Sesión en el IFE.La campaña presidencial del candidato priista Enrique Peña Nieto se ha distinguido de las demás por un mayor uso de recursos financieros.
Pero a 15 días de iniciadas las campañas –faltan 75 para que concluyan– sería difícil demostrar que el PRI hubiera rebasado los topes legales de gasto, hubiera excedido el monto fijado por el Instituto Federal Electoral (IFE) para gastos de campaña o que el financiamiento que recibe de fuentes privadas fuera mayor al permitido por la ley.
Aun si Peña Nieto o cualquiera de los otros candidatos se excediera en esos gastos, rebasara el tope máximo o infringiera la legislación electoral y recibiera aportaciones de sujetos prohibidos por la ley –empresas mexicanas de carácter mercantil, partidos políticos, personas físicas y morales extranjeras, organismos internacionales, ministros de culto e iglesias de cualquier religión, personas que vivan o trabajen fuera del país, dependencias públicas de los tres órdenes de gobierno, entre otros– resulta que eso se sabrá con exactitud… un año después de la jornada electoral del próximo 1 de julio.
Es decir, mucho después de que el candidato triunfador haya tomado posesión del cargo. Así es por ley. Y se ve en el calendario oficial del proceso de fiscalización 2012-2013 elaborado por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos (UFRPP) del IFE.
Según éste, si bien el 15 de junio próximo los partidos políticos están obligados a entregar un informe preliminar de campaña, el 8 de octubre –tres meses después de la elección– es la fecha límite para que todos los partidos entreguen el informe final.
Luego viene todo un proceso de notificación de errores y omisiones de parte de la UFRPP y las correspondientes respuestas de los partidos, que concluye el 28 de junio de 2013 con el dictamen y resolución de parte de la Unidad de Fiscalización, mismo que finalmente se presentará ante el Consejo General del IFE el 3 de julio del próximo año.
Es decir, ya tendrá siete meses despachando en Los Pinos el nuevo inquilino, aun cuando haya llegado ahí por medio de tropelías, abusos e ilícitos en el manejo del dinero durante la campaña.
A toro pasado
Si bien la reforma electoral de 2007-2008 le dio mayores atribuciones al IFE en materia de fiscalización –como el hecho de que los secretos bancario, fiduciario y fiscal no serán obstáculo para las labores del instituto–, éste sigue con las manos atadas: la revisión de los ingresos y los gastos de los partidos y el uso que le dan a los recursos sigue analizándose a partir de lo que los propios partidos informen.
Pero por ley, los partidos informan tiempo después de que ocurrió la jornada electoral.
“Es un gran problema y un gran déficit del modelo de fiscalización en México –que no del IFE, pues así lo decidió el Legislativo–, el que la revisión de las cuentas, la investigación sobre el uso de los recursos, se haga con mucha posterioridad a la realización de los comicios”, dice a Proceso el consejero electoral Lorenzo Córdova Vianello.
Pero lo peor, afirma, es que “esa fiscalización ex post, si bien tiene consecuencias jurídicas no tiene efectos para la elección propiamente dicha.
“Tiene consecuencias que implican sanciones, desde la amonestación pública hasta la eventual pérdida del registro de un partido. También puede haber sanciones económicas para quienes hubieran podido financiar indebidamente”, explica.
De hecho, agrega, “con la reforma electoral 2007-2008 el número de sujetos sancionables aumenta. Antes sólo se podía sancionar a un partido, como pasó con los Amigos de Fox y el Pemexgate, casos en los que empresas hicieron aportaciones a un partido o a una campaña, cuando estaba prohibido.
“Ahora también una persona moral o una persona física prohibida para hacer aportaciones podría ser sancionada.”
Insiste: más allá de las sanciones, no hay efectos electorales. “Para decirlo en pocas palabras: el rebase en el tope de gastos de campaña no tiene como consecuencia la nulidad en la elección. Y eso genera un incentivo perverso: por el caso de Amigos de Fox, que es emblemático, se sancionó con casi 500 millones de pesos a los partidos que postularon a quien resultó presidente de la República.
“Pues sí, pero hasta allí. El presidente siguió y terminó su encargo.”
