Incongruente

El peligro y la vergüenza de México

MEXICO, D.F., 23 de enero (UNIVERSAL/LA JORNADA/APRO).- La Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, consideró incongruente la postura del gobierno del espurio Felipe Calderón de interponer recursos legales contra las facultades de investigación de dicho órgano.
En conferencia de prensa, Antonio Ortega (PRD) dijo que no comparte la postura que sostiene el Ejecutivo en el sentido de que la ASF excede sus facultades al analizar la legalidad del otorgamiento de permisos de sorteos.
Además de la evaluación del impacto del proceso para planear, autorizar, coordinar y supervisar los programas y campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal, ni mucho menos para evaluar el proceso para el otorgamiento de permisos de Estaciones de Carburación de gas LP.
Hizo un llamado a FeCal para que respalde los esfuerzos del Congreso de la Unión en materia de vigilancia.
Ortega dijo que es inexacto decir que las atribuciones del Ejecutivo en materia de otorgamiento de permisos y de comunicación social se encuentran sujetas única y exclusivamente a la vigilancia y evaluación del mismo Ejecutivo, pues la anterior es desconocer el papel que desempeña la ASF y abriría paso para que el Legislativo y el Judicial exijan igualmente ser evaluadas por sus contralorías internas.
Recordó que el discurso del Ejecutivo ha sido el de privilegiar la transparencia, lo que queda en entredicho con estas impugnaciones.
Lo anterior debido a que por segunda ocasión, FeCal logró frenar una investigación que impulsaron legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para sancionar presuntas irregularidades cometidas en la concesión de más de 200 permisos otorgados a empresas particulares, nacionales y extranjeras, para que generen electricidad para su autoabastecimiento.
Asimismo, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados cuestionó la “interferencia impropia” de Calderón, que ha interpuesto controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obstaculizar investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Diputados del PRD, PRI y Convergencia que forman parte de la comisión informaron que presentarán un punto de acuerdo para exigir desista de sus recursos en contra de la ASF, “si quiere mantener una buena relación con el Legislativo. En conferencia de prensa, el presidente de la comisión, Antonio Ortega Martínez, dijo que convocará de manera urgente al pleno de ese órgano legislativo, ante “la cascada de controversias” por parte del gobierno calderonista.
Ortega consideró que esos litigios sólo pretenden ocultar información respecto de las irregularidades cometidas en el ejercicio del gasto en el gobierno de Vicente Fox, así como los permisos a Televisa para operar casinos, otorgados por Santiago Creel, y los otorgados por la Secretaría de Energía -cuando Calderón era el titular- para operar estaciones de carburación de gas LP.
Así, los diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación cuestionaron la postura del gobierno de Calderón de interponer recursos legales contra las facultades de fiscalización de la ASF.
Sostuvieron que FeCal encabeza una “estrategia” basada en “argumentos legaloides” para evitar que se revise la correcta aplicación de los recursos públicos o se transparente la adjudicación de permisos -en explotación de hidrocarburos, gas LP o generación de energía eléctrica- e incluso se monitoree el gasto de comunicación social.
Así lo denunciaron los diputados Antonio Ortega, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, y Pablo Trejo, quien encabeza la comisión especial que indaga el caso ISOSA.

Los bienes ocultos de Mouriño

El pelele nombró a un extranjero oportunista, a un vulgar ladrón, secretario de Gobernación de México. ¿Y los mexicanos? Bien, gracias.

PorEsto!

Además de sus refinados gustos, impecable atuendo y discreta operación política, Juan Camilo Mouriño Terrazo, secretario de Gobernación, destaca entre el equipo íntimo de Felipe Calderón por su patrimonio: casas, automóviles, obras de arte y joyas que, en conjunto, superan los 12 millones de pesos.

A poco más de 6 millones ascendía el monto de sus bienes cuando, en junio de 2003, presentó su primera declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), justo cuando asumió una dirección general y luego una subsecretaría en la Secretaría de Energía, a invitación de Calderón Hinojosa.

Salvo una inversión de 25 mil euros, equivalentes a 400 mil pesos mexicanos, Mouriño no reportó ninguna variación en su fortuna en el 2004, año en el que salió del servicio público por el despido de su jefe, Calderón, quien con ello se catapultó a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN).

Desde entonces, hace tres años, ya no se tiene información oficial de la fortuna del recién designado secretario de Gobernación, debido a que “no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”, según la declaración que presentó ante la SFP primero como coordinador del equipo de transición -en el que cobró 131 mil pesos brutos al mes- y después como jefe de la Oficina de la Presidencia, con un sueldo mensual de 205 mil pesos, el mismo que recibe como titular de Gobernación.

Sin embargo, de acuerdo con documentos, en noviembre del 2004, después de que en junio renunció junto con Calderón a su cargo en la Secretaría de Energía, Mouriño se compró un departamento en las Lomas de Chapultepec a un precio de 6 millones de pesos.

En la firma del contrato con la familia Cababie, que le vendió el departamento A-1102 de la calle Sierra Gorda 15, Mouriño se presentó como “empleado federal”, aunque ya no lo era, y pagó 2.5 millones de pesos en efectivo y 3.5 millones de un crédito que le otorgó Scotianbank Inverlat.

La fortuna de Mouriño, clasificada como secreta por él mismo, está integrada por bienes muebles e inmuebles, automóviles, joyas y obras de arte, según él mismo lo informó a la SFP.

Por ejemplo, en su declaración del 2003, dijo tener joyas y obras de arte por 260 mil pesos, 220 mil de los cuales fueron “regalos recibidos”, y el resto pagados por él al “contado, mientras que el costo de los muebles de sus casas ascendió a 200 mil pesos, 170 mil --declaró-- resultado de “regalos recibidos”.

Las donaciones

También recibió en donación en el 2003 --no dice de quién, porque la ley no lo obliga-- una casa, en Campeche, con valor de 2 millones 124 mil pesos, y se hizo de otra por 350 mil pesos, que pagó de contado en 1997.

Hasta el 2003, dijo ser propietario de una camioneta Grand Cherokee, modelo 1999, con valor de 230 mil pesos, y en diciembre de ese año se compró un automóvil BMW, modelo 2004, con valor de 655 mil pesos.

