Del Diario Libertad
Por Lydia Cacho
Recibo flores con un mensaje, “felicidades en tu día, por ser mujer”. Imagino que deben revolcarse en sus tumbas las socialistas norteamericanas y las rusas que desde 1808 hicieron del 8 de marzo el Día de la Mujer Trabajadora. Dieron la vida por mejores salarios, por el derecho a la ciudadanía y al voto, por la igualdad legal.
La batalla de las mujeres por la equidad es ardua porque el sexismo imbricado en las leyes y la cultura parece invisible, y los grupos conservadores se han encargado de hacerlo, además de invisible, confuso. Está escrito en la Constitución que México nació, políticamente, como un país de hombres, para hombres. Donde las mujeres no tenían derecho ni sobre su cuerpo ni sobre su libertad. No existen las ciudadanas, y eso no es ni casual ni único en la historia de la humanidad.
Cuando las y los negros en Estados Unidos se rebelaron contra la esclavitud se enfrentaron a un serio problema; en la Constitución no aparecía la palabra esclavo, o esclavitud. En la realidad se les compraba, vendía y explotaba. Los gobernantes conservadores y racistas perpetuaron su visión del mundo en las leyes. En la Constitución las personas eran blancas, no hacía falta la aclaración. El gobierno estadounidense se autodenominó la tierra de la “libertad y el progreso”, así que en 1791 se escribió la famosa Carta de los Derechos Ciudadanos (Bill of Rights). En la cual tampoco aparece la esclavitud. La quinta enmienda garantiza que “ninguna persona puede ser privada de su libertad o de su propiedad sin un proceso de ley”. Culturalmente las y los negros eran propiedad, así que estaban excluidos de esa enmienda, hasta 1865.
La retórica de las constituciones envía un falso mensaje sobre la igualdad de derechos, mientras la sociedad perpetúa los valores de los más fuertes. En el caso de la discriminación racial, se necesitó una rebelión social que luego dio vida a una Rosa Parks, a Martin Luther King o a Malcom X. Pero los nombres de las heroínas de los derechos de la mujer no han sido reclamados como un logro de la sociedad, sino de las mujeres. Eso debería de resultar extraño, incluso para las y los historiadores.
Al igual que la estadounidense, la Constitución mexicana dice que todos somos iguales ante la ley, pero la palabra mujer no aparece. Ni era permitido el voto o el acceso a la educación. El sexismo está implícito en su ausencia. Desde que las sufragistas yucatecas se rebelaron contra estos hechos, hasta nuestros días, muchos políticos, constitucionalistas, ministros de la Suprema Corte y abogados que tienen una visión sexista del mundo, aseguran que no hace falta mencionar a las mujeres para que existan, que al decir hombre, se dice también mujer. Pero en realidad hace falta conocer los orígenes de la universalización de lo masculino para explicar el mundo. La frase de un monje benedictino del siglo XIX lo dice: “Cuando se dice hombre, se dice hijo de Dios. Cuando se dice mujer se dice madre y cierva del señor”. La utilización del masculino universal tiene sus bases en la falsa creencia histórica de la superioridad del hombre sobre la mujer.
Ciento cuarenta y tres años después de que fue abolida la esclavitud, grupos ultraconservadores insertados en el sistema político estadounidense, siguen reivindicando la supremacía de blancos sobre negros y cualquier otra raza. En México el machismo fustiga cada 15 segundos a una mujer que quiere ser libre.
Trivializar un movimiento social es debilitarlo. Nunca se ha visto que los políticos organicen desayunos con flores y globos rosas para celebrar el aniversario de la toma de la alhóndiga de Granaditas, o la guerra de castas. Reivindicar el contenido social, político e histórico del 8 de marzo, es la mejor forma de visibilizar la lucha social por la equidad, lucha que beneficia a toda la sociedad, y que apenas lleva 100 años.
www.lydiacacho.net
lunes, marzo 10, 2008
El Estado y la izquierda en México
Enrique Montalvo
I La estrategia para someter al país: la construcción de un Estado autoritario
"Así como el pueblo afirma que al pulque
sólo le falta un grado para convertirse
en carne, al Estado en México sólo le
falta un grado para ser fascista." - José Revueltas
Si algo está demostrando el gobierno de Felipe Calderón es que tiene un proyecto perfectamente bien trazado para construir un Estado abiertamente autoritario y, cada vez más, estrechamente comprometido y alineado con los intereses de los grandes grupos económicos y con los objetivos geopolíticos de los Estados Unidos y del capital imperialista. Para satisfacer a éstos últimos, está dispuesto a liquidar la mayoría de los derechos sociales y políticos que la sociedad había logrado para hacer la vida más civilizada, solidaria y humana o, más específicamente, menos inhumana.
Resulta claro que desde su campaña política, Calderón pactó con los grandes grupos empresariales la realización de su proyecto de país. Es, por lo tanto, el representante de aquellos. En el centro de este proyecto se encuentran dos grandes lineamientos a alcanzar, el primero es la reforma fiscal, que implica disminuir los impuestos al capital (o sea a la minoría privilegiada) e incrementar los impuestos al consumo (esto es a la mayoría de la población a través del IVA), y con ello obtener más recursos, pero a costa de los sectores de menos recursos. El segundo es la reforma energética, que implica entregar PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad al gran capital. La consecución de ambos dejaría un Estado injusto, descapitalizado y pobre, inerme ante el capital, al servicio de éste e incapacitado para representar de alguna manera a la mayoría. En otras palabras, el dominio de la oligarquía mexicana quedaría sellado plenamente y no habría mediación o fuerza alguna que pudiera contenerlo o atenuarlo. Es esta la aspiración fundamental de la derecha mexicana, desde tiempos de Limantour.
El inquilino de Los Pinos y su grupo saben muy bien que estas medidas podrían provocar reacciones sociales impredecibles y, por ello, han trazado toda una estrategia que se basa en lograr el consenso y la aceptación a través de una ofensiva mediática sin precedentes y, por si esto falla, contar con un aparato policiaco-militar y una estructura jurídica a modo.
La ofensiva mediática, además de tratar de convencernos de la premisa falsa de que las reformas que impulsa el gobierno favorecen a la población, se dirige, sobre todo, a construir la ilusión de que vivimos en una democracia maravillosa y perfecta, pero, sobre todo, pretende descalificar a cualquier forma de disidencia. Con una estrategia goebelsiana, los medios machacan y repiten la idea de que las manifestaciones contrarias o críticas a las decisiones que se toman desde el poder son antidemocráticas, violentas y hasta terroristas. Curiosamente, las medidas jurídicas que el Ejecutivo está impulsando (a las que me refiero a continuación) y que está haciendo pasar en las cámaras, están conculcando las garantías constitucionales y amenazan las libertades públicas y la democracia. Para poder imponerlas la radio y la televisión actúan como medios de Estado, a semejanza de cómo lo han hecho en regímenes dictatoriales.
Para el supuesto que la ciudadanía se sobreponga a la embestida mediática, se están dando los pasos para poder reprimir a los inconformes, dejándolos legalmente indefensos frente a un gobierno con poderes hipertrofiados. Por ello, desde su llegada, Calderón ha fortalecido a la Policía Federal Preventiva, la cual ha tenido un papel privilegiado en la represión de movimientos sociales y aprovechando el pretexto del narcotráfico, ha sacado al Ejército a las calles (desviándolo de su función constitucional de defensor de la soberanía) en funciones de policía, creando así un ambiente de miedo que favorezca la aceptación e incluso la demanda, de todo tipo de medidas de seguridad y control sobre la población. Posteriormente, ha logrado imponer una reforma judicial que avala todo tipo de abusos por parte de los cuerpos policiacos, que deja inerme y sin defensa jurídica a la población y que permite la represión contra los líderes de los movimientos sociales que cuestionen las políticas oficiales. El destacado jurista Sergio García Ramírez ha comparado esta reforma con un vaso de agua potable… con unas gotas de veneno dentro. La siguiente medida ya está en las cámaras para su discusión, es la Ley de Estado de Excepción, para, en caso extremo, suspender las garantías y controlar con violencia la rebeldía social. ¿Podría pensarse un proyecto más dictatorial que éste?
(enrimo22@hotmail.com)
I La estrategia para someter al país: la construcción de un Estado autoritario
"Así como el pueblo afirma que al pulque
sólo le falta un grado para convertirse
en carne, al Estado en México sólo le
falta un grado para ser fascista." - José Revueltas
Si algo está demostrando el gobierno de Felipe Calderón es que tiene un proyecto perfectamente bien trazado para construir un Estado abiertamente autoritario y, cada vez más, estrechamente comprometido y alineado con los intereses de los grandes grupos económicos y con los objetivos geopolíticos de los Estados Unidos y del capital imperialista. Para satisfacer a éstos últimos, está dispuesto a liquidar la mayoría de los derechos sociales y políticos que la sociedad había logrado para hacer la vida más civilizada, solidaria y humana o, más específicamente, menos inhumana.
Resulta claro que desde su campaña política, Calderón pactó con los grandes grupos empresariales la realización de su proyecto de país. Es, por lo tanto, el representante de aquellos. En el centro de este proyecto se encuentran dos grandes lineamientos a alcanzar, el primero es la reforma fiscal, que implica disminuir los impuestos al capital (o sea a la minoría privilegiada) e incrementar los impuestos al consumo (esto es a la mayoría de la población a través del IVA), y con ello obtener más recursos, pero a costa de los sectores de menos recursos. El segundo es la reforma energética, que implica entregar PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad al gran capital. La consecución de ambos dejaría un Estado injusto, descapitalizado y pobre, inerme ante el capital, al servicio de éste e incapacitado para representar de alguna manera a la mayoría. En otras palabras, el dominio de la oligarquía mexicana quedaría sellado plenamente y no habría mediación o fuerza alguna que pudiera contenerlo o atenuarlo. Es esta la aspiración fundamental de la derecha mexicana, desde tiempos de Limantour.
El inquilino de Los Pinos y su grupo saben muy bien que estas medidas podrían provocar reacciones sociales impredecibles y, por ello, han trazado toda una estrategia que se basa en lograr el consenso y la aceptación a través de una ofensiva mediática sin precedentes y, por si esto falla, contar con un aparato policiaco-militar y una estructura jurídica a modo.
La ofensiva mediática, además de tratar de convencernos de la premisa falsa de que las reformas que impulsa el gobierno favorecen a la población, se dirige, sobre todo, a construir la ilusión de que vivimos en una democracia maravillosa y perfecta, pero, sobre todo, pretende descalificar a cualquier forma de disidencia. Con una estrategia goebelsiana, los medios machacan y repiten la idea de que las manifestaciones contrarias o críticas a las decisiones que se toman desde el poder son antidemocráticas, violentas y hasta terroristas. Curiosamente, las medidas jurídicas que el Ejecutivo está impulsando (a las que me refiero a continuación) y que está haciendo pasar en las cámaras, están conculcando las garantías constitucionales y amenazan las libertades públicas y la democracia. Para poder imponerlas la radio y la televisión actúan como medios de Estado, a semejanza de cómo lo han hecho en regímenes dictatoriales.
Para el supuesto que la ciudadanía se sobreponga a la embestida mediática, se están dando los pasos para poder reprimir a los inconformes, dejándolos legalmente indefensos frente a un gobierno con poderes hipertrofiados. Por ello, desde su llegada, Calderón ha fortalecido a la Policía Federal Preventiva, la cual ha tenido un papel privilegiado en la represión de movimientos sociales y aprovechando el pretexto del narcotráfico, ha sacado al Ejército a las calles (desviándolo de su función constitucional de defensor de la soberanía) en funciones de policía, creando así un ambiente de miedo que favorezca la aceptación e incluso la demanda, de todo tipo de medidas de seguridad y control sobre la población. Posteriormente, ha logrado imponer una reforma judicial que avala todo tipo de abusos por parte de los cuerpos policiacos, que deja inerme y sin defensa jurídica a la población y que permite la represión contra los líderes de los movimientos sociales que cuestionen las políticas oficiales. El destacado jurista Sergio García Ramírez ha comparado esta reforma con un vaso de agua potable… con unas gotas de veneno dentro. La siguiente medida ya está en las cámaras para su discusión, es la Ley de Estado de Excepción, para, en caso extremo, suspender las garantías y controlar con violencia la rebeldía social. ¿Podría pensarse un proyecto más dictatorial que éste?
(enrimo22@hotmail.com)
Misión imposible
María Tersa Jardí
A pesar de que los temas urgentes son los mismos o similares todos los días, hoy me resulta difícil elegir si escribir sobre las corruptelas de Mouriño, alias Iván el Terrible, como a él, dice algún articulista, le gusta que lo llamen sus muy amigochos, como Felipillo, Betrones y Gamboa Patrón, o sobre la ETA haciendo hasta lo imposible para que no siga el PSOE como cabeza del gobierno español. Claro, resulta imperdonable que Rodríguez Zapatero haya tendido la mano a ese grupo, desde hace ya largo rato al servicio de la derecha fascista, como Uribe, al que el mundo hizo recular de momento porque esta vez sí funcionaron las denuncias a nivel internacional sobre la masacre cometida de madrugada y, cobardemente, contra "molestos" guerrilleros que hasta querían entregar a los rehenes como acuerdo previo a la negociación para deponer, de una vez por todas, las armas que les obligaron a tomar otros asesinos de la misma calaña que Bush, que Calderón y que Uribe.
Porque no hay que minimizar nunca, ni aunque sea un remedo de cualquier cosa, a un usurpador que pudo elegir mostrarse como el estadista merecedor de ser elegido en la elección cuestionada o en la próxima, con sólo haber aceptado el recuento de votos, pero quien optó por convertirse en usurpador y por eso solamente, que no es lo único cuestionable de Felipillo, no sólo no merece el menor de los respetos, sino que es un peligro para la nación y ya vemos lo que quiere hacer con el petróleo, único bien que a la nación mexicana le queda, para aspirar, al menos, a que no se le sigan cancelando más generaciones, que las ya canceladas por el FOBAPROA impuesto al pueblo mexicano por los mismos partidos que dan su aval al usurpador, enemigos de la patria, pues, corruptos canallas que lo mismo son ladrones que pederastas.
No, no es fácil decidirse a escribir ni siquiera sobre lo importante, como la huelga de hambre de los presos internos en el Cereso 14 de Cintalapa, Chiapas, a los que se sumaron, hace unos días, los internos en el Cereso 5 de San Cristóbal, en el mismo Estado, cuando no mal gobernado Pablo Salazar Mendiguchía, de quien nuestro diario ha estado recordando lo de las inexplicadas muertes de bebés en el Hospital General de Comitán cuando su mandato, mal gobernado por Juan José Sabines, llegados a través del PRD ambos gobernadores, pero no por eso menos responsables de sus actos, presos políticos sin duda, son todos los presos que así se reivindican como señala el Frayba, porque aunque algunos, de los 23 tsotsiles y tseltales en huelga de hambre o todos lo sean también por hambre, no por eso dejan de ser presos políticos de un sistema cada vez más injusto e intolerante sólo con la pobreza, mientras la impunidad come en la mesa del patrón usurpador todos los días tres generosas comidas rociadas con vinos de marca, sí señor.
Misión imposible ya, a estas alturas, decidir como el tema correcto del día el desaguisado, por ejemplo, ocurrido en Querétaro, donde integrantes de "tribus urbanas" atacan a jóvenes "emo" cuya filosofía, señala la nota que consigna el hecho, "es actuar conforme a sus emociones y sentimientos", porque Darks, punks y skaceros están molestos con su estilo, pues dicen que les copian, cuando lo sensato sería que se unieran.
En fin, misión imposible, sí, la de elegir para hoy un solo tema.
A pesar de que los temas urgentes son los mismos o similares todos los días, hoy me resulta difícil elegir si escribir sobre las corruptelas de Mouriño, alias Iván el Terrible, como a él, dice algún articulista, le gusta que lo llamen sus muy amigochos, como Felipillo, Betrones y Gamboa Patrón, o sobre la ETA haciendo hasta lo imposible para que no siga el PSOE como cabeza del gobierno español. Claro, resulta imperdonable que Rodríguez Zapatero haya tendido la mano a ese grupo, desde hace ya largo rato al servicio de la derecha fascista, como Uribe, al que el mundo hizo recular de momento porque esta vez sí funcionaron las denuncias a nivel internacional sobre la masacre cometida de madrugada y, cobardemente, contra "molestos" guerrilleros que hasta querían entregar a los rehenes como acuerdo previo a la negociación para deponer, de una vez por todas, las armas que les obligaron a tomar otros asesinos de la misma calaña que Bush, que Calderón y que Uribe.
Porque no hay que minimizar nunca, ni aunque sea un remedo de cualquier cosa, a un usurpador que pudo elegir mostrarse como el estadista merecedor de ser elegido en la elección cuestionada o en la próxima, con sólo haber aceptado el recuento de votos, pero quien optó por convertirse en usurpador y por eso solamente, que no es lo único cuestionable de Felipillo, no sólo no merece el menor de los respetos, sino que es un peligro para la nación y ya vemos lo que quiere hacer con el petróleo, único bien que a la nación mexicana le queda, para aspirar, al menos, a que no se le sigan cancelando más generaciones, que las ya canceladas por el FOBAPROA impuesto al pueblo mexicano por los mismos partidos que dan su aval al usurpador, enemigos de la patria, pues, corruptos canallas que lo mismo son ladrones que pederastas.
No, no es fácil decidirse a escribir ni siquiera sobre lo importante, como la huelga de hambre de los presos internos en el Cereso 14 de Cintalapa, Chiapas, a los que se sumaron, hace unos días, los internos en el Cereso 5 de San Cristóbal, en el mismo Estado, cuando no mal gobernado Pablo Salazar Mendiguchía, de quien nuestro diario ha estado recordando lo de las inexplicadas muertes de bebés en el Hospital General de Comitán cuando su mandato, mal gobernado por Juan José Sabines, llegados a través del PRD ambos gobernadores, pero no por eso menos responsables de sus actos, presos políticos sin duda, son todos los presos que así se reivindican como señala el Frayba, porque aunque algunos, de los 23 tsotsiles y tseltales en huelga de hambre o todos lo sean también por hambre, no por eso dejan de ser presos políticos de un sistema cada vez más injusto e intolerante sólo con la pobreza, mientras la impunidad come en la mesa del patrón usurpador todos los días tres generosas comidas rociadas con vinos de marca, sí señor.
Misión imposible ya, a estas alturas, decidir como el tema correcto del día el desaguisado, por ejemplo, ocurrido en Querétaro, donde integrantes de "tribus urbanas" atacan a jóvenes "emo" cuya filosofía, señala la nota que consigna el hecho, "es actuar conforme a sus emociones y sentimientos", porque Darks, punks y skaceros están molestos con su estilo, pues dicen que les copian, cuando lo sensato sería que se unieran.
En fin, misión imposible, sí, la de elegir para hoy un solo tema.
Editorial.Mares de fondo.
Así como el asunto de la violación territorial a Ecuador ha traído consigo la fundada sospecha de que la FARC tiene conexiones en nuestro México, pues resulta increíble que estudiantes de la UNAM puedan establecer contacto y entrevistarse con el número dos de la conocida guerrilla colombiana, sin previamente haber tenido quienes desde aquí los enlazaran.
Así, del mismo modo, el asunto del señor Mouriño ha traído consigo el destape de toda la corrupción que hay en PEMEX (¿nada más en PEMEX; qué no es en todo México?).
Las docenas de gasolineras propiedad de la familia son lo menos. López Obrador advierte que tiene y presentará más pruebas del mal actuar del todavía Secretario de Gobernación que se dice mexicano, y que debe de estar añorando cuando era el número dos de Los Pinos.
De permanecer en el significativo cargo, apuntalado por la más que cínica corrupción priísta de Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones; y no se diga nada más de los panistas, que siendo recalcitrantemente católicos, irremediablemente pasan a formar parte de lo peor de la sociedad; cuando menos según decía el muy ilustre Voltaire.
Lo primero servirá para que los EEUU sigan interviniendo en nuestra política antiterrorista (y de hecho, en todo) pues el terrorismo es un asunto de todas las naciones del mundo y México ha sido recién nombrado vicepresidente de la ICTI (Instituto Contra el Terrorismo Internacional).
Y lo segundo, para que los mexicanos midamos el grado de dictadura que se ha impuesto; pues en el mejor de los casos al madrileño lo retirarán del cargo (solo Dios sabrá si con goce de sueldo, son perfectamente capaces) pero no le harán nada más.
Cuando el caso es lo suficientemente grave como para que se investigue a Felipe Calderón, que a nadie podrá convencer de que lo ignoraba todo (en cuyo caso también tendría responsabilidad).
Pero parece que así como los EEUU todavía no están preparados para tener un Presidente negro o una mujer que los presida, así tampoco nosotros estamos preparados para meter a la cárcel a un Presidente, por pillo que sea.
Y aún en el caso de que se le llevara a juicio, lo que luce imposible pues el Procurador de Justicia él lo designa y por tanto es su tapadera, cabría preguntar: ¿con los jueces y magistrados que tenemos?.
Quizá debiéramos de volver los ojos a la Constitución del 57 que contemplaba que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también debería ser electo por el Pueblo, no propuesto por uno y aceptado por un puñado de incondicionales.
