas las trasnacionales de transgénicos (Monsanto, Dupont-Pioneer, Dow, Bayer, Basf) están entre los principales fabricantes mundiales de agrotóxicos, y todas tienen en su haber probados y monstruosos crímenes, por ejemplo, envenamiento de cientos de trabajadores y/o comunidades con sus tóxicos, muchas veces a sabiendas de los riesgos a los que los exponían. La acción de Syngenta en Paraná es un asesinato brutal, pero lamentablemente no es la única criminal. Todas muestran el mismo desprecio por la vida de la gente. Ahora, son las que nos aseguran que sus semillas transgénicas “no tienen ningún riesgo”.
La ocupación en Paraná continúa y ahora, más que antes, no se van a rendir: allí se regó la tierra con la sangre y vida de sus compañeros. Los crímenes de Syngenta en Brasil no son, de ninguna manera, un tema local. Como dijera Bertolt Brecht, nos atañe a todos. Por eso es importante seguir con la denuncia y la solidaridad, al tiempo que con la resistencia a los transgénicos y contra la impunidad de estos envenenadores con patente.
*Investigadora del Grupo ETC
A un mes del asesinato de Valmir Mota de Oliveira –Keno, de 34 años– del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil (MST), a manos de una milicia armada contratada por la trasnacional Syngenta, la investigación de la policía del estado de Paraná responsabilizó por el crimen a nueve guardias privados y al dueño de la empresa NF Seguranca, Nerci Freitas. Durante el ataque murió también el guardia Fábio Ferreira, de 25 años. La investigación policial liberó al MST de cualquier responsabilidad por las víctimas del ataque, que ha sido condenado ampliamente por La Vía Campesina y muchas otras organizaciones en todo el mundo.
El ataque armado, que dejó además a varios campesinos heridos, fue motivado por la ocupación que realizó el MST de un campo ilegal de experimentación de transgénicos de Syngenta cerca del Parque Nacional Iguazú. Este campo –ilegal al estar dentro del área de amortiguamiento de la reserva natural que alberga las famosas cataratas del mismo nombre– había sido ocupado por el MST en marzo de 2006 para denunciar la situación. En su lugar, el MST comenzó a desarrollar un centro experimental de semillas agroecológicas. Las familias ocupantes decidieron retirarse en julio de 2007, luego de recibir una orden judicial, a la espera de la sentencia sobre la demanda de ilegalidad contra Syngenta.
El 21 de octubre de 2007, a las 6 de la mañana, 150 integrantes del Movimiento Sin Tierra y Vía Campesina Brasil, volvieron a ocuparlo, para presionar por la resolución definitiva.
Ese mismo día, mientras algunos integrantes del movimiento se instalaron en la caseta de vigilancia que está en uno de los límites del terreno sobre la carretera, otras familias comenzaron a prepararse para retomar los cultivos. A las 13 horas del mismo día, llegó al lugar un ómnibus de transporte escolar cargado con un escuadrón de 40 guardias armados de la NF Seguranca. Se bajaron del vehículo y rápidamente comenzaron a abrir una nutrida lluvia de balas contra el portón del campo. Luego avanzaron mientras seguían disparando, al estilo de los asesinatos de la mafia, hasta ubicarse en línea frente a la caseta de vigilancia donde intensificaron el fuego.
Allí se encontraban alrededor de una decena de personas, incluyendo a tres compañeras que habían ido a llevar el almuerzo. Antes de que los guardias de la milicia derribaran la puerta a balazos, varios ocupantes lograron escapar por una ventana trasera, corriendo hacia el asentamiento vecino.
Los guardias dispararon sobre los que huían, entraron en la caseta y mataron a Keno de dos balazos en el pecho, mientras que a Isabel Nascimento de Souza la tomaron del cabello y confundiéndola con otra dirigente del MST que estaba marcada para ser asesinada, le gritaron: “ahora vas morir Célia” y le dispararon a la cabeza. La compañera cayó al suelo boca abajo, donde la dieron por muerta. Pero Olga no murió, sino que desde el suelo pudo ver cómo arrastraban al guardia Fábio Ferreira, herido pero posiblemente aún vivo, a quien le sacaron el uniforme de la empresa y lo dejaron a morir al borde la carretera.
Syngenta ha aceptado públicamente que contrató a la empresa NF Seguranca, pero alegan que no habían autorizado el uso de armas. O sea que, según Syngenta, la empresa de seguridad apareció a pleno día y se puso a balacear a los ocupantes por propia iniciativa, trayendo además la tarea específica de matar a tres personas del MST: Keno, Célia Aparecida Lourenço y Celso Barbosa, quienes ya antes habían recibido amenazas de los matones.
Syngenta, trasnacional de origen suizo, es la segunda empresa mundial de agrotóxicos y semillas transgénicas. En México es uno de los selectos miembros de Agrobio México, una supuesta “asociación civil” que trabaja en la promoción y el cabildeo a favor de los transgénicos. Agrobio es quien escribe, por ejemplo, los campos pagados en los medios y las cartas y declaraciones de las asociaciones de agricultores del norte del país, que piden la liberación del maíz transgénico en México. Ya vamos viendo los “beneficios” que prometen estas empresas.