Antes y después de dedicarse a la política, a partir de 1997, Mouriño Terrazo obtenía sus principales ingresos del Grupo Energético del Sureste (GES), el negocio familiar instalado en Campeche, del que fue director de finanzas y gerente administrativo, encargado, según describió él mismo, de la “revisión y supervisión de la información financiera” y de “optimizar los recursos monetarios de la empresa”.

Por ejemplo, como servidor público en la Secretaría de Energía, dijo tener un sueldo de 86 mil pesos, pero declaró recibir otros cien mil, también mensualmente, de otras actividades que, junto con los 5 mil pesos de intereses de sus cuentas bancarias, sumaron un ingreso mensual de 191 mil pesos a junio del 2003.

Para esa fecha, su patrimonio en cinco cuentas bancarias ascendía a 3 millones 284 mil pesos, cuyo monto principal --un millón 679 mil pesos-- lo identificó como de “organizaciones privadas” y el resto eran cuentas separadas de diversas cantidades: 2 mil 500, 99 mil 211, 3 mil 376, 276 pesos y, la mayor, que ascendía a 500 mil, todas en pesos mexicanos.

Las deudas

Las deudas que Mouriño tenía para el 2003, según la información que “fue capturada directamente por el servidor público”, eran de risa: apenas 9 mil 850 pesos de su tarjeta de crédito.

En conjunto, Mouriño disponía, todavía hasta el 2004, de una fortuna de 6 millones 178 mil pesos, entre cuentas bancarias, casas, muebles, joyas y obras de arte y, a partir del siguiente año, su patrimonio se amplió con la adquisición del departamento de Lomas de Chapultepec, que costó otros 6 millones.

Si bien contrajo un crédito para adquirir ese bien inmueble, a una tasa variable y a liquidar a quince años, en el 2006 la suerte le cambió: no sólo porque Calderón fue electo ganador de las elecciones presidenciales por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en septiembre, sino porque dos meses después, el 24 de noviembre --una semana antes de la toma de posesión-- el banco le dio una gran noticia:

Scotiabank Inverlat lo invitó a firmar un “convenio modificatorio” para pagar los 3 millones 346 mil pesos que debía en un plazo de diez años y con una tasa de interés anualizada “del once punto cincuenta y ocho por ciento a partir de la firma del presente instrumento y hasta el pago total del adeudo”…
(Alvaro Delgad/APRO)

Si la protesta no es suficiente para sacarlo de la Segob, bien podríamos ir a sacarlo de la orejas, ya que las tiene tan adhoc.

Fundayacucho promueve feria de oportunidades de estudio en América Latina y el Caribe

Por: CB/VTV
Fecha de publicación: 24/01/08

Caracas, 24 de enero de 2008/ Con el fin de fortalecer los vínculos de cooperación en materia educativa con los pueblos hermanos latinoamericanos y caribeños, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, a través de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho realizará en Caracas desde el jueves 31 de enero hasta el sábado 2 de febrero, la “Primera muestra de oportunidades de estudio en países de América Latina y el Caribe”.

Así lo informó, Jorge Arreaza, presidente de Fundayacucho, durante el programa Al Momento, que transmite VTV, quien además hizo un análisis de las preferencias que tradicionalmente tienen los venezolanos en materia educativa. “No se puede tener contradicción entre lo que uno cree y lo que ocurre. Estos dos años, por la herencia histórica fuerte que existe, la mayoría de los estudiantes se quiere ir a España, pero hay que direccionar a estos estudiantes para que también se formen en países de Latinoamérica, donde se cuenta con educación de excelente calidad”.

Indicó que el acto de inauguración se realizará el jueves 31 de enero de 2008, a partir de las 9:30 de la mañana en la sede Universidad Bolivariana de Venezuela en Caracas, mientras que la muestra se realizará en las instalaciones del Centro de Estudios Latinoamericano Rómulo Gallegos (Celarg), en Altamira, dirigida a estudiantes de pre-grado, post-grado y público en general, quienes podrán disfrutar de los puestos de información sobre oportunidades de estudio en las universidades de los países invitados a la feria.

En la muestra, participarán cerca de 30 casas de estudios de países hermanos como Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Jamaica, México, Nicaragua, Perú, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. De esta manera, Fundayacucho pretende dar privilegio a la capacitación profesional en universidades de Latinoamérica y el Caribe.

Trágicomix

José Mercader

La Sexta Cumbre del ALBA se realizará en Caracas

Argenpress

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, inaugurará el 26 de este mes la Sexta Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), informaron hoy fuentes oficiales.

Previo a la instalación del encuentro, los ministros de Finanzas de los países participantes sostendrán reuniones a partir de mañana, jueves, con el objetivo de adelantar los detalles técnicos para la creación del banco del ALBA.

El Banco del ALBA, similar al Banco del Sur, será para financiar proyectos de interés nacional con miras al desarrollo de los países y pueblos.

A la cumbre acudirán los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Nicaragua, Daniel Ortega. Cuba estará representada por el vicepresidente Carlos Lage.

ALBA surgió en La Habana el 14 de diciembre de 2004, ocasión en que los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Cuba, Fidel Castro, decidieron ampliar y modificar el Convenio Integral de de Cooperación que habían suscrito ambas naciones el 30 de octubre de 2000.

En la V Cumbre del ALBA, celebrada en abril del año pasado en el estado venezolano de Lara, Nicaragua firmó su adhesión a este mecanismo, al que Bolivia ya se había incorporado en abril de 2006.

ALBA es una alianza auspiciada por Chávez para contrarrestar los tratados de libre comercio suscritos por países latinoamericanos con Estados Unidos.

En la próxima cumbre, el presidente Chávez anunciará la incorporación de Dominica.

El acto de instalación de la Sexta Cumbre de ALBA se llevará a cabo en la mañana del sábado 26 en el Gran Salón del Hotel Alba Caracas, y las intervenciones de los presidentes serán públicas y transmitidas en vivo por las televisoras estatales.

Presentación en los tribunales españoles y denuncia contra el Gobierno mexicano por tortura

Viernes 25 de enero a las 12h, concentración frente a la Audiencia Nacional. Madrid

Rebelión

El viernes 25 de enero de 2008 se presentará en la Audencia Nacional española una denuncia por los hechos ocurridos en San Salvador Atenco (Mexico) en mayo de 2006. Una de las ciudadanas españolas deportadas denunciará tortura contra el gobierno mexicano, haciendo uso de la jurisprudencia universal.