Como lo es hoy Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien en su casa de descanso celebra misa los domingos (con pase de charola, incienso, curas, monaguillos y toda la cosa) exhibiendo sin ambages el escaso grado de conciencia quien es el máximo juez de la Nación.
Así, del mismo modo, el asunto del señor Mouriño ha traído consigo el destape de toda la corrupción que hay en PEMEX (¿nada más en PEMEX; qué no es en todo México?).
Las docenas de gasolineras propiedad de la familia son lo menos. López Obrador advierte que tiene y presentará más pruebas del mal actuar del todavía Secretario de Gobernación que se dice mexicano, y que debe de estar añorando cuando era el número dos de Los Pinos.
De permanecer en el significativo cargo, apuntalado por la más que cínica corrupción priísta de Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones; y no se diga nada más de los panistas, que siendo recalcitrantemente católicos, irremediablemente pasan a formar parte de lo peor de la sociedad; cuando menos según decía el muy ilustre Voltaire.
Lo primero servirá para que los EEUU sigan interviniendo en nuestra política antiterrorista (y de hecho, en todo) pues el terrorismo es un asunto de todas las naciones del mundo y México ha sido recién nombrado vicepresidente de la ICTI (Instituto Contra el Terrorismo Internacional).
Y lo segundo, para que los mexicanos midamos el grado de dictadura que se ha impuesto; pues en el mejor de los casos al madrileño lo retirarán del cargo (solo Dios sabrá si con goce de sueldo, son perfectamente capaces) pero no le harán nada más.
Cuando el caso es lo suficientemente grave como para que se investigue a Felipe Calderón, que a nadie podrá convencer de que lo ignoraba todo (en cuyo caso también tendría responsabilidad).
Pero parece que así como los EEUU todavía no están preparados para tener un Presidente negro o una mujer que los presida, así tampoco nosotros estamos preparados para meter a la cárcel a un Presidente, por pillo que sea.
Y aún en el caso de que se le llevara a juicio, lo que luce imposible pues el Procurador de Justicia él lo designa y por tanto es su tapadera, cabría preguntar: ¿con los jueces y magistrados que tenemos?.
Quizá debiéramos de volver los ojos a la Constitución del 57 que contemplaba que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también debería ser electo por el Pueblo, no propuesto por uno y aceptado por un puñado de incondicionales.
Como lo es hoy Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien en su casa de descanso celebra misa los domingos (con pase de charola, incienso, curas, monaguillos y toda la cosa) exhibiendo sin ambages el escaso grado de conciencia quien es el máximo juez de la Nación.
Investiga SEDENA
En respuesta a las denuncias ciudadanas contra militares por los operativos anti-narco que desarrolla la Secretaría de la Defensa en Tamaulipas, el alto mando del Ejército inició investigaciones para deslindar las responsabilidades
General Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional. ¿En qué estará pensando el militarote encargado de la defensa del pelele? ¿Acaso en Ernestina?
MEXICO, D.F., 9 de marzo (LA JORNADA/NTX).- En respuesta a las denuncias ciudadanas en contra de militares por los operativos contra el narcotráfico que desarrolla la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en el Estado de Tamaulipas, el alto mando del Ejército informó que ya inició las investigaciones “de conformidad con nuestras leyes y reglamentos” para deslindar las responsabilidades correspondientes y se comprometió a mantener informada a la sociedad sobre los avances y resultados de las mismas.
En un comunicado, la dependencia reiteró su compromiso “de velar en todo momento” por el respeto irrestricto a los derechos humanos y “la firme intención de hacer transparente nuestra actuación”.
Incluso, invitó a los representantes de las diferentes organizaciones encargadas de vigilar los derechos humanos, a “acercarse a esta Secretaría y a las autoridades competentes para que hagan llegar sus quejas en contra del personal militar”.
Apenas el viernes pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le había solicitado al director general de Derechos Humanos de la SEDENA, general Jaime Antonio López Portillo, que otorgara medidas cautelares a favor de habitantes de Tamaulipas “ante hechos presuntamente violatorios” de garantías fundamentales “a los que dicen estar expuestos por actos de militares adscritos a distintas bases de operación (retenes) en la entidad”.
Cabe señalar que después de tres meses de haber sido creada la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena, hasta la fecha, su titular no ha informado sobre los objetivos y alcances de esta oficina, cuya actividad fue dada a conocer el primero de enero pasado.
Al respecto, hay denuncias de ciudadanos tamaulipecos en contra de soldados a quienes acusan de incurrir en allanamientos, tratos crueles y degradantes, detenciones arbitrarias, daño a bienes y sustracción de objetos.
La CNDH indicó que el pasado 4 de marzo recibió varias quejas contra soldados, por lo que ésta pidió que toda diligencia o actuación de los militares en Tamaulipas “se haga con apego a la legalidad y respeto a los derechos fundamentales; se efectúe estrictamente con la orden judicial correspondiente y previa solicitud expresa por parte de la autoridad administrativa civil”.
Hoy, la Secretaría que encabeza el general Guillermo Galván Galván, sostuvo que “es destacable que existan diversas organizaciones preocupadas por vigilar la actuación de las diversas autoridades, sin mayor interés que proteger las garantías individuales” previstas en la constitución.
La SEDENA reiteró su compromiso de velar “en todo momento por el respeto irrestricto a los derechos humanos y la firme intención de hacer transparente nuestra actuación”.
Así, SEDENA informó que de conformidad con sus leyes y reglamentos inició las acciones pertinentes tras las denuncias del Movimiento Ciudadano Contra los Abusos Militares y Federales de Tamaulipas.
A través de un comunicado, la dependencia aseguró que se deslindarán las responsabilidades de los supuestos abusos y se mantendrá a la sociedad informada sobre los avances y resultados de las investigaciones.
General Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional. ¿En qué estará pensando el militarote encargado de la defensa del pelele? ¿Acaso en Ernestina?MEXICO, D.F., 9 de marzo (LA JORNADA/NTX).- En respuesta a las denuncias ciudadanas en contra de militares por los operativos contra el narcotráfico que desarrolla la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en el Estado de Tamaulipas, el alto mando del Ejército informó que ya inició las investigaciones “de conformidad con nuestras leyes y reglamentos” para deslindar las responsabilidades correspondientes y se comprometió a mantener informada a la sociedad sobre los avances y resultados de las mismas.
En un comunicado, la dependencia reiteró su compromiso “de velar en todo momento” por el respeto irrestricto a los derechos humanos y “la firme intención de hacer transparente nuestra actuación”.
Incluso, invitó a los representantes de las diferentes organizaciones encargadas de vigilar los derechos humanos, a “acercarse a esta Secretaría y a las autoridades competentes para que hagan llegar sus quejas en contra del personal militar”.
Apenas el viernes pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le había solicitado al director general de Derechos Humanos de la SEDENA, general Jaime Antonio López Portillo, que otorgara medidas cautelares a favor de habitantes de Tamaulipas “ante hechos presuntamente violatorios” de garantías fundamentales “a los que dicen estar expuestos por actos de militares adscritos a distintas bases de operación (retenes) en la entidad”.
Cabe señalar que después de tres meses de haber sido creada la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena, hasta la fecha, su titular no ha informado sobre los objetivos y alcances de esta oficina, cuya actividad fue dada a conocer el primero de enero pasado.
Al respecto, hay denuncias de ciudadanos tamaulipecos en contra de soldados a quienes acusan de incurrir en allanamientos, tratos crueles y degradantes, detenciones arbitrarias, daño a bienes y sustracción de objetos.
La CNDH indicó que el pasado 4 de marzo recibió varias quejas contra soldados, por lo que ésta pidió que toda diligencia o actuación de los militares en Tamaulipas “se haga con apego a la legalidad y respeto a los derechos fundamentales; se efectúe estrictamente con la orden judicial correspondiente y previa solicitud expresa por parte de la autoridad administrativa civil”.
Hoy, la Secretaría que encabeza el general Guillermo Galván Galván, sostuvo que “es destacable que existan diversas organizaciones preocupadas por vigilar la actuación de las diversas autoridades, sin mayor interés que proteger las garantías individuales” previstas en la constitución.
La SEDENA reiteró su compromiso de velar “en todo momento por el respeto irrestricto a los derechos humanos y la firme intención de hacer transparente nuestra actuación”.
Así, SEDENA informó que de conformidad con sus leyes y reglamentos inició las acciones pertinentes tras las denuncias del Movimiento Ciudadano Contra los Abusos Militares y Federales de Tamaulipas.
A través de un comunicado, la dependencia aseguró que se deslindarán las responsabilidades de los supuestos abusos y se mantendrá a la sociedad informada sobre los avances y resultados de las investigaciones.
Panistas defienden a los espurios
Por Esto
German Martínez Cázares, dirigente nacional del PAN, dijo que confía en la “honorabilidad” de Juan Camilo Mouriño y de César Nava. (NTX) Que puede esperarse de Germán Mentiras
MEXICO, D.F., 9 de marzo (UNIVERSAL/LA JORNADA).- German Martínez Cázares, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), dijo confiar en la “honorabilidad” de Juan Camilo Mouriño y de César Nava, ambos funcionarios del gobierno espurio implicados en un presunto conflicto de interés relacionado con PEMEX y al mismo tiempo, dijo apoyar a Felipe Calderón en su intención de reformar a la paraestatal. “Nosotros consideramos que el país tiene que pensar qué va a hacer con el petróleo que tiene en aguas profundas. Confiamos en la honorabilidad de todos los miembros del gobierno de Calderón. Cada uno de ello tiene el afecto y respaldo del presidente del partido”, dijo el panista.
Al término de la presentación de la Reforma de Estatutos de su partido, Martínez Cázares aprovechó la ocasión para señalar que no se debe dejar de lado el interés de la Nación por la muina de algún político, en relación a Andrés Manuel López Obrador y aseguró que se debe ir “al fondo del mar” para sacar los “tesoros” que existen en materia petrolera, pero sin privatizar.
“Nosotros siempre hemos visto hacia el futuro y le vamos a resolver problemas al país. No vamos a esperar a que alguien le pase la muina para que le resolvamos al país. Damos nuestro respaldo a la reforma energética”, expresó el panista.
En cuanto al respaldo que le otorga Acción Nacional al gobierno, para promover la reforma energética, Martínez Cázares precisó que se debe aprovechar este periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, donde se aprobaría un cambio a las leyes, porque “no puede seguir ahí una riqueza en el fondo del mar por querellas de políticos”.
En la Cámara de Diputados surgió un grupo dentro de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), denominado Las aguerridas, en defensa del secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño.
Lo anterior, ante las acusaciones de tráfico de influencias derivadas de la salida a la luz pública de contratos firmados por el funcionario con PEMEX Refinación.
El grupo de legisladores en apoyo a Mouriño y al gobierno espurio se creó en la pasada reunión plenaria de esa fracción, en San Miguel Regla, Hidalgo, del 28 al 31 de enero pasado, con la intención de conformarse como el núcleo defensor en el Legislativo del secretario de Gobernación.
Mientras, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega, señaló que esta dependencia puede investigar de oficio al titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y al actual secretario particular de FeCal, César Nava, por los señalamientos de tráfico de influencias que existen en su contra.
Mientras, el dirigente del PAN, Germán Martínez, volvió a defender a los dos funcionarios y resaltó que su partido confía en la honorabilidad de ambos.
De hecho, puntualizó que Acción Nacional tiene confianza en la honestidad de todos los miembros del equipo de FeCal.
German Martínez Cázares, dirigente nacional del PAN, dijo que confía en la “honorabilidad” de Juan Camilo Mouriño y de César Nava. (NTX) Que puede esperarse de Germán MentirasMEXICO, D.F., 9 de marzo (UNIVERSAL/LA JORNADA).- German Martínez Cázares, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), dijo confiar en la “honorabilidad” de Juan Camilo Mouriño y de César Nava, ambos funcionarios del gobierno espurio implicados en un presunto conflicto de interés relacionado con PEMEX y al mismo tiempo, dijo apoyar a Felipe Calderón en su intención de reformar a la paraestatal. “Nosotros consideramos que el país tiene que pensar qué va a hacer con el petróleo que tiene en aguas profundas. Confiamos en la honorabilidad de todos los miembros del gobierno de Calderón. Cada uno de ello tiene el afecto y respaldo del presidente del partido”, dijo el panista.
Al término de la presentación de la Reforma de Estatutos de su partido, Martínez Cázares aprovechó la ocasión para señalar que no se debe dejar de lado el interés de la Nación por la muina de algún político, en relación a Andrés Manuel López Obrador y aseguró que se debe ir “al fondo del mar” para sacar los “tesoros” que existen en materia petrolera, pero sin privatizar.
“Nosotros siempre hemos visto hacia el futuro y le vamos a resolver problemas al país. No vamos a esperar a que alguien le pase la muina para que le resolvamos al país. Damos nuestro respaldo a la reforma energética”, expresó el panista.
En cuanto al respaldo que le otorga Acción Nacional al gobierno, para promover la reforma energética, Martínez Cázares precisó que se debe aprovechar este periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, donde se aprobaría un cambio a las leyes, porque “no puede seguir ahí una riqueza en el fondo del mar por querellas de políticos”.
En la Cámara de Diputados surgió un grupo dentro de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), denominado Las aguerridas, en defensa del secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño.
Lo anterior, ante las acusaciones de tráfico de influencias derivadas de la salida a la luz pública de contratos firmados por el funcionario con PEMEX Refinación.
El grupo de legisladores en apoyo a Mouriño y al gobierno espurio se creó en la pasada reunión plenaria de esa fracción, en San Miguel Regla, Hidalgo, del 28 al 31 de enero pasado, con la intención de conformarse como el núcleo defensor en el Legislativo del secretario de Gobernación.
Mientras, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega, señaló que esta dependencia puede investigar de oficio al titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y al actual secretario particular de FeCal, César Nava, por los señalamientos de tráfico de influencias que existen en su contra.
Mientras, el dirigente del PAN, Germán Martínez, volvió a defender a los dos funcionarios y resaltó que su partido confía en la honorabilidad de ambos.
De hecho, puntualizó que Acción Nacional tiene confianza en la honestidad de todos los miembros del equipo de FeCal.
Rondín de cuervos sobre el petróleo
Estado de los ESTADOS
Embestida contra el Sindicato Mexicano de Electricistas que se opone a los afanes privatizadores del gobierno de Felipe Calderón.
FCH, PAN y empresarios, se disputan el botín
Fuerte y concertada arremetida contra el SME
Tengo más contratos de Mouriño: AMLO
Por Lilia Arellano
En tanto que Acción Nacional lanza una estrategia de distracción declarando una y otra vez que tiene propuestas pero no una iniciativa de reforma energética concluida, sino que será consensuada con todas las fuerzas políticas del país, Felipe Calderón, por su parte, lleva a cabo una estrategia paralela que cuenta, obviamente, con el respaldo de los integrantes de la gran cúpula empresarial, mismos que serán, según se los ha prometido, los primeros beneficiados al ligar sus capitales con empresas extranjeras o con los que cuentan con mayores posibilidades de inversión propia, y garantizarles la firma de contratos asociados con el petróleo y la energía eléctrica sumamente cuantiosos. Una parte central de estos perversos proyectos los llevan a cabo tratando de atemorizar y enfrentando a uno de los sindicatos más combativos: el Mexicano de Electricistas (SME).
Tal estrategia es visible al conocerse ayer públicamente que Felipe Calderón, el Partido Acción Nacional y las cúpulas empresariales del país intensificaron la presión para sacar adelante “su” reforma energética antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones en el Congreso, para lo cual reforzaron el cabildeo con las fracciones parlamentarias de oposición, incluidas los sectores afines con los que cuentan en el PRD, a fin de concluir a más tardar en el mes de abril el proyecto de privatización del sector energético, iniciado durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, y estropeado con Vicente Fox Quesada.
El secretario de la comisión de energía del PAN, Rubén Camarillo, confirmó que los grupos parlamentarios en el Senado de la República “llevan más de un año trabajando en la reforma energética”, por lo que Acción Nacional espera contar con una iniciativa consensuada con las principales fuerzas políticas a más tardar en el mes de abril.
Por su parte, el dirigente nacional del blanquiazul, Germán Martínez Cázares, reiteró que su partido respalda al gobierno federal en el tema de la reforma energética y ratificó que la Secretaría de Energía (SENER) y los legisladores federales realizan un diagnóstico del sector, sin que haya una iniciativa de ley aún, al menos de forma visible y pública.
Al mismo tiempo y en forma totalmente coordinada, la Confederación de Cámaras Industriales de México (CONCAMIN) demandó emprender la reforma del sector energético, que incluya una política tarifaria con una relación precio/costo que permita el sano crecimiento de las empresas.
El organismo cúpula empresarial destacó que México necesita un sector eléctrico a la altura de las exigencias y desafíos planteados por la globalización y la intensa competencia en los mercados internos y externo.
La CONCAMIN destacó que si bien a principios del año las autoridades anunciaron un ajuste de 30 por ciento a las tarifas eléctricas en horario punta, al que se sumó la baja de 20 por ciento anunciada en el Programa de Apoyo a la Economía, dichos descuentos no anulan el sobreprecio existente, además de que parte de su efecto favorable se erosionó tras el aumento de 16 por ciento en la tarifa industrial hasta el mes de marzo. También demandó que “el esfuerzo de los empresarios” para elevar su productividad y mantener controlados los costos, debe ser complementado por las empresas públicas que proveen bienes o servicios indispensables para el quehacer fabril. Además, responsabilizó a la rigidez de los contratos colectivos de trabajo de estas empresas públicas de figurar entre los factores que afectan la eficiencia y costos de operación.
Embate contra el SME
En este contexto se da la embestida contra el Sindicato Mexicano de Electricistas que se opone a los afanes privatizadores del gobierno de Calderón. Durante la clausura del Encuentro Nacional de Legisladores Locales del PAN, que se realizó a puerta cerrada en la colonial ciudad de Guanajuato, el vapuleado secretario de Gobernación, el gallego Juan Camilo Moruiño, arremetió contra los “privilegios” laborales del SME y advirtió que ese gremio puede generar “muchos problemas” al país, cuando quiso decir a los intereses que cobija la actual administración federal, entre los que destacan los familiares del propio Mouriño Terrazo.
Juan Camilo aún no digiere que la exhibición del tráfico de influencias y su insaciable ambición económica al amparo y complicidad del poder que le ha dado trabajar al lado de Felipe Calderón también le proporcionó las últimas paletadas a sus enterradas aspiraciones políticas de poder abanderar la candidatura presidencial del PAN en el 2012. Aún así tiene aún la cara dura de criticar el “falso sentido nacionalista” de los trabajadores del SME, que dirige Martín Esparza, y los acusa de estar más preocupados por “defender prebendas” que por mejorar el servicio que prestan los trabajadores, olvidando completamente que la Compañía de Luz y Fuerza es una empresa del sector público, cuya responsabilidad en la conducción y eficiencia recae en primer lugar en el gobierno federal que él mismo, legal o ilegalmente, representa.
Para poder llevar a cabo sus manifiestas intenciones de privatizar el sector, Mouriño Terrazo amenaza con el petate del muerto y sostiene que de no resolverse por la vía del diálogo la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), y de estallar la huelga de la empresa el 16 de marzo, “se producirá una situación riesgosa” que podría generar problemas serios para la zona centro del país.
También medios de comunicación de abierta línea empresarial se han sumado a la ofensiva contra el SME. Sin duda, el periódico “Reforma” se ha destacado en esta labor de recalcar “las fallas y el déficit en el suministro eléctrico, quiebra técnica de la empresa, baja productividad y privilegios laborales muy por encima de los estándares industriales”, para justificar la “necesidad” de pasarla a manos de la iniciativa privada o, dicho de manera simple, de privatizarla. En este sentido, ha destacado que “en años recientes, la Auditoría Superior de la Federación ha recomendado varias veces la liquidación de LFC, tal y como lo ordena la Ley Federal de Entidades Paraestatales en casos de empresas que ya no sean convenientes para la economía nacional”.
Ante este abierto hostigamiento, el dirigente del SME, Martín Esparza, respondió que exhibirían los adeudos de “Reforma” con la Compañía de Luz y Fuerza, y acusó al periódico de tener acuerdos para no pagar el suministro eléctrico. Esto enfureció a los directivos del diario quienes denunciaron los intentos de “amedrentar la política editorial de ‘Reforma’, y advirtieron que no le tienen miedo a librar una batalla por un “Servicio Público”, el del suministro de energía.
Este fin de semana este diario hizo “del conocimiento de los lectores esta amenaza a la libertad de expresión, pues sin el ente monopólico de energía no podríamos salir con un periódico de las dimensiones acostumbradas”.
Huelga el 16 de marzo
El pasado 28 de febrero, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) emplazó a huelga a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), y advirtió que de no haber un acuerdo con la empresa, con la que se mantienen en negociaciones y a la que demandan un incremento salarial de 16 por ciento y 5 por ciento en prestaciones, más de 50 mil trabajadores suspenderán labores el 16 de marzo a las 12:00 horas. El pasado 6 de marzo, decenas de miles de integrantes del SME marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino y manifestaron su oposición a la privatización del sector energético.
