México SA
La Jornada
Carlos Fernández-Vega
Ni euforia financiera ni voto de confianza al nuevo presidente
Algo extraño sucede con los siempre puntuales barones del dinero (los mismos que metieron las manos hasta el fondo en el proceso electoral para rescatar a su candidato y llevarlo a buen puerto), porque pasan los días y aún no otorgan su "voto de confianza" ni manifiestan su "euforia financiera" por la decisión, a modo, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Qué falta de sensibilidad de estos prohombres de la democracia de la continuidad, porque han transcurrido tres días y nada, cuando en ocasiones anteriores tales manifestaciones fueron inmediatas y hasta brutales. Otros barones ya pronunciaron públicamente su beneplácito -los jerarcas católicos, con todo y bendición, entre los primeros- y por tercer día consecutivo le negaron el "voto de confianza" al nuevo gerente de la República S.A. (lo que no quiere decir que será permanente).
La consultoría financiera Vanguardia Investment (La Jornada, en su edición de ayer) advirtió que el descenso registrado en el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores indica "que los mercados financieros no están dando el voto de confianza a Felipe Calderón como presidente electo, sobre todo porque se esperaba que la calificación del Tribunal Electoral provocara una euforia financiera, como ocurrió hace seis años... Ni siquiera en los minutos y horas posteriores al fallo del TEPJF hubo un alza en la bolsa". Y ayer se mantuvo el descenso.
Por una parte, qué bueno que no lo hayan hecho, porque si la "euforia financiera" y el "voto de confianza" de los barones llegara a manifestarse con la misma pasión y calibre que cuando destaparon a Carlos Salinas de Gortari el 4 de octubre de 1987, entonces el país está frito y los mexicanos refritos, porque la "eufórica confianza" por ellos expresada en aquella ocasión hundió al mercado bursátil mexicano 15 días después, alentó el atraco de 350 mil pequeños inversionistas y profundizó la crisis económico-financiera del país. Y sólo hay que recordar cómo les agradeció esa "confianza".
En su momento, a Miguel de la Madrid los barones también le expresaron su "confianza" (euforia y voto incluidos), que derivó en el regreso parcial de las instituciones financieras expropiadas meses atrás por López Portillo, la autorización e impulso gubernamental de la banca paralela -las casas de bolsa y el mercado bursátil-, la política privatizadora, y esa suerte de padre del Fobaproa, el Ficorca, que por una casualidad de la vida estuvo a cargo de Ernesto Zedillo.
A este último le fue mejor que a Carlos Salinas, pero no mucho, porque su "destape" se dio tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio y en el marco de una severa crisis política y social, que desembocaría en el crack de las finanzas nacionales. Aún así, los barones no perdieron tiempo para manifestar su "voto de confianza" y organizar su "euforia financiera", la cual terminó en la panza del Fobaproa.
Entonces, mejor que ponderen su "voto de confianza", que calibren su "euforia financiera" y midan el alcance de su celebración por el nombramiento del nuevo gerente de su República S. A., que de cualquier suerte en la "continuidad" se quedarán con el pastel completo, como lo han hecho ("eufórica confianza" de por medio") desde hace cinco lustros.
¿Y cómo le fue a Vicente Fox? La crónica del momento, en las páginas de La Jornada: "en un ambiente de euforia por la tranquilidad de las elecciones en las que se definió la salida del PRI del poder presidencial, el tipo de cambio bajó a 9.35 pesos por dólar, mientras la Bolsa Mexicana de Valores alcanzaba su segunda alza más importante en el año, al ganar 6.12 por ciento... El presidente de la Asociación de Banqueros de México manifestó que los mercados están muy ´tranquilos y contentos´ por el cambio político que se expresó en las urnas. Fue una evolución pacífica que permitió la alternancia del poder de una manera pacífica, situación que reconocen inversionistas nacionales y extranjeros... Standard & Poor's consideró que la victoria de Fox ha cambiado de manera definitiva el panorama político de México" (3 de julio 2000).
No mucho, por lo visto, pero en medio de la "euforia", la "confianza" y el indicador bursátil al alza, Fox recibió su constancia como presidente electo y prometía: "no gobernaré con camarillas, ni para camarillas ni contra camarillas... En materia económica no tomaré ninguna decisión que atente contra los intereses de las mayorías; nada se hará sin consenso y mucho menos a espaldas de la voluntad de los mexicanos... A todos pido generosidad y apoyo para construir un México libre, donde la intolerancia no tenga cabida; sabré honrar mi compromiso de cambio para el bienestar de todos los mexicanos, por lo que no habrá una sola razón para volverse con nostalgia hacia el pasado" (2 de agosto 2000).
Y que se voltea.
Las rebanadas del pastel:
En el marco de la "continuidad", el presidente electo ya explicó en qué consiste su política de generación de empleo: "una de mis prioridades será lograr un acuerdo migratorio con Estados Unidos..."
PARECE QUE HICIERON UNA MALA INVERSIÓN.
viernes, septiembre 08, 2006
Una ley para el plan de la CND /II
Economía Moral
La Jornada
Julio Boltvinik
Consumado el golpe de Estado institucional, queda sólo la larga lucha
La economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía del "libre mercado": el alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda de pan, pero no resuelve el hambre de la gente
Como se preveía, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) defendieron sus intereses de clase y votaron por la derecha. En realidad, lo que ocurrió durante la farsa del martes 5 de septiembre, día negro para la historia de México, no fue la emisión de un dictamen referido a un juicio de impugnación, sino la emisión de un voto de calidad. Nuestra legislación autoriza a los magistrados de este tribunal a hacer prácticamente lo que quieran, ya que sus dictámenes son inatacables y definitivos (lo que los convierte en votos de calidad). Los análisis de los reporteros de La Jornada del miércoles 6, y los que Horacio Duarte presentó en el Zócalo ese mismo día (véase La Jornada del jueves 7), ilustran muchas de las inconsistencias y el cinismo de los magistrados, que lejos de actuar como jueces lo hicieron como militantes del PAN y se dedicaron a atacar a Andrés Manuel López Obrador: sostuvieron que no fueron la intervención descarada de Fox, ni la guerra sucia, ni la intervención del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), los factores que tuvieron impacto desfavorable en las preferencias por AMLO, sino su ausencia del primer debate y su "falta de respeto a las instituciones".
Miremos hacia delante, a la larga lucha por transformar el país, lo que incluye modificar a fondo nuestras propias conciencias y mentalidades, como señaló Andrés Manuel. Continúo, en esa mira, presentando hoy la iniciativa de nueva ley general de desarrollo social (NLGDS) que empecé en la entrega anterior de Economía Moral (01/09/06) y que ofrezco como una contribución a las tareas legislativas de la convención nacional democrática (CND) que, como ha dicho AMLO, deben incluir también una nueva constitución. Aunque la mencionada iniciativa fue presentada por los canales institucionales como mi último acto en calidad de diputado federal, tengo escasas esperanzas que se convierta en ley en la presente legislatura, porque, como los magistrados, los diputados y diputadas del PRIAN votarán, al final de cuentas, por sus intereses de clase, y la mayoría se identifica con la clase dominante que representa el PAN. Sin embargo, la iniciativa ha sido incorporada a la agenda legislativa del nuevo grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados (CdeD).
En la entrega anterior mostré cómo se resuelven en la NLGDS las dos contradicciones centrales de la Ley General de Desarrollo Social vigente (LGDSV). La primera contradicción entre el carácter multisectorial (horizontal) del desarrollo social y la centralidad de facultades que se le otorgan a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), que como todas las secretarías de Estado (salvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP) está constreñida a un sector, se resuelve creando el gabinete de desarrollo social, presidido por el Presidente de la República, y transfiriéndole las amplias facultades asignadas en la LGDSV a la Sedeso. Es decir, se asume plena y de manera consistente el carácter multisectorial del desarrollo social.
La segunda contradicción, entre los amplios derechos sociales que la LGDSV pretende garantizar y la ausencia de estipulaciones para hacerlos realidad, se resuelve definiendo componentes obligatorios y precisando el contenido específico de muchos de ellos para cada una de las tres modalidades básicas de intervención que se definen, y que están asociadas a los derechos universales, por una parte, y al derecho condicionado a la situación de pobreza y de riesgo de la misma. También en la entrega anterior cité la exposición de motivos de la iniciativa para mostrar la solución adoptada para enfrentar lo que puede identificarse como la tercera contradicción de la LGDSV: la conceptual entre los términos pobreza, marginación y vulnerabilidad. Pobreza y riesgo de pobreza, usados como conceptos complementarios entre sí, remplazan a los tres señalados sin pérdida del sentido conceptual implícito en ellos.
La LGDSV fue aprobada como fruto de un proceso de negociación que involucró a las mesas directivas de las comisiones de Desarrollo Social de ambas cámaras, por unanimidad tanto en el Senado como en la CdeD. Ello se explica porque todos los partidos políticos aspiraban a que este campo relativamente nuevo del quehacer gubernamental estuviese reglamentado. La Sedeso, creada a mediados del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que no presentó iniciativa alguna, recibió con júbilo la aprobación de la ley, que Fox no sólo promulgó rápidamente sino que organizó una ceremonia en Los Pinos para el efecto.
El costo del consenso, sin embargo, suele ser la inconsistencia. En mi discurso en la tribuna de la CdeD en la sesión en la que se aprobó la ley, presenté lo que llamé sus ''luces''. Entre ellas destaqué los ''candados'' al gasto social, que obligan a que haya incrementos anuales reales en el mismo. Señalé: "Estos 'candados' reflejan la lucha del sector social por protegerse de las arbitrariedades del todopoderoso sector económico", y añadí: "de la presión de esta Cámara dependerá que estas normas se conviertan en normas vivas o queden como letra muerta". En ese momento no valoré la gravedad de la omisión incurrida al no definir el gasto social que se quería proteger, pero esta gravedad se hizo manifiesta en los procesos de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005 y 2006, ya que ante los alegatos del Legislativo que el anteproyecto violaba los ''candados'', el Ejecutivo respondió que, al no haber definición de gasto social, no había manera de verificar la veracidad de nuestro alegato. El reglamento de la ley, publicado tardíamente por la Sedeso en 2006, no corrige esta omisión. De esta manera, ésta que parecía una de las ''luces'' más brillantes de la ley, quedó invalidada. Para rencender esta ''luz'' incluí en la iniciativa una definición operacional de gasto social que permitirá controlar si se respetan dichos ''candados''.
La obligatoriedad para las dependencias que ejecutan programas de desarrollo social de los "lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Consejo) para la definición, identificación y medición de la pobreza", la interpreté como una ''luz'' adicional por considerarla suficiente para poner fin a la multiplicidad de métodos de identificación de los pobres, alcanzando unidad en la materia. Sin embargo, al publicarse el reglamento de la ley, e interponer la CdeD un recurso de controversia constitucional contra éste, se ha puesto de manifiesto que la LGDSV (al margen de la contradicción conceptual antes señalada) omitió distinguir dos tipos de medición de la pobreza: la genérica, que se realiza para conocer la evolución de este mal social (y que se basa en instrumentos estadísticos que no identifican a los hogares individuales que se encuentran en dicha situación), y la particular, que llevan a cabo los programas focalizados para identificar a su población objetivo (a los hogares pobres con nombre y apellido del jefe y domicilio de la vivienda). Esta omisión oscurece el sentido de hacer obligatorio que las dependencias y entidades que ejecutan programas focalizados utilicen las metodologías definidas por el Consejo porque, o no se sabe para qué o bien porque se entiende, como ha querido entender el gobierno actual, que son estas dependencias las que miden la pobreza. En efecto, si sólo hubiese un tipo de medición se presentaría la disputa de si es la Sedeso o el Consejo el que debe llevarla a cabo. En la NLGDS propuesta se definen ambas mediciones y se asignan responsables para llevar a cabo cada una: al Consejo las genéricas, y las particulares a los organismos que ejecutan los programas. Para alcanzar la homogeneidad de ambas mediciones se establece que la metodología será la misma y que la definirá el Consejo con base en lo estipulado en el artículo 36 de la NLGDS.
Una tercera ''luz'', sostuve en la tribuna, es la creación de dos comisiones de desarrollo social: la nacional y la intersecretarial. Me referí sólo a la segunda, destacando dos funciones que se le asignan: "recomendar medidas orientadas a hacer compatibles las decisiones vinculadas con las políticas de desarrollo social y económicas", y "proponer las partidas y montos del gasto social que se deben integrar en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación". Hice notar que "en estas dos funciones está la simiente, pero sólo la simiente, de la más radical reforma estructural que (ésta sí) requiere el país: el fin del sometimiento de lo social a lo económico". Los decretos que crean ambos mecanismos colectivos se emitieron en 2004. Sin embargo, la comisión intersecretarial, salvo su reunión de instalación, no se ha vuelto a reunir, haciendo que esa ''luz'' no brillara.
Era una ''luz'' falsa, pues, como ya señalé, cobraba vida en ella la contradicción entre lo multisectorial y lo sectorial cuando se pretendía que una secretaría, sin poderes especiales como la SHCP, encabezara a sus pares. Para poner fin al sometimiento de lo social por lo económico, la iniciativa de ley presentada da un paso hacia adelante y, como ya se dijo, transforma la comisión intersecretarial en gabinete de desarrollo social, presidido por el Presidente de la República, y le asigna las tareas centrales del desarrollo social. La creación de la Sedeso introdujo una gran confusión al hacernos creer que el desarrollo social es un asunto sectorial (como salud, educación o agricultura) y que, por tanto, para atenderlo basta una política sectorial llevada a cabo por una secretaría. Esto no es así, como lo entrevé la LGDSV al crear la Comisión Intersecretarial y dotarla de importantes (aunque incipientes) funciones que, como hemos visto, han quedado en letra muerta.
El desarrollo social requiere tanto un enfoque preventivo-compensatorio como la interacción sinérgica entre la política económica y social. Sin ellos, la política social se convierte en ambulancia que va recogiendo los heridos que va produciendo la política económica. El desarrollo social sólo puede alcanzarse como resultado de la acción conjunta de la administración pública federal en su conjunto, ya que por su naturaleza es un tema horizontal que recorre todos los sectores económicos y sociales. Por tanto, si se quiere ir más allá de la administración de la pobreza, es necesario abordar el desarrollo social de manera concertada por toda la administración pública federal, que sólo puede ser conducida por el Presidente de la República. En términos de la política de desarrollo social, éste es uno de los cambios más importantes introducidos por la iniciativa. Por ello se dota al gabinete de desarrollo social de las facultades centrales en la materia, muchas de las cuales están asignadas en la LGDSV a la Sedeso, como la coordinación del sistema nacional y la formulación del programa nacional en la materia. Además, se dan varios pasos hacia adelante, decisivos en las relaciones entre lo económico y lo social, al dotar al gabinete de desarrollo social de las facultades de formular los componentes en la materia del Presupuesto de Egresos de la Federación, de "adoptar medidas orientadas a hacer compatibles las decisiones de política económica con las de desarrollo social" y al estipular que, en caso de que ello no fuese posible, se "modificarán las que (el gabinete) estime necesarias para eliminar el origen de la incompatibilidad". En este proceso de reconocer el carácter multisectorial e intersectorial del desarrollo social, la Sedeso se transforma en lo que siempre debió haber sido: responsable de las atribuciones específicas que le competen y en secretaría ejecutiva del gabinete de desarrollo social. La ''luz'' más brillante que identifiqué era, sin embargo, la creación del Consejo, lo que abordaré en la próxima entrega.
La Jornada
Julio Boltvinik
Consumado el golpe de Estado institucional, queda sólo la larga lucha
La economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía del "libre mercado": el alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda de pan, pero no resuelve el hambre de la gente
Como se preveía, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) defendieron sus intereses de clase y votaron por la derecha. En realidad, lo que ocurrió durante la farsa del martes 5 de septiembre, día negro para la historia de México, no fue la emisión de un dictamen referido a un juicio de impugnación, sino la emisión de un voto de calidad. Nuestra legislación autoriza a los magistrados de este tribunal a hacer prácticamente lo que quieran, ya que sus dictámenes son inatacables y definitivos (lo que los convierte en votos de calidad). Los análisis de los reporteros de La Jornada del miércoles 6, y los que Horacio Duarte presentó en el Zócalo ese mismo día (véase La Jornada del jueves 7), ilustran muchas de las inconsistencias y el cinismo de los magistrados, que lejos de actuar como jueces lo hicieron como militantes del PAN y se dedicaron a atacar a Andrés Manuel López Obrador: sostuvieron que no fueron la intervención descarada de Fox, ni la guerra sucia, ni la intervención del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), los factores que tuvieron impacto desfavorable en las preferencias por AMLO, sino su ausencia del primer debate y su "falta de respeto a las instituciones".
Miremos hacia delante, a la larga lucha por transformar el país, lo que incluye modificar a fondo nuestras propias conciencias y mentalidades, como señaló Andrés Manuel. Continúo, en esa mira, presentando hoy la iniciativa de nueva ley general de desarrollo social (NLGDS) que empecé en la entrega anterior de Economía Moral (01/09/06) y que ofrezco como una contribución a las tareas legislativas de la convención nacional democrática (CND) que, como ha dicho AMLO, deben incluir también una nueva constitución. Aunque la mencionada iniciativa fue presentada por los canales institucionales como mi último acto en calidad de diputado federal, tengo escasas esperanzas que se convierta en ley en la presente legislatura, porque, como los magistrados, los diputados y diputadas del PRIAN votarán, al final de cuentas, por sus intereses de clase, y la mayoría se identifica con la clase dominante que representa el PAN. Sin embargo, la iniciativa ha sido incorporada a la agenda legislativa del nuevo grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados (CdeD).
En la entrega anterior mostré cómo se resuelven en la NLGDS las dos contradicciones centrales de la Ley General de Desarrollo Social vigente (LGDSV). La primera contradicción entre el carácter multisectorial (horizontal) del desarrollo social y la centralidad de facultades que se le otorgan a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), que como todas las secretarías de Estado (salvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP) está constreñida a un sector, se resuelve creando el gabinete de desarrollo social, presidido por el Presidente de la República, y transfiriéndole las amplias facultades asignadas en la LGDSV a la Sedeso. Es decir, se asume plena y de manera consistente el carácter multisectorial del desarrollo social.
La segunda contradicción, entre los amplios derechos sociales que la LGDSV pretende garantizar y la ausencia de estipulaciones para hacerlos realidad, se resuelve definiendo componentes obligatorios y precisando el contenido específico de muchos de ellos para cada una de las tres modalidades básicas de intervención que se definen, y que están asociadas a los derechos universales, por una parte, y al derecho condicionado a la situación de pobreza y de riesgo de la misma. También en la entrega anterior cité la exposición de motivos de la iniciativa para mostrar la solución adoptada para enfrentar lo que puede identificarse como la tercera contradicción de la LGDSV: la conceptual entre los términos pobreza, marginación y vulnerabilidad. Pobreza y riesgo de pobreza, usados como conceptos complementarios entre sí, remplazan a los tres señalados sin pérdida del sentido conceptual implícito en ellos.
La LGDSV fue aprobada como fruto de un proceso de negociación que involucró a las mesas directivas de las comisiones de Desarrollo Social de ambas cámaras, por unanimidad tanto en el Senado como en la CdeD. Ello se explica porque todos los partidos políticos aspiraban a que este campo relativamente nuevo del quehacer gubernamental estuviese reglamentado. La Sedeso, creada a mediados del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que no presentó iniciativa alguna, recibió con júbilo la aprobación de la ley, que Fox no sólo promulgó rápidamente sino que organizó una ceremonia en Los Pinos para el efecto.
El costo del consenso, sin embargo, suele ser la inconsistencia. En mi discurso en la tribuna de la CdeD en la sesión en la que se aprobó la ley, presenté lo que llamé sus ''luces''. Entre ellas destaqué los ''candados'' al gasto social, que obligan a que haya incrementos anuales reales en el mismo. Señalé: "Estos 'candados' reflejan la lucha del sector social por protegerse de las arbitrariedades del todopoderoso sector económico", y añadí: "de la presión de esta Cámara dependerá que estas normas se conviertan en normas vivas o queden como letra muerta". En ese momento no valoré la gravedad de la omisión incurrida al no definir el gasto social que se quería proteger, pero esta gravedad se hizo manifiesta en los procesos de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005 y 2006, ya que ante los alegatos del Legislativo que el anteproyecto violaba los ''candados'', el Ejecutivo respondió que, al no haber definición de gasto social, no había manera de verificar la veracidad de nuestro alegato. El reglamento de la ley, publicado tardíamente por la Sedeso en 2006, no corrige esta omisión. De esta manera, ésta que parecía una de las ''luces'' más brillantes de la ley, quedó invalidada. Para rencender esta ''luz'' incluí en la iniciativa una definición operacional de gasto social que permitirá controlar si se respetan dichos ''candados''.