Mas de 200 personas fueron detenidas los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, como resultado de un operativo policial en respuesta a las protestas sucedidas tras el desalojo de unos vendedores de flores. Como consecuencia de la intervención policial, en la que participaron más de 3.000 policías, murieron dos personas: Javier Cortés, de 14 años, por herida de bala de uso exclusivo de las fuerzas armadas; y Alexis Benhumea, al que le fue negada la atención médica imprescindible tras el impacto en la cabeza de un cartucho de gas lacrimógeno.

En Atenco hubo detenciones ilegales y registros irregulares de domicilios. Los policías ejercieron contra toda la población, no solo contra las personas detenidas, tratos crueles y degradantes, tortura psicológica y física, incluyendo la tortura sexual y la violación a la mayoría de las mujeres. 5 personas extranjeras fueron deportadas de manera irregular del país.

A día de hoy sigue manteniéndose la impunidad de los responsables de dichos sucesos. Mientras tanto, de las personas detenidas dichos días, 26 siguen en prisión, 3 de ellas en un penal de máxima seguridad, con una sentencia de 67 años, y más de 200 procesos judiciales continúan abiertos, plagados de anomalías y carentes de las mínimas garantías jurídicas.

Durante todo este tiempo hemos estado trabajando en la difusión de estos hechos, y desde hace más de un año el equipo jurídico Women´s Link Worldwide ha estado construyendo la denuncia jurídica. Este último año se ha creado el grupo Atenco somos Todas con el deseo de que la denuncia vaya más allá de lo jurídico y sea una denuncia colectiva, política y social, de la represión sobre los movimientos y luchador@s sociales. Sin embargo, nos parecía importante estar allí ese día para expresar lo que queremos, para que se vea que este tema está en la cabeza y los corazones de mucha gente, y reafirmar que no nos van a callar. Sentimos esto como parte de un proceso de reflexión y acción a largo plazo, que queremos construir con otras, apoyándonos y reforzando las redes de movimientos sociales existentes.

Con esa intención les escribimos: para invitarles a venir a la concentración que se realizará el viernes 25 de enero a las 12h frente a la Audiencia Nacional, para apoyar la presentación de esta denuncia. Entendemos que es complicado hacer que todo el mundo venga acá, y que no es la única forma de visibilizar la presentación de la denuncia, así que quizá ustedes prefieran preparar algo para ese día en sus respectivos lugares…

Pero si deciden venir a la Audiencia, intenten vestir ropa negra, para tratar de conseguir un mayor efecto simbólico.

Atenco Somos Todas

Para contactar:
correo electrónico: denuncia-atenco@riseup.net
www.justiciaparaatenco.blogspot.com

Elecciones y ética de la democracia

Félix Placer Ugarte

Disueltas las Cortes españolas y convocadas por el presidente del Gobierno español las próximas elecciones generales para el 9 de marzo, los contendientes por el poder político acaparan la actualidad. Es la dinámica de una democracia representativa que periódicamente se legitima con la llamada a las urnas. Ciudadanas y ciudadanos, en mayor o menor porcentaje según los contextos políticos del momento, acuden a la cita, conscientes de que su participación democrática alcanza aquí su máximo grado de expresión. Pasado el periodo electoral, la gestión pública queda en manos de los políticos más votados. Poco o nada podrá hacer ya la ciudadanía. Muchas promesas electorales quedarán olvidadas hasta que de nuevo renazcan como cebo para atraer votos ante nuevas convocatorias.

Pero incluso esta limitada forma de expresión democrática, que centrará la atención política de las próximas semanas, queda recortada y éticamente vulnerada en el actual contexto. Todo el mundo afirma que unas elecciones, para ser tales, deben respetar y posibilitar la concurrencia de todas las opciones políticas. Sin embargo, al mismo tiempo que se proclama la democracia en un estado de derecho, manifestada en el ejercicio del voto libre, se incoa la ilegalización de ANV y EHAK -para que no concurran a estas elecciones- bajo la acusación, elaborada por informes policiales, de sustituir a Batasuna, cuya Mesa Nacional está además encarcelada. En consecuencia, se impide legalmente la expresión de un sector importante y significativo que opta por posiciones independentistas y quiere elegir a sus legítimos representantes dentro de los derechos de lo que debiera ser una auténtica democracia.

Por otra parte y dentro de la misma coyuntura de estas elecciones generales, las condenas del macrosumario 18/98 han llevado a prisión a 46 personas bajo la acusación de pertenecer al «corazón y las entrañas» de ETA, a pesar de las denuncias de un juicio desacreditado internacionalmente por sus irregularidades jurídicas. La defensa apreciaba en esa sentencia «un absoluto desprecio a la historia de Euskal Herria y a su realidad para asumir a pies juntillas la que le presentan las Fuerzas de Seguridad del Estado». Son compañeros y compañeras, amigos con quienes compartimos esfuerzos y trabajos por la libertad para decidir y ser lo que los ciudadanas y ciudadanos vascos desean; personas íntegras que son en su vida y trabajo -y seguirán siendo, dispersadas en las cárceles- signo de libertad y honestidad y clamorosa denuncia ante las elecciones en un estado donde se afirma la libertad de expresión y se les condena por el ejercicio de ese mismo derecho.

Y cuando en las próximas semanas los candidatos a ocupar escaños de poder político ofrezcan promesas y garantías de respeto a los derechos humanos, una vez más el sistema judicial-policial, al amparo de la Ley antiterrorista, hace oídos sordos a las múltiples demandas de investigación sobre las denuncias de signos evidentes de malos tratos y torturas en las recientes detenciones de Lupiañez, Portu y Sarasola. También el mismo macrosumario 18/98 despreció toda referencia a torturas, cuando precisamente instituciones -en especial las judiciales- y organizaciones de todo tipo tienen la obligación ética de investigar y poner todo lo que esté en sus manos para erradicar esa repugnante práctica contra la dignidad humana, denunciada por varios organismos internacionales, en un estado cuya Constitución afirma que en ningún caso, nadie puede ser sometido «a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes».

En este contexto comienza un proceso electoral donde, sobre todo, los partidos mayoritarios van a utilizar precisamente esas circunstancias para apuntarse tantos electorales. Y lo que es un atentado ético a un proceso auténticamente democrático será presentado como la muestra de su buen hacer en defensa de lo que ellos entienden como estado de derecho.