Es trágico que junto a Syngenta, todas las trasnacionales de transgénicos (Monsanto, Dupont-Pioneer, Dow, Bayer, Basf) están entre los principales fabricantes mundiales de agrotóxicos, y todas tienen en su haber probados y monstruosos crímenes, por ejemplo, envenamiento de cientos de trabajadores y/o comunidades con sus tóxicos, muchas veces a sabiendas de los riesgos a los que los exponían. La acción de Syngenta en Paraná es un asesinato brutal, pero lamentablemente no es la única criminal. Todas muestran el mismo desprecio por la vida de la gente. Ahora, son las que nos aseguran que sus semillas transgénicas “no tienen ningún riesgo”.
La ocupación en Paraná continúa y ahora, más que antes, no se van a rendir: allí se regó la tierra con la sangre y vida de sus compañeros. Los crímenes de Syngenta en Brasil no son, de ninguna manera, un tema local. Como dijera Bertolt Brecht, nos atañe a todos. Por eso es importante seguir con la denuncia y la solidaridad, al tiempo que con la resistencia a los transgénicos y contra la impunidad de estos envenenadores con patente.
*Investigadora del Grupo ETC
Convocatoria simulada
John M. Ackerman*
La existencia de una convocatoria para elegir a los tres nuevos consejeros electorales por sí sola implica un avance monumental en relación con los procedimientos utilizados en procesos previos. Durante los tres ejercicios anteriores (1994, 1996 y 2003) los candidatos emergieron exclusivamente de las negociaciones entre partidos y gobierno federal. No hubo posibilidad alguna para proponer candidatos independientes. Ahora cualquier persona podrá presentarse a título personal o ser propuesta por grupos de ciudadanos. En términos formales la cancha está totalmente abierta y a nadie que cumpla con los requisitos se le podrá excluir.
Esta también es la primera ocasión en que se realizará un proceso de auscultación de los candidatos. En el pasado los nombres de los candidatos se barajaban en la mesa de negociaciones sin mediar ningún proceso público de entrevista o de revisión de las trayectorias de los postulantes. Los diputados ni siquiera se tomaban la molestia de elaborar dictámenes que hicieran constar que aquéllos cumplían con los requisitos de elegibilidad. Es por lo tanto encomiable que hoy los legisladores hayan cuidado estos aspectos para asegurar un proceso de elección más legítimo y abierto.
Sin embargo, todo indica que en los hechos el procedimiento que presenciaremos en los próximos días será una mera simulación. Entre el 4 y el 7 de diciembre todos seremos testigos de un circo de varias pistas en el que centenares de ciudadanos contarán con solamente unos cuantos minutos para comparecer ante los integrantes de la Comisión de Gobernación para presentar sus propuestas. Asimismo, para este propósito la comisión “se dividirá en tantos grupos de trabajo como se requiera”. Con este procedimiento, los integrantes de la comisión en su conjunto no podrán conocer a fondo las propuestas y las trayectorias de los diversos candidatos, y mucho menos los ciudadanos en general.
Después de estas apuradas comparecencias ante una fragmentada Comisión de Gobernación, será responsabilidad de la Junta de Coordinación Política decidir los tres nombres de los nuevos consejeros y proponerlos al pleno. Mágicamente aparecerán los tres elegidos y la junta no presentará ternas o alternativas para cada vacante. Seguramente tampoco habrá un debate público en el pleno con respecto a trayectorias y propuestas de los candidatos finalistas. Es de esperarse que los diputados acaten la línea de sus respectivos coordinadores parlamentarios y se limiten a únicamente levantar sus dedos para avalar las propuestas de la junta.
El colofón de opacidad en todo este proceso es que la votación en el pleno se realizará por medio de “cédula” utilizando papeletas. Nunca sabremos con certeza cómo votó cada diputado. Tal mecanismo se podría prestar a arreglos en lo oscurito. Si bien los ciudadanos tenemos el derecho a una votación secreta y anónima, la regla de oro en la práctica parlamentaria tendría que ser justamente lo contrario. Nuestros representantes deben votar públicamente, para que los ciudadanos podamos controlarlos y llamarlos a cuentas.
Un proceso realmente transparente no solamente obligaría a los candidatos a exponer sus proyectos y trayectorias, sino que también abriría a la luz pública el proceso deliberativo de los legisladores. Habría que exigir, por ejemplo, que las sesiones de la Junta de Coordinación Política sean públicas y se transmitan por el Canal del Congreso. De esta manera, los ciudadanos podríamos llamar a cuentas a nuestros representantes populares y aseguraríamos la aplicación de criterios claros y objetivos para la selección de nuestros nuevos árbitros electorales. De lo contrario, los ciudadanos no sabremos nunca las razones que animaron a los diputados a escoger a los tres elegidos de entre los cientos de candidatos. Quedaría la sospecha de que la decisión se hubiera tomado únicamente con base en criterios políticos.
Es de celebrar que hoy contemos con una convocatoria pública y un procedimiento formal para la selección de nuestros consejeros electorales. Sin embargo, es de lamentar que éste se encuentre empañado de tanta opacidad, al grado de estar en riesgo de prestarse para arreglos políticos a espaldas de la ciudadanía.
* Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ackerman@servidor.unam.mx
Es decir, las cosas cambian de forma pero no de fondo. Seguirá pasando lo mismo pero disfrazado, entonces de qué sirve. De nada, seguimos en las mismas.
