Ciudadanos mexicanos se amparan

Ciudadanos mexicanos se amparan contra la reforma petrolera privatizadora de Felipe Calderón, presidente espurio, usurpador.

La solicitud de amparo fue presentada por el Lic. Jesús González Schmall y el Doctor Jaime Cárdenas. Los videos incluyen entrevista al Lic. Jesús González Schmall, quien explica claramente el porqué de las demandas ciudadanas.

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Denuncia Monreal al gobierno por ceder petróleo a EU

Advirte Monreal posible intento de ceder petróleo a EU

Ricardo Monreal advirtió que el gobierno panista estaría violando la constitución al ceder petróleo a Estados Unidos. El PAN ocultó su decisión de no explotar un yacimiento transfronterizo y así permitir el llamdo “efecto popote”.

Del SDP

Nuevamente surge el tema petrolero, cuando el senador Ricardo Monreal, ahora del Partido del Trabajo (PT), señaló que se podría dar una violación constitucional de intentarse ceder el petróleo a los Estados Unidos: "Como lo afirmamos nosotros, que fuimos los únicos que nos opusimos a la reforma energética, fue simple y sencillamente un engaño el que no habría privatización alguna. Cuando vemos esta información, que necesitamos confirmar, de que Estados Unidos tiene parte del territorio para explotación del petróleo se viola la Constitución", señaló.
Monreal afirmó que los titulares de Pemex, Jesús Reyes Heroles, y la secretaria de Energía, Georgina Kessel, toleran la violación a la Carta Magna.
Posteriormete destacó. "hay una violación absurda contra la Carta Magna y amerita incluso la posibilidad de interponer juicio político contra los funcionarios involucrados".
El diario El Universal dio a conocer que el gobierno panista tomó la decisión de no explorar ni explotar por lo que resta del sexenio el lado mexicano del yacimiento transfronterizo conocido como "Área perdido", considerado como uno de los más prometedores--con un potencial de 8 mil millones de barriles de petróleo--y que este yacimiento sí será explotado por la trasnacional petrolera Chevron.
La decisión del gobierno calderonista de no explotar este yacimiento debido a una supuesta alta dificultad para explotarlo se tomó desde 2007, pero la decisión se mantuvo bajo reserva para "no entorpecer" los debates sobre la reforma energética. Aún así, Calderón ordenó que se gastaran cientos de millones de pesos para promover la idea de que se pretendía ir por el "tesoro escondido en aguas profundas" por radio y televisión. La realidad fue que Calderón nunca tuvo la intención de ir por ese "tesoro" en particular.
Cabe señalar que el PAN promovió la idea de que de no aprobarse la reforma privatizadora de Pemex, se daría el "efecto popote", en el que Estados Unidos extraería petróleo mexicano de yacimientos transfronterizos. Esto es exactamente lo que ocurrirá al ceder el gobierno mexicano el yacimiento transfronterizo "Área perdida" para que lo opera Chevron desde el lado americano. Es decir, el PAN pretendió asustar a la población con algo que de todos modos iban a permitir con o sin reforma energética.

