Exige reparación de daños y castigo a culpables
Rosa Elvira Vargas
Andrés Manuel López Obrador porfía: “es falso lo que sostiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a partir del documento elaborado por el Colegio de Ingenieros, en el sentido de que la presa Peñitas sólo contribuyó con 3 por ciento de la inundación de Villahermosa”.
El “presidente legítimo” insiste en que dispone de elementos para demostrar que fue el mal manejo de esa presa lo que provocó la desgracia, por lo que exigirá a las autoridades competentes la reparación de daños a los afectados y castigo a los responsables de que esto haya ocurrido, entre quienes ubica a los ex presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox, a Felipe Calderón y a los secretarios de Energía y los directores de CFE.
“La inundación de Villahermosa la causó la apertura de compuertas de Peñitas durante tres días para desalojar 2 mil metros cúbicos por segundo”. Señala que “el fondo de este asunto” tiene que ver con la política irresponsable en materia de energía que se aplica desde hace más de 10 años, cuando empezaron a otorgarse concesiones a empresas privadas extranjeras, con la consiguiente subutilización de las plantas hidroeléctricas de la CFE, las cuales operan a 30 por ciento de su capacidad. Por ello los embalses se mantienen permanentemente llenos, y en circunstancias de alta precipitación pluvial, como las que se presentaron la semana pasada, “tuvieron que abrir las compuertas”.
Asegura que esto se habría evitado “si en el programa de generación de energía se hubiera turbinado mayor volumen”. Peñitas tiene cuatro turbinas, con una capacidad de generación de 349 metros cúbicos por segundo cada una, lo cual significa un total de mil 400 metros cúbicos por segundo. Sin embargo –dice–, en todo septiembre y octubre, con excepción del lapso entre el 29 y 31 de este último mes, trabajaron apenas a 30 por ciento de su capacidad.
Informa que ya dispone de la mayor parte de los documentos para probar que fue el mal manejo de dicho embalse lo que ocasionó la tragedia, sobre todo en Villahermosa. Adelanta un solo dato para rebatir a la CFE: “en forma mañosa, el Colegio de Ingenieros calculó las lluvias tomando en cuenta 20 mil kilómetros cuadrados, que es casi el equivalente a todo el territorio tabasqueño, y por eso concluye que Peñitas sólo significó 3 por ciento del volumen total.”
jueves, noviembre 08, 2007
Se lava CFE las manos sobre inundaciones en Tabasco; “correcto, el manejo de presas”
No queremos ni imaginarnos lo que hubiese pasado si el manejo hubiese sido "incorrecto". No tarda el pelele en otorgarle una medalla al sátrapa de Elías Ayub.
Roberto González Amador
Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), rechazó cualquier responsabilidad de la empresa estatal en la cadena de hechos que dejó bajo el agua 80 por ciento de la superficie de Tabasco y como damnificado a uno de cada dos habitantes de esa entidad.
“La principal razón de las inundaciones fue la extraordinaria precipitación pluvial ocurrida en el estado en los últimos días de octubre”, afirmó Elías Ayub a La Jornada. Asimismo, aseguró que la presa Peñitas “sólo aportó 3 por ciento del agua que se acumuló en la planicie tabasqueña”.
Desde que empezó la inundación en Tabasco –hace más de 10 días–, que ha dejado un millón de damnificados, el mayor número en la historia de los desastres naturales en el país, la CFE ha eludido pronunciarse públicamente sobre su responsabilidad en la gestión de cuatro grandes presas que regulan las corrientes de agua en la región de Chiapas y Tabasco, en el sureste de México.
Este miércoles, la CFE y la Secretaría de Energía fueron señaladas por el Frente Amplio Progresista (FAP), integrado por PRD, PT y Convergencia, de ser responsables de las inundaciones en aquella entidad.
Según el FAP, la CFE y la Secretaría de Energía han buscado deliberadamente beneficiar a los productores particulares de electricidad, básicamente empresas españolas. Afirma que para dar más mercado a esas compañías, la firma estatal no genera toda la electricidad que le permitirían sus presas, lo que lleva el agua a niveles más allá de lo recomendable. Por eso los vasos se llenan, y cuando se presentan lluvias extraordinarias las autoridades tienen que abrir las compuertas, según ese punto de vista en el que se sustenta la demanda de castigo a los funcionarios públicos.
Datos del Sistema de Información Energética (SIE) muestran que los productores externos aportan 22.5 por ciento de la oferta total de electricidad en el país.
Este diario buscó obtener el punto de vista de la CFE sobre el señalamiento hecho por los tres partidos políticos, que cuentan con 155 de los 500 diputados federales. La respuesta fue un comunicado firmado por el director general de la paraestatal, quien asume como propios los puntos de vista expresados la víspera por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).
Así, sin que la CFE tenga una opinión propia sobre las causas de la inundación y sin que informe sobre la forma en que enfrentó la emergencia, Elías Ayub menciona en su comunicación a este diario que las comisiones Federal de Electricidad y Nacional del Agua (Conagua) “realizaron un manejo adecuado, cuidadoso y responsable de las presas del Grijalva, y Peñitas sólo aportó 3 por ciento del agua que se acumuló en la planicie tabasqueña”.
CINISMO.
Elías Ayub, quien dirige la CFE desde el 27 de enero de 1999, envió a este diario un documento del CICM, según el cual “puede concluirse que gracias a las cuatro presas que controlan el río Grijalva y a que la Comisión Federal de Electricidad llevó a cabo la operación cuidadosa y responsable de ellas, la inundación en la planicie costera de Tabasco no fue más grave”.
¿MÁS GRAVE?
Junto con Chiapas, Tabasco forma parte de la novena región, llamada Frontera Sur, de acuerdo con el Plan Hidráulico de la Comisión Nacional del Agua. En dicha región está la cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta, y de acuerdo con la Conagua, ésta es la primera reserva de líquido en México, la séptima del mundo y es la principal potencia en la generación de energía eléctrica en el país.
La abundancia de agua es tal en Tabasco que usualmente una tercera parte de su territorio está cubierto por ella; luego de la inundación de la semana pasada, 80 por ciento está anegado, incluida la capital Villahermosa. En 1999 ocurrió en el estado una inundación que puso en evidencia los riesgos de la situación del líquido y los problemas de la administración. El programa hidráulico que se anunció entonces no fue aplicado, según lo asentado en un punto de acuerdo presentado el martes en la Cámara de Diputados por el legislador perredista Moisés Dagdug, en el que se solicita incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 recursos para ese plan en la entidad.
En la versión de los hechos remitida ayer por Elías Ayub a este diario, se asienta que en los últimos 50 años la CFE construyó, junto con la extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos, cuatro presas sobre el río Grijalva, que se encuentran en operación. Estas son: La Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas.
Añade que con esas cuatro presas puede considerarse que se ha controlado, en la mayor medida posible, la cuenca del Grijalva.
Sí, ya vimos que bien la controló.
En todo octubre de 1999, año de las anteriores inundaciones en la región, la lluvia fue la mitad de la ocurrida en tres días del mismo mes de este año.
La CFE entregó al Colegio de Ingenieros Civiles de México los registros oficiales de las entradas y salidas de agua de La Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas durante el periodo correspondiente a las inundaciones que empezaron a finales de octubre en la planicie costera de Tabasco, de acuerdo con la información proporcionada a este diario.
La versión del CICM, avalada por Elías Ayub, asegura que “del análisis de esos registros se concluye que gracias a la operación adecuada de la capacidad reservada para control de avenidas en La Angostura, Chicoasén y Malpaso, las tres presas controlaron en un 100 por ciento las avenidas que recibieron, sin descargar caudales hacia la presa Peñitas, por lo cual puede afirmarse que la cuenca alta del río Grijalva no contribuyó a las inundaciones en la planicie costera”.
Roberto González Amador
Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), rechazó cualquier responsabilidad de la empresa estatal en la cadena de hechos que dejó bajo el agua 80 por ciento de la superficie de Tabasco y como damnificado a uno de cada dos habitantes de esa entidad.
“La principal razón de las inundaciones fue la extraordinaria precipitación pluvial ocurrida en el estado en los últimos días de octubre”, afirmó Elías Ayub a La Jornada. Asimismo, aseguró que la presa Peñitas “sólo aportó 3 por ciento del agua que se acumuló en la planicie tabasqueña”.
Desde que empezó la inundación en Tabasco –hace más de 10 días–, que ha dejado un millón de damnificados, el mayor número en la historia de los desastres naturales en el país, la CFE ha eludido pronunciarse públicamente sobre su responsabilidad en la gestión de cuatro grandes presas que regulan las corrientes de agua en la región de Chiapas y Tabasco, en el sureste de México.
Este miércoles, la CFE y la Secretaría de Energía fueron señaladas por el Frente Amplio Progresista (FAP), integrado por PRD, PT y Convergencia, de ser responsables de las inundaciones en aquella entidad.
Según el FAP, la CFE y la Secretaría de Energía han buscado deliberadamente beneficiar a los productores particulares de electricidad, básicamente empresas españolas. Afirma que para dar más mercado a esas compañías, la firma estatal no genera toda la electricidad que le permitirían sus presas, lo que lleva el agua a niveles más allá de lo recomendable. Por eso los vasos se llenan, y cuando se presentan lluvias extraordinarias las autoridades tienen que abrir las compuertas, según ese punto de vista en el que se sustenta la demanda de castigo a los funcionarios públicos.
Datos del Sistema de Información Energética (SIE) muestran que los productores externos aportan 22.5 por ciento de la oferta total de electricidad en el país.
Este diario buscó obtener el punto de vista de la CFE sobre el señalamiento hecho por los tres partidos políticos, que cuentan con 155 de los 500 diputados federales. La respuesta fue un comunicado firmado por el director general de la paraestatal, quien asume como propios los puntos de vista expresados la víspera por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).
Así, sin que la CFE tenga una opinión propia sobre las causas de la inundación y sin que informe sobre la forma en que enfrentó la emergencia, Elías Ayub menciona en su comunicación a este diario que las comisiones Federal de Electricidad y Nacional del Agua (Conagua) “realizaron un manejo adecuado, cuidadoso y responsable de las presas del Grijalva, y Peñitas sólo aportó 3 por ciento del agua que se acumuló en la planicie tabasqueña”.