Una de las demandas que el SME quiere incluir en su Contrato Colectivo de Trabajo y que más críticas ha recibido por parte del gobierno federal, el PAN y los organismos empresariales, es la cláusula 121 que pretende impedir la liquidación o disolución de la Compañía de Luz y Fuerza y que señala que: “se establece que LFC no podrá ser declarada ni declararse en disolución, o extinción, en tanto los procesos propios para garantizar su rentabilidad sean tergiversados por las normatividades específicas o negligencia de la administración del organismo”.
Otras demandas sumamente criticadas son la promoción de la derogación de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, que ha permitido a particulares otorgarles permisos inconstitucionales para generar energía, y la exigencia de realizar estudios técnicos de factibilidad para construir tres centrales de generación de ciclo combinado de 500 megawatts cada una y que se llamarían El Cerrito, Zumpango y Beristáin.
Otras peticiones que son consideradas como “inconcebibles” para los sectores empresariales y conservadores se refieren a la pretensión de que el Congreso sea el que fije las tarifas de luz, la desaparición de la tarifa eléctrica doméstica de alto consumo y eliminar el pasivo, de 22 mil 988 millones de pesos, con el Gobierno Federal.
Privatización de la electricidad
En el ensayo “Las Reformas Energéticas, una expresión del neoliberalismo”, el ingeniero Alfredo Hernández Peñaloza destaca que ya desde fines de los ochentas se desarrollaron las bases para emprender la privatización silenciosa del sector eléctrico, y para 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) para permitir una mayor participación privada en la generación de electricidad bajo esquemas de cogeneración, autoabastecimiento y producción independiente, y la participación de particulares en las actividades de exportación e importación de electricidad. Así, se congeló la inversión en la Comisión Federal de Electricidad, se favoreció la inversión privada y se desplazó a la industria estatal.
A partir del gobierno de Ernesto Zedillo se construyó toda una central de generación bajo ese esquema y se obligó a la CFE a adquirir la electricidad generada por “productores independientes”. De 1994 a junio de 2000 se otorgaron 169 permisos bajo las modalidades previstas por la LSPEE. Ya en el gobierno panista de Vicente Fox, cuando Felipe Calderón era Secretario de Energía y Juan Camilo Mouriño beneficiaba a sus empresas familiares con su cercanía con el poder federal, más del 25 por ciento de la electricidad en nuestro país se generaba por productores privados. En la actualidad, ese porcentaje ha subido hasta el 37 por ciento y el gobierno de Calderón se apresta a darles a los empresarios privados, españoles y estadounidenses principalmente, más rebanadas de ese delicioso pastel energético.
El proceso a través del cual la industria eléctrica está sacrificando sus activos al dejar fuera de operación sus plantas generadoras para favorecer las ganancias de los propietarios privados de las plantas nuevas, está activo y crea una creciente dependencia del gas natural, por lo que se está condenando al país a la importación, a través de compañías privadas, especialmente españolas, debido a que no se cuentan con reservas para el consumo actual y futuro, advirtió Hernández Peñaloza.
Si Felipe Calderón y el PAN tienen éxito en el Congreso, con la complicidad de grupos parlamentarios del PRI y sus satélites, pero también del PRD y su denominada “izquierda progresista” o “colaboracionista” y pueden concluir la “transferencia masiva de propiedad y control de los activos de la electricidad a un grupo reducido de multinacionales, que han asumido el control del suministro eléctrico”, el efecto inmediato será más alzas a las ya de por si altas tarifas y, por tanto, más aumentos a los costos de producción, lo que bajará la competitividad de los productos mexicanos y, por si fuera poco, se incrementará la inflación y el crecimiento económico y el combate a la desigualdad y a la pobreza quedarán totalmente en el olvido, al menos de lo que resta de la gestión calderonista.
Más contratos de Mouriño
El denominado “presidente legítimo”, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este domingo que cuenta con más documentos y contratos de Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, en el sector energético y que lo implican en tráfico de influencias. Adelantó que podría también acudir a la Procuraduría General de la República (PGR) a denunciar al funcionario de origen español, además de apoyar la formación de la comisión legislativa especial para investigar el caso.
Durante la gira que realizó este fin de semana por el Estado de Nayarit, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, advirtió que “de materializarse la ‘acción concertada’ entre las autoridades y empresas trasnacionales con el fin de apropiarse del petróleo, se arrastraría al país a una condición de mayor frustración y metería al pueblo a una situación de violencia”. El tabasqueño acusó directamente a Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, César Nava, Alfredo Elías Ayub y Dionisio Pérez Jácome, hijo, como el grupo que actualmente promueve la privatización y al mismo tiempo tiene compromisos con empresas trasnacionales. López Obrador demandó emprender una auditoría técnico administrativa al sector energético nacional que comprenda el manejo presupuestal de los ingresos petroleros, y en particular de los excedentes que se obtuvieron durante el gobierno de Vicente Fox; conocer todos los acuerdos que se han tomado en el sector energético para entregar concesiones, permisos, a empresas trasnacionales y multinacionales, en especial los contratos otorgados a las empresas extranjeras para la generación de energía eléctrica. Además, demandó la revisión de Los Pidiregas (proyectos de inversión diferida en el registro del gasto).”
Y en el caso de la participación de Juan Camilo Mouriño en negocios privados al desempeñarse como legislador federal, debe llegarse al fondo, investigar la responsabilidad de Calderón, porque él era su jefe, y es un hecho que la familia Mouriño ayudó a Calderón, incluso él usaba el avión de esa familia en campaña. Deben conocerse todos los contratos, no sólo los otorgados por PEMEX a la familia Mouriño, sino los contratos otorgados por la paraestatal a los políticos panistas”.
La entrega de PEMEX
Fue durante la administración de Ernesto Zedillo que se llevo a cabo, en 1995, la reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, que permitió al sector privado construir, operar y ser propietario de sistemas de transporte, distribución y almacenamiento de gas natural, así como la importación, exportación y comercialización de gas, actividades que antes estaban reservadas a Petróleos Mexicanos (PEMEX). Al año siguiente se reformó la Ley Reglamentaria al Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo para entregar al sector privado la construcción de nuevas plantas de petroquímicos no básicos. Aunque el Congreso de la Unión recomendó al estado mexicano conservar el control de las plantas de PEMEX-Petroquímica, permitiendo al sector privado participar hasta en un 49 por ciento del capital social de las plantas ya existentes, posteriormente esas plantas fueron ilegalmente desincorporadas del régimen del dominio público de la Federación y, aún cuando está decisión se revirtió en 2002, “el daño ya estaba hecho, pues fueron sometidas a un estancamiento financiero y tecnológico que terminó por desplazarlas frente a las nuevas plantas construidas y administradas por la iniciativa privada”.
En la parte final de la gestión zedillista se expide el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, que divide a la industria de gas LP en: venta de primera mano, transporte, almacenamiento y distribución, lo que permite que el sector privado participe en el transporte de ductos u otros medios. Más adelante, se desincorporan activos de PEMEX-Exploración y Producción y se eliminan áreas y funciones y se despide a personal experto, como lo recomienda la trasnacional norteamericana Mckinsey. Esto fortalece a empresas trasnacionales como Halliburton, Schlumberger, Repsol, entre otras, quienes son las que ganan los mejores contratos.
Ya en el “gobierno del cambio” de Vicente Fox, ante su incapacidad de sacar adelante reformas estructurales importantes, hay una intensa “búsqueda de actividades no reservadas expresamente por la Ley al Estado o a los inversionistas nacionales, como son las estaciones de servicio, las asociaciones para importar o exportar gas natural, para construir y administrar redes de ductos en las fronteras, conformar sociedades para vender en México gas licuado, construir plantas nuevas privadas en centros existentes de PEMEX para aprovechar esa infraestructura”, en espera de su posterior legalización.
Así se aceleró la licitación de los Contratos de Servicios Múltiples (CSM), adjudicándose el primero a la trasnacional española Repsol, para explotar gas natural durante 20 años en la cuenca de Burgos. La creación de figuras de productor independiente de electricidad y de gas no asociado y condensados “prácticamente creó en México una industria energética privada”, destacó el ingeniero Hernández Peñaloza, quien advierte que las multinacionales no sólo se llevan la riqueza de las naciones sino que se apropian del mercado de consumidores eléctricos, petrolero y petroquímicos.
De los pasillos
Nada más para no dejar, Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, dijo que no descartan lguna investigación en torno a los contratos con PEMEX que Juan Camilo Mouriño firmó como apoderado legal de una de sus empresas familiares. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que el Programa de Apoyo a la Economía (PAE) como medida “anticíclica” no tendrá un efecto importante”.
Jesús Ortega amenazó que si llega a ser dirigente nacional del PRD castigará y expulsará a los militantes violentos.
( lilia_arellano@yahoo.com).
Embestida contra el Sindicato Mexicano de Electricistas que se opone a los afanes privatizadores del gobierno de Felipe Calderón.
FCH, PAN y empresarios, se disputan el botín
Fuerte y concertada arremetida contra el SME
Tengo más contratos de Mouriño: AMLO
Por Lilia Arellano
En tanto que Acción Nacional lanza una estrategia de distracción declarando una y otra vez que tiene propuestas pero no una iniciativa de reforma energética concluida, sino que será consensuada con todas las fuerzas políticas del país, Felipe Calderón, por su parte, lleva a cabo una estrategia paralela que cuenta, obviamente, con el respaldo de los integrantes de la gran cúpula empresarial, mismos que serán, según se los ha prometido, los primeros beneficiados al ligar sus capitales con empresas extranjeras o con los que cuentan con mayores posibilidades de inversión propia, y garantizarles la firma de contratos asociados con el petróleo y la energía eléctrica sumamente cuantiosos. Una parte central de estos perversos proyectos los llevan a cabo tratando de atemorizar y enfrentando a uno de los sindicatos más combativos: el Mexicano de Electricistas (SME).
Tal estrategia es visible al conocerse ayer públicamente que Felipe Calderón, el Partido Acción Nacional y las cúpulas empresariales del país intensificaron la presión para sacar adelante “su” reforma energética antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones en el Congreso, para lo cual reforzaron el cabildeo con las fracciones parlamentarias de oposición, incluidas los sectores afines con los que cuentan en el PRD, a fin de concluir a más tardar en el mes de abril el proyecto de privatización del sector energético, iniciado durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, y estropeado con Vicente Fox Quesada.
El secretario de la comisión de energía del PAN, Rubén Camarillo, confirmó que los grupos parlamentarios en el Senado de la República “llevan más de un año trabajando en la reforma energética”, por lo que Acción Nacional espera contar con una iniciativa consensuada con las principales fuerzas políticas a más tardar en el mes de abril.
Por su parte, el dirigente nacional del blanquiazul, Germán Martínez Cázares, reiteró que su partido respalda al gobierno federal en el tema de la reforma energética y ratificó que la Secretaría de Energía (SENER) y los legisladores federales realizan un diagnóstico del sector, sin que haya una iniciativa de ley aún, al menos de forma visible y pública.
Al mismo tiempo y en forma totalmente coordinada, la Confederación de Cámaras Industriales de México (CONCAMIN) demandó emprender la reforma del sector energético, que incluya una política tarifaria con una relación precio/costo que permita el sano crecimiento de las empresas.
El organismo cúpula empresarial destacó que México necesita un sector eléctrico a la altura de las exigencias y desafíos planteados por la globalización y la intensa competencia en los mercados internos y externo.
La CONCAMIN destacó que si bien a principios del año las autoridades anunciaron un ajuste de 30 por ciento a las tarifas eléctricas en horario punta, al que se sumó la baja de 20 por ciento anunciada en el Programa de Apoyo a la Economía, dichos descuentos no anulan el sobreprecio existente, además de que parte de su efecto favorable se erosionó tras el aumento de 16 por ciento en la tarifa industrial hasta el mes de marzo. También demandó que “el esfuerzo de los empresarios” para elevar su productividad y mantener controlados los costos, debe ser complementado por las empresas públicas que proveen bienes o servicios indispensables para el quehacer fabril. Además, responsabilizó a la rigidez de los contratos colectivos de trabajo de estas empresas públicas de figurar entre los factores que afectan la eficiencia y costos de operación.
Embate contra el SME
En este contexto se da la embestida contra el Sindicato Mexicano de Electricistas que se opone a los afanes privatizadores del gobierno de Calderón. Durante la clausura del Encuentro Nacional de Legisladores Locales del PAN, que se realizó a puerta cerrada en la colonial ciudad de Guanajuato, el vapuleado secretario de Gobernación, el gallego Juan Camilo Moruiño, arremetió contra los “privilegios” laborales del SME y advirtió que ese gremio puede generar “muchos problemas” al país, cuando quiso decir a los intereses que cobija la actual administración federal, entre los que destacan los familiares del propio Mouriño Terrazo.
Juan Camilo aún no digiere que la exhibición del tráfico de influencias y su insaciable ambición económica al amparo y complicidad del poder que le ha dado trabajar al lado de Felipe Calderón también le proporcionó las últimas paletadas a sus enterradas aspiraciones políticas de poder abanderar la candidatura presidencial del PAN en el 2012. Aún así tiene aún la cara dura de criticar el “falso sentido nacionalista” de los trabajadores del SME, que dirige Martín Esparza, y los acusa de estar más preocupados por “defender prebendas” que por mejorar el servicio que prestan los trabajadores, olvidando completamente que la Compañía de Luz y Fuerza es una empresa del sector público, cuya responsabilidad en la conducción y eficiencia recae en primer lugar en el gobierno federal que él mismo, legal o ilegalmente, representa.
Para poder llevar a cabo sus manifiestas intenciones de privatizar el sector, Mouriño Terrazo amenaza con el petate del muerto y sostiene que de no resolverse por la vía del diálogo la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), y de estallar la huelga de la empresa el 16 de marzo, “se producirá una situación riesgosa” que podría generar problemas serios para la zona centro del país.
También medios de comunicación de abierta línea empresarial se han sumado a la ofensiva contra el SME. Sin duda, el periódico “Reforma” se ha destacado en esta labor de recalcar “las fallas y el déficit en el suministro eléctrico, quiebra técnica de la empresa, baja productividad y privilegios laborales muy por encima de los estándares industriales”, para justificar la “necesidad” de pasarla a manos de la iniciativa privada o, dicho de manera simple, de privatizarla. En este sentido, ha destacado que “en años recientes, la Auditoría Superior de la Federación ha recomendado varias veces la liquidación de LFC, tal y como lo ordena la Ley Federal de Entidades Paraestatales en casos de empresas que ya no sean convenientes para la economía nacional”.
Ante este abierto hostigamiento, el dirigente del SME, Martín Esparza, respondió que exhibirían los adeudos de “Reforma” con la Compañía de Luz y Fuerza, y acusó al periódico de tener acuerdos para no pagar el suministro eléctrico. Esto enfureció a los directivos del diario quienes denunciaron los intentos de “amedrentar la política editorial de ‘Reforma’, y advirtieron que no le tienen miedo a librar una batalla por un “Servicio Público”, el del suministro de energía.
Este fin de semana este diario hizo “del conocimiento de los lectores esta amenaza a la libertad de expresión, pues sin el ente monopólico de energía no podríamos salir con un periódico de las dimensiones acostumbradas”.
Huelga el 16 de marzo
El pasado 28 de febrero, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) emplazó a huelga a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), y advirtió que de no haber un acuerdo con la empresa, con la que se mantienen en negociaciones y a la que demandan un incremento salarial de 16 por ciento y 5 por ciento en prestaciones, más de 50 mil trabajadores suspenderán labores el 16 de marzo a las 12:00 horas. El pasado 6 de marzo, decenas de miles de integrantes del SME marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino y manifestaron su oposición a la privatización del sector energético.
Una de las demandas que el SME quiere incluir en su Contrato Colectivo de Trabajo y que más críticas ha recibido por parte del gobierno federal, el PAN y los organismos empresariales, es la cláusula 121 que pretende impedir la liquidación o disolución de la Compañía de Luz y Fuerza y que señala que: “se establece que LFC no podrá ser declarada ni declararse en disolución, o extinción, en tanto los procesos propios para garantizar su rentabilidad sean tergiversados por las normatividades específicas o negligencia de la administración del organismo”.
Otras demandas sumamente criticadas son la promoción de la derogación de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, que ha permitido a particulares otorgarles permisos inconstitucionales para generar energía, y la exigencia de realizar estudios técnicos de factibilidad para construir tres centrales de generación de ciclo combinado de 500 megawatts cada una y que se llamarían El Cerrito, Zumpango y Beristáin.
Otras peticiones que son consideradas como “inconcebibles” para los sectores empresariales y conservadores se refieren a la pretensión de que el Congreso sea el que fije las tarifas de luz, la desaparición de la tarifa eléctrica doméstica de alto consumo y eliminar el pasivo, de 22 mil 988 millones de pesos, con el Gobierno Federal.
Privatización de la electricidad
En el ensayo “Las Reformas Energéticas, una expresión del neoliberalismo”, el ingeniero Alfredo Hernández Peñaloza destaca que ya desde fines de los ochentas se desarrollaron las bases para emprender la privatización silenciosa del sector eléctrico, y para 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) para permitir una mayor participación privada en la generación de electricidad bajo esquemas de cogeneración, autoabastecimiento y producción independiente, y la participación de particulares en las actividades de exportación e importación de electricidad. Así, se congeló la inversión en la Comisión Federal de Electricidad, se favoreció la inversión privada y se desplazó a la industria estatal.
A partir del gobierno de Ernesto Zedillo se construyó toda una central de generación bajo ese esquema y se obligó a la CFE a adquirir la electricidad generada por “productores independientes”. De 1994 a junio de 2000 se otorgaron 169 permisos bajo las modalidades previstas por la LSPEE. Ya en el gobierno panista de Vicente Fox, cuando Felipe Calderón era Secretario de Energía y Juan Camilo Mouriño beneficiaba a sus empresas familiares con su cercanía con el poder federal, más del 25 por ciento de la electricidad en nuestro país se generaba por productores privados. En la actualidad, ese porcentaje ha subido hasta el 37 por ciento y el gobierno de Calderón se apresta a darles a los empresarios privados, españoles y estadounidenses principalmente, más rebanadas de ese delicioso pastel energético.
El proceso a través del cual la industria eléctrica está sacrificando sus activos al dejar fuera de operación sus plantas generadoras para favorecer las ganancias de los propietarios privados de las plantas nuevas, está activo y crea una creciente dependencia del gas natural, por lo que se está condenando al país a la importación, a través de compañías privadas, especialmente españolas, debido a que no se cuentan con reservas para el consumo actual y futuro, advirtió Hernández Peñaloza.
Si Felipe Calderón y el PAN tienen éxito en el Congreso, con la complicidad de grupos parlamentarios del PRI y sus satélites, pero también del PRD y su denominada “izquierda progresista” o “colaboracionista” y pueden concluir la “transferencia masiva de propiedad y control de los activos de la electricidad a un grupo reducido de multinacionales, que han asumido el control del suministro eléctrico”, el efecto inmediato será más alzas a las ya de por si altas tarifas y, por tanto, más aumentos a los costos de producción, lo que bajará la competitividad de los productos mexicanos y, por si fuera poco, se incrementará la inflación y el crecimiento económico y el combate a la desigualdad y a la pobreza quedarán totalmente en el olvido, al menos de lo que resta de la gestión calderonista.
Más contratos de Mouriño
El denominado “presidente legítimo”, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este domingo que cuenta con más documentos y contratos de Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, en el sector energético y que lo implican en tráfico de influencias. Adelantó que podría también acudir a la Procuraduría General de la República (PGR) a denunciar al funcionario de origen español, además de apoyar la formación de la comisión legislativa especial para investigar el caso.
Durante la gira que realizó este fin de semana por el Estado de Nayarit, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, advirtió que “de materializarse la ‘acción concertada’ entre las autoridades y empresas trasnacionales con el fin de apropiarse del petróleo, se arrastraría al país a una condición de mayor frustración y metería al pueblo a una situación de violencia”. El tabasqueño acusó directamente a Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, César Nava, Alfredo Elías Ayub y Dionisio Pérez Jácome, hijo, como el grupo que actualmente promueve la privatización y al mismo tiempo tiene compromisos con empresas trasnacionales. López Obrador demandó emprender una auditoría técnico administrativa al sector energético nacional que comprenda el manejo presupuestal de los ingresos petroleros, y en particular de los excedentes que se obtuvieron durante el gobierno de Vicente Fox; conocer todos los acuerdos que se han tomado en el sector energético para entregar concesiones, permisos, a empresas trasnacionales y multinacionales, en especial los contratos otorgados a las empresas extranjeras para la generación de energía eléctrica. Además, demandó la revisión de Los Pidiregas (proyectos de inversión diferida en el registro del gasto).”
Y en el caso de la participación de Juan Camilo Mouriño en negocios privados al desempeñarse como legislador federal, debe llegarse al fondo, investigar la responsabilidad de Calderón, porque él era su jefe, y es un hecho que la familia Mouriño ayudó a Calderón, incluso él usaba el avión de esa familia en campaña. Deben conocerse todos los contratos, no sólo los otorgados por PEMEX a la familia Mouriño, sino los contratos otorgados por la paraestatal a los políticos panistas”.