Reforma energética: se afianza la inversión privada

Autor: Yenise Tinoco

Con la aprobación de la reforma energética, Calderón y sus colaboradores lograron el objetivo planteado desde 2006: concesionar a empresas privadas bloques en el Golfo de México para exploración y explotación. En la nueva Ley de Pemex se mantiene la adjudicación directa en contratos, “uno de los principales males de la petrolera”, según especialistas. Además, la paraestatal pagará la deuda total de Pidiregas: 1.2 billones de pesos
Bajo el argumento de que el gobierno federal no tiene recursos para invertir en Petróleos Mexicanos (Pemex), prevaleció la apertura a los privados en las siete iniciativas aprobadas por el Congreso de la Unión. Se legalizó la concesión de bloques a particulares para explorar y explotar en territorio y aguas nacionales, como ya sucede en la Cuenca de Burgos y Chicontepec, dice Mario Di Costanzo, especialista económico.
El 23 y 28 de octubre, el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, aprobaron casi por unanimidad la reforma energética, con la que se expiden cuatro nuevos cuerpos normativos: Ley de Petróleos Mexicanos; Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Además, se reforma y adiciona: la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el ramo de petróleo; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
Di Costanzo dice que dentro de la reforma energética se aprobó la asignación de bloques para la exploración y extracción del petróleo. Las concesiones de áreas en el Golfo de México pueden darse de tal manera que se le entreguen a una misma empresa varios espacios cuyo tamaño promedio es de la extensión del estado de Tlaxcala o Colima.
Para el especialista, se estaría generando “un Telmex marino”, es decir, una sola compañía extraería “una buena cantidad de petróleo”, sin contar con que la exploración la debe hacer Pemex, por considerar que es información estratégica que no debe pasar a manos privadas.
Fabio Barbosa Cano, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice que desde 2006 el equipo de transición del entonces presidente electo, Felipe Calderón, planeó dividir el Golfo de México en bloques para su exploración y explotación.
Barbosa Cano sostiene, en su estudio Perspectivas de la producción petrolera 2007-2012, que el equipo de transición de Calderón dividió las aguas territoriales en 239 bloques para ser licitados y explotados, en lo que llaman “alianzas estratégicas con empresas privadas”.
El investigador considera que si el gobierno federal pensara en el contrato tradicional de servicios, ¿por qué dividir el Golfo de México en bloques? Se está tratando de legalizar el esquema de contratos de servicios múltiples.
Agrega que los funcionarios de la paraestatal aseguran que con el nuevo esquema de contratación no se contempla entregar territorios, sino dar concesiones de bloques de producción y exploración de crudo, hasta por 20 años, tiempo estimado de vida productiva de los pozos petroleros. “Cuando termine la autorización se regresará el campo vacío”.
Pemex desmantelado
Francisco Garaicochea, ingeniero petrolero y coordinador del Grupo de Ingenieros Pemex-Constitución de 1917, considera que la reforma aprobada no tiene grandes beneficios para Pemex ni para la sociedad en general. Se le dará más presupuesto, pero durante años la paraestatal fue desmantelada en su capacidad de análisis, ejecución y diseño.
Además, dice, se le permite a Pemex contratar proyectos que no están económicamente bien justificados, como es el caso de Chicontepec, donde las empresas que están trabajando son Schlumberger, Weatherford y Halliburton, las tres de capital extranjero.
Garaicochea sostiene que su agrupación ha demostrado que en la explotación de Chicontepec, encargada a las tres trasnacionales, Pemex pierde alrededor de 2 mil 372 millones de pesos semestralmente.
Rolando Cordera, coordinador de asesores del Frente Amplio Progresista (FAP), considera que la reforma abre la posibilidad de planear mejor el desempeño de Pemex, ya que se establece como mandato tener más transparencia en sus actividades.
Agrega que el Consejo de Administración tendría que revisar la forma en que actualmente funciona Pemex con sus subsidiarias y examinar la posibilidad de desarrollar una industria integrada, es decir, que todas las partes respondan a una misma línea de mando y planificación de mediano y largo plazo.
De acuerdo con la nueva Ley, el Consejo estará formado por 15 integrantes: seis representantes del Estado y cuatro consejeros profesionales, designados por el ejecutivo federal, éstos últimos ratificados por el Senado, y cinco trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Contratos de riesgo y participación
Cordera considera que se avanzó en el régimen de contratos, cerrando el paso a los de riesgo y similares. Agrega que distintas personalidades pretendían que se plasmara la prohibición expresa de no otorgar áreas exclusivas de exploración.
“El hecho de que no esté prohibido expresamente, no quiere decir que esté permitido; ésa es una interpretación muy laxa del derecho público, que indica que lo que no está establecido, no está permitido en el caso del Estado”, expone.
Mario Di Costanzo considera que no se eliminó la posibilidad de entregar contratos por adjudicación directa, así como firmar contratos de riesgo y de servicios múltiples. Sí se prohíbe que se pague con un porcentaje del petróleo, pero no queda muy claro ni está cerrada la posibilidad de que sea en función del valor de la producción.
El artículo 60, fracción IV, dice: “Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo, por lo que en ningún caso podrá pactarse como pago, por los servicios que se presten a las obras que se ejecuten, un porcentaje de la producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados o de las utilidades de la entidad contratante”.
El 28 de octubre pasado, Andrés Manuel López Obrador expuso ante los integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados la necesidad de incluir una séptima fracción al artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, donde se incorporara la prohibición expresa de entregar áreas o bloques del territorio o aguas nacionales para exploración y explotación, en exclusiva, a compañías nacionales o extranjeras. Las minutas no tuvieron ningún cambio, fueron aprobadas tal y como las envió el Senado.
José Ascensión Orihuela Bárcenas, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, considera que las 12 palabras que exigía López Obrador se incluyeran en la reforma no eran necesarias. Lo califica como un montaje. “Es más un escenario de protagonismo. No tienen ninguna importancia ni jurídica ni estratégica para Pemex y menos la posibilidad de que con esas palabras se pueda evitar la posible violación de la Ley”.
Manuel Barquín, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explica que los contratos de participación existen desde hace décadas, los suscritos durante el gobierno de Miguel Alemán eran leoninos y no favorecían al interés nacional, no por ser de riesgo, sino porque las compañías recibían un beneficio excesivo, convirtiéndolas casi en concesionarias.
A decir del jurista, cuando Pemex celebra contratos de perforación –que siempre han existido– no son de riesgo ni de participación, sino de servicios. Y considera que no está fuera de la ley concesionar bloques, ya que es sólo circunscribir el ámbito del contrato; es un dato técnico que nada tiene que ver con la soberanía nacional. “Es un problema técnico, no político”.
Sin grandes avances
Rolando Cordera dice que dentro de la reforma se logró que todos los contratos se liciten y sólo en determinados casos se dé por asignación directa o licitación restringida.
En el artículo 54 de la Ley de Pemex se estipula: “Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como las obras y servicios relacionados con las mismas, se efectuarán, por regla general, a través de licitaciones públicas (…) Cuando, por excepción, las licitaciones públicas no sean idóneas para asegurar las mejores condiciones mencionadas en el párrafo anterior, las contrataciones podrán llevarse a cabo por medio de procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa”.
Francisco Garaicochea considera que no se lograron grandes avances con la reforma energética, ya que no se cerró la puerta a la asignación directa de contratos, la integración de Pemex, la eliminación de los precios de transferencia y la autonomía de gestión, que se maneja como un triunfo por algunos sectores.
Agrega que sólo se le dio mayor flexibilidad a la paraestatal para otorgar contratos; sin embargo, la entrega de éstos es uno de los principales focos de corrupción que minan a Pemex.
El especialista dice que la falta de capacidad operativa y técnica de Pemex ocasiona que las compañías privadas sean las más beneficiadas con la renta petrolera. “Éstas proponen dónde y cuándo perforar, cómo deben ser terminados los pozos y hasta cuánto hay que invertir. El objetivo de las trasnacionales es maximizar el valor económico de sus inversiones, mientras que el de una empresa pública debe ser maximizar la recuperación de hidrocarburos”.
Ingenieros petroleros
Garaicochea dice que desde hace años Pemex no contrata ingenieros petroleros. En la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la compañía Schlumberger tiene un cubículo de reclutamiento, desde donde identifica a los estudiantes destacados y les ofrece contratarlos antes de terminar su carrera.
Agrega que Halliburton y Marronjackson siguen los pasos de la trasnacional de origen francés, ya que a la paraestatal no le interesa usufructuar el recurso humano tan valioso con el que cuenta México.
Bonos ciudadanos
Mario Di Costanzo considera que los bonos ciudadanos son una forma más de privatizar la renta petrolera, ya que tienen características de acciones, pues pagarán un rendimiento en función de las utilidades de Pemex.
En la Ley de Petróleos Mexicanos, en su artículo 47 dice: “Los bonos ciudadanos a que se refiere el presente apartado tendrán como finalidad poner a disposición de los mexicanos, de manera directa, los beneficios de la riqueza petrolera nacional.
“Las contraprestaciones que se consignen en los bonos ciudadanos por ningún motivo y en ningún caso otorgarán o concederán a sus tenedores derechos corporativos, ni sobre la propiedad, control o patrimonio de Petróleos Mexicanos”.
En el artículo 48 de la citada Ley se estipula que los tenedores de bonos contarán con la información oportuna sobre la veracidad, suficiencia y racionalidad de la documentación presentada ante el Consejo de Administración o procesada por el mismo, así como de las políticas y resultados de la paraestatal.
Además, se creará la figura de comisario, nombrado por el Ejecutivo Federal, que se encargará de velar por los intereses de los tenedores de bonos y elaborar un reporte sobre la información arriba citada.
Di Costanzo califica de absurdo que en la Ley se estipule que dichos bonos no otorgarán derechos corporativos ni patrimoniales sobre Pemex; pero que exista un comisario en el Consejo de Administración que vele por los intereses de los tenedores.
“La figura del comisario existe en Estados Unidos cuando la gente tiene acciones en una empresa. Pemex es una empresa de los mexicanos, no tiene porque haber dos clases de mexicanos, los que no tienen bonos y los que tienen bonos. Y una persona que les esté cuidando su inversión dentro de la paraestatal”, dice.
Agrega que se puede dar un acaparamiento de bonos, pese a la prohibición expresa de que éstos no van a poder ser adquiridos por casas de bolsa, situación que se puede violentar con la creación de fideicomisos, generando concentración de la renta petrolera en manos privadas.
Pemex, explica, va a poder emitir el 0.5 por ciento de su deuda. Antes de asumir los pasivos de los Pidiregas (Proyectos de Impacto Diferido en el Gasto), sólo iba a poder emitir entre 25 y 50 mil millones de pesos de bonos; pero con una mayor deuda se corre el riesgo de que la paraestatal se convierta en una emisora de bonos.
Problema fiscal
Di Costanzo califica de error el cargar a Pemex la deuda adquirida en Pidiregas, que asciende a 1.2 billones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. La propuesta ciudadana, presentada por intelectuales, sugería que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), asumiera dicho adeudo.
Agrega que el principal problema de Pemex es fiscal y presupuestario; una gran carga fiscal, pocos recursos para su expansión y corrupción en las inversiones. En los últimos años, la paraestatal asignó la mayoría de sus recursos a la producción de petróleo –80 por ciento–, dejando de lado la exploración y ocasionando disminución en las reservas probadas.
El legislador Ascensión Orihuela dice que la nueva Ley de Pemex otorga a la paraestatal autonomía presupuestaria y de gestión para que pueda manejar su deuda y celebrar contratos de obra y de prestación de servicios con particulares en las áreas no exclusivas.
Sin embargo, Di Costanzo expone que Pemex no puede tener autonomía presupuestaria, ya que es una empresa pública que no puede actuar al margen del presupuesto. Siempre va a estar de alguna manera subordinada a los techos de endeudamiento que le apruebe la SHCP.
En el artículo 45 de la Ley de Pemex se estipula que la SHCP aprobará, a propuesta de Pemex, lineamientos respecto de las características de su endeudamiento, de acuerdo con la estrategia de financiamiento del gobierno federal.
En la propuesta de los intelectuales se planteaba que se le quitara a la paraestatal el control completo que ejerce la Secretaría de Hacienda, para que dicha dependencia no asuma las decisiones que le corresponde tomar a Pemex. Además, de dejarle los recursos suficientes para funcionar de manera óptima. “No que todo cambie para que al final todo quede igual”, dice Di Costanzo.
El especialista explica que en la Ley de Pemex se estableció un régimen de transición para que en un periodo no mayor de cuatro años la paraestatal sea disminuida en su carga fiscal total. Pero indica que dicha acción debe estar acompañada de reformas tributarias en otros sectores de la economía, para que cuando llegue el momento el gobierno no se quede sin ingresos.
De acuerdo con la nueva norma, a partir de que Pemex cumpla, a juicio del Ejecutivo federal, las metas establecidas en el plan de negocios, podrá emplear hasta el 50 por ciento de sus excedentes o hasta 12 mil 500 millones de pesos. El siguiente año sería 62.5 por ciento o 14 mil millones de pesos (lo que resulte mayor); hasta poder hacer uso del 75 por ciento o 15 mil millones de pesos para incrementar su gasto de inversión.
Aguas profundas
En las reformas y adiciones en la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo petrolero, se establece, en su artículo primero, que son yacimientos transfronterizos los que se encuentren dentro de la jurisdicción nacional y tengan continuidad física fuera de ella. También aquellos fuera de la jurisdicción nacional, compartidos con otros países de acuerdo con los tratados en que México sea parte o bajo lo dispuesto en la Convención sobre Derechos del Mar de las Naciones Unidas.
Fabio Barbosa explica que no se han detectado yacimientos transfronterizos, aunque precisa que hay estructuras geológicas transfronterizas. Sólo se habla de descubrimiento en el momento que la barrena rompe las formaciones productoras, se saca una muestra y se constata que ésta contiene hidrocarburos.
Estados Unidos, dice, ha realizado 36 perforaciones en aguas profundas en el Golfo de México, una de éstas se ubica cerca de la frontera con México, a 6 kilómetros, pero se encuentra a una profundidad tal que no existe tecnología para explotar a esa profundidad.
El investigador sostiene que las 36 perforaciones se empezaron a realizar hace ocho años; hoy, ninguna está en operación. “La inversión está parada, no se cosechó un solo dólar, porque los problemas de tecnología no están resueltos”.
Francisco Garaicocha afirma que el sector energético estadunidense está suspendiendo los proyectos de exploración y explotación en aguas profundas, reduciendo los planes a los campos que considera tienen una rentabilidad asegurada, y Pemex pretende incursionar en aguas profundas sin tener certeza de nada.
Agrega que todavía hay mucho que hacer en el territorio, el litoral, la cuenca del sureste, en aguas someras y en recuperación mejorada. Por lo que no existe ningún argumento sólido para justificar que Pemex esté invirtiendo tanto en Chicontepec como en aguas profundas del Golfo de México.
El especialista expone que en el Golfo de México se tienen arrendadas ocho plataformas de perforación para aguas profundas. El costo promedio diario de cada una de éstas es de 500 mil dólares. Los resultados hasta ahora no son importantes. El costo de descubrimiento de un barril es de alrededor de 10 dólares.
No es una reforma integral
Antonio Soto Sánchez, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, considera que no se cerró la posibilidad de entregar contratos a una sola empresa, lo que no permite que sea una reforma integral ni nacionalista.
En la reforma, dice, se debió legislar para que Pemex avanzara más en nuevos proyectos en petroquímica básica y secundaria, que no se contemplan de manera precisa y profunda en la nueva Ley.
Soto considera que a partir de 2009, la paraestatal tendrá más recursos para inversión. Contará con un nuevo régimen fiscal donde tienen mayores ingresos, ya que pagará menos derechos por explotación de hidrocarburos.
El diputado Ascensión Orihuela considera que Pemex podrá restablecer en el corto plazo –cinco o seis años– sus posibilidades de inversión y restituir las reservas de petróleo que el país necesita para mantener su plataforma de producción de petróleo.
Para el legislador de extracción priista, contar con una plataforma de producción de petróleo garantiza la seguridad energética del país, así como la certeza de contar con recursos para financiar todo lo que se requiere en obras: atención social, construcción de carreteras, hospitales y escuelas, y todos los compromisos que el gobierno hace con la sociedad.
Orihuela asegura que no le falta nada a la reforma energética, y quien considera lo contrario y dice que ésta es pequeña es porque piensan que Pemex se debería privatizar.
El diputado sostiene que el Estado mexicano tiene la capacidad y posibilidad de financiar la construcción de refinerías, ductos y almacenamiento, ya sea a través de Afore (administradoras de fondos para el retiro), dinero público o créditos de otras características.

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Hoy entra en vigor nueva legislación petrolera

Andrea Becerril

El presidente Felipe Calderón publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación las siete minutas con modificaciones a diez leyes que conforman la llamada reforma energética, por lo que la nueva legislación para Petróleos Mexicanos (Pemex) entra en vigor este sábado.

Así, un mes después de que la Cámara de Diputados aprobó la minuta proveniente del Senado –el pasado 28 de octubre– el Ejecutivo promulgó la reforma. Con ello se cierra un controvertido proceso legislativo, que se prolongó durante seis meses e incluyó la toma de las tribunas de ambas cámaras por integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), la realización de foros de discusión en los que participaron intelectuales, académicos, técnicos y expertos en la materia, y una serie de protestas del movimiento en defensa del petróleo, que encabezó Andrés Manuel López Obrador.