Ganarán esos partidos, pero la democracia y, sobre todo, los valores éticos de la convivencia y sus derechos quedarán en entredicho. Se aplaudirá en mítines y reuniones la democracia uniforme, el pensamiento único contra la pluralidad y el respeto a la libre decisión, a la consulta y a las alternativas para otra forma de relación política con los pueblos sin estado. Los malos tratos, la vulneración de derechos humanos en las cárceles, la dispersión de presos, los juicios irregulares no serán denunciados porque no atraen los votos de la mayoría. En última instancia, la conciencia ética ciudadana sufrirá una nueva agresión que incluso será aplaudida por sectores multitudinarios.

A pesar de todo habrá voces ciudadanas que seguirán reclamando otra democracia que promueva y apoye la dignidad de las personas y sus obligaciones cívicas solidarias y sus derechos, la libre decisión de los pueblos, la supresión de amenazas, agresiones y violencias de todo tipo. Entre esas voces también sería necesario oír a los representantes cualificados de la Iglesia denunciando tales situaciones y actuaciones que violan los principios éticos fundamentales de la democracia, exigiendo libertad de expresión sin exclusiones, respeto a la integridad de las personas, a la identidad de los pueblos, a los derechos de todos los presos y presas, erradicación de todo mal trato y tortura. No lo hará así jerarquía española. ¿También los obispos vascos guardarán silencio? Personas y grupos de la base eclesial, aunque sus demandas queden acalladas por el ruido mediático electoral y eclesiástico, seguirán uniéndose a otras muchas voces que exigen la regeneración ética y la justicia como único camino para un proceso de paz integral, compleja, creadora de nuevas y plurales relaciones desde el diálogo y negociación, de la que nunca podemos desentendernos y por la que seguiremos trabajando con libertad, aun en plena tormenta electoral.

* Félix Placer Ugarte. Profesor en la Facultad de Teología de Gasteiz

El Gobierno español da la espalda a las víctimas de crímenes de Estado en Colombia

Rebelión

Ecologistas en Acción denuncia la Alianza Estratégica firmado con el país andino y califica de lamentable e irresponsable la reunión de José Luis Rodríguez Zapatero con el Presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

Muchas son las preguntas que el Gobierno español tendrá que responder si quiere ser coherente con sus compromisos electorales en materia de política exterior, de cooperación y de Derechos Humanos. Pero sin duda alguna, es la relación con el actual Gobierno colombiano lo que más preocupa a las organizaciones sociales y defensoras de los Derechos Humanos del mundo. La razón: los vínculos de su Presidente, Álvaro Uribe Vélez, con los grupos paramilitares de extrema derecha y responsables de decenas de miles de crímenes de lesa humanidad.

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, debe saber que en Colombia, en menos de dos semanas, los grupos paramilitares han asesinado a 12 personas, han hecho desaparecer a nueve y han desplazado a otras 120. El 31 de diciembre de 2007, en el departamento Nariño, asesinaron a cuatro adultos y un menor. El ex gobernador de ese departamento, Eduardo Zúñiga, atribuyó la masacre a paramilitares. Ese mismo día en Medellín, hicieron desaparecer al abogado Víctor Hugo Gallego, de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social. El mismo que había formulado insistentes denuncias sobre la actuación paramilitar en Medellín, donde el pasado 11 de enero cinco líderes comunitarios fueron asesinados y otros tres heridos de bala. El 14 de enero, la Defensoría del Pueblo informó que un grupo paramilitar incursionó en Santa Mónica, departamento del Chocó, asesinando a dos personas, llevándose a otras ocho y desplazando a cerca de 120 habitantes de la población.

En una carta abierta a Uribe, la Fundación Manuel Cepeda Vargas, manifestó recientemente que “pareciera que esas víctimas son inexistentes... sus restos irán a parar a las fosas comunes o a los ríos”. Ecologistas en Acción se hace eco de esta denuncia y pregunta al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero: ¿Qué se puede esperar de las instituciones públicas colombianas cuando la actitud del Gobierno colombiano está marcada por el silencio y la negación? En vez de condenar esas atrocidades, Uribe se empeña en intentar convencer al país y al mundo de que los grupos paramilitares ya no existen en Colombia; una afirmación que desmienten irrefutablemente los hechos. ¿Cuándo se pronunciará Usted sobre los crímenes contra la humanidad que siguen cometiendo los grupos paramilitares? ¿Cuándo va a condicionar su “apoyo” al ejecutivo colombiano a la ausencia de los crímenes de Estado y las desapariciones forzadas masivas que han llevado a miles de colombianos a fosas comunes y cementerios clandestinos? ¿Cuándo se pronunciará contra el desplazamiento forzado practicado por los paramilitares que han arrebatado la tierra a millones de campesinos?

La organización de DDHH 'Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad’ plantearon en el 2006 la necesidad de visibilizar los casos de candidaturas y postulaciones a cargos públicos con graves indicios de estar comprometidas con el paramilitarismo y los crímenes de Estado. Denunciaron en su ‘Llamamiento a La Memoria’ a personas como Eleonora Pineda y Rocío Arias, a quienes Mario Uribe, primo hermano e histórico acompañante político de Uribe, mantuvo en la lista de su partido a pesar de conocer sus simpatías con los jefes paramilitares. Pineda rindió su versión ante la Corte Suprema el día 19 de septiembre de 2007 y allí aceptó ser el “brazo político de las autodefensas que comandaba Mancuso en Córdoba”, mientras Rocío Arias trata hoy de influir en el gobierno para mejorar las condiciones carcelarias de los paramilitares.

Está demostrado la participación de sectores políticos, económicos nacionales y transnacionales en el fortalecimiento y la financiación del proyecto paramilitar en Colombia. Según la Corporación Nuevo Arcoiris, 1.845.773 votos obtuvieron los 33 Senadores y 50 Representantes a la Cámara incluidos en las investigaciones judiciales por sus vínculos con los paramilitares, todos ellos aliados estratégicos de la campaña de reelección de Uribe. Esta cifra, representa aproximadamente una tercera parte de la votación que fue obtenida por el actual presidente colombiano.

Nos preocupa las consecuencias del conflicto armado interno sobre la población civil, los 4 millones de personas desplazadas, y el alto número de homicidios fuera de combate. En el primer periodo del presidente Uribe, los grupos guerrilleros fueron responsables del 25% de estos homicidios (1.591 víctimas); los grupos paramilitares, en violación al cese al fuego, fueron responsables del 61% (3.907 víctimas) y la fuerza pública fue responsable directamente de un 14% (908 víctimas). La impunidad casi total y estructural que sigue siendo la norma en Colombia, no permite que se supere esta violación sistemática de derechos humanos.