CINISMO.
Elías Ayub, quien dirige la CFE desde el 27 de enero de 1999, envió a este diario un documento del CICM, según el cual “puede concluirse que gracias a las cuatro presas que controlan el río Grijalva y a que la Comisión Federal de Electricidad llevó a cabo la operación cuidadosa y responsable de ellas, la inundación en la planicie costera de Tabasco no fue más grave”.
¿MÁS GRAVE?
Junto con Chiapas, Tabasco forma parte de la novena región, llamada Frontera Sur, de acuerdo con el Plan Hidráulico de la Comisión Nacional del Agua. En dicha región está la cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta, y de acuerdo con la Conagua, ésta es la primera reserva de líquido en México, la séptima del mundo y es la principal potencia en la generación de energía eléctrica en el país.
La abundancia de agua es tal en Tabasco que usualmente una tercera parte de su territorio está cubierto por ella; luego de la inundación de la semana pasada, 80 por ciento está anegado, incluida la capital Villahermosa. En 1999 ocurrió en el estado una inundación que puso en evidencia los riesgos de la situación del líquido y los problemas de la administración. El programa hidráulico que se anunció entonces no fue aplicado, según lo asentado en un punto de acuerdo presentado el martes en la Cámara de Diputados por el legislador perredista Moisés Dagdug, en el que se solicita incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 recursos para ese plan en la entidad.
En la versión de los hechos remitida ayer por Elías Ayub a este diario, se asienta que en los últimos 50 años la CFE construyó, junto con la extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos, cuatro presas sobre el río Grijalva, que se encuentran en operación. Estas son: La Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas.
Añade que con esas cuatro presas puede considerarse que se ha controlado, en la mayor medida posible, la cuenca del Grijalva.
Sí, ya vimos que bien la controló.
En todo octubre de 1999, año de las anteriores inundaciones en la región, la lluvia fue la mitad de la ocurrida en tres días del mismo mes de este año.
La CFE entregó al Colegio de Ingenieros Civiles de México los registros oficiales de las entradas y salidas de agua de La Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas durante el periodo correspondiente a las inundaciones que empezaron a finales de octubre en la planicie costera de Tabasco, de acuerdo con la información proporcionada a este diario.
La versión del CICM, avalada por Elías Ayub, asegura que “del análisis de esos registros se concluye que gracias a la operación adecuada de la capacidad reservada para control de avenidas en La Angostura, Chicoasén y Malpaso, las tres presas controlaron en un 100 por ciento las avenidas que recibieron, sin descargar caudales hacia la presa Peñitas, por lo cual puede afirmarse que la cuenca alta del río Grijalva no contribuyó a las inundaciones en la planicie costera”.
No tengo de qué avergonzarme, dice Andrade ante acusaciones
¿Y cómo se va a avergonzar un desvergonzado?
El ex gobernador asegura que hizo las obras necesarias
Sí, las necesarias como para sumergir a más de un millón en la desgracia.
Ciro Pérez Silva
Luego de los severos cuestionamientos a los gobiernos priístas en Tabasco, a quienes no pocos responsabilizan de la tragedia en la entidad, el ex gobernador Manuel Andrade Díaz aseguró que no tiene de qué avergonzarse, ya que aun con insuficiencias, las inversiones hechas durante su administración, junto con la Presidencia de la República, “permitieron afrontar una situación que pudo haber sido más grave”.
¿"Más grave"?
Aunque ha habido denuncias en su contra y se exige al gobierno federal una investigación para deslindar responsabilidades, el mismo Andrade se pronunció porque se lleve a cabo una indagatoria, al tiempo que llamó a “no agitar políticamente al estado o lucrar con la desgracia”, pues advirtió que llegará el momento en que todos puedan discutir la responsabilidad que cada uno tiene con el pasado, el presente y el futuro de la entidad.
En un amplio comunicado, afirma que ante la gravedad de los hechos es necesario actuar sin medrar políticamente para sacar provecho o “para lanzar, como es el caso de (Andrés Manuel) López Obrador, acusaciones tanto temerarias como cínicas” respecto a la inundación.
¿"Cínicas"? ¡Qué manera de proyectarse!
“Son tiempos en que la sensatez y la prudencia son indispensables; en los que no debemos permitir que, además de la desgracia, quieran venir a sumirnos en disputas mezquinas, cuando lo que importa es apoyar a quienes coordinan los esfuerzos para sacar de las crisis presentes y futuras a Tabasco”, consideró.
En su comunicado, el ex mandatario enlista algunas de las acciones de su administración, como “los esfuerzos” para que el gobierno federal invirtiera los recursos necesarios para concluir el Programa Integral contra Inundaciones, en el periodo 2001-2007.
“No tengo absolutamente nada de qué avergonzarme, ocultar o esconder; por eso me quedé a vivir en Tabasco, igual que mis principales colaboradores, responsables de éste y de otros proyectos que hicimos durante mi gestión”, asegura, y aclara que los actuales son tiempos de unidad para impulsar la reconstrucción y transformación de la entidad, al lado de su sucesor, Andrés Granier.
“Las obras están a la vista, y su eficiencia, o más bien su suficiencia en las perspectivas o metas para las que se hicieron, demostraron su utilidad ante esta contingencia”, señala.
Esto sí que es CINISMO.
Mientras tanto, en la sede nacional del PRI no se ve el apoyo a Tabasco, entidad que siempre ha gobernado, ahora que tiene más de un millón de damnificados afectados por el desbordamiento de los ríos.
Desde el inicio de la tragedia, la dirigencia tricolor se ha permanecido ausente. Sólo el PRI en el Distrito Federal tomó la iniciativa de lanzar una convocatoria a efecto de que se hicieran las aportaciones voluntarias. Dispuso 16 centros de acopio en 14 delegaciones políticas, pero indicó algunos domicilios incompletos.
¿Más claro? El PRI es tan mierda como el PAN.
El ex gobernador asegura que hizo las obras necesarias
Sí, las necesarias como para sumergir a más de un millón en la desgracia.
Ciro Pérez Silva
Luego de los severos cuestionamientos a los gobiernos priístas en Tabasco, a quienes no pocos responsabilizan de la tragedia en la entidad, el ex gobernador Manuel Andrade Díaz aseguró que no tiene de qué avergonzarse, ya que aun con insuficiencias, las inversiones hechas durante su administración, junto con la Presidencia de la República, “permitieron afrontar una situación que pudo haber sido más grave”.
¿"Más grave"?
Aunque ha habido denuncias en su contra y se exige al gobierno federal una investigación para deslindar responsabilidades, el mismo Andrade se pronunció porque se lleve a cabo una indagatoria, al tiempo que llamó a “no agitar políticamente al estado o lucrar con la desgracia”, pues advirtió que llegará el momento en que todos puedan discutir la responsabilidad que cada uno tiene con el pasado, el presente y el futuro de la entidad.
En un amplio comunicado, afirma que ante la gravedad de los hechos es necesario actuar sin medrar políticamente para sacar provecho o “para lanzar, como es el caso de (Andrés Manuel) López Obrador, acusaciones tanto temerarias como cínicas” respecto a la inundación.
¿"Cínicas"? ¡Qué manera de proyectarse!
“Son tiempos en que la sensatez y la prudencia son indispensables; en los que no debemos permitir que, además de la desgracia, quieran venir a sumirnos en disputas mezquinas, cuando lo que importa es apoyar a quienes coordinan los esfuerzos para sacar de las crisis presentes y futuras a Tabasco”, consideró.
En su comunicado, el ex mandatario enlista algunas de las acciones de su administración, como “los esfuerzos” para que el gobierno federal invirtiera los recursos necesarios para concluir el Programa Integral contra Inundaciones, en el periodo 2001-2007.
“No tengo absolutamente nada de qué avergonzarme, ocultar o esconder; por eso me quedé a vivir en Tabasco, igual que mis principales colaboradores, responsables de éste y de otros proyectos que hicimos durante mi gestión”, asegura, y aclara que los actuales son tiempos de unidad para impulsar la reconstrucción y transformación de la entidad, al lado de su sucesor, Andrés Granier.
“Las obras están a la vista, y su eficiencia, o más bien su suficiencia en las perspectivas o metas para las que se hicieron, demostraron su utilidad ante esta contingencia”, señala.
Esto sí que es CINISMO.
Mientras tanto, en la sede nacional del PRI no se ve el apoyo a Tabasco, entidad que siempre ha gobernado, ahora que tiene más de un millón de damnificados afectados por el desbordamiento de los ríos.
Desde el inicio de la tragedia, la dirigencia tricolor se ha permanecido ausente. Sólo el PRI en el Distrito Federal tomó la iniciativa de lanzar una convocatoria a efecto de que se hicieran las aportaciones voluntarias. Dispuso 16 centros de acopio en 14 delegaciones políticas, pero indicó algunos domicilios incompletos.
¿Más claro? El PRI es tan mierda como el PAN.
El desastre no admite protagonismo político, sentencia Felipe Calderón
Después de la cantidad de fotos y de comunicaciones televisivas en que se ha exhibido como peón, etiquetador y ahora como "cerrador" de contenedores, el descarado declara que no debe haber protagonismo político y tiene razón no lo hemos visto como presidente sino como cualquier trabajador, sería bueno que se le asignara el sueldo mínimo; porque como trabajador nos está saliendo muy caro.
La situación de emergencia en Tabasco y Chiapas se prolongará por muchas semanas, advierte
Vaya advertencia.
Insiste en el llamado a la población para que siga haciendo aportaciones
No, si el de las aportaciones debe ser él.
La Cruz Roja informa que se han repartido en la zona afectada 2 mil 394 toneladas de ayuda, “cifra histórica”
Claro, a base de la ayuda de la población.
Claudia Herrera Beltrán
En la sede de la Cruz Roja, el presidente Felipe Calderón da el banderazo de salida a la ayuda Foto: José Antonio López. El que no quiere "protagonismos" se saca la foto hasta cerrando contenedores.