Las iniciativas presentadas por Calderón el pasado 8 de abril en la Cámara de Diputados, en las que se planteaba la privatización de la refinación, transporte y distribución de petróleo, contratos sin licitación e incluso secretos, con incentivos para las empresas extranjeras en perforación y producción, fue modificada a fondo y meses después se aprobó un texto que recogió gran parte de la propuesta que presentó en agosto el FAP y otros elementos del proyecto del PRI.

Sin embargo, el FAP también se dividió, pues buena parte de los legisladores y la dirigencia perredista consideraron un triunfo haberle quitado gran parte de la intención privatizadora a la reforma, pero PT, Convergencia y senadores del PRD afines a López Obrador votaron en contra de las siete minutas, porque no incluyeron la demanda del movimiento en defensa del petróleo de establecer en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional la prohibición expresa de otorgar a contratistas bloques y áreas exclusivas para la exploración y explotación de hidrocarburos.

La controversia acompañó hasta el final a esa reforma, ya que se aprobó el pasado 23 de octubre, en una sede alterna del Senado, el edificio de la Torre del Caballito, vigilado por cientos de elementos de la Policía Federal Preventiva, con el propio secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a cargo de resguardar la puerta del habilitado salón de sesiones, para impedir las protestas.

Un operativo similar se dio en la Cámara de Diputados el 28 de octubre, donde se aprobaron sin cambios las modificaciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo, a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, al Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la expedición de cuatro nuevas leyes: la de Pemex, la del aprovechamiento de energías renovables y de financimiento de la transición energética, la del aprovechamiento sustentable de la energía y la de la comisión nacional de hidrocarburos.

Un peligro latente

JENARO VILLAMIL

"Los embates para privatizar Pemex son cíclicos y no han desaparecido", sentencia Francisco Rojas, quien fue director de la paraestatal durante ocho años y actualmente preside la Fundación Colosio, órgano ideológico del PRI.Al hacer un balance de la reciente reforma petrolera, defiende la diversidad de posiciones en el interior de su partido y señala que "no hay dueños de la reforma ni hay dueños del PRI".
Integrante de la corriente opositora a la apertura privada en las áreas de refinación, petroquímica, ductos y transporte, Rojas considera que aún persiste el riesgo de que se generen "de forma subrepticia contratos de riesgo, ligados al costo y obviamente a la disminución de la renta petrolera".Contrapunto de las posiciones de Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía en el Senado, y de Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores priistas y quien presentó la iniciativa del tricolor el pasado 23 de julio, Francisco Rojas enuncia como puntos dudosos de la reforma los siguientes:"La indefinición respecto a los contratos de servicios incentivados, que pueden convertirse en una forma subrepticia de contratos de riesgo, ligados al costo y obviamente a la disminución de la renta petrolera. El exceso de órganos reguladores, con las atribuciones y la burocracia aumentadas que pueden convertirse en un yugo adicional al control de la Secretaría de Hacienda respecto a la empresa e impedirle trabajar. (Y) la liberalidad con la que Pemex podría darse las normas respecto a obras, servicios y adquisiciones".Para Rojas, persiste el riesgo de que se genere un sistema de "contratismo dirigido" en la paraestatal. "Hay que cuidar mucho que las empresas no se aprovechen de las cláusulas de innovación tecnológica para impulsar contratos de riesgo", advierte.En entrevista con Proceso, afirma que lo mejor de la reforma petrolera es, paradójicamente, lo que no se incluyó en el dictamen: "la privatización, la legalización de los contratos de riesgo por la vía de los contratos de servicios múltiples y por la vía de los contratos de administración de ductos"."Por fin se tuvo que reconocer que Pemex tiene recursos propios para encabezar la modernización", puntualiza.
-Sin embargo, se permitirá la inversión privada en áreas que antes estaban vedadas, como exploración y perforación -se le insiste.
-Evidentemente, el asunto no es la participación de la iniciativa privada sino que no se compartiera la renta petrolera. La iniciativa privada siempre ha sido bienvenida en Pemex. Lo que no podemos aceptar es que la iniciativa privada asuma funciones de control empresarial de Pemex.
-¿Se logró la autonomía de Petróleos Mexicanos frente a la Secretaría de Hacienda?
-Es evidente la sujeción de la paraestatal a Hacienda. La conclusión que a mí me parece clarísima es que se requiere una reforma fiscal que ya es inaplazable, que ojalá tengamos la capacidad y la conciencia de proponer una reforma fiscal que dé los ingresos suficientes y que se eliminen los gastos superficiales.
-¿No basta lo anunciado por el presidente de la República para que Hacienda asuma la deuda de Pidiregas y se permita un superávit fiscal de Pemex?
-No, porque es injusto. Efectivamente, se le dan a la empresa ciertas facilidades. Se le da autonomía de operación, pero con una serie de candados. Uno de ellos, fundamental, es que se condiciona a que el superávit fiscal de Pemex sea igual al déficit fiscal del gobierno.
Advierte que junto con la reforma fiscal son necesarias otras medidas tras la aprobación de la reforma legal. Entre esas medidas, señala, está la de "vigilar que los escasos recursos no se desvíen hacia las intenciones siempre manifiestas de favorecer a las grandes empresas".
Rojas ejemplifica con el caso de Chicontepec, en el que la paraestatal ha licitado a favor de varias empresas privadas.
Ese proyecto "está resultando un fracaso y los costos son mayores que los ingresos", señala. "Tenemos que estar muy pendientes de que se impulsen las energías alternativas de una forma ordenada, regulada", abunda.
-¿Ve correcta la integración del nuevo Consejo de Administración de Pemex? ¿Garantizan la autonomía de gestión los cuatro consejeros profesionales?
-Hay que ver que estos cuatro consejeros sean realmente autónomos. Creo que la integración es una fórmula adecuada, permite tener un buen gobierno corporativo, pero insisto en que lo mejor es que esos consejeros ayuden a que la empresa opere con mayor autonomía y no con mayor burocracia.
Los "clichés"
Rojas no niega su vínculo y amistad con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Lo que sí rechaza es que él represente los intereses del exmandatario o que desde el sexenio salinista se haya emprendido la privatización de la paraestatal, que Rojas dirigió de 1987 a 1994."No hagamos clichés de las cosas. Dicen que la privatización de Pemex empezó con Salinas. Yo soy testigo de que la privatización no se inició en ese período. Está claro que entonces (desde) un sector del gobierno no permitimos la apertura del sector petrolero durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Había fuerzas empujando hacia los dos lados: una privatizadora, encabezada por los negociadores del tratado, y otra que defendía el control del Estado sobre la paraestatal. Y se tuvo que hacer un ejercicio de síntesis", sostiene.Subraya que la oposición a la apertura de Pemex logró cinco candados energéticos en la negociación del TLC: "no a la garantía de abasto (que pedía Estados Unidos), no a los contratos de riesgo, no a la libre importación de petrolíferos y gas, no a las gasolinas extranjeras"."En esos cinco no está la reivindicación de la soberanía petrolera", puntualiza el exdirector de Pemex y secretario de la Contraloría durante el gobierno de Miguel de la Madrid.
-Sin embargo, se señala que la creación de las subsidiarias de Pemex, que usted operó, fue el inicio de la privatización.
-Eso es mentira. Las subsidiarias se crearon como una medida de control administrativo. No se trataba de crear unidades de negocios autónomas, sino de permitir una mayor racionalidad.
Rojas va más allá y considera que las mismas demandas de apertura privada que se plantearon en el gobierno de Salinas son las mismas que se expresaron ahora, en el gobierno de Calderón, al plantear la reforma energética."Periódicamente ha habido estos embates privatizadores. Antes fue con el TLC y ahora con los contratos de riesgo", destaca."Lo mejor de esta reforma es que no hubo privatización: se prohibieron los contratos de riesgo, de producción compartida; se incorporarán cuatro consejeros profesionales ratificados por el Senado; se acorta el período para que Pemex pueda disponer al cien por ciento de sus disponibilidades; 'aparecieron' recursos propios para construir una refinería. Se hizo evidente que uno de los problemas centrales es la sujeción de la política energética a los requerimientos financieros de Hacienda y la necesidad de una reforma fiscal inaplazable", abunda.
Bueno Torio: visión privatizadora
Con puntos de vista contrapuestos a los expresados por el priista Francisco Rojas, el senador panista Juan Bueno Torio, partidario de la privatización, considera que "esta reforma no resuelve el problema del país para dejar de importar petrolíferos, ni en el corto ni en el mediano plazo". El legislador advierte: "Si no entran otros a ayudar a Pemex a construir las refinerías, México seguirá importando gasolinas y turbosinas para abastecer la demanda del mercado nacional".Director de Pemex-Refinación durante el sexenio de Vicente Fox, integrante del grupo de seis senadores del PAN que elaboró el primer borrador de la reforma petrolera, Bueno Torio no oculta su frustración por no haber logrado la apertura a la inversión privada en el área de refinación, uno de los rubros más polémicos que finalmente no fue aceptado ni por el PRI ni por los partidos del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia).
"La reforma que aprobamos está muy bien, pero sí nos faltó el transporte por ductos de particulares y la refinación para acelerar el proceso de inversión en este tipo de infraestructura que le hace muchísima falta al país y que Pemex lo puede hacer sólo en muchos años, pero hoy lo que no tenemos es tiempo. Necesitamos acelerar este proceso para dejar de depender del exterior", sintetiza.El legislador de origen veracruzano hace cuentas: se necesitan construir tres refinerías como Tula para dejar de importar los 370 mil barriles diarios de petrolíferos que se importan actualmente y, al mismo tiempo, hace falta reconfigurar las refinerías de Salamanca, Salina Cruz y Tula. El costo de la construcción de tres nuevas refinerías sería de 20 mil millones de dólares, en tanto que el de la reconfiguración de las existentes sería de 6 mil millones de dólares (2 mil millones para Salina Cruz, 2 mil 500 para Tula y mil 500 para Salamanca).
-Cuando usted estuvo al frente de Pemex-Refinación ya se había hecho ese cálculo. ¿Qué sucedió?
-Ya se había hecho, pero no había dinero.
-¿Aun cuando existieran los altos excedentes petroleros?-Eso se iba al Fondo de Existencia Regulador del Petróleo, que ahora va a servir para reponer los ingresos que no recibamos por la diferencia de entre 70 y 44 dólares por barril de petróleo. El ahorro que hicimos todos esos años ahí está, para que con la caída de los precios del crudo no se reduzca el presupuesto para lo que el país necesita.
-¿Qué sucedió con la propuesta de abrir la inversión privada en refinación?
-Todavía hasta la última semana seguimos defendiendo esta posición como grupo panista en la Comisión de Energía. Seguíamos planteando la alternativa de que vinieran más actores a invertir en el desarrollo de la refinación. El país requiere duplicar la capacidad de proceso de crudo en los próximos 12 años y eso implica, además de reconfigurar tres refinerías, construir una nueva que ya se va a empezar por instrucciones del presidente.
-¿El anuncio de la construcción de una refinería no fue el resultado de la negociación entre el presidente y el PRD?
-No. El presidente lo anunció desde marzo. Ahí anunció que se iba a construir.
-Pero el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, advirtió que ese anuncio fue una de las condiciones para evitar la privatización.
-Hay quienes quieren justificar un triunfo político en esta circunstancia. Yo pienso que todos están perdiendo el tiempo. A final de cuentas, esto fue un triunfo del Congreso. Nos pusimos de acuerdo todas las fuerzas políticas.
-¿Fue muy delicado el tema de la refinación?
-Eso quedó claro desde el primer foro de debate. El PRI fijó su posición y dijo que no iba con la refinación ni con los ductos; también el PRD. Sólo el PAN y el Partido Verde dijimos que para incrementar la capacidad de ejecución de Pemex, habríamos de ayudarnos con inversión de los particulares en este tipo de sectores. Pero las otras fuerzas políticas no quisieron acompañar estas propuestas.
-Se argumentó que estas propuestas eran anticonstitucionales.
-¡No es anticonstitucional! Hubo una serie de confusiones, que si estábamos entregando parte de la renta petrolera... Como se estaba planteando era un proceso de maquila en refinación o de transporte de producto por ductos con una rentabilidad por el capital invertido en esas plantas, algo muy lejano a compartir la renta petrolera. Finalmente, esos argumentos se impusieron a la hora de votar por mayoría esa reforma. Si el PRD y el PRI no la querían, no nos alcanzaban los votos.
-¿Seguirá el modelo de la refinería Deek Park?
-Ese sigue. La pregunta es por qué no podemos hacer el modelo Deek Park en México, por qué empecinarnos en que la riqueza se siga generando en otros países y no en el nuestro, cuando es evidente que Pemex-Refinación no va a poder construir las refinerías que necesitamos para abastecer nuestro mercado nacional.
-¿Ni aun cuando la Secretaría de Hacienda modifique su política fiscal hacia Pemex?
-Ni con eso le va a alcanzar a Pemex para construir las refinerías que requiere.
-¿Por qué?
-Primero porque es más rentable para Pemex invertir en producir crudo que en producir petrolíferos. La rentabilidad del crudo es 15 veces mayor que la rentabilidad en refinación.
La refinación te da entre 15 y 20 por ciento más de utilidades sobre la inversión que se haga.
-¿Aún hay interés en invertir en refinación aunque sea baja la ganancia?
-Es muy buena rentabilidad para cualquier empresa.
Pero para la nación mexicana es más rentable invertir en sacar crudo que en refinarlo. No se olvide que estamos en un escenario de estrechez presupuestal por la caída de ingresos del petróleo y por la caída de ingresos tributarios debida a la desaceleración económica, que quién sabe cuántos años va a durar.
Esa es la realidad del país."Seguiremos importando. Seguiremos utilizando los dólares del crudo que exportamos para importar gasolina o productos refinados que atiendan la demanda nacional. Esa es nuestra desgracia porque no nos pusimos de acuerdo en el Congreso".

