Argentina Repudia a Josefina Vazquez Mota

En su viaje a Argentina el 21 de Marzo del 2012 Decenas de Argentinos esperaron a Josefina Vázquez Mota para protestar su presencia non grata por considerarla defensora de la política Pinochetista y Thatcheriana.

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Chile: la devastación indígena

FRANCISCO MARíN

VALPARAISO, 10 de julio (apro).- Los territorios ancestrales de los pueblos indígenas de Chile están siendo contaminados, saqueados y destruidos. Cientos de megaproyectos mineros, forestales y energéticos amenazan la existencia de numerosas comunidades.
En el norte del país --donde viven los pueblos diaguita, atacameños, colla y aymara-- la gran minería estatal y privada contamina las aguas que permiten la vida de cientos de comunidades.
Un informe elaborado en agosto de 2007 por el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas (hoy Observatorio Ciudadano), con el fin de informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de la "vulneración sistemática de derechos indígenas al agua que se presenta en Chile y otros países de la región andina", se exponen los graves daños asociados a "la implementación de un modelo sustentado en la explotación de recursos naturales".
Este informe fue preparado por los abogados Nancy Yáñez y José Aylwin. Su contenido no había sido divulgado por la prensa.
La importancia de este informe y de las materias que trata fue reconocida por la CIDH, que en su 129 periodo de sesiones, realizado el 7 de septiembre de 2007 en Asunción, Paraguay, recibió a la abogada Yáñez. Ella se refirió a la tragedia que viven las comunidades andinas fruto de la imposición del "modelo neoliberal" y de la extracción deliberada de recursos.
Yáñez sostuvo que en Chile "se promueve una economía de rápido crecimiento que concibe la riqueza natural --agua, minerales, recursos marinos y forestales-- como commodities (mercancías sujetas a precios internacionales)". Afirmó que estas políticas fueron iniciadas en el gobierno militar encabezado por Augusto Pinochet (1973-1990) "y se han visto fortalecidas con los gobiernos democráticos, los que han propiciado y profundizado ajustes estructurales de la legislación, para permitir un modelo de desarrollo acorde con los principios que orientan el libre mercado".
Puso como ejemplo lo sucedido con el Código de Aguas de 1981 y el Código de Minería de 1982, de carácter marcadamente privatizador, que han sido refrendados por modificaciones legales realizadas en los últimos años que consolidan la orientación de estas normativas que, de paso, afectan gravemente los derechos ancestrales de los pueblos indígenas.

La sequía provocada

La situación de apropiación del agua de los pueblos indígenas es particularmente grave en el norte de Chile, zona desértica que concentra el 38% de las reservas de cobre del mundo, mineral que necesita mucha agua para ser producido.
Entre los casos de vulneración de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, ese informe menciona la extracción de aguas subterráneas en el sector de Pampa Lagunilla por la Compañía Minera Cerro Colorado, de propiedad de BHP Billiton, "lo que ha causado el desecamiento de bofedales utilizados desde tiempos inmemoriales por la Comunidad Aymara de Cancosa".
Además, se revela "la pérdida de los derechos de aguas indígena en la Cuenca del Río Loa a consecuencia de la monopolización y sobre explotación de los recursos hídricos por parte de las empresas mineras".
Menciona como las principales responsables de esta situación a la estatal minera CODELCO, a SOQUIMICH S.A., y a las empresas del grupo Luksic: ESSAN S.A (sanitaria) y Ferrocarriles Antofagasta–Bolivia. El poblado indígena de Quillagua, ubicado en la cuenca baja del río Loa casi ha desaparecido fruto de esta situación: no recibe agua desde el 2 de diciembre de 2006.
Otros proyectos atentatorios contra los derechos humanos de indígenas, es la explotación de los Géiseres del Tatio –sitio patrimonial de las comunidades indígenas de Toconce y Caspana– por parte de la Empresa Geotérmica S.A. El pasado 6 de junio un centenar de atacameños intentaron realizar en el Tatio un ritual de ofrecimiento de hojas de coca y vino, que tiene por fin de pedir disculpas a la Pacha Mama –madre tierra- por haberla desprotegido. Pero fueron impedidos por las fuerzas especiales de Carabineros (policía militarizada).
A raíz de estos hechos, el Consejo Nacional Atacameño emitió, el 8 de junio, un comunicado, en que acusa al gobierno de Chile de "destruir su territorio y amparar el despojo de su agua". Además, sostiene que la citada prohibición "es un atentado a los derechos humanos, a la vida y a la cultura".
Mención aparte merece el proyecto minero binacional Pascua Lama, que realiza en Chile la empresa Nevada S.A. (filial de Barrick Gold Corporation). Este implica la explotación de un yacimiento de oro y otros minerales ubicados bajo los glaciares Esperanza, Toro I, Toro II y Guanaco, los que dan vida al valle del Huasco y a la comunidad diaguita de los huascoaltinos.
Un estudio de la prestigiosa consultora canadiense Golder Associates, de 2007, sostiene que, al ritmo actual de consumo, el agua desaparecerá del valle de Copiapó (capital de la Región de Atacama) en 2012. Por lo pronto, el río del mismo nombre ya se secó. Igual suerte han corrido casi un centenar de ríos en el norte de Chile.
Pero eso no es todo: 15 nuevos proyectos termoeléctricos, destinados a abastecer la actividad minera, complican aún más la situación de los pueblos indígenas y no indígenas del norte chileno. Nueve de ellos se emplazarían en las costas de la Región de Atacama y otros seis en la Región de Coquimbo. Cabe considerar que los efectos ambientales de las termoeléctricas existentes en Tocopilla (Región de Antofagasta) y Huasco (Atacama) han sido devastadores.