La existencia de una convocatoria para elegir a los tres nuevos consejeros electorales por sí sola implica un avance monumental en relación con los procedimientos utilizados en procesos previos. Durante los tres ejercicios anteriores (1994, 1996 y 2003) los candidatos emergieron exclusivamente de las negociaciones entre partidos y gobierno federal. No hubo posibilidad alguna para proponer candidatos independientes. Ahora cualquier persona podrá presentarse a título personal o ser propuesta por grupos de ciudadanos. En términos formales la cancha está totalmente abierta y a nadie que cumpla con los requisitos se le podrá excluir.
Esta también es la primera ocasión en que se realizará un proceso de auscultación de los candidatos. En el pasado los nombres de los candidatos se barajaban en la mesa de negociaciones sin mediar ningún proceso público de entrevista o de revisión de las trayectorias de los postulantes. Los diputados ni siquiera se tomaban la molestia de elaborar dictámenes que hicieran constar que aquéllos cumplían con los requisitos de elegibilidad. Es por lo tanto encomiable que hoy los legisladores hayan cuidado estos aspectos para asegurar un proceso de elección más legítimo y abierto.
Sin embargo, todo indica que en los hechos el procedimiento que presenciaremos en los próximos días será una mera simulación. Entre el 4 y el 7 de diciembre todos seremos testigos de un circo de varias pistas en el que centenares de ciudadanos contarán con solamente unos cuantos minutos para comparecer ante los integrantes de la Comisión de Gobernación para presentar sus propuestas. Asimismo, para este propósito la comisión “se dividirá en tantos grupos de trabajo como se requiera”. Con este procedimiento, los integrantes de la comisión en su conjunto no podrán conocer a fondo las propuestas y las trayectorias de los diversos candidatos, y mucho menos los ciudadanos en general.
Después de estas apuradas comparecencias ante una fragmentada Comisión de Gobernación, será responsabilidad de la Junta de Coordinación Política decidir los tres nombres de los nuevos consejeros y proponerlos al pleno. Mágicamente aparecerán los tres elegidos y la junta no presentará ternas o alternativas para cada vacante. Seguramente tampoco habrá un debate público en el pleno con respecto a trayectorias y propuestas de los candidatos finalistas. Es de esperarse que los diputados acaten la línea de sus respectivos coordinadores parlamentarios y se limiten a únicamente levantar sus dedos para avalar las propuestas de la junta.
El colofón de opacidad en todo este proceso es que la votación en el pleno se realizará por medio de “cédula” utilizando papeletas. Nunca sabremos con certeza cómo votó cada diputado. Tal mecanismo se podría prestar a arreglos en lo oscurito. Si bien los ciudadanos tenemos el derecho a una votación secreta y anónima, la regla de oro en la práctica parlamentaria tendría que ser justamente lo contrario. Nuestros representantes deben votar públicamente, para que los ciudadanos podamos controlarlos y llamarlos a cuentas.
Un proceso realmente transparente no solamente obligaría a los candidatos a exponer sus proyectos y trayectorias, sino que también abriría a la luz pública el proceso deliberativo de los legisladores. Habría que exigir, por ejemplo, que las sesiones de la Junta de Coordinación Política sean públicas y se transmitan por el Canal del Congreso. De esta manera, los ciudadanos podríamos llamar a cuentas a nuestros representantes populares y aseguraríamos la aplicación de criterios claros y objetivos para la selección de nuestros nuevos árbitros electorales. De lo contrario, los ciudadanos no sabremos nunca las razones que animaron a los diputados a escoger a los tres elegidos de entre los cientos de candidatos. Quedaría la sospecha de que la decisión se hubiera tomado únicamente con base en criterios políticos.
Es de celebrar que hoy contemos con una convocatoria pública y un procedimiento formal para la selección de nuestros consejeros electorales. Sin embargo, es de lamentar que éste se encuentre empañado de tanta opacidad, al grado de estar en riesgo de prestarse para arreglos políticos a espaldas de la ciudadanía.
* Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ackerman@servidor.unam.mx
Es decir, las cosas cambian de forma pero no de fondo. Seguirá pasando lo mismo pero disfrazado, entonces de qué sirve. De nada, seguimos en las mismas.
La reforma laboral, otra vez
Arturo Alcalde Justiniani
El gobierno federal ha retomado el tema de la reforma laboral. En esta ocasión la táctica es distinta, no se presentará una iniciativa de ley específica, sino que, previo acuerdo con algunos personeros del PAN y el PRI se impulsará una agenda que conforme se va conociendo parece responder esencialmente a preocupaciones empresariales, soslayándose los reclamos que han venido planteando el sindicalismo democrático, la academia, los especialistas laborales y la sociedad civil; se deja intocado el régimen de control gremial y de corrupción que agobia a los trabajadores y a los pequeños y medianos empresarios de nuestro país.
En el sexenio anterior, la conocida propuesta Abascal, presentada el 12 de diciembre de 2002, se ostentó falsamente como la “iniciativa de los sectores”; sus objetivos fueron legalizar y ampliar las formas temporales de contratación individual por la vía de los contratos a prueba, capacitación inicial y por temporada, así como permitir jornadas de trabajo flexibles para evitar el pago de tiempo extra. En el plano colectivo, se propuso obstaculizar el derecho de huelga y cancelar la posibilidad de que los trabajadores quitaran al sindicato impuesto por el patrón. En este esquema, para que procediera cualquier trámite legal debían informar previamente los nombres de los trabajadores inconformes y obtener su firma, para reprimirlos a tiempo, obviamente.