Permiso para el saqueo

Marcos Chávez

15 Noviembre 2008

primera de dos partes

La mayoría del Congreso superó las expectativas. Es cierto que de momento no entregó la propiedad petrolera a la corrupción, el saqueo y la voracidad destructora del capital privado nacional y foráneo. Lo hará gradualmente, a plazos, lejos del escrutinio público, bajo el amparo de la "autonomía" de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la protección de la opacidad de leyes secundarias anticonstitucionales. A cambio, los legisladores no sólo aceptaron repartir y dilapidar la renta petrolera, como el Cristo lo hizo con los panes, también entregaron a los hombres de presa todas las fases de la industria de hidrocarburos, desde la exploración hasta la refinación y la petroquímica. Y, por si no fuera suficiente, añadieron en el paquete el resto de la industria energética, la eléctrica, la nuclear y las alternativas.

Algún día, cuando los mexicanos derrumben a sus déspotas e impongan la democracia participativa y el estado de derecho, esos gobernantes y los congresistas tendrán que ser sometidos a juicio político y sancionados penalmente por su felonía a la nación.

El nuevo y feroz clima de linchamiento promovido desde el poder –Ejecutivo, Legislativo, la iglesia, los medios de comunicación y los hombres de presa, además de los nuevos aliados del sistema incrustados dentro de las filas del Partido de la "Revolución Democrática" (PRD)– y por diversos analistas de la derecha, "independientes", de "izquierda" o "democráticos" en contra de Andrés Manuel López Obrador y el movimiento que encabeza, ha evitado deliberadamente ofrecer una respuesta clara, documentada, detallada y contundente del problema central: ¿el paquete de reformas aprobado por el Congreso es o no reprivatizador de la industria petrolera? ¿Es la respuesta esperada para fortalecerla y recuperarla para el desarrollo nacional socialmente incluyente?

Sólo de esa manera podrá demostrarse públicamente si esas leyes son o no reprivatizadoras. Si se demuestra fehacientemente que no lo son, entonces evidenciarán rotundamente cuán equivocados están los opositores a los cambios aprobados. Más aún, desenmascararán los fines "aviesos" que supuestamente motivan la lucha política de López Obrador, por demás legítima en un país cuyos gobernantes autoritarios y a láteres publicitan como "democrático". Una acción de esa naturaleza desmontaría la pretendida farsa montada por Andrés Manuel. Sin embargo, no ha sido así; por el contrario, "como Fuente Obejuna, todos a una", la vocinglería ha optado por desviar la atención social a través del rabioso descrédito de ese movimiento.

En estas notas trataré de demostrar que la razón asiste a los opositores a la reprivatización.

El antropólogo Alberto Aziz Nassif dice que "resulta desconcertante que (…) López Obrador se vaya escurriendo para quedar en un perfil que es incapaz de reconocer cuando gana una batalla. La paradoja es que, mientras Calderón proclama un triunfo con una reforma que fue la de su opositor, López Obrador no acepta que ha ganado su proyecto. Difícilmente se podrá indicar que con esta reforma no hay un triunfo de la parte que encabezó López Obrador. Saber ganar es parte de la responsabilidad necesaria para mantener la credibilidad". Carlos Navarrete afirma que es una "victoria del PRD". Graco Ramírez añade: "Yo no entiendo cómo una gran victoria se quiere convertir en derrota y el derrotado (Felipe Calderón) dice que es una victoria, francamente éste es el mundo al revés. Andrés Manuel debería estar celebrando, porque no es así como lo señala él, es un despropósito lo que está señalando". Después se baña en incienso y agrega que "no soy traidor, nunca he traicionado mis convicciones. En la reforma no hay ninguna traición; tengo la dignidad y la conciencia limpia". Ya veremos que tan pulcra la tiene. Asesores del Frente Amplio Progresista, como Rolando Cordera, sostienen que se conjuraron los riesgos evidentes de la privatización. Cuauhtémoc Cárdenas dice que "fue lo mejor que pudo pasarle a Pemex en este momento". Pablo Gómez, cuya firma legitimó las nuevas leyes, reconoce después de los acontecimientos que el movimiento de López Obrador tiene razón. Felipe Calderón reivindica la reforma como iniciativa suya, mejorada y enriquecida. La considera como un "logro histórico" donde "ganamos todos", y felicita a los perredistas y demás legisladores por su "patriotismo" y su "visión y altura de miras". Gracias a ellos, Pemex "será más transparente, rendirá mejores cuentas a los mexicanos, tendrá mecanismos más eficaces para combatir la corrupción, se podrá "detonar el crecimiento y el desarrollo del país y habrá más recursos para obras sociales".

¿Realmente se logró evitar la reprivatización petrolera? ¿La elite neoliberal mordió el polvo de la derrota, o es fracaso de los opositores y la nación? ¿La actitud de Calderón es un gesto histriónico donde aparenta la insólita dignidad republicana del "derrotado", una peculiar dialéctica con la que trata de convertir su frustración en un éxito, al decir que "ganamos todos", por medio del "consenso"? ¿De ahora en adelante los Francisco Labastida, el sindicato petrolero, los directivos de Pemex y los hombres de presa ya no podrán seguir saqueando y enriqueciéndose impunemente a costa de Pemex, amparados por el sistema? ¿En un guiño "patriótico", Manlio Fabio Beltrones desechó su tentación reprivatizadora, a costa de sacrificar sus ambiciones principescas, o las fortaleció traicionando a la nación, presentándose ante la elite dominante como el priista confiable para el retorno de su partido al gobierno, el que asegurará la continuidad neoliberal ante la derrota de los panistas en 2012? ¿Graco (el legítimo debe de estar furioso en su tumba), la "nueva izquierda" –encabezada por los chuchos– Guadalupe Acosta, la patética Ruth Zavaleta, René Arce, David Mendoza y demás aceptaron la ingrata inmolación, el ser señalados como traidores, con tal de envolverse en la bandera para salvar a la nación, a costa de su descrédito, o simplemente cumplieron con su papel asignado por el sistema para asegurar la reprivatización y apoderarse del PRD para sabotear la candidatura presidencial de López Obrador? ¿Valió la pena la traición? ¿Cárdenas tiene razón o su resentimiento en contra de Andrés Manuel, que lo desplazó como líder de una parte de la izquierda, optó por traicionar la memoria de quien le rinde culto anualmente? ¿Por qué los intentos de ruptura de acuerdos en el Congreso por parte de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) y su precipitación para aprobar los "patrióticos" dictámenes sin discusión, violentando el proceso legislativo, profundizando la crisis institucional, agravando la legitimidad del Congreso con su servilismo ante el Ejecutivo y los hombres de presa, pisoteando la Constitución y los intereses nacionales? ¿Por qué no pidió la restauración de la legalidad, se renunció y se castigó penalmente a Reyes Heroles, Kessel y otros promotores de la reprivatización, cómplices de los turbios manejos de Pemex y en su lugar se propusieron funcionarios íntegros (si es que existen)? Es claro que el capo di tutti i capi es en este momento Felipe Calderón. ¿Por qué no se cancelaron los contratos privados existentes, se revisaron escrupulosamente y se aplicó el derecho?