La obligatoriedad para las dependencias que ejecutan programas de desarrollo social de los "lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Consejo) para la definición, identificación y medición de la pobreza", la interpreté como una ''luz'' adicional por considerarla suficiente para poner fin a la multiplicidad de métodos de identificación de los pobres, alcanzando unidad en la materia. Sin embargo, al publicarse el reglamento de la ley, e interponer la CdeD un recurso de controversia constitucional contra éste, se ha puesto de manifiesto que la LGDSV (al margen de la contradicción conceptual antes señalada) omitió distinguir dos tipos de medición de la pobreza: la genérica, que se realiza para conocer la evolución de este mal social (y que se basa en instrumentos estadísticos que no identifican a los hogares individuales que se encuentran en dicha situación), y la particular, que llevan a cabo los programas focalizados para identificar a su población objetivo (a los hogares pobres con nombre y apellido del jefe y domicilio de la vivienda). Esta omisión oscurece el sentido de hacer obligatorio que las dependencias y entidades que ejecutan programas focalizados utilicen las metodologías definidas por el Consejo porque, o no se sabe para qué o bien porque se entiende, como ha querido entender el gobierno actual, que son estas dependencias las que miden la pobreza. En efecto, si sólo hubiese un tipo de medición se presentaría la disputa de si es la Sedeso o el Consejo el que debe llevarla a cabo. En la NLGDS propuesta se definen ambas mediciones y se asignan responsables para llevar a cabo cada una: al Consejo las genéricas, y las particulares a los organismos que ejecutan los programas. Para alcanzar la homogeneidad de ambas mediciones se establece que la metodología será la misma y que la definirá el Consejo con base en lo estipulado en el artículo 36 de la NLGDS.
Una tercera ''luz'', sostuve en la tribuna, es la creación de dos comisiones de desarrollo social: la nacional y la intersecretarial. Me referí sólo a la segunda, destacando dos funciones que se le asignan: "recomendar medidas orientadas a hacer compatibles las decisiones vinculadas con las políticas de desarrollo social y económicas", y "proponer las partidas y montos del gasto social que se deben integrar en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación". Hice notar que "en estas dos funciones está la simiente, pero sólo la simiente, de la más radical reforma estructural que (ésta sí) requiere el país: el fin del sometimiento de lo social a lo económico". Los decretos que crean ambos mecanismos colectivos se emitieron en 2004. Sin embargo, la comisión intersecretarial, salvo su reunión de instalación, no se ha vuelto a reunir, haciendo que esa ''luz'' no brillara.
Era una ''luz'' falsa, pues, como ya señalé, cobraba vida en ella la contradicción entre lo multisectorial y lo sectorial cuando se pretendía que una secretaría, sin poderes especiales como la SHCP, encabezara a sus pares. Para poner fin al sometimiento de lo social por lo económico, la iniciativa de ley presentada da un paso hacia adelante y, como ya se dijo, transforma la comisión intersecretarial en gabinete de desarrollo social, presidido por el Presidente de la República, y le asigna las tareas centrales del desarrollo social. La creación de la Sedeso introdujo una gran confusión al hacernos creer que el desarrollo social es un asunto sectorial (como salud, educación o agricultura) y que, por tanto, para atenderlo basta una política sectorial llevada a cabo por una secretaría. Esto no es así, como lo entrevé la LGDSV al crear la Comisión Intersecretarial y dotarla de importantes (aunque incipientes) funciones que, como hemos visto, han quedado en letra muerta.
El desarrollo social requiere tanto un enfoque preventivo-compensatorio como la interacción sinérgica entre la política económica y social. Sin ellos, la política social se convierte en ambulancia que va recogiendo los heridos que va produciendo la política económica. El desarrollo social sólo puede alcanzarse como resultado de la acción conjunta de la administración pública federal en su conjunto, ya que por su naturaleza es un tema horizontal que recorre todos los sectores económicos y sociales. Por tanto, si se quiere ir más allá de la administración de la pobreza, es necesario abordar el desarrollo social de manera concertada por toda la administración pública federal, que sólo puede ser conducida por el Presidente de la República. En términos de la política de desarrollo social, éste es uno de los cambios más importantes introducidos por la iniciativa. Por ello se dota al gabinete de desarrollo social de las facultades centrales en la materia, muchas de las cuales están asignadas en la LGDSV a la Sedeso, como la coordinación del sistema nacional y la formulación del programa nacional en la materia. Además, se dan varios pasos hacia adelante, decisivos en las relaciones entre lo económico y lo social, al dotar al gabinete de desarrollo social de las facultades de formular los componentes en la materia del Presupuesto de Egresos de la Federación, de "adoptar medidas orientadas a hacer compatibles las decisiones de política económica con las de desarrollo social" y al estipular que, en caso de que ello no fuese posible, se "modificarán las que (el gabinete) estime necesarias para eliminar el origen de la incompatibilidad". En este proceso de reconocer el carácter multisectorial e intersectorial del desarrollo social, la Sedeso se transforma en lo que siempre debió haber sido: responsable de las atribuciones específicas que le competen y en secretaría ejecutiva del gabinete de desarrollo social. La ''luz'' más brillante que identifiqué era, sin embargo, la creación del Consejo, lo que abordaré en la próxima entrega.
La calificación de Fox, Meharta y los legisladores.
Dinero
La Jornada
Enrique Galván Ochoa
Antiencuesta: sexenio foxista reprobado
Uno de los peores presidentes de la historia
''Funesta'', la señora Marta
Faltan 83 días para que concluya el sexenio del presidente Fox. Prácticamente ya se acabó. Sin embargo, la difícil situación política todavía podría agregar nuevos y mayores elementos de juicio, es decir, puede ocurrir algo peor aún, pero la calificación es tan pobre que no hay mucho margen para que baje más. El 97 por ciento de 3 mil 350 ciudadanas y ciudadanos de diversas ciudades del país no aprueban su desempeño: 95 por ciento califica la actuación de la señora Marta de ''funesta'', otro 4 por ciento opina que es controvertida. Y a la pregunta: ''¿desapruebas la toma de la tribuna (por los diputados de oposición) la tarde del Informe?'', sólo 10 por ciento contestó afirmativamente.
Metodología
Nuestro foro es el más grande del mundo de habla hispana en su género de análisis político. Es visitado cada mes por más de un millón de personas de México, Estados Unidos y diversas naciones. Actualmente tiene 8 mil 422 miembros registrados, que hasta ayer por la tarde habían enviado 69 mil 3 mensajes; 90 por ciento de los foristas con registro dicen no pertenecer a ningún partido político, 40 por ciento habita en el Distrito Federal y el resto en distintas ciudades. El domingo anterior distribuimos nuestro cuestionario entre los foristas registrados. Ayer por la tarde habíamos recibido la respuesta de más de 40 por ciento. Nuestras antiencuestas se diferencian de los sondeos tradicionales en que los participantes son seres de carne y hueso, suministran su nombre y correo electrónico y tienen la opción de razonar su voto. Otra diferencia es que no están a la venta, como otras encuestas, ni reciben patrocinios comerciales ni políticos. Tú también puedes participar, cualquiera que sea tu ideología. Simplemente regístrate.
Votos razonados
Este sexenio sólo sirve para recordar el paso de un ranchero que dejó a la nación destrozada, desprestigiada y envuelta en el caos. Por todos los agravios y las afrentas de Fox, aplaudo y felicito la actuación de los representantes del pueblo de solamente recibirlo en el vestíbulo de la Cámara.
Carlos Pedro Mendoza/DF
¡Felicidades a todos los legisladores que tomaron la tribuna! Ya era hora de que el día del Informe presidencial terminara. Nunca más un ''día del presidente''. Se acabó.
Raúl Dorbeker Castillo/Atizapán de Zaragoza
Fue un cambio... pero para atrás.
Yessica Almazán Flores/DF
¿El presidente Vicente Fox? ¿Qué la presidenta no es Marta Según?
Luis Delgado/Guadalajara
No puedo aprobar algo que no se hizo. Sus promesas se quedaron en el olvido. Lamentable su gestión; seguro pasará a la historia como uno de los peores, si no es que el peor presidente que hemos tenido en México.
Jesús Vera/Ensenada
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional sigue activo; el desempleo, galopando; los millones de mexicanos en pobreza extrema, preguntándose qué comerán mañana; el IPAB/Fobaproa, sangrándonos y regalando los activos a los Amigos de Fox; la economía, estancada; el campo, sin incentivos ni créditos; el petróleo -nuestro principal ingreso- despilfarrándose; nuestro medio ambiente, más contaminado por falta de cumplimiento de regulaciones; la corrupción, igual o peor que antes; los asesinatos de mujeres, sin responsables; el más descarado fraude electoral y desprestigio de las instituciones electorales que tanto tiempo, dinero y hasta sangre nos costaron... Esos son los datos que su no leído mensaje debía contener.
Lina Campos Flores/San Cristóbal de las Casas
¿Actuación de Martita? Fue mejor la de Raquel Pankowsky. ¿Desaprobar la toma de la tribuna? ¡Nunca! Fue uno de los mejores momentos de mi vida.
Gema Osorio González/Toluca
Es el sexenio de la telecracia, que convierte asuntos públicos en banales y lo importante se esconde bajo la alfombra.
Eduardo Aguilar/Saltillo
Desafortunadamente, aún falta un interminable número de días para que se termine el periodo que desgobernó Fox. El sí que nos agravió a los mexicanos iniciando con los saludos a su familia, el día de su toma de posesión, y anticipando lo poco que le importaba el país cuando modificó el escudo nacional con la famosa águila mocha, acto emblemático, simbólico y premonitorio de cómo terminaría. Dejó el país mocho, como el águila. Ahora quiero saber: ¿qué sigue?
Yoloxóchitl Sánchez/Monterrey
Nota: los textos completos así como los nombres y los buzones elecrónicos de los autores se pueden ver en el foro. Hay varios centenares.
Buzón México: galvanochoa@yahoo.com
¡AHÍ QUEDA ESO, Mr. fox!
La Jornada
Enrique Galván Ochoa
Antiencuesta: sexenio foxista reprobado
Uno de los peores presidentes de la historia
''Funesta'', la señora Marta
Faltan 83 días para que concluya el sexenio del presidente Fox. Prácticamente ya se acabó. Sin embargo, la difícil situación política todavía podría agregar nuevos y mayores elementos de juicio, es decir, puede ocurrir algo peor aún, pero la calificación es tan pobre que no hay mucho margen para que baje más. El 97 por ciento de 3 mil 350 ciudadanas y ciudadanos de diversas ciudades del país no aprueban su desempeño: 95 por ciento califica la actuación de la señora Marta de ''funesta'', otro 4 por ciento opina que es controvertida. Y a la pregunta: ''¿desapruebas la toma de la tribuna (por los diputados de oposición) la tarde del Informe?'', sólo 10 por ciento contestó afirmativamente.
Metodología
Nuestro foro es el más grande del mundo de habla hispana en su género de análisis político. Es visitado cada mes por más de un millón de personas de México, Estados Unidos y diversas naciones. Actualmente tiene 8 mil 422 miembros registrados, que hasta ayer por la tarde habían enviado 69 mil 3 mensajes; 90 por ciento de los foristas con registro dicen no pertenecer a ningún partido político, 40 por ciento habita en el Distrito Federal y el resto en distintas ciudades. El domingo anterior distribuimos nuestro cuestionario entre los foristas registrados. Ayer por la tarde habíamos recibido la respuesta de más de 40 por ciento. Nuestras antiencuestas se diferencian de los sondeos tradicionales en que los participantes son seres de carne y hueso, suministran su nombre y correo electrónico y tienen la opción de razonar su voto. Otra diferencia es que no están a la venta, como otras encuestas, ni reciben patrocinios comerciales ni políticos. Tú también puedes participar, cualquiera que sea tu ideología. Simplemente regístrate.
Votos razonados
Este sexenio sólo sirve para recordar el paso de un ranchero que dejó a la nación destrozada, desprestigiada y envuelta en el caos. Por todos los agravios y las afrentas de Fox, aplaudo y felicito la actuación de los representantes del pueblo de solamente recibirlo en el vestíbulo de la Cámara.
Carlos Pedro Mendoza/DF
¡Felicidades a todos los legisladores que tomaron la tribuna! Ya era hora de que el día del Informe presidencial terminara. Nunca más un ''día del presidente''. Se acabó.
Raúl Dorbeker Castillo/Atizapán de Zaragoza
Fue un cambio... pero para atrás.
Yessica Almazán Flores/DF
¿El presidente Vicente Fox? ¿Qué la presidenta no es Marta Según?
Luis Delgado/Guadalajara
No puedo aprobar algo que no se hizo. Sus promesas se quedaron en el olvido. Lamentable su gestión; seguro pasará a la historia como uno de los peores, si no es que el peor presidente que hemos tenido en México.
Jesús Vera/Ensenada
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional sigue activo; el desempleo, galopando; los millones de mexicanos en pobreza extrema, preguntándose qué comerán mañana; el IPAB/Fobaproa, sangrándonos y regalando los activos a los Amigos de Fox; la economía, estancada; el campo, sin incentivos ni créditos; el petróleo -nuestro principal ingreso- despilfarrándose; nuestro medio ambiente, más contaminado por falta de cumplimiento de regulaciones; la corrupción, igual o peor que antes; los asesinatos de mujeres, sin responsables; el más descarado fraude electoral y desprestigio de las instituciones electorales que tanto tiempo, dinero y hasta sangre nos costaron... Esos son los datos que su no leído mensaje debía contener.
Lina Campos Flores/San Cristóbal de las Casas
¿Actuación de Martita? Fue mejor la de Raquel Pankowsky. ¿Desaprobar la toma de la tribuna? ¡Nunca! Fue uno de los mejores momentos de mi vida.
Gema Osorio González/Toluca
Es el sexenio de la telecracia, que convierte asuntos públicos en banales y lo importante se esconde bajo la alfombra.
Eduardo Aguilar/Saltillo
Desafortunadamente, aún falta un interminable número de días para que se termine el periodo que desgobernó Fox. El sí que nos agravió a los mexicanos iniciando con los saludos a su familia, el día de su toma de posesión, y anticipando lo poco que le importaba el país cuando modificó el escudo nacional con la famosa águila mocha, acto emblemático, simbólico y premonitorio de cómo terminaría. Dejó el país mocho, como el águila. Ahora quiero saber: ¿qué sigue?
Yoloxóchitl Sánchez/Monterrey
Nota: los textos completos así como los nombres y los buzones elecrónicos de los autores se pueden ver en el foro. Hay varios centenares.
Buzón México: galvanochoa@yahoo.com
¡AHÍ QUEDA ESO, Mr. fox!
La crisis
Luis Javier Garrido
La Jornada
El país está al borde de que se consume una ruptura del orden constitucional, de llegar Felipe Calderón a la silla presidencial, pero también se halla ante las posibilidades de un cambio real como nunca antes en su historia reciente.
1. El fallo final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la elección presidencial hecho público el martes 5 y que, como ya se había filtrado, resultó contrario a lo que disponen la Constitución y las leyes, pues haciendo a un lado las evidencias descomunales del fraude electoral perpetrado por el gobierno de Vicente Fox contra el pueblo mexicano, pretende avalar la imposición de Felipe Calderón, el candidato que perdió en las urnas, ha roto el orden constitucional del país, pero no podrá alcanzar sus objetivo políticos, pues se está ya revirtiendo por sus despropósitos contra los indignos magistrados, contra el tribunal y contra todas las instituciones del régimen, dejando a Calderón sin más posibilidad que la de convertirse en un gobernante de facto.
2. La vergonzosa decisión tomada contra la razón y el derecho, y que fue anunciada por los siete magistrados de la Sala Superior encabezados por Leonel Castillo, calificados ya con justicia como corruptos en todos los ámbitos del país, al igual que lo fueron aquellos "siete cárdenos" de los años 20, no puede legalizar una imposición ni legitimar a nadie porque el pueblo sabe bien lo que ha pasado y cuál es el nivel de credibilidad de esas instancias del poder político. Y sí está logrando, por el contrario, hundir aún más en la ilegalidad y en el descrédito a las instituciones públicas, a las que a fuerza de utilizarlas para satisfacer sus ambiciones e intereses privados y de grupo, Fox ha llevado al más absoluto descrédito: desde la Presidencia de la República hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por la PGR, el IFE y ahora el tribunal electoral, sin olvidar a las fuerzas armadas.
3. El Ejército, por ejemplo, al que Fox en vano ha pretendido homenajear en este mes de septiembre, ha sido llevado a su vez a su mayor descrédito por el gobierno actual. En julio se supo que la DEA estadunidense, que opera impunemente en territorio mexicano, había detenido a un capo de la familia Arellano Félix, dejando al Ejército Mexicano en el más absoluto ridículo, y en septiembre se ha sabido que Fox y Calderón, que disponen ya del Estado Mayor Presidencial y de la PFP, están creando un grupo paramilitar para el próximo sexenio, dejando de nuevo en el ridículo a las fuerzas armadas, relegadas al papel de servir a Calderón para permitirle seguir entregando al extranjero el patrimonio nacional.
4. El acto por el cual Vicente Fox, ex vendedor de Coca-Cola, utilizó al más alto tribunal en materia político-electoral para pretender legitimar en contra de la Constitución el fraude que él organizó e imponer a su sucesor, quebranta la legalidad constitucional y hace además inviable en un régimen de derecho el ejercicio de la función presidencial por un individuo que no sustenta su cargo en los fundamentos representativos y democráticos que son inherentes al mismo, de manera que el pueblo, en libre ejercicio de su potestad soberana, puede conforme al marco constitucional desconocerlo y oponerse a él por todos los medios. Y ello no por el hecho de que, como se sabe, Felipe Calderón Hinojosa es un presunto delincuente del orden común que como secretario de Energía, en abierto tráfico de influencias entregó contratos ilegales a su cuñado; de que actuó en el proceso como un vulgar mapache electoral, o de que es un pelele de Carlos Salinas, sino por la ilegitimidad que tiene.
5. Los jefes de Estado y de gobierno de otros países, en un ritual burocrático de cajón podrán "felicitar" al supuesto nuevo gobernante, como lo hacen en cualquier caso, al igual que lo hará aquí el "tropel de búfalos" de los oportunistas de siempre, pero en el México real las cosas van a ser muy diferentes. En la convención nacional democrática a la que ha convocado Andrés Manuel López Obrador para el 16 de septiembre, millones de mexicanos van a rechazar a Calderón y a abrir un nuevo escenario de esperanzas para el país.
6. La decisión de Fox de imponer a su sucesor por la vía del descomunal fraude que organizara desde Los Pinos, y que no ha podido ser ocultado ni mucho menos podrá ser legitimado por "las instituciones" ni por los medios, ha quebrantado el incipiente orden constitucional mexicano y está abriendo una crisis política cuyas dimensiones no hacen sino crecer, pues las instituciones políticas y los medios masivos de comunicación, que han sido los mecanismos tradicionales de dominación y de control del pueblo, se están hundiendo en el más absoluto descrédito.
7. La campaña durante los 64 días siguientes al 2 de julio tratando de imponer la creencia de que Calderón ganó la elección ha fracasado de manera rotunda y no ha logrado más que confirmar las dimensiones del fraude. El operativo propagandístico, que en sus inicios insistía en que México vive el esplendor de una "transición democrática", se transformó ante su fracaso en otra campaña no menos fallida en la que se reconocían "irregularidades" pero se proclamaba que éstas eran el producto de las inercias del pasado y que no fueron significativas, y con esto no se ha hecho más que exacerbar el encono, dejándose a la mayoría de los medios sin credibilidad.
8. La retórica oficial sobre "las instituciones" se está desmoronando, pues no se sustenta en nada cuando en el régimen actual éstas sirven a fines privados y no a intereses públicos. Cuando Joaquín López Dóriga, locutor de Televisa, le preguntaba a Calderón el martes 5 sobre los señalamientos de un fraude orquestado desde Los Pinos y su carácter de "espurio", Calderón balbuceante se negó a responder y se refugió una vez más en las instituciones: el tribunal electoral, que es la más alta institución -reiteró-, "ha dicho que yo gané".
9. Los enriquecidos y amedrentados magistrados de la Sala Superior no tienen ni la más lejana idea de lo que han hecho ni de la trascendencia histórica de la cínica decisión que asumieron y que rezuma un enorme desprecio a la legalidad. Este fallo, carente del mínimo sustento jurídico, en vez de crear las condiciones para permitirle a la ultraderecha enquistarse en el poder económico y político por seis años más, como ellos lo pretendían, lo que va a lograr es, por el contrario, abrir enormes posibilidades para el cambio político y económico en México.
10. Al quebrantarse de manera tan flagrante el orden constitucional, el pueblo tiene el legítimo derecho de rechazar esa decisión, de desconocer a un gobernante espurio como Felipe Calderón, así como a las autoridades de facto que se pretende instalar el primero de diciembre, y de impulsar otra forma de organización política a fin de rescatar a la nación. Y lo va a empezar a hacer sin duda el 16 de septiembre.
La Jornada
El país está al borde de que se consume una ruptura del orden constitucional, de llegar Felipe Calderón a la silla presidencial, pero también se halla ante las posibilidades de un cambio real como nunca antes en su historia reciente.
1. El fallo final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la elección presidencial hecho público el martes 5 y que, como ya se había filtrado, resultó contrario a lo que disponen la Constitución y las leyes, pues haciendo a un lado las evidencias descomunales del fraude electoral perpetrado por el gobierno de Vicente Fox contra el pueblo mexicano, pretende avalar la imposición de Felipe Calderón, el candidato que perdió en las urnas, ha roto el orden constitucional del país, pero no podrá alcanzar sus objetivo políticos, pues se está ya revirtiendo por sus despropósitos contra los indignos magistrados, contra el tribunal y contra todas las instituciones del régimen, dejando a Calderón sin más posibilidad que la de convertirse en un gobernante de facto.