La entrega de PEMEX
Fue durante la administración de Ernesto Zedillo que se llevo a cabo, en 1995, la reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, que permitió al sector privado construir, operar y ser propietario de sistemas de transporte, distribución y almacenamiento de gas natural, así como la importación, exportación y comercialización de gas, actividades que antes estaban reservadas a Petróleos Mexicanos (PEMEX). Al año siguiente se reformó la Ley Reglamentaria al Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo para entregar al sector privado la construcción de nuevas plantas de petroquímicos no básicos. Aunque el Congreso de la Unión recomendó al estado mexicano conservar el control de las plantas de PEMEX-Petroquímica, permitiendo al sector privado participar hasta en un 49 por ciento del capital social de las plantas ya existentes, posteriormente esas plantas fueron ilegalmente desincorporadas del régimen del dominio público de la Federación y, aún cuando está decisión se revirtió en 2002, “el daño ya estaba hecho, pues fueron sometidas a un estancamiento financiero y tecnológico que terminó por desplazarlas frente a las nuevas plantas construidas y administradas por la iniciativa privada”.
En la parte final de la gestión zedillista se expide el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, que divide a la industria de gas LP en: venta de primera mano, transporte, almacenamiento y distribución, lo que permite que el sector privado participe en el transporte de ductos u otros medios. Más adelante, se desincorporan activos de PEMEX-Exploración y Producción y se eliminan áreas y funciones y se despide a personal experto, como lo recomienda la trasnacional norteamericana Mckinsey. Esto fortalece a empresas trasnacionales como Halliburton, Schlumberger, Repsol, entre otras, quienes son las que ganan los mejores contratos.
Ya en el “gobierno del cambio” de Vicente Fox, ante su incapacidad de sacar adelante reformas estructurales importantes, hay una intensa “búsqueda de actividades no reservadas expresamente por la Ley al Estado o a los inversionistas nacionales, como son las estaciones de servicio, las asociaciones para importar o exportar gas natural, para construir y administrar redes de ductos en las fronteras, conformar sociedades para vender en México gas licuado, construir plantas nuevas privadas en centros existentes de PEMEX para aprovechar esa infraestructura”, en espera de su posterior legalización.
Así se aceleró la licitación de los Contratos de Servicios Múltiples (CSM), adjudicándose el primero a la trasnacional española Repsol, para explotar gas natural durante 20 años en la cuenca de Burgos. La creación de figuras de productor independiente de electricidad y de gas no asociado y condensados “prácticamente creó en México una industria energética privada”, destacó el ingeniero Hernández Peñaloza, quien advierte que las multinacionales no sólo se llevan la riqueza de las naciones sino que se apropian del mercado de consumidores eléctricos, petrolero y petroquímicos.
De los pasillos
Nada más para no dejar, Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, dijo que no descartan lguna investigación en torno a los contratos con PEMEX que Juan Camilo Mouriño firmó como apoderado legal de una de sus empresas familiares. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que el Programa de Apoyo a la Economía (PAE) como medida “anticíclica” no tendrá un efecto importante”.
Jesús Ortega amenazó que si llega a ser dirigente nacional del PRD castigará y expulsará a los militantes violentos.
( lilia_arellano@yahoo.com).
Denuncian que las autoridades mexicanas realizan una campaña de persecución de universitarios
IBLNEWS, AGENCIAS
Organismos civiles denunciaron hoy que las autoridades de México realizan una campaña de hostigamiento y persecución de universitarios, después de que se comprobó que algunos estudiantes mexicanos se encontraban en un campamento de las FARC en Ecuador atacado por el Ejército colombiano.
Dirigentes de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y de los Colectivos Estudiantiles Universitarios (CEU) indicaron en rueda de prensa que, después de que una alumna de la Universidad Autónoma de México (UNAM) resultó herida en un campamento de las FARC, "se han incrementado" las acciones de las autoridades en el campus.
Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh, aseguró que se "debe garantizar el respeto y la tranquilidad" en la UNAM, y se mostró preocupado por "los planes de acción especial que se han implementado para perseguir y hostigar a los alumnos".
Por esta razón, el activista pidió "que no entren órganos de inteligencia al espacio universitario".
El Gobierno de Ecuador presume que cuatro mexicanos pudieron haber muerto durante el ataque que realizó el Ejército colombiano la semana pasada contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), donde murieron 25 personas, entre ellas Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes", el segundo al mando y portavoz internacional de esa guerrilla.
Los mexicanos son Fernando Franco Delgado, Soren Ulises Avilés Ángeles, Juan González del Castillo y Verónica Natalia Velásquez Ramírez, tres de los cuales, con excepción de Avilés, son alumnos de la UNAM, según confirmó la misma universidad.
En esos hechos, que desencadenaron una crisis diplomática sin precedentes entre Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Colombia, resultaron heridas tres mujeres, una de ellas la mexicana Lucía Andrea Morett Álvarez, estudiante de Filosofía y Letras de la UNAM, a quien la prensa local señala como posible integrante de las FARC.
La UNAM, la mayor universidad de Latinoamérica, rechazó en los últimos días que en sus instalaciones operen oficinas de grupos subversivos, y señaló que una acusación en ese sentido es "temeraria e irresponsable".
Según el presidente del Limeddh los estudiantes mexicanos involucrados en estos hechos "contaban con pasaportes y visas legales" durante su estadía en Ecuador.
Además, consideró que "es ilógico que se les pueda relacionar con las FARC solamente por haber permanecido escasos dos meses en aquel país", o que se les acuse de convertirse "de la noche a la mañana" en guerrilleros.
Finalmente, Ramírez exigió al gobierno de México seguridad y protección "cautelar" para las familias de los estudiantes mexicanos heridos y muertos durante esos hechos, porque a su juicio podrían ser objeto del acoso de las autoridades.
Organismos civiles denunciaron hoy que las autoridades de México realizan una campaña de hostigamiento y persecución de universitarios, después de que se comprobó que algunos estudiantes mexicanos se encontraban en un campamento de las FARC en Ecuador atacado por el Ejército colombiano.
Dirigentes de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y de los Colectivos Estudiantiles Universitarios (CEU) indicaron en rueda de prensa que, después de que una alumna de la Universidad Autónoma de México (UNAM) resultó herida en un campamento de las FARC, "se han incrementado" las acciones de las autoridades en el campus.
Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh, aseguró que se "debe garantizar el respeto y la tranquilidad" en la UNAM, y se mostró preocupado por "los planes de acción especial que se han implementado para perseguir y hostigar a los alumnos".
Por esta razón, el activista pidió "que no entren órganos de inteligencia al espacio universitario".
El Gobierno de Ecuador presume que cuatro mexicanos pudieron haber muerto durante el ataque que realizó el Ejército colombiano la semana pasada contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), donde murieron 25 personas, entre ellas Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes", el segundo al mando y portavoz internacional de esa guerrilla.
Los mexicanos son Fernando Franco Delgado, Soren Ulises Avilés Ángeles, Juan González del Castillo y Verónica Natalia Velásquez Ramírez, tres de los cuales, con excepción de Avilés, son alumnos de la UNAM, según confirmó la misma universidad.
En esos hechos, que desencadenaron una crisis diplomática sin precedentes entre Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Colombia, resultaron heridas tres mujeres, una de ellas la mexicana Lucía Andrea Morett Álvarez, estudiante de Filosofía y Letras de la UNAM, a quien la prensa local señala como posible integrante de las FARC.
La UNAM, la mayor universidad de Latinoamérica, rechazó en los últimos días que en sus instalaciones operen oficinas de grupos subversivos, y señaló que una acusación en ese sentido es "temeraria e irresponsable".
Según el presidente del Limeddh los estudiantes mexicanos involucrados en estos hechos "contaban con pasaportes y visas legales" durante su estadía en Ecuador.
Además, consideró que "es ilógico que se les pueda relacionar con las FARC solamente por haber permanecido escasos dos meses en aquel país", o que se les acuse de convertirse "de la noche a la mañana" en guerrilleros.
Finalmente, Ramírez exigió al gobierno de México seguridad y protección "cautelar" para las familias de los estudiantes mexicanos heridos y muertos durante esos hechos, porque a su juicio podrían ser objeto del acoso de las autoridades.
Reglamentar la PRESCRIPCIÓN Reduciría la Impunidad
De Blogotitlan
Hoy basta que cualquier corruptela o robo al erario público se declaren "Confidencial" o de "Seguridad Nacional", para que los maleantes eludan, muy orondos, la acción de la justicia por el simple paso del tiempo, esperando que prescriba su responsabilidad.
Desde la época del salinato, la "Prescripción" o caducidad de una acción legal ha sido manipulada por los altos funcionarios del gobierno, no sólo para eludir su responsabilidad, sino para sustraerse a la acción de la justicia y a la rendición de cuentas ante la ciudadanía, en un alarde de impunidad insultante.
Basta ocultar información o documentos y dejar pasar el tiempo que las leyes establecen (un año, en la mayoría de los casos, o hasta cinco, en casos fiscales), para que los funcionarios ladrones queden a salvo, con las fortunas acumuladas al amparo del poder.
Como simple maquillaje político para distraer al pueblo del auténtico combate a la corrupción, el "Presidente del Cambio", Vicente Fox, ideó una Ley de Transparencia (y hasta un inútil Código de Ética para el PAN hecho gobierno) que sólo sirvió de propaganda, pues su eficacia fue rotundamente nula.
La socorrida "Reserva" por 6, 8 ó 12 años que discrecionalmente impone cualquier funcionario del gobierno sobre asuntos y documentos que en estricta razón NO SON de Seguridad Nacional, impide conocer y mucho menos probar los excesos y corruptelas cometidos por servidores públicos de alto nivel, que hacen un festín lucrativo de sus supuestas responsabilidades gubernamentales.
Según la ley de Acceso a la Información y el inútil instituto creado para cuidar que se aplique (el IFAI), fuera de los boletines de prensa todo se considera "confidencial" o de "seguridad nacional" y se clasifica como "Reservado" por muchos años con lo que se encubre la torpeza e ineptitud --incluso corrupción, peculado y tráfico de influencias-- de funcionarios públicos que así se protegen del escrutinio público.
Ocultan todo lo que pueda comprometerlos hasta que prescriba cualquier acción legal que pueda intentarse en su contra. O sea, la impunidad decidida por el delincuente.
Vicente Fox se ufanó de la "transparencia" de su gobierno cuando Martita aún no desataba a sus cachorros, y promulgó a todo bombo y platillo la ley federal de transparencia y acceso a la información. Pero de inmediato los abogados de la Presidencia foxista encontraron la forma de esquivarla y perpetuar la opacidad, sin ninguna responsabilidad. Basta declarar "Reservado" cualquier asunto, pretextando "seguridad nacional", para que los bribones eludan cualquier investigación oportuna, pues cuando se logran conocer los detalles (que no han sido borrados o "desaparecidos"), a petición de los abogados los tribunales declaran prescrita la acción legal por el simple tiempo transcurrido. Caso ilustrativo: la responsabilidad de Luis Echeverría por la Guerra Sucia y el genocidio, real, pero prescrito, de miles de ciudadanos inermes.
Alegremente y sin ninguna responsabilidad, cualquier funcionario califica de "Seguridad Nacional" sus decisiones para ocultar sus torpezas y mentiras (como sucedió con Santiago Creel al expulsar impensadamente al embajador cubano por un arranque de furia), y la impunidad brilla deslumbrante.
También califican de "Reservado" el taparrabos con que llegan al poder y los exorbitantes lujos con que salen de él, mejor conocida como "Declaración Patrimonial", para que nadie pueda probarles su descomunal enriquecimiento ilícito al amparo del poder.
En este aspecto, el IFAI (organismo "autónomo" para velar por el "derecho ciudadano" de acceso a la información gubernamental) refuerza la impunidad del funcionario, al considerar que su patrimonio enriquecido (con fondos públicos) es privado y asunto de su vida íntima y personal, cuyo conocimiento público podría poner en riesgo la vida del "servidor público" y, por tanto, la "seguridad nacional".
Semejante tomadura de pelo sólo es posible en un sistema tan viciado por la corrupción e impunidad de todo el gobierno (ahí no hay quien se salve, por mucho "beneficio de la duda" que se le dé o muchas "manos limpias" que se presuman en la propaganda), que contamina por igual a todas "las instituciones", llámense tribunales, empresarios, medios de comunicación, etcétera. Todos se hacen una y se encubren unos a otros... en detrimento del pueblo.
Por eso es importante crear una nueva estructura legal de información pública, donde se precise con todas sus letras que la Seguridad Nacional NO ES la protección de uno o varios funcionarios o todo el gobierno, sino de LA NACIÓN entera, empezando por SUS CIUDADANOS, siguiendo por SU TERRITORIO y posesiones terrestres, marítimas y aéreas; continuando por SU GOBIERNO como un todo, no en sus particulares integrantes de alto nivel; y terminando en SU SOBERANÍA completa, entendida como la libertad para decidir --sin coacción y con pleno entendimiento-- su vida presente y su expectativa futura.
Asimismo, dentro de esa nueva estructura legal de información pública deben modificarse las leyes penales y de responsabilidades de los funcionarios públicos, para que durante el tiempo de "Reserva" o "Confidencialidad" se interrumpa automáticamente la PRESCRIPCIÓN a favor del funcionario que decrete, imponga o autorice la clasificación de "Reservado", "Confidencial" o "Seguridad Nacional" a todo acto, información o documento relacionado con su actividad, especialmente las de Gobernación, que no se relacionen directamente con las tareas estrictamente de Defensa Nacional. El espionaje sobre partidos, sindicatos o grupos sociales opositores al gobierno, no tienen por qué ser clasificados como "Seguridad Nacional", puesto que no ponen en riesgo a la Nación, sino --acaso-- solamente al gobierno o uno de sus poderes, que es una parte mínima de la Nación, pero se cree dueño de toda.
De estricta "Seguridad Nacional" son los asuntos de información, inteligencia, estrategia y táctica militares (incluyendo los informes de espionaje y contraespionaje) relacionados únicamente con la defensa nacional por amenazas externas, procedentes del extranjero, o domésticas, cuando algún grupo o grupos establezcan como su objetivo la extinción o sustitución abrupta y violenta de LA NACIÓN entera, no del gobierno en particular y mucho menos de alguno o varios de sus funcionarios.
Por esa razón, el narcotráfico --con todo lo nefasto que es-- no debe ser considerado una amenaza a la Seguridad Nacional, puesto que no se propone extinguir o sustituir a la Nación, sino aprovecharla para hacer negocio enviciando a los ciudadanos. El narcotráfico, como otras expresiones de la delincuencia organizada, es una amenaza a la Seguridad Pública, al bienestar y tranquilidad de los ciudadanos, su persona y posesiones, pero no a la Seguridad Nacional.
El recurso de "Reserva" o "Confidencialidad" debe ser rigurosamente reglamentado en su aplicación, duración y facultades de la persona que lo ejerce y lo impone, así como estar limitado exclusivamente a los actos y tareas de las dependencias cuyas áreas tengan relación con la Defensa Nacional como, por ejemplo, los correos cifrados del Servicio Exterior únicamente sobre asuntos de inteligencia relacionados con temas militares. No para emitir órdenes de gastos y recepciones VIP a funcionarios influyentes de visita en el extranjero.
La imposición de "Reserva" o "Confidencialidad" debe interrumpir toda prescripción de responsabilidad para el funcionario que la haya impuesto sobre asuntos personales o que atañan directamente a sus bienes y adquisiciones. Ningún automóvil personal, cuyo blindaje haya sido pagado con fondos públicos, deberá considerarse como asunto de "seguridad nacional" y ocultarse durante 12 años, hasta que prescriba la acción penal contra dicho funcionario.
Si a los funcionarios gubernamentales se les quita la protección del tiempo para que eludan la justicia y se les hace consciente de que la Prescripción de su responsabilidad se interrumpe durante el tiempo que hayan autorizado para ocultar una información, no habría tal frivolidad para declarar "reservas" a diestra y siniestra, para que nadie conozca sus excesos, y habría más sensatez y mesura en la imposición de "Confidencialidad" que hoy sólo sirven para aumentar la impunidad.
Hoy basta que cualquier corruptela o robo al erario público se declaren "Confidencial" o de "Seguridad Nacional", para que los maleantes eludan, muy orondos, la acción de la justicia por el simple paso del tiempo, esperando que prescriba su responsabilidad.Desde la época del salinato, la "Prescripción" o caducidad de una acción legal ha sido manipulada por los altos funcionarios del gobierno, no sólo para eludir su responsabilidad, sino para sustraerse a la acción de la justicia y a la rendición de cuentas ante la ciudadanía, en un alarde de impunidad insultante.
Basta ocultar información o documentos y dejar pasar el tiempo que las leyes establecen (un año, en la mayoría de los casos, o hasta cinco, en casos fiscales), para que los funcionarios ladrones queden a salvo, con las fortunas acumuladas al amparo del poder.
Como simple maquillaje político para distraer al pueblo del auténtico combate a la corrupción, el "Presidente del Cambio", Vicente Fox, ideó una Ley de Transparencia (y hasta un inútil Código de Ética para el PAN hecho gobierno) que sólo sirvió de propaganda, pues su eficacia fue rotundamente nula.
La socorrida "Reserva" por 6, 8 ó 12 años que discrecionalmente impone cualquier funcionario del gobierno sobre asuntos y documentos que en estricta razón NO SON de Seguridad Nacional, impide conocer y mucho menos probar los excesos y corruptelas cometidos por servidores públicos de alto nivel, que hacen un festín lucrativo de sus supuestas responsabilidades gubernamentales.
Según la ley de Acceso a la Información y el inútil instituto creado para cuidar que se aplique (el IFAI), fuera de los boletines de prensa todo se considera "confidencial" o de "seguridad nacional" y se clasifica como "Reservado" por muchos años con lo que se encubre la torpeza e ineptitud --incluso corrupción, peculado y tráfico de influencias-- de funcionarios públicos que así se protegen del escrutinio público.
Ocultan todo lo que pueda comprometerlos hasta que prescriba cualquier acción legal que pueda intentarse en su contra. O sea, la impunidad decidida por el delincuente.
Vicente Fox se ufanó de la "transparencia" de su gobierno cuando Martita aún no desataba a sus cachorros, y promulgó a todo bombo y platillo la ley federal de transparencia y acceso a la información. Pero de inmediato los abogados de la Presidencia foxista encontraron la forma de esquivarla y perpetuar la opacidad, sin ninguna responsabilidad. Basta declarar "Reservado" cualquier asunto, pretextando "seguridad nacional", para que los bribones eludan cualquier investigación oportuna, pues cuando se logran conocer los detalles (que no han sido borrados o "desaparecidos"), a petición de los abogados los tribunales declaran prescrita la acción legal por el simple tiempo transcurrido. Caso ilustrativo: la responsabilidad de Luis Echeverría por la Guerra Sucia y el genocidio, real, pero prescrito, de miles de ciudadanos inermes.
Alegremente y sin ninguna responsabilidad, cualquier funcionario califica de "Seguridad Nacional" sus decisiones para ocultar sus torpezas y mentiras (como sucedió con Santiago Creel al expulsar impensadamente al embajador cubano por un arranque de furia), y la impunidad brilla deslumbrante.
También califican de "Reservado" el taparrabos con que llegan al poder y los exorbitantes lujos con que salen de él, mejor conocida como "Declaración Patrimonial", para que nadie pueda probarles su descomunal enriquecimiento ilícito al amparo del poder.
En este aspecto, el IFAI (organismo "autónomo" para velar por el "derecho ciudadano" de acceso a la información gubernamental) refuerza la impunidad del funcionario, al considerar que su patrimonio enriquecido (con fondos públicos) es privado y asunto de su vida íntima y personal, cuyo conocimiento público podría poner en riesgo la vida del "servidor público" y, por tanto, la "seguridad nacional".
Semejante tomadura de pelo sólo es posible en un sistema tan viciado por la corrupción e impunidad de todo el gobierno (ahí no hay quien se salve, por mucho "beneficio de la duda" que se le dé o muchas "manos limpias" que se presuman en la propaganda), que contamina por igual a todas "las instituciones", llámense tribunales, empresarios, medios de comunicación, etcétera. Todos se hacen una y se encubren unos a otros... en detrimento del pueblo.
Por eso es importante crear una nueva estructura legal de información pública, donde se precise con todas sus letras que la Seguridad Nacional NO ES la protección de uno o varios funcionarios o todo el gobierno, sino de LA NACIÓN entera, empezando por SUS CIUDADANOS, siguiendo por SU TERRITORIO y posesiones terrestres, marítimas y aéreas; continuando por SU GOBIERNO como un todo, no en sus particulares integrantes de alto nivel; y terminando en SU SOBERANÍA completa, entendida como la libertad para decidir --sin coacción y con pleno entendimiento-- su vida presente y su expectativa futura.