En esta ocasión se repite la ausencia de un diálogo abierto de cara a la sociedad y se omite el análisis público que aproveche la reflexión generada en los últimos 20 años, que incluye ricas experiencias internacionales, especialmente en Latinoamérica, desarrolladas con éxito a partir de procesos de reforma institucional, sustentados en un diálogo social y productivo con actores representativos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) mantiene en su agenda la propuesta Abascal en materia de contratación individual temporal; atiende la petición empresarial de reducir el derecho al 10 por ciento de reparto de utilidades, sustituyéndolo con incrementos sustentados en la productividad, que en el actual esquema ausente de democracia gremial se convertirán en una simulación; sugiere derogar la cláusula de exclusión por separación, sin incluir garantías para la no intromisión patronal a fin de hacer efectiva la autonomía y la libertad de asociación; plantea simplificar los procedimientos de clausura de los centros de trabajo que afecten la seguridad de los trabajadores y actualizar los montos de las sanciones económicas, sin considerar un nuevo sistema de inspección y fiscalización del Estado con otra visión institucional; de igual forma, considera como información pública la relacionada con registros sindicales y contratos colectivos, tema positivo que convendría fortalecer con un registro público autónomo como ha sido propuesto por un importante sector de la sociedad.
Para transitar a una reforma laboral y productiva en beneficio del país y atendiendo a múltiples foros en la materia, se ha acreditado que los pilares para modernizar las relaciones laborales son cuatro: en primer lugar, contar con un sistema de justicia laboral a través de árbitros imparciales y profesionales que resuelvan con eficacia y prontitud no sólo los juicios individuales, sino también los procesos colectivos, hasta hoy sometidos al control gremial y patronal. La valiosa consulta llevada a cabo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de una reforma judicial integral demostró la necesidad de que los tribunales laborales dejen de pertenecer al ámbito del Poder Ejecutivo, para ubicarlos en un espacio autónomo propio, con jueces laborales especializados adscritos al Poder Judicial federal; actualmente no tienen autonomía alguna, son simples correas de transmisión de la voluntad del Ejecutivo federal o local y pieza clave del corporativismo, por lo cual no cuentan con la confianza ciudadana. La STPS se resiste a apoyar un cambio, alegando que el problema de la justicia laboral se reduce a aspectos administrativos y de carga de trabajo, con una visión centralista, ya que los problemas de la junta federal no son extensivos al ámbito local.
Un segundo aspecto tiene relación con la necesidad de preservar el principio de igualdad ante la ley. Por ello, es necesario suprimir los apartados de excepción que lesionan a los servidores públicos de base, los mal llamados trabajadores de confianza, y a todos aquellos sometidos a capítulos de carácter especial; nada se propone en esta materia. Un tercer apartado de esta agenda laboral está vinculado a la democratización gremial, necesidad evidente frente a un mundo agobiado por el control y la corrupción, cuyo dato más objetivo es el inmenso número de contratos de protección patronal existentes. En esta materia el llamado “impulso” del gobierno federal ignora las propuestas de voto secreto para la elección de dirigentes y aquellas medidas tendientes a garantizar la autonomía de los sindicatos para actuar democráticamente, como en el resto del mundo. Por último, también se omiten propuestas relacionadas con el fortalecimiento de la contratación colectiva legítima, sustentada en un diálogo regional y de cadena productiva en el que se concilien responsablemente los intereses de trabajadores y patrones.
Urge un espacio público y plural de reflexión sobre la agenda laboral en el entorno de la reforma del Estado que responda al nuevo escenario del mercado del trabajo. Por lo pronto, debemos exhibir el papel cómplice de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con el modelo de pobreza que sufre la mayor parte de nuestra población por la caída permanente del salario real. Un elemento adicional para el diagnóstico laboral es aclarar también los datos relacionados en materia de creación de empleos contradictorios entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
El gobierno federal ha retomado el tema de la reforma laboral. En esta ocasión la táctica es distinta, no se presentará una iniciativa de ley específica, sino que, previo acuerdo con algunos personeros del PAN y el PRI se impulsará una agenda que conforme se va conociendo parece responder esencialmente a preocupaciones empresariales, soslayándose los reclamos que han venido planteando el sindicalismo democrático, la academia, los especialistas laborales y la sociedad civil; se deja intocado el régimen de control gremial y de corrupción que agobia a los trabajadores y a los pequeños y medianos empresarios de nuestro país.
En el sexenio anterior, la conocida propuesta Abascal, presentada el 12 de diciembre de 2002, se ostentó falsamente como la “iniciativa de los sectores”; sus objetivos fueron legalizar y ampliar las formas temporales de contratación individual por la vía de los contratos a prueba, capacitación inicial y por temporada, así como permitir jornadas de trabajo flexibles para evitar el pago de tiempo extra. En el plano colectivo, se propuso obstaculizar el derecho de huelga y cancelar la posibilidad de que los trabajadores quitaran al sindicato impuesto por el patrón. En este esquema, para que procediera cualquier trámite legal debían informar previamente los nombres de los trabajadores inconformes y obtener su firma, para reprimirlos a tiempo, obviamente.