¿"Ganamos todos"? ¿O realmente quién ganó y quién perdió?

Pareciera ser que los actores involucrados dieron un esquizofrénico y dialéctico salto mortal, como los griegos Protágoras y Sócrates (en el Protágoras de Platón). El derrotado se transfiguró en triunfador y el ganador en el vencido.

Si el dilema era reprivatizar o no a la industria petrolera, las apariencias indicarían la derrota del bloque dominante. Calderón Hinojosa quería la reprivatización. Ante la movilización social, él y la elite recularon, afinaron la estrategia para tratar de engañar a la población y darle la vuelta a la Constitución. Con Manlio Fabio, presentaron una nueva propuesta que introdujo gradual y silenciosamente la reprivatización en el Caballo de Troya de las leyes secundarias. El proceso era lógico: descuartizar a Pemex, repartir el despojo de la renta petrolera con los hombres de presa a través de los contratos y los "bonos ciudadanos"; otorgar al gobierno y a los directivos de Pemex la patente de corso con la opaca "autonomía" de Pemex y sus filiales –similar a la del Banco de México–, para que, alejados del escrutinio público, ocultaran la desnacionalización, la corrupción, el arbitrario reparto de la renta entre los amigos, las familias y los empresarios locales y foráneos; y, finalmente, reprivatizar por partes la industria bajo el argumento de que ya no es estratégica, siguiendo la experiencia destructora enseñada por Miguel de la Madrid, Carlos Salinas o Ernesto Zedillo.

Explícitamente, panistas, priistas, los traidores perredistas y demás congresistas no se atrevieron a cambiar los artículos 27 y 28 constitucionales, que prohíben las concesiones y los contratos en materia petrolera, así como el manejo exclusivo del Estado sobre el energético. Pero como diría Manuel Bartlett: si están pensando que "es una reforma diferente a la de Felipe Calderón, o se equivocan o no lo quieren ver. La iniciativa de Calderón Hinojosa y la de Manlio Fabio era ampliar las modalidades de contratos; lo lograrán con ese vació legal, que permitirá asignar áreas exclusivas a corporaciones extranjeras". El argumento de que los cambios no son reprivatizadores es "completamente falaz: hay un gobierno de derecha que viola la ley y lo seguirá haciendo, porque la nueva ley le permite interpretar artículos y disposiciones para la privatización. No cabe la ingenuidad", concluye Bartlett.

Tiene razón, la reprivatización ya está inconstitucionalmente sancionada en las leyes secundarias. Lo que se aprobó no fue una reforma, fue la "contrarreforma": la traición a la nación. Es cierto que los depredadores empresarios mexicanos y las trasnacionales querían legalmente la propiedad, los yacimientos, toda la industria petrolera. En eso fallaron los siervos del Congreso. Defraudaron sus voraces apetitos. Sin embargo, como consolación, les aseguraron lo prometido por Calderón-Beltrones. Ello explica la precipitada convocatoria de Carlos Morales, de Pemex Exploración y Producción, para invertir en el sector. No se convertirán, de momento, en propietarios, pero sus servicios serán generosamente remunerados. Georgina Kessel, de Energía, dice que no habrá contratos regionales de exclusividad, pero acepta que, por razones prácticas, sí se darán zonas específicas de exploración y producción a cada inversionista. Quizá para evitar que, como diría el pueblo, alguien quiera agandallarse. Jesús Reyes Heroles, de Pemex, hace cuentas alegres: en 2008, el presupuesto de 22 mil millones de pesos (MMDP) para 2009 será de 24 MMDP: poca cosa para una "patriótica reforma". Luego añade que en los próximos dos o tres años estaríamos hablando del doble en el gasto exploratorio. En unos nueve o 12 meses se tendría el primer contrato con los incentivos, destinados a aumentar la participación privada en tareas de exploración y extracción de crudo. Es decir, lo contrario que dice la Constitución. ¿Cuánto de ese presupuesto será repartido entre los empresarios? Reyes no dijo nada al respecto. ¿No que estaban tácitamente prohibidos los bloques y los contratos de riesgo e incentivados como dijeron perredistas y asesores del FAP? Jaime Brito, de la firma consultora PFC Energy (Washington), dice que los empresarios estudiarán las leyes, seguramente para meterse por los resquicios legales reprivatizadores concedidos por los congresistas.

Si Bartlett se refiere a "vacío legal", el hecho de que los cambios no se impusieron en la Constitución, tiene razón. Por como veremos, en las leyes secundarias no hay vacíos ni resquicios. Alguien dijo que se dejaron muchas "rendijas" o "ambigüedades" a la reprivatización. En realidad, todo está claro. Abrieron las puertas y ventanas. Jaime Brito no tendrá que estudiar mucho las leyes.

¿Qué fue lo que aprobaron los legisladores? En la siguiente entrega daremos los detalles de la reprivatización.

Revista Contralínea / México / Fecha de publicación: 15 de Noviembre de 2008 | Año 7 | No. 114