Asimismo, dentro de esa nueva estructura legal de información pública deben modificarse las leyes penales y de responsabilidades de los funcionarios públicos, para que durante el tiempo de "Reserva" o "Confidencialidad" se interrumpa automáticamente la PRESCRIPCIÓN a favor del funcionario que decrete, imponga o autorice la clasificación de "Reservado", "Confidencial" o "Seguridad Nacional" a todo acto, información o documento relacionado con su actividad, especialmente las de Gobernación, que no se relacionen directamente con las tareas estrictamente de Defensa Nacional. El espionaje sobre partidos, sindicatos o grupos sociales opositores al gobierno, no tienen por qué ser clasificados como "Seguridad Nacional", puesto que no ponen en riesgo a la Nación, sino --acaso-- solamente al gobierno o uno de sus poderes, que es una parte mínima de la Nación, pero se cree dueño de toda.
De estricta "Seguridad Nacional" son los asuntos de información, inteligencia, estrategia y táctica militares (incluyendo los informes de espionaje y contraespionaje) relacionados únicamente con la defensa nacional por amenazas externas, procedentes del extranjero, o domésticas, cuando algún grupo o grupos establezcan como su objetivo la extinción o sustitución abrupta y violenta de LA NACIÓN entera, no del gobierno en particular y mucho menos de alguno o varios de sus funcionarios.
Por esa razón, el narcotráfico --con todo lo nefasto que es-- no debe ser considerado una amenaza a la Seguridad Nacional, puesto que no se propone extinguir o sustituir a la Nación, sino aprovecharla para hacer negocio enviciando a los ciudadanos. El narcotráfico, como otras expresiones de la delincuencia organizada, es una amenaza a la Seguridad Pública, al bienestar y tranquilidad de los ciudadanos, su persona y posesiones, pero no a la Seguridad Nacional.
El recurso de "Reserva" o "Confidencialidad" debe ser rigurosamente reglamentado en su aplicación, duración y facultades de la persona que lo ejerce y lo impone, así como estar limitado exclusivamente a los actos y tareas de las dependencias cuyas áreas tengan relación con la Defensa Nacional como, por ejemplo, los correos cifrados del Servicio Exterior únicamente sobre asuntos de inteligencia relacionados con temas militares. No para emitir órdenes de gastos y recepciones VIP a funcionarios influyentes de visita en el extranjero.
La imposición de "Reserva" o "Confidencialidad" debe interrumpir toda prescripción de responsabilidad para el funcionario que la haya impuesto sobre asuntos personales o que atañan directamente a sus bienes y adquisiciones. Ningún automóvil personal, cuyo blindaje haya sido pagado con fondos públicos, deberá considerarse como asunto de "seguridad nacional" y ocultarse durante 12 años, hasta que prescriba la acción penal contra dicho funcionario.
Si a los funcionarios gubernamentales se les quita la protección del tiempo para que eludan la justicia y se les hace consciente de que la Prescripción de su responsabilidad se interrumpe durante el tiempo que hayan autorizado para ocultar una información, no habría tal frivolidad para declarar "reservas" a diestra y siniestra, para que nadie conozca sus excesos, y habría más sensatez y mesura en la imposición de "Confidencialidad" que hoy sólo sirven para aumentar la impunidad.
Bolivia va cambiando, la derecha va muriendo
Sixto Icuña Funes
“Bolivia va cambiando, la derecha va muriendo”, ha sido una de los estribillos de las organizaciones sociales en la Plaza Avaroa, un espacio de acción política en la zona residencial de la ciudad de La Paz, momentos en la que un grupo reducido de facción conservadora se pronunciaban a favor de las autonomías de facto y repudiaban a las políticas de cambios planteadas en el país. Cambios generados desde las organizaciones sociales con sangre y luto en las calles; recordemos lo que pasó en octubre 2003, o las otras grandes movilizaciones de las que los movimientos sociales han sido actores directos para desdeñar al sistema neoliberal.
Ese día, jueves 6 de marzo del 2008, 19:00 horas. A unos minutos de haberse concentrado unas 200 a 300 personas, todas con el tricolor boliviano y algunos con sus banderitas blancas, espacio en la que estaban iniciando a blasfemar contra las políticas del gobierno de Evo Morales. De manera espontánea nos hemos concentrado poco a poco los habitantes que estuvieron circulando en ese entorno, no cabe duda al poco rato las organizaciones sociales de El Alto llegaron diciendo “El Alto de pie, nunca de rodillas” y así poco a poco la concentración alternativa ha ido sumándose.
Más adelante, los policías cercaron la plaza y no permitieron hacer ingresar a más personas, pero la concentración en las afueras de las cuatro esquinas ha ido creciendo. En el interior de la plaza, al grupo reducido les decíamos “ya están cercados, ya están cercados …”, asimismo, decíamos; “Bolivia unida si, Colonia yanki no”, “Bolivia va cambiando, la derecha va muriendo”, “Costas Tuto me cago en tu estatuto”, en un momento me puse a escuchar a ese grupo reducido y nos decían “cocaleros, cocaleros, cocaleros” pero no faltó una mejor respuesta “drogadictos, drogadictos, drogadictos”. Los policías que nos separaban, sigilosos controlaban a que nadie pase de un bando a otro. Ese instante me recordó lo que pasó en la ciudad de Cochabamba, 11 de enero de 2007, en aquella oportunidad tuve el privilegio de ser parte del movimiento social, instancia en la que he vivido de cerca el racismo que llevan en la boca y en la sangre, con el discurso camuflado “lucha por la democracia”. En algún momento presentí que se podría haber repetido la misma historia, pero poco a poco salieron de la plaza.
Después de escuchara ambos bandos, considero que los estribillos repetidos por el lado de las organizaciones sociales tienen un contenido político e ideológico, pero los dizque defensores por la democracia solamente se pronunciaban con un discurso discriminador y racista.
El testimonio, es un pequeño hito de la memoria histórica que refleja la fuerza de los movimientos sociales. Seguramente, será distinto lo que digan los medios de comunicación de los empresarios, claro, eso es de esperarse porque esta en juego los intereses políticos y económicos.
Históricamente se ha demostrado, que aún ofreciendo nuestras vidas, con las movilizaciones y las luchas en las calles se han incidido en el poder político. Parece dramático la afirmación, pero es necesario recordar que difícilmente puedan negociar sus privilegios económicos, por eso cuando se quiere afectar esos intereses defienden a “rajatabla” con todas las mentiras por haber.
Esta claro el panorama, la intención de la oligarquía apoyada por Estados Unidos junto a otros organismos internacionales quieren tener el control político del Estado Boliviano. Por eso, nuestro rol, como comunicador popular no solamente es denunciar o pedir que se respete la legalidad en el caso de los Estatutos Autonómicos, sino es asumir una acción colectiva en contra de los grupos fascistas que tiene la intención política separatista. Solamente así se podrá garantizar el retroceso de las autonomías divisionistas.
Sixto Icuña Funes (jilatasexao@hotmail.com)
“Bolivia va cambiando, la derecha va muriendo”, ha sido una de los estribillos de las organizaciones sociales en la Plaza Avaroa, un espacio de acción política en la zona residencial de la ciudad de La Paz, momentos en la que un grupo reducido de facción conservadora se pronunciaban a favor de las autonomías de facto y repudiaban a las políticas de cambios planteadas en el país. Cambios generados desde las organizaciones sociales con sangre y luto en las calles; recordemos lo que pasó en octubre 2003, o las otras grandes movilizaciones de las que los movimientos sociales han sido actores directos para desdeñar al sistema neoliberal.
Ese día, jueves 6 de marzo del 2008, 19:00 horas. A unos minutos de haberse concentrado unas 200 a 300 personas, todas con el tricolor boliviano y algunos con sus banderitas blancas, espacio en la que estaban iniciando a blasfemar contra las políticas del gobierno de Evo Morales. De manera espontánea nos hemos concentrado poco a poco los habitantes que estuvieron circulando en ese entorno, no cabe duda al poco rato las organizaciones sociales de El Alto llegaron diciendo “El Alto de pie, nunca de rodillas” y así poco a poco la concentración alternativa ha ido sumándose.
Más adelante, los policías cercaron la plaza y no permitieron hacer ingresar a más personas, pero la concentración en las afueras de las cuatro esquinas ha ido creciendo. En el interior de la plaza, al grupo reducido les decíamos “ya están cercados, ya están cercados …”, asimismo, decíamos; “Bolivia unida si, Colonia yanki no”, “Bolivia va cambiando, la derecha va muriendo”, “Costas Tuto me cago en tu estatuto”, en un momento me puse a escuchar a ese grupo reducido y nos decían “cocaleros, cocaleros, cocaleros” pero no faltó una mejor respuesta “drogadictos, drogadictos, drogadictos”. Los policías que nos separaban, sigilosos controlaban a que nadie pase de un bando a otro. Ese instante me recordó lo que pasó en la ciudad de Cochabamba, 11 de enero de 2007, en aquella oportunidad tuve el privilegio de ser parte del movimiento social, instancia en la que he vivido de cerca el racismo que llevan en la boca y en la sangre, con el discurso camuflado “lucha por la democracia”. En algún momento presentí que se podría haber repetido la misma historia, pero poco a poco salieron de la plaza.
Después de escuchara ambos bandos, considero que los estribillos repetidos por el lado de las organizaciones sociales tienen un contenido político e ideológico, pero los dizque defensores por la democracia solamente se pronunciaban con un discurso discriminador y racista.
El testimonio, es un pequeño hito de la memoria histórica que refleja la fuerza de los movimientos sociales. Seguramente, será distinto lo que digan los medios de comunicación de los empresarios, claro, eso es de esperarse porque esta en juego los intereses políticos y económicos.
Históricamente se ha demostrado, que aún ofreciendo nuestras vidas, con las movilizaciones y las luchas en las calles se han incidido en el poder político. Parece dramático la afirmación, pero es necesario recordar que difícilmente puedan negociar sus privilegios económicos, por eso cuando se quiere afectar esos intereses defienden a “rajatabla” con todas las mentiras por haber.
Esta claro el panorama, la intención de la oligarquía apoyada por Estados Unidos junto a otros organismos internacionales quieren tener el control político del Estado Boliviano. Por eso, nuestro rol, como comunicador popular no solamente es denunciar o pedir que se respete la legalidad en el caso de los Estatutos Autonómicos, sino es asumir una acción colectiva en contra de los grupos fascistas que tiene la intención política separatista. Solamente así se podrá garantizar el retroceso de las autonomías divisionistas.
Sixto Icuña Funes (jilatasexao@hotmail.com)
La gran mentira de El País y su periodista Maite Rico sobre como sucedieron los hechos del asesinato de Raúl Reyes y otros 23 guerrilleros de las FARC
Decio Machado
Sonroja desde la perspectiva periodística que el diario “El País” se considere el periódico con mayor seriedad informativa existente en el Estado español, y también sonroja el nivel de infamia, intoxicación y falta de ética profesional que son capaces de desarrollar varios de sus articulistas.
La intoxicación mediática a la que nos somete dicho diario y el conjunto del Grupo Prisa no es nueva, y desde América Latina sorprende menos si uno tiene la ocasión de escuchar las emisiones de Radio Caracol, insigne bandera de Prisa en Colombia, convertida en el "panfleto de los panfletos uribistas" entre los medios de comunicación colombianos. Esta manipulación informativa ha sido denunciada “una y mil veces” por muchos analistas comunicacionales en diferentes medios de información alternativa, por lo tanto no voy a centrarme en ello.
Sin embargo en este artículo quiero denunciar la farsa descrita en el reportaje titulado “Así fue la Operación Fénix”, publicado en el día de ayer, domingo 9 de marzo por este diario y firmado por la periodista Maite Rico.
Para los desconocedores de este personaje, esta señora es popularmente conocida en el mundo de la información por su tendencia pro norteamericana, así como por embestir contra todo aquello que suene a progresismo en América Latina. Junto con Bertrand de la Grange, Rico ha publicado libros como “Marcos, la genial impostura” (1998), sobre la figura del supcomandante Marcos, o “¿Quién mato al Obispo?” (2004), los cuales son considerados en el mundo de la política como “novelas policíacas”, más que como libros que ayuden a documentar históricamente la realidad de los temas que tratan.
Una de sus grandes perlas literarias se dio en la revista Letras Libres en febrero del año pasado, donde esta licenciada en Historia, especializada en desvirtuar la Historia, cuestionó que los huesos trasladados desde Bolivia a Cuba e instalados desde 1997 en el mausoleo del Che en Santa Clara, correspondiesen a la figura del mítico guerrillero. Tanto Rico como De la Grande, no tuvieron ningún rubor en contradecir las declaraciones de Harry Villegas, alias “Pombo”, compañero del Che en la guerrilla boliviana, como a los médicos forenses y argentinos que asistieron el reconocimiento del cadáver, como al propio biógrafo estadounidense Jon Lee Anderson, al cual Maite Rico definió como “ingenuo”, un personaje con “afán de protagonismo” y “agresivo” con sus detractores.
La argumentación de esta más que cuestionada periodista, consistía en definir la identificación y posterior traslado de los huesos, como “una mentira de Estado”, diseñada por Fidel Castro con el fin de desviar la atención y manipular a la opinión pública cubana, de la grave crisis que se cernía sobre la isla. Todo ello con el mismo criterio invetigativo que caracterizan sus trabajos y que veremos a continuación.
Las mentiras de Maite Rico sobre la muerte de Raúl Reyes.
En el artículo elaborado por Maite Rico y publicado en el día de ayer en el diario “El País”, dicha periodista procede a cometer un alto nivel de intoxicación informativa que paso a denunciar punto por punto:
1.) Según Maite Rico y El País, se asegura que: “El 1 de marzo, la onda expansiva de un bombazo puso fin a la vida del número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.
Hasta el momento las autoridades colombianas no han hecho pública la autopsia de Raúl Reyes, sin embargo las fotografías que hemos podido ver por los medios de comunicación colombianos, demuestran que el jefe guerrillero tiene entre otras heridas un orificio en la parte izquierda de su cara, lo que perfectamente podría significar un impacto de bala. De ser así, su muerte podría haber sido posterior a las cuatro bombas lanzadas por aviones no ecuatorianos que invadieron el espacio aéreo ecuatoriano. La existencia de esta incursión aérea ha sido denunciada por las autoridades locales, los colonos de la zona y las tres guerrilleras que se han encontrado vivas en el lugar de los hechos.
Los trabajos de investigación que se están desarrollando por las autoridades ecuatorianas, así como la existencia de orificios, en varios casos en la espalda, de múltiples guerrilleros muertos, indica que se ejercieron ejecuciones extrajudiciales por parte de los comandos especiales que descendieron desde los helicópteros colombianos. Raúl Reyes podría ser perfectamente uno de los ejecutados, el hecho de que su cuerpo esté en manos de las autoridades colombianas dificulta la posibilidad de investigar si los orificios de su cuerpo son de bala, y en caso de ser así, si estas se han disparado desde corta distancia.
2.) Según Maite Rico y El País, se indica que en el momento de su muerte, Raúl Reyes: “Dormía a pierna suelta. Lo último que podía imaginar era que el Ejército colombiano lo fuera a alcanzar en su santuario de Ecuador”.
Efectivamente Raúl Reyes dormía, al igual que el conjunto de guerrilleros instalados en el campamento, lo cual demuestra que Uribe y el conjunto de autoridades colombianas mintieron cuando decían que se había actuado en territorio ecuatoriano en caliente (durante un combate), y que el ejército había recibido disparos de las FARC desde territorio ecuatoriano. Pero más allá de Uribe, donde miente la reportera de El País, es en definir a la República del Ecuador como un santuario. Durante el año 2007 fueron descubiertos y desmantelados 47 campamentos de retaguardia y descanso de las FARC en territorio ecuatoriano. También hubo varios guerrilleros detenidos al ser localizados por las fuerzas armadas del Ecuador, y pasados a disposición judicial. El concepto santuario tendría sentido cuando hay connivencia entre el gobierno local y la fuerza externa que utiliza el territorio, no es el caso del Ecuador, aunque si tiene antecedentes en América Latina, recuérdese por ejemplo, las posiciones de la “contra” nicaragüense, armada y entrenada con instructores norteamericanos, que tenía sus principales cuarteles en territorio hondureño, zona a la que nunca pudo penetrar el Ejército Popular Sandinista, dado que habría podido justificar la invasión de este país por los “marines” estadounidenses.
3.) Según Maite Rico y El País: “El general colombiano Freddy Padilla extiende una enorme fotografía aérea de la región de Piñuña Blanco. Separando a los dos países, las aguas rojizas del río Putumayo discurren en meandros. Algunas manchas amarillas rompen la monotonía verde de la vegetación selvática. Son "chacras de coca" abandonadas. "Sabíamos que estaba en su campamento madre", explica, señalando a una cruz roja en el lado ecuatoriano, a 1.850 metros de la frontera”.
La periodista de El País, en un alarde de sagacidad sin igual, ni cuestiona ni se documenta sobre las palabras del general colombiano. El campamento no estaba a 1.850 metros, estaba a casi 2.500 metros, además suponer que el campamento “madre” de Raúl Reyes constaba de una infraestructura de 7 camas y en él, un dispositivo de unos 25 guerrilleros, demuestra que el nivel de documentación de la reportera o bien su capacidad intelectual, es realmente escaso. De no ser así, el hecho es más grave, pues demuestra una voluntad por manipular la noticia. Los campamentos "madre" de las FARC son innacesibles, su composición militar es enorme y el nivel de sus infraestructuras están muy lejos del que destruyeron violando las normas del derecho internacional, los operativos militares colombianos. Por si la señora Rico no se había percatado, estamos hablando de un grupo armado que lleva más de 50 años operando en la selva.
4.) Según Maite Rico y El País: “Ecuador ha denunciado que las aeronaves penetraron 10 kilómetros y bombardearon el campamento de las FARC. "No entramos en su espacio aéreo", asegura el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. "El recorrido está registrado en los sistemas de navegación. Y hay un enorme radar ecuatoriano a 46 kilómetros del lugar, que los hubiese detectado". Quito esgrime que su radar no funcionaba. "¡Qué casualidad!", ironiza Padilla, y dibuja parábolas y flechas en un papel para explicar que es posible atacar sin traspasar la frontera. "¿Sabe qué entró? Cuatro helicópteros Blackhawk con tropa de élite y 44 policías judiciales, para registrar y verificar si estaba Reyes".”
Las investigaciones que están siendo desarrolladas por las autoridades ecuatorianas demuestran que los aviones que bombardearon el campamento de las FARC atacaron por el sur (lado opuesto a la frontera con Colombia), entraron en el espacio aéreo del Ecuador haciendo una maniobra de media luna para no ser escuchados por la vigilancia guerrillera del campamento, y este es el motivo que explica que se hubiesen introducido hasta 10 km sobre territorio ecuatoriano. Para cualquier experto en investigación militar no es difícil deducir la orientación desde donde se lanzaron las bombas, así como la posición de los árboles derribados.
La República del Ecuador se caracteriza por ser un territorio de paz. Efectivamente desde el año 2000 existe en ese sector un radar, un grupo antiaéreo y armas antiaéreas, pero el sistema de defensa aéreo no funcionó. Ecuador como país de paz, carece de recursos para mantener de forma permanente su sistema operativo de defensa fronterizo. Colombia no era considerado por las autoridades ecuatorianas como un país agresor, los operativos militares y de protección aérea estaban dedicados a trabajos de ayuda humanitaria en la costa del Ecuador, donde las fuertes lluvias han asolado a la población, motivo por el cual Ecuador se ha visto en la necesidad de solicitar cooperación humanitaria a la comunidad internacional.
No poner en cuestión las palabras del colombiano general Padilla, demuestra una vez más un escaso interés en informar debidamente por parte de una reportera que pretende contarnos que sucedió realmente en la madrugada del 1 de marzo. Los orificios encontrados por doquier en la arboleda destrozada entre la que se encontraba el campamento demuestra que una infinidad de disparos procedieron de los helicópteros colombianos y a través de los cuales se continuó asesinando a los guerrilleros que pudieron haber quedado heridos tras el bombardeo.
5.) Según Maite Rico y El País, se asegura que: “A la una de la mañana, Uribe telefonea a su homólogo Rafael Correa. Le comenta que ha habido un enfrentamiento que ha rebasado la frontera. Han muerto un soldado y una veintena de guerrilleros, entre ellos Raúl Reyes. Correa se inquieta: "¿Dónde cayó Reyes?". "Estoy casi seguro que en territorio de Ecuador", responde Uribe. "Con algún rubor", el colombiano admite que no le dijo que era una operación planificada. "Asumo mi responsabilidad. Pero si lo hubiera comunicado antes, estoy seguro de que todo hubiera fracasado".”
La llamada de Álvaro Uribe ha Rafael Correa se da a entorno a las ocho horas de la mañana, esto justifica que el ejército ecuatoriano no llegara hasta después a la zona de la masacre. Uribe no podía avisar antes al mandatario ecuatoriano, pues según confirman los testigos y colonos de la zona, el bombardeo duró hasta altas horas de la madrugada en diferentes fases de incursiones aéreas. El mero hecho de que se encontraran camillas fabricadas artesanalmente en el campamento guerrillero, indica que tras el bombardeo con armamento pesado, posiblemente los guerrilleros que quedaron vivos en un primer momento, o los que se encontraban de guardia en la periferia del campamento, intentaron rescatar a sus compañeros heridos, siendo masacrados cuando llegaron los helicópteros colombianos, entorno a una hora después según indican los testimonios de los moradores de la zona. Testimonios por cierto, ignorados por la corresponsal de El País.