2. La vergonzosa decisión tomada contra la razón y el derecho, y que fue anunciada por los siete magistrados de la Sala Superior encabezados por Leonel Castillo, calificados ya con justicia como corruptos en todos los ámbitos del país, al igual que lo fueron aquellos "siete cárdenos" de los años 20, no puede legalizar una imposición ni legitimar a nadie porque el pueblo sabe bien lo que ha pasado y cuál es el nivel de credibilidad de esas instancias del poder político. Y sí está logrando, por el contrario, hundir aún más en la ilegalidad y en el descrédito a las instituciones públicas, a las que a fuerza de utilizarlas para satisfacer sus ambiciones e intereses privados y de grupo, Fox ha llevado al más absoluto descrédito: desde la Presidencia de la República hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por la PGR, el IFE y ahora el tribunal electoral, sin olvidar a las fuerzas armadas.
3. El Ejército, por ejemplo, al que Fox en vano ha pretendido homenajear en este mes de septiembre, ha sido llevado a su vez a su mayor descrédito por el gobierno actual. En julio se supo que la DEA estadunidense, que opera impunemente en territorio mexicano, había detenido a un capo de la familia Arellano Félix, dejando al Ejército Mexicano en el más absoluto ridículo, y en septiembre se ha sabido que Fox y Calderón, que disponen ya del Estado Mayor Presidencial y de la PFP, están creando un grupo paramilitar para el próximo sexenio, dejando de nuevo en el ridículo a las fuerzas armadas, relegadas al papel de servir a Calderón para permitirle seguir entregando al extranjero el patrimonio nacional.
4. El acto por el cual Vicente Fox, ex vendedor de Coca-Cola, utilizó al más alto tribunal en materia político-electoral para pretender legitimar en contra de la Constitución el fraude que él organizó e imponer a su sucesor, quebranta la legalidad constitucional y hace además inviable en un régimen de derecho el ejercicio de la función presidencial por un individuo que no sustenta su cargo en los fundamentos representativos y democráticos que son inherentes al mismo, de manera que el pueblo, en libre ejercicio de su potestad soberana, puede conforme al marco constitucional desconocerlo y oponerse a él por todos los medios. Y ello no por el hecho de que, como se sabe, Felipe Calderón Hinojosa es un presunto delincuente del orden común que como secretario de Energía, en abierto tráfico de influencias entregó contratos ilegales a su cuñado; de que actuó en el proceso como un vulgar mapache electoral, o de que es un pelele de Carlos Salinas, sino por la ilegitimidad que tiene.
5. Los jefes de Estado y de gobierno de otros países, en un ritual burocrático de cajón podrán "felicitar" al supuesto nuevo gobernante, como lo hacen en cualquier caso, al igual que lo hará aquí el "tropel de búfalos" de los oportunistas de siempre, pero en el México real las cosas van a ser muy diferentes. En la convención nacional democrática a la que ha convocado Andrés Manuel López Obrador para el 16 de septiembre, millones de mexicanos van a rechazar a Calderón y a abrir un nuevo escenario de esperanzas para el país.
6. La decisión de Fox de imponer a su sucesor por la vía del descomunal fraude que organizara desde Los Pinos, y que no ha podido ser ocultado ni mucho menos podrá ser legitimado por "las instituciones" ni por los medios, ha quebrantado el incipiente orden constitucional mexicano y está abriendo una crisis política cuyas dimensiones no hacen sino crecer, pues las instituciones políticas y los medios masivos de comunicación, que han sido los mecanismos tradicionales de dominación y de control del pueblo, se están hundiendo en el más absoluto descrédito.
7. La campaña durante los 64 días siguientes al 2 de julio tratando de imponer la creencia de que Calderón ganó la elección ha fracasado de manera rotunda y no ha logrado más que confirmar las dimensiones del fraude. El operativo propagandístico, que en sus inicios insistía en que México vive el esplendor de una "transición democrática", se transformó ante su fracaso en otra campaña no menos fallida en la que se reconocían "irregularidades" pero se proclamaba que éstas eran el producto de las inercias del pasado y que no fueron significativas, y con esto no se ha hecho más que exacerbar el encono, dejándose a la mayoría de los medios sin credibilidad.
8. La retórica oficial sobre "las instituciones" se está desmoronando, pues no se sustenta en nada cuando en el régimen actual éstas sirven a fines privados y no a intereses públicos. Cuando Joaquín López Dóriga, locutor de Televisa, le preguntaba a Calderón el martes 5 sobre los señalamientos de un fraude orquestado desde Los Pinos y su carácter de "espurio", Calderón balbuceante se negó a responder y se refugió una vez más en las instituciones: el tribunal electoral, que es la más alta institución -reiteró-, "ha dicho que yo gané".
9. Los enriquecidos y amedrentados magistrados de la Sala Superior no tienen ni la más lejana idea de lo que han hecho ni de la trascendencia histórica de la cínica decisión que asumieron y que rezuma un enorme desprecio a la legalidad. Este fallo, carente del mínimo sustento jurídico, en vez de crear las condiciones para permitirle a la ultraderecha enquistarse en el poder económico y político por seis años más, como ellos lo pretendían, lo que va a lograr es, por el contrario, abrir enormes posibilidades para el cambio político y económico en México.
10. Al quebrantarse de manera tan flagrante el orden constitucional, el pueblo tiene el legítimo derecho de rechazar esa decisión, de desconocer a un gobernante espurio como Felipe Calderón, así como a las autoridades de facto que se pretende instalar el primero de diciembre, y de impulsar otra forma de organización política a fin de rescatar a la nación. Y lo va a empezar a hacer sin duda el 16 de septiembre.
Les urge desaparecer el cuerpo del delito
En La Jornada
No son documentos públicos, responde a la revista Proceso
Rechaza el IFE sacar a la luz las boletas del 2 de julio
Serán resguardadas hasta que proceda su destrucción, explica
ALONSO URRUTIA
El Instituto Federal Electoral (IFE) determinó rechazar la petición de la revista Proceso para acceder a la documentación electoral del 2 de julio. Las razones: las boletas no son documentación pública, están sujetas a un régimen especial de ''inviolabilidad'' que hace que ni el propio organismo tenga acceso y, además, existe un principio de definitividad en todas las etapas de la elección.
La petición original del semanario se presentó el 28 de julio pasado en la unidad de enlace del IFE, bajo la firma del director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda. La solicitud incluía tener ''acceso al sobre con las boletas sobrantes, inutilizadas, los votos válidos y nulos en todas las casillas instaladas durante la jornada del pasado 2 de julio de 2006 en todo el país, para la elección de presidente de la República''.
En su escrito, Proceso señalaba que la solicitud de acceso a las boletas podría ser autorizada "inmediatamente después de que el tribunal electoral concluya el dictamen, así como la declaración de validez o no validez de los comicios para presidente de la República''.
Días después, grupos ciudadanos se adhirieron a esta petición.
''Inviable constitucionalmente''
De acuerdo con la resolución del comité de información del IFE, existen preceptos constitucionales y legales que impiden dar acceso a estas boletas, pues al no tener carácter de documento público, ni relacionarse con un acto concreto de autoridad, se hace inviable esta petición. En tal caso, subraya, el acceso a la información sólo es procedente mediante el acta de las casillas respectivas, dado que ahí sí existe un acto de autoridad específico que puede ser verificado.
La respuesta a Proceso, que se estima será la misma que dará en breve a una petición ciudadana encabezada por un grupo de intelectuales, entre quienes se encuentran Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Luis Mandoki y Olga Harmony, establece centralmente que ''las boletas electorales no se ajustan a la definición legal de documento y por tanto de acceso a la información''. Agrega que un documento público del IFE sólo se define como tal en la medida en que registre las actividades o facultades del instituto y su personal.
''Las boletas no registran esa actividad. No son documentos jurídicamente hablando, pues registran la expresión popular del voto y ésa no puede calificarse como actividad o facultad del IFE y sus servidores públicos''.
Más adelante señala que al momento en que el ciudadano sufraga, las boletas se convierten técnicamente en un voto, que es la expresión material de la preferencia electoral de quien lo emite. Una vez concluida la jornada, el contenido de estos sufragios se vierte en las actas.
De acuerdo con el razonamiento del comité de información, durante el proceso que va desde la emisión del voto hasta el cómputo, existe la posibilidad de que sean vigilados por observadores nacionales y extranjeros, así como por representantes de partidos políticos que participan en la contienda, lo cual hace posible el cumplimiento de las disposiciones constitucionales para que las elecciones sean libres y auténticas.
Posteriormente, el documento razona que una vez computados los sufragios no hay regulación electoral alguna que establezca la posibilidad de una apertura que dé acceso a las boletas, salvo que exista una disposición expresa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con fines específicos.
Al mismo tiempo, señala que de la legislación electoral ''no es factible desprender que se permita el acceso a los materiales resguardados a la conclusión del proceso, en razón de que la obligación de resguardo y de inviolabilidad no se interrumpe bajo ningún supuesto. En consecuencia, no es jurídicamente posible entregar o poner a disposición de persona alguna los votos contenidos en los paquetes electorales''. De conformidad con la ley, el IFE sólo tiene facultades expresas, en torno a las boletas, que lo ''constriñen a mantener la inviolabilidad de su resguardo durante y después del proceso para que, una vez concluido éste, proceda en un momento dado su destrucción''.
Citando resoluciones del tribunal electoral, justifica la imposibilidad de abrir el acceso a las papeletas, puesto que el instituto sólo puede hacer aquello que le está expresa o implícitamente marcado en las leyes, ''ya que en caso contrario, si se permitiera el acceso, al carecer de fundamento normativo se violentarían tanto la garantía como el principio de legalidad, toda vez que no es jurídicamente procedente dar a las boletas un destino distinto y ajeno al que señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales''.
Posteriormente, destaca que las papeletas no son susceptibles de conservación, ''ya que si el legislador hubiera considerado la posibilidad de permitir el acceso a las mismas se hubiera confiado el carácter de documento histórico o dejado al arbitrio del IFE su destino. En tal sentido, se reconoció la importancia de que las boletas tienen ya efecto de salvaguardar el principio de definitividad, que confirió su resguardo e inviolabilidad a los consejos distritales, y su consulta la reservó al tribunal electoral''.
En sus argumentos, el instituto señala que es principio constitucional que el voto es secreto y que la mejor forma de garantizarlo es mediante el principio de definitividad. El legislador no obvió la posibilidad de asegurar las papeletas ''para no desvirtuar los resultados electorales y por ende afectar la decisión ciudadana, por lo que estableció una serie de mecanismos de inviolabilidad''.
Finalmente, indica que el camino por el cual transitan los votos se encuentra arropado permanentemente mediante la garantía de inviolabilidad, que es ''oponible frente a cualquiera, inclusive el propio instituto, que no cuente con facultades legales que le permitan para sí o en favor de un tercero, dar acceso a las boletas''.
El artículo 254, párrafo segundo, del Cofipe, establece: ''... los presidentes (de los consejos distritales) tomarán las medidas necesarias para el depósito, en el lugar señalado para tal efecto, de los sobres que contengan la documentación a que se refiere el artículo 234 (boletas inutilizadas, votos válidos y votos nulos) de este código, hasta la conclusión del proceso electoral. Una vez concluido éste se procederá a su destrucción''.
En La Jornada
''Les urge incinerarlas''
Con la negativa de proporcionar acceso a las boletas electorales a organizaciones civiles y medios de comunicación, como la revista Proceso, para realizar un recuento apartidista, el IFE busca ahora, de forma fáctica, una nueva categoría dentro de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalaron ayer académicos de la UNAM, representantes de colectivos civiles y ex consejeros electorales.
Coincidieron en que no aplica ninguna restricción en la información electoral porque, de acuerdo con dicha ley, la única información que no es pública es aquella expresamente relacionada con la seguridad nacional y con los datos personales.
En la mesa redonda Debatiendo los límites de la transparencia, organizada por el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia en México, realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval sostuvo que ni el IFE ni el tribunal electoral ''han salido bien parados de su prueba histórica, como tampoco el Cofipe'', y añadió que el instituto ha respondido ''de manera muy débil'' a la solicitud de acceso a las boletas electorales.
Advirtió que a los funcionarios del IFE ''les urge incinerar las boletas para que no queden supuestas pruebas de la elección'', y subrayó que la petición para el recuento obedece al derecho de acceso a la información, con el objeto de someter a la rendición de cuentas a las instituciones electorales.
Hugo Almada, de Alianza Cívica, consideró que el nivel de ''arcaísmo'' en las instituciones y procesos electorales quita transparencia y certeza a los comicios y sus resultados. Por su parte, John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostuvo que la solicitud de acceso a las boletas para un recuento ciudadano tiene como fin ''conocer la verdad histórica''.
José Galán
Comento: ¿Más claro el fraude? ¿Más claro que son un grupo de delincuentes que están en contra de la voluntad popular? ¿Y todavía pretenden que nos dobleguemos ante tanto ultraje y tanta porquería?
Esto no puede quedar impune. El pueblo mexicano tiene dignidad y no puede permitir que lo traten de esta manera.
La Convención Nacional Democrática es nuestra posibilidad de mandarlos al diablo, de cambiar al gobierno y de rescatar a la República de la delincuencia organizada que han montado las autoridades en perjuicio de México. Esto es lo más importante.
No son documentos públicos, responde a la revista Proceso
Rechaza el IFE sacar a la luz las boletas del 2 de julio
Serán resguardadas hasta que proceda su destrucción, explica
ALONSO URRUTIA
El Instituto Federal Electoral (IFE) determinó rechazar la petición de la revista Proceso para acceder a la documentación electoral del 2 de julio. Las razones: las boletas no son documentación pública, están sujetas a un régimen especial de ''inviolabilidad'' que hace que ni el propio organismo tenga acceso y, además, existe un principio de definitividad en todas las etapas de la elección.
La petición original del semanario se presentó el 28 de julio pasado en la unidad de enlace del IFE, bajo la firma del director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda. La solicitud incluía tener ''acceso al sobre con las boletas sobrantes, inutilizadas, los votos válidos y nulos en todas las casillas instaladas durante la jornada del pasado 2 de julio de 2006 en todo el país, para la elección de presidente de la República''.
En su escrito, Proceso señalaba que la solicitud de acceso a las boletas podría ser autorizada "inmediatamente después de que el tribunal electoral concluya el dictamen, así como la declaración de validez o no validez de los comicios para presidente de la República''.
Días después, grupos ciudadanos se adhirieron a esta petición.
''Inviable constitucionalmente''
De acuerdo con la resolución del comité de información del IFE, existen preceptos constitucionales y legales que impiden dar acceso a estas boletas, pues al no tener carácter de documento público, ni relacionarse con un acto concreto de autoridad, se hace inviable esta petición. En tal caso, subraya, el acceso a la información sólo es procedente mediante el acta de las casillas respectivas, dado que ahí sí existe un acto de autoridad específico que puede ser verificado.
La respuesta a Proceso, que se estima será la misma que dará en breve a una petición ciudadana encabezada por un grupo de intelectuales, entre quienes se encuentran Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Luis Mandoki y Olga Harmony, establece centralmente que ''las boletas electorales no se ajustan a la definición legal de documento y por tanto de acceso a la información''. Agrega que un documento público del IFE sólo se define como tal en la medida en que registre las actividades o facultades del instituto y su personal.
''Las boletas no registran esa actividad. No son documentos jurídicamente hablando, pues registran la expresión popular del voto y ésa no puede calificarse como actividad o facultad del IFE y sus servidores públicos''.
Más adelante señala que al momento en que el ciudadano sufraga, las boletas se convierten técnicamente en un voto, que es la expresión material de la preferencia electoral de quien lo emite. Una vez concluida la jornada, el contenido de estos sufragios se vierte en las actas.
De acuerdo con el razonamiento del comité de información, durante el proceso que va desde la emisión del voto hasta el cómputo, existe la posibilidad de que sean vigilados por observadores nacionales y extranjeros, así como por representantes de partidos políticos que participan en la contienda, lo cual hace posible el cumplimiento de las disposiciones constitucionales para que las elecciones sean libres y auténticas.
Posteriormente, el documento razona que una vez computados los sufragios no hay regulación electoral alguna que establezca la posibilidad de una apertura que dé acceso a las boletas, salvo que exista una disposición expresa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con fines específicos.
Al mismo tiempo, señala que de la legislación electoral ''no es factible desprender que se permita el acceso a los materiales resguardados a la conclusión del proceso, en razón de que la obligación de resguardo y de inviolabilidad no se interrumpe bajo ningún supuesto. En consecuencia, no es jurídicamente posible entregar o poner a disposición de persona alguna los votos contenidos en los paquetes electorales''. De conformidad con la ley, el IFE sólo tiene facultades expresas, en torno a las boletas, que lo ''constriñen a mantener la inviolabilidad de su resguardo durante y después del proceso para que, una vez concluido éste, proceda en un momento dado su destrucción''.
Citando resoluciones del tribunal electoral, justifica la imposibilidad de abrir el acceso a las papeletas, puesto que el instituto sólo puede hacer aquello que le está expresa o implícitamente marcado en las leyes, ''ya que en caso contrario, si se permitiera el acceso, al carecer de fundamento normativo se violentarían tanto la garantía como el principio de legalidad, toda vez que no es jurídicamente procedente dar a las boletas un destino distinto y ajeno al que señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales''.
Posteriormente, destaca que las papeletas no son susceptibles de conservación, ''ya que si el legislador hubiera considerado la posibilidad de permitir el acceso a las mismas se hubiera confiado el carácter de documento histórico o dejado al arbitrio del IFE su destino. En tal sentido, se reconoció la importancia de que las boletas tienen ya efecto de salvaguardar el principio de definitividad, que confirió su resguardo e inviolabilidad a los consejos distritales, y su consulta la reservó al tribunal electoral''.
En sus argumentos, el instituto señala que es principio constitucional que el voto es secreto y que la mejor forma de garantizarlo es mediante el principio de definitividad. El legislador no obvió la posibilidad de asegurar las papeletas ''para no desvirtuar los resultados electorales y por ende afectar la decisión ciudadana, por lo que estableció una serie de mecanismos de inviolabilidad''.
Finalmente, indica que el camino por el cual transitan los votos se encuentra arropado permanentemente mediante la garantía de inviolabilidad, que es ''oponible frente a cualquiera, inclusive el propio instituto, que no cuente con facultades legales que le permitan para sí o en favor de un tercero, dar acceso a las boletas''.
El artículo 254, párrafo segundo, del Cofipe, establece: ''... los presidentes (de los consejos distritales) tomarán las medidas necesarias para el depósito, en el lugar señalado para tal efecto, de los sobres que contengan la documentación a que se refiere el artículo 234 (boletas inutilizadas, votos válidos y votos nulos) de este código, hasta la conclusión del proceso electoral. Una vez concluido éste se procederá a su destrucción''.
En La Jornada
''Les urge incinerarlas''
Con la negativa de proporcionar acceso a las boletas electorales a organizaciones civiles y medios de comunicación, como la revista Proceso, para realizar un recuento apartidista, el IFE busca ahora, de forma fáctica, una nueva categoría dentro de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalaron ayer académicos de la UNAM, representantes de colectivos civiles y ex consejeros electorales.
Coincidieron en que no aplica ninguna restricción en la información electoral porque, de acuerdo con dicha ley, la única información que no es pública es aquella expresamente relacionada con la seguridad nacional y con los datos personales.
En la mesa redonda Debatiendo los límites de la transparencia, organizada por el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia en México, realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval sostuvo que ni el IFE ni el tribunal electoral ''han salido bien parados de su prueba histórica, como tampoco el Cofipe'', y añadió que el instituto ha respondido ''de manera muy débil'' a la solicitud de acceso a las boletas electorales.
Advirtió que a los funcionarios del IFE ''les urge incinerar las boletas para que no queden supuestas pruebas de la elección'', y subrayó que la petición para el recuento obedece al derecho de acceso a la información, con el objeto de someter a la rendición de cuentas a las instituciones electorales.
Hugo Almada, de Alianza Cívica, consideró que el nivel de ''arcaísmo'' en las instituciones y procesos electorales quita transparencia y certeza a los comicios y sus resultados. Por su parte, John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostuvo que la solicitud de acceso a las boletas para un recuento ciudadano tiene como fin ''conocer la verdad histórica''.
José Galán
Comento: ¿Más claro el fraude? ¿Más claro que son un grupo de delincuentes que están en contra de la voluntad popular? ¿Y todavía pretenden que nos dobleguemos ante tanto ultraje y tanta porquería?
Esto no puede quedar impune. El pueblo mexicano tiene dignidad y no puede permitir que lo traten de esta manera.
La Convención Nacional Democrática es nuestra posibilidad de mandarlos al diablo, de cambiar al gobierno y de rescatar a la República de la delincuencia organizada que han montado las autoridades en perjuicio de México. Esto es lo más importante.
La SCJN le cierra la puerta en las narices al pueblo
En el editorial de La Jornada
Instituciones cerradas
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió ayer, por ocho votos contra dos, desechar en forma definitiva las peticiones ciudadanas para que investigara las violaciones al voto público en los comicios del pasado 2 de julio. Tales demandas se fundamentaron en el artículo 97 constitucional, que faculta al máximo tribunal a "practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Unión".
La determinación de ayer era previsible, no sólo por la conocida sumisión al Ejecutivo con que se ha desempeñado el presidente de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón, sino porque, a mediados del mes pasado, este magistrado declaró que el precepto constitucional referido era, a su juicio, "totalmente anacrónico, obsoleto" y que había sido "redactado con los pies".