Tras afirmar que en el desastre de Tabasco y Chiapas no hay margen para el protagonismo o el oportunismo político, el presidente Felipe Calderón advirtió que los apoyos entregados tampoco deben tener colores partidistas.
Al dar el banderazo de salida de 10 tráileres con 160 toneladas de víveres recolectados por la Cruz Roja para el sureste, también alertó que si bien se está aliviando la etapa crítica y la más peligrosa de la catástrofe, la situación de emergencia se prolongará por muchas semanas y quizá por muchos meses.
El michoacano dio su mensaje político más contundente desde que se suscitó la tragedia, pero sin mencionar el nombre de su destinatario. Sin embargo, esta declaración se da luego de que su ex contrincante Andrés Manuel López Obrador visitara Tabasco, que el gobierno capitalino del PRD enviara ayuda al estado y se anunciara la intención del Frente Amplio Progresista (FAP) de denunciar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad como responsables del desastre.
Aprovechó así su visita a la sede de la Cruz Roja para ensalzar el ejemplo de imparcialidad y neutralidad que da este organismo, para advertir que los apoyos entregados “no deben tener colores, no pueden responder a intereses personales o intereses de grupo”.
A diferencia de ello, señaló que el desastre natural que padece el sureste debe unir a los mexicanos sin reservas, para generar una ayuda constructiva que permita restaurar las condiciones de vida digna de la población.
“Lo han perdido todo”
Previamente presentó un breve diagnóstico sobre la situación del estado tras una semana de que se suscitó la tragedia, en el cual resaltó que “durante mucho tiempo” Tabasco necesitará ayuda, porque sus habitantes “lo han perdido todo”.
Remarcó que además de las pérdidas humanas, se cuentan las materiales: casas, muebles, ropa, cosechas, animales. Por eso dijo que apoyar a ambos estados implica por lo pronto generar una cadena de suministro de lo más elemental: víveres, medicinas y ropa.
Como lo hizo el día anterior en Villahermosa, alertó que una vez superada la etapa “más grave” queda enfrentar los riesgos epidemiológicos y de salud que se presentan en el estado mediante la fumigación del territorio y el entierro de los animales.
Por ello insistió a la población que siga haciendo aportaciones, y puso de ejemplo al multimillonario Roberto González Barrera, dueño de Maseca, que horas antes se comprometió en la residencia oficial de Los Pinos a dar un apoyo de 100 millones de pesos para el Fondo de Reconstrucción de Tabasco, además de que su empresa distribuye tortillas gratuitamente.
Ahora resulta que este ladrón de millones es ciudadano ejemplar.
Antes que Calderón, Daniel Goñi, presidente de la Cruz Roja Mexicana, hizo ver que se trata de una emergencia larga, que no es común, y por eso planteó que la coordinación nacional de este problema no lo resuelve, pero sí lo encamina hacia una de las mejores soluciones.
También indicó que hasta ahora suman dos mil 394 toneladas de ayuda humanitaria recolectada y repartida, lo que representa una cifra histórica.
"Cifra histórica" que es mérito de los ciudadanos, así que no haga caravana con sombrero ajeno.
La situación de emergencia en Tabasco y Chiapas se prolongará por muchas semanas, advierte
Vaya advertencia.
Insiste en el llamado a la población para que siga haciendo aportaciones
No, si el de las aportaciones debe ser él.
La Cruz Roja informa que se han repartido en la zona afectada 2 mil 394 toneladas de ayuda, “cifra histórica”
Claro, a base de la ayuda de la población.
Claudia Herrera Beltrán
En la sede de la Cruz Roja, el presidente Felipe Calderón da el banderazo de salida a la ayuda Foto: José Antonio López. El que no quiere "protagonismos" se saca la foto hasta cerrando contenedores.Tras afirmar que en el desastre de Tabasco y Chiapas no hay margen para el protagonismo o el oportunismo político, el presidente Felipe Calderón advirtió que los apoyos entregados tampoco deben tener colores partidistas.
Al dar el banderazo de salida de 10 tráileres con 160 toneladas de víveres recolectados por la Cruz Roja para el sureste, también alertó que si bien se está aliviando la etapa crítica y la más peligrosa de la catástrofe, la situación de emergencia se prolongará por muchas semanas y quizá por muchos meses.
El michoacano dio su mensaje político más contundente desde que se suscitó la tragedia, pero sin mencionar el nombre de su destinatario. Sin embargo, esta declaración se da luego de que su ex contrincante Andrés Manuel López Obrador visitara Tabasco, que el gobierno capitalino del PRD enviara ayuda al estado y se anunciara la intención del Frente Amplio Progresista (FAP) de denunciar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad como responsables del desastre.
Aprovechó así su visita a la sede de la Cruz Roja para ensalzar el ejemplo de imparcialidad y neutralidad que da este organismo, para advertir que los apoyos entregados “no deben tener colores, no pueden responder a intereses personales o intereses de grupo”.
A diferencia de ello, señaló que el desastre natural que padece el sureste debe unir a los mexicanos sin reservas, para generar una ayuda constructiva que permita restaurar las condiciones de vida digna de la población.
“Lo han perdido todo”
Previamente presentó un breve diagnóstico sobre la situación del estado tras una semana de que se suscitó la tragedia, en el cual resaltó que “durante mucho tiempo” Tabasco necesitará ayuda, porque sus habitantes “lo han perdido todo”.
Remarcó que además de las pérdidas humanas, se cuentan las materiales: casas, muebles, ropa, cosechas, animales. Por eso dijo que apoyar a ambos estados implica por lo pronto generar una cadena de suministro de lo más elemental: víveres, medicinas y ropa.
Como lo hizo el día anterior en Villahermosa, alertó que una vez superada la etapa “más grave” queda enfrentar los riesgos epidemiológicos y de salud que se presentan en el estado mediante la fumigación del territorio y el entierro de los animales.
Por ello insistió a la población que siga haciendo aportaciones, y puso de ejemplo al multimillonario Roberto González Barrera, dueño de Maseca, que horas antes se comprometió en la residencia oficial de Los Pinos a dar un apoyo de 100 millones de pesos para el Fondo de Reconstrucción de Tabasco, además de que su empresa distribuye tortillas gratuitamente.
Ahora resulta que este ladrón de millones es ciudadano ejemplar.
Antes que Calderón, Daniel Goñi, presidente de la Cruz Roja Mexicana, hizo ver que se trata de una emergencia larga, que no es común, y por eso planteó que la coordinación nacional de este problema no lo resuelve, pero sí lo encamina hacia una de las mejores soluciones.
También indicó que hasta ahora suman dos mil 394 toneladas de ayuda humanitaria recolectada y repartida, lo que representa una cifra histórica.
"Cifra histórica" que es mérito de los ciudadanos, así que no haga caravana con sombrero ajeno.
Gabriela Cuevas y el PAN utilizan grupos de choque, acusan
Juan Balboa
Las organizaciones Movimiento Ciudadano Miguel Hidalgo de la Asamblea de Barrios del Distrito Federal acusaron a la dirigencia panista capitalina y a la delegada de Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas Barrón, de organizar grupos de choques conformados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN) y el equipo de seguridad de la delegación para hostigar a las organizaciones que denuncian malos manejos e incapacidad en la administración delegacional.
Unos cien representantes del Movimiento Ciudadano se presentaron ayer en las oficinas del PAN en el Distrito Federal para pedir respeto a la libre manifestación y denunciar la falta de atención a los grupos más vulnerables de la delegación.
Oscar Murguía Franco, dirigente del Movimiento Ciudadano Miguel Hidalgo de la Asamblea de Barrios, denunció que Cuevas Barrón ha ordenado levantar a comerciantes de esa organización que venden en la vía pública, lo que “viola nuestro derecho a expresarnos y a trabajar”.
Aseguraron que hace pocos días envió también a suspender actividades de una obra legal de construcción de vivienda de interés social del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, que habrían beneficiado a unas 13 familias de escasos recursos.
“Cada vez que estamos en las calles o eventos públicos de gobierno delegacional en las colonias de la demarcación territorial llevando a cabo algunas acciones, somos atacados por esa gente; son los encargados de la seguridad de la delegada, otros funcionarios y militantes del PAN”, subrayó el dirigente, y dejó en claro que no caerán en las provocaciones de la jefa delegacional.
Los inconformes caminaron del Ángel de la Independencia hasta el inmueble del PAN de la capital para poner a la entrada un cordón con globos. Le gritaron a Mariana Gómez del Campo, dirigente capitalina panista, que antes de criticar la supuesta falta de diálogo del jefe del GDF, Marcelo Ebrard, debe voltear a ver a la delegada panista de Miguel Hidalgo, quien nunca los ha recibido y se niega a dialogar con las organizaciones sociales de la demarcación.
Cuevas caerá por sí sola, es una tonta con iniciativa.
Las organizaciones Movimiento Ciudadano Miguel Hidalgo de la Asamblea de Barrios del Distrito Federal acusaron a la dirigencia panista capitalina y a la delegada de Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas Barrón, de organizar grupos de choques conformados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN) y el equipo de seguridad de la delegación para hostigar a las organizaciones que denuncian malos manejos e incapacidad en la administración delegacional.
Unos cien representantes del Movimiento Ciudadano se presentaron ayer en las oficinas del PAN en el Distrito Federal para pedir respeto a la libre manifestación y denunciar la falta de atención a los grupos más vulnerables de la delegación.
Oscar Murguía Franco, dirigente del Movimiento Ciudadano Miguel Hidalgo de la Asamblea de Barrios, denunció que Cuevas Barrón ha ordenado levantar a comerciantes de esa organización que venden en la vía pública, lo que “viola nuestro derecho a expresarnos y a trabajar”.
Aseguraron que hace pocos días envió también a suspender actividades de una obra legal de construcción de vivienda de interés social del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, que habrían beneficiado a unas 13 familias de escasos recursos.
“Cada vez que estamos en las calles o eventos públicos de gobierno delegacional en las colonias de la demarcación territorial llevando a cabo algunas acciones, somos atacados por esa gente; son los encargados de la seguridad de la delegada, otros funcionarios y militantes del PAN”, subrayó el dirigente, y dejó en claro que no caerán en las provocaciones de la jefa delegacional.