El sur también existe

El territorio ancestral mapuche, localizado en el centro sur de Chile, también está siendo gravemente afectado por la imposición del actual modelo de acumulación de riquezas. El responsable del principal daño ambiental y social es el sector forestal, cuya producción (aglomerados, celulosa, madera) ha crecido en modo exponencial en las últimas tres décadas. Mientras en 1980 este sector exportaba 254 mil dólares, en 2007 las ventas al exterior alcanzaron los 4.952 millones de dólares, según cifras del Banco Central de Chile.
Esto no ha sido casual: desde que en 1974 el entonces mandatario de facto Augusto Pinochet dictó el Decreto Ley 701, de Fomento Forestal, el Estado ha subsidiado en un 75% las plantaciones intensivas de pinos y eucaliptus. Además, el gobierno militar dispuso la entrega a grandes grupos económicos de viveros, plantas industriales (celulosas) y decenas de miles de hectáreas de tierras con plantaciones forestales.
Esto favoreció no sólo la concentración de la tierra y la riqueza, sino también una enorme expansión de los grupos beneficiados con estas políticas. Sólo dos familias: los Matte (Forestal Mininco, papelera CMPC) y los Angelini (Forestal Arauco, celulosa Celco), tienen en conjunto tres millones de hectáreas de tierras. En contraste, los 300 mil mapuches que habitan en comunidades rurales detentan poco más de 900 mil.
Hoy cada familia mapuche tiene, en promedio, tres veces menos tierra que en 1973, cuando gobernaba Salvador Allende. Desde 1974 hasta ahora 2,5 millones de hectáreas de bosque nativo han sido reemplazadas por monocultivos forestales. Estos se ubican fundamentalmente en la Región del Bío Bío y de la Frontera, en el corazón del histórico territorio mapuche. Esta expansión del monocultivo ha derivado en una drástica disminución de las aguas subterráneas, así como de la fauna y vegetación silvestre, lo que ha mermado dramáticamente la agricultura tradicional y las actividades de recolección de frutos y hierbas medicinales de los mapuches.
La contaminación por el uso indiscriminado de pesticidas, fungicidas y herbicidas ha agravado el problema.
Tras la "pacificación de la Araucanía" –nombre con que la historiografía oficial denominó al proceso de ocupación militar del territorio mapuche (1861-1890), las comunidades fueron confinadas en reducciones. El territorio sobrante fue entregado a través de remates o donaciones a colonos chilenos y extranjeros –sobre todo alemanes--, cuyas grandes propiedades dejaron encerradas a las comunidades. El conflicto actual, que enfrenta a mapuches contra privados y el Estado, tiene su raíz en ese despojo.
El pasado 5 de enero, la presidenta Michelle Bachelet anunció "un incremento transitorio" en los subsidios –no precisó cifras-- que se otorgan a través del citado Decreto 701 de Fomento Forestal. Al hacerlo, planteó que lo hacía para "mitigar el desempleo provocado por el menor dinamismo de la economía mundial". Sostuvo, además, que esta medida apunta a aumentar en un 50% el área de monocultivo forestal en la próxima década. Esta medida fue rechazada por una amplia gama de organizaciones mapuches que desde hace tiempo han solicitando que se supriman estos subsidios.
Por otra parte, tres grupos económicos: las transnacionales Endesa (española), SN Power (noruega), además del grupo Matte, a través de Colbún S.A., planean construir ocho nuevas centrales hidroeléctricas en territorio mapuche. Lo hacen sin la requerida consulta y en contra de la voluntad indígena. El 28 de mayo pasado la COREMA de la Región de los Ríos aprobó la construcción de una Galería de Prospección, que es el primer paso para la construcción de la Central Hidroeléctrica Neltume, impulsada por Endesa España. El pasado 22 de octubre, en medio de una gran polémica, la misma COREMA había autorizado a la empresa Colbún una central sobre el Río San Pedro.
El más grande de los proyectos hidroeléctricos es la central Maqueo, que SN Power pretende construir en el hasta ahora casi virgen Lago Maihue, ubicado en la boscosa precordillera de la Región de los Ríos. El proyecto contempla una inversión de mil 500 millones de dólares, y considera una impresionante transformación del paisaje, además de una apropiación de los recursos hídricos que por centenares de años han resguardado la vida de sus habitantes.
El pasado 20 de junio, varios centenares de mapuches pertenecientes a las comunidades de Rupemeica, Huenaihue, Maihue y Carriñe marcharon nuevamente solicitando el fin de este proyecto, que está en fase de evaluación ambiental, y la devolución de las aguas adjudicadas a empresas transnacionales. Manifestaciones similares han realizado casi todas las comunidades afectadas por proyectos de este tipo. Pero sus reclamos no han sido escuchados.
Peor aún: el gobierno y el Ministerio Público han intentado vincular a los opositores a estos proyectos con organizaciones "terroristas".