Es cierto que el secuestro es una práctica criminal que no se debe tolerar bajo ningún concepto. Pero en Colombia no sólo existen cientos de secuestrados por las guerrillas. Hay miles de desaparecidos, asesinados y desplazados por agentes estatales y por los grupos paramilitares que fueron auspiciados hace más de una década a través de las empresas de seguridad Convivir, creadas por Uribe cuando fue Gobernador de Antioquia. Esa realidad no se desvanecerá con la actual política exterior del Gobierno español hacía Colombia que es, además de ser incompatible con la defensa de los Derechos Humanos, sorda y responsable por omisión. En vez de reunirse con Uribe y abrazar ciegamente su concepción unidimensional del terrorismo, Zapatero debería apoyar la demanda contra el mandatario colombiano ante el Tribunal Internacional de La Haya por los atropellos en Colombia.

Cuba celebra el millón de pacientes de Operación Milagro

Cuba celebró que un millón de pacientes de América Latina, el Caribe y África han recuperado o mejorado la visión gracias a la Operación Milagro.

No ha sido una meta llegar al millón, el milagro continúa y continuará, resaltó el doctor José Ramón Balaguer Cabrera, miembro del Buró Político y ministro de Salud Pública. Esta operación es realmente efectiva en el sentido de que hombres y mujeres con una conciencia revolucionaria y conociendo la envergadura de la tarea planteada se entregaron en cuerpo y alma, expresó. El diagnóstico de la necesidad de someterse a la operación se realizó mediante la visita vivienda por vivienda para hallar y enfrentar enfermedades, lo cual ya se ha convertido en una experiencia revolucionaria en el sistema de Salud cubano.

La doctora Elia Rosa Lemus Lago, funcionaria del Consejo de Estado, describió cómo Cuba ha adquirido y puesto a disposición de los pacientes tecnología avanzada en Oftalmología, equipos que ofrecen mayor calidad en la atención y que han favorecido también a más de 150 000 cubanos operados en esta misión.

En la Operación participan 165 instituciones cubanas. Se dispone además de una red de 49 centros oftalmológicos con 82 posiciones quirúrgicas en 14 países de América Latina y el Caribe, precisó.

Además de reconocerse la labor de los distintos equipos de las provincias cubanas, se destacaron las misiones de la Operación Milagro en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Haití, Honduras, Panamá, Guatemala, San Vicente y las Granadinas, Guyana, Paraguay, Granada, Nicaragua y Uruguay.

Gracias a la Operación Milagro se ha desarrollado la Red de Oftalmología de Cuba, la Oftalmología clínica y se dio inicio a una Facultad de Oftalmología con novedosos métodos de enseñanza que transforman los conceptos de siglos de educación médica.

EEUU conoce vínculos del presidente de Colombia con el narcotráfico y el paramilitarismo

ABN

Un informe del Depatamento de Defensa de Estados Unidos (EEUU), fechado en septiembre de 1991, da cuenta de las relaciones del presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, con el cartel de Medellín y con el paramilitarismo.

El relato de estos hechos fue publicado por la revista Newsweek, el 9 de agosto de 2004, en una nota redactada por los periodistas Joseph Contreras y Steven Ambrus, titulada 'De la lista negra a la lista de favoritos'.

Newsweek hace referencia a un documento desclasificado, un informe de inteligencia del Departamento de Defensa estadounidense, que 'indica quién es quién en el negocio de la cocaína de Colombia'.

La lista, que comienza con el otrora jefe del cartel de Medellín Pablo Escobar, incluye a 104 'delincuentes, asesinos, traficantes y abogados sospechosos, hasta llegar al puesto 82: Álvaro Uribe Vélez, político y senador colombiano dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín en instancias de alto nivel del Gobierno'.

De acuerdo con la cita que hace Newsweek del Informe de Inteligencia, 'Uribe estuvo ligado a un negocio involucrado en actividades narcóticas en Estados Unidos (…), ha trabajado para el Cartel de Medellín y es amigo cercano de Pablo Escobar Gaviria”.

Como se sabe, Escobar murió en un enfrentamiento policíaco en 1993 y Uribe es el presidente de Colombia.

Al tratar de explicar por qué son tan buenas las relaciones de Uribe con Washington, Newsweek cita a Adam Isacson, del Centro de Política internacional, quien sostiene que 'éste es probablemente uno de los presidentes más pro Estados Unidos en toda la historia de América Latina'.

El semanario de Estados Unidos también hace mención a un comunicado de la Presidencia de Colombia que negó que Uribe tuviera vínculos con negocios estadounidenses, como describía el informe de 1991, pero sostiene que esa declaración no desmintió 'las acusaciones de que Uribe trabajó para el Cartel de Medellín y que era amigo cercano de Escobar'.

A juicio de la revista Newsweek quedaban muchas preguntas sin respuesta y una de las más importantes se relacionaba con el tema de los paramilitares, quienes actuaban supuestamente como autodefensas frente a la guerrilla, pero 'eran financiados por el tráfico de las drogas'.

Instalado en la Presidencia de Colombia, dice Newsweek que 'con promesas de detener a la guerrilla de izquierda, Uribe ahora está ofreciendo indulgencia a los paramilitares que renuncian al tráfico y se desarman'.

“Algunas de estas personas ni siquiera tienen credenciales de antiguerrilleros,” dice Isacson al semanario de Estados Unidos. “Sólo son traficantes de drogas que compraron su entrada al movimiento paramilitar como una forma de reclamar estatus político, legitimar sus fortunas y andar libres.'

Esta noticia está publicada en el vínculo electrónico http://www.newsweek.com/id/54793

Ya antes la propia Newsweek y Narconews.com habían publicado notas sobre las relaciones de Uribe con el narcotráfico y el paramilitarismo. Lo hicieron durante el año 2002. Narconews abordó el tema el 19 de marzo de aquel año y Newsweek lo hizo el 25 del mismo mes.

El trabajo de Narco News citaba textualmente documentos de la Administración de Combate contra las Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), que hacían referencia al decomiso de 50 toneladas de permanganato de potasio -químico necesario para la producción de cocaína- en 1997 y 1998, destinadas a una compañía propiedad del jefe de campaña de Uribe, Pedro Juan Moreno Villa.