Si tanto Maite Rico, como el diario El País, no están dispuestos a ponerle oído a los testimonios de las guerrilleras que quedaron vivas tras la masacre desarrollada por operativos militares colombianos bajo beneplácito del presidente Álvaro Uribe; serán los informes de balística los que demostrarán a la comisión de la OEA, que varios de los guerrilleros muertos, especialmente los que tienen disparos por la espalda, fueron asesinados a quemarropa.
Una vez más el diario El País, así como su reportera Maite Rico, vienen a demostrarnos que la veracidad de la información que emiten, o la ética profesional periodística a la que debieran estar sujetos, carece de cualquier tipo de fiabilidad.
Sonroja desde la perspectiva periodística que el diario “El País” se considere el periódico con mayor seriedad informativa existente en el Estado español, y también sonroja el nivel de infamia, intoxicación y falta de ética profesional que son capaces de desarrollar varios de sus articulistas.
La intoxicación mediática a la que nos somete dicho diario y el conjunto del Grupo Prisa no es nueva, y desde América Latina sorprende menos si uno tiene la ocasión de escuchar las emisiones de Radio Caracol, insigne bandera de Prisa en Colombia, convertida en el "panfleto de los panfletos uribistas" entre los medios de comunicación colombianos. Esta manipulación informativa ha sido denunciada “una y mil veces” por muchos analistas comunicacionales en diferentes medios de información alternativa, por lo tanto no voy a centrarme en ello.
Sin embargo en este artículo quiero denunciar la farsa descrita en el reportaje titulado “Así fue la Operación Fénix”, publicado en el día de ayer, domingo 9 de marzo por este diario y firmado por la periodista Maite Rico.
Para los desconocedores de este personaje, esta señora es popularmente conocida en el mundo de la información por su tendencia pro norteamericana, así como por embestir contra todo aquello que suene a progresismo en América Latina. Junto con Bertrand de la Grange, Rico ha publicado libros como “Marcos, la genial impostura” (1998), sobre la figura del supcomandante Marcos, o “¿Quién mato al Obispo?” (2004), los cuales son considerados en el mundo de la política como “novelas policíacas”, más que como libros que ayuden a documentar históricamente la realidad de los temas que tratan.
Una de sus grandes perlas literarias se dio en la revista Letras Libres en febrero del año pasado, donde esta licenciada en Historia, especializada en desvirtuar la Historia, cuestionó que los huesos trasladados desde Bolivia a Cuba e instalados desde 1997 en el mausoleo del Che en Santa Clara, correspondiesen a la figura del mítico guerrillero. Tanto Rico como De la Grande, no tuvieron ningún rubor en contradecir las declaraciones de Harry Villegas, alias “Pombo”, compañero del Che en la guerrilla boliviana, como a los médicos forenses y argentinos que asistieron el reconocimiento del cadáver, como al propio biógrafo estadounidense Jon Lee Anderson, al cual Maite Rico definió como “ingenuo”, un personaje con “afán de protagonismo” y “agresivo” con sus detractores.
La argumentación de esta más que cuestionada periodista, consistía en definir la identificación y posterior traslado de los huesos, como “una mentira de Estado”, diseñada por Fidel Castro con el fin de desviar la atención y manipular a la opinión pública cubana, de la grave crisis que se cernía sobre la isla. Todo ello con el mismo criterio invetigativo que caracterizan sus trabajos y que veremos a continuación.
Las mentiras de Maite Rico sobre la muerte de Raúl Reyes.
En el artículo elaborado por Maite Rico y publicado en el día de ayer en el diario “El País”, dicha periodista procede a cometer un alto nivel de intoxicación informativa que paso a denunciar punto por punto:
1.) Según Maite Rico y El País, se asegura que: “El 1 de marzo, la onda expansiva de un bombazo puso fin a la vida del número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.
Hasta el momento las autoridades colombianas no han hecho pública la autopsia de Raúl Reyes, sin embargo las fotografías que hemos podido ver por los medios de comunicación colombianos, demuestran que el jefe guerrillero tiene entre otras heridas un orificio en la parte izquierda de su cara, lo que perfectamente podría significar un impacto de bala. De ser así, su muerte podría haber sido posterior a las cuatro bombas lanzadas por aviones no ecuatorianos que invadieron el espacio aéreo ecuatoriano. La existencia de esta incursión aérea ha sido denunciada por las autoridades locales, los colonos de la zona y las tres guerrilleras que se han encontrado vivas en el lugar de los hechos.
Los trabajos de investigación que se están desarrollando por las autoridades ecuatorianas, así como la existencia de orificios, en varios casos en la espalda, de múltiples guerrilleros muertos, indica que se ejercieron ejecuciones extrajudiciales por parte de los comandos especiales que descendieron desde los helicópteros colombianos. Raúl Reyes podría ser perfectamente uno de los ejecutados, el hecho de que su cuerpo esté en manos de las autoridades colombianas dificulta la posibilidad de investigar si los orificios de su cuerpo son de bala, y en caso de ser así, si estas se han disparado desde corta distancia.
2.) Según Maite Rico y El País, se indica que en el momento de su muerte, Raúl Reyes: “Dormía a pierna suelta. Lo último que podía imaginar era que el Ejército colombiano lo fuera a alcanzar en su santuario de Ecuador”.
Efectivamente Raúl Reyes dormía, al igual que el conjunto de guerrilleros instalados en el campamento, lo cual demuestra que Uribe y el conjunto de autoridades colombianas mintieron cuando decían que se había actuado en territorio ecuatoriano en caliente (durante un combate), y que el ejército había recibido disparos de las FARC desde territorio ecuatoriano. Pero más allá de Uribe, donde miente la reportera de El País, es en definir a la República del Ecuador como un santuario. Durante el año 2007 fueron descubiertos y desmantelados 47 campamentos de retaguardia y descanso de las FARC en territorio ecuatoriano. También hubo varios guerrilleros detenidos al ser localizados por las fuerzas armadas del Ecuador, y pasados a disposición judicial. El concepto santuario tendría sentido cuando hay connivencia entre el gobierno local y la fuerza externa que utiliza el territorio, no es el caso del Ecuador, aunque si tiene antecedentes en América Latina, recuérdese por ejemplo, las posiciones de la “contra” nicaragüense, armada y entrenada con instructores norteamericanos, que tenía sus principales cuarteles en territorio hondureño, zona a la que nunca pudo penetrar el Ejército Popular Sandinista, dado que habría podido justificar la invasión de este país por los “marines” estadounidenses.
3.) Según Maite Rico y El País: “El general colombiano Freddy Padilla extiende una enorme fotografía aérea de la región de Piñuña Blanco. Separando a los dos países, las aguas rojizas del río Putumayo discurren en meandros. Algunas manchas amarillas rompen la monotonía verde de la vegetación selvática. Son "chacras de coca" abandonadas. "Sabíamos que estaba en su campamento madre", explica, señalando a una cruz roja en el lado ecuatoriano, a 1.850 metros de la frontera”.
La periodista de El País, en un alarde de sagacidad sin igual, ni cuestiona ni se documenta sobre las palabras del general colombiano. El campamento no estaba a 1.850 metros, estaba a casi 2.500 metros, además suponer que el campamento “madre” de Raúl Reyes constaba de una infraestructura de 7 camas y en él, un dispositivo de unos 25 guerrilleros, demuestra que el nivel de documentación de la reportera o bien su capacidad intelectual, es realmente escaso. De no ser así, el hecho es más grave, pues demuestra una voluntad por manipular la noticia. Los campamentos "madre" de las FARC son innacesibles, su composición militar es enorme y el nivel de sus infraestructuras están muy lejos del que destruyeron violando las normas del derecho internacional, los operativos militares colombianos. Por si la señora Rico no se había percatado, estamos hablando de un grupo armado que lleva más de 50 años operando en la selva.
4.) Según Maite Rico y El País: “Ecuador ha denunciado que las aeronaves penetraron 10 kilómetros y bombardearon el campamento de las FARC. "No entramos en su espacio aéreo", asegura el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. "El recorrido está registrado en los sistemas de navegación. Y hay un enorme radar ecuatoriano a 46 kilómetros del lugar, que los hubiese detectado". Quito esgrime que su radar no funcionaba. "¡Qué casualidad!", ironiza Padilla, y dibuja parábolas y flechas en un papel para explicar que es posible atacar sin traspasar la frontera. "¿Sabe qué entró? Cuatro helicópteros Blackhawk con tropa de élite y 44 policías judiciales, para registrar y verificar si estaba Reyes".”
Las investigaciones que están siendo desarrolladas por las autoridades ecuatorianas demuestran que los aviones que bombardearon el campamento de las FARC atacaron por el sur (lado opuesto a la frontera con Colombia), entraron en el espacio aéreo del Ecuador haciendo una maniobra de media luna para no ser escuchados por la vigilancia guerrillera del campamento, y este es el motivo que explica que se hubiesen introducido hasta 10 km sobre territorio ecuatoriano. Para cualquier experto en investigación militar no es difícil deducir la orientación desde donde se lanzaron las bombas, así como la posición de los árboles derribados.
La República del Ecuador se caracteriza por ser un territorio de paz. Efectivamente desde el año 2000 existe en ese sector un radar, un grupo antiaéreo y armas antiaéreas, pero el sistema de defensa aéreo no funcionó. Ecuador como país de paz, carece de recursos para mantener de forma permanente su sistema operativo de defensa fronterizo. Colombia no era considerado por las autoridades ecuatorianas como un país agresor, los operativos militares y de protección aérea estaban dedicados a trabajos de ayuda humanitaria en la costa del Ecuador, donde las fuertes lluvias han asolado a la población, motivo por el cual Ecuador se ha visto en la necesidad de solicitar cooperación humanitaria a la comunidad internacional.
No poner en cuestión las palabras del colombiano general Padilla, demuestra una vez más un escaso interés en informar debidamente por parte de una reportera que pretende contarnos que sucedió realmente en la madrugada del 1 de marzo. Los orificios encontrados por doquier en la arboleda destrozada entre la que se encontraba el campamento demuestra que una infinidad de disparos procedieron de los helicópteros colombianos y a través de los cuales se continuó asesinando a los guerrilleros que pudieron haber quedado heridos tras el bombardeo.
5.) Según Maite Rico y El País, se asegura que: “A la una de la mañana, Uribe telefonea a su homólogo Rafael Correa. Le comenta que ha habido un enfrentamiento que ha rebasado la frontera. Han muerto un soldado y una veintena de guerrilleros, entre ellos Raúl Reyes. Correa se inquieta: "¿Dónde cayó Reyes?". "Estoy casi seguro que en territorio de Ecuador", responde Uribe. "Con algún rubor", el colombiano admite que no le dijo que era una operación planificada. "Asumo mi responsabilidad. Pero si lo hubiera comunicado antes, estoy seguro de que todo hubiera fracasado".”
La llamada de Álvaro Uribe ha Rafael Correa se da a entorno a las ocho horas de la mañana, esto justifica que el ejército ecuatoriano no llegara hasta después a la zona de la masacre. Uribe no podía avisar antes al mandatario ecuatoriano, pues según confirman los testigos y colonos de la zona, el bombardeo duró hasta altas horas de la madrugada en diferentes fases de incursiones aéreas. El mero hecho de que se encontraran camillas fabricadas artesanalmente en el campamento guerrillero, indica que tras el bombardeo con armamento pesado, posiblemente los guerrilleros que quedaron vivos en un primer momento, o los que se encontraban de guardia en la periferia del campamento, intentaron rescatar a sus compañeros heridos, siendo masacrados cuando llegaron los helicópteros colombianos, entorno a una hora después según indican los testimonios de los moradores de la zona. Testimonios por cierto, ignorados por la corresponsal de El País.
Si tanto Maite Rico, como el diario El País, no están dispuestos a ponerle oído a los testimonios de las guerrilleras que quedaron vivas tras la masacre desarrollada por operativos militares colombianos bajo beneplácito del presidente Álvaro Uribe; serán los informes de balística los que demostrarán a la comisión de la OEA, que varios de los guerrilleros muertos, especialmente los que tienen disparos por la espalda, fueron asesinados a quemarropa.
Una vez más el diario El País, así como su reportera Maite Rico, vienen a demostrarnos que la veracidad de la información que emiten, o la ética profesional periodística a la que debieran estar sujetos, carece de cualquier tipo de fiabilidad.
Ecuador pedirá a la OEA que Colombia vigile su frontera con una fuerza militar
Afp, Dpa, Reuters y Notimex
Quito, 9 de marzo. Ecuador pedirá a la Organización de Estados Americanos (OEA) que determine un mecanismo por el cual Colombia, con cooperación internacional, vigile la frontera para que la paz entre los dos países sea duradera, informó hoy el ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea.
El anuncio fue hecho al mismo tiempo que una misión de la OEA desembarcaba en Quito para establecer mecanismos que eviten un nuevo conflicto en la región fronteriza, como el ocurrido el primero de marzo pasado, cuando las fuerzas militares colombianas bombardearon un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), operativo en el que fue abatido el comandante rebelde Raúl Reyes.
La misión de la OEA está encabezada por el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, quien se reunió aquí con el presidente Rafael Correa y posteriormente dio a conocer que el objetivo de la delegación, formada por 10 embajadores de países americanos, es “esclarecer los hechos” y proponer los mecanismos necesarios para que impedir que se produzcan situaciones similares.
Los embajadores se desplazarán este lunes a la localidad de Santa Rosa en la provincia de Sucumbíos –región selvática en la cuenca del Amazonas, limítrofe con el sur de Colombia– y después viajarán al país vecino. Los datos recabados serán discutidos por los cancilleres de los países miembros de la OEA, el 17 de marzo, en Washington.
A propósito de la visita de la misión, Larrea indicó que “lo que vamos a pedir a la OEA y a Colombia es que ponga la fuerza militar en su frontera”. En Santo Domingo, durante la cumbre del Grupo de Río, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, “no aceptó una fuerza multinacional de paz en la frontera –con una longitud de 600 kilómetros–, pero aceptó que su fuerza armada va a tener presencia y esperamos que eso sea realidad”.
Insulza reconoció aquí el papel “decisivo” y “constructivo” que desempeñó el viernes pasado el presidente venezolano, Hugo Chávez, para superar la crisis diplomática, pero aclaró que ahora “es necesario hacer una cantidad de gestiones y cerrar bien este proceso”, con base en una “opinión colectiva de cómo ocurrieron las cosas”.
La misión está conformada por representantes de Bahamas, Panamá, Argentina, Perú y Brasil, así como por funcionarios de la OEA, quienes se entrevistarán con miembros del gabinete de Correa y miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Se tiene previsto que la delegación llegue el martes a Colombia, donde el gobierno propone que los diplomáticos visiten los sitios donde las FARC han atacado a militares colombianos desde Ecuador.
El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Fernando Araújo, dio a conocer que presentará a los comisionados algunos documentos que probarían que los guerrilleros han utilizado desde hace varios meses el territorio ecuatoriano para atacar embarcaciones de la Armada colombiana que patrullan un río fronterizo.
En cuanto a Venezuela, Araújo indicó que tras el acuerdo de Uribe y Chávez para normalizar las relaciones bilaterales, las cancillerías de los dos países establecieron comunicación para revertir la expulsión de los diplomáticos colombianos y reabrir la embajada venezolana en Bogotá.
A su vez, la cancillería de Venezuela difundió hoy un comunicado en el cual anunció que Caracas decidió “restablecer el normal funcionamiento de sus relaciones diplomáticas” con Colombia, “animado por la victoria de la paz y la soberanía obtenida en el Grupo de Río”.
El gobierno venezolano “procederá a trasladar a Bogotá, de manera inmediata, al personal diplomático” que recibió el 2 de marzo la orden de retiro.
En este contexto de reanimación de los nexos gubernamentales, la televisora venezolana Globovisión informó que Harmágoras González, narcotraficante colombiano acusado de traficar con cocaína y armas, fue detenido en la población de Caja Seca, en los límites entre los estados Zulia y Mérida.
La actividad en la frontera colombo-venezolana se restablecía paulatinamente, según reportes de diversos medios de comunicación. El ministro de Hacienda de Colombia, Iván Zuluaga, confió en que en los próximos días se normalice plenamente y no se deteriore el intenso comercio entre las dos naciones.
Sobre la relación diplomática con Ecuador, Araújo aseguró que ha tratado de comunicarse con la canciller ecuatoriana, María Isabel Salvador, pero precisó que no ha podido hablar con ella para determinar el mecanismo de reanudación de las relaciones gubernamentales bilaterales.
El sábado Correa dijo que el restablecimiento de relaciones tomará tiempo y que para ello se coordinará con Caracas.
Sobre la problemática colombiana, Larrea informó que continuará con las gestiones que había iniciado semanas atrás para ayudar a la liberación de la política Ingrid Betancourt, en manos de las FARC desde 2002. Uribe dijo a la prensa chilena que aún es posible un acuerdo de canje humanitario, pero no precisó los procedimientos.
Según la revista colombiana Semana, el escritor Gabriel García Márquez intentó mediar en un proceso político con dirigentes de las FARC en fechas recientes, pero no precisadas. La versión proviene de las computadoras que el ejército colombiano tomó del campamento bombardeado el primero de marzo pasado, donde se encontraba el líder guerrillero Raúl Reyes.
Quito, 9 de marzo. Ecuador pedirá a la Organización de Estados Americanos (OEA) que determine un mecanismo por el cual Colombia, con cooperación internacional, vigile la frontera para que la paz entre los dos países sea duradera, informó hoy el ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea.
El anuncio fue hecho al mismo tiempo que una misión de la OEA desembarcaba en Quito para establecer mecanismos que eviten un nuevo conflicto en la región fronteriza, como el ocurrido el primero de marzo pasado, cuando las fuerzas militares colombianas bombardearon un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), operativo en el que fue abatido el comandante rebelde Raúl Reyes.
La misión de la OEA está encabezada por el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, quien se reunió aquí con el presidente Rafael Correa y posteriormente dio a conocer que el objetivo de la delegación, formada por 10 embajadores de países americanos, es “esclarecer los hechos” y proponer los mecanismos necesarios para que impedir que se produzcan situaciones similares.
Los embajadores se desplazarán este lunes a la localidad de Santa Rosa en la provincia de Sucumbíos –región selvática en la cuenca del Amazonas, limítrofe con el sur de Colombia– y después viajarán al país vecino. Los datos recabados serán discutidos por los cancilleres de los países miembros de la OEA, el 17 de marzo, en Washington.
A propósito de la visita de la misión, Larrea indicó que “lo que vamos a pedir a la OEA y a Colombia es que ponga la fuerza militar en su frontera”. En Santo Domingo, durante la cumbre del Grupo de Río, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, “no aceptó una fuerza multinacional de paz en la frontera –con una longitud de 600 kilómetros–, pero aceptó que su fuerza armada va a tener presencia y esperamos que eso sea realidad”.
Insulza reconoció aquí el papel “decisivo” y “constructivo” que desempeñó el viernes pasado el presidente venezolano, Hugo Chávez, para superar la crisis diplomática, pero aclaró que ahora “es necesario hacer una cantidad de gestiones y cerrar bien este proceso”, con base en una “opinión colectiva de cómo ocurrieron las cosas”.
La misión está conformada por representantes de Bahamas, Panamá, Argentina, Perú y Brasil, así como por funcionarios de la OEA, quienes se entrevistarán con miembros del gabinete de Correa y miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Se tiene previsto que la delegación llegue el martes a Colombia, donde el gobierno propone que los diplomáticos visiten los sitios donde las FARC han atacado a militares colombianos desde Ecuador.
El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Fernando Araújo, dio a conocer que presentará a los comisionados algunos documentos que probarían que los guerrilleros han utilizado desde hace varios meses el territorio ecuatoriano para atacar embarcaciones de la Armada colombiana que patrullan un río fronterizo.
En cuanto a Venezuela, Araújo indicó que tras el acuerdo de Uribe y Chávez para normalizar las relaciones bilaterales, las cancillerías de los dos países establecieron comunicación para revertir la expulsión de los diplomáticos colombianos y reabrir la embajada venezolana en Bogotá.
A su vez, la cancillería de Venezuela difundió hoy un comunicado en el cual anunció que Caracas decidió “restablecer el normal funcionamiento de sus relaciones diplomáticas” con Colombia, “animado por la victoria de la paz y la soberanía obtenida en el Grupo de Río”.
El gobierno venezolano “procederá a trasladar a Bogotá, de manera inmediata, al personal diplomático” que recibió el 2 de marzo la orden de retiro.
En este contexto de reanimación de los nexos gubernamentales, la televisora venezolana Globovisión informó que Harmágoras González, narcotraficante colombiano acusado de traficar con cocaína y armas, fue detenido en la población de Caja Seca, en los límites entre los estados Zulia y Mérida.
La actividad en la frontera colombo-venezolana se restablecía paulatinamente, según reportes de diversos medios de comunicación. El ministro de Hacienda de Colombia, Iván Zuluaga, confió en que en los próximos días se normalice plenamente y no se deteriore el intenso comercio entre las dos naciones.