Represión estatal

Amnistía Internacional (AI), en su informe anual dado a conocer el pasado 28 de mayo, sostiene que "las tensiones entre las autoridades y los pueblos indígenas –en especial la comunidad mapuche– siguieron siendo muy fuertes (durante 2008). Ha continuado la expansión de la industria forestal y de extracción de recursos, y las reclamaciones sobre tierras no se resuelven con prontitud. Siguen denunciándose violaciones de derechos humanos".
En su informe anual 2008, el Comité de Ética Contra la Tortura (CECT) –prestigiado organismo de defensa de los derechos humanos– da cuenta de 55 casos de "prisión política" que han afectado a mapuches desde que Michelle Bachelet asumió la presidencia de Chile, el 11 de marzo de 2006. Se da cuenta del abuso de medidas cautelares como la "prisión preventiva" y la realización de violentos allanamientos a comunidades, que han afectado a ancianos y a niños. El informe denuncia dos casos de "violencia innecesaria con resultado de muerte", ocurridos en 2008: los que afectaron a los mapuches Johnny Cariqueo Yáñez y Matías Catrileo, ambos de 23 años de edad.
Catrileo murió el 3 de enero de 2008. Informes forenses elaborados por la Policía de Investigaciones pudieron establecer que su deceso fue ocasionado por un disparo hecho por la espalda. Este fue hecho por el agente de Carabineros (policía uniformada) Walter Ramírez. Catrileo, quien se encontraba desarmado y participaba --junto con otros 30 mapuches de la comunidad Lleupeko de Vilcún-- en la ocupación del fundo Santa Margarita, que la citada comunidad reclama como suyo.
El pasado 10 de junio, el Diario Austral, de Temuco, dio a conocer el resultado de un sumario realizado por Carabineros que buscaba definir el grado de responsabilidad de Ramírez en estos hechos. Y, a pesar de que su autoría en el crimen no fue desmentida, esta institución determinó que el policía no había cometido falta alguna al dar muerte al comunero mapuche.
En el primer examen periódico universal (EPU) realizado a Chile, realizado entre el 4 y el 15 de mayo pasado en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sostuvo que en Chile persisten situaciones de discriminación que afectan a los pueblos originarios. Esto se expresa en la pobreza que afecta a sus comunidades, en el otorgamiento sin consulta previa de concesiones de explotación sobre sus tierras, y en la aplicación de una legislación antiterrorista para enfrentar su protesta social.
Ese Consejo hizo 77 recomendaciones a Chile. Entre ellas destacan las que lo conminan a: dar protección jurídica a los pueblos originarios; realizar una adecuada demarcación de sus territorios, e implementar medidas contra la discriminación, en especial en favor de las mujeres y niños indígenas.
El organismo de la ONU también pidió a Chile terminar con las prácticas de represión desmedida que afectan, sobre todo, al pueblo mapuche. Además, se le pidió investigar los casos de arresto y deportación de periodistas y documentalistas que investigan la problemática que afecta a este pueblo.
Es necesario señalar que un porcentaje importante de las cerca de 300 comunidades mapuches que se encuentran en conflicto con forestales, están vigiladas por destacamentos policiales fuertemente armados, que realizan continuos allanamientos y detenciones en las comunidades.
La complicada situación que afecta a los indígenas chilenos ameritó una visita a Chile del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, realizada entre el 5 y 9 de abril pasado. El objetivo de dicha visita, según el mismo Anaya declaró al llegar a Santiago, fue "establecer un diálogo constructivo con las instituciones oficiales, los pueblos indígenas (…), en torno al seguimiento de las recomendaciones de la visita del anterior Relator Especial, Rodolfo Stavenhagen, así como de la implementación del Convenio 169 de la OIT".
El emisario de la ONU criticó –en entrevista con La Nación-- la parcialidad de la aplicación de justicia en Chile: "Esta combinación entre nuevo procedimiento penal, ley antiterrorista y fuero militar, establece una condición de vulnerabilidad del derecho al debido proceso, que afecta de manera selectiva a un grupo claramente identificado de dirigentes mapuche", expresó.
En 2003, Stavenhagen había realizado un duro diagnóstico de la realidad que viven los indígenas chilenos, apuntando como problemas centrales la criminalización de la protesta, la discriminación, la pobreza, la inexistencia de un reconocimiento constitucional y la no ratificación del Convenio 169 de la OIT. Esto se expresa en su informe presentado de conformidad con la resolución 2003/56 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. A mayor abundamiento, señaló que "los derechos sobre la propiedad de la tierra y la territorialidad constituyen (otro) de los problemas graves, ya que son el resultado de un largo proceso de despojo de sus tierras y recursos".