Con esa cantidad, sostiene Narco News, se puede fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor en las calles de 15 mil millones de dólares. 'Como el permanganato de potasio no se produce en Sudamérica, donde crece la hoja de coca, quien controle el mercado del químico en Colombia controla el comercio de cocaína'.

La publicación de este informe de la DEA desató una polémica en Colombia. Durante la realización de una rueda de prensa, Rafael Santos, periodista del diario El Tiempo, de Bogotá, formuló estas preguntas :

'Doctor Uribe, a raíz de la entrevista con la prestigiosa revista Newsweek se ha dicho hay una campaña de desinformación en su contra. ¿La irascibilidad que mostró con el periodista la revista no es una treta para esquivar el debate sobre posiciones muy controvertidas como la defensa de las Convivir (los esquadrones paramilitares), la participación en el homenaje del general Fernando Millán, su amistad con César Villegas o la cerrada defensa de alguien cercano como Pedro Juan Moreno? ¿No necesita el país además de un presidente con carácter uno que sea dueño de una lúcida serenidad para despejar cualquier duda sobre su pasado?'

'Yo siempre le he contestado al pueblo todo lo que me han preguntado en emisoras, con los micrófonos abiertos al escrutinio popular'. Respondió Uribe, para luego agregar: 'La entrevista del redactor del Newsweek fue para ofenderme, para enjuiciarme. Llegó un momento en que le dije (al periodista): mire señor, no le puedo contestar más preguntas. Todos los temas que usted me ha planteado los he contestado desde hace muchísmos años, incluso algunos de ellos han sido examinados por la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación. Siempre me han absuelto'.

Es decir, Uribe evadió responder a las preguntas presentadas por el periodista de El Tiempo.

A estas evidencias respondió el gobierno de Estados Unidos de manera inmediata. El diario La Tercera de Chile publicó el 3 de agosto de 2004 las declaraciones de Robert Zimmerman, vocero del Departamento de Estado, a la agencia Associated Press, en las que insistió que el Informe del Departamento de Inteligencia era 'poco confiable'.

La respuesta de Zimmerman, representando a un país que invade otros países con base en sus informes de inteligencia, no puede resultar menos seria.

La Tercera, en esta información titulada 'EE.UU. desvirtúa lazos de Uribe con cartel de Medellín', tambien hizo mención a los custionamientos formulados a la campaña presidencial de Uribe, en el 2002, por sus vínculos con los paramilitares.

'Esto -dice La Tercera-, porque según el libro del editor de Newsweek Joseph Contreras, Autobiografía no autorizada de Alvaro Uribe Vélez, el mandatario fue el impulsor de las brigadas Convivir en el Departamento de Antioquia cuando fue gobernador entre 1995 y 1997. Un grupo de defensa civil armado que según versiones luego se integró a los paramilitares. Desde su llegada a la Presidencia, además, Uribe ha tenido sólo diálogo con los paramilitares, aunque ayer advirtió a dos facciones rivales de ese grupo que si no cesan los enfrentamientos entre ellas no continuara con los acercamientos'.

Texto relacionado:
-Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez
El señor de las sombras
Joseph Contreras y Fernando Garavito

El Banco Mundial es uno de los responsables por la devastación de la Amazonia

Según la ONG "Amigos de la Tierra"

Silvia Adoue
Rebelión

Por medio del financiamiento de proyectos de ganadería en la región de la Amazonia Legal, región norte brasileña, el Banco Mundial puede estar colaborando con la deforestación en este territorio. La afirmación es de la organización no gubernamental (ONG) Amigos de la Tierra y está en un informe elaborado por ella. El documento señala que esto ocurre por la incapacidad de instituciones responsables, vinculadas al Banco Mundial, de evaluar los perjuicios sociales y ambientales de esos proyectos.

La conclusión es que el área deforestada en la Amazonia en 2007 representa 18% de toda la selva amazónica brasileña. La Amigos de la Tierra revela un crecimiento de la ganadería en la región en los últimos cinco años. Sin embargo, las dimensiones de los daños generados por esta producción en gran escala aún son ignoradas por órganos del poder público e instituciones financieras. Entre los proyectos utilizados para intensificar esta actividad está la construcción de mataderos para el ganado.

El informe apunta que el alto valor de recursos disponibles para grupos exportadores de carne bovina permitió la construcción de más de 200 mataderos en la Amazonia, pero sólo 87 de ellos emiten hasta 12 mil millones de toneladas de gas carbónico (CO2), gas generador del efecto invernadero.

"Tú disparas"

¡No se lo pierdan!

Boikot - J. Kalvellido
Rebelión



http://www.youtube.com/watch?v=lEzsmIWV0K8

Ahora lo ven, ahora no lo ven

Sobre la presencia de EEUU e Israel en lista canadiense de países torturadores

Juana Carrasco Martín

Como en cualquier acto de prestidigitación, Estados Unidos e Israel se esfumaron de una lista de países donde los prisioneros están en riesgo de ser torturados. Así ocurrieron las cosas...

El gobierno de Canadá, por error, entregó la pasada semana un documento a la filial de Amnistía Internacional en esa nación norteña en el que se evidenciaba el abuso contra los prisioneros cometido en las cárceles de Estados Unidos e Israel. La organización había solicitado tal información como parte de un proceso en las cortes sobre el tratamiento a detenidos en Afganistán.

El documento —parte de un curso de entrenamiento para diplomáticos, que les permitiera estar atentos a casos de torturas y abusos— mencionaba específicamente el campo de detención que Estados Unidos mantiene en la ilegal Base Naval de Guantánamo, donde un ciudadano canadiense, Omar Khadr, lleva recluido cinco años, bajo la acusación de supuestamente haber matado a un soldado de Estados Unidos durante un enfrentamiento en Afganistán en el año 2002. Khadr tenía entonces 15 años.

Por cierto, William Kuebler, abogado de ese detenido, asegura que en un momento de la detención de Omar Khadrs, «el gobierno de Canadá desarrolló la sospecha de que él había sido torturado».

El manual para los diplomáticos canadienses también incluía bajo la definición de «tortura» ciertas técnicas de interrogatorio empleadas por Estados Unidos, como «la desnudez forzada, el aislamiento, el impedir que los prisioneros duerman y mantenerlos con los ojos vendados».

Pero la reacción no se hizo esperar, y una portavoz de la embajada de EE.UU. en Ottawa aseveró que «Estados Unidos no permite, tolera o condona la tortura bajo ninguna circunstancia». Un embuste con el que nadie en este mundo puede ya ser adormecido.