En esta ocasión se repite la ausencia de un diálogo abierto de cara a la sociedad y se omite el análisis público que aproveche la reflexión generada en los últimos 20 años, que incluye ricas experiencias internacionales, especialmente en Latinoamérica, desarrolladas con éxito a partir de procesos de reforma institucional, sustentados en un diálogo social y productivo con actores representativos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) mantiene en su agenda la propuesta Abascal en materia de contratación individual temporal; atiende la petición empresarial de reducir el derecho al 10 por ciento de reparto de utilidades, sustituyéndolo con incrementos sustentados en la productividad, que en el actual esquema ausente de democracia gremial se convertirán en una simulación; sugiere derogar la cláusula de exclusión por separación, sin incluir garantías para la no intromisión patronal a fin de hacer efectiva la autonomía y la libertad de asociación; plantea simplificar los procedimientos de clausura de los centros de trabajo que afecten la seguridad de los trabajadores y actualizar los montos de las sanciones económicas, sin considerar un nuevo sistema de inspección y fiscalización del Estado con otra visión institucional; de igual forma, considera como información pública la relacionada con registros sindicales y contratos colectivos, tema positivo que convendría fortalecer con un registro público autónomo como ha sido propuesto por un importante sector de la sociedad.
Para transitar a una reforma laboral y productiva en beneficio del país y atendiendo a múltiples foros en la materia, se ha acreditado que los pilares para modernizar las relaciones laborales son cuatro: en primer lugar, contar con un sistema de justicia laboral a través de árbitros imparciales y profesionales que resuelvan con eficacia y prontitud no sólo los juicios individuales, sino también los procesos colectivos, hasta hoy sometidos al control gremial y patronal. La valiosa consulta llevada a cabo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de una reforma judicial integral demostró la necesidad de que los tribunales laborales dejen de pertenecer al ámbito del Poder Ejecutivo, para ubicarlos en un espacio autónomo propio, con jueces laborales especializados adscritos al Poder Judicial federal; actualmente no tienen autonomía alguna, son simples correas de transmisión de la voluntad del Ejecutivo federal o local y pieza clave del corporativismo, por lo cual no cuentan con la confianza ciudadana. La STPS se resiste a apoyar un cambio, alegando que el problema de la justicia laboral se reduce a aspectos administrativos y de carga de trabajo, con una visión centralista, ya que los problemas de la junta federal no son extensivos al ámbito local.
Un segundo aspecto tiene relación con la necesidad de preservar el principio de igualdad ante la ley. Por ello, es necesario suprimir los apartados de excepción que lesionan a los servidores públicos de base, los mal llamados trabajadores de confianza, y a todos aquellos sometidos a capítulos de carácter especial; nada se propone en esta materia. Un tercer apartado de esta agenda laboral está vinculado a la democratización gremial, necesidad evidente frente a un mundo agobiado por el control y la corrupción, cuyo dato más objetivo es el inmenso número de contratos de protección patronal existentes. En esta materia el llamado “impulso” del gobierno federal ignora las propuestas de voto secreto para la elección de dirigentes y aquellas medidas tendientes a garantizar la autonomía de los sindicatos para actuar democráticamente, como en el resto del mundo. Por último, también se omiten propuestas relacionadas con el fortalecimiento de la contratación colectiva legítima, sustentada en un diálogo regional y de cadena productiva en el que se concilien responsablemente los intereses de trabajadores y patrones.
Urge un espacio público y plural de reflexión sobre la agenda laboral en el entorno de la reforma del Estado que responda al nuevo escenario del mercado del trabajo. Por lo pronto, debemos exhibir el papel cómplice de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con el modelo de pobreza que sufre la mayor parte de nuestra población por la caída permanente del salario real. Un elemento adicional para el diagnóstico laboral es aclarar también los datos relacionados en materia de creación de empleos contradictorios entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Machetazo a caballo de espadas
Carlos Fernández-Vega
Los banqueros, que celebraron la legalización del anatocismo, apelan decisión de una corte
Allá por octubre de 1998 los banqueros mexicanos (todavía mayoritariamente de esa nacionalidad en ese entonces) se regodeaban porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a su favor al legalizar el anatocismo en el país, o lo que es lo mismo el cobro de intereses sobre intereses y su capitalización, con lo que la máxima autoridad judicial condenó a millones de mexicanos a ser deudores sempiternos.
Por aquel entonces las organizaciones cúpula del sector privado apoyaron a los banqueros en su celebración, y conminaron a los deudores a “enfrentar los pasivos y olvidarse de las protestas”, porque el citado fallo “no representa dar la razón a los banqueros, sino un avance en la consolidación del sistema financiero del país; nadie puede sostener (decían) que la SCJN actuó o esté a favor de los banqueros; lo único que busca es proteger el dinero de los ahorradores”.
Después de ese fallo y las subsecuentes declaraciones, varias oportunidades se han presentado para poner a prueba lo dicho por los líderes empresariales (entre ellos el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial y actual gobernador de Sonora, Eduardo Bours), pero a la fecha nadie ha podido confirmar que la legalización del anatocismo no fue para beneficiar a los banqueros y saquear, aún más, a los deudores.