Fundado en esa conclusiones, Stavenhagen recomendó agilizar la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas; ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); prestar atención urgente a la prevención y solución de los conflictos basados en la tenencia y explotación de la tierra; asegurar el acceso a los recursos acuíferos y marítimos de las comunidades indígenas, y tomar las medidas necesarias "para evitar la criminalización de las legítimas actividades de protesta o demandas sociales".
El Convenio 169 de la OIT es el instrumento internacional más importante y efectivo de protección de derechos de los pueblos indígenas. Fue adoptado en 1989. Reconoce el derecho que tienen los "pueblos" a su autodeterminación, a ser consultados respecto de los proyectos que se quieren realizar en sus territorios ancestrales, y a que sus organizaciones representativas sean reconocidas como interlocutores validos, entre otros aspectos. Este Convenio, que tiene rango constitucional, fue aprobado por el Parlamento chileno en septiembre pasado. Y entrará en vigencia plena el próximo 15 de septiembre.
Su puesta en marcha tiene de cabeza al empresariado, que teme que pueda detener importantes proyectos extractivos y energéticos que pretenden emplazar en "aéreas de desarrollo indígena". El gobierno ha intentado detener el alcance de este Convenio a través de una declaración interpretativa –que se le quiso incrustar al momento de ser promulgado por la presidenta Michelle Bachelet--, que supeditaba el Convenio 169 a la legislación chilena. Esto, en caso de situaciones de conflicto de interpretación legales que se generaran fruto de su próxima aplicación.
José Viera Gallo, ministro secretario general de la Presidencia e impulsor de esta medida, desistió ante el rechazo que esto provocó entre los indígenas y la propia OIT.
En la actualidad, tanto el gobierno como la oposición de derecha, se empeñan en aprobar un proyecto de reforma constitucional de "reconocimiento de los pueblos indígenas" que es fuertemente rechazado por las principales organizaciones de pueblos originarios. Estas han calificado este proyecto como de "desconocimiento de los pueblos". El Senado aprobó el 7 de abril, en su primer trámite constitucional, dicha reforma constitucional.
La Mesa de Trabajo Mapuche, que reúne a un importante número de organizaciones, dirigentes y comunicadores de este pueblo, emitió una declaración el pasado 8 de mayo en la que asegura que este proyecto de Reforma Constitucional "no recoge el sentir profundo y mayoritario de las organizaciones indígenas en Chile y tampoco se ubica a la altura del estándar internacional sobre los derechos indígenas".
Cuestionan el hecho que no se les considerara en la gestación de este proyecto y que se abriera una consulta a la que le restan validez. El propio relator Anaya cuestionó el hecho que se abriera un proceso de consultas después de que el Senado haya aprobado en parte el proyecto. También criticó el corto tiempo que se dedicará a esta consulta y el hecho de que no haya representantes indígenas en la formulación y procesamiento de las preguntas. Estos cuestionamientos los hizo en un documento el pasado 24 de abril, que estuvo especialmente dedicado a tratar el tema de ese proyecto de reforma constitucional.
Más duro aún con esta normativa fue Bartolomé Clavero, quien es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Afirmó que reforma constitucional chilena cancela derechos de los Pueblos Indígenas; que esta reforma "que en teoría viene a reconocer de una vez en Chile a los pueblos indígenas, intenta aprovecharse para impedir que los mismos tengan derechos y también para cancelar de paso algún derecho tan importante como el de propiedad comunitaria sobre las aguas".
En entrevista con Apro, Nancy Yáñez afirmó que "la situación de los pueblos indígenas (en Chile) es particularmente grave porque el Estado no ha cautelado los derechos de las comunidades indígenas sino que, por el contrario, ha supeditado estos a los intereses preferentes de los inversores".
Yáñez estima que los últimos gobiernos en Chile "han flexibilizado los controles ambientales y por esa vía las comunidades indígenas están siendo desplazadas de sus territorios de origen, donde la vida se hace imposible por la falta de agua, como consecuencia de la sobrexplotación industrial, pero además por la contaminación que estos proyectos generan".