Al margen del espectáculo deplorable que ofreció el titular del Poder Judicial al expresarse de la Carta Magna en tales términos, resultaba evidente, desde entonces, que el máximo tribunal del país habría de lavarse las manos ante el conflicto poselectoral en curso. Ayer, la mayoría de los ministros del pleno alegaron que los ciudadanos que presentaron las solicitudes carecían de legitimación para ello, pues el texto constitucional señala que la facultad de la SCJN para investigar violaciones al voto público ha de ejercerse "de oficio".
Lo cierto es que el fallo emitido el pasado martes por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconoció la comisión de irregularidades y violaciones legales en las conductas del Presidente de la República y de cúpulas empresariales y que, pese a todo, la Suprema Corte decidió lavarse las manos y abstenerse de intervenir, así hubiese sido de oficio, en un conflicto que ha rebasado al conjunto de las instituciones y que constituye una grave amenaza para la estabilidad, la gobernabilidad y la paz en el país. Así, el máximo tribunal se hizo corresponsable junto con la Presidencia, el Instituto Federal Electoral, el propio TEPJF, los capitales privados y la Cámara de Diputados, cuyas bancadas panista y priísta entregaron ayer mismo a Felipe Calderón el bando solemne que lo califica como presidente electo del callejón sin salida en que se encuentra la vida política de la nación y de la fractura ciudadana que quedó como saldo del desaseado y dudoso proceso electoral de julio.
Con la determinación de la SCJN se cerró el último de los canales institucionales por el que habría podido encauzarse la confrontación.
El grupo en el poder afirma ahora, en todos los tonos que puede, que el movimiento ciudadano articulado en torno de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador pretende una rendición de las instituciones y que éstas le entreguen, sin más, al aspirante de la coalición Por el Bien de Todos la jefatura del Estado. Tal argumento es una más de las distorsiones habituales en el discurso oficial, en el que casi todos los asuntos de la vida nacional aparecen, por lo demás, distorsionados y adulterados. Lo que verdaderamente ha venido pidiendo ese movimiento, y que encuentra eco en amplios sectores de la población, es la vigencia de mecanismos de impugnación y de corrección de los defectos en las decisiones de los organismos electorales.
La absurda negativa del TEPJF a recontar los sufragios emitidos el 2 de julio dio la razón a los opositores, y esa razón se confirma, ahora, con el portazo en las narices que recibieron en la SCJN. México padece instituciones que emiten fallos inapelables, que se cubren las espaldas unas a otras y que conforman, en conjunto, no un sistema de contrapesos, sino una red de complicidades que decretó la inexistencia de cuando menos un tercio de la ciudadanía y ahora pretende que no ha pasado nada.
Comento: ¿Cómo pretenden que el pueblo respete instituciones que no le sirven para nada? Las instituciones están amafiadas y podridas. ¡Al diablo con sus instituciones!
Instituciones cerradas
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió ayer, por ocho votos contra dos, desechar en forma definitiva las peticiones ciudadanas para que investigara las violaciones al voto público en los comicios del pasado 2 de julio. Tales demandas se fundamentaron en el artículo 97 constitucional, que faculta al máximo tribunal a "practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Unión".
La determinación de ayer era previsible, no sólo por la conocida sumisión al Ejecutivo con que se ha desempeñado el presidente de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón, sino porque, a mediados del mes pasado, este magistrado declaró que el precepto constitucional referido era, a su juicio, "totalmente anacrónico, obsoleto" y que había sido "redactado con los pies".
Al margen del espectáculo deplorable que ofreció el titular del Poder Judicial al expresarse de la Carta Magna en tales términos, resultaba evidente, desde entonces, que el máximo tribunal del país habría de lavarse las manos ante el conflicto poselectoral en curso. Ayer, la mayoría de los ministros del pleno alegaron que los ciudadanos que presentaron las solicitudes carecían de legitimación para ello, pues el texto constitucional señala que la facultad de la SCJN para investigar violaciones al voto público ha de ejercerse "de oficio".
Lo cierto es que el fallo emitido el pasado martes por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconoció la comisión de irregularidades y violaciones legales en las conductas del Presidente de la República y de cúpulas empresariales y que, pese a todo, la Suprema Corte decidió lavarse las manos y abstenerse de intervenir, así hubiese sido de oficio, en un conflicto que ha rebasado al conjunto de las instituciones y que constituye una grave amenaza para la estabilidad, la gobernabilidad y la paz en el país. Así, el máximo tribunal se hizo corresponsable junto con la Presidencia, el Instituto Federal Electoral, el propio TEPJF, los capitales privados y la Cámara de Diputados, cuyas bancadas panista y priísta entregaron ayer mismo a Felipe Calderón el bando solemne que lo califica como presidente electo del callejón sin salida en que se encuentra la vida política de la nación y de la fractura ciudadana que quedó como saldo del desaseado y dudoso proceso electoral de julio.
Con la determinación de la SCJN se cerró el último de los canales institucionales por el que habría podido encauzarse la confrontación.
El grupo en el poder afirma ahora, en todos los tonos que puede, que el movimiento ciudadano articulado en torno de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador pretende una rendición de las instituciones y que éstas le entreguen, sin más, al aspirante de la coalición Por el Bien de Todos la jefatura del Estado. Tal argumento es una más de las distorsiones habituales en el discurso oficial, en el que casi todos los asuntos de la vida nacional aparecen, por lo demás, distorsionados y adulterados. Lo que verdaderamente ha venido pidiendo ese movimiento, y que encuentra eco en amplios sectores de la población, es la vigencia de mecanismos de impugnación y de corrección de los defectos en las decisiones de los organismos electorales.
La absurda negativa del TEPJF a recontar los sufragios emitidos el 2 de julio dio la razón a los opositores, y esa razón se confirma, ahora, con el portazo en las narices que recibieron en la SCJN. México padece instituciones que emiten fallos inapelables, que se cubren las espaldas unas a otras y que conforman, en conjunto, no un sistema de contrapesos, sino una red de complicidades que decretó la inexistencia de cuando menos un tercio de la ciudadanía y ahora pretende que no ha pasado nada.
Comento: ¿Cómo pretenden que el pueblo respete instituciones que no le sirven para nada? Las instituciones están amafiadas y podridas. ¡Al diablo con sus instituciones!
El traidor le reporta al fascista en jefe
Traído de sendero de fecal
El pelele, el traidor y el fascista en jefe. ¡Caray, faltó el pelón de las orejas para tenerlos a todos juntos!
El pelele, el traidor y el fascista en jefe. ¡Caray, faltó el pelón de las orejas para tenerlos a todos juntos!
Instrucciones del traidor al espurio
Nos mandan esta imagen del Che blog
El instructor
Comento: Asertaron amigos, no dudo para nada que este sea el nivel de recomendaciones, nomás veánles las caras de zoquetes que tienen los dos. Les adivinaron la plática. Visto así, no está tan díficil borrarlos de nuestra vida pública, ¿no creen?
El instructor
Comento: Asertaron amigos, no dudo para nada que este sea el nivel de recomendaciones, nomás veánles las caras de zoquetes que tienen los dos. Les adivinaron la plática. Visto así, no está tan díficil borrarlos de nuestra vida pública, ¿no creen?
jueves, septiembre 07, 2006
Poesía para el espíritu
Fragmentos del Segundo Acto de Suave Patria de Ramón López Velarde.
Suave Patria: tu vales por el río
de las virtudes de tu mujerío.
Tus hijas atraviesan como hadas,
o destilando invisible alcohol
vestidas con la redes de tu sol,
cruzan como botellas alambradas.
Suave Patria: te amo no cual mito,
sino por tu verdad de pan bendito,
como a niña que asoma por la reja
con la blusa corrida hasta la oreja
y la falda bajada hasta el huesito.
Inaccesible al deshonor, flores;
creeré en ti, mientras una mexicana
en su tápalo lleve los dobleces
de la tienda, a las seis de la mañana,
y al estrenar su lujo quede lleno
el país, del aroma del estreno.
Como la sota moza, Patria mía,
en piso de metal, vives al día,
de milagro, como la lotería.
Tu imagen, el Palacio Nacional,
con tu misma grandeza y como tu igual
estatura de niño y de dedal.
Tus entrañas no niegan un asilo
para el ave que el párvulo sepulta
en una caja de carretes de hilo,
y nuestra juventud, llorando, oculta
dentro de ti el cadáver hecho poma
de aves que hablan nuestro mismo idioma.
Si me ahogo en tus julios, a mí baja
desde el vergel de tu peinado denso
frescura de rebozo y de tinaja;
y si tirito, dejas que me arrope
en tu respiración azul de incienso
y en tus carnosos labios de rompope.
Quieren morir tu ánima y tu estilo,
cual muriéndose van las cantadoras
que en las ferias, con el bravío pecho
empitonando la camisa, han hecho
la lujuria y el ritmo de las horas.
Patria te doy de tu dicha la clave:
sé siempre igual, fiel a tu espejo diario;
cincuenta veces es igual el Ave
taladrada en el hito del rosario,
y es más feliz que tu, Patria suave.
Sé igual y fiel; pupilas de abandono;
sedienta voz, la trigarante faja
en tus pechugas al vapor; y un trono
a la intemperie, cual una sonaja:
¡la carretera alegórica de paja!
Buenas noches amigos y amigas.
Suave Patria: tu vales por el río
de las virtudes de tu mujerío.
Tus hijas atraviesan como hadas,
o destilando invisible alcohol
vestidas con la redes de tu sol,
cruzan como botellas alambradas.
Suave Patria: te amo no cual mito,
sino por tu verdad de pan bendito,
como a niña que asoma por la reja
con la blusa corrida hasta la oreja
y la falda bajada hasta el huesito.
Inaccesible al deshonor, flores;
creeré en ti, mientras una mexicana
en su tápalo lleve los dobleces
de la tienda, a las seis de la mañana,
y al estrenar su lujo quede lleno
el país, del aroma del estreno.
Como la sota moza, Patria mía,
en piso de metal, vives al día,
de milagro, como la lotería.
Tu imagen, el Palacio Nacional,
con tu misma grandeza y como tu igual
estatura de niño y de dedal.
Tus entrañas no niegan un asilo
para el ave que el párvulo sepulta
en una caja de carretes de hilo,
y nuestra juventud, llorando, oculta
dentro de ti el cadáver hecho poma
de aves que hablan nuestro mismo idioma.
Si me ahogo en tus julios, a mí baja
desde el vergel de tu peinado denso
frescura de rebozo y de tinaja;
y si tirito, dejas que me arrope
en tu respiración azul de incienso
y en tus carnosos labios de rompope.
Quieren morir tu ánima y tu estilo,
cual muriéndose van las cantadoras
que en las ferias, con el bravío pecho
empitonando la camisa, han hecho
la lujuria y el ritmo de las horas.
Patria te doy de tu dicha la clave:
sé siempre igual, fiel a tu espejo diario;
cincuenta veces es igual el Ave
taladrada en el hito del rosario,
y es más feliz que tu, Patria suave.
Sé igual y fiel; pupilas de abandono;
sedienta voz, la trigarante faja
en tus pechugas al vapor; y un trono
a la intemperie, cual una sonaja:
¡la carretera alegórica de paja!
Buenas noches amigos y amigas.
AMLO EN LA ASAMBLEA PERMANENTE
Septiembre 7 de 2006.
Amigas, amigos:
Cuarenta días de resistencia civil pacífica y aquí estamos, bajo la lluvia, resistiendo de manera pacífica para hacer valer la justicia, la libertad y la democracia.
El día de hoy quiero hablar con ustedes y contestar algunas interrogantes que creo van a ayudar para que todos sepamos el por qué de la Convención Nacional Democrática.
¿Por qué estamos convocando a la Convención Nacional Democrática? Porque sabíamos de antemano, no somos ingenuos, que el régimen está podrido, que las instituciones están tomadas y las mantienen secuestradas unos cuantos privilegiados, que las instituciones de nuestro país no responden al mandato constitucional ni atienden los asuntos de interés general, lo que tiene que ver con la mayoría de nuestro pueblo.
Por eso se convocó desde hace algunos días a la Convención Nacional Democrática, porque sabíamos que no se iba a respetar la voluntad popular y que se iban a violar los principios constitucionales que hacen valer la democracia en nuestro país.
Como lo pudimos constatar, tanto el Instituto Federal Electoral como el Tribunal Electoral convalidaron el fraude y se consumó la usurpación, porque al no respetarse la voluntad popular y al violarse la Constitución estamos hablando de un golpe de Estado, de un gobierno usurpador.
Por eso decidimos llevar a cabo y darle curso a todos los trabajos orientados a la realización de la Convención Nacional Democrática.
¿En qué nos amparamos? Que eso también es importante de aclarar. Nos amparamos en el Artículo 39 de la Constitución, que tiene como antecedente el principio que se utilizó para fundar nuestra República. Cuando México pasa a ser un país soberano, independiente, los que lucharon por la Independencia proclamaron, antes que nada, que la soberanía radicaba en el pueblo, que el pueblo es soberano, que el pueblo es el que decide, que es el que manda en nuestro país.
Eso quedó establecido perfectamente en el Articulo 4 de la Constitución de Apatzingán, de 1814. Es un principio básico, que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, que puede modificar y puede abolirlo si está de por medio su felicidad. Por eso nos amparamos en ese principio constitucional.
Es tan importante este articulo que después de Apatzingán quedó plasmado en la Constitución de 1857, la Constitución que resume los anhelos de Reforma impulsado por el movimiento liberal de Juan Álvarez, de Juárez, de Ocampo, de todos los que hicieron posible la Reforma.
Y en 1917 el Constituyente lo deja intacto, es decir, no se modifica, se queda en la Constitución también como Artículo 39, en los mismos términos. La Constitución de 1917 es el resultado del movimiento revolucionario iniciado en 1910.
Este artículo es el que nos ampara, el que establece que la soberanía reside en el pueblo y que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno.
No hay que darle más vueltas. Los abogados, los juristas, los constitucionalistas saben muy bien que nos ampara la Constitución, que nuestro movimiento y que la convocatoria a la Convención se fundamentan en este artículo constitucional.
Que no nos venga a decir el Presidente de la Corte, como lo hizo ya con relación a un artículo, que no nos vaya a decir que el Artículo 39 es anacrónico y que se hizo con los pies. Eso fue lo que dijo el Presidente de la Corte de un artículo de la Constitución, el insigne y jurisconsulto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con este artículo es que estamos convocando a la Convención Nacional Democrática.
Ahora bien, ¿cuáles son los temas básicos de la Convención, entre muchos otros, pero cuáles son las resoluciones fundamentales que habremos de tomar de manera libre y democrática el día 16 de septiembre?
Hay 10 resoluciones básicas de la Convención Nacional Democrática. Yo quiero leerlas para que sepamos qué temas son los que se están analizando, discutiendo, en qué consiste el debate nacional y qué vamos a aprobar el día que nos reunamos en Convención, el día 16 de septiembre.
Diez resoluciones básicas de la Convención Nacional Democrática:
1. Vamos a resolver si aceptamos la vigencia de la República simulada o declaramos la abolición del régimen de corrupción y privilegios. ¿Si se entiende, verdad? Sobre esto vamos a decidir, si seguimos respetando, venerando instituciones caducas tomadas por las minorías o declaramos la abolición del régimen de corrupción y privilegios.
2. Si reconocemos al gobierno de la usurpación o lo desconocemos.
3. Si creamos un gobierno legítimo o una Coordinadora de la Resistencia Civil Pacífica. Tenemos que decidir.
4. Si nombramos un Presidente de México o un titular del Ejecutivo o un Jefe de Gobierno en Resistencia o un Coordinador de la Resistencia Civil Pacífica.
5. Si al aprobarse el órgano de gobierno y quién lo represente, este órgano de gobierno se instala y su titular toma posesión formalmente el 20 de noviembre o el 1 de diciembre de 2006.
6. Si aprobamos el Programa Básico de la Convención con 5 objetivos fundamentales: proteger a los pobres, defender el patrimonio nacional, combatir la impunidad y la corrupción, hacer valer el derecho a la información y transformar a las instituciones.
7. Si la Convención convoca a un Nuevo Constituyente con el propósito de que las instituciones efectivamente sean del pueblo y para el pueblo.
8. Si los acuerdos tomados por la Convención Nacional Democrática tendrán carácter obligatorio o deberán asumirse de manera voluntaria por ciudadanos libres de todas las condiciones sociales, pueblos, religiones e ideologías.
9. Si la Convención Nacional Democrática pedirá apoyo corporativo e incondicional o respetará las decisiones que tomen partidos políticos, legisladores, gobernadores e integrantes de los ayuntamientos del país.
10. Si la Convención, esto es muy importante, se mantiene como Asamblea soberana celebrando reuniones cada seis meses y se elige un Consejo Político Nacional que la represente mientras no estén reunidos todos los delegados de la misma.
Esto es importante, vamos a tener la Convención el día 16, van a venir representantes, delegados de todos los pueblos de México, de todas las colonias, barrios, ciudades, esa es la asamblea soberana, esa es la asamblea de delegados del pueblo, reunida. Peor esto se puede convertir, esa Convención, en un órgano permanente, en una asamblea que represente a millones de mexicanos que estamos luchando por la justicia, por la liberad y por la democracia.
Es asamblea soberana la Convención, puede reunirse, se establece que se reúna, si así lo aprueba la misma Convención, cada seis meses, es decir, todos los delegados cada seis meses y en el intervalo, en el tiempo que no están reunidos los convencionistas, un Consejo Político que se elija en la Convención, representan a todos los delegados ese Consejo Político que tendrá, desde luego, representación territorial, social, que tiene que ser plural, va a ocuparse de atender los asuntos de la Convención en tanto no esté reunida la Convención. Eso es también lo que se tendrá que decidir.
Yo quise plantear estos diez puntos para darle más claridad al propósito que tenemos de congregarnos el día 16, que sepamos todos por qué nos vamos a reunir el día 16 y para qué propósito.
Desde luego hay muchas otras propuestas, todas tienen que ser analizadas, discutidas, están llegando muchas ponencias, están llegando muchos proyectos de resolución, todos tendrán que ser tomados en cuenta, tenemos que debatir mucho de aquí al día 16, se tienen que analizar los pro, los contra y tenemos, entre todos, de manera democrática, que tomar la decisión, el rumbo que va a seguir nuestro movimiento.
Para eso es la Convención y les quiero decir a ustedes que celebro, estoy muy contento de que se haya tomado esta decisión. Si no se hubiese convocado a la Convención, estaríamos ahora en la disyuntiva de nada más si aceptar o no aceptar al gobierno espurio, pero ahora afortunadamente ya tenemos trazado un camino, ya sabemos hacia dónde podemos ir, no nos van ellos a poner las condiciones, no vamos a entrar al aro, no vamos a aceptar las reglas de siempre, no les vamos a convalidar su fraude, que se queden con sus instituciones corruptas, nosotros vamos a crear aquí nuestra instancia de gobierno y vamos hacia adelante.
Ya hemos hablado de cómo van a empezar, mejor dicho, ya comenzaron a burlarse, a reirse. No nos importa, ya hemos hablado de otras épocas de la historia, cómo se criticaba, se agredía, se atacaba al pueblo, a los dirigentes cuando eran necesarias las transformaciones, ya hemos hablado de lo que pasó con el movimiento de Independencia, con sus dirigentes, con Hidalgo, con Morelos, que los excomulgaron, los llamaron herejes y ahora son nuestros héroes nacionales.
Cuántas cosas decían de los liberales, es cuestión de revisar la historia, de los revolucionarios, que eran bandidos, en el caso de Villa, de Zapata, en el caso de Francisco I. Madero, el Apóstol de la Democracia, le decían iluminado, espiritista, se burlaban de él los conservadores, los partidarios del status quo en cada uno de estos momentos históricos.
Por es no nos preocupa, se los digo de manera sincera, que se burlen, que se rían, que digan que estamos fuera de la realidad. No nos preocupa lo que puedan decir los analistas, comentaristas del régimen, alcahuetes de la derecha. Pueden decir lo que quieran, nosotros tenemos ya trazado nuestro camino y saben ustedes que tenemos lo fundamental, por eso vamos a salir adelante, tenemos al pueblo de nuestro lado, tenemos la razón, estamos defendiendo una causa justa y además tenemos algo fundamental, lo mero principal, tenemos autoridad moral.
Por eso vamos hacia delante, a la Convención, no nos preocupemos mucho por lo que ellos hagan. Ya sabemos, miren, ese es el gobierno, y eso lo tenemos que tomar muy en cuenta, es el gobierno de la mafia, del hampa de la política.
Ya van a ver, ya van a ver cuando empiecen, en el gobierno espurio, a repartirse los cargos, van a ver cuántas diferencias, cuántos pleitos. Porque ¿saben una cosa?, como se trata de intereses, como ellos no luchan por ideales ni por principios ni tienen sentimientos en favor del pueblo, todo es en función de la ambición, van a ver cuántos problemas van a tener, no sólo por lo que nosotros vamos a representar, sino porque ellos mismos se van a dividir, porque hay una máxima que les queda a la perfección: “Cuando se reparte mal el botín, hay motín”. Esto es entre mafiosos.