Permiso para el saqueo

Permiso para el saqueo

Autor: Marcos Chávez

primera de dos partes

La mayoría del Congreso superó las expectativas. Es cierto que de momento no entregó la propiedad petrolera a la corrupción, el saqueo y la voracidad destructora del capital privado nacional y foráneo. Lo hará gradualmente, a plazos, lejos del escrutinio público, bajo el amparo de la “autonomía” de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la protección de la opacidad de leyes secundarias anticonstitucionales. A cambio, los legisladores no sólo aceptaron repartir y dilapidar la renta petrolera, como el Cristo lo hizo con los panes, también entregaron a los hombres de presa todas las fases de la industria de hidrocarburos, desde la exploración hasta la refinación y la petroquímica. Y, por si no fuera suficiente, añadieron en el paquete el resto de la industria energética, la eléctrica, la nuclear y las alternativas.
Algún día, cuando los mexicanos derrumben a sus déspotas e impongan la democracia participativa y el estado de derecho, esos gobernantes y los congresistas tendrán que ser sometidos a juicio político y sancionados penalmente por su felonía a la nación.
El nuevo y feroz clima de linchamiento promovido desde el poder –Ejecutivo, Legislativo, la iglesia, los medios de comunicación y los hombres de presa, además de los nuevos aliados del sistema incrustados dentro de las filas del Partido de la “Revolución Democrática” (PRD)– y por diversos analistas de la derecha, “independientes”, de “izquierda” o “democráticos” en contra de Andrés Manuel López Obrador y el movimiento que encabeza, ha evitado deliberadamente ofrecer una respuesta clara, documentada, detallada y contundente del problema central: ¿el paquete de reformas aprobado por el Congreso es o no reprivatizador de la industria petrolera? ¿Es la respuesta esperada para fortalecerla y recuperarla para el desarrollo nacional socialmente incluyente?
Sólo de esa manera podrá demostrarse públicamente si esas leyes son o no reprivatizadoras. Si se demuestra fehacientemente que no lo son, entonces evidenciarán rotundamente cuán equivocados están los opositores a los cambios aprobados. Más aún, desenmascararán los fines “aviesos” que supuestamente motivan la lucha política de López Obrador, por demás legítima en un país cuyos gobernantes autoritarios y a láteres publicitan como “democrático”. Una acción de esa naturaleza desmontaría la pretendida farsa montada por Andrés Manuel. Sin embargo, no ha sido así; por el contrario, “como Fuente Obejuna, todos a una”, la vocinglería ha optado por desviar la atención social a través del rabioso descrédito de ese movimiento.
En estas notas trataré de demostrar que la razón asiste a los opositores a la reprivatización.
El antropólogo Alberto Aziz Nassif dice que “resulta desconcertante que (…) López Obrador se vaya escurriendo para quedar en un perfil que es incapaz de reconocer cuando gana una batalla. La paradoja es que, mientras Calderón proclama un triunfo con una reforma que fue la de su opositor, López Obrador no acepta que ha ganado su proyecto. Difícilmente se podrá indicar que con esta reforma no hay un triunfo de la parte que encabezó López Obrador. Saber ganar es parte de la responsabilidad necesaria para mantener la credibilidad”. Carlos Navarrete afirma que es una “victoria del PRD”. Graco Ramírez añade: “Yo no entiendo cómo una gran victoria se quiere convertir en derrota y el derrotado (Felipe Calderón) dice que es una victoria, francamente éste es el mundo al revés. Andrés Manuel debería estar celebrando, porque no es así como lo señala él, es un despropósito lo que está señalando”. Después se baña en incienso y agrega que “no soy traidor, nunca he traicionado mis convicciones. En la reforma no hay ninguna traición; tengo la dignidad y la conciencia limpia”. Ya veremos que tan pulcra la tiene. Asesores del Frente Amplio Progresista, como Rolando Cordera, sostienen que se conjuraron los riesgos evidentes de la privatización. Cuauhtémoc Cárdenas dice que “fue lo mejor que pudo pasarle a Pemex en este momento”. Pablo Gómez, cuya firma legitimó las nuevas leyes, reconoce después de los acontecimientos que el movimiento de López Obrador tiene razón. Felipe Calderón reivindica la reforma como iniciativa suya, mejorada y enriquecida. La considera como un “logro histórico” donde “ganamos todos”, y felicita a los perredistas y demás legisladores por su “patriotismo” y su “visión y altura de miras”. Gracias a ellos, Pemex “será más transparente, rendirá mejores cuentas a los mexicanos, tendrá mecanismos más eficaces para combatir la corrupción, se podrá “detonar el crecimiento y el desarrollo del país y habrá más recursos para obras sociales”.
¿Realmente se logró evitar la reprivatización petrolera? ¿La elite neoliberal mordió el polvo de la derrota, o es fracaso de los opositores y la nación? ¿La actitud de Calderón es un gesto histriónico donde aparenta la insólita dignidad republicana del “derrotado”, una peculiar dialéctica con la que trata de convertir su frustración en un éxito, al decir que “ganamos todos”, por medio del “consenso”? ¿De ahora en adelante los Francisco Labastida, el sindicato petrolero, los directivos de Pemex y los hombres de presa ya no podrán seguir saqueando y enriqueciéndose impunemente a costa de Pemex, amparados por el sistema? ¿En un guiño “patriótico”, Manlio Fabio Beltrones desechó su tentación reprivatizadora, a costa de sacrificar sus ambiciones principescas, o las fortaleció traicionando a la nación, presentándose ante la elite dominante como el priista confiable para el retorno de su partido al gobierno, el que asegurará la continuidad neoliberal ante la derrota de los panistas en 2012? ¿Graco (el legítimo debe de estar furioso en su tumba), la “nueva izquierda” –encabezada por los chuchos– Guadalupe Acosta, la patética Ruth Zavaleta, René Arce, David Mendoza y demás aceptaron la ingrata inmolación, el ser señalados como traidores, con tal de envolverse en la bandera para salvar a la nación, a costa de su descrédito, o simplemente cumplieron con su papel asignado por el sistema para asegurar la reprivatización y apoderarse del PRD para sabotear la candidatura presidencial de López Obrador? ¿Valió la pena la traición? ¿Cárdenas tiene razón o su resentimiento en contra de Andrés Manuel, que lo desplazó como líder de una parte de la izquierda, optó por traicionar la memoria de quien le rinde culto anualmente? ¿Por qué los intentos de ruptura de acuerdos en el Congreso por parte de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) y su precipitación para aprobar los “patrióticos” dictámenes sin discusión, violentando el proceso legislativo, profundizando la crisis institucional, agravando la legitimidad del Congreso con su servilismo ante el Ejecutivo y los hombres de presa, pisoteando la Constitución y los intereses nacionales? ¿Por qué no pidió la restauración de la legalidad, se renunció y se castigó penalmente a Reyes Heroles, Kessel y otros promotores de la reprivatización, cómplices de los turbios manejos de Pemex y en su lugar se propusieron funcionarios íntegros (si es que existen)? Es claro que el capo di tutti i capi es en este momento Felipe Calderón. ¿Por qué no se cancelaron los contratos privados existentes, se revisaron escrupulosamente y se aplicó el derecho?
¿“Ganamos todos”? ¿O realmente quién ganó y quién perdió?
Pareciera ser que los actores involucrados dieron un esquizofrénico y dialéctico salto mortal, como los griegos Protágoras y Sócrates (en el Protágoras de Platón). El derrotado se transfiguró en triunfador y el ganador en el vencido.
Si el dilema era reprivatizar o no a la industria petrolera, las apariencias indicarían la derrota del bloque dominante. Calderón Hinojosa quería la reprivatización. Ante la movilización social, él y la elite recularon, afinaron la estrategia para tratar de engañar a la población y darle la vuelta a la Constitución. Con Manlio Fabio, presentaron una nueva propuesta que introdujo gradual y silenciosamente la reprivatización en el Caballo de Troya de las leyes secundarias. El proceso era lógico: descuartizar a Pemex, repartir el despojo de la renta petrolera con los hombres de presa a través de los contratos y los “bonos ciudadanos”; otorgar al gobierno y a los directivos de Pemex la patente de corso con la opaca “autonomía” de Pemex y sus filiales –similar a la del Banco de México–, para que, alejados del escrutinio público, ocultaran la desnacionalización, la corrupción, el arbitrario reparto de la renta entre los amigos, las familias y los empresarios locales y foráneos; y, finalmente, reprivatizar por partes la industria bajo el argumento de que ya no es estratégica, siguiendo la experiencia destructora enseñada por Miguel de la Madrid, Carlos Salinas o Ernesto Zedillo.
Explícitamente, panistas, priistas, los traidores perredistas y demás congresistas no se atrevieron a cambiar los artículos 27 y 28 constitucionales, que prohíben las concesiones y los contratos en materia petrolera, así como el manejo exclusivo del Estado sobre el energético. Pero como diría Manuel Bartlett: si están pensando que “es una reforma diferente a la de Felipe Calderón, o se equivocan o no lo quieren ver. La iniciativa de Calderón Hinojosa y la de Manlio Fabio era ampliar las modalidades de contratos; lo lograrán con ese vació legal, que permitirá asignar áreas exclusivas a corporaciones extranjeras”. El argumento de que los cambios no son reprivatizadores es “completamente falaz: hay un gobierno de derecha que viola la ley y lo seguirá haciendo, porque la nueva ley le permite interpretar artículos y disposiciones para la privatización. No cabe la ingenuidad”, concluye Bartlett.
Tiene razón, la reprivatización ya está inconstitucionalmente sancionada en las leyes secundarias. Lo que se aprobó no fue una reforma, fue la “contrarreforma”: la traición a la nación. Es cierto que los depredadores empresarios mexicanos y las trasnacionales querían legalmente la propiedad, los yacimientos, toda la industria petrolera. En eso fallaron los siervos del Congreso. Defraudaron sus voraces apetitos. Sin embargo, como consolación, les aseguraron lo prometido por Calderón-Beltrones. Ello explica la precipitada convocatoria de Carlos Morales, de Pemex Exploración y Producción, para invertir en el sector. No se convertirán, de momento, en propietarios, pero sus servicios serán generosamente remunerados. Georgina Kessel, de Energía, dice que no habrá contratos regionales de exclusividad, pero acepta que, por razones prácticas, sí se darán zonas específicas de exploración y producción a cada inversionista. Quizá para evitar que, como diría el pueblo, alguien quiera agandallarse. Jesús Reyes Heroles, de Pemex, hace cuentas alegres: en 2008, el presupuesto de 22 mil millones de pesos (MMDP) para 2009 será de 24 MMDP: poca cosa para una “patriótica reforma”. Luego añade que en los próximos dos o tres años estaríamos hablando del doble en el gasto exploratorio. En unos nueve o 12 meses se tendría el primer contrato con los incentivos, destinados a aumentar la participación privada en tareas de exploración y extracción de crudo. Es decir, lo contrario que dice la Constitución. ¿Cuánto de ese presupuesto será repartido entre los empresarios? Reyes no dijo nada al respecto. ¿No que estaban tácitamente prohibidos los bloques y los contratos de riesgo e incentivados como dijeron perredistas y asesores del FAP? Jaime Brito, de la firma consultora PFC Energy (Washington), dice que los empresarios estudiarán las leyes, seguramente para meterse por los resquicios legales reprivatizadores concedidos por los congresistas.
Si Bartlett se refiere a “vacío legal”, el hecho de que los cambios no se impusieron en la Constitución, tiene razón. Por como veremos, en las leyes secundarias no hay vacíos ni resquicios. Alguien dijo que se dejaron muchas “rendijas” o “ambigüedades” a la reprivatización. En realidad, todo está claro. Abrieron las puertas y ventanas. Jaime Brito no tendrá que estudiar mucho las leyes.
¿Qué fue lo que aprobaron los legisladores? En la siguiente entrega daremos los detalles de la reprivatización.

La batalla por PEMEX

La reforma energética vista por un trabajador petrolero mexicano

Kristin Bricker
Narco News

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

El Congreso mexicano aprobó ligeras reformas al monopolio petrolero de propiedad estatal PEMEX a fines de octubre de 2008. Aunque los detalles de las reformas aún no han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación del Gobierno hay detalles que se han filtrado a los medios.
La mayor reforma de la que se habla hasta ahora asigna bloques específicos del Golfo de México a compañías privadas para que perforen y exploren. Se ha permitido que compañías privadas exploren y perforen durante años en el Golfo de México, pero es la primera vez en la que se les otorgan derechos exclusivos a bloques específicos. Era de una las partes más controvertidas de las nuevas leyes, y el líder opositor Andrés Manuel López Obrador llamó a que se utilice lenguaje que prohíba específicamente que el gobierno asigne bloques exclusivos a compañías privadas. Ve esta práctica como un paso inicial hacia la mayor privatización de la industria petrolera de México. Sin embargo, la Secretaria de Energía, Georgina Kessel, arguyó: “a los contratistas se les darán áreas específicas para que puedan dedicarse a trabajar y realizar las actividades requeridas, ‘porque de otra forma no sería posible que si se está perforando un pozo en un lugar en lo particular, y otra compañía viene a perforar exactamente en el mismo lugar, entonces es imposible poder tener a un contratista perforando en una determinada área con esa situación’".

Otras reformas importantes son la adición de 4 miembros independientes al consejo de directores de la compañía y de bonificaciones para compañías que terminen proyectos antes de plan o entreguen tecnología a PEMEX.

Las reformas provocaron reacciones poco entusiastas de la industria privada internacional del petróleo, que esperaba cambios arrolladores en el sector mexicano de la energía.

Las nuevas leyes representan un revés menor para el presidente Felipe Calderón y su Partido de Acción Nacional (PAN), que pidió la privatización de PEMEX en abril. Calderón quería permitir a las compañías privadas que construyeran y poseyeran refinerías y transportaran petróleo. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) apoyó los esfuerzos del PAN pero se negó a calificar de “privatización” la reforma propuesta durante una temporada electoral.

A pesar del revés, los legisladores prometen que continuarán con la campaña por privatizar PEMEX, lo que requeriría cambios constitucionales. El senador Carlos Lozano del PRI declaró a Reuters: “Los cambios constitucionales no forman parte de nuestra agenda ahora mismo. Es una agenda trienal.”

La comunidad de los negocios parece estar de acuerdo en que aunque las nuevas leyes no cambian gran cosa, la lucha por privatizar PEMEX no ha terminado. “Lo que han aprobado es sólo una afirmación del status quo,” dijo el analista energético George Baker. “Son un marcador de posición para verdaderas reformas orientadas al mercado.”

En una cosa está de acuerdo todo el país y es que PEMEX necesita urgentemente una reforma; el problema es qué tipo de reforma. La infraestructura de PEMEX tiene en promedio 25 años. La capacidad de refinación de PEMEX es gravemente insuficiente. La producción general ha caído por los menos en un 10% durante el año pasado.

Laura Carlsen del Programa de las Américas del Centro para la Política Internacional argumenta que funcionarios del gobierno han saboteado a PEMEX para allanar el camino para la privatización:

Irónicamente, los mismos políticos que proponen la entrega de la refinación y otras operaciones de PEMEX a compañías extranjeras, son los responsables, al menos en parte, de la actual incapacidad de la paraestatal. Lo que todos los informes no mencionan es que gran parte del deterioro de PEMEX se fue dando bajo el régimen del mismo partido político que hoy alega que la única manera de salvar a la empresa es dar en contratación operaciones al sector privado. Calderón se desempeñó como Secretario de Energía en la administración de Vicente Fox de 2003 a 2004. Los gobiernos del PAN se han mantenido en el poder por casi ocho años, durante los cuales PEMEX superó su marca de ventas debido a los elevados precios internacionales del petróleo. ¿Por qué ese dinero no fue reinvertido en la compañía petrolera con vistas a evitar la crisis actual?