Los inconformes caminaron del Ángel de la Independencia hasta el inmueble del PAN de la capital para poner a la entrada un cordón con globos. Le gritaron a Mariana Gómez del Campo, dirigente capitalina panista, que antes de criticar la supuesta falta de diálogo del jefe del GDF, Marcelo Ebrard, debe voltear a ver a la delegada panista de Miguel Hidalgo, quien nunca los ha recibido y se niega a dialogar con las organizaciones sociales de la demarcación.
Cuevas caerá por sí sola, es una tonta con iniciativa.
La furibunda derecha en Venezuela
Incidentes en la Universidad Central de Venezuela; cuatro estudiantes heridos de bala
Ganará el no en el referendo constitucional, anticipa antiguo aliado de Hugo Chávez
Afp, Dpa y Reuters
Un enmascarado dispara contra los estudiantes Foto: Ap
Un joven universitario muestra a la prensa una granada Foto: Reuters
Caracas, 7 de noviembre. El gobernador de Sucre, Ramón Martínez, ex aliado del presidente venezolano Hugo Chávez, anticipó hoy que ganará el no en el referendo sobre las reformas constitucionales, el 2 de diciembre, al asegurar que según una encuesta de opinión en su poder, la propuesta será rechazada en una proporción de dos a uno.
Martínez, dirigente del Partido Democracia Social (Podemos), no ofreció detalles acerca del sondeo, pero sostuvo que la enmienda ha perdido terreno en el último mes debido a la radicalización de las propuestas del mandatario.
No pueden ofrecer detalles porque es pura propaganda falsa. Si están tan seguros de que ganará el no, ¿porqué los disparos y las granadas? ¿Por qué la violencia de los oposicionistas demostrada en los videos? Que vayan al referendo en santa paz y ahí se decida.
Al asumir una posición similar a la del general retirado Raúl Isaías Baduel –ministro de Defensa hasta julio pasado y compadre del mandatario, quien el pasado lunes calificó la propuesta de reformas como golpista–, el gobernador Martínez calificó de “engaño” el “poder popular” que contiene el proyecto de reforma.
El dirigente rechazó que Chávez haya tachado al ex ministro de “traidor” y declaró que el mandatario debe ser “respetuoso”. Añadió que existe descontento dentro del área militar y que “no me extrañaría” que surjan otros pronunciamientos de militares próximamente.
Baduel declaró a su vez que no pretende erigirse en líder de un movimiento opositor contra Chávez, e incluso no descartó la posibilidad de “recomponer” su relación con el presidente, pero indicó que éste “ya hizo algunas consideraciones públicas” en su contra, por lo tanto tendrá que ser él quien “haga cualquier aclaración” al respecto.
Mientras, continuaron las marchas estudiantiles contra la reforma. Miles de universitarios llegaron hasta el Tribunal Supremo de Justicia, donde presentaron un recurso de amparo para que la consulta popular sea aplazada hasta febrero a fin de dar tiempo a debatir el texto de la enmienda. El tribunal dijo que analizará el recurso y dará una respuesta a su tiempo.
Insistimos, si en el sondeo gana el no ¿por qué quieren aplazar el referendo? ¿Será para tener tiempo de organizar su "guerra civil" y que entren los gringos "a poner orden" y a volverse adueñar de Venezuela?
En la Universidad Central de Venezuela se suscitaron incidentes, con al menos cuatro estudiantes heridos de bala y varios más con otras lesiones, tras ser atacados por un grupo que entró al campus en motocicletas.
Son tan asesinos que no les importa sacrificar la vida de jóvenes para implementar su show mediático.
En los estados de Lara, Mérida y Anzoátegui también hubo protestas, que derivaron en brotes de violencia con saldo de al menos tres heridos y decenas de detenidos.
Ganará el no en el referendo constitucional, anticipa antiguo aliado de Hugo Chávez
Afp, Dpa y Reuters
Un enmascarado dispara contra los estudiantes Foto: Ap
Un joven universitario muestra a la prensa una granada Foto: ReutersCaracas, 7 de noviembre. El gobernador de Sucre, Ramón Martínez, ex aliado del presidente venezolano Hugo Chávez, anticipó hoy que ganará el no en el referendo sobre las reformas constitucionales, el 2 de diciembre, al asegurar que según una encuesta de opinión en su poder, la propuesta será rechazada en una proporción de dos a uno.
Martínez, dirigente del Partido Democracia Social (Podemos), no ofreció detalles acerca del sondeo, pero sostuvo que la enmienda ha perdido terreno en el último mes debido a la radicalización de las propuestas del mandatario.
No pueden ofrecer detalles porque es pura propaganda falsa. Si están tan seguros de que ganará el no, ¿porqué los disparos y las granadas? ¿Por qué la violencia de los oposicionistas demostrada en los videos? Que vayan al referendo en santa paz y ahí se decida.
Al asumir una posición similar a la del general retirado Raúl Isaías Baduel –ministro de Defensa hasta julio pasado y compadre del mandatario, quien el pasado lunes calificó la propuesta de reformas como golpista–, el gobernador Martínez calificó de “engaño” el “poder popular” que contiene el proyecto de reforma.
El dirigente rechazó que Chávez haya tachado al ex ministro de “traidor” y declaró que el mandatario debe ser “respetuoso”. Añadió que existe descontento dentro del área militar y que “no me extrañaría” que surjan otros pronunciamientos de militares próximamente.
Baduel declaró a su vez que no pretende erigirse en líder de un movimiento opositor contra Chávez, e incluso no descartó la posibilidad de “recomponer” su relación con el presidente, pero indicó que éste “ya hizo algunas consideraciones públicas” en su contra, por lo tanto tendrá que ser él quien “haga cualquier aclaración” al respecto.
Mientras, continuaron las marchas estudiantiles contra la reforma. Miles de universitarios llegaron hasta el Tribunal Supremo de Justicia, donde presentaron un recurso de amparo para que la consulta popular sea aplazada hasta febrero a fin de dar tiempo a debatir el texto de la enmienda. El tribunal dijo que analizará el recurso y dará una respuesta a su tiempo.
Insistimos, si en el sondeo gana el no ¿por qué quieren aplazar el referendo? ¿Será para tener tiempo de organizar su "guerra civil" y que entren los gringos "a poner orden" y a volverse adueñar de Venezuela?
En la Universidad Central de Venezuela se suscitaron incidentes, con al menos cuatro estudiantes heridos de bala y varios más con otras lesiones, tras ser atacados por un grupo que entró al campus en motocicletas.
Son tan asesinos que no les importa sacrificar la vida de jóvenes para implementar su show mediático.
En los estados de Lara, Mérida y Anzoátegui también hubo protestas, que derivaron en brotes de violencia con saldo de al menos tres heridos y decenas de detenidos.
Jueces españoles, pasivos ante el incremento de la xenofobia
Colombiano, brutalmente agredido por adolescentes
Armando G. Tejeda (Corresponsal)
Madrid, 7 de noviembre. Ser de origen latinoamericano e inmigrante en España es cada vez más peligroso. Los ataques por motivos racistas y xenófobos, la mayoría de ellos perpetrados por grupos de extrema derecha, aumentaron en los últimos meses sin que las autoridades ni los jueces adopten medidas contra este fenómeno.
El ejemplo más reciente de lo anterior es la paliza que recibió un ciudadano colombiano, de 56 años de edad y de tez oscura, en el municipio madrileño de Las Rozas, a manos de cuatro jóvenes españoles que gritaban “Viva España”.
El incidente tuvo lugar la madrugada del domingo pasado cuando Jaime Saa Rodríguez, colombiano afincado en Madrid desde 2001, regresaba a su casa junto con su mujer y su hija de 18 años.
En una calle de Las Rozas, en una zona residencial habitada por clase media alta y alta, este migrante colombiano que trabaja en la construcción pasó delante de un grupo de jóvenes españoles. Una vez que les dio la espalda, se le nubló la mente. Lo último que recuerda fue que le gritaron “Viva España” y que le propinaron un golpe en la nuca que le dejo inconsciente.
Ya en el suelo, los agresores le lanzaron insultos, “vete a tu puto país sudaca de mierda”, y lo golpearon con palos mientras lo pateaban.
Muchos mexicanos y latinoamericanos también quisieran gritarles a quienes vienen a explotar sus recursos de petróleo y energía y a llevarse carretadas de dinero mexicano a través de los bancos: "Váyanse a su puto país, gachupines de mierda", pero no lo hacen porque son más civilizados.
Posiblemente los agresores hubieran seguido golpeándolo hasta la muerte, pero su mujer y su hija pidieron ayuda a gritos, lo que provocó la huida de los agresores, que intentaron atropellar al colombiano.
Después de la agresión, Saa se dirigió a su casa y posteriormente al hospital de la zona, donde de acuerdo con el parte médico se determinó que tenía el brazo izquierdo roto, hematomas por todo el cuerpo y miedo a salir a la calle.
A pesar que la embajada de Colombia se ofreció a ayudarlo, Saa se negó en un primer momento a denunciar los hechos.
“Después de haber visto lo que ocurrió con la agresión que sufrió la joven ecuatoriana en Barcelona, que fue filmado y que aun así el atacante fue puesto en libertad por el juez, pensé que era inútil poner la denuncia”, explicó.
Sin embargo, este martes interpuso una querella ante los juzgados y la policía española le tomó declaración en su domicilio.
Madrid se ha convertido en los últimos años en el centro neurálgico de grupos de extrema derecha en España, que han tomado el fenómeno de la migración como uno de sus temas recurrentes para llamar a la movilización y a la “acción”.
En las calles de Madrid y de las poblaciones aledañas son habituales los carteles de organizaciones como Fuerza Nueva, un grupo de extrema derecha que llama a “limpiar” el país de inmigrantes.
En uno de sus más recientes carteles se veía como tres corderos blancos golpeaban con saña a un cordero negro para expulsarlo de la “patria”, representada con un mapa de la península ibérica.
Ni el ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid, ambos gobernados por el derechista Partido Popular, han adoptado medidas para impedir la difusión de este tipo de mensajes xenófobos y racistas.