Sobre la relación diplomática con Ecuador, Araújo aseguró que ha tratado de comunicarse con la canciller ecuatoriana, María Isabel Salvador, pero precisó que no ha podido hablar con ella para determinar el mecanismo de reanudación de las relaciones gubernamentales bilaterales.
El sábado Correa dijo que el restablecimiento de relaciones tomará tiempo y que para ello se coordinará con Caracas.
Sobre la problemática colombiana, Larrea informó que continuará con las gestiones que había iniciado semanas atrás para ayudar a la liberación de la política Ingrid Betancourt, en manos de las FARC desde 2002. Uribe dijo a la prensa chilena que aún es posible un acuerdo de canje humanitario, pero no precisó los procedimientos.
Según la revista colombiana Semana, el escritor Gabriel García Márquez intentó mediar en un proceso político con dirigentes de las FARC en fechas recientes, pero no precisadas. La versión proviene de las computadoras que el ejército colombiano tomó del campamento bombardeado el primero de marzo pasado, donde se encontraba el líder guerrillero Raúl Reyes.
Revés para la derecha francesa en la primera vuelta de comicios municipales
El partido de Sarkozy logra 40% de votos, frente a 47.5% de socialistas y el resto de partidos
Como se vaticinaba, el Partido Socialista se impuso en París, revelan resultados oficiales
Afp, Reuters y Dpa
París, 9 de marzo. La derecha del presidente francés, Nicolas Sarkozy, sufrió hoy una derrota en la primera vuelta de las elecciones municipales celebradas 10 meses después de su aplastante victoria cuando llegó al poder en mayo. El líder socialista, Francois Hollande, dijo que los votantes lanzaron una advertencia al mandatario y al gobierno, pero alertó contra un exceso de confianza de la izquierda.
A nivel nacional, el partido del presidente, la Unión para una Mayoría Popular (UMP) y sus aliados lograron 40 por ciento de los sufragios contra 47.5 por ciento de socialistas, comunistas y ecologistas, según los primeros resultados oficiales.
El frío, el tiempo y el cansancio electoral no impidieron que 70 por ciento de los 44 millones de franceses salieran a sufragar, una participación considerada alta en comparación con 2001.
El verdadero alcance de la derrota de la derecha depende de los resultados en tres ciudades –Marsella, Toulouse y Estrasburgo– en la segunda vuelta, el 16 de marzo, que se anunciaban particularmente estrechos, donde un cambio de mayoría de la derecha a la izquierda alcanzaría valor de símbolo nacional, según algunos analistas.
En Marsella, las listas de alcalde saliente Jean-Claude Gaudin se encontraba en igualdad con las del aspirante del Partido Socialista (PS) Jean-Noel Guerini, con más o menos 40 por ciento cada uno.
En Toulouse, el alcalde de derecha Jean-Luc Moudenc llegaba en primer lugar con 42 por ciento de los votos, aventajando a la lista socialista dirigida por Pierre Cohen, que obtendría 38 por ciento.
El socialista Roland Ries lideraba los resultados, en Estrasburgo, con 44 por ciento de los votos, delante de la lista de la alcaldesa saliente de la UMP Fabienne Keller, que obtenía 34 por ciento.
Tal como se preveía, el PS se imponía en París, donde la lista encabezada por el alcalde saliente Bertrand Delanoe obtenía poco más de 42 por ciento de los sufragios, frente a su rival de la UMP, Francoise de Panafieu con 27.7 por ciento.
Jean Sarkozy, el segundo hijo del presidente, de 21 años de edad, fue elegido consejero cantonal de Neuilly, el antiguo bastión de su padre del oeste de París, al obtener 52 por ciento de los votos.
Hasta el cierre de esta edición, el mandatario francés no había hecho declaración sobre los resultados de esta primera vuelta.
El jefe del PS, François Hollande, estimó que las elecciones municipales mostraron la “voluntad” del electorado de lanzar una advertencia al gobierno de Sarkozy, “en particular en lo relativo al poder adquisitivo”.
Según la encuestadora Ipsos, 29 por ciento de los votantes declaró que usó las elecciones para castigar a Sarkozy, frente a 16 por ciento que votó para respaldarlo.
Segolene Royal, la ex candidata socialista a las presidenciales, estimó que se trata de un “voto sanción” y llamó a los electores de la izquierda a mantenerse movilizados.
El secretario general de la UMP, Patrick Devedjian, minimizó los resultados al estimar que “no eran tan malos” como preveían los sondeos y el primer ministro Francois Fillon también consideró que los resultados son “más equilibrados de lo anunciado”.
Sarkozy fue elegido en mayo del año pasado con promesas de reformar la economía y modernizar sus instituciones.
Los sondeos más recientes mostraron que su índice de aprobación llegó a 37 por ciento, una baja en comparación con más de 65 por ciento que tenía en el verano pasado.
El gusto explícito por el lujo y el exhibicionismo de su vida privada terminaron por disgustar a muchos de sus compatriotas.
Como se vaticinaba, el Partido Socialista se impuso en París, revelan resultados oficiales
Afp, Reuters y Dpa
París, 9 de marzo. La derecha del presidente francés, Nicolas Sarkozy, sufrió hoy una derrota en la primera vuelta de las elecciones municipales celebradas 10 meses después de su aplastante victoria cuando llegó al poder en mayo. El líder socialista, Francois Hollande, dijo que los votantes lanzaron una advertencia al mandatario y al gobierno, pero alertó contra un exceso de confianza de la izquierda.
A nivel nacional, el partido del presidente, la Unión para una Mayoría Popular (UMP) y sus aliados lograron 40 por ciento de los sufragios contra 47.5 por ciento de socialistas, comunistas y ecologistas, según los primeros resultados oficiales.
El frío, el tiempo y el cansancio electoral no impidieron que 70 por ciento de los 44 millones de franceses salieran a sufragar, una participación considerada alta en comparación con 2001.
El verdadero alcance de la derrota de la derecha depende de los resultados en tres ciudades –Marsella, Toulouse y Estrasburgo– en la segunda vuelta, el 16 de marzo, que se anunciaban particularmente estrechos, donde un cambio de mayoría de la derecha a la izquierda alcanzaría valor de símbolo nacional, según algunos analistas.
En Marsella, las listas de alcalde saliente Jean-Claude Gaudin se encontraba en igualdad con las del aspirante del Partido Socialista (PS) Jean-Noel Guerini, con más o menos 40 por ciento cada uno.
En Toulouse, el alcalde de derecha Jean-Luc Moudenc llegaba en primer lugar con 42 por ciento de los votos, aventajando a la lista socialista dirigida por Pierre Cohen, que obtendría 38 por ciento.
El socialista Roland Ries lideraba los resultados, en Estrasburgo, con 44 por ciento de los votos, delante de la lista de la alcaldesa saliente de la UMP Fabienne Keller, que obtenía 34 por ciento.
Tal como se preveía, el PS se imponía en París, donde la lista encabezada por el alcalde saliente Bertrand Delanoe obtenía poco más de 42 por ciento de los sufragios, frente a su rival de la UMP, Francoise de Panafieu con 27.7 por ciento.
Jean Sarkozy, el segundo hijo del presidente, de 21 años de edad, fue elegido consejero cantonal de Neuilly, el antiguo bastión de su padre del oeste de París, al obtener 52 por ciento de los votos.
Hasta el cierre de esta edición, el mandatario francés no había hecho declaración sobre los resultados de esta primera vuelta.
El jefe del PS, François Hollande, estimó que las elecciones municipales mostraron la “voluntad” del electorado de lanzar una advertencia al gobierno de Sarkozy, “en particular en lo relativo al poder adquisitivo”.
Según la encuestadora Ipsos, 29 por ciento de los votantes declaró que usó las elecciones para castigar a Sarkozy, frente a 16 por ciento que votó para respaldarlo.
Segolene Royal, la ex candidata socialista a las presidenciales, estimó que se trata de un “voto sanción” y llamó a los electores de la izquierda a mantenerse movilizados.
El secretario general de la UMP, Patrick Devedjian, minimizó los resultados al estimar que “no eran tan malos” como preveían los sondeos y el primer ministro Francois Fillon también consideró que los resultados son “más equilibrados de lo anunciado”.
Sarkozy fue elegido en mayo del año pasado con promesas de reformar la economía y modernizar sus instituciones.
Los sondeos más recientes mostraron que su índice de aprobación llegó a 37 por ciento, una baja en comparación con más de 65 por ciento que tenía en el verano pasado.
El gusto explícito por el lujo y el exhibicionismo de su vida privada terminaron por disgustar a muchos de sus compatriotas.
Brutal actuación oficial contra indígenas, denuncian afectados
Apoyan resistencia de opositores a obras carreteras en Jalisco
Hermann Bellinghausen (Enviado)
Tuapurie, Jal., 9 de marzo. “El gobierno nos quiere controlar, no entendernos. Nos mete a los partidos políticos y tenemos que votar por diputados que no conocemos y nos van a traicionar”, manifestaron los delegados en la reunión especial del Congreso Nacional Indígena (CNI), reunidos aquí el fin de semana para respaldar la resistencia de la comunidad huichola de Tuapurie contra la carretera Bolaños-Huejuquilla, que el gobierno jalisciense pretende imponer en estos territorios.
Congregados rústicamente en el robledal del paraje Ciénega de los Caballos, donde los comuneros wixaritari detuvieron la maquinaria caminera con un gran plantón semanas atrás, los delegados acusaron: “la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) está actuando de manera brutal. Busca que se olvide nuestra memoria colectiva y se pierda la sabiduría de nuestros pueblos. Con la carretera no van a resolverse nuestros problemas. Perdimos la confianza en los funcionarios”.
Se mencionó el caso de Chiapas, donde la militarización y las carreteras están al servicio de las destrucción de los pueblos. Se fustigó igualmente la privatización de la educación, la salud y la información genética. “Ya hacen prospecciones mineras en nuestros territorios”, señalaron.
En la plenaria del CNI se refrendó: “Estamos con la otra campaña y con los pueblos zapatistas”. Una manta rezaba: “Viva la dignidad”, con las siglas del EZLN y la efigie del subcomandante Marcos. En las conclusiones se subrayó el respaldo a las comunidades de Chiapas amenazadas por la paramilitarización.
Al enumerar otros casos en que estas políticas avanzan, se destacaron la Escalera Naútica en el mar de California, “que está generando la destrucción de las costas, al servicio de las transnacionales”; el corredor eólico del istmo de Tehuantepec; la programada hidroeléctrica de La Parota, en Guerrero, y la destrucción inminente de la laguna de Cuyutlán en Manzanillo, Colima. Del mismo modo, los proyectos carreteros en Michoacán, Jalisco y Nayarit, al servicio de los corredores industriales, no de los pueblos cuyos territorios pretenden atravesar y destruir física y culturalmente.
Contradiciendo el reformado artículo 27 constitucional, los wixaritari manifestaron: “las tierras comunales son inembargables, imprescriptibles, intransferibles”.
Demandaron “juicio político” contra los alcaldes y el delegado de la CDI en la región, Guadalupe Flores.
Los comuneros de Tuapurie solicitaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos “que tome cartas en el asunto de los presidentes municipales”. Dicho organismo, por conducto de su tercera visitaduría, se pronunció contra la criminalización de la protesta social, el hostigamiento y la vigilancia innecesaria de las policías municipales al plantón. Acerca de los fraudes y amenazas de autoridades, expresó: “Estamos integrando un acta sobre las acusaciones” a los alcaldes de Huejuquilla, Bolaños y Mezquitic.
Acudieron a la reunión del CNI cerca de 400 personas; la mitad al menos de las diferentes comunidades wixaritari de Jalisco y Durango. En sus intervenciones, llamaron a desconocer a las autoridades indígenas que pacten con el gobierno a espaldas de las comunidades. Se pronunciaron contra el proyecto ecoturístico y cinegético del gobierno de Jalisco, que “va contra los preceptos de la comunidad” y no tiene que ver en absoluto con sus necesidades.
Hermann Bellinghausen (Enviado)
Tuapurie, Jal., 9 de marzo. “El gobierno nos quiere controlar, no entendernos. Nos mete a los partidos políticos y tenemos que votar por diputados que no conocemos y nos van a traicionar”, manifestaron los delegados en la reunión especial del Congreso Nacional Indígena (CNI), reunidos aquí el fin de semana para respaldar la resistencia de la comunidad huichola de Tuapurie contra la carretera Bolaños-Huejuquilla, que el gobierno jalisciense pretende imponer en estos territorios.
Congregados rústicamente en el robledal del paraje Ciénega de los Caballos, donde los comuneros wixaritari detuvieron la maquinaria caminera con un gran plantón semanas atrás, los delegados acusaron: “la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) está actuando de manera brutal. Busca que se olvide nuestra memoria colectiva y se pierda la sabiduría de nuestros pueblos. Con la carretera no van a resolverse nuestros problemas. Perdimos la confianza en los funcionarios”.
Se mencionó el caso de Chiapas, donde la militarización y las carreteras están al servicio de las destrucción de los pueblos. Se fustigó igualmente la privatización de la educación, la salud y la información genética. “Ya hacen prospecciones mineras en nuestros territorios”, señalaron.
En la plenaria del CNI se refrendó: “Estamos con la otra campaña y con los pueblos zapatistas”. Una manta rezaba: “Viva la dignidad”, con las siglas del EZLN y la efigie del subcomandante Marcos. En las conclusiones se subrayó el respaldo a las comunidades de Chiapas amenazadas por la paramilitarización.
Al enumerar otros casos en que estas políticas avanzan, se destacaron la Escalera Naútica en el mar de California, “que está generando la destrucción de las costas, al servicio de las transnacionales”; el corredor eólico del istmo de Tehuantepec; la programada hidroeléctrica de La Parota, en Guerrero, y la destrucción inminente de la laguna de Cuyutlán en Manzanillo, Colima. Del mismo modo, los proyectos carreteros en Michoacán, Jalisco y Nayarit, al servicio de los corredores industriales, no de los pueblos cuyos territorios pretenden atravesar y destruir física y culturalmente.
Contradiciendo el reformado artículo 27 constitucional, los wixaritari manifestaron: “las tierras comunales son inembargables, imprescriptibles, intransferibles”.
Demandaron “juicio político” contra los alcaldes y el delegado de la CDI en la región, Guadalupe Flores.
Los comuneros de Tuapurie solicitaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos “que tome cartas en el asunto de los presidentes municipales”. Dicho organismo, por conducto de su tercera visitaduría, se pronunció contra la criminalización de la protesta social, el hostigamiento y la vigilancia innecesaria de las policías municipales al plantón. Acerca de los fraudes y amenazas de autoridades, expresó: “Estamos integrando un acta sobre las acusaciones” a los alcaldes de Huejuquilla, Bolaños y Mezquitic.
Acudieron a la reunión del CNI cerca de 400 personas; la mitad al menos de las diferentes comunidades wixaritari de Jalisco y Durango. En sus intervenciones, llamaron a desconocer a las autoridades indígenas que pacten con el gobierno a espaldas de las comunidades. Se pronunciaron contra el proyecto ecoturístico y cinegético del gobierno de Jalisco, que “va contra los preceptos de la comunidad” y no tiene que ver en absoluto con sus necesidades.
Tengo más contratos que involucran a Mouriño y los voy a presentar: AMLO
“Gran desfachatez”, que diga no tener nada que ver con la Secretaría de Energía
“Yo nada más le recuerdo que el presidente del consejo de administración de Pemex era Calderón”
Ciro Pérez Silva (Enviado)
El ex candidato presidencial durante un mitin en Apaxtla de Castrejón, Guerrero
Foto: La Jornada
Teloloapan, Gro., 9 de marzo. En el caso del presunto tráfico de influencias del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, “tengo más documentos, otros contratos que voy a entregar”, sostuvo aquí Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que con “gran desfachatez” el responsable de la política interior “dice que no tiene nada que ver con la Secretaría de Energía, donde él fue asesor de (Felipe) Calderón.
“Yo nada más le recuerdo que el presidente del consejo de administración de Petróleos Mexicanos era en ese entonces Felipe Calderón y Mouriño era asesor de Calderón. ¡Cómo que no tiene nada que ver! Además, en ese entonces también César Nava, quien es secretario particular de Calderón, era el responsable jurídico de Pemex, es decir, es el mismo grupo”, apuntó.
Al continuar su gira por la entidad, López Obrador sostuvo que luego de presentar los primeros contratos firmados por Mouriño, siendo al mismo tiempo funcionario de la Secretaría de Energía, “en beneficio de la empresa de su familia”, el ahora secretario de Gobernación pretendió desvirtuar las acusaciones en su contra aduciendo que se trataba de un ataque personal; los nuevos documentos que presentará esta semana, adelantó, son contratos firmados por Mouriño con Pemex; se trata, dijo, de contratos adjudicados directamente, sin licitación.
“Él dice que así es como se hace en Pemex. Entonces ¿para qué son las leyes? ¿Quiénes son entonces los que licitan, quiénes son los que concursan?, ¿por qué hay un grupo de empresarios que tienen el privilegio de que se les asignen los contratos sin que haya concurso, sin que haya licitación, como lo establece la ley? Todo eso lo vamos a ir aclarando poco a poco”, sostuvo.
Interrogado sobre la respuesta que dio el secretario de Gobernación, primero por televisión y luego en diversos diarios, en los que acusa a quienes lo señalan por “meterse” con su familia, López Obrador respondió que no cuestiona a Mouriño como él sostiene. “No nos metemos a cuestionar si es mexicano o que es español, ni nos metemos a cuestionar la nacionalidad de su mamá, no, a nosotros no nos importa eso. Independientemente de ello, lo que nos importa es que es un traficante de influencias al amparo del poder público; eso es lo que nos importa, no sus orígenes”, enfatizó.
El político tabasqueño lamentó que el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, “esté jugando el papel de alcahuete, quién sabe a cambio de qué, para proteger a Mouriño”, ya que tras haber aceptado integrar una comisión legislativa para investigarlo, “ahora, junto con los priístas en la Cámara de Diputados que encabeza Emilio Gamboa, se están echando para atrás”, aunque, recordó, el PRD, junto con el PT y Convergencia, cuentan con los votos necesarios en esa cámara para conformar esta comisión y solicitar una auditoría a todo el sector energético, “porque esto huele a corrupción, ése es el asunto de fondo”.
Recordó que el próximo 18 de marzo, en el Zócalo, va a conmemorar el 70 aniversario la expropiación petrolera en su 70 aniversario con una asamblea nacional, “donde vamos a reafirmar que por ningún motivo vamos a permitir que se entregue el petróleo a extranjeros; yo tengo información de que están pensando que ya se arreglaron arriba, ya lo sabía, porque así lo hacen el PRI y el PAN. Nada más van a esperar que pase Semana Santa y el martes siguiente van a presentar ya la iniciativa junto con el dictamen (para la reforma al sector energético), porque quieren hacerlo fast track, como lo hicieron con la reforma del ISSSTE.
“Pero nada más que yo ya tengo esa información y vamos a estar velando, vamos a estar pendientes, porque cuando presenten esa iniciativa empezamos el movimiento de resistencia civil pacífica en todo el país y, si es necesario, vamos a convocar a un paro nacional, a un paro patriótico, pero no vamos a permitir que se entregue el petróleo a extranjeros”, aseveró.
López Obrador concluyó su gira de trabajo luego de visitar este domingo los municipios de Apaxtla de Castrejón, Cuetzala del Progreso, Cocula y Chichihualco, acompañado por el senador perredista Lázaro Mazón y Luis Walton, senador por Convergencia, quien durante los tres días de esta gira llevó un equipo de seguridad, que a bordo de dos camionetas dejaba ver por lo menos tres armas largas de grueso calibre.
“Yo nada más le recuerdo que el presidente del consejo de administración de Pemex era Calderón”
Ciro Pérez Silva (Enviado)
El ex candidato presidencial durante un mitin en Apaxtla de Castrejón, GuerreroFoto: La Jornada
Teloloapan, Gro., 9 de marzo. En el caso del presunto tráfico de influencias del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, “tengo más documentos, otros contratos que voy a entregar”, sostuvo aquí Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que con “gran desfachatez” el responsable de la política interior “dice que no tiene nada que ver con la Secretaría de Energía, donde él fue asesor de (Felipe) Calderón.
“Yo nada más le recuerdo que el presidente del consejo de administración de Petróleos Mexicanos era en ese entonces Felipe Calderón y Mouriño era asesor de Calderón. ¡Cómo que no tiene nada que ver! Además, en ese entonces también César Nava, quien es secretario particular de Calderón, era el responsable jurídico de Pemex, es decir, es el mismo grupo”, apuntó.
Al continuar su gira por la entidad, López Obrador sostuvo que luego de presentar los primeros contratos firmados por Mouriño, siendo al mismo tiempo funcionario de la Secretaría de Energía, “en beneficio de la empresa de su familia”, el ahora secretario de Gobernación pretendió desvirtuar las acusaciones en su contra aduciendo que se trataba de un ataque personal; los nuevos documentos que presentará esta semana, adelantó, son contratos firmados por Mouriño con Pemex; se trata, dijo, de contratos adjudicados directamente, sin licitación.