“Con el apoyo unánime del poder concertado, Pinochet murió libre, rico e impune”

Entrevista a Rogelio de la Fuente, diputado socialista en 1973

Mario Casasús
El Clarín

En 1973 el doctor Rogelio de la Fuente asumió un curul en el Congreso Nacional como diputado por el Partido Socialista; el mismo año fue preso político y comenzó su exilio en México, extendido durante 35 años. La Universidad Autónoma Metropolitana publicó Detrás de la memoria (2008) un almanaque de historias inéditas, contadas en primera persona. Clarín.cl presenta una invaluable conversación, en la espera que el libro sea editado en Chile.

MC.- ¿Qué hay detrás de su memoria en los 1.000 días de la Unidad Popular?

RF.-Hay un aire de sorpresa, de alegría y entusiasmo, de asombro y de deslumbramiento y una sensación de orgullo nacional por salir de los límites en que estuvimos encerrados siempre. Creo que era un aire de libertad y de vuelo, luminoso y veloz como un relámpago. Eso fue durante los mil días aunque progresivamente aparecieran nubes cada vez más amenazantes y agresivas. Más que fugaces, los mil días fueron como un día, duraron lo que un relámpago y su deslumbramiento fue tan intenso y tan hondo que no tuvimos ojos para ver la nubes de la amenaza sino hasta el final, cuando se fue la luz.

MC.- ¿Denunciaron públicamente y en su momento la amenaza de magnicidio interrumpido por el aparato de inteligencia del Partido Socialista?

RF.- No, porque entregamos toda la información a los organismos políticos y de seguridad superiores, que era lo que correspondía hacer.

MC.- Leí la nómina de pasajeros del avión que los milicos no dejaban salir de Chile: Sergio Maurín (director de la editorial Quimantú); Lisandro Cruz (Ministro de Justicia); René Largo (periodista de la oficina presidencial); Óscar Soto (médico personal de Allende) y usted. ¿De qué hablaron al volar rumbo a México? ¿El doctor Soto les informó del suicidio de Allende?