La situación de indefensión y vulnerabilidad ante este tipo de agresiones aumentó a raíz del caso de la menor de edad de nacionalidad ecuatoriana que fue golpeaba e insultada con saña por el joven español Sergi Xavier Martí Martínez, de 21 años, en Barcelona, el mes pasado.
Esta agresión, filmada por las cámaras de seguridad del tren, provocó un intenso pero efímero debate en los medios de comunicación sobre el aumento del racismo y la xenofobia en el país. Pero el juez instructor decidió dejar en libertad al agresor.
Otro caso es el del inmigrante congoleño Miwa B. Monake, quien también sufrió un ataque de un grupo de extrema derecha con consecuencias irreversibles: desde hace siete meses es tetrapléjico y sólo tiene movilidad en la cara y en las manos.
El agresor, identificado por varios testigos y por la propia víctima, se encuentra en libertad, ante la pasividad de la fiscalía de Madrid y de los propios jueces.
Armando G. Tejeda (Corresponsal)
Madrid, 7 de noviembre. Ser de origen latinoamericano e inmigrante en España es cada vez más peligroso. Los ataques por motivos racistas y xenófobos, la mayoría de ellos perpetrados por grupos de extrema derecha, aumentaron en los últimos meses sin que las autoridades ni los jueces adopten medidas contra este fenómeno.
El ejemplo más reciente de lo anterior es la paliza que recibió un ciudadano colombiano, de 56 años de edad y de tez oscura, en el municipio madrileño de Las Rozas, a manos de cuatro jóvenes españoles que gritaban “Viva España”.
El incidente tuvo lugar la madrugada del domingo pasado cuando Jaime Saa Rodríguez, colombiano afincado en Madrid desde 2001, regresaba a su casa junto con su mujer y su hija de 18 años.
En una calle de Las Rozas, en una zona residencial habitada por clase media alta y alta, este migrante colombiano que trabaja en la construcción pasó delante de un grupo de jóvenes españoles. Una vez que les dio la espalda, se le nubló la mente. Lo último que recuerda fue que le gritaron “Viva España” y que le propinaron un golpe en la nuca que le dejo inconsciente.
Ya en el suelo, los agresores le lanzaron insultos, “vete a tu puto país sudaca de mierda”, y lo golpearon con palos mientras lo pateaban.
Muchos mexicanos y latinoamericanos también quisieran gritarles a quienes vienen a explotar sus recursos de petróleo y energía y a llevarse carretadas de dinero mexicano a través de los bancos: "Váyanse a su puto país, gachupines de mierda", pero no lo hacen porque son más civilizados.
Posiblemente los agresores hubieran seguido golpeándolo hasta la muerte, pero su mujer y su hija pidieron ayuda a gritos, lo que provocó la huida de los agresores, que intentaron atropellar al colombiano.
Después de la agresión, Saa se dirigió a su casa y posteriormente al hospital de la zona, donde de acuerdo con el parte médico se determinó que tenía el brazo izquierdo roto, hematomas por todo el cuerpo y miedo a salir a la calle.
A pesar que la embajada de Colombia se ofreció a ayudarlo, Saa se negó en un primer momento a denunciar los hechos.
“Después de haber visto lo que ocurrió con la agresión que sufrió la joven ecuatoriana en Barcelona, que fue filmado y que aun así el atacante fue puesto en libertad por el juez, pensé que era inútil poner la denuncia”, explicó.
Sin embargo, este martes interpuso una querella ante los juzgados y la policía española le tomó declaración en su domicilio.
Madrid se ha convertido en los últimos años en el centro neurálgico de grupos de extrema derecha en España, que han tomado el fenómeno de la migración como uno de sus temas recurrentes para llamar a la movilización y a la “acción”.
En las calles de Madrid y de las poblaciones aledañas son habituales los carteles de organizaciones como Fuerza Nueva, un grupo de extrema derecha que llama a “limpiar” el país de inmigrantes.
En uno de sus más recientes carteles se veía como tres corderos blancos golpeaban con saña a un cordero negro para expulsarlo de la “patria”, representada con un mapa de la península ibérica.
Ni el ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid, ambos gobernados por el derechista Partido Popular, han adoptado medidas para impedir la difusión de este tipo de mensajes xenófobos y racistas.
La situación de indefensión y vulnerabilidad ante este tipo de agresiones aumentó a raíz del caso de la menor de edad de nacionalidad ecuatoriana que fue golpeaba e insultada con saña por el joven español Sergi Xavier Martí Martínez, de 21 años, en Barcelona, el mes pasado.
Esta agresión, filmada por las cámaras de seguridad del tren, provocó un intenso pero efímero debate en los medios de comunicación sobre el aumento del racismo y la xenofobia en el país. Pero el juez instructor decidió dejar en libertad al agresor.
Otro caso es el del inmigrante congoleño Miwa B. Monake, quien también sufrió un ataque de un grupo de extrema derecha con consecuencias irreversibles: desde hace siete meses es tetrapléjico y sólo tiene movilidad en la cara y en las manos.
El agresor, identificado por varios testigos y por la propia víctima, se encuentra en libertad, ante la pasividad de la fiscalía de Madrid y de los propios jueces.
EU debate si es tortura o no aplicar técnicas bárbaras de la Edad Media
El país que se disfraza de avanzado cuando es uno de los más atrasado del planeta, y lo peor de todo es que tiene poder económico.
Mukasey no debería ser procurador por negarse a condenar ciertas prácticas: analistas El método del waterboarding ha sido rechazado históricamente, incluso por estadunidenses Es un castigo tan brutal que obligaría a un dilema moral entre la humanidad y el odio: experto Washington ha rehusado extraditar a Posada Carriles para evitar que sea víctima de abusos
David Brooks (Corresponsal)
Manifestantes simularon hace unos días la práctica del waterboarding afuera del Departamento de Justicia en Washington, en rechazo a la nominación de Michael Mukasey para asumir el cargo de fiscal general Foto: Reuters
Nueva York, 7 de noviembre. La barbarie como política oficial de Estados Unidos; ese ha sido el tema de los últimos días en este país.
Las manifestaciones de la barbarie son comentadas, debatidas, afirmadas tan cotidiana y rutinariamente que tal vez pocos se den cuenta de qué tan extraordinario es que se aborde tan públicamente si la tortura debería o no ser parte de las herramientas empleadas en la llamada “guerra contra el terrorismo”.
Para ningún investigador serio es sorpresa que el gobierno de este país haya empleado la tortura. Pero que exista un debate nacional sobre si está bien o mal, que sea tan explícito que prácticas denunciadas universalmente como brutales, delitos de guerra, violaciones a las normas internacionales, o sea la barbarie, sean consideradas como política oficial, tal vez no tenga precedente en tiempos modernos.
Ahora todos hemos sido educados, mediante este debate, sobre una técnica de tortura en particular: el llamado “waterboarding”. Es una técnica que se ha empleado desde la Edad Media mediante la cual se ata a la víctima acostada sobre una tabla mientras se vierten litros de agua a sus pulmones a través de una manta sobre su rostro y se le abre la boca, un proceso de asfixia en cámara lenta con la sensación consciente de la víctima de que se está ahogando.
Malcolm Nance, asesor en terrorismo para el propio Departamento de Seguridad Interna denunció públicamente la práctica: “waterboarding es una técnica de tortura, punto”, reportó The Independent.
Pero al parecer, para el Senado esto no es suficiente motivo como para anular el nombramiento del encargado sobre la legalidad de todo esto. Esta semana el Senado ratificará –si no hay sorpresas de último momento– el nombramiento del juez Michael Mukasey como próximo procurador general de la nación. El candidato del presidente George W. Bush estaba en apuros cuando, ante un comité del Senado, rehusó opinar si el método de waterboarding es o no tortura y, por lo tanto, ilegal.
El presidente del Comité Judicial, Patrick Leahy, y otros demócratas declararon que no podrían votar en favor de su ratificación sin que Mukasey se expresara explícitamente sobre el asunto. El senador Edward Kennedy declaró ayer que esta técnica “bárbara” pone a Estados Unidos junto a la Inquisición, el ejército japonés de la Segunda Guerra Mundial, a dueños de esclavos del siglo XIX y el Khmer Rouge de Camboya.
En estos días se intensificó el debate entre políticos, grupos de derechos humanos, comentaristas y la Casa Blanca sobre el uso de este método por la CIA durante los interrogatorios a detenidos en la “guerra contra el terrorismo”.
George W. Bush, en una breve conferencia de prensa para defender a su candidato la semana pasada, insistió: “No voy a hablar sobre técnicas. Hay un enemigo allá fuera. Mi perspectiva es esta: el pueblo estadunidense necesita entender que el programa es importante y que las técnicas empleadas están dentro de la ley, y los integrantes de la Cámara y el Senado saben de lo que hablo, han sido plenamente informados”.
Dos demócratas en el Comité Judicial –Charles Schumer y Dianne Feinstein– decidieron apoyar el nombramiento, argumentando que habían recibido “promesas” de que Mukasey aplicaría toda ley contra la tortura; con ello abandonaron a sus colegas y hacen casi seguro que Mukasey sea confirmado por el pleno del Senado. Consecuencia de su acción es permitir que la práctica continué, ya que aún no hay una ley que explícitamente prohíba esa “técnica”.
Pero esa técnica ha sido considerada como una forma de tortura durante siglos. Los estadunidenses la condenaron como “crimen de guerra” en los juicios después de la Segunda Guerra Mundial y sus practicantes han sido fiscalizados por este país desde 1902. El propio Departamento de Estado ha condenado a otros países por emplearla y los principales abogados militares del ejército, la marina, la fuerza aérea y los marines acordaron en agosto de 2006 que el waterboarding viola la ley estadunidense y las leyes de guerra.
Varios altos oficiales militares han expresado la preocupación de que si Estados Unidos emplea este tipo de técnicas, en violación del derecho internacional, sus propios soldados podrían estar sujetos al mismo tratamiento si son capturados por fuerzas enemigas. Entre ellos, dos generales retirados de los marines escribieron en el Washington Post hace meses que técnicas como el waterboarding son “conductas que antes llamábamos crímenes de guerra”.