Pues bien, un caso adicional de anatocismo surge por estos días, pero en sentido contrario, en una historia mezcla de reclamo legal de derechos, la participación activa de uno de los más sólidos cuan descarados grupos de tráfico de influencias en el país, el rechazo de los organismos cúpula del sector privado a la posibilidad de que los barones del dinero sean afectados por una decisión judicial y el horror de los banqueros (mayoritariamente extranjeros en la actualidad) ante la inminencia de que en esta ocasión ellos sean las víctimas de lo mismo que poco años atrás festejaban como una victoria gremial.
Resulta que el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua recientemente dictó sentencia condenatoria en contra de Banamex, en una demanda presentada por un cliente común y corriente, José Luis Saldívar Cano, quien en 1987 firmó un contrato de inversión con el otrora Banco Nacional de México (hoy perteneciente a Citigroup), para que su capital generara intereses. Lo hizo justo en el momento en el que el país reportaba un alto y creciente índice inflacionario, así como elevadas tasas de interés bancarias, y el gobierno de Miguel de la Madrid, que ya no sentía lo duro sino lo tupido, inauguraba la temporada de “pactos de estabilidad”, de los que la mayoría de mexicanos resultó afectada.
Con tal sentencia, el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua condenó a Banamex (Citigroup) al pago de mil 462 millones de pesos (algo así como 133 millones de dólares) a Saldívar Cano, resultantes de la generación de intereses sobre intereses y su capitalización, a lo largo de dos décadas, de aquel contrato de inversión que ambas partes firmaron en 1987.
Ahora la famiglia feliz está nerviosa. Los banqueros ya no celebran ni se regodean. Menos comparten aquello de “enfrentar pasivos y olvidarse de protestas”. Por el contrario, en voz de su presidente, Enrique Castillo Sánchez Mejorada, se dicen “preocupados” por el caso y aseguran que “ya hubo un fallo constitucional en la Suprema Corte en el sentido de que eso no procede” (aunque en 1998 celebraron que sí procedía, y actuaron en consecuencia contra los deudores), mientras Banamex, que no está acostumbrado a perder ni a pagar impuestos, ha recurrido al amparo judicial y político, porque la justicia le ha otorgado su protección y el gobierno calderonista la suya, toda vez que el propio secretario de Hacienda, Agustín Carstens, negocia con los abogados de Saldívar Cano (Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, entre otros capos del tráfico de influencias) para evitar el golpe a la institución financiera privada, representada por su director jurídico y ex director del Fobaproa, Javier Arrigunaga.
Tampoco la máxima autoridad judicial del país parece tener la misma claridad y certeza que en 1998, cuando por 8 votos a favor y 3 en contra legalizó el anatocismo. En esta ocasión, “por su trascendencia e importancia para la vida del país”, la SCJN atrajo el caso (Saldívar Cano-Banamex.), “y el juicio servirá de base para aplicarse en al menos 150 procesos contra distintos bancos que el máximo tribunal ha ubicado en todo el país y en los que también están en juego sumas multimillonarias… los ministros de la Primera Sala consideraron necesario atraer el juicio de Banamex por las repercusiones que podría acarrear su resultado en el sector financiero (en el entendido) que la decisión que adopte podría crear un precedente de gran repercusión para las instituciones bancarias con motivo de los contratos que en el futuro celebren…” (nota tomada de El Universal).
Antes sí, ahora no. En 1998 banqueros y cúpula del sector privado juraban que con su decisión “la SCJN lo único que busca es proteger el dinero de los ahorradores”. Pues bien, llegó el momento de ser consecuentes, aunque eso es quimera entratándose de barones del dinero y líderes empresariales.
Las rebanadas del pastel
Quien en el pasado proceso electoral hizo del insulto, la agresión y la propaganda negra el eje de su campaña por la Presidencia de la República, hoy considera que “las descalificaciones o las posiciones maximalistas sólo exacerban los ánimos, provocan mayor crispación y reacciones instintivas en los actores de la vida nacional”. Pero el señalamiento del inquilino de Los Pinos no es en respuesta a la irritación de millones de mexicanos ofendidos por su accionar en 2006, sino al histérico reclamo de los barones de los medios electrónicos que financiaron esa misma campaña y que hoy hacen un llamado para “no permitir que las ambiciones políticas de unos cuantos echen al basurero de la historia la lucha de millones de mexicanos por conquistar la libertad de expresión”, la misma que ellos cotidianamente envilecen.
Los banqueros, que celebraron la legalización del anatocismo, apelan decisión de una corte
Allá por octubre de 1998 los banqueros mexicanos (todavía mayoritariamente de esa nacionalidad en ese entonces) se regodeaban porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a su favor al legalizar el anatocismo en el país, o lo que es lo mismo el cobro de intereses sobre intereses y su capitalización, con lo que la máxima autoridad judicial condenó a millones de mexicanos a ser deudores sempiternos.
Por aquel entonces las organizaciones cúpula del sector privado apoyaron a los banqueros en su celebración, y conminaron a los deudores a “enfrentar los pasivos y olvidarse de las protestas”, porque el citado fallo “no representa dar la razón a los banqueros, sino un avance en la consolidación del sistema financiero del país; nadie puede sostener (decían) que la SCJN actuó o esté a favor de los banqueros; lo único que busca es proteger el dinero de los ahorradores”.