El desangramiento de PEMEX fue una decisión consciente política y administrativa tomada por dos razones. En primer término, los fondos trasegados del gigante petrolero enmascararon el verdadero estado de la economía mexicana. La Secretaría de Hacienda utilizó el ingreso de PEMEX, especialmente las inesperadas ganancias de los últimos años a las que no se fijó destino en el presupuesto aprobado por el congreso, como una caja chica. Gran parte de este dinero sirvió para saldar deuda extranjera. Una parte desapareció en la corrupción como en el caso PEMEXgate, en el que se desviaron fondos para financiar la candidatura presidencial del PRI. Y el resto se acabó en proyectos favoritos de la presidencia. Regímenes sucesivos fueron despojando a PEMEX para fines políticos, con poca o ninguna rendición de cuentas al congreso o al pueblo mexicano.

En segundo lugar, los administradores neoliberales buscaron intencionalmente crear un panorama desolador de la empresa paraestatal a fin de que prosperara su ya ardua defensa de una privatización. Sólo presentando un escenario apocalíptico podían esperar que se aprobaran las reformas legislativas claves con respecto a la industria petrolera que finalmente satisfarían los objetivos para la reforma estructural concebida por el Banco Mundial, el gobierno de EE.UU. y los dirigentes neoliberales de México.

La batalla por PEMEX está lejos de haber terminado. La energía es un componente central de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte [ASPAN-SPP], que es dirigida por un grupo de treinta corporaciones – incluidas Chevron Texaco, Sunoco, y ExxonMobil. La ASPAN llama a la integración energética norteamericana. Otras corporaciones tras la ASPAN incluyen a varias compañías de transportes a las que sin duda se les hace agua la boca ante la perspectiva de abrir el transporte petrolero en México al sector privado a través de la reforma energética de Calderón.

Estos protagonistas corporativos y neoliberales no disminuirán su presión para privatizar el petróleo de México, y tampoco lo harán las fuerzas conservadoras en México. La retórica de los partidos políticos sobre la reforma energética ha sido intencionalmente poco clara porque diferentes participantes claman por beneficios financieros y políticos. Justo antes de que el Congreso mexicano considerara las nuevas reformas, Narco News se reunió con Eduardo Gomezcaña Morales, ex trabajador de PEMEX y actualmente economista para la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, A. C. (UNTCIP A.C.), un sindicato de trabajadores de PEMEX, para comprender lo que está realmente en juego en el actual debate sobre el futuro de las reservas petrolíferas de México.

Narco News: ¿Puede explicar la situación actual de PEMEX? ¿Qué partes de la industria petrolera de México ya han sido privatizadas y cuáles siguen siendo de dominio público?

Gomezcaña Morales: Surge la inquietud sobre lo que significa la “privatización”. Para eso tendríamos que remitirnos a un diccionario. Privatización es convertir en privado lo que ha sido monopolizado por el Estado, por lo que se conoce como público. Dadas las circunstancias en PEMEX desde 1973 se han venido privatizando algunas partes sustantivas de la industria petrolera. ¿Por qué marcamos 1973 como la etapa inicial? Porque México se convirtió en exportador de crudo antes de esta fecha, antes de 1974 específicamente. México generaba petróleo para su beneficio interno, para consumo interno. A raíz de que EE.UU. ya no recibía el petróleo que le vendían los árabes, y del pico en EE.UU. que se dio en 1970, EE.UU. se vio en la necesidad de golpear a los países pequeños, a los países subdesarrollados, a los países del Sur, con el objeto de atraer el petróleo y la producción que tienen de ese mismo producto. Entonces, en 1974, comienza la sobreproducción en México para vendérsela a EE.UU. Ya no con fines estratégicos sino con fines comerciales. Esto inició el proceso de privatización.

En los años subsiguientes vino el proceso de privatización de actividades sustantivas como los petroquímicos. La industria petroquímica fue la punta de lanza de la privatización.

Los gobiernos neoliberales, a partir de Carlos Salinas de Gotari, rompieron la clasificación de los petroquímicos en productos primarios y secundarios, lo que es una aberración porque en el mundo no existe esa clasificación. De modo que con esa nueva clasificación, en 1985 dieciséis productos petroquímicos fueron clasificados como secundarios con el objetivo de evadir la Constitución mexicana. La Constitución decía que será potestad del Estado la regulación de los productos primarios derivados del petróleo. Así que los convierten en secundarios para que comiencen a elaborarlos las iniciativas privadas. Como no les funciona, al siguiente año clasifican 32 más y como no les funciona convierten en S.A. algunas petroquímicas anómalamente lo que genera un movimiento de resistencia por los años ochenta y tanto a mitad de ese decenio. Ese movimiento de resistencia lo detiene y vuelven las actividades a Petróleos Mexicanos pero sin una reestructuración. Se compran unas plantas que ahora mismo están en obsolescencia e incluso algunas plantas que no se han utilizado hasta la fecha. Se quedaron intactas después de que fueron instaladas. No se les dio mantenimiento, no se les dio seguimiento – ni uso. Lo que provocó el gobierno neoliberal fue que México se convirtiera en importador de productos petroquímicos.

Después de esto viene el proceso de privatización del gas natural. En una primera etapa, con los petroquímicos básicos que, según la empresa clasifica, está el gas. El transporte por gasoducto se lo concesionan a particulares. Los gasoductos, como lo sabemos los petroleros en cualquier parte del mundo, requieren una protección rigorosa. Por ejemplo, requieren mantenimiento, requieren ‘pigging’ [inspección especializada y eliminación de residuos del interior del gasoducto] – actividades que no están haciendo las compañías privadas que recibieron las concesiones. De modo que estas compañías cobran por entregar el producto, pero no le dan el mantenimiento a los tubos. Esto es para el gas. Porque los otros ductos que van acompañando al poliducto tenemos que darles mantenimiento los mexicanos. Realmente es como un regalo que le estamos haciendo a la iniciativa privada. Después viene la concesión de meter el gas doméstico hacia las casas a empresas francesas, a empresas españolas, primero en Ciudad de México y subsecuentemente en otras ciudades como Guadalajara y Monterey, y van avanzando paulatinamente.

Con esto ellos modificaron el Artículo 27 de la Constitución con el efecto de que la iniciativa privada pudiera comercializar los productos derivados del gas. Pero gobiernos como el de Fox ya son más cínicos y ni siquiera como decimos en México le tapan el ojo al macho, ellos comienzan a generar cínicamente actividades que van a ir a manos de las transnacionales, no solamente de la iniciativa privada nacional, sino a manos de las internacionales. Fox lanza una licitación pública en el año 2000 a efecto de explorar, explotar y comercializar el gas natural de nuestro país, específicamente en la Cuenca de Burgos, que es un nuevo yacimiento que se encontró. Nosotros tenemos demandada a Repsol, por este caso, contratos derivados también están demandados. Se trata de un proceso claro de privatización. Quieren engañar a México y al mundo entero diciendo que esto no es una explotación cuando ellos lo sacan del subsuelo, y lo llaman un desarrollo. Ellos lo están comercializando. Hay un contrato que se acaba de denunciar públicamente por el cual Repsol quiere venderle gas a Perú, y es el gas de nuestra Cuenca de Burgos.

Entonces, a todas luces, el proceso privatizador se ha dado dentro de la industria petrolera y actualmente Calderón se inscribe en el mismo patrón. Calderón está promoviendo una privatización para justificar todas las anomalías que han hecho los gobiernos anteriores para que se legalice todo ese proceso, para borrar el error. Pero ya está hecho así como el daño que nos han hecho a los mexicanos. Entonces, Calderón pretende también con esto, por el lado laboral, despedir a 30.000 trabajadores de la industria petrolera con un proyecto que está lanzando ahorita llamado Proyecto SUMA [1] Ahora mismo tenemos una plantilla de 140.000, y quieren despedir a 30.000.

Narco News: ¿Puede explicar el papel del Partido de la Revolución Democrática de centroizquierda en el debate?

Gomezcaña Morales: El problema de nuestro país es que el PAN y el PRI (que fue el anterior gobierno antes del PAN) tienen actualmente la mayoría en la Cámara y estamos dependiendo de que el PRI pueda ser el que detone que se acepte o no se acepte la privatización que propone Felipe Calderón.

El PRD trae una propuesta nacionalista. Hay un problema partidista muy fuerte ahí con ellos. El PRD trae un divisionismo muy fuerte porque por un lado como que lo quiere cooptar el gobierno, se temía que ellos pudieran votar a favor de la privatización; los diputados que son del PRD, que son de parte de ellos.

Sin embargo, es muy difícil que se dé esto. El PRD en bloque va por un proceso nacionalista. Andrés Manuel López Obrador encabeza actualmente el movimiento en defensa del petróleo, independientemente de sus desatinos y de sus desvaríos o la burbuja política que existe a su alrededor; es el único que ha tenido el acierto de hacer una movilización social que es la movilización más fuerte que hay en nuestro país en defensa de la nacionalización del petróleo. Esto lo está haciendo al margen del PRD. El PRD supuestamente tiene un proyecto con el FAP (Frente Amplio Progresista, una coalición de partidos de centroizquierda), pero López Obrador va caminando por su cuenta y con los seguidores que tiene. Pero es la única forma de resistencia que existe en nuestro país, la única forma de resistencia que existe actualmente, la que está planteando Andrés Manuel López Obrador.

En torno al petróleo la propuesta es buena, pero es la propuesta de López Obrador, más que del PRD. Si la propuesta del PRD en suma, junto con los otros dos partidos del FAP – Partido de Convergencia y el Partido del Trabajo – es una propuesta que incluso no supera la de Andrés Manuel, y si las sumamos en conjunto es la única forma de avanzar. El pueblo de México se ha sumado a esa propuesta y está esperanzado de que pueda parar la privatización.