Van a ver cuando les empiece a pedir su pago de factura la maestra Elba Esther, cuando les diga la maestra: ganaste por mí, porque yo metí tantos votos de más, porque yo eché a andar un operativo para sacar votos que eran de la Coalición, yo te ayudé en el fraude, me tienes que dar la Secretaría de Educación. Entonces, ahí vamos a ver lo que va a suceder, nada más para ir observando.
Por eso decía yo en una ocasión, y lo repito ahora, que si Manuel Gómez Morín o Manuel Clouthier viviesen, se volverían a morir nada más de la vergüenza.
Eso es lo que hace la diferencia, nosotros tenemos mucha autoridad moral y podemos sacar adelante al gobierno del pueblo y para el pueblo.
Si, miren, me regreso nada más para que no quede ahí: Cuando llegó Fox a la Presidencia, el banquero Roberto Hernández le impuso al actual Secretario de Hacienda. Imagínense, ahora con más derecho le van a pedir al pelele que la Secretaría de Hacienda la quieren ellos para seguir con la misma política económica antipopular y entreguista, y para seguir manteniendo e incrementando los privilegios. Pero allá ellos, vamos nos nosotros por el camino que hemos trazado.
Vámonos a la Convención. Se están haciendo asambleas en todos los pueblos, en barrios, en colonias, en centros educativos, en centros de trabajo, se están haciendo asambleas, se está debatiendo sobre estos temas y se están registrando muchos delegados. Mañana vamos a dar el número de delegados registrados, lo di ayer, hasta ayer teníamos 210 mil delegados registrados, pero diario son miles los que se están sumando, de modo que sí vamos a llegar a la meta de un millón de delegados para el día 16 de septiembre.
Hagamos el compromiso todas, todos, de invitar a la Convención, vamos a trabajar en eso. ¿Vamos a cumplir con esa tarea? Hay que invitar a familiares, a amigos, a compañeros de trabajo, hay que hacer cadenas invitando por teléfono, como se pueda, para romper el cerco informativo y que toda la gente sepa que vamos a realizar la Convención Nacional Democrática el día 16 de septiembre y que todos están invitados, hay que dedicar estos días a discutir sobre los temas de la Convención y también invitar para que tengamos una participación importante en la Convención Nacional Democrática.
Quiero, para terminar, decirles que se ha resuelto ampliar la Comisión Nacional Organizadora. ¿Se acuerdan que para iniciar los trabajos de la Convención se formó una Comisión Nacional Organizadora y en cada estado hay una Comisión Estatal Organizadora de la Convención? Ya están instaladas todas las comisiones estatales y desde luego la Comisión Nacional.
Originalmente son siete miembros de la Comisión Nacional Organizadora, los voy a dar a conocer: José Agustín Ortiz Pinchetti, Rafael Hernández Estrada, Dante Delgado, Socorro Díaz, Jesusa Rodríguez, ¿la conocen?, Fernando Shütte y Elenita Poniatowska.
Ahora de siete pasa a nueve miembros porque se incorpora Federico Arreola, no sé si está por aquí, y se incorpora Bertha Maldonado, Chaneca. Muchas mujeres, muchos hombres están participando en esta labor, muchos intelectuales, se están formando grupos de maestros universitarios, de artistas, de trabajadores de la cultura.
Este es un movimiento amplio, plural, incluyente, lo decimos aquí, es un movimiento que reúne a personas, a hombres, a mujeres libres de todas las condiciones sociales, de todas las corrientes del pensamiento, de todas las religiones, a pensadores libres o a librepensadores, en fin, es un movimiento representativo de lo que es nuestro pueblo, nuestra gran Nación.
Vamos hacia adelante, amigas, amigos. Muchas gracias por resistir, por luchar, por la dignidad, por la libertad, por la justicia, por la democracia.
Saben, cuando comenzábamos nuestro movimiento, antes de ser Jefe de Gobierno de la Ciudad, estábamos luchando por la democracia, recuerdo que me reuní con un grupo del movimiento nacional, de jubilados y de pensionados, puros adultos mayores, y ¿saben ustedes cuál era el lema de estos ancianos respetables?, el lema era y sigue siendo, creo yo, era: “Dejar de luchar es empezar a morir”.
Vamos hacia adelante a luchar por nuestros ideales, por nuestros principios. Cuarenta días en resistencia civil pacifica. Esto no tiene precedente en la historia de México, ya estamos haciendo historia, ¡y lo que viene!
¡Que viva la Convención Nacional Democrática!
¡Que vivan los fundadores de la resistencia civil pacifica!
¡Que viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!
Amigas, amigos:
Cuarenta días de resistencia civil pacífica y aquí estamos, bajo la lluvia, resistiendo de manera pacífica para hacer valer la justicia, la libertad y la democracia.
El día de hoy quiero hablar con ustedes y contestar algunas interrogantes que creo van a ayudar para que todos sepamos el por qué de la Convención Nacional Democrática.
¿Por qué estamos convocando a la Convención Nacional Democrática? Porque sabíamos de antemano, no somos ingenuos, que el régimen está podrido, que las instituciones están tomadas y las mantienen secuestradas unos cuantos privilegiados, que las instituciones de nuestro país no responden al mandato constitucional ni atienden los asuntos de interés general, lo que tiene que ver con la mayoría de nuestro pueblo.
Por eso se convocó desde hace algunos días a la Convención Nacional Democrática, porque sabíamos que no se iba a respetar la voluntad popular y que se iban a violar los principios constitucionales que hacen valer la democracia en nuestro país.
Como lo pudimos constatar, tanto el Instituto Federal Electoral como el Tribunal Electoral convalidaron el fraude y se consumó la usurpación, porque al no respetarse la voluntad popular y al violarse la Constitución estamos hablando de un golpe de Estado, de un gobierno usurpador.
Por eso decidimos llevar a cabo y darle curso a todos los trabajos orientados a la realización de la Convención Nacional Democrática.
¿En qué nos amparamos? Que eso también es importante de aclarar. Nos amparamos en el Artículo 39 de la Constitución, que tiene como antecedente el principio que se utilizó para fundar nuestra República. Cuando México pasa a ser un país soberano, independiente, los que lucharon por la Independencia proclamaron, antes que nada, que la soberanía radicaba en el pueblo, que el pueblo es soberano, que el pueblo es el que decide, que es el que manda en nuestro país.
Eso quedó establecido perfectamente en el Articulo 4 de la Constitución de Apatzingán, de 1814. Es un principio básico, que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, que puede modificar y puede abolirlo si está de por medio su felicidad. Por eso nos amparamos en ese principio constitucional.
Es tan importante este articulo que después de Apatzingán quedó plasmado en la Constitución de 1857, la Constitución que resume los anhelos de Reforma impulsado por el movimiento liberal de Juan Álvarez, de Juárez, de Ocampo, de todos los que hicieron posible la Reforma.
Y en 1917 el Constituyente lo deja intacto, es decir, no se modifica, se queda en la Constitución también como Artículo 39, en los mismos términos. La Constitución de 1917 es el resultado del movimiento revolucionario iniciado en 1910.
Este artículo es el que nos ampara, el que establece que la soberanía reside en el pueblo y que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno.
No hay que darle más vueltas. Los abogados, los juristas, los constitucionalistas saben muy bien que nos ampara la Constitución, que nuestro movimiento y que la convocatoria a la Convención se fundamentan en este artículo constitucional.
Que no nos venga a decir el Presidente de la Corte, como lo hizo ya con relación a un artículo, que no nos vaya a decir que el Artículo 39 es anacrónico y que se hizo con los pies. Eso fue lo que dijo el Presidente de la Corte de un artículo de la Constitución, el insigne y jurisconsulto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con este artículo es que estamos convocando a la Convención Nacional Democrática.
Ahora bien, ¿cuáles son los temas básicos de la Convención, entre muchos otros, pero cuáles son las resoluciones fundamentales que habremos de tomar de manera libre y democrática el día 16 de septiembre?
Hay 10 resoluciones básicas de la Convención Nacional Democrática. Yo quiero leerlas para que sepamos qué temas son los que se están analizando, discutiendo, en qué consiste el debate nacional y qué vamos a aprobar el día que nos reunamos en Convención, el día 16 de septiembre.
Diez resoluciones básicas de la Convención Nacional Democrática:
1. Vamos a resolver si aceptamos la vigencia de la República simulada o declaramos la abolición del régimen de corrupción y privilegios. ¿Si se entiende, verdad? Sobre esto vamos a decidir, si seguimos respetando, venerando instituciones caducas tomadas por las minorías o declaramos la abolición del régimen de corrupción y privilegios.
2. Si reconocemos al gobierno de la usurpación o lo desconocemos.
3. Si creamos un gobierno legítimo o una Coordinadora de la Resistencia Civil Pacífica. Tenemos que decidir.
4. Si nombramos un Presidente de México o un titular del Ejecutivo o un Jefe de Gobierno en Resistencia o un Coordinador de la Resistencia Civil Pacífica.
5. Si al aprobarse el órgano de gobierno y quién lo represente, este órgano de gobierno se instala y su titular toma posesión formalmente el 20 de noviembre o el 1 de diciembre de 2006.
6. Si aprobamos el Programa Básico de la Convención con 5 objetivos fundamentales: proteger a los pobres, defender el patrimonio nacional, combatir la impunidad y la corrupción, hacer valer el derecho a la información y transformar a las instituciones.
7. Si la Convención convoca a un Nuevo Constituyente con el propósito de que las instituciones efectivamente sean del pueblo y para el pueblo.
8. Si los acuerdos tomados por la Convención Nacional Democrática tendrán carácter obligatorio o deberán asumirse de manera voluntaria por ciudadanos libres de todas las condiciones sociales, pueblos, religiones e ideologías.
9. Si la Convención Nacional Democrática pedirá apoyo corporativo e incondicional o respetará las decisiones que tomen partidos políticos, legisladores, gobernadores e integrantes de los ayuntamientos del país.
10. Si la Convención, esto es muy importante, se mantiene como Asamblea soberana celebrando reuniones cada seis meses y se elige un Consejo Político Nacional que la represente mientras no estén reunidos todos los delegados de la misma.
Esto es importante, vamos a tener la Convención el día 16, van a venir representantes, delegados de todos los pueblos de México, de todas las colonias, barrios, ciudades, esa es la asamblea soberana, esa es la asamblea de delegados del pueblo, reunida. Peor esto se puede convertir, esa Convención, en un órgano permanente, en una asamblea que represente a millones de mexicanos que estamos luchando por la justicia, por la liberad y por la democracia.
Es asamblea soberana la Convención, puede reunirse, se establece que se reúna, si así lo aprueba la misma Convención, cada seis meses, es decir, todos los delegados cada seis meses y en el intervalo, en el tiempo que no están reunidos los convencionistas, un Consejo Político que se elija en la Convención, representan a todos los delegados ese Consejo Político que tendrá, desde luego, representación territorial, social, que tiene que ser plural, va a ocuparse de atender los asuntos de la Convención en tanto no esté reunida la Convención. Eso es también lo que se tendrá que decidir.
Yo quise plantear estos diez puntos para darle más claridad al propósito que tenemos de congregarnos el día 16, que sepamos todos por qué nos vamos a reunir el día 16 y para qué propósito.
Desde luego hay muchas otras propuestas, todas tienen que ser analizadas, discutidas, están llegando muchas ponencias, están llegando muchos proyectos de resolución, todos tendrán que ser tomados en cuenta, tenemos que debatir mucho de aquí al día 16, se tienen que analizar los pro, los contra y tenemos, entre todos, de manera democrática, que tomar la decisión, el rumbo que va a seguir nuestro movimiento.
Para eso es la Convención y les quiero decir a ustedes que celebro, estoy muy contento de que se haya tomado esta decisión. Si no se hubiese convocado a la Convención, estaríamos ahora en la disyuntiva de nada más si aceptar o no aceptar al gobierno espurio, pero ahora afortunadamente ya tenemos trazado un camino, ya sabemos hacia dónde podemos ir, no nos van ellos a poner las condiciones, no vamos a entrar al aro, no vamos a aceptar las reglas de siempre, no les vamos a convalidar su fraude, que se queden con sus instituciones corruptas, nosotros vamos a crear aquí nuestra instancia de gobierno y vamos hacia adelante.
Ya hemos hablado de cómo van a empezar, mejor dicho, ya comenzaron a burlarse, a reirse. No nos importa, ya hemos hablado de otras épocas de la historia, cómo se criticaba, se agredía, se atacaba al pueblo, a los dirigentes cuando eran necesarias las transformaciones, ya hemos hablado de lo que pasó con el movimiento de Independencia, con sus dirigentes, con Hidalgo, con Morelos, que los excomulgaron, los llamaron herejes y ahora son nuestros héroes nacionales.
Cuántas cosas decían de los liberales, es cuestión de revisar la historia, de los revolucionarios, que eran bandidos, en el caso de Villa, de Zapata, en el caso de Francisco I. Madero, el Apóstol de la Democracia, le decían iluminado, espiritista, se burlaban de él los conservadores, los partidarios del status quo en cada uno de estos momentos históricos.
Por es no nos preocupa, se los digo de manera sincera, que se burlen, que se rían, que digan que estamos fuera de la realidad. No nos preocupa lo que puedan decir los analistas, comentaristas del régimen, alcahuetes de la derecha. Pueden decir lo que quieran, nosotros tenemos ya trazado nuestro camino y saben ustedes que tenemos lo fundamental, por eso vamos a salir adelante, tenemos al pueblo de nuestro lado, tenemos la razón, estamos defendiendo una causa justa y además tenemos algo fundamental, lo mero principal, tenemos autoridad moral.
Por eso vamos hacia delante, a la Convención, no nos preocupemos mucho por lo que ellos hagan. Ya sabemos, miren, ese es el gobierno, y eso lo tenemos que tomar muy en cuenta, es el gobierno de la mafia, del hampa de la política.
Ya van a ver, ya van a ver cuando empiecen, en el gobierno espurio, a repartirse los cargos, van a ver cuántas diferencias, cuántos pleitos. Porque ¿saben una cosa?, como se trata de intereses, como ellos no luchan por ideales ni por principios ni tienen sentimientos en favor del pueblo, todo es en función de la ambición, van a ver cuántos problemas van a tener, no sólo por lo que nosotros vamos a representar, sino porque ellos mismos se van a dividir, porque hay una máxima que les queda a la perfección: “Cuando se reparte mal el botín, hay motín”. Esto es entre mafiosos.
Van a ver cuando les empiece a pedir su pago de factura la maestra Elba Esther, cuando les diga la maestra: ganaste por mí, porque yo metí tantos votos de más, porque yo eché a andar un operativo para sacar votos que eran de la Coalición, yo te ayudé en el fraude, me tienes que dar la Secretaría de Educación. Entonces, ahí vamos a ver lo que va a suceder, nada más para ir observando.
Por eso decía yo en una ocasión, y lo repito ahora, que si Manuel Gómez Morín o Manuel Clouthier viviesen, se volverían a morir nada más de la vergüenza.
Eso es lo que hace la diferencia, nosotros tenemos mucha autoridad moral y podemos sacar adelante al gobierno del pueblo y para el pueblo.
Si, miren, me regreso nada más para que no quede ahí: Cuando llegó Fox a la Presidencia, el banquero Roberto Hernández le impuso al actual Secretario de Hacienda. Imagínense, ahora con más derecho le van a pedir al pelele que la Secretaría de Hacienda la quieren ellos para seguir con la misma política económica antipopular y entreguista, y para seguir manteniendo e incrementando los privilegios. Pero allá ellos, vamos nos nosotros por el camino que hemos trazado.
Vámonos a la Convención. Se están haciendo asambleas en todos los pueblos, en barrios, en colonias, en centros educativos, en centros de trabajo, se están haciendo asambleas, se está debatiendo sobre estos temas y se están registrando muchos delegados. Mañana vamos a dar el número de delegados registrados, lo di ayer, hasta ayer teníamos 210 mil delegados registrados, pero diario son miles los que se están sumando, de modo que sí vamos a llegar a la meta de un millón de delegados para el día 16 de septiembre.
Hagamos el compromiso todas, todos, de invitar a la Convención, vamos a trabajar en eso. ¿Vamos a cumplir con esa tarea? Hay que invitar a familiares, a amigos, a compañeros de trabajo, hay que hacer cadenas invitando por teléfono, como se pueda, para romper el cerco informativo y que toda la gente sepa que vamos a realizar la Convención Nacional Democrática el día 16 de septiembre y que todos están invitados, hay que dedicar estos días a discutir sobre los temas de la Convención y también invitar para que tengamos una participación importante en la Convención Nacional Democrática.
Quiero, para terminar, decirles que se ha resuelto ampliar la Comisión Nacional Organizadora. ¿Se acuerdan que para iniciar los trabajos de la Convención se formó una Comisión Nacional Organizadora y en cada estado hay una Comisión Estatal Organizadora de la Convención? Ya están instaladas todas las comisiones estatales y desde luego la Comisión Nacional.
Originalmente son siete miembros de la Comisión Nacional Organizadora, los voy a dar a conocer: José Agustín Ortiz Pinchetti, Rafael Hernández Estrada, Dante Delgado, Socorro Díaz, Jesusa Rodríguez, ¿la conocen?, Fernando Shütte y Elenita Poniatowska.
Ahora de siete pasa a nueve miembros porque se incorpora Federico Arreola, no sé si está por aquí, y se incorpora Bertha Maldonado, Chaneca. Muchas mujeres, muchos hombres están participando en esta labor, muchos intelectuales, se están formando grupos de maestros universitarios, de artistas, de trabajadores de la cultura.
Este es un movimiento amplio, plural, incluyente, lo decimos aquí, es un movimiento que reúne a personas, a hombres, a mujeres libres de todas las condiciones sociales, de todas las corrientes del pensamiento, de todas las religiones, a pensadores libres o a librepensadores, en fin, es un movimiento representativo de lo que es nuestro pueblo, nuestra gran Nación.
Vamos hacia adelante, amigas, amigos. Muchas gracias por resistir, por luchar, por la dignidad, por la libertad, por la justicia, por la democracia.
Saben, cuando comenzábamos nuestro movimiento, antes de ser Jefe de Gobierno de la Ciudad, estábamos luchando por la democracia, recuerdo que me reuní con un grupo del movimiento nacional, de jubilados y de pensionados, puros adultos mayores, y ¿saben ustedes cuál era el lema de estos ancianos respetables?, el lema era y sigue siendo, creo yo, era: “Dejar de luchar es empezar a morir”.
Vamos hacia adelante a luchar por nuestros ideales, por nuestros principios. Cuarenta días en resistencia civil pacifica. Esto no tiene precedente en la historia de México, ya estamos haciendo historia, ¡y lo que viene!
¡Que viva la Convención Nacional Democrática!
¡Que vivan los fundadores de la resistencia civil pacifica!
¡Que viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!
Fecal de dos patas
A continuación el Cheblog nos envía un pequeño video que hizo inspirado en la actitud de rata que ha tenido FeCal últimamente, ya saben por eso de andarse escurriendo por la puerta trasera.
http://www.youtube.com/watch?v=RVuiezqTq6I
Link para descargarlo:
http://up-file.com/download/201616465237/fecaldedospatas-070906-alta.zip.html
Saludos.
http://www.youtube.com/watch?v=RVuiezqTq6I
Link para descargarlo:
http://up-file.com/download/201616465237/fecaldedospatas-070906-alta.zip.html
Saludos.
El ABC español
Sique
Salió una nota en el Universal que no reproduzco aquí (si quieren consúltenla) porque no me da el estómago para hacerlo. Les comparto la carta que les envié:
Señores y señoras:
Respecto a su opinión sobre las elecciones en México y el fallo del Tribunal, les comunico lo siguiente: el Sr. Calderón tuvo que transportarse en helicóptero al Tribunal con casi dos horas de anterioridad para recibir su constancia de presidente electo con el objeto de evadir la reacción de 3,000 mexicanos que fueron a protestar; varios invitados tuvieron que trepar una valla para entrar al recinto y algunos recibieron huevazos de la población inconforme; no obstante el recién presidente electo salió por la puerta trasera tuvo que entrar rápidamente a su camioneta para escapar a la lluvia de huevazos que le lanzaron los manifestantes. Mientras en el Zócalo capitalino unas 50,000 personas aclamaban a López Obrador.
Lo anterior es elocuente en relación con lo que se vive en México. Su juicio sobre López Obrador es erróneo y en razón de su objetividad les sugiero analicen sus discursos y accedan a la múltiple información que hay sobre el fraude, incluyendo los propios argumentos del Tribunal que sin razón alguna decidió no tomarlos en cuenta y otorgarle la presidencia a Calderón. Sin embargo, ya no es la presidencia lo que preocupa a López Obrador sino la lucha de más de quince millones de mexicanos adultos que tenemos evidencias del fraude y de la corrupción de las instituciones que nos gobiernan. En todo caso, si López Obrador "camina al abismo" como ustedes mencionan en su diario será acompañado por 40 millones en extrema pobreza, seguido de otros 40 millones de pobres que muy pronto estarán en esa condición si es que el gobierno de Calderón se sostiene, entre otras muchas cosas influirá que algunos españoles ya afilan sus uñas para repartirse con la oligarquía mexicana el patrimonio que debe pertenecer al pueblo de México.
La desinformación de un periódico es ya una cuestión inaceptable pero un pecado menor junto a la inmoralidad que esto representa a nivel internacional.
Atentamente.