RF.- Cuando los retenidos subieron al avión, el Dr. Oscar Soto quedó ubicado en un asiento vecino al mío, donde junto con el reencuentro me confió la muerte del Presidente por decisión propia y el relato de la batalla de La Moneda, relato que aparece en su libro “El último día de Salvador Allende”, un testimonio histórico extraordinario.

MC.- El diplomático Gonzalo Martínez Corbalá, el poeta Hugo Gutiérrez Vega, el intelectual Pablo González Casanova y el sociólogo Rodolfo Stavenhagen, a la fecha siguen estudiado la historia y literatura chilena. ¿Todavía frecuenta a los integrantes del primer Comité Mexicano de Solidaridad con Chile/73?

RF.-A quien con mayor frecuencia vemos es al embajador Gonzalo Martínez Corbalá, hemos pedido al Gobierno de Chile le otorgue la ciudadanía honoraria. Al gran poeta Hugo Gutiérrez Vega hace mucho tiempo que no lo veo, pero semanalmente leo su columna en el periódico La Jornada y en ocasiones su poesía, lo que es también una manera de estar en la cercanía de su rica intimidad. A don Pablo González Casanova le pedimos unánimemente que fuera el orador del gran acto conmemorativo del centenario del natalicio del Presidente Allende, como uno de los mejores intérpretes de los valores de humanismo y socialismo desde su altura intelectual y su valiente consecuencia política. Por último, a don Rodolfo Stavenhagen, ahora en Naciones Unidas, va la admiración por su gran ejecutoria en defensa de los pueblos originarios y, por cierto, por su gestión en defensa de los derechos del pueblo mapuche en Chile.

MC.- El pasado 26 de junio, el exilio chileno en México rindió un homenaje al Presidente Allende. ¿Por qué reivindicó las últimas palabras transmitidas por Radio Magallanes?

RF. Lo que reivindiqué fue la autoría de Guillermo Ravest, el director de Radio Magallanes, al que habían escamoteado la verdad histórica, quien con un pequeño grupo de trabajadores salvó “las últimas palabras” del Presidente. Cité textualmente algunas frases de ese histórico mensaje, que no son reivindicables porque son grandes en sí mismas y se han incorporado a la herencia humanista universal. Creo que ese último mensaje es toda una lección de política y moral que pertenece a la humanidad más que al propio Chile, que se ha tardado tanto en oírlas.

MC.- ¿Cómo recuerda la primera experiencia del Comité Político del Exilio en México? ¿La Asociación Salvador Allende en México sería el último eslabón?

RF.-recuerdo poco de la sesión misma; lo que sí me asalta es que al terminar cantamos los himnos nacionales de México y de Chile convencidos de que el retorno ya había comenzado. La Sociedad Salvador Allende es la expresión institucional principal del ex-exilio con la sociedad mexicana, cuyo afecto e identificación allendista, aleja los riesgos de una separación entre nuestros países.

MC.- ¿Las líneas políticas desde Europa desgajaron al exilio chileno en toda Latinoamérica?

RF.-Creo que la palabra desgajaron no es la más adecuada. Lo que yo digo es que las diferencias ideológicas y políticas que existieron durante el Gobierno de la Unidad Popular se repitieron durante años en el exilio con una inmensa fidelidad en la confrontación, para terminar por cambiarse después de años a las antípodas combatidas ayer permutando trincheras y parque en una coincidencia patética que favoreció a la dictadura y nos lesionó dolorosamente.

MC.- ¿El tiempo le dio la razón a Pedro Vuskovic o a Carlos Altamirano?

RF.-El tiempo no da, ni quita la razón. Ambos en distintos tiempos tuvieron razón y sinrazón. Por ejemplo. Carlos Altamirano ha escrito años después, que el programa de la Unidad Popular no era posible de lograr por la vía pacífica por la magnitud de sus objetivos, lo que en apariencia significaría dar la razón a Vuskovic. Digo en apariencia porque su validez estaba condicionada por otros factores que cambiaban a gran velocidad. No hubo tiempo para que Pedro Vuskovic nos diera su visión ya actualizada. Pero yo creo que ambos, como todos los que cumplían responsabilidades dirigentes estuvieron y estuvimos, más que certeros o equivocados, un poco ciegos, un poco sordos y un nada mudos.