Nosotros colaboramos con parte de la propuesta que hacen ellos; independientemente de que nosotros seamos apartidistas entregamos algunas propuestas a ellos: es que todo sea parte del Estado. Es parte de nuestra propuesta y participar en estos foros como el Plan Puebla-Panamá, la defensa contra el Plan Puebla-Panamá, es precisamente que sean áreas estratégicas y que no sean áreas de servicios, que no sean áreas comercializables. La energía debe ser garante del desarrollo del país. La energía debe ser parte de un propósito estratégico nacional. No tenemos por qué utilizarla como un recurso que tiene que venderse, es un recurso para hacer crecer a nuestra propia nación. En ese sentido van todas las propuestas que se han hecho técnicamente. Van desde la producción primaria, desde la exploración hasta la comercialización. No tiene que haber manos extranjeras. Toda la propuesta global tiene ese sentido. Que la petroquímica se recupere, que la exploración tenga recursos, que el mantenimiento de las instalaciones tenga el presupuesto suficiente para poder salir adelante, que la refinación crezca.

Hay un engaño en nuestro país. Los medios electrónicos, la televisión, el gobierno está atacando muy fuertemente diciendo: es que queremos refinerías. Si nosotros también las queremos. Ya están utilizando nuestra misma estrategia, desde una fecha específica. Al otro día comenzaron con una campaña utilizando las mismas palabras que nosotros. Nosotros también queremos refinerías, pero queremos refinerías de México. No queremos de la Shell, no queremos de Texaco en México. Me llama la atención que si observamos las gasolineras que existen en Guatemala, que existen en El Salvador, que existen en Honduras, no tienen las mínimas condiciones de seguridad como las que tenemos actualmente en México. ¿Eso por qué? Es porque en México ese recurso está bajo control del Estado.

Por ejemplo, no tienen señalizaciones en el piso. En México existe una recuperación de gases en cada toma de gasolina, entonces cuando llega un coche, le quitan el tapón, le insertan la válvula, existe un capuchón que evita que se escapen los gases y contaminen el medio ambiente. En ninguno de esos países de Centroamérica existe la recuperación de gases. La distancia que existe entre el tinaco en el que se almacena el producto y la bomba, por ejemplo, en Guatemala está lejísimo, lo que provoca contaminación. La señalización, la altura que deben tener los dispensarios de gasolina para que si un coche choca, no provoque algún derrame de gasolina, no existe. Hay producto tirado en todas las gasolineras, cosa que en México es sancionado. Son medidas de seguridad que no se están tomando. ¿Por qué? Porque Texaco no lo permite, porque Shell no lo permite, porque Exxon no lo permite, porque todas esas empresas están al margen de la legalidad de todo el país. Son empresas que tienen el poder de las transnacionales, el poder de EE.UU., el poder de las grandes potencias. Dadas esas circunstancias no vamos a poder hacer que se sujeten a las reglas.

Narco News: ¿Cómo está ligada la privatización de PEMEX al Plan Puebla-Panamá, conocido ahora como Proyecto Mesoamérica, y a la hegemonía de EE.UU.?

Gomezcaña Morales: Mira, yo creo que México es un laboratorio. Es una estrategia neoliberal que va más allá del Plan Puebla-Panamá, alias Proyecto Mesoamérica. México no es sólo Puebla y lo que está al sur de ese Estado. En todos los Estados existe privatización y lo quieren utilizar como ejemplo para aplicarla en todos los demás países. Si ellos logran avanzar en la petroquímica van a poder fregar a Costa Rica [3], si ellos logran privatizar las refinerías de México, sí van a poder insertar la refinería que tenían en Costa Rica. Es evidente que están haciendo experimentos.

En EE.UU., existe Deer Park, que es una refinería donde supuestamente PEMEX tiene una participación de un 50%. Hasta la fecha, en la memoria de labores de resultados de PEMEX no hay un solo quinto, no hay un solo dólar, no hay un solo centavo mexicano ni gringo donde nos beneficien a nosotros de esa inversión. Yo me imagino nada más, que Shell venga a construir una refinería en México, que México le entregue en el mismo país nuestro producto, y que ellos nos entreguen el producto elaborado a un precio de mercado internacional.

Ese experimento es el que quieren aplicar en todos los países centroamericanos. Por eso Fox insistió tanto en que se invirtiera ahora en una refinería en Costa Rica, porque es parte del Plan Puebla-Panamá. Así podrían replicar otros experimentos semejantes por todas partes.

Narco News: ¿Cómo responde usted a las declaraciones de políticos en los medios de que a México se le está acabando el petróleo, así que hay que privatizar PEMEX antes de que suceda?

Gomezcaña Morales: El pico del petróleo es una realidad. El pico del petróleo es la caída del petróleo. El pico mundial ya viene en este año. En México también lo estamos viviendo para 2009. México deja de producir petróleo. No encontramos más yacimientos.

El problema es que no hay proyectos alternativos. Los pocos proyectos alternativos que puedan existir para energías alternativas se los están dando a los extranjeros. Y en el caso de México, esto va inscrito en el Plan Puebla-Panamá, aquí en La Ventosa, en lugar de que sea la compañía [4] que tiene bajo su mando un recurso estratégico para la energía eléctrica, que tiene la responsabilidad de invertir en la energía eólica en La Ventosa, en nuestro viento – aunque suene abstracto – se le otorga a particulares extranjeros como es Repsol para que instale sus molinos de viento en esta zona. Obviamente las ganancias no van a ser para México, las ganancias son para ellos, porque se las van a llevar los muy rateros. Incluso Repsol no tiene la infraestructura para realizar estos proyectos, Repsol subcontrata a otras empresas a nivel mundial, lo mismo que Halliburton y le siguen otorgando proyectos a Repsol y a Halliburton porque son los consentidos de los gobiernos neoliberales, específicamente el de México.

En México sucede algo muy importante. En ningún país del mundo se aceptaría el conflicto de intereses que existe con el Secretario de Gobernación de México. Es el hijo chiquito de Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, tiene intereses clavados en las cuestiones energéticas de nuestro país. [5] Es español. Está promoviendo que en nuestro país inviertan los españoles. Ellos tienen intereses metidos, tienen las narizotas metidas aquí en México. Entonces, ése es el gran problema. [N. del T.: Entrevista realizada antes del accidente de aviación en el que falleció Mouriño]

Y el resumen es que existen dos proyectos completamente diferentes: el de nosotros los del Sur y los del Norte. Nosotros, los de abajo, y los poderosos. Los que defendemos todos nuestros recursos – uno de ellos es el petróleo – contra proyectos como el Plan Puebla-Panamá, y los que quieren lo nuestro.


NOTAS:

[1] El Proyecto SUMA es un plan amañado por EE.UU. y México para “sinergizar” las operaciones de PEMEX. La Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, A. C., dice que llevaría al despido de trabajadores y reduciría a PEMEX a una compañía que simplemente administra contratos y carteras de inversión en la industria petrolera mexicana. También eliminaría la Oficina Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de PEMEX, ostensiblemente para entregar el control de la ingeniería y desarrollo de proyectos al sector privado. El sindicato estima que entre 30.000 y 60.000 trabajadores serían despedidos según este proyecto.

[3] Costa Rica también tiene una compañía petrolera estatal, Recope.

[4] La electricidad también está nacionalizada en México bajo la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

[5] En 2002 y 2003, mientras trabajaba como asistente del entonces Secretario de Energía, Felipe Calderón,

Mouriño firmó por lo menos tres contratos de energía como representante oficial de la compañía mexicana de transportes de su padre Transportes Especializados Ivancar. Los contratos fueron por servicios suministrados a PEMEX. Andrés Manuel López Obrador, quien presentó los contratos a los medios, dijo: “Obtuvo contratos por millones de pesos otorgándolos directamente a fin de beneficiar los negocios de su familia.”

http://narcosphere.narconews.com/notebook/kristin-bricker/2008/11/battle-PEMEX-mexican-oil-worker-explains-energy-reform

Reforma perfectible - Hernández

Manuel Bartlett Díaz

Reforma impuesta

El Congreso mexicano aprobó la reforma energética impuesta por los países grandes consumidores de hidrocarburos, para introducir a sus empresas a los beneficios de la explotación de nuestro petróleo y a toda la industria petrolera.
Dicen bien Labastida, Beltrones, Gamboa con Calderón, es la reforma más importante desde la nacionalización; claro, es la reversión, la desnacionalización. Pasarán a la historia. Se privatizan los objetivos de Pemex para homologarla a una empresa privada: sacar más y más crudo, asociada a las transnacionales; exportar más para satisfacer necesidades ajenas; privatizan la estructura de Pemex al darle una autonomía por encima del Estado, en manos de cuatro “consejeros profesionales” que designarán entre el Ejecutivo y el Senado —ya sabemos quiénes—, que serán prácticamente propietarios del petróleo durante seis y 12 años; se privatizará toda la industria a través de contratos de exploración, explotación, operación; aseguran los intereses de los contratistas con la nueva ley, derechos extraordinarios y arbitraje internacional que sustraerá a la industria de la jurisdicción mexicana. Las empresas extranjeras ya están aquí ilegalmente, se legalizarán y se enseñorearán de nuestro país las que ya están listas, como lo han declarado, radiantes, Reyes Heroles, el hijo, y la señora Kessel.
La operación, astutamente planeada: acuerdo cupular previo, iniciativa privatizadora del Ejecutivo; debate forzado en el Senado; segunda iniciativa de Beltrones con cambios aparentes, mismos objetivos; concesiones menores en comisiones, sesiones aceleradas y aprobación en el Congreso. Insólito consenso de las antípodas. Campaña mediática mentirosa y desinformadora.
Calderón, triunfante, cumplió; los coordinadores del PRI se enconchan, dejan que la izquierda parlamentaria difunda su útil “triunfo”. Se suman intelectuales. Todos hermanados acuden a los medios que sólo se abren al unísono por mandato superior.
No se habla del petróleo ni de análisis de fondo, sino de victorias que se atribuyen unos y otros. Las baterías apuntan a quienes se atreven a disentir, esos alborotadores que no entienden las virtudes de negociar todo.
Aseguran que pudo haber sido peor, que detuvieron la privatización abierta. La verdad, ganaron los intereses transnacionales y sus patrones. Se perdió lo principal, la explotación exclusiva del Estado que ordena la Carta Magna. Lo aprobado es inconstitucional, pero la experiencia demuestra que el gobierno la utilizará de inmediato para continuar imponiendo la privatización de petróleo como lo hace en electricidad —hoy cerca de 50% en manos extranjeras—, violando impunemente la Constitución. Queda de manera ineludible la continuación de la lucha por nuestra soberanía conculcada, ningún retroceso es definitivo, el pueblo sabrá impedir la entrega y recuperar lo que le corresponde.
mbartlett_diaz@hotmail.com
Ex secretario de Estado