Si quieren enviarle un correo esta es la dirección: opinion@abc.es
Dentro del orden del asesinato entre la mafia:
REFORMA.
Miguel Ángel Granados Chapa.
ISOSA y Hacienda.
Si como parece, la Procuraduría General de la República se ocupa de la indagación del crimen del director operativo de una singular empresa que presta servicios de cómputo aduanero, se frustrará el intento de hacer suponer que es un asesinato más.
En la mañana del martes 29 de agosto fue asesinado el ingeniero Francisco Obel Villarreal Ontelo. Veinticuatro horas después, en Los Pinos, el secretario de Hacienda lamentó esa muerte: "es una tragedia que estén asesinando gente de la forma que la están asesinando en la ciudad de México". Su intención era obvia: amén de cargar el homicidio a la cuenta de las autoridades capitalinas, incapaces de contener la ola de violencia de que ese crimen era expresión, buscó que se le considerara uno más.Pero quizá no lo sea.
Por un lado, porque los indicios muestran que se trata de una ejecución, es decir de un homicidio deliberado, no el resultado fortuito de un intento de asalto que se frustra por resistencia de la víctima. Y, por otra parte, porque Villarreal Ontelo era el director operativo de una empresa situada de tanto en tanto ante la atención pública por su peculiar organización y funcionamiento.
Se trata de Integradora de Servicios Operativos, S. A. (ISOSA), que es una suerte de hija bastarda en la Secretaría de Hacienda. Se alega, por un lado, que sus actividades, y por ende sus ingresos, son privados. Pero el propio titular de esa dependencia lamentó al hablar del caso que la víctima haya sido "un colaborador de la Secretaría de Hacienda a través de ISOSA".
A pesar de que el homicidio es un delito del fuero común, cuya investigación corresponde al Ministerio Público local, la Procuraduría General de la República solicitó informes sobre el arma utilizada en la ejecución, curiosidad profesional que no muestra -sería imposible que lo hiciera- respecto de cada asesinato con violencia en la Ciudad de México. Se presume que la PGR busca un fundamento para hacerse cargo de la averiguación previa, aunque no lo ha solicitado. Pero todavía anteayer, el procurador Daniel Cabeza de Vaca dijo que su oficina estudia si atrae o no el caso. Si finalmente se resuelve que la indagación local se vuelva federal, habrá motivos para suponer que la naturaleza de la empresa en que laboraba Villarreal Ontelo no es ajena a su ejecución.
No obstante adoptar la forma de una sociedad anónima, ISOSA es una empresa pública: el 99 por ciento de sus acciones pertenece a la Secretaría de Hacienda (y el 1 por ciento a Francisco Gil Díaz). Fue creada en junio de 1993, cuando Gil Díaz era subsecretario de Ingresos, bajo la autoridad de Pedro Aspe. Su actividad deriva del artículo 16 de la ley aduanera, que faculta a Hacienda a "autorizar a los particulares para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados, necesario para llevar a cabo el despacho aduanero". Ésa es la función de ISOSA, que está en proceso de liquidación.
La empresa fue creada poco después de constituido el fideicomiso 974-1, conocido como Aduanas I, abierto en mayo de 1993 como parte de la modernización relativa al régimen fiscal del comercio exterior demandada por la inminente firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
Tanto el fideicomiso como la empresa fueron creadas conforme al derecho privado, lo que ha permitido a Hacienda manejar amplios recursos fuera de los controles administrativos y fiscales, procedentes del derecho de trámite aduanal y de la contraprestación por los servicios de ISOSA.
La Auditoría Superior de la Federación pretendió fiscalizar esos recursos, que sólo en los primeros cuatro años de la actual administración sumaron más de 10 mil millones de pesos, depositados en el fideicomiso Aduanas I. Pero el órgano legislativo se enfrentó a la negativa de Hacienda y de Nacional Financiera -institución fiduciaria en este caso- a que se investiguen esas ambiguas formas de manejar como privados fondos públicos. Llegó al extremo de iniciar una controversia constitucional contra la Auditoría Superior, resuelta apenas hace tres semanas por la Suprema Corte. El tribunal concedió la razón al Ejecutivo -es decir, a Hacienda- considerando que se trata de entidades privadas no sujetas al escrutinio gubernamental.
A la luz de ese criterio resulta incomprensible por qué en marzo pasado el Servicio de Administración Tributaria enteró a la Tesorería de la Federación cerca de 2 mil 500 millones de pesos, monto semejante a la suma recabada por Aduanas I en el año 2003.
La pregunta sobre la naturaleza de ese fideicomiso, y de ISOSA, había sido ya formulada por el subsecretario de Ingresos de Zedillo, Ismael Gómez Gordillo, según puede leerse en el libro Fraude transexenal, del periodista Miguel Badillo, que ha seguido puntualmente ese caso en su revista Contralínea. Cuando Gómez Gordillo supo que debía presidir el comité técnico de aquel fideicomiso, integrado por directores de la Subsecretaría de Ingresos, tuvo clara la naturaleza de esas figuras: "...este es un fideicomiso privado en donde el comité técnico está integrado por puros burócratas, el dinero viene de una contribución federal y se gasta para dar un servicio a la Subsecretaría de Ingresos. Aun así, ¿ustedes sostienen que es un esquema privado?".Esa forma de operación se sostiene hasta el día de hoy, situación generadora de una gran opacidad que lleva a tomar a guasa la "completa transparencia" en que según Hacienda operan ISOSA y el fideicomiso.
Lo dijo en un comunicado, el lunes, donde además de insistir sobre el carácter común del acontecimiento criminal, lamenta que "se hayan difundido suspicacias descabelladas en torno a un nuevo y alarmante episodio de inseguridad pública en la Ciudad de México".
Cajón de Sastre.
El domingo 30 de julio Felipe Calderón fue recibido por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además de contarles la enternecedora historia de sus vicisitudes democráticas, les dijo cómo realizar su trabajo: "Y no es difícil lo que hay que hacer. Es una decisión muy difícil por su relevancia, pero fácil de tomar: simple y sencillamente hay que seguir con decisión lo que la ley dice". Después de haber cumplido con sus deberes, los propios magistrados recibieron una vez más, ayer, a Calderón, a quien anteayer declararon Presidente electo. En presencia de los ministros de la Corte y los consejeros del IFE, Calderón recibió el pliego correspondiente. Fue notable la asistencia del secretario de Gobernación, Carlos Abascal. Hace seis años quien ocupaba ese cargo en el último gabinete priista no fue invitado o se abstuvo de acudir. Es probable que ahora, en cambio, sí estuviera entre los invitados especiales, ya que Diódoro Carrasco, que de él se trata, es diputado panista.
Comento: El grado de psicopatía y de cinismo de Gil Díaz está en la frase "es una tragedia que estén asesinando gente de la forma que la están asesinando en la ciudad de México". Esto es peligrosísimo.
Miguel Ángel Granados Chapa.
ISOSA y Hacienda.
Si como parece, la Procuraduría General de la República se ocupa de la indagación del crimen del director operativo de una singular empresa que presta servicios de cómputo aduanero, se frustrará el intento de hacer suponer que es un asesinato más.
En la mañana del martes 29 de agosto fue asesinado el ingeniero Francisco Obel Villarreal Ontelo. Veinticuatro horas después, en Los Pinos, el secretario de Hacienda lamentó esa muerte: "es una tragedia que estén asesinando gente de la forma que la están asesinando en la ciudad de México". Su intención era obvia: amén de cargar el homicidio a la cuenta de las autoridades capitalinas, incapaces de contener la ola de violencia de que ese crimen era expresión, buscó que se le considerara uno más.Pero quizá no lo sea.
Por un lado, porque los indicios muestran que se trata de una ejecución, es decir de un homicidio deliberado, no el resultado fortuito de un intento de asalto que se frustra por resistencia de la víctima. Y, por otra parte, porque Villarreal Ontelo era el director operativo de una empresa situada de tanto en tanto ante la atención pública por su peculiar organización y funcionamiento.
Se trata de Integradora de Servicios Operativos, S. A. (ISOSA), que es una suerte de hija bastarda en la Secretaría de Hacienda. Se alega, por un lado, que sus actividades, y por ende sus ingresos, son privados. Pero el propio titular de esa dependencia lamentó al hablar del caso que la víctima haya sido "un colaborador de la Secretaría de Hacienda a través de ISOSA".
A pesar de que el homicidio es un delito del fuero común, cuya investigación corresponde al Ministerio Público local, la Procuraduría General de la República solicitó informes sobre el arma utilizada en la ejecución, curiosidad profesional que no muestra -sería imposible que lo hiciera- respecto de cada asesinato con violencia en la Ciudad de México. Se presume que la PGR busca un fundamento para hacerse cargo de la averiguación previa, aunque no lo ha solicitado. Pero todavía anteayer, el procurador Daniel Cabeza de Vaca dijo que su oficina estudia si atrae o no el caso. Si finalmente se resuelve que la indagación local se vuelva federal, habrá motivos para suponer que la naturaleza de la empresa en que laboraba Villarreal Ontelo no es ajena a su ejecución.
No obstante adoptar la forma de una sociedad anónima, ISOSA es una empresa pública: el 99 por ciento de sus acciones pertenece a la Secretaría de Hacienda (y el 1 por ciento a Francisco Gil Díaz). Fue creada en junio de 1993, cuando Gil Díaz era subsecretario de Ingresos, bajo la autoridad de Pedro Aspe. Su actividad deriva del artículo 16 de la ley aduanera, que faculta a Hacienda a "autorizar a los particulares para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados, necesario para llevar a cabo el despacho aduanero". Ésa es la función de ISOSA, que está en proceso de liquidación.
La empresa fue creada poco después de constituido el fideicomiso 974-1, conocido como Aduanas I, abierto en mayo de 1993 como parte de la modernización relativa al régimen fiscal del comercio exterior demandada por la inminente firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
Tanto el fideicomiso como la empresa fueron creadas conforme al derecho privado, lo que ha permitido a Hacienda manejar amplios recursos fuera de los controles administrativos y fiscales, procedentes del derecho de trámite aduanal y de la contraprestación por los servicios de ISOSA.
La Auditoría Superior de la Federación pretendió fiscalizar esos recursos, que sólo en los primeros cuatro años de la actual administración sumaron más de 10 mil millones de pesos, depositados en el fideicomiso Aduanas I. Pero el órgano legislativo se enfrentó a la negativa de Hacienda y de Nacional Financiera -institución fiduciaria en este caso- a que se investiguen esas ambiguas formas de manejar como privados fondos públicos. Llegó al extremo de iniciar una controversia constitucional contra la Auditoría Superior, resuelta apenas hace tres semanas por la Suprema Corte. El tribunal concedió la razón al Ejecutivo -es decir, a Hacienda- considerando que se trata de entidades privadas no sujetas al escrutinio gubernamental.
A la luz de ese criterio resulta incomprensible por qué en marzo pasado el Servicio de Administración Tributaria enteró a la Tesorería de la Federación cerca de 2 mil 500 millones de pesos, monto semejante a la suma recabada por Aduanas I en el año 2003.
La pregunta sobre la naturaleza de ese fideicomiso, y de ISOSA, había sido ya formulada por el subsecretario de Ingresos de Zedillo, Ismael Gómez Gordillo, según puede leerse en el libro Fraude transexenal, del periodista Miguel Badillo, que ha seguido puntualmente ese caso en su revista Contralínea. Cuando Gómez Gordillo supo que debía presidir el comité técnico de aquel fideicomiso, integrado por directores de la Subsecretaría de Ingresos, tuvo clara la naturaleza de esas figuras: "...este es un fideicomiso privado en donde el comité técnico está integrado por puros burócratas, el dinero viene de una contribución federal y se gasta para dar un servicio a la Subsecretaría de Ingresos. Aun así, ¿ustedes sostienen que es un esquema privado?".Esa forma de operación se sostiene hasta el día de hoy, situación generadora de una gran opacidad que lleva a tomar a guasa la "completa transparencia" en que según Hacienda operan ISOSA y el fideicomiso.
Lo dijo en un comunicado, el lunes, donde además de insistir sobre el carácter común del acontecimiento criminal, lamenta que "se hayan difundido suspicacias descabelladas en torno a un nuevo y alarmante episodio de inseguridad pública en la Ciudad de México".
Cajón de Sastre.
El domingo 30 de julio Felipe Calderón fue recibido por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además de contarles la enternecedora historia de sus vicisitudes democráticas, les dijo cómo realizar su trabajo: "Y no es difícil lo que hay que hacer. Es una decisión muy difícil por su relevancia, pero fácil de tomar: simple y sencillamente hay que seguir con decisión lo que la ley dice". Después de haber cumplido con sus deberes, los propios magistrados recibieron una vez más, ayer, a Calderón, a quien anteayer declararon Presidente electo. En presencia de los ministros de la Corte y los consejeros del IFE, Calderón recibió el pliego correspondiente. Fue notable la asistencia del secretario de Gobernación, Carlos Abascal. Hace seis años quien ocupaba ese cargo en el último gabinete priista no fue invitado o se abstuvo de acudir. Es probable que ahora, en cambio, sí estuviera entre los invitados especiales, ya que Diódoro Carrasco, que de él se trata, es diputado panista.
Comento: El grado de psicopatía y de cinismo de Gil Díaz está en la frase "es una tragedia que estén asesinando gente de la forma que la están asesinando en la ciudad de México". Esto es peligrosísimo.
La envidia no se cura con Prozac, Mr. Fox.
REFORMA.
Guadalupe Loaeza.
Una elección en riesgo.
"No se la va a acabar...", comentaba Vicente Fox, cada vez que podía. Lo decía despacito para que se lo grabaran muy bien todas y todos sus interlocutores que querían escucharlo. Lo que llamaba particularmente la atención era que su obsesión por aniquilar a su adversario, la hacía pública, y directa. "A ver, a ver... ¿de dónde saca tanto dinero para dobles pisos y pensiones para los viejitos...?", preguntaba sin poder ocultar su aversión. "¿Por qué lo quieren tanto si es un populista, un demagogo...?", se preguntaba el Presidente en voz alta en reuniones con artistas e intelectuales sin poder ocultar un rictus de envidia en la comisura de los labios. "No, no se la va a acabar...", volvía a decir como hablando para sí, como si en esos momentos estuviera maquinando algún plan malévolo.
¿Cómo era posible que un presidente de la República se expresara de ese modo tan amenazante al referirse al entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador?
Este odio acompañado siempre con este tipo de expresiones comenzó a traicionar a Fox desde mucho tiempo atrás, incluso antes del desafuero. Por lo general siempre las hacía o frente a periodistas o ante los funcionarios de su partido. Con el tiempo, su deseo de destruir a López Obrador se le fue convirtiendo en una verdadera manía. Lo más llamativo de todo era que la mayor parte de su gabinete adoptó el mismo odio. "¿Cómo que va a construir un segundo piso? Entonces, ¿quiere decir que López Obrador se va a lanzar como candidato a la Presidencia? No lo podemos permitir...", opinaban burdamente algunos de sus secretarios más a partir del primer semestre de 2003.
En otras palabras, una de las principales consignas del gabinete foxista, siempre fue acabar, a como diera lugar, con Andrés Manuel López Obrador. No hay duda de que el desafuero fue la evidencia más clara. Pero como finalmente y a pesar de todo AMLO fue elegido por su partido como el candidato de la coalición "Por el Bien de Todos", entonces se tuvo que recurrir a otras estrategias: atacarlo desde la Presidencia.
Por ejemplo, el 4 de diciembre del 2003, Fox hizo la siguiente declaración: "Con conocimiento de causa, yo pudiera señalar las enormes cantidades de basura que hay en las calles y en los parques de la ciudad de México, de la inseguridad que hay en esta ciudad, uno de los índices delictivos más altos que hay en el país". Diez días después de nuevo otro ataque: "No vamos a aceptar propuestas populistas, propuestas que no están bien estructuradas, propuestas que no tienen solidez y que no respaldan el crecimiento económico y la generación de empleo, o propuestas que no generen los recursos suficientes para la educación, para la salud...", bla, bla, bla...
A partir de esas fechas, no había día en que Fox no hiciera alguna referencia negativa respecto a la forma en que el Distrito Federal era gobernado.Es evidente que cuando empezó formalmente la campaña presidencial (19 de enero del 2006) los ataques por parte del Presidente se fueron intensificando. No le paraba la boca, no había manera de callarlo, era una verdadera tarabilla.
Por ello no sorprendió que entre "las irregularidades" que encontró el Trife, en la que más hizo hincapié fue precisamente en el comportamiento de Fox. "Las declaraciones del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios". ¿Por qué hasta ahora se reconoce este comportamiento tan indebido? ¿Cuál es el castigo que merecería? ¿Cuál la pena? ¿Cómo puede determinarse realmente el daño que causó? ¿Por qué el IFE nunca lo paró?
A juicio de los magistrados, las maneras "indirectas y metafóricas" a las que recurría Fox para referirse a AMLO "pudieron haber sesgado a los electores". Y claro que los "sesgaban" si venían de la boca del Presidente. ¿Cuántas veces dijo expresiones como: "más vale paso que dure y no trote que canse"? ¿Cuántas veces no habló de "cambiar de jinete, más no de caballo"?No hay duda de que la actitud del Presidente y la obsesión por aniquilar a AMLO dio luz verde tanto para la realización de la campaña sucia (de odio, como diría Monsiváis) como para la propaganda que organizó el Consejo Coordinador Empresarial.
El martes precisamente Carlos Loret de Mola entrevistó a José Luis Barraza. Después de que el entrevistador le comentó que el Trife los había señalado por cometer una violación a lo dispuesto en normas de orden público con la transmisión de la "propaganda negra" concretamente contra AMLO, el presidente del Consejo dijo que ellos no habían cometido ningún acto ilegal. "Entonces, ¿lo volverían a hacer? ¿No se arrepiente?", le preguntó Loret de Mola. "No", dijo tajante Barraza. ¿Cómo se iban a arrepentir los empresarios si seguramente tenían la venia del Presidente? ¿Cómo se iban a arrepentir si habían logrado su objetivo a pesar de haber incurrido en una ilegalidad?
Los veo perfecto. Sí, veo perfecto a los empresarios reunidos en la oficina de Fox maquinando las estrategias de la propaganda negra.Ahora que el Trife ya dio su veredicto ¿de qué serviría amonestar al Presidente o al Consejo Coordinador Empresarial cuando el daño ya está hecho? Han de estar muertos de la risa. Ellos, ya se salieron con la suya.
Llama la atención asimismo que los siete magistrados hubieran estado de acuerdo en avalar el triunfo de Calderón, ¿por qué no hubo ni una sola voz disonante? ¿Porque entre ellos querían protegerse? O ¿porque llegaron a un acuerdo más político que jurídico? Ciertamente los resultados serán inatacables, pero ciertamente no producen certeza. ¿Cuántas irregularidades habrá en todas esas casillas que no se abrieron? Como bien se ha dicho en estas mismas páginas: "Se cumplió con la legalidad, falta atender la legitimidad".
"No se la va a acabar...", podríamos decirle ahora a Vicente Fox, después de estas elecciones tan poco transparentes. Pasará a la historia, sí, pero como un Presidente que puso en riesgo la validez de la elección presidencial del 2 de julio del 2006. No, no se la va a acabar...
Comento: Ahora queda claro que por más Prozac que engulla el traidor, la depresión no se le va a quitar nunca porque viene de la profunda envidia que le ha tenido a AMLO... Y más que le va a tener... "No se la va a acabar". Mientras más queremos a LÓPEZ OBRADOR más crece nuestro desprecio a fox.
Guadalupe Loaeza.
Una elección en riesgo.
"No se la va a acabar...", comentaba Vicente Fox, cada vez que podía. Lo decía despacito para que se lo grabaran muy bien todas y todos sus interlocutores que querían escucharlo. Lo que llamaba particularmente la atención era que su obsesión por aniquilar a su adversario, la hacía pública, y directa. "A ver, a ver... ¿de dónde saca tanto dinero para dobles pisos y pensiones para los viejitos...?", preguntaba sin poder ocultar su aversión. "¿Por qué lo quieren tanto si es un populista, un demagogo...?", se preguntaba el Presidente en voz alta en reuniones con artistas e intelectuales sin poder ocultar un rictus de envidia en la comisura de los labios. "No, no se la va a acabar...", volvía a decir como hablando para sí, como si en esos momentos estuviera maquinando algún plan malévolo.
¿Cómo era posible que un presidente de la República se expresara de ese modo tan amenazante al referirse al entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador?
Este odio acompañado siempre con este tipo de expresiones comenzó a traicionar a Fox desde mucho tiempo atrás, incluso antes del desafuero. Por lo general siempre las hacía o frente a periodistas o ante los funcionarios de su partido. Con el tiempo, su deseo de destruir a López Obrador se le fue convirtiendo en una verdadera manía. Lo más llamativo de todo era que la mayor parte de su gabinete adoptó el mismo odio. "¿Cómo que va a construir un segundo piso? Entonces, ¿quiere decir que López Obrador se va a lanzar como candidato a la Presidencia? No lo podemos permitir...", opinaban burdamente algunos de sus secretarios más a partir del primer semestre de 2003.
En otras palabras, una de las principales consignas del gabinete foxista, siempre fue acabar, a como diera lugar, con Andrés Manuel López Obrador. No hay duda de que el desafuero fue la evidencia más clara. Pero como finalmente y a pesar de todo AMLO fue elegido por su partido como el candidato de la coalición "Por el Bien de Todos", entonces se tuvo que recurrir a otras estrategias: atacarlo desde la Presidencia.