MC.- En 2008, se cumplieron 10 años de la detención de Pinochet. ¿Cómo interpreta la transición pactada? y ¿la defensa de la Concertación por la libertad de Pinochet en Londres?

RF.-La transición pactada es un hecho histórico, cuya viabilidad fue dispuesta por el gobierno yanki como el golpe de Estado en 1973. Más que una negociación (ciertamente no fue un Brest Litovsk), fue una rendición casi incondicional. Negociación de lo político en lo formal y en lo secundario (“justicia en la medida de lo posible”); rendición en lo fundamental: (permanencia del sistema neo liberal, preservación de los poderes fácticos y reposición de los intereses norteamericanos). Cada certeza la hemos ido conociendo y tragando a dosis terapéuticas recetadas por los enfermeros de la Concertación. En suma, un triunfo de la reacción, de la oligarquía golpista y del imperialismo por “la vía pacifica”, como lo exigían los nuevos tiempos. Respecto del salvataje internacional del dictador, al igual que en el pacto de la transición, son los términos, acciones y concesiones las que traicionan historia, ética, país, política y derechos humanos, y a los millones de seres que en el mundo dieron asilo y fraternidad a los perseguidos y que volvieron a esperanzarse con la prisión en Londres. Sin la condena internacional, Pinochet se habría ido como honrado y ahorrativo comandante de sus atracos y coimas y con las manos limpias de crimen. Con el apoyo unánime del poder “Concertado”, Pinochet murió libre, rico e impune.

MC.- ¿Por qué el diagnóstico de: “nueva genética social” para la Revolución de los pingüinos? ¿La juventud se encuentra en un hastío por la Alegría que no viene?

RF. Es algo que forma parte de un imaginario nacional. En nuestra historia cada cierto tiempo se suceden excepcionalidades, rarezas históricas. La última es la “rebelión de los pingüinos” ¿Cómo entender que sean unos adolescentes los primeros en escapar al efectivo control ideológico que ejerce el sistema sobre la sociedad, y que sean ellos los que exigen la vuelta de valores sociales destruidos que ellos no conocieron? Lograron un gran éxito y como en ellos esto no tiene memoria, imagino “como si con la adolescencia refloreciera una suerte de genética social de la memoria”.

MC.- Finalmente la poesía, en Detrás de la memoria (UAM, 2008) menciona –en tres oportunidades- a Gonzalo Rojas; háblenos del libro editado por la UAM “¿Quién no cumple 100 años?”

RF.-He tenido el privilegio de conocerlo por cerca de cincuenta años. Fui testigo y participé de la conversación telefónica en la que el maestro Daniel Toledo, director de difusión cultural de la UAM, le solicitó su acuerdo para publicar algunos poemas suyos, a lo que respondió generosamente. Así surgió la idea del libro que materializó la crítica y escritora Fabienne Bradu, presidenta de la Fundación Gonzalo Rojas de México. Admiro la gran poesía y la gran prosa de nuestro poeta nacional como tantos otros en diversos lugares de la tierra. También conozco y admiro sus vigorosos elementos polares: su autonomía y originalidad de siempre, su independencia neuronal y genética, su clara valentía y sus permanencias de joven.

La fortuna de Pinochet, con el robo de fondos públicos a las arcas de Chile

Su enriquecimiento, también por compraventa de armas: Consejo de Defensa del Estado

El fallecido ex dictador se apropió de dineros reservados y comisiones por contratos del ejército

Más que a Juárez y a Madero, jajajajaja, la chachalaca se parece a Pinochet por lo ladrón, aunque más huevón y gracias a ello menos militarista.

El hijo menor y el albacea del ex general, los mayores operadores en la triangulación de cuentas

Enrique Gutiérrez (Corresponsal)

Santiago, 11 de octubre. El Consejo de Defensa del Estado, ente querellante en el proceso por las cuentas millonarias del fallecido ex dictador Augusto Pinochet y su familia, sostuvo que ese enriquecimiento provino de la apropiación de dineros de la compraventa de armamentos y de la malversación de fondos públicos.

La abogada del organismo, María Teresa Muñoz, al defender los intereses del fisco chileno, explicó que la fortuna de la familia Pinochet se fincó en la apropiación de “los fondos reservados del Estado de Chile y de las comisiones por contratos del ejército relacionados con la compra y venta de armas, con perjuicio fiscal”.