«Si Israel es incluida en la lista en cuestión, el embajador de Israel podría esperar su eliminación», dijo también apresuradamente el portavoz de la embajada de Tel Aviv en la capital canadiense, Michael Mendel. Mientras tanto, el gobierno israelí bloqueaba a la población de la Franja de Gaza: no dejaba pasar alimentos, combustible, agua o cuidados médicos; proseguía el bombardeo selectivo desde aviones o tanques, buldoceaba centros de refugiados y llevaba a cabo requisas casa a casa, bloque a bloque. ¿Acaso no es esa actuación un empleo de tortura colectiva?

Sin embargo, las presiones llovieron. Deben haber sonado los teléfonos y de seguro se congestionaron los correos electrónicos desde Washington y Tel Aviv hacia Ottawa. Como si fueran el Triángulo de las Bermudas, las presiones apuntaron a hacer desaparecer a los dos socios-guerreros de la lista de torturadores.

Y así fue. Este martes, una nota en el sitio Democracy Now daba conocimiento del «final feliz» de la historia: el gobierno de Canadá removió a Estados Unidos y a Israel de la lista de países donde los prisioneros están en riesgo de ser torturados, luego de las presiones oficiales. El Ministerio del Exterior de Canadá clama ahora que fue un error, y Amnistía Internacional muestra su descontento con esta marcha en reverso. Alex Neve, su secretario general ha dicho consternado: «La principal preocupación del gobierno no debieran ser los aliados embarazosos, cuando se trata de un tema como la tortura».

Pero un acto de escamoteo circense hizo lo suyo: ahora lo ven, ahora no lo ven...

Guantánamo como símbolo

Ramzy Baroud
Al Ahram Weekly

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

El 11 de enero marcó el sexto aniversario del establecimiento del campo de detención de Guantánamo. En el 2001, pocos meses después del comienzo de la invasión de Afganistán por EEUU, un inmenso avión de carga aterrizó en una base militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo, en Cuba, llevando a un grupo de sospechosos de “terrorismo” encadenados, encorvados, con vestimentas naranjas y con los ojos vendados, representando, supuestamente, lo peor de lo peor. En el grupo había niños, ancianos, trabajadores de organizaciones de beneficencia, periodistas y gentes que habían sido vendidas al ejército estadounidense a cambio de una sustanciosa recompensa.

El debate sobre esta tristemente célebre prisión se ha visto viciado desde entonces por un reduccionismo fácil. El hecho es que Guantánamo no es ni un recinto que pueda justificarse para encerrar en él a la “gente mala” –como explicó el simple del Presidente Bush- ni tampoco es un lugar oscuro en el, muy al contrario, luminoso historial estadounidense de respeto hacia los derechos humanos, a las normas sobre la guerra y a los tratados internacionales. Si algo puede decirse es que Guantánamo es una mera extensión de una larga lista de incalculables violaciones practicadas por la administración Bush, condensadas en ese territorio para erigirse en símbolo de una extendida política fundamentada en socavar el derecho internacional, con un total desprecio hacia el mismo.

Puede decirse que esa prisión es una de las peores burlas perpetradas contra el derecho internacional, que había sido en parte redactado por expertos legales estadounidenses. Puede que las anteriores administraciones estadounidenses no hayan sido muy devotas seguidoras de las Convenciones de Ginebra, pero no desecharon nunca los tratados internacionales tan abierta y arrogantemente como la actual. El anterior fiscal general, Alberto Gonzales, amigo personal del Presidente Bush, llegó a dominar ese arte de forma tal que permitió que sus jefes adornaran sus injustificables acciones con el aire de legitimidad. Guantánamo fue su obra maestra final.

Cientos de prisioneros de Guantánamo han ido siendo liberados, y algunos entregados a la custodia de sus gobiernos respectivos. Quedan en el campo, aproximadamente, unos 275. De un total de alrededor de 1.000, sólo 10 han sido acusados. (*)

Los prisioneros de Guantánamo están “entre los asesinos más peligrosos, despiadados y mejor entrenados de la tierra”, según el anterior secretario de defensa Donald Rumsfeld. Si eso era así, ¿por qué no estuvo dispuesto Rumsfeld a juzgarlos en un tribunal legal? Después de todo ese juicio, emitido con tanta seguridad en sí mismo, muestra que poseía más pruebas de las necesarias de que ningún tribunal podría condenarles ni arrojarles en prisión. Pero, desde luego, el tema de la prueba o la ausencia de la misma era un asunto irrelevante para él.

Ni habeas corpus, ni proceso legal debido ni aplicación de ningún cuerpo de leyes, nacionales o internacionales, nada le importaba a una administración que se enorgullecía de su capacidad para situarse por encima de todo. Desde luego, ese desprecio se justificaba a partir de los intereses nacionales y de toda una serie de ficciones legales. El tiempo, sin embargo, mostró que Guantánamo, y la beligerancia profunda que simbolizó, ha hecho probablemente más daño a los intereses nacionales estadounidenses que cualquier otro hecho en la historia de EEUU.

Durante los primeros años se mantuvo a los prisioneros de Guantánamo en jaulas al aire libre, sin nada más que una esterilla y un cubo para el aseo. Anthony D Romero, director ejecutivo de la Unión por las Libertades Civiles Americanas, escribió en Salon.com: “Sabemos ahora que sólo un pequeño porcentaje de todos los cientos de hombres y muchachos que están retenidos en Guantánamo fueron capturados en el campo de batalla combatiendo contra los estadounidenses; el resto fue vendido en cautividad por señores de la guerra tribales a cambio de cuantiosas recompensas”. Romero cita los comentarios que hizo el que fue durante varios años comandante de Guantánamo, el Brigadier General Jay Hood. El comandante dijo al Wall Street Journal: “En bastantes ocasiones, no agarramos a quien debíamos.”

Además, tanto el anterior secretario de estado Colin Powell y la actual Secretaria Condoleeza Rice han pedido que se clausure Guantánamo, además de diversos organismos internacionales y numerosos grupos de derechos humanos, tanto estadounidenses como extranjeros. Pero la administración Bush persiste en mantener Guantánamo. Lo más probable es que si los prisioneros de Guantánamo fueran de algún valor en la Operación Libertad Duradera y en la supuesta guerra global contra el terror, cualquier información que alguno de ellos pudiera poseer ha sido ya extraída, con violencia o por otros medios. Además, si hubiera en efecto abrumadoras pruebas pendientes contra ellos, la administración Bush ya las hubiera llevado a cabo hace mucho tiempo. No hay posibilidad alguna que pueda resultar convincente.