Por ejemplo, el 4 de diciembre del 2003, Fox hizo la siguiente declaración: "Con conocimiento de causa, yo pudiera señalar las enormes cantidades de basura que hay en las calles y en los parques de la ciudad de México, de la inseguridad que hay en esta ciudad, uno de los índices delictivos más altos que hay en el país". Diez días después de nuevo otro ataque: "No vamos a aceptar propuestas populistas, propuestas que no están bien estructuradas, propuestas que no tienen solidez y que no respaldan el crecimiento económico y la generación de empleo, o propuestas que no generen los recursos suficientes para la educación, para la salud...", bla, bla, bla...
A partir de esas fechas, no había día en que Fox no hiciera alguna referencia negativa respecto a la forma en que el Distrito Federal era gobernado.Es evidente que cuando empezó formalmente la campaña presidencial (19 de enero del 2006) los ataques por parte del Presidente se fueron intensificando. No le paraba la boca, no había manera de callarlo, era una verdadera tarabilla.
Por ello no sorprendió que entre "las irregularidades" que encontró el Trife, en la que más hizo hincapié fue precisamente en el comportamiento de Fox. "Las declaraciones del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios". ¿Por qué hasta ahora se reconoce este comportamiento tan indebido? ¿Cuál es el castigo que merecería? ¿Cuál la pena? ¿Cómo puede determinarse realmente el daño que causó? ¿Por qué el IFE nunca lo paró?
A juicio de los magistrados, las maneras "indirectas y metafóricas" a las que recurría Fox para referirse a AMLO "pudieron haber sesgado a los electores". Y claro que los "sesgaban" si venían de la boca del Presidente. ¿Cuántas veces dijo expresiones como: "más vale paso que dure y no trote que canse"? ¿Cuántas veces no habló de "cambiar de jinete, más no de caballo"?No hay duda de que la actitud del Presidente y la obsesión por aniquilar a AMLO dio luz verde tanto para la realización de la campaña sucia (de odio, como diría Monsiváis) como para la propaganda que organizó el Consejo Coordinador Empresarial.
El martes precisamente Carlos Loret de Mola entrevistó a José Luis Barraza. Después de que el entrevistador le comentó que el Trife los había señalado por cometer una violación a lo dispuesto en normas de orden público con la transmisión de la "propaganda negra" concretamente contra AMLO, el presidente del Consejo dijo que ellos no habían cometido ningún acto ilegal. "Entonces, ¿lo volverían a hacer? ¿No se arrepiente?", le preguntó Loret de Mola. "No", dijo tajante Barraza. ¿Cómo se iban a arrepentir los empresarios si seguramente tenían la venia del Presidente? ¿Cómo se iban a arrepentir si habían logrado su objetivo a pesar de haber incurrido en una ilegalidad?
Los veo perfecto. Sí, veo perfecto a los empresarios reunidos en la oficina de Fox maquinando las estrategias de la propaganda negra.Ahora que el Trife ya dio su veredicto ¿de qué serviría amonestar al Presidente o al Consejo Coordinador Empresarial cuando el daño ya está hecho? Han de estar muertos de la risa. Ellos, ya se salieron con la suya.
Llama la atención asimismo que los siete magistrados hubieran estado de acuerdo en avalar el triunfo de Calderón, ¿por qué no hubo ni una sola voz disonante? ¿Porque entre ellos querían protegerse? O ¿porque llegaron a un acuerdo más político que jurídico? Ciertamente los resultados serán inatacables, pero ciertamente no producen certeza. ¿Cuántas irregularidades habrá en todas esas casillas que no se abrieron? Como bien se ha dicho en estas mismas páginas: "Se cumplió con la legalidad, falta atender la legitimidad".
"No se la va a acabar...", podríamos decirle ahora a Vicente Fox, después de estas elecciones tan poco transparentes. Pasará a la historia, sí, pero como un Presidente que puso en riesgo la validez de la elección presidencial del 2 de julio del 2006. No, no se la va a acabar...
Comento: Ahora queda claro que por más Prozac que engulla el traidor, la depresión no se le va a quitar nunca porque viene de la profunda envidia que le ha tenido a AMLO... Y más que le va a tener... "No se la va a acabar". Mientras más queremos a LÓPEZ OBRADOR más crece nuestro desprecio a fox.
La democracia en vilo
REFORMA.
Lorenzo Meyer.
El llano y las llamas.
La resolución inatacable del TEPJF cerró un capítulo de nuestra historia política y abrió al tiempo otro de impredecible contenido. La democracia mexicana está en vilo.
Fin y principio.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) encontró problemas en la elección presidencial del 2 de julio pasado pero al final declaró ganador por medio por ciento al candidato de la derecha. Legalmente, ya no hay nada más que hacer y así se ha cerrado el último capítulo formal de la conflictiva elección.Pero no fue un cierre con broche de oro sino todo lo contrario.
No logró disipar las dudas que una parte de la ciudadanía mantiene en torno a la legitimidad del triunfo que ha avalado el entramado institucional vigente. La decisión del TEPJF intentó apegarse a la letra de la ley pero de ninguna manera a su espíritu, y justamente por eso, a la vez que cierra, también abre un nuevo y muy difícil capítulo en la historia política de México.
Ante la negativa del TEPJF a sacar las conclusiones posibles de la obvia parcialidad que afectó al proceso, así como a restaurar la certeza en torno a los resultados en el total de urnas que arrojaron votos de más y de menos, el derrotado ha optado por no reconocer la legitimidad del fallo.
El fallo de los magistrados del TEPJF fue el último eslabón de una cadena que empezó a forjarse años atrás, a mediados del sexenio. Sin embargo, ese eslabón también pudiera ser el primero de algo no previsto por el Tribunal Electoral ni por el resto de quienes contribuyeron a que las cosas llegaran hasta donde están hoy: una nueva sucesión de hechos políticos encabezados por una oposición radicalizada y cuya dirección, naturaleza e intensidad no es posible predecir.
Las cosas bien pudieron haber sido de otra manera, pero ya no hay marcha atrás y ahora hay que examinar las opciones de cara a un futuro donde la parte derrotada considera al conjunto de ganadores una "República espuria" con la que no hay que negociar sino abolir.
Posibilidades.
La última vez que el llano social mexicano estuvo realmente en llamas fue hace ocho o siete decenios, cuando la "Guerra Cristera" (1926-1929) y sus secuelas asolaron buena parte del centro del país. Evidentemente pocos mexicanos, si es que alguno, desean hoy el retorno del incendio. Sin embargo, no son tan pocos los que, como antaño, con una combinación de cortedad de miras e irresponsabilidad están jugando con fuego en un llano que desde hace mucho tiene partes muy secas, entre otras cosas, por la corrupción, la incapacidad de la economía de crear empleos y el agravamiento de la inequidad en la distribución de cargas y beneficios.
Durante el periodo de vigencia del viejo régimen del PRI, una combinación de corrupción, prepotencia, miedo, miopía, irresponsabilidad y voracidad prendió varias hogueras que, sin embargo, el Estado autoritario fuerte logró aislar y extinguir con una combinación de represión y cooptación.
En los 1960 y 1970, excesos locales en el marco del autoritarismo llevaron en Chihuahua y Guerrero a grupos de origen rural, y encabezados por maestros, a buscar con las armas la justicia y dignidad que sistemáticamente les era negada. La cerrazón y represión de 1968 y 1971 ante las demandas de apertura política orilló a varios jóvenes urbanos a optar por la vía armada.
Una dureza ancestral de las oligarquías locales en relación con las comunidades indígenas en Chiapas desembocó en 1994 en la insurrección de las cañadas. Finalmente, el poder apagó las llamas que él mismo prendió, pero a un gran costo.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza hoy un movimiento que empezó como electoral, pero que está modificando radicalmente su naturaleza como respuesta a la decisión del gobierno, de las instituciones electorales y de los grandes poderes económicos y religiosos, de volver a cargarse en favor del candidato oficial.
Para AMLO y los suyos, la electoral ya no es hoy la vía adecuada para procesar de manera efectiva las demandas, justas e impostergables, de las clases populares y por eso están trasladando su centro de gravedad de los partidos al movimiento social. Un movimiento que puede fracasar si no logra afianzarse en una base social importante pero que, si, pese a tener en contra a todos los poderes del gobierno y fácticos en contra, consigue echar raíces en las clases populares, puede convertirse en un hecho político inédito en México.
La metamorfosis .
En los años 1960, y teniendo como trasfondo la energía que irradiaba la entonces joven Revolución Cubana, la izquierda mexicana, pese a su marginalidad, logró dar forma a un discurso que cuestionó la legitimidad del orden posrevolucionario.
El sistema autoritario mexicano decidió buscar una vía no represiva para neutralizar a ese adversario -moverse para permanecer en el mismo sitio- y llevó a cabo siete últimas reformas electorales -1973, 1977, 1987, 1989, 1990, 1993 y 1996- para abrirle un espacio institucional controlado.
Las reformas electorales, combinadas con el fracaso y desaparición de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, hicieron que el grueso de la izquierda mexicana, y pese a lo inequitativo de las reglas, aceptara conducir sus energías y demandas por la vía electoral. La gran excepción fue el neozapatismo chiapaneco.
Cuando finalmente en el 2000 las urnas le ganaron al autoritarismo, el triunfo fue para la derecha. La izquierda resintió el golpe pero no abandonó el camino electoral y a inicios del 2006, con un nuevo liderazgo, vislumbró posibilidades de éxito.
Desde el 2003 el presidente Fox, su partido y un buen conjunto de actores e intereses políticos -desde Elba Esther Gordillo hasta grupos empresariales pasando por la iglesia dominante- se pusieron como tarea prioritaria impedir una alternancia de izquierda en el 2006. Y para lograrlo no vacilaron en acudir a esa enorme maniobra antidemocrática que fue el intento de desafuero del único candidato viable de la izquierda o en usar al máximo e ilegalmente los recursos de la Presidencia para combinarlos con una dura campaña de miedo emprendida lo mismo por el PAN que por el Consejo Coordinador Empresarial.
Todo ello, aunado a la sospecha de fraude alimentada, entre otras cosas, por la inexplicable presencia de votos de más o de menos en las casillas, desembocó en lo que tenemos ahora: una negativa rotunda de la segunda fuerza electoral a reconocer la legitimidad de todo el proceso electoral y al inicio de un movimiento de resistencia pacífica pero en un llano muy seco, donde una chispa puede desembocar en un nuevo incendio.
Las posibilidades.
Según la teoría, los sistemas autoritarios necesitan acabar con cualquier oposición que intente movilizar y organizar a la sociedad de manera independiente. Sin embargo, el nuevo régimen mexicano, que en principio se considera democrático, ya no tiene ni las razones ni la libertad para usar los instrumentos de fuerza con que sus antecesores acabaron con las resistencias del pasado: disolución de manifestaciones, prisión, tortura y asesinato de opositores, etcétera.
Por su parte, esos movimientos sociales ya no tienen necesariamente que desembocar en la insurgencia armada pues se pueden mantener como desobediencia pacífica y ser efectivos.En esta circunstancia y por primera vez en México, el seco llano social pudiera ser transformado sin necesidad de un gran incendio previo, como ocurrió en los dos siglos pasados. Sin embargo, el peligro de incendio sigue siendo significativo.
La movilización iniciada por AMLO puede generar mucha energía política en los sectores donde tiene su raíz: en las clases populares y menos favorecidas. Tanto líderes como bases del movimiento, y literalmente "por el bien de todos", deben mantener dentro de límites muy estrictos esa energía producto de la frustración ante lo que perciben como una justicia denegada.
La misma advertencia, pero más contundente, debe hacerse a quienes controlan las fuerzas del Estado, quienes deben contener sus naturales inclinaciones de derecha a imponerse a como dé lugar y tomar en cuenta que el entorno político ha cambiado y que ya no se defiende el orden establecido con los métodos de antaño, pues eso puede provocar un incendio social de consecuencias impredecibles.
En suma, la estructura institucional heredada por la joven democracia mexicana -IFE, TEPJF, Suprema Corte, etcétera- resultó incapaz de avalar lo que requiere cualquier democracia que funcione bien: garantizar una lucha en buena lid que, consecuentemente, dispensase legitimidad a quien ejerce el poder.
Al borde de lo desconocido, esperemos que los actores políticos muestren más inteligencia y responsabilidad de la que han exhibido hasta hoy. El camino mexicano de consolidación democrática resultó mucho más difícil de lo imaginado. Hay que cuidar que sus graves deficiencias no acaben por echarlo por la borda.
Comento: Es decir, si los actores políticos somos todos los que con una nueva conciencia ciudadana estamos participando en la construcción de un México democrático tenemos que hacerlo con inteligencia y responsabilidad.
Lorenzo Meyer.
El llano y las llamas.
La resolución inatacable del TEPJF cerró un capítulo de nuestra historia política y abrió al tiempo otro de impredecible contenido. La democracia mexicana está en vilo.
Fin y principio.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) encontró problemas en la elección presidencial del 2 de julio pasado pero al final declaró ganador por medio por ciento al candidato de la derecha. Legalmente, ya no hay nada más que hacer y así se ha cerrado el último capítulo formal de la conflictiva elección.Pero no fue un cierre con broche de oro sino todo lo contrario.
No logró disipar las dudas que una parte de la ciudadanía mantiene en torno a la legitimidad del triunfo que ha avalado el entramado institucional vigente. La decisión del TEPJF intentó apegarse a la letra de la ley pero de ninguna manera a su espíritu, y justamente por eso, a la vez que cierra, también abre un nuevo y muy difícil capítulo en la historia política de México.
Ante la negativa del TEPJF a sacar las conclusiones posibles de la obvia parcialidad que afectó al proceso, así como a restaurar la certeza en torno a los resultados en el total de urnas que arrojaron votos de más y de menos, el derrotado ha optado por no reconocer la legitimidad del fallo.
El fallo de los magistrados del TEPJF fue el último eslabón de una cadena que empezó a forjarse años atrás, a mediados del sexenio. Sin embargo, ese eslabón también pudiera ser el primero de algo no previsto por el Tribunal Electoral ni por el resto de quienes contribuyeron a que las cosas llegaran hasta donde están hoy: una nueva sucesión de hechos políticos encabezados por una oposición radicalizada y cuya dirección, naturaleza e intensidad no es posible predecir.
Las cosas bien pudieron haber sido de otra manera, pero ya no hay marcha atrás y ahora hay que examinar las opciones de cara a un futuro donde la parte derrotada considera al conjunto de ganadores una "República espuria" con la que no hay que negociar sino abolir.
Posibilidades.
La última vez que el llano social mexicano estuvo realmente en llamas fue hace ocho o siete decenios, cuando la "Guerra Cristera" (1926-1929) y sus secuelas asolaron buena parte del centro del país. Evidentemente pocos mexicanos, si es que alguno, desean hoy el retorno del incendio. Sin embargo, no son tan pocos los que, como antaño, con una combinación de cortedad de miras e irresponsabilidad están jugando con fuego en un llano que desde hace mucho tiene partes muy secas, entre otras cosas, por la corrupción, la incapacidad de la economía de crear empleos y el agravamiento de la inequidad en la distribución de cargas y beneficios.
Durante el periodo de vigencia del viejo régimen del PRI, una combinación de corrupción, prepotencia, miedo, miopía, irresponsabilidad y voracidad prendió varias hogueras que, sin embargo, el Estado autoritario fuerte logró aislar y extinguir con una combinación de represión y cooptación.
En los 1960 y 1970, excesos locales en el marco del autoritarismo llevaron en Chihuahua y Guerrero a grupos de origen rural, y encabezados por maestros, a buscar con las armas la justicia y dignidad que sistemáticamente les era negada. La cerrazón y represión de 1968 y 1971 ante las demandas de apertura política orilló a varios jóvenes urbanos a optar por la vía armada.
Una dureza ancestral de las oligarquías locales en relación con las comunidades indígenas en Chiapas desembocó en 1994 en la insurrección de las cañadas. Finalmente, el poder apagó las llamas que él mismo prendió, pero a un gran costo.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza hoy un movimiento que empezó como electoral, pero que está modificando radicalmente su naturaleza como respuesta a la decisión del gobierno, de las instituciones electorales y de los grandes poderes económicos y religiosos, de volver a cargarse en favor del candidato oficial.
Para AMLO y los suyos, la electoral ya no es hoy la vía adecuada para procesar de manera efectiva las demandas, justas e impostergables, de las clases populares y por eso están trasladando su centro de gravedad de los partidos al movimiento social. Un movimiento que puede fracasar si no logra afianzarse en una base social importante pero que, si, pese a tener en contra a todos los poderes del gobierno y fácticos en contra, consigue echar raíces en las clases populares, puede convertirse en un hecho político inédito en México.
La metamorfosis .
En los años 1960, y teniendo como trasfondo la energía que irradiaba la entonces joven Revolución Cubana, la izquierda mexicana, pese a su marginalidad, logró dar forma a un discurso que cuestionó la legitimidad del orden posrevolucionario.
El sistema autoritario mexicano decidió buscar una vía no represiva para neutralizar a ese adversario -moverse para permanecer en el mismo sitio- y llevó a cabo siete últimas reformas electorales -1973, 1977, 1987, 1989, 1990, 1993 y 1996- para abrirle un espacio institucional controlado.
Las reformas electorales, combinadas con el fracaso y desaparición de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, hicieron que el grueso de la izquierda mexicana, y pese a lo inequitativo de las reglas, aceptara conducir sus energías y demandas por la vía electoral. La gran excepción fue el neozapatismo chiapaneco.
Cuando finalmente en el 2000 las urnas le ganaron al autoritarismo, el triunfo fue para la derecha. La izquierda resintió el golpe pero no abandonó el camino electoral y a inicios del 2006, con un nuevo liderazgo, vislumbró posibilidades de éxito.
Desde el 2003 el presidente Fox, su partido y un buen conjunto de actores e intereses políticos -desde Elba Esther Gordillo hasta grupos empresariales pasando por la iglesia dominante- se pusieron como tarea prioritaria impedir una alternancia de izquierda en el 2006. Y para lograrlo no vacilaron en acudir a esa enorme maniobra antidemocrática que fue el intento de desafuero del único candidato viable de la izquierda o en usar al máximo e ilegalmente los recursos de la Presidencia para combinarlos con una dura campaña de miedo emprendida lo mismo por el PAN que por el Consejo Coordinador Empresarial.
Todo ello, aunado a la sospecha de fraude alimentada, entre otras cosas, por la inexplicable presencia de votos de más o de menos en las casillas, desembocó en lo que tenemos ahora: una negativa rotunda de la segunda fuerza electoral a reconocer la legitimidad de todo el proceso electoral y al inicio de un movimiento de resistencia pacífica pero en un llano muy seco, donde una chispa puede desembocar en un nuevo incendio.
Las posibilidades.
Según la teoría, los sistemas autoritarios necesitan acabar con cualquier oposición que intente movilizar y organizar a la sociedad de manera independiente. Sin embargo, el nuevo régimen mexicano, que en principio se considera democrático, ya no tiene ni las razones ni la libertad para usar los instrumentos de fuerza con que sus antecesores acabaron con las resistencias del pasado: disolución de manifestaciones, prisión, tortura y asesinato de opositores, etcétera.
Por su parte, esos movimientos sociales ya no tienen necesariamente que desembocar en la insurgencia armada pues se pueden mantener como desobediencia pacífica y ser efectivos.En esta circunstancia y por primera vez en México, el seco llano social pudiera ser transformado sin necesidad de un gran incendio previo, como ocurrió en los dos siglos pasados. Sin embargo, el peligro de incendio sigue siendo significativo.
La movilización iniciada por AMLO puede generar mucha energía política en los sectores donde tiene su raíz: en las clases populares y menos favorecidas. Tanto líderes como bases del movimiento, y literalmente "por el bien de todos", deben mantener dentro de límites muy estrictos esa energía producto de la frustración ante lo que perciben como una justicia denegada.
La misma advertencia, pero más contundente, debe hacerse a quienes controlan las fuerzas del Estado, quienes deben contener sus naturales inclinaciones de derecha a imponerse a como dé lugar y tomar en cuenta que el entorno político ha cambiado y que ya no se defiende el orden establecido con los métodos de antaño, pues eso puede provocar un incendio social de consecuencias impredecibles.
En suma, la estructura institucional heredada por la joven democracia mexicana -IFE, TEPJF, Suprema Corte, etcétera- resultó incapaz de avalar lo que requiere cualquier democracia que funcione bien: garantizar una lucha en buena lid que, consecuentemente, dispensase legitimidad a quien ejerce el poder.
Al borde de lo desconocido, esperemos que los actores políticos muestren más inteligencia y responsabilidad de la que han exhibido hasta hoy. El camino mexicano de consolidación democrática resultó mucho más difícil de lo imaginado. Hay que cuidar que sus graves deficiencias no acaben por echarlo por la borda.
Comento: Es decir, si los actores políticos somos todos los que con una nueva conciencia ciudadana estamos participando en la construcción de un México democrático tenemos que hacerlo con inteligencia y responsabilidad.