Lamenta Córdova Vianello que no seamos todavía “una sociedad en la que un contexto de exigencia política pueda traer la renuncia de quien llegó a la Presidencia cometiendo ilícitos, como pasó en Brasil con Fernando Collor de Melo, que debió dejar el cargo en octubre de 1992, a dos años y siete meses de haberlo asumido, acusado del delito de corrupción (…) desde su campaña presidencial.
“¿Por qué no tiene efectos una fiscalización exhaustiva como la que realiza el IFE, pero que tarda más tiempo? Pues por el principio jurídico de definitividad”, dice e ilustra con este ejemplo:
“Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sentencia la anulación de una elección, pero lo hace al día siguiente de que tomó posesión el que fue electo, esa sentencia carece de valor jurídico porque ya se consumó el acto de toma de posesión de quien ganó la elección.”
El incentivo perverso que crea la fiscalización ex post es claro, remata el consejero, pues los candidatos presidenciales y sus partidos saben que aun incurriendo en irregularidades en el uso de sus recursos mantendrán el puesto ganado en la elección; se harán acreedores a una sanción, pero el resultado de la elección, la elección misma, nunca se anulará.
Definitivamente, dice Córdova, “hay que repensar todo esto. Si hay alguien que es electo, que toma posesión, pero se descubre que lo hizo con recursos ilícitos” debería eventualmente ser separado del cargo.
“El problema es que eso implica una modificación, constitucional inclusive, del orden jurídico electoral”, concluye.
Con las manos amarradas
Ha sido notorio el mayor uso de recursos en la campaña de Enrique Peña Nieto, el candidato priista. El PRI es el partido que más anuncios espectaculares ha instalado, más bardas ha pintado y más mantas, volantes y pancartas con la imagen de su candidato ha repartido y colocado.
También es mucho más nutrido el equipo que cotidianamente acompaña a Peña Nieto en sus actos proselitistas. Se le ha visto mayor capacidad de movilización o acarreo. Y sin duda tiene el mejor equipo técnico y de producción en la elaboración de sus mensajes para radio y televisión.
Eso, por supuesto, cuesta. Ergo, Peña y el PRI son los que más han gastado. Y todo eso entra dentro de los topes de gastos de campaña y de las aportaciones particulares.
El candidato presidencial del Movimiento Progresista (PRD-PT-Movimiento Ciudadano), Andrés Manuel López Obrador, así como su coordinador de campaña, Ricardo Monreal, han sido enfáticos y vehementes en señalar públicamente que la campaña de Peña Nieto ha rebasado con mucho el tope de campaña; que incluso le pedirán al IFE una auditoría de esos gastos.
Peña Nieto y su coordinador de campaña, Luis Videgaray, en tanto, niegan que hayan rebasado los topes. Que se lo demuestren López Obrador y Monreal, han dicho.
“Hasta donde yo sé, la autoridad electoral no ha recibido ninguna acusación de rebase de topes de gastos de campaña. Esto, de presentarse la queja ante el IFE, eventualmente podría iniciar un procedimiento especial y demás, pero por la naturaleza misma de los procedimientos legales el asunto no se resolvería en breve”, dice Córdova Vianello.
“Y por otro lado –agrega– es más probable que se declarara improcedente esa queja o denuncia, porque al final del día son los informes de gastos de campaña los que tienen la finalidad de determinar el rebase o no de topes de gastos de campaña, no estos procedimientos.”
Fuera de la duda de si el PRI ha rebasado el tope de gastos, lo que sí es un hecho es que es el que más recursos ha utilizado.
En principio porque es el que más dinero recibe y recibirá del IFE y de fuentes privadas. En el primer caso porque es el partido con mayor porcentaje de votos en la elección anterior; en el segundo, porque es el que más militantes y simpatizantes tiene y el de más posibilidades para generar recursos propios.
Para gastos de campaña –de presidente, diputados y senadores– dispone oficialmente de 537.3 millones de pesos, contra 424.8 millones que recibirá el PAN y 225.7 millones el PRD, por citar a los tres partidos más grandes.