Leigh Sales, al escribir para el Sydney Morning Herald hizo una evaluación dudosa manifestando: “El problema es qué hacer con los prisioneros [si se cierra el campo de detención]. Si se les traslada a cárceles estadounidenses, tendrán que ser acusados y juzgados bajo las leyes estadounidenses. En un tribunal normal, no se admitirían todas las pruebas logradas a través de interrogatorios coercitivos, y por eso Bush tendría que contemplar cómo gentes como Mohamed y Hambali salen en libertad.” Esos comentarios, repetidos por tantos otros, sugieren que la razón subyacente existente tras la conservación de Guantánamo responde, más o menos, a intereses nacionales.

Sin embargo, Guantánamo sigue en pie, por la misma exacta razón que la guerra de Iraq sigue adelante, y por las mismas similares razones por las que pervive la fracasada política global de la administración Bush. Clausurar Guantánamo sería la admisión de una derrota, una declaración de fracaso, y eso es algo que los patronos del imperio no se pueden permitir, al menos por ahora.

El 11-S fue un momento propicio para convertir en realidad una doctrina nueva, según apareció recogida en el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, un desesperado intento de mantener un imperio que enfrenta numerosos desafíos. Las tácticas utilizadas casi inmediatamente después de los ataques terroristas exhibían un estilo de política militar y exterior diseñada para mantenerse fuera de todo control, incluido el del pueblo estadounidense, el de las Naciones Unidas y el del derecho internacional. Guantánamo es una representación grotesca de esas tácticas y el fracaso de las mismas.

En efecto, Guantánamo es un punto oscuro en la historia estadounidense y será recordado como un símbolo de injusticia y opresión y continuará siendo un recuerdo discordante de inhumanidad, tortura y violencia extrema, asociada con la supuesta guerra contra el terror de la administración Bush.

N. de la T.:

(*) Sobre los prisioneros afganos liberados de Guantánamo, véase en Rebelión el artículo de Andy Worthington:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=61029

Enlace con el original:

http://weekly.ahram.org.eg/2008/880/in5.htm

No solo hay secuestrados por las guerrillas, hay miles de desaparecidos, asesinados y desplazados por agentes estatales y grupos paramilitares

Carta al presidente de Colombia

Ivan Cepeda

Señor Presidente, en menos de dos semanas los grupos paramilitares —ahora mimetizados en la vaga definición de bandas emergentes— han asesinado a 12 personas, han desaparecido a nueve y han desplazado a otras 120. El 31 de diciembre de 2007, en el corregimiento de El Palmar, Nariño, asesinaron a cuatro adultos y un menor. El ex gobernador de ese departamento, Eduardo Zúñiga, atribuyó la masacre a paramilitares. Ese mismo día en Medellín, fue desaparecido el abogado Víctor Hugo Gallego, de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades.

El abogado Gallego había formulado insistentes denuncias sobre la actuación paramilitar en Medellín. El 11 de enero de 2008, mientras se realizaba una fiesta familiar en el barrio ‘Once de noviembre’ de Santa Marta, varios hombres armados llegaron disparando, asesinaron a cinco personas e hirieron a tres más. Las víctimas eran líderes comunitarios. El 14 de enero, la Defensoría del Pueblo informó que un grupo paramilitar incursionó en Santa Mónica, Chocó, asesinó a dos personas, se llevó a otras ocho y desplazó a cerca de 120 habitantes de la población.

A estos graves hechos cabe agregar que recientemente en Bucaramanga han aparecido en lugares públicos mensajes amenazantes del grupo ‘Águilas Negras’. El alcalde de la ciudad desestimó las amenazas diciendo que estos grupos no tienen presencia allí. No obstante, en un informe de 2007, la Defensoría del Pueblo advertía que en el departamento de Santander se registra la existencia de tales agrupaciones. Esto significa que en cuatro departamentos del país y en menos de 15 días, los paramilitares han cometido dos masacres, varias desapariciones forzadas, y han provocado el desplazamiento forzado masivo luego de una incursión armada.

Pareciera que esas víctimas son inexistentes. De ellas no llegarán pruebas de supervivencia. Sus restos irán a parar a las fosas comunes o a los ríos. Ni los gremios empresariales ni la Iglesia ni los alcaldes ni los gobernadores ni los grandes medios de comunicación convocan a marchas de rechazo ciudadano ante esos crímenes. Tampoco reclaman que devuelvan con vida a los desaparecidos.

¿Qué se puede esperar de esos funcionarios e instituciones cuando la actitud del Gobierno Nacional está marcada por el silencio y la negación? En vez de condenar esas atrocidades, Usted, señor Presidente, se empeña en intentar convencer al país y al mundo de que los grupos paramilitares ya no existen en Colombia; una afirmación que desmienten irrefutablemente los hechos. ¿Cuándo se pronunciará Usted sobre los crímenes contra la humanidad que siguen cometiendo los grupos paramilitares? ¿Cuándo hará una alocución solemne para condenar las desapariciones forzadas masivas que han llevado a miles de compatriotas a fosas comunes y cementerios clandestinos? ¿Cuándo el Gobierno Nacional se pronunciará oficialmente contra el desplazamiento forzado practicado por los paramilitares que han arrebatado la tierra a millones de compatriotas?

Es cierto que el secuestro es una práctica criminal que la sociedad colombiana no debe tolerar bajo ningún concepto. Pero en Colombia no sólo existen cientos de secuestrados por las guerrillas. Hay miles de desaparecidos, asesinados y desplazados por agentes estatales y por los grupos paramilitares que, como Usted recordará, fueron auspiciados hace más de una década a través de las empresas de seguridad Convivir. Esa realidad no se desvanecerá con la tozuda insistencia del Gobierno en una concepción unidimensional del terrorismo.

Ivan Cepeda es abogado especialista en derechos humanos, director de la Fundación "Manuel Cepeda Vargas" y miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado.Jjunto con otros defensores/as de los derechos humanos, ha colaborado en la documentación de aproximadamente 40.000 casos de serias violaciones a los derechos humanos, cometidas en Colombia desde 1996.

fm_cepeda@yahoo.fr

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