El Congreso prohibió el empleo del waterboarding a los militares, pero no a la CIA.
Nance, experto en terrorismo, declaró que uno debe “superar la decencia humana básica para aguantar observar o causar los efectos” del waterboarding. Agregó que “la brutalidad te obligaría a un dilema moral personal entre la humanidad y el odio. Te dejaría cuestionando el significado de qué es ser un estadunidense”, según reporta The Independent.
El doctor Allen S. Keller, jefe de un programa de sobrevivientes de tortura en Nueva York que ha tratado a más de 2 mil víctimas de todas partes del mundo, afirmó al New York Times que el waterboarding es una forma de tortura, “tal vez más brutal que ser sumergido”.
Un problema de conciencia
Human Rights Watch, citando algunos de estos ejemplos, declaró que Mukasey –al rehusar pronunciarse sobre estas técnicas como ilegales por ser tortura– debería ser rechazado por el Senado. Hasta el New York Times en un editorial opina que todo senador con “conciencia” tiene que rechazar a un candidato que no denuncie este tipo de tratamiento.
Pero al parecer no habrá suficientes senadores con conciencia, ya que se pronostica la aprobación del próximo procurador general, alguien que no se atrevió a denunciar la legalización de la tortura o la anulación de las Convenciones de Ginebra realizadas por el que será su antecesor, Alberto Gonzales.
Vale recordar que las autoridades estadunidenses rehúsan extraditar a Luis Posada Carriles –acusado de los peores actos de terrorismo en el hemisferio occidental antes del 11-S, y torturador en Venezuela– a Venezuela o Cuba con la justificación de que podría ser sometido a la tortura en esos países, pese que no hay evidencia de que esos dos países emplean la tortura.
“Pero aquí sí hay evidencia de que se tortura a los detenidos”, declaró el abogado José Pertierra, quien lleva el caso de Posada Carriles a nombre del gobierno de Venezuela. “Tal vez los países del mundo deberían negar toda solicitud de extradición de sus paisanos a Estados Unidos hasta que Washington pueda garantizar que no serán sometidos a la tortura aquí”, afirmó a La Jornada.
Estados Unidos es un peligro para el mundo, y se le suma Francia, otro país disfrazado de "culto" cuando es bárbaro:
Sarkozy da un giro a la política de Francia respecto de EU
El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue ovacionado ayer en el Congreso estadunidense, donde dio un giro respecto de la política de su antecesor Jacques Chirac, quien rechazó la guerra en Irak. Sarkozy destacó lo que definió como la deuda que Francia tiene con Estados Unidos por su apoyo durante las dos conflagraciones y la guerra fría, de acuerdo con información de Afp. También apoyó la política de la Casa Blanca frente a Irán y Afganistán y su lucha contra el terrorismo, y prometió su cooperación en los conflictos de Líbano y Palestina. Posteriormente se reunió con su par estadunidense, George W. Bush, en Monte Vermont, Virginia, en la imagen:
Foto: Reuters
¿No habrá quién aplique un poco de justicia dentro de la barbarie que promueven este par de demonios sometiéndoles a un waterboarding, o mínimamente, que los cuelguen un rato de los huevos?
Mukasey no debería ser procurador por negarse a condenar ciertas prácticas: analistas El método del waterboarding ha sido rechazado históricamente, incluso por estadunidenses Es un castigo tan brutal que obligaría a un dilema moral entre la humanidad y el odio: experto Washington ha rehusado extraditar a Posada Carriles para evitar que sea víctima de abusos
David Brooks (Corresponsal)
Manifestantes simularon hace unos días la práctica del waterboarding afuera del Departamento de Justicia en Washington, en rechazo a la nominación de Michael Mukasey para asumir el cargo de fiscal general Foto: ReutersNueva York, 7 de noviembre. La barbarie como política oficial de Estados Unidos; ese ha sido el tema de los últimos días en este país.
Las manifestaciones de la barbarie son comentadas, debatidas, afirmadas tan cotidiana y rutinariamente que tal vez pocos se den cuenta de qué tan extraordinario es que se aborde tan públicamente si la tortura debería o no ser parte de las herramientas empleadas en la llamada “guerra contra el terrorismo”.
Para ningún investigador serio es sorpresa que el gobierno de este país haya empleado la tortura. Pero que exista un debate nacional sobre si está bien o mal, que sea tan explícito que prácticas denunciadas universalmente como brutales, delitos de guerra, violaciones a las normas internacionales, o sea la barbarie, sean consideradas como política oficial, tal vez no tenga precedente en tiempos modernos.
Ahora todos hemos sido educados, mediante este debate, sobre una técnica de tortura en particular: el llamado “waterboarding”. Es una técnica que se ha empleado desde la Edad Media mediante la cual se ata a la víctima acostada sobre una tabla mientras se vierten litros de agua a sus pulmones a través de una manta sobre su rostro y se le abre la boca, un proceso de asfixia en cámara lenta con la sensación consciente de la víctima de que se está ahogando.
Malcolm Nance, asesor en terrorismo para el propio Departamento de Seguridad Interna denunció públicamente la práctica: “waterboarding es una técnica de tortura, punto”, reportó The Independent.
Pero al parecer, para el Senado esto no es suficiente motivo como para anular el nombramiento del encargado sobre la legalidad de todo esto. Esta semana el Senado ratificará –si no hay sorpresas de último momento– el nombramiento del juez Michael Mukasey como próximo procurador general de la nación. El candidato del presidente George W. Bush estaba en apuros cuando, ante un comité del Senado, rehusó opinar si el método de waterboarding es o no tortura y, por lo tanto, ilegal.
El presidente del Comité Judicial, Patrick Leahy, y otros demócratas declararon que no podrían votar en favor de su ratificación sin que Mukasey se expresara explícitamente sobre el asunto. El senador Edward Kennedy declaró ayer que esta técnica “bárbara” pone a Estados Unidos junto a la Inquisición, el ejército japonés de la Segunda Guerra Mundial, a dueños de esclavos del siglo XIX y el Khmer Rouge de Camboya.
En estos días se intensificó el debate entre políticos, grupos de derechos humanos, comentaristas y la Casa Blanca sobre el uso de este método por la CIA durante los interrogatorios a detenidos en la “guerra contra el terrorismo”.
George W. Bush, en una breve conferencia de prensa para defender a su candidato la semana pasada, insistió: “No voy a hablar sobre técnicas. Hay un enemigo allá fuera. Mi perspectiva es esta: el pueblo estadunidense necesita entender que el programa es importante y que las técnicas empleadas están dentro de la ley, y los integrantes de la Cámara y el Senado saben de lo que hablo, han sido plenamente informados”.
Dos demócratas en el Comité Judicial –Charles Schumer y Dianne Feinstein– decidieron apoyar el nombramiento, argumentando que habían recibido “promesas” de que Mukasey aplicaría toda ley contra la tortura; con ello abandonaron a sus colegas y hacen casi seguro que Mukasey sea confirmado por el pleno del Senado. Consecuencia de su acción es permitir que la práctica continué, ya que aún no hay una ley que explícitamente prohíba esa “técnica”.
Pero esa técnica ha sido considerada como una forma de tortura durante siglos. Los estadunidenses la condenaron como “crimen de guerra” en los juicios después de la Segunda Guerra Mundial y sus practicantes han sido fiscalizados por este país desde 1902. El propio Departamento de Estado ha condenado a otros países por emplearla y los principales abogados militares del ejército, la marina, la fuerza aérea y los marines acordaron en agosto de 2006 que el waterboarding viola la ley estadunidense y las leyes de guerra.
Varios altos oficiales militares han expresado la preocupación de que si Estados Unidos emplea este tipo de técnicas, en violación del derecho internacional, sus propios soldados podrían estar sujetos al mismo tratamiento si son capturados por fuerzas enemigas. Entre ellos, dos generales retirados de los marines escribieron en el Washington Post hace meses que técnicas como el waterboarding son “conductas que antes llamábamos crímenes de guerra”.
El Congreso prohibió el empleo del waterboarding a los militares, pero no a la CIA.
Nance, experto en terrorismo, declaró que uno debe “superar la decencia humana básica para aguantar observar o causar los efectos” del waterboarding. Agregó que “la brutalidad te obligaría a un dilema moral personal entre la humanidad y el odio. Te dejaría cuestionando el significado de qué es ser un estadunidense”, según reporta The Independent.
El doctor Allen S. Keller, jefe de un programa de sobrevivientes de tortura en Nueva York que ha tratado a más de 2 mil víctimas de todas partes del mundo, afirmó al New York Times que el waterboarding es una forma de tortura, “tal vez más brutal que ser sumergido”.
Un problema de conciencia
Human Rights Watch, citando algunos de estos ejemplos, declaró que Mukasey –al rehusar pronunciarse sobre estas técnicas como ilegales por ser tortura– debería ser rechazado por el Senado. Hasta el New York Times en un editorial opina que todo senador con “conciencia” tiene que rechazar a un candidato que no denuncie este tipo de tratamiento.
Pero al parecer no habrá suficientes senadores con conciencia, ya que se pronostica la aprobación del próximo procurador general, alguien que no se atrevió a denunciar la legalización de la tortura o la anulación de las Convenciones de Ginebra realizadas por el que será su antecesor, Alberto Gonzales.
Vale recordar que las autoridades estadunidenses rehúsan extraditar a Luis Posada Carriles –acusado de los peores actos de terrorismo en el hemisferio occidental antes del 11-S, y torturador en Venezuela– a Venezuela o Cuba con la justificación de que podría ser sometido a la tortura en esos países, pese que no hay evidencia de que esos dos países emplean la tortura.
“Pero aquí sí hay evidencia de que se tortura a los detenidos”, declaró el abogado José Pertierra, quien lleva el caso de Posada Carriles a nombre del gobierno de Venezuela. “Tal vez los países del mundo deberían negar toda solicitud de extradición de sus paisanos a Estados Unidos hasta que Washington pueda garantizar que no serán sometidos a la tortura aquí”, afirmó a La Jornada.