“Él dice que así es como se hace en Pemex. Entonces ¿para qué son las leyes? ¿Quiénes son entonces los que licitan, quiénes son los que concursan?, ¿por qué hay un grupo de empresarios que tienen el privilegio de que se les asignen los contratos sin que haya concurso, sin que haya licitación, como lo establece la ley? Todo eso lo vamos a ir aclarando poco a poco”, sostuvo.
Interrogado sobre la respuesta que dio el secretario de Gobernación, primero por televisión y luego en diversos diarios, en los que acusa a quienes lo señalan por “meterse” con su familia, López Obrador respondió que no cuestiona a Mouriño como él sostiene. “No nos metemos a cuestionar si es mexicano o que es español, ni nos metemos a cuestionar la nacionalidad de su mamá, no, a nosotros no nos importa eso. Independientemente de ello, lo que nos importa es que es un traficante de influencias al amparo del poder público; eso es lo que nos importa, no sus orígenes”, enfatizó.
El político tabasqueño lamentó que el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, “esté jugando el papel de alcahuete, quién sabe a cambio de qué, para proteger a Mouriño”, ya que tras haber aceptado integrar una comisión legislativa para investigarlo, “ahora, junto con los priístas en la Cámara de Diputados que encabeza Emilio Gamboa, se están echando para atrás”, aunque, recordó, el PRD, junto con el PT y Convergencia, cuentan con los votos necesarios en esa cámara para conformar esta comisión y solicitar una auditoría a todo el sector energético, “porque esto huele a corrupción, ése es el asunto de fondo”.
Recordó que el próximo 18 de marzo, en el Zócalo, va a conmemorar el 70 aniversario la expropiación petrolera en su 70 aniversario con una asamblea nacional, “donde vamos a reafirmar que por ningún motivo vamos a permitir que se entregue el petróleo a extranjeros; yo tengo información de que están pensando que ya se arreglaron arriba, ya lo sabía, porque así lo hacen el PRI y el PAN. Nada más van a esperar que pase Semana Santa y el martes siguiente van a presentar ya la iniciativa junto con el dictamen (para la reforma al sector energético), porque quieren hacerlo fast track, como lo hicieron con la reforma del ISSSTE.
“Pero nada más que yo ya tengo esa información y vamos a estar velando, vamos a estar pendientes, porque cuando presenten esa iniciativa empezamos el movimiento de resistencia civil pacífica en todo el país y, si es necesario, vamos a convocar a un paro nacional, a un paro patriótico, pero no vamos a permitir que se entregue el petróleo a extranjeros”, aseveró.
López Obrador concluyó su gira de trabajo luego de visitar este domingo los municipios de Apaxtla de Castrejón, Cuetzala del Progreso, Cocula y Chichihualco, acompañado por el senador perredista Lázaro Mazón y Luis Walton, senador por Convergencia, quien durante los tres días de esta gira llevó un equipo de seguridad, que a bordo de dos camionetas dejaba ver por lo menos tres armas largas de grueso calibre.
Bartlett califica de “vergonzosa” la postura de Beltrones y Gamboa
Urge que el Congreso integre la comisión para investigar a Mouriño, advierte el ex senador
El secretario de Gobernación está metido de lleno desde el sexenio pasado en la política privatizadora de los energéticos
Ha sido pieza clave en el otorgamiento de concesiones y permisos ilegales, dice
Andrea Becerril
Es urgente que el Congreso integre de inmediato una comisión investigadora sobre el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ya que no sólo ha beneficiado a sus empresas familiares, sino que “está metido de lleno desde el sexenio pasado en la política privatizadora de los energéticos” y ha sido pieza clave en el otorgamiento de concesiones y permisos ilegales para generar energía eléctrica a trasnacionales, principalmente españolas, sostuvo el ex senador Manuel Bartlett Díaz.
En entrevista con La Jornada, expresó que “da vergüenza” la postura asumida por los coordinadores parlamentarios priístas, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, al obstaculizar que se investigue desde el Legislativo a Mouriño. Aclaró, sin embargo, que “el PRI no son estos dos personajes convertidos en comparsas y asociados de Felipe Calderón en la privatización de los energéticos”.
Con datos de primera mano, ya que fue actor principal de la batalla por detener la privatización de la electricidad y el petróleo, debate que se dio en el Senado la pasada legislatura, Bartlett insiste en que a Mouriño se le debe investigar a fondo porque es uno de los responsables de “la creación de enclaves extranjeros en el país”.
Lo anterior, referido a empresas españolas como Repsol e Iberdrola, que concentran una fuerza enorme en el sector eléctrico y operan con base en “una violación tras otra a la Constitución”, pero producen ya 40 por ciento de la electricidad que se consume en el país, además de que están también ya en el sector petrolero a través de los contratos de servicios múltiples.
A esos consorcios extranjeros, en su mayoría españoles, se les dieron permisos y privilegios exorbitantes al otorgarles subsidios encubiertos, gas importado para sus generadores y permitirles que vendan energía directamente a los municipios, además de obligar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a comprarles toda su producción.
Recordó que esas “graves violaciones” al artículo 27 constitucional, cometidas por el propio Felipe Calderón, Mouriño y César Nava, a su paso por la Secretaría de Energía, fueron documentadas por la Auditoría Superior de la Federación, pero no se les fincaron responsabilidades debido a maniobras del gobierno foxista y la decisión de la Suprema Corte de no ir al fondo del asunto en una controversia constitucional.
Los involucrados en las denuncias quedaron en la impunidad y uno de ellos, el cuestionado secretario de Gobernación, es ahora el responsable directo de la reforma energética, de un proyecto inicial para abrir al capital privado la explotación de petróleo en aguas profundas, que dejará a las empresas trasnacionales 300 mil millones de dólares –según datos de la propia secretaria de Energía, Georgina Kessel–, tan sólo por la instalación de las plataformas.
“Ése es el gran negocio, porque los 300 mil millones de dólares son sólo por la maquinaria que habrán de instalar –y cuyo costo ya amortizaron en otros países–, además de que se llevarán luego 50 por ciento del petróleo que encuentren”, agregó Bartlett. Hizo notar que seguramente Mouriño buscará que participen también las empresas de su familia.
El político priísta insistió: “Es urgente que se integre la comisión especial del Congreso para investigar a Mouriño, porque es claro que actuó de manera dual, como representante de las empresas de su familia y al mismo tiempo como funcionario público, y eso está claramente prohibido en la ley”.
El propio Mouriño reconoció que los contratos con Pemex que dio a conocer Andrés Manuel López Obrador son auténticos, “aunque de manera cínica” asegura que son legales, que no hay conflictos de interés, añadió. De entrada, dijo, tendría que probar su dicho de que renunció a las acciones que tenía en 80 empresas.
–Pero parece que se salvó gracias a la intervención de Beltrones y Gamboa Patrón…
–No sé si se salvó, pero me parece una vergüenza lo que está ocurriendo con esos dos personajes, a los que también se sumó Francisco Labastida. Y creo que tanto los senadores como los diputados están obligados a deslindarse de esas actitudes de tapaderas de corruptelas.
“¿Qué todos los legisladores del PRI son comparsas se Mouriño?, ¿están de acuerdo en que se tape con argumentos pueriles, de contubernio, la investigación de un delito que salta a la vista?”
Él mismo responde que conoce al PRI “de toda la vida” y ni Beltrones ni Gamboa son el partido, además de que en los recorridos que ha hecho por todo el país ha encontrado gran indignación en las bases del Revolucionario Institucional por “la determinación de esos personajes de ir impúdicamente a proteger a un asociado y de sumarse a la apertura energética”.
En ese sentido consideró que los priístas deben exigir a los coordinadores parlamentarios y a Francisco Labastida, quien preside la Comisión de Energía en el Senado, que informen del contenido de todas las conversaciones que han sostenido con Calderón y otros funcionarios, como la secretaria Kessel, en torno a la reforma energética.
La insistencia de Beltrones en que Pemex debe buscar alianzas estratégicas con empresas extranjeras coincide con el proyecto de Calderón y con la campaña de espots que ya comenzó a difundirse en televisión para engañar al pueblo de México, para hacerle creer que tenemos que ir rápidamente a explotar el petróleo en aguas profundas del Golfo de México, agrega.
Hace notar que ello es falso, ya que expertos petroleros han insistido en que México lo que debe hacer es explorar y explotar petróleo en tierra y en aguas someras, mientras se abarata la tecnología para ir a aguas profundas.
“En los propios planos de Pemex están ubicados los lugares en aguas someras del Golfo de México, donde hay miles de millones de barriles de crudo, además de que hay pozos abandonados a los que sólo se les sacó 11 por ciento del petróleo contenido. ¿Por qué entonces la locura de perforar en aguas profundas de Calderón y sus asociados Beltrones y Gamboa, cuando se sabe que es caro, delicado, y que llevará diez años sacar el crudo?”
El ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Puebla resaltó que en esa “obsesión” por explotar en aguas profundas en el Golfo de México hay fuertes intereses de trasnacionales que quieren mantener el trato de privilegio que los panistas les han dado desde 2000, año en que llegaron al poder.
Bartlett Díaz terminó el libro El petróleo y Pemex, un despojo a la nación, en el que recuenta la lucha dieron un grupo de legisladores de PRI y PRD de 2000 a 2006 para frenar la privatización de los energéticos, batalla no sólo contra los panistas en el poder, sino muchas veces también contra sus propios coordinadores parlamentarios.
El secretario de Gobernación está metido de lleno desde el sexenio pasado en la política privatizadora de los energéticos
Ha sido pieza clave en el otorgamiento de concesiones y permisos ilegales, dice
Andrea Becerril
Es urgente que el Congreso integre de inmediato una comisión investigadora sobre el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ya que no sólo ha beneficiado a sus empresas familiares, sino que “está metido de lleno desde el sexenio pasado en la política privatizadora de los energéticos” y ha sido pieza clave en el otorgamiento de concesiones y permisos ilegales para generar energía eléctrica a trasnacionales, principalmente españolas, sostuvo el ex senador Manuel Bartlett Díaz.
En entrevista con La Jornada, expresó que “da vergüenza” la postura asumida por los coordinadores parlamentarios priístas, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, al obstaculizar que se investigue desde el Legislativo a Mouriño. Aclaró, sin embargo, que “el PRI no son estos dos personajes convertidos en comparsas y asociados de Felipe Calderón en la privatización de los energéticos”.
Con datos de primera mano, ya que fue actor principal de la batalla por detener la privatización de la electricidad y el petróleo, debate que se dio en el Senado la pasada legislatura, Bartlett insiste en que a Mouriño se le debe investigar a fondo porque es uno de los responsables de “la creación de enclaves extranjeros en el país”.
Lo anterior, referido a empresas españolas como Repsol e Iberdrola, que concentran una fuerza enorme en el sector eléctrico y operan con base en “una violación tras otra a la Constitución”, pero producen ya 40 por ciento de la electricidad que se consume en el país, además de que están también ya en el sector petrolero a través de los contratos de servicios múltiples.
A esos consorcios extranjeros, en su mayoría españoles, se les dieron permisos y privilegios exorbitantes al otorgarles subsidios encubiertos, gas importado para sus generadores y permitirles que vendan energía directamente a los municipios, además de obligar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a comprarles toda su producción.
Recordó que esas “graves violaciones” al artículo 27 constitucional, cometidas por el propio Felipe Calderón, Mouriño y César Nava, a su paso por la Secretaría de Energía, fueron documentadas por la Auditoría Superior de la Federación, pero no se les fincaron responsabilidades debido a maniobras del gobierno foxista y la decisión de la Suprema Corte de no ir al fondo del asunto en una controversia constitucional.
Los involucrados en las denuncias quedaron en la impunidad y uno de ellos, el cuestionado secretario de Gobernación, es ahora el responsable directo de la reforma energética, de un proyecto inicial para abrir al capital privado la explotación de petróleo en aguas profundas, que dejará a las empresas trasnacionales 300 mil millones de dólares –según datos de la propia secretaria de Energía, Georgina Kessel–, tan sólo por la instalación de las plataformas.
“Ése es el gran negocio, porque los 300 mil millones de dólares son sólo por la maquinaria que habrán de instalar –y cuyo costo ya amortizaron en otros países–, además de que se llevarán luego 50 por ciento del petróleo que encuentren”, agregó Bartlett. Hizo notar que seguramente Mouriño buscará que participen también las empresas de su familia.
El político priísta insistió: “Es urgente que se integre la comisión especial del Congreso para investigar a Mouriño, porque es claro que actuó de manera dual, como representante de las empresas de su familia y al mismo tiempo como funcionario público, y eso está claramente prohibido en la ley”.
El propio Mouriño reconoció que los contratos con Pemex que dio a conocer Andrés Manuel López Obrador son auténticos, “aunque de manera cínica” asegura que son legales, que no hay conflictos de interés, añadió. De entrada, dijo, tendría que probar su dicho de que renunció a las acciones que tenía en 80 empresas.
–Pero parece que se salvó gracias a la intervención de Beltrones y Gamboa Patrón…
–No sé si se salvó, pero me parece una vergüenza lo que está ocurriendo con esos dos personajes, a los que también se sumó Francisco Labastida. Y creo que tanto los senadores como los diputados están obligados a deslindarse de esas actitudes de tapaderas de corruptelas.
“¿Qué todos los legisladores del PRI son comparsas se Mouriño?, ¿están de acuerdo en que se tape con argumentos pueriles, de contubernio, la investigación de un delito que salta a la vista?”
Él mismo responde que conoce al PRI “de toda la vida” y ni Beltrones ni Gamboa son el partido, además de que en los recorridos que ha hecho por todo el país ha encontrado gran indignación en las bases del Revolucionario Institucional por “la determinación de esos personajes de ir impúdicamente a proteger a un asociado y de sumarse a la apertura energética”.
En ese sentido consideró que los priístas deben exigir a los coordinadores parlamentarios y a Francisco Labastida, quien preside la Comisión de Energía en el Senado, que informen del contenido de todas las conversaciones que han sostenido con Calderón y otros funcionarios, como la secretaria Kessel, en torno a la reforma energética.
La insistencia de Beltrones en que Pemex debe buscar alianzas estratégicas con empresas extranjeras coincide con el proyecto de Calderón y con la campaña de espots que ya comenzó a difundirse en televisión para engañar al pueblo de México, para hacerle creer que tenemos que ir rápidamente a explotar el petróleo en aguas profundas del Golfo de México, agrega.
Hace notar que ello es falso, ya que expertos petroleros han insistido en que México lo que debe hacer es explorar y explotar petróleo en tierra y en aguas someras, mientras se abarata la tecnología para ir a aguas profundas.
“En los propios planos de Pemex están ubicados los lugares en aguas someras del Golfo de México, donde hay miles de millones de barriles de crudo, además de que hay pozos abandonados a los que sólo se les sacó 11 por ciento del petróleo contenido. ¿Por qué entonces la locura de perforar en aguas profundas de Calderón y sus asociados Beltrones y Gamboa, cuando se sabe que es caro, delicado, y que llevará diez años sacar el crudo?”
El ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Puebla resaltó que en esa “obsesión” por explotar en aguas profundas en el Golfo de México hay fuertes intereses de trasnacionales que quieren mantener el trato de privilegio que los panistas les han dado desde 2000, año en que llegaron al poder.
Bartlett Díaz terminó el libro El petróleo y Pemex, un despojo a la nación, en el que recuenta la lucha dieron un grupo de legisladores de PRI y PRD de 2000 a 2006 para frenar la privatización de los energéticos, batalla no sólo contra los panistas en el poder, sino muchas veces también contra sus propios coordinadores parlamentarios.
España: el resultado menos malo
Marcos Roitman Rosenmann
Tras una campaña concluida abruptamente por el asesinato del ex concejal socialista Isaías Carrasco, a manos de ETA, el triunfo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se antoja el resultado menos malo. Un bipartidismo ramplón se consolida. Bipartidismo que se orienta de manera especial cuando no se obtiene la mayoría absoluta. En estas circunstancias, los partidos nacionalistas históricos de la derecha catalana y vasca son la llave del compromiso político de la llamada gobernabilidad, tanto para el PSOE como para el Partido Popular (PP). Así ocurrió si nos remitimos al pasado reciente en 1996 con Aznar, en 2004 y vuelve a ocurrir en 2008.
Pero no es un problema de legislatura o de coaliciones. Seguramente el PSOE formará gobierno en solitario y tendrá ayuda parlamentaria de Convergencia y Unión y en alguna medida del Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Bloque Gallego o Izquierda Unida, entre otros. Siempre habrá quien preste su mano para sacar adelante las propuestas de ley y la legislatura, sin amenazas de elecciones anticipadas.
Más allá de estas posibles articulaciones y acuerdos, sobre todo para la sesión de embestidura, en la cual Zapatero verá refrendada su condición de presidente de gobierno, los temas que se antojan más espinosos y que encontrará un PP ciertamente crispado serán las relaciones entre la Iglesia-Estado, los problemas de política de inmigración, y una nueva propuesta sobre diálogo con ETA, además de la reforma de los estatutos de autonomía, en especial el catalán, pendiente de la decisión de inconstitucionalidad.
No cabe duda que la postura de la conferencia episcopal en los últimos años y sobre todo su posicionamiento pidiendo el voto para Rajoy marcó la relación con el PSOE en meses recientes. EL PSOE debe ser coherente, denunciar y acabar con los privilegios de la Iglesia.
Así, el futuro inmediato, no es precisamente miel sobre hojuelas. La crispación está asegurada. Si además agregamos el ámbito de la ley de aborto, los problemas específicos de la privatización de la sanidad, la confrontación es un hecho.
La otra cara de las elecciones ha sido la caída estrepitosa de Izquierda Unida, coalición que pierde su grupo parlamentario, demostrando su poca capacidad creativa como fuerza política y la mediocridad de sus dirigentes para generar un discurso y un proyecto desde el cual construir una alternativa de izquierda. Simplemente se han acostumbrado a ser la sombra del PSOE y vivir sus restos y migajas políticas.
Otro tanto pasa con Ezquerra Republicana de Cataluña, organización que, como los globos, se infla o desinfla según se manifieste la tensión entre las fuerzas de la derecha nacionalista y su ala más izquierdista. Puede así, tener ocho diputados o pasar a uno. Lo mismo sucedió con el partido andalucista en anteriores legislaturas. La aparición en el escenario de partidos de coyuntura, que obtienen un diputado y luego desaparecen son flor de un día. Más bien muestran un sistema electoral nada democrático, donde emergen como una comparsa.
Tras una campaña concluida abruptamente por el asesinato del ex concejal socialista Isaías Carrasco, a manos de ETA, el triunfo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se antoja el resultado menos malo. Un bipartidismo ramplón se consolida. Bipartidismo que se orienta de manera especial cuando no se obtiene la mayoría absoluta. En estas circunstancias, los partidos nacionalistas históricos de la derecha catalana y vasca son la llave del compromiso político de la llamada gobernabilidad, tanto para el PSOE como para el Partido Popular (PP). Así ocurrió si nos remitimos al pasado reciente en 1996 con Aznar, en 2004 y vuelve a ocurrir en 2008.
Pero no es un problema de legislatura o de coaliciones. Seguramente el PSOE formará gobierno en solitario y tendrá ayuda parlamentaria de Convergencia y Unión y en alguna medida del Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Bloque Gallego o Izquierda Unida, entre otros. Siempre habrá quien preste su mano para sacar adelante las propuestas de ley y la legislatura, sin amenazas de elecciones anticipadas.
Más allá de estas posibles articulaciones y acuerdos, sobre todo para la sesión de embestidura, en la cual Zapatero verá refrendada su condición de presidente de gobierno, los temas que se antojan más espinosos y que encontrará un PP ciertamente crispado serán las relaciones entre la Iglesia-Estado, los problemas de política de inmigración, y una nueva propuesta sobre diálogo con ETA, además de la reforma de los estatutos de autonomía, en especial el catalán, pendiente de la decisión de inconstitucionalidad.
No cabe duda que la postura de la conferencia episcopal en los últimos años y sobre todo su posicionamiento pidiendo el voto para Rajoy marcó la relación con el PSOE en meses recientes. EL PSOE debe ser coherente, denunciar y acabar con los privilegios de la Iglesia.
Así, el futuro inmediato, no es precisamente miel sobre hojuelas. La crispación está asegurada. Si además agregamos el ámbito de la ley de aborto, los problemas específicos de la privatización de la sanidad, la confrontación es un hecho.
La otra cara de las elecciones ha sido la caída estrepitosa de Izquierda Unida, coalición que pierde su grupo parlamentario, demostrando su poca capacidad creativa como fuerza política y la mediocridad de sus dirigentes para generar un discurso y un proyecto desde el cual construir una alternativa de izquierda. Simplemente se han acostumbrado a ser la sombra del PSOE y vivir sus restos y migajas políticas.
Otro tanto pasa con Ezquerra Republicana de Cataluña, organización que, como los globos, se infla o desinfla según se manifieste la tensión entre las fuerzas de la derecha nacionalista y su ala más izquierdista. Puede así, tener ocho diputados o pasar a uno. Lo mismo sucedió con el partido andalucista en anteriores legislaturas. La aparición en el escenario de partidos de coyuntura, que obtienen un diputado y luego desaparecen son flor de un día. Más bien muestran un sistema electoral nada democrático, donde emergen como una comparsa.
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