Es decir que el PRI recibirá 112.5 millones más que el PAN y 311.6 millones más que el PRD. El presupuesto del PRI, sólo para gastos de campaña –los otros dos rubros que conforman el financiamiento son las partidas para “actividades ordinarias” y las “actividades específicas”– es de casi 1.3 veces el monto asignado al PAN y de casi 2.4 veces lo que recibirá el PRD.
Aunque de esa cantidad cada partido tiene para la campaña de su candidato presidencial un tope máximo de gastos, igual para todos, de poco más de 336.1 millones de pesos.
Pero eso es sólo la parte de financiamiento público. Los partidos además pueden allegarse recursos por otras vías: cuotas obligatorias y voluntarias de sus afiliados, dinero propio de los candidatos, aportaciones de simpatizantes, autofinanciamientos –rifas, sorteos, espectáculos, venta de libros, conferencias o colectas– y rendimientos derivados de sus inversiones financieras.
Aunque lo recaudado por esas vías no debe ser mayor de 10% del tope máximo de gastos de campaña, es decir: no más de 33 millones 611 mil 208 pesos, pues la ley obliga a que el financiamiento público debe privilegiarse sobre el privado.
Otro tope que la autoridad establece es el de las aportaciones individuales. Ninguna persona física o moral autorizada para ello podrá dar al partido o a la campaña más de 1 millón 680 mil 560 pesos en todo el año. Esa cantidad es 5% del tope máximo de las aportaciones de financiamiento por parte de los simpatizantes o 0.5% del tope de gastos total para la campaña presidencial.
Una de las restricciones que ahora impone la ley es sobre el manejo de efectivo: Ninguna cantidad que se aporte en un mes, y que supere los 200 días de salario mínimo, podrá hacerse en efectivo; tendrá que hacerse por cheque o transferencia bancaria. Y toda aportación, así sea menor a ese tope, deberá estar respaldada documentalmente. Lo único que está excluido de ese respaldo es lo que se recaba mediante colectas en la vía pública.
–¿Son suficientes todos esos topes y todas esas restricciones para impedir que entre dinero ilícito a las campañas? Al final estamos hablando de dinero que se puede rastrear, pero ¿y el que no? –se le pregunta a Córdova Vianello.
–Esas son las prohibiciones. Por supuesto que si hay una sospecha o una denuncia de que alguien recibió dinero en efectivo, rebasando los topes individuales y colectivos o que recibió dinero en efectivo sin que haya un comprobante, esa es una irregularidad.
“El caso más famoso, como decía, es el de Amigos de Fox, pues se trató también de recursos no reportados a la autoridad.
“¿Es posible que ahora, con la nueva ley, esto ocurra? Pues es posible que ocurra. ¿Es posible que los partidos se apeguen irrestrictamente a lo que dice la ley? Pues es posible que no ocurra. ¿Puede haber aportaciones en efectivo en grandes cantidades? Pues sí.”
Agrega: “El IFE tiene una herramienta importantísima después de la reforma de 2008 para poder enfrentar esos actos ilícitos y las eventuales denuncias.
“Se puede ya trascender el secreto bancario, fiduciario y fiscal, que permite a la autoridad rastrear todas las transacciones bancarias que tengan que ver con cuestiones electorales, incluido el retiro de sumas importantes en efectivo de un banco. Es decir que se puede ya contar con información que permita ir reconstruyendo las tramas de financiamiento a los partidos.”
Admite, sin embargo, que todo eso no garantiza un blindaje efectivo del proceso electoral, de las campañas específicamente. “Siempre hay un margen” para que no ocurra así.
Es, dice, “como el juego del gato y el ratón. Tú vas poniendo y poniendo límites y siempre habrá un espacio abierto. Pero al final del día creo que tenemos herramientas suficientes para evitar eso”.
Pero insiste y vuelve al principio: “La gran reforma sería si la gravedad que se detecta en la revisión de los gastos de una campaña es de tal dimensión que eventualmente pueda traducirse en la separación del cargo del funcionario público”.
Y en el principio está también que el IFE no puede resolver sobre eso. El modelo de fiscalización fue decidido por el Legislativo. El instituto simplemente quedó atado de manos.
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