Estados Unidos es un peligro para el mundo, y se le suma Francia, otro país disfrazado de "culto" cuando es bárbaro:
Sarkozy da un giro a la política de Francia respecto de EU
El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue ovacionado ayer en el Congreso estadunidense, donde dio un giro respecto de la política de su antecesor Jacques Chirac, quien rechazó la guerra en Irak. Sarkozy destacó lo que definió como la deuda que Francia tiene con Estados Unidos por su apoyo durante las dos conflagraciones y la guerra fría, de acuerdo con información de Afp. También apoyó la política de la Casa Blanca frente a Irán y Afganistán y su lucha contra el terrorismo, y prometió su cooperación en los conflictos de Líbano y Palestina. Posteriormente se reunió con su par estadunidense, George W. Bush, en Monte Vermont, Virginia, en la imagen:
Foto: Reuters¿No habrá quién aplique un poco de justicia dentro de la barbarie que promueven este par de demonios sometiéndoles a un waterboarding, o mínimamente, que los cuelguen un rato de los huevos?
Como director de Pemex Refinación, Bueno Torio benefició a empresa de la que es socio
Comisión especial descubrió contrato por $375 millones a una firma sin garantías
Aquapress recibió asignación directa para limpiar derrame de crudo que nunca terminó
La sociedad se formó mes después que el panista fue designado director de la subsidiaria
Roberto Garduño y Enrique Méndez
De manera fortuita, la comisión especial encargada de investigar a Construcciones Prácticas, se encontró con una joya: documentó que el senador panista Juan Bueno Torio, como director de Pemex Refinación, autorizó la firma de un contrato por 375 millones de pesos a la empresa Aquapress, de la que se presume es socio, a través de prestanombres.
El contrato no sólo fue adjudicado de manera directa, sino que también se firmó, se liquidó y extinguió el mismo día, el 31 de mayo de 2005, lo que impidió a la paraestatal obligar a la empresa a presentar las garantías necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones.
Elías Cárdenas, presidente de la comisión especial, entregó a este diario la documentación que comprueba la asignación directa a Aquapress, que debía realizar la limpieza del derrame de petróleo que ocurrió el 22 de diciembre de 2004, en Nanchital, el cual nunca fue terminado y, por lo tanto, los efectos de la contaminación persisten en esa región de Veracruz.
Se trata del contrato SDSE-OPU81-174/2004, uno de los seis que durante 2004 fueron adjudicados de manera directa a la misma empresa. Por los otros cinco contratos la firma recibió otros 42 millones 950 mil 688.6, gracias a la influencia de Bueno Torio, explicó Elías Cárdenas, diputado por Convergencia.
Pemex Refinación asignó obras de limpieza por derrames de crudo en instalaciones de la paraestatal, aun cuando el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda detectó que había alterado su registro federal de causantes, AQU030320DMA, para evadir el pago de impuestos, informó el legislador.
Aquapress se constituyó el 19 de marzo de 2003, un mes después de que Bueno Torio fue designado director de Pemex Refinación. La escritura pública para constituir la sociedad se levantó ante el notario público Francisco Montes de Oca, con sede en Coatzacoalcos, quien dio fe que Guadalupe Velásquez Jiménez y Jorge Daniel Salas, quienes aportaron un capital social de 475 mil y 25 mil pesos para 500 acciones, con valor de mil pesos cada una.
Ese mismo día la sociedad se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, con el folio 1249/1257. El diputado Elías Cárdenas refirió que existen indicios de que Guadalupe Velásquez en realidad es la prestanombres de Bueno Torio.
Uno de los principales contratos a favor de Aquapress se otorgó de manera directa el 13 de octubre de 2004 por 40 millones 677 mil 501, para atener “la emergencia en la recuperación de hidrocarburo y disposición final de maleza, restauración del arroyo Anteburro Querétaro y suelo contaminado derivado de la ruptura del oleoducto de 30 pulgadas Nuevo Teapa-Tula-Salamanca”, en el municipio de Omealca, Veracruz.
El 22 de diciembre ocurrió otro derrame de crudo, esta vez en Nanchital, por la ruptura del oleoducto de 30 pulgadas Nuevo Teapa-Poza Rica y la explosión de la estación Mazumiapan, en San Andrés Tuxtla. Sin mediar contrato, Pemex Refinación ordenó a Aquapress encargarse de las obras de limpieza. Cinco meses después formalizó la relación con la empresa privada.
Cárdenas obtuvo copia del contrato de adjudicación directa, y la principal irregularidad se legalizó en la cláusula 34, en la cual se estableció lo siguiente: “la vigencia del contrato será a partir del 22 de diciembre de 2004 y concluirá el 31 de mayo de 2005. El presente contrato se firma en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, a los 31 días del mes de mayo de 2005”.
Aquapress recibió asignación directa para limpiar derrame de crudo que nunca terminó
La sociedad se formó mes después que el panista fue designado director de la subsidiaria
Roberto Garduño y Enrique Méndez
De manera fortuita, la comisión especial encargada de investigar a Construcciones Prácticas, se encontró con una joya: documentó que el senador panista Juan Bueno Torio, como director de Pemex Refinación, autorizó la firma de un contrato por 375 millones de pesos a la empresa Aquapress, de la que se presume es socio, a través de prestanombres.
El contrato no sólo fue adjudicado de manera directa, sino que también se firmó, se liquidó y extinguió el mismo día, el 31 de mayo de 2005, lo que impidió a la paraestatal obligar a la empresa a presentar las garantías necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones.
Elías Cárdenas, presidente de la comisión especial, entregó a este diario la documentación que comprueba la asignación directa a Aquapress, que debía realizar la limpieza del derrame de petróleo que ocurrió el 22 de diciembre de 2004, en Nanchital, el cual nunca fue terminado y, por lo tanto, los efectos de la contaminación persisten en esa región de Veracruz.
Se trata del contrato SDSE-OPU81-174/2004, uno de los seis que durante 2004 fueron adjudicados de manera directa a la misma empresa. Por los otros cinco contratos la firma recibió otros 42 millones 950 mil 688.6, gracias a la influencia de Bueno Torio, explicó Elías Cárdenas, diputado por Convergencia.
Pemex Refinación asignó obras de limpieza por derrames de crudo en instalaciones de la paraestatal, aun cuando el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda detectó que había alterado su registro federal de causantes, AQU030320DMA, para evadir el pago de impuestos, informó el legislador.
Aquapress se constituyó el 19 de marzo de 2003, un mes después de que Bueno Torio fue designado director de Pemex Refinación. La escritura pública para constituir la sociedad se levantó ante el notario público Francisco Montes de Oca, con sede en Coatzacoalcos, quien dio fe que Guadalupe Velásquez Jiménez y Jorge Daniel Salas, quienes aportaron un capital social de 475 mil y 25 mil pesos para 500 acciones, con valor de mil pesos cada una.
Ese mismo día la sociedad se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, con el folio 1249/1257. El diputado Elías Cárdenas refirió que existen indicios de que Guadalupe Velásquez en realidad es la prestanombres de Bueno Torio.
Uno de los principales contratos a favor de Aquapress se otorgó de manera directa el 13 de octubre de 2004 por 40 millones 677 mil 501, para atener “la emergencia en la recuperación de hidrocarburo y disposición final de maleza, restauración del arroyo Anteburro Querétaro y suelo contaminado derivado de la ruptura del oleoducto de 30 pulgadas Nuevo Teapa-Tula-Salamanca”, en el municipio de Omealca, Veracruz.
El 22 de diciembre ocurrió otro derrame de crudo, esta vez en Nanchital, por la ruptura del oleoducto de 30 pulgadas Nuevo Teapa-Poza Rica y la explosión de la estación Mazumiapan, en San Andrés Tuxtla. Sin mediar contrato, Pemex Refinación ordenó a Aquapress encargarse de las obras de limpieza. Cinco meses después formalizó la relación con la empresa privada.
Cárdenas obtuvo copia del contrato de adjudicación directa, y la principal irregularidad se legalizó en la cláusula 34, en la cual se estableció lo siguiente: “la vigencia del contrato será a partir del 22 de diciembre de 2004 y concluirá el 31 de mayo de 2005. El presente contrato se firma en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, a los 31 días del mes de mayo de 2005”.
En el crimen de Acteal se busca negar la responsabilidad del Estado y el Ejército
En la gestión de Zedillo no se hizo justicia, afirma el obispo Samuel Ruiz García
El Centro Fray Bartolomé documentó y denunció la existencia de paramilitares, sostiene
Gabriel León Zaragoza
El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, afirmó que durante el sexenio de Ernesto Zedillo “no se investigó” con seriedad la matanza de Acteal, en el estado de Chiapas. Desde entonces, agregó, se ha pretendido “negar la responsabilidad que tuvieron las fuerzas del Estado y el Ejército”, y omitir la autoría intelectual del ex mandatario en el crimen de lesa humanidad contra los tzotziles. Consideró que el resultado de la indagatoria de esa administración quedó “muy al margen de lo que en realidad sucedió”.
Acerca del debate que se ha dado sobre la revisión de los hechos que cobraron la vida de 45 indígenas chiapanecos, Samuel Ruiz afirmó en entrevista que “da la impresión” de que el Estado echó a andar una maquinaria para borrar la historia, porque “se ha visto que hay una complicidad en marcha, porque detrás de este articulista está alguna indicación oficial. No se ve otra intención”.
Consideró que la actual administración federal carece de determinación para alcanzar la verdad sobre las ejecuciones en Acteal, y “lo que estoy viendo es que hay una complicidad, porque se quieren borrar los hechos en lugar de que se haga una investigación a fondo”.
–A 10 años de los hechos, ¿cómo debe mirarse la masacre de Acteal?
–Un crimen lo es a 10 años o a 20, lo grave es que no se ha hecho justicia y que recientemente alguien trata de borrar los acontecimientos y las reflexiones sobre lo sucedido. La masacre no ha tenido una investigación a fondo. Y parece que con el artículo publicado pierde calidad el periodista que lo escribió, tratando de negar acontecimientos que están a la mano.