Después de ese fallo y las subsecuentes declaraciones, varias oportunidades se han presentado para poner a prueba lo dicho por los líderes empresariales (entre ellos el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial y actual gobernador de Sonora, Eduardo Bours), pero a la fecha nadie ha podido confirmar que la legalización del anatocismo no fue para beneficiar a los banqueros y saquear, aún más, a los deudores.
Pues bien, un caso adicional de anatocismo surge por estos días, pero en sentido contrario, en una historia mezcla de reclamo legal de derechos, la participación activa de uno de los más sólidos cuan descarados grupos de tráfico de influencias en el país, el rechazo de los organismos cúpula del sector privado a la posibilidad de que los barones del dinero sean afectados por una decisión judicial y el horror de los banqueros (mayoritariamente extranjeros en la actualidad) ante la inminencia de que en esta ocasión ellos sean las víctimas de lo mismo que poco años atrás festejaban como una victoria gremial.
Resulta que el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua recientemente dictó sentencia condenatoria en contra de Banamex, en una demanda presentada por un cliente común y corriente, José Luis Saldívar Cano, quien en 1987 firmó un contrato de inversión con el otrora Banco Nacional de México (hoy perteneciente a Citigroup), para que su capital generara intereses. Lo hizo justo en el momento en el que el país reportaba un alto y creciente índice inflacionario, así como elevadas tasas de interés bancarias, y el gobierno de Miguel de la Madrid, que ya no sentía lo duro sino lo tupido, inauguraba la temporada de “pactos de estabilidad”, de los que la mayoría de mexicanos resultó afectada.
Con tal sentencia, el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua condenó a Banamex (Citigroup) al pago de mil 462 millones de pesos (algo así como 133 millones de dólares) a Saldívar Cano, resultantes de la generación de intereses sobre intereses y su capitalización, a lo largo de dos décadas, de aquel contrato de inversión que ambas partes firmaron en 1987.
Ahora la famiglia feliz está nerviosa. Los banqueros ya no celebran ni se regodean. Menos comparten aquello de “enfrentar pasivos y olvidarse de protestas”. Por el contrario, en voz de su presidente, Enrique Castillo Sánchez Mejorada, se dicen “preocupados” por el caso y aseguran que “ya hubo un fallo constitucional en la Suprema Corte en el sentido de que eso no procede” (aunque en 1998 celebraron que sí procedía, y actuaron en consecuencia contra los deudores), mientras Banamex, que no está acostumbrado a perder ni a pagar impuestos, ha recurrido al amparo judicial y político, porque la justicia le ha otorgado su protección y el gobierno calderonista la suya, toda vez que el propio secretario de Hacienda, Agustín Carstens, negocia con los abogados de Saldívar Cano (Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, entre otros capos del tráfico de influencias) para evitar el golpe a la institución financiera privada, representada por su director jurídico y ex director del Fobaproa, Javier Arrigunaga.
Tampoco la máxima autoridad judicial del país parece tener la misma claridad y certeza que en 1998, cuando por 8 votos a favor y 3 en contra legalizó el anatocismo. En esta ocasión, “por su trascendencia e importancia para la vida del país”, la SCJN atrajo el caso (Saldívar Cano-Banamex.), “y el juicio servirá de base para aplicarse en al menos 150 procesos contra distintos bancos que el máximo tribunal ha ubicado en todo el país y en los que también están en juego sumas multimillonarias… los ministros de la Primera Sala consideraron necesario atraer el juicio de Banamex por las repercusiones que podría acarrear su resultado en el sector financiero (en el entendido) que la decisión que adopte podría crear un precedente de gran repercusión para las instituciones bancarias con motivo de los contratos que en el futuro celebren…” (nota tomada de El Universal).
Antes sí, ahora no. En 1998 banqueros y cúpula del sector privado juraban que con su decisión “la SCJN lo único que busca es proteger el dinero de los ahorradores”. Pues bien, llegó el momento de ser consecuentes, aunque eso es quimera entratándose de barones del dinero y líderes empresariales.
Las rebanadas del pastel
Quien en el pasado proceso electoral hizo del insulto, la agresión y la propaganda negra el eje de su campaña por la Presidencia de la República, hoy considera que “las descalificaciones o las posiciones maximalistas sólo exacerban los ánimos, provocan mayor crispación y reacciones instintivas en los actores de la vida nacional”. Pero el señalamiento del inquilino de Los Pinos no es en respuesta a la irritación de millones de mexicanos ofendidos por su accionar en 2006, sino al histérico reclamo de los barones de los medios electrónicos que financiaron esa misma campaña y que hoy hacen un llamado para “no permitir que las ambiciones políticas de unos cuantos echen al basurero de la historia la lucha de millones de mexicanos por conquistar la libertad de expresión”, la misma que ellos cotidianamente envilecen.
Los de abajo
Gloria Muñoz Ramírez
Oak Grove (pequeño bosque de roble) es uno de los tantos lugares sagrados del pueblo indígena Ohlone, hoy ocupados por el gobierno federal y local estadunidense en el área de la bahía de San Francisco, California. Oak Grove tiene además la particularidad de que sus troncos quedaron bajo la custodia de la Universidad de Berkeley, aquel famoso campus en el que se gestaron movimientos históricos en Estados Unidos, tales como la defensa de los derechos civiles y la oposición estadunidense a la guerra de Vietnam.