Subrayó que aparte de los fondos públicos, “el otro origen son las compras de armas suscritas por el ejército de Chile, donde se generaron comisiones que llegaron vía depósitos a las numerosas cuentas del general, principalmente de la empresa BAE de Inglaterra y de varias otras de Holanda”.

La jurista también destacó ante los jueces de la Corte Suprema que el hijo menor del ex dictador –fallecido el 10 de diciembre de 2006–, Marco Antonio Pinochet, y el ex albacea Oscar Aitken fueron los mayores operadores de la triangulación de dinero ilícito por Augusto Pinochet Ugarte.

Durante la vista de amparos presentada contra el encausamiento de familiares y ex colaboradores del ex gobernante de facto (1973-1990), Muñoz pidió al tribunal que se recalifique a los imputados y en lugar del delito de malversación de caudales públicos se los procese por el delito de negociación incompatible.

Aseveró que las imputaciones sobre delitos en la fortuna de Pinochet están “completamente acreditadas” y existen antecedentes suficientes respecto del movimiento de las cuentas corrientes que mantenía ocultas Pinochet en el banco Riggs de Washington, cuyas transacciones internacionales llegaban al menos a unos 26 millones de dólares.

La abogada querellante, que dio a conocer varias cifras sobre transferencias de cuentas bancarias de la Casa Militar a las de Pinochet entre 1983 y 1984, también citó que, por ejemplo, 35 mil dólares fueron a la cuenta de otro de los hijos del ex dictador, Augusto Pinochet Hiriart, y de la ex esposa de éste, María Victoria Molina Carrasco.

De los fondos reservados de la Presidencia de la República, asignados a la Casa Militar, se giraron más de 285 mil dólares para gastos particulares de Pinochet Hiriart, su ex esposa e Inés Lucía Pinochet Hiriart, entre otros de los antecedentes presentados.

Mientras la defensa de la familia Pinochet continúa negando los cargos, se informó aquí que será durante la última sesión de la quinta sala de la Corte de Apelaciones, la próxima semana, cuando se definirá si se acogen o no los recursos de amparo presentados por 14 de los 23 procesados por la justicia en este caso.

El juez Carlos Cerda, quien la semana pasada ordenó el arresto y procesamiento de la familia Pinochet y de sus ex colaboradores implicados, también refrendó desde Washington –donde recibía un premio internacional por su trabajo– la denuncia del Consejo de Defensa del Estado de que parte de las millonarias cuentas provenían de fondos públicos y de la compraventa de armas.

No obstante, el sábado pasado el propio Cerda, en consulta con los tribunales, concedió la libertad provisional a todos los involucrados, que la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó para permitirles la salida de la prisión luego de haber permanecido 48 horas tras las rejas.

Opinión neonazi

El antiguo jefe e ideólogo fascista, el abogado defensor Pablo Rodríguez, pidió al juez Cerda, premiado en Estados Unidos por su acción en el campo de los derechos humanos, que haga “un gesto de grandeza moral y se margine de esta causa porque carece de la más mínima imparcialidad”.

Rodríguez fue jefe máximo del grupo neonazi Patria y Libertad, que desde la clandestinidad intentó en varias oportunidades derrocar al gobierno de Salvador Allende, y luego del golpe de Estado –el 11 de septiembre de 1973– asumió funciones gubernamentales y encabezó la represión y los asesinatos de izquierdistas.

Tras la premiación, el juez Cerda negó en entrevista con la agencia Afp que en Chile exista “persecución política” contra la familia Pinochet, como han afirmado sus integrantes, y dijo que tal imputación daña a la democracia de su país al pretender que la justicia actúa en respuesta a algún “impulso, iniciativa o presión” de las autoridades gubernamentales o del Poder Legislativo.

Dijo que le resulta difícil pensar que su actuación obedece a un gesto de “valentía”, al subrayar que siempre se ha conducido con responsabilidad desde que le tocó atender en el pasado casos complejos y difíciles sobre violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet Ugarte.

Asimismo, destacó el enorme aporte a la cultura de la justicia mundial del juez español Baltasar Garzón, y calificó como determinante para la justicia chilena el arresto del ex dictador chileno en Londres, en 1998.