Sigamos con el desprestigio de los rapaces
Sique
Me traje esta foto del sendero del peje. Es excelente para nuestro boicot porque ya sabemos que, a veces, una imagen es más efectiva que mil palabras. Saquen copias y envíenlas o péguenlas afuera de las tiendas de abarrotes. El pan bimbo con caca es una asociación que aunque no quieras automáticamente te viene a la mente cuando lo ves. Así que no sólo funciona para los que estamos participando activamente en el boicot sino hasta para quienes no lo hacen. Hay que provocar el asco visualmente lo cual representa el asco que provoca la rapacidad de Servitje et al.
La CND sustentada en la Constitución y en la historia
Martí Batres
La Jornada
Presidente de la República en resistencia
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló el fraude cometido en las casillas electorales por medio de la inyección de votos espurios. Su decisión es ilegal porque incluyó en el cómputo miles de votos fraudulentos. No es cierto que esta resolución sea legal sólo porque la dicta un tribunal. Está fuera del marco de la ley porque contradice lo que señala la Constitución, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y la propia jurisprudencia del tribunal. Este validó los votos sobrantes que exceden al número de votantes que aparecen en la lista nominal, con el argumento de que no alteran el resultado final de la casilla correspondiente. Al analizar las irregularidades por separado, el tribunal burla los principios de objetividad y certeza porque pretende ignorar que las irregularidades en su conjunto, por pequeñas que sean, invierten, voltean, cambian el resultado del ganador de la contienda, toda vez que la supuesta diferencia es de menos de dos votos por casilla. Esta decisión es inadmisible moral, política, histórica y jurídicamente.
Frente a la resolución ilegal del TEPJF, la respuesta inmediata de la resistencia civil y pacífica será la convención nacional democrática. La convención será la representación del pueblo en resistencia y tendrá que decidir el rumbo del movimiento y el futuro político de México. Se han puesto a discusión un conjunto de alternativas entre las que decidirá la propia convención. Por ejemplo, tendrá que decidirse si se forma un gobierno de la República o una coordinación nacional de la resistencia civil pacífica. Esto implica también decidir si se reconoce a un presidente legítimo de los Estados Unidos Mexicanos o si la convención elige a un jefe de gobierno en resistencia, a un encargado del Poder Ejecutivo, o a un coordinador nacional de la resistencia civil pacífica. Todo ello, en tanto dure la usurpación.
Considero que la convención nacional democrática debe nombrar a un presidente de la República en resistencia. La convención puede, como representación de la soberanía popular, entrar al fondo de las irregularidades que el TEPJF no resolvió, aprobar un dictamen, y en consecuencia declarar presidente de la República. No se trata de que la convención elija a un presidente. El pueblo de México ya eligió un presidente el pasado 2 de julio. Se trata de que la convención haga una declaratoria basada en la ley, en virtud de que tanto el IFE como el TEPJF renunciaron a cumplir la legalidad.
Formar una coordinación nacional para la resistencia no aportaría un hecho nuevo. En los hechos, ya hay una coordinación para la resistencia. Formalizarla podría interpretarse como la redición de otras experiencias o como la admisión de que la imposición se ha consumado y sólo resta resistirla. El movimiento tiene que ir mucho más allá esta vez y explorar caminos inéditos en la lucha política contemporánea.
Formar un gobierno paralelo, reconocer a un presidente legítimo o declarar un presidente de la República en resistencia significa un camino nuevo, pero no exento de antecedentes históricos parecidos. Ya en el siglo XIX, mientras los conservadores por medio de un golpe imponían un presidente ilegítimo en Palacio Nacional, Benito Juárez recorría el país como presidente legítimo, constitucional, de México. El episodio se repitió cuando los conservadores trajeron a Maximiliano de Habsburgo como emperador y Juárez volvió e recorrer el país. Las Leyes de Reforma fueron decretadas por Juárez en su primer recorrido por el país como presidente legítimo, mientras en Palacio Nacional estaban los conservadores. También ya la soberana Convención de Aguascalientes nombró presidentes de la República para resolver el vacío de poder derivado de la lucha contra la usurpación de Victoriano Huerta. En épocas más recientes, Manuel J. Clouthier formó un gabinete paralelo luego del fraude electoral de 1988. Después, en 1994, el movimiento democrático declaró a Amado Avendaño gobernador en rebeldía en el estado de Chiapas, ante el fraude electoral que el PRI realizó. Ya en este sexenio los zapatistas formaron las juntas de buen gobierno en Chiapas, y apenas este año se formó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Todos estos son ejemplos de la dualidad de poderes que se ha dado en momentos extraordinarios y con diferentes resultados en la historia nacional o regional de México.
La resolución del TEPJF no consuma el fraude electoral. Y la resistencia civil con un presidente legítimo de México a la cabeza puede lograr el restablecimiento del orden constitucional. Los mexicanos votaron para que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de México y ese es el desafío que tendrá que emprender la convención nacional democrática.
La historia de México da cuenta de diversos fraudes e imposiciones evitadas. Precisamente en 1991, Vicente Fox llamó a no acatar los fallos de los órganos electorales de Guanajuato: Comisión Electoral, Colegio Electoral y Tribunal Electoral, que declaraban triunfador y gobernador electo a Ramón Aguirre. Fox y su gente tomaron el aeropuerto y estrangularon carreteras como acciones de resistencia civil y lograron que Ramón Aguirre no se presentara a rendir protesta como gobernador de Guanajuato. Ese mismo año, la resistencia civil en San Luis Potosí, encabezada por el doctor Salvador Nava, impidió la entrada de Fausto Zapata al palacio de gobierno de San Luis Potosí por medio de un sentón de cientos de mujeres potosinas. Un año más tarde, en 1992, se consumó un fraude electoral en Michoacán, para despojar de su triunfo a Cristóbal Arias e imponer al candidato del PRI a la gubernatura, Eduardo Villaseñor, quien tomó posesión del cargo, lo ejerció durante algunos meses y después renunció por la presión de las movilizaciones. Si hay decisión de los dirigentes y respuesta del pueblo, Felipe Calderón no llegará a tomar posesión del cargo de presidente de la República o en el camino quedará como un presidente patito, rebasado por la realidad política de México.
Comento: El conocimiento de la historia es de vital importancia para con resolución y firmeza nuestras llevar a cabo las acciones que nos conduzcan a la refundación de la República.
¡VIVA LA CONVENCIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA!
La Jornada
Presidente de la República en resistencia
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló el fraude cometido en las casillas electorales por medio de la inyección de votos espurios. Su decisión es ilegal porque incluyó en el cómputo miles de votos fraudulentos. No es cierto que esta resolución sea legal sólo porque la dicta un tribunal. Está fuera del marco de la ley porque contradice lo que señala la Constitución, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y la propia jurisprudencia del tribunal. Este validó los votos sobrantes que exceden al número de votantes que aparecen en la lista nominal, con el argumento de que no alteran el resultado final de la casilla correspondiente. Al analizar las irregularidades por separado, el tribunal burla los principios de objetividad y certeza porque pretende ignorar que las irregularidades en su conjunto, por pequeñas que sean, invierten, voltean, cambian el resultado del ganador de la contienda, toda vez que la supuesta diferencia es de menos de dos votos por casilla. Esta decisión es inadmisible moral, política, histórica y jurídicamente.
Frente a la resolución ilegal del TEPJF, la respuesta inmediata de la resistencia civil y pacífica será la convención nacional democrática. La convención será la representación del pueblo en resistencia y tendrá que decidir el rumbo del movimiento y el futuro político de México. Se han puesto a discusión un conjunto de alternativas entre las que decidirá la propia convención. Por ejemplo, tendrá que decidirse si se forma un gobierno de la República o una coordinación nacional de la resistencia civil pacífica. Esto implica también decidir si se reconoce a un presidente legítimo de los Estados Unidos Mexicanos o si la convención elige a un jefe de gobierno en resistencia, a un encargado del Poder Ejecutivo, o a un coordinador nacional de la resistencia civil pacífica. Todo ello, en tanto dure la usurpación.
Considero que la convención nacional democrática debe nombrar a un presidente de la República en resistencia. La convención puede, como representación de la soberanía popular, entrar al fondo de las irregularidades que el TEPJF no resolvió, aprobar un dictamen, y en consecuencia declarar presidente de la República. No se trata de que la convención elija a un presidente. El pueblo de México ya eligió un presidente el pasado 2 de julio. Se trata de que la convención haga una declaratoria basada en la ley, en virtud de que tanto el IFE como el TEPJF renunciaron a cumplir la legalidad.
Formar una coordinación nacional para la resistencia no aportaría un hecho nuevo. En los hechos, ya hay una coordinación para la resistencia. Formalizarla podría interpretarse como la redición de otras experiencias o como la admisión de que la imposición se ha consumado y sólo resta resistirla. El movimiento tiene que ir mucho más allá esta vez y explorar caminos inéditos en la lucha política contemporánea.
Formar un gobierno paralelo, reconocer a un presidente legítimo o declarar un presidente de la República en resistencia significa un camino nuevo, pero no exento de antecedentes históricos parecidos. Ya en el siglo XIX, mientras los conservadores por medio de un golpe imponían un presidente ilegítimo en Palacio Nacional, Benito Juárez recorría el país como presidente legítimo, constitucional, de México. El episodio se repitió cuando los conservadores trajeron a Maximiliano de Habsburgo como emperador y Juárez volvió e recorrer el país. Las Leyes de Reforma fueron decretadas por Juárez en su primer recorrido por el país como presidente legítimo, mientras en Palacio Nacional estaban los conservadores. También ya la soberana Convención de Aguascalientes nombró presidentes de la República para resolver el vacío de poder derivado de la lucha contra la usurpación de Victoriano Huerta. En épocas más recientes, Manuel J. Clouthier formó un gabinete paralelo luego del fraude electoral de 1988. Después, en 1994, el movimiento democrático declaró a Amado Avendaño gobernador en rebeldía en el estado de Chiapas, ante el fraude electoral que el PRI realizó. Ya en este sexenio los zapatistas formaron las juntas de buen gobierno en Chiapas, y apenas este año se formó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Todos estos son ejemplos de la dualidad de poderes que se ha dado en momentos extraordinarios y con diferentes resultados en la historia nacional o regional de México.
La resolución del TEPJF no consuma el fraude electoral. Y la resistencia civil con un presidente legítimo de México a la cabeza puede lograr el restablecimiento del orden constitucional. Los mexicanos votaron para que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de México y ese es el desafío que tendrá que emprender la convención nacional democrática.
La historia de México da cuenta de diversos fraudes e imposiciones evitadas. Precisamente en 1991, Vicente Fox llamó a no acatar los fallos de los órganos electorales de Guanajuato: Comisión Electoral, Colegio Electoral y Tribunal Electoral, que declaraban triunfador y gobernador electo a Ramón Aguirre. Fox y su gente tomaron el aeropuerto y estrangularon carreteras como acciones de resistencia civil y lograron que Ramón Aguirre no se presentara a rendir protesta como gobernador de Guanajuato. Ese mismo año, la resistencia civil en San Luis Potosí, encabezada por el doctor Salvador Nava, impidió la entrada de Fausto Zapata al palacio de gobierno de San Luis Potosí por medio de un sentón de cientos de mujeres potosinas. Un año más tarde, en 1992, se consumó un fraude electoral en Michoacán, para despojar de su triunfo a Cristóbal Arias e imponer al candidato del PRI a la gubernatura, Eduardo Villaseñor, quien tomó posesión del cargo, lo ejerció durante algunos meses y después renunció por la presión de las movilizaciones. Si hay decisión de los dirigentes y respuesta del pueblo, Felipe Calderón no llegará a tomar posesión del cargo de presidente de la República o en el camino quedará como un presidente patito, rebasado por la realidad política de México.
Comento: El conocimiento de la historia es de vital importancia para con resolución y firmeza nuestras llevar a cabo las acciones que nos conduzcan a la refundación de la República.
¡VIVA LA CONVENCIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA!
Todos los que tengan dignidad
Octavio Rodríguez Araujo
La Jornada
¿Consummatum est?
Dice la leyenda que estas fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz, pero sin interrogación. Lo que en español quiso decir, siempre siguiendo la leyenda y el Evangelio de San Juan, fue que todo se había acabado, que todo se había cumplido. El empleo de estas palabras suele ser a propósito de un desastre y de un gran dolor. La interrogación la uso para preguntar si de verdad todo se acabó. Aunque el desastre y el dolor sí existen, como se prueba con algunas fotografías de gente que ingenuamente quiso creer en las instituciones, pienso que no, que en realidad todo empieza ahora que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió torpemente que Felipe Calderón Hinojosa sea el próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Dije "torpemente" pues en sus propias explicaciones llevaba la contradicción de sus conclusiones. Los sabios del tribunal, siguiendo una consigna más que la razón y el entendimiento, cayeron en sus propias trampas, al igual que el niño cuando miente y trata de que le crean. Después de señalar que el presidente Fox puso en riesgo la elección, que el Consejo Coordinador Empresarial tuvo injerencia en el proceso electoral, que hubo irregularidades en los comicios, que el IFE no actuó como debía, después de reconocer todo esto, declaró que nada de eso probaba que la elección y su proceso previo hubieran sido ilegales; sólo un poquito, les faltó añadir.
En una democracia madura, no me cansaré de repetirlo, los votos se hubieran contado en su totalidad, era la única forma de transparentar una elección bajo sospecha. No se hizo, y el tribunal no quiso hacerlo; ahora ya sabemos por qué, aunque lo sospechábamos. Pero con su actuación lo único que ha demostrado es que no sólo el Poder Ejecutivo federal sino también el Judicial fueron cómplices de un golpe de Estado ex ante (de antemano, anticipado) para evitar que López Obrador, precisamente por la vía electoral e institucional, pudiera llegar al poder. Lo que ha concluido ahora no es el proceso electoral, sino un golpe de Estado preparado, como todos los golpes de Estado, desde los aparatos del Estado mismo.
Las famosas instituciones, las que defienden desde afuera (¿que tan afuera?) los intelectuales seguidores de lo "políticamente correcto" y, desde luego, los titulares de esas instituciones que las usaron para su beneficio y el de sus amos, han demostrado empíricamente que deberán ser reformadas, si no sustituidas. El Instituto Federal Electoral, como ha quedado claro con las denuncias de varios de sus consejeros de Querétaro, Quintana Roo, Nuevo León, Michoacán y Oaxaca, y con la valiente renuncia de Esteban Garaiz en Jalisco, por considerar que las campañas no fueron limpias ni equitativas, deberá reformarse, y sus consejeros nacionales, comenzando por Ugalde, deberán renunciar de inmediato o el Congreso de la Unión sustituirlos sin mayor trámite. Los magistrados del TEPJF se van, salvo uno, el mes que entra, pero antes deberían ser sometidos a juicio político junto con el presidente (con minúsculas) de la República.
El escarnio que los dueños de las instituciones han hecho de éstas no es cualquier cosa. Las han reducido a nada y las han puesto en la ilegalidad constitucional. Con esta sola acción, para no mencionar otras más, han invitado al pueblo de México a exigir que las instituciones le sirvan y a negarse a servirlas como han querido los gobernantes y sus paleros de los poderes Judicial y Legislativo. El Estado y no sólo el gobierno, le ha dado la espalda al pueblo de México; justo será que éste, en reciprocidad, levante la bandera de la dignidad y desconozca a las instituciones, con la Constitución en la mano.
La imposición de un presidente ilegítimo, sólo apoyado por una legalidad usada facciosamente por los facinerosos coludidos a cargo de las instituciones, sólo nos deja una salida, también legal y con amparo constitucional: la resistencia civil y la organización popular en una convención nacional democrática que impulse un nuevo país democrático en el que, por primera vez en muchísimos años, el poder sea del pueblo y para el pueblo.
Ningún mexicano bien nacido, consciente de lo que ha ocurrido y que tenga dignidad, podrá aceptar una imposición producto de un golpe de Estado anticipado, llevado a cabo desde que se quiso eliminar con el desafuero a nuestro candidato a la Presidencia. Si lo permitimos seremos cómplices de este gran atropello. El Estado mexicano ha mostrado, una vez más, su verdadera cara. Enseñémosle la nuestra. No todo se ha acabado, no estamos ante un hecho consumado: del dolor por el desastre conducido por la oligarquía política y económica surgirá la rabia, y de ésta la lucha por un México verdaderamente mejor. A diferencia de ellos, que sólo cuentan con las instituciones de las que se han burlado y con inmensos recursos económicos, nosotros contamos con un líder, con un proyecto y con un gran espíritu de lucha para enfrentarlos. Felipe Calderón no será presidente.
Comento: La rabia emanada del dolor por la injusticia es la energía para una lucha que construya la nación que los mexicanos con dignidad queremos.
¡VIVA LA CONVENCIÓN DEMOCRÁTICA!
La Jornada
¿Consummatum est?
Dice la leyenda que estas fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz, pero sin interrogación. Lo que en español quiso decir, siempre siguiendo la leyenda y el Evangelio de San Juan, fue que todo se había acabado, que todo se había cumplido. El empleo de estas palabras suele ser a propósito de un desastre y de un gran dolor. La interrogación la uso para preguntar si de verdad todo se acabó. Aunque el desastre y el dolor sí existen, como se prueba con algunas fotografías de gente que ingenuamente quiso creer en las instituciones, pienso que no, que en realidad todo empieza ahora que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió torpemente que Felipe Calderón Hinojosa sea el próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Dije "torpemente" pues en sus propias explicaciones llevaba la contradicción de sus conclusiones. Los sabios del tribunal, siguiendo una consigna más que la razón y el entendimiento, cayeron en sus propias trampas, al igual que el niño cuando miente y trata de que le crean. Después de señalar que el presidente Fox puso en riesgo la elección, que el Consejo Coordinador Empresarial tuvo injerencia en el proceso electoral, que hubo irregularidades en los comicios, que el IFE no actuó como debía, después de reconocer todo esto, declaró que nada de eso probaba que la elección y su proceso previo hubieran sido ilegales; sólo un poquito, les faltó añadir.
En una democracia madura, no me cansaré de repetirlo, los votos se hubieran contado en su totalidad, era la única forma de transparentar una elección bajo sospecha. No se hizo, y el tribunal no quiso hacerlo; ahora ya sabemos por qué, aunque lo sospechábamos. Pero con su actuación lo único que ha demostrado es que no sólo el Poder Ejecutivo federal sino también el Judicial fueron cómplices de un golpe de Estado ex ante (de antemano, anticipado) para evitar que López Obrador, precisamente por la vía electoral e institucional, pudiera llegar al poder. Lo que ha concluido ahora no es el proceso electoral, sino un golpe de Estado preparado, como todos los golpes de Estado, desde los aparatos del Estado mismo.
Las famosas instituciones, las que defienden desde afuera (¿que tan afuera?) los intelectuales seguidores de lo "políticamente correcto" y, desde luego, los titulares de esas instituciones que las usaron para su beneficio y el de sus amos, han demostrado empíricamente que deberán ser reformadas, si no sustituidas. El Instituto Federal Electoral, como ha quedado claro con las denuncias de varios de sus consejeros de Querétaro, Quintana Roo, Nuevo León, Michoacán y Oaxaca, y con la valiente renuncia de Esteban Garaiz en Jalisco, por considerar que las campañas no fueron limpias ni equitativas, deberá reformarse, y sus consejeros nacionales, comenzando por Ugalde, deberán renunciar de inmediato o el Congreso de la Unión sustituirlos sin mayor trámite. Los magistrados del TEPJF se van, salvo uno, el mes que entra, pero antes deberían ser sometidos a juicio político junto con el presidente (con minúsculas) de la República.
El escarnio que los dueños de las instituciones han hecho de éstas no es cualquier cosa. Las han reducido a nada y las han puesto en la ilegalidad constitucional. Con esta sola acción, para no mencionar otras más, han invitado al pueblo de México a exigir que las instituciones le sirvan y a negarse a servirlas como han querido los gobernantes y sus paleros de los poderes Judicial y Legislativo. El Estado y no sólo el gobierno, le ha dado la espalda al pueblo de México; justo será que éste, en reciprocidad, levante la bandera de la dignidad y desconozca a las instituciones, con la Constitución en la mano.
La imposición de un presidente ilegítimo, sólo apoyado por una legalidad usada facciosamente por los facinerosos coludidos a cargo de las instituciones, sólo nos deja una salida, también legal y con amparo constitucional: la resistencia civil y la organización popular en una convención nacional democrática que impulse un nuevo país democrático en el que, por primera vez en muchísimos años, el poder sea del pueblo y para el pueblo.
Ningún mexicano bien nacido, consciente de lo que ha ocurrido y que tenga dignidad, podrá aceptar una imposición producto de un golpe de Estado anticipado, llevado a cabo desde que se quiso eliminar con el desafuero a nuestro candidato a la Presidencia. Si lo permitimos seremos cómplices de este gran atropello. El Estado mexicano ha mostrado, una vez más, su verdadera cara. Enseñémosle la nuestra. No todo se ha acabado, no estamos ante un hecho consumado: del dolor por el desastre conducido por la oligarquía política y económica surgirá la rabia, y de ésta la lucha por un México verdaderamente mejor. A diferencia de ellos, que sólo cuentan con las instituciones de las que se han burlado y con inmensos recursos económicos, nosotros contamos con un líder, con un proyecto y con un gran espíritu de lucha para enfrentarlos. Felipe Calderón no será presidente.
Comento: La rabia emanada del dolor por la injusticia es la energía para una lucha que construya la nación que los mexicanos con dignidad queremos.
¡VIVA LA CONVENCIÓN DEMOCRÁTICA!
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