Si no fuera por las resistencias que aún se gestan en su interior, podría afirmarse que del espacio contestatario de la Universidad de Berkeley queda sólo la fama. A contracorriente de la tendencia a la sumisión, un grupo de activistas asumió la defensa de esta área de robles nativos, que representa uno de los ecosistemas más complejos de California y alberga un cementerio sagrado de los Ohlone. Lejos de respetar el área bajo su custodia, las autoridades universitarias de Berkeley pretenden construir un centro de entrenamiento deportivo en este espacio, con lo que cortarían 38 grandes árboles.
La lucha se inició como defensa al medio ambiente y en febrero pasado tomó otro giro, cuando los líderes de la tribu indígena Ohlone declararon que ahí descansaban sus ancestros. La universidad negó la existencia de pruebas que avalaran que los esqueletos encontrados fueran indígenas, y señaló que, “aunque lo fueran, la legislación de California no prohíbe las construcciones sobre antiguos cementerios”.
La defensa del área indígena de los ohlones comenzó cuando un grupo de personas decidió habitar la copa de los árboles para impedir su tala y de ahí se gestó un movimiento conformado por indígenas, activistas y estudiantes dedicados a apoyar a los moradores de los robles, a quienes les llevaron agua y comida desde diciembre de 2006, fecha en que montaron la guardia. En agosto de este año la universidad construyó una cerca para impedir la solidaridad con el movimiento. Y el 10 de noviembre pasado levantaron una nueva valla, para que no les llegara alimento.
Aún así, el pasado 14 de noviembre un grupo de personas, entre ellas indígenas del área de la bahía de San Francisco y activistas solidarios, organizaron una vigilia pacífica para apoyarlos, pero la acción fue violentamente reprimida por la policía universitaria. Golpes, vejaciones y tres personas detenidas fue el saldo.
Una de las mujeres arrestadas forma parte de la otra campaña en Oakland. A ella se acusa de golpear a dos oficiales, violar una orden judicial y de resistencia al arresto. Todo es absolutamente falso, como lo demuestran los videos de la represión grabados por los activistas. Los detenidos finalmente salieron de la cárcel bajo fianza y todos enfrentan juicios.
“Denunciamos un caso más, de los cientos que se cometen en este país y a escala mundial, de abusos de autoridad y encarcelamientos injustos a hermanos y hermanas cuyo único delito es defender su tierra y su derecho a una vida digna”, señaló en un comunicado la Colectiva Zapatista Ramona.
Oak Grove (pequeño bosque de roble) es uno de los tantos lugares sagrados del pueblo indígena Ohlone, hoy ocupados por el gobierno federal y local estadunidense en el área de la bahía de San Francisco, California. Oak Grove tiene además la particularidad de que sus troncos quedaron bajo la custodia de la Universidad de Berkeley, aquel famoso campus en el que se gestaron movimientos históricos en Estados Unidos, tales como la defensa de los derechos civiles y la oposición estadunidense a la guerra de Vietnam.
Si no fuera por las resistencias que aún se gestan en su interior, podría afirmarse que del espacio contestatario de la Universidad de Berkeley queda sólo la fama. A contracorriente de la tendencia a la sumisión, un grupo de activistas asumió la defensa de esta área de robles nativos, que representa uno de los ecosistemas más complejos de California y alberga un cementerio sagrado de los Ohlone. Lejos de respetar el área bajo su custodia, las autoridades universitarias de Berkeley pretenden construir un centro de entrenamiento deportivo en este espacio, con lo que cortarían 38 grandes árboles.
La lucha se inició como defensa al medio ambiente y en febrero pasado tomó otro giro, cuando los líderes de la tribu indígena Ohlone declararon que ahí descansaban sus ancestros. La universidad negó la existencia de pruebas que avalaran que los esqueletos encontrados fueran indígenas, y señaló que, “aunque lo fueran, la legislación de California no prohíbe las construcciones sobre antiguos cementerios”.
La defensa del área indígena de los ohlones comenzó cuando un grupo de personas decidió habitar la copa de los árboles para impedir su tala y de ahí se gestó un movimiento conformado por indígenas, activistas y estudiantes dedicados a apoyar a los moradores de los robles, a quienes les llevaron agua y comida desde diciembre de 2006, fecha en que montaron la guardia. En agosto de este año la universidad construyó una cerca para impedir la solidaridad con el movimiento. Y el 10 de noviembre pasado levantaron una nueva valla, para que no les llegara alimento.
Aún así, el pasado 14 de noviembre un grupo de personas, entre ellas indígenas del área de la bahía de San Francisco y activistas solidarios, organizaron una vigilia pacífica para apoyarlos, pero la acción fue violentamente reprimida por la policía universitaria. Golpes, vejaciones y tres personas detenidas fue el saldo.
Una de las mujeres arrestadas forma parte de la otra campaña en Oakland. A ella se acusa de golpear a dos oficiales, violar una orden judicial y de resistencia al arresto. Todo es absolutamente falso, como lo demuestran los videos de la represión grabados por los activistas. Los detenidos finalmente salieron de la cárcel bajo fianza y todos enfrentan juicios.
“Denunciamos un caso más, de los cientos que se cometen en este país y a escala mundial, de abusos de autoridad y encarcelamientos injustos a hermanos y hermanas cuyo único delito es defender su tierra y su derecho a una vida digna”, señaló en un comunicado la Colectiva Zapatista Ramona.
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