“He dicho que un crimen no deja de ser un crimen, que no se ha castigado adecuadamente y con ese artículo se ve claramente que hay intentos y complicidad de no continuar investigación alguna. Por el contrario, se pretende decir que los hechos no sucedieron.”
–¿Qué respuesta espera del gobierno federal en el décimo aniversario de la matanza de Acteal?
–Nada, porque se ve que no hay justicia. Sin embargo, espero que haya el reconocimiento de los hechos, la investigación adecuada y el castigo de los responsables.
–¿El Estado echó a andar una maquinaria para borrar los hechos?
–Da la impresión.
–¿Quién podría estar interesado en que no se conozca la realidad?
–Eso sería cuestión de preguntarle al periodista: ¿quién le dijo que escribiera?
–El ex presidente Ernesto Zedillo dijo en España que los hechos de Acteal se investigaron con seriedad.
–No se investigó. Las indagaciones no fueron suficientes o quedaron escondidas, porque los verdaderos responsables quedaron ocultos. Inclusive él no deja de aparecer como responsable, puesto que estuvo al tanto de las cosas. Se ve que hay una complicidad en el asunto y que se quiere negar la responsabilidad que tuvieron las fuerzas del Estado y el Ejército.
–¿Comparte la opinión del obispo Raúl Vera?, quien dijo que el autor intelectual de la masacre de Acteal fue el ex mandatario, al que acusó de cometer un crimen de lesa humanidad.
–No sólo la comparto, lo dije antes.
–¿Qué personajes estarían pendientes de ser investigados?
–Le toca al Estado decirlo, pero evidentemente son los que formaban parte de la estructura oficial.
–¿Hará un llamado al gobierno calderonista para que retome las investigaciones?
–No va a hacerlo. Lo que estoy viendo es que hay complicidad. Quieren borrar los hechos en lugar de hacer una investigación a fondo.
–¿Ratifica que fue un crimen de Estado?
–Lo he dicho, basta investigar y ver las comunicaciones que se hicieron.
–¿Qué espera de la denuncia interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
–Que haya alguna comunicación al Estado mexicano y que éste dé respuesta.
–¿Qué elementos tuvieron en su momento para señalar la existencia de grupos paramilitares?
–Lo de Acteal fue como la acción 22 y fue la más representativa. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé lo documentó, y en su momento denunció su existencia, entrenados por el Ejército.
El Centro Fray Bartolomé documentó y denunció la existencia de paramilitares, sostiene
Gabriel León Zaragoza
El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, afirmó que durante el sexenio de Ernesto Zedillo “no se investigó” con seriedad la matanza de Acteal, en el estado de Chiapas. Desde entonces, agregó, se ha pretendido “negar la responsabilidad que tuvieron las fuerzas del Estado y el Ejército”, y omitir la autoría intelectual del ex mandatario en el crimen de lesa humanidad contra los tzotziles. Consideró que el resultado de la indagatoria de esa administración quedó “muy al margen de lo que en realidad sucedió”.
Acerca del debate que se ha dado sobre la revisión de los hechos que cobraron la vida de 45 indígenas chiapanecos, Samuel Ruiz afirmó en entrevista que “da la impresión” de que el Estado echó a andar una maquinaria para borrar la historia, porque “se ha visto que hay una complicidad en marcha, porque detrás de este articulista está alguna indicación oficial. No se ve otra intención”.
Consideró que la actual administración federal carece de determinación para alcanzar la verdad sobre las ejecuciones en Acteal, y “lo que estoy viendo es que hay una complicidad, porque se quieren borrar los hechos en lugar de que se haga una investigación a fondo”.
–A 10 años de los hechos, ¿cómo debe mirarse la masacre de Acteal?
–Un crimen lo es a 10 años o a 20, lo grave es que no se ha hecho justicia y que recientemente alguien trata de borrar los acontecimientos y las reflexiones sobre lo sucedido. La masacre no ha tenido una investigación a fondo. Y parece que con el artículo publicado pierde calidad el periodista que lo escribió, tratando de negar acontecimientos que están a la mano.
“He dicho que un crimen no deja de ser un crimen, que no se ha castigado adecuadamente y con ese artículo se ve claramente que hay intentos y complicidad de no continuar investigación alguna. Por el contrario, se pretende decir que los hechos no sucedieron.”
–¿Qué respuesta espera del gobierno federal en el décimo aniversario de la matanza de Acteal?
–Nada, porque se ve que no hay justicia. Sin embargo, espero que haya el reconocimiento de los hechos, la investigación adecuada y el castigo de los responsables.
–¿El Estado echó a andar una maquinaria para borrar los hechos?
–Da la impresión.
–¿Quién podría estar interesado en que no se conozca la realidad?
–Eso sería cuestión de preguntarle al periodista: ¿quién le dijo que escribiera?
–El ex presidente Ernesto Zedillo dijo en España que los hechos de Acteal se investigaron con seriedad.
–No se investigó. Las indagaciones no fueron suficientes o quedaron escondidas, porque los verdaderos responsables quedaron ocultos. Inclusive él no deja de aparecer como responsable, puesto que estuvo al tanto de las cosas. Se ve que hay una complicidad en el asunto y que se quiere negar la responsabilidad que tuvieron las fuerzas del Estado y el Ejército.
–¿Comparte la opinión del obispo Raúl Vera?, quien dijo que el autor intelectual de la masacre de Acteal fue el ex mandatario, al que acusó de cometer un crimen de lesa humanidad.
–No sólo la comparto, lo dije antes.
–¿Qué personajes estarían pendientes de ser investigados?
–Le toca al Estado decirlo, pero evidentemente son los que formaban parte de la estructura oficial.
–¿Hará un llamado al gobierno calderonista para que retome las investigaciones?
–No va a hacerlo. Lo que estoy viendo es que hay complicidad. Quieren borrar los hechos en lugar de hacer una investigación a fondo.
–¿Ratifica que fue un crimen de Estado?
–Lo he dicho, basta investigar y ver las comunicaciones que se hicieron.
–¿Qué espera de la denuncia interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
–Que haya alguna comunicación al Estado mexicano y que éste dé respuesta.
–¿Qué elementos tuvieron en su momento para señalar la existencia de grupos paramilitares?
–Lo de Acteal fue como la acción 22 y fue la más representativa. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé lo documentó, y en su momento denunció su existencia, entrenados por el Ejército.
Fox le dio poder a Marta Sahagún y su administración fue un desastre: Korrodi
Asegura que en dos semanas declarará ante la PGR sobre el ex mandatario
Gustavo Castillo García
“Estaré en la mejor disposición de contestar lo que vaya preguntando el Ministerio Público y respaldar lo dicho con hechos”, afirmó Lino Korrodi, quien estimó que en dos semanas acudirá a la Procuraduría General de la República (PGR) a declarar como testigo en la investigación que se le sigue al ex presidente Vicente Fox Quesada por diversas acusaciones, entre ellas, enriquecimiento ilícito.
El ex operador financiero de Amigos de Fox afirmó en entrevista con La Jornada que el panista Ramón Muñoz no es senador por sus méritos partidistas, sino “tal vez para darle impunidad por el papel que jugó en Los Pinos”, y pidió que se le investigue como “el operador” de la construcción del Centro Fox.
Korrodi, quien jugó un papel importante en la obtención de recursos para la precampaña y campaña que llevaron a la Presidencia de la República a Vicente Fox, afirmó que esa administración terminó siendo “un desastre total, y hoy lo estamos viendo”, porque “le dio el poder a Marta (Sahagún) o lo compartió con ella”.
Lino Korrodi fue entrevistado vía telefónica luego de que este miércoles decidiera posponer su comparecencia ante el Ministerio Público Federal, dentro de la averiguación previa en la que aparece como indiciado Vicente Fox. El empresario aseguró que incumplió la cita porque sus abogados “aconsejaron que no era el momento más oportuno y que primero se debía revisar o tener idea de las preguntas que se formularían. Pero ya desde la tarde de hoy (ayer miércoles) firmé el documento que se requiere para ser citado nuevamente, y esperamos que sea en dos semanas”.
–¿Ratificará sus declaraciones en el sentido de que Vicente Fox ha tenido un enriquecimiento inexplicable?
–Ratificaré en la medida en que me vayan mencionando mis declaraciones, aquellas en las que he manifestado que Fox no tenía suficientes recursos desde que yo lo conozco, que es desde que trabajaba en Coca-Cola. Hago constancia de que Fox no tenía suficientes recursos económicos para tener ese tipo de mansión, lagos y otro rancho, como apareció en una revista. Eso me consta.
–¿Fox es para usted la muestra de la corrupción?
–Los hechos hablan por sí solos. Espero que se investigue con seriedad y se llegue a las últimas consecuencias, los hechos lo demostrarán. Hoy por hoy se está demostrando: Marta cobrando 25 millones de pesos por ir a ver a un empresario. Los hechos allí están. Es lamentable que Fox, quien nos prometió que iba a terminar con la impunidad, terminó envuelto en severos cuestionamientos de corrupción.
–¿Se arrepiente de haber apoyado a Fox Quesada?
–Es (más bien) tristeza, porque enarbolamos el gran proyecto del cambio en el que se acabaría la corrupción, se crearía la rendición de cuentas y se pondría fin a la impunidad. El mismo Fox lo utilizó como lema de campaña y sin embargo terminó así, porque lo hace con lo que llamó su pareja presidencial, siendo que nadie eligió a Marta para que dirigiera o fuera la presidenta del país. El le dio el poder a Marta o lo compartió con ella. Eso es inaudito en este país, y por eso termina siendo un desastre total y hoy lo estamos viviendo.
–¿Tiene pruebas para demostrar ante el Ministerio Público Federal el enriquecimiento ilícito de Fox?
–Como me vayan preguntando. Estaré en la mejor disposición de contestar y respaldar lo dicho con hechos, porque normalmente siempre he hablado con la verdad.
–¿Qué puede decir del senador Ramón Muñoz?
–Debería ser investigado por su participación en el Centro Fox. Se debe preguntar por qué es senador, por sus méritos partidistas no. Tal vez para darle impunidad por el papel que jugó en Los Pinos.
“Ramón me pidió que lo apoyara para juntar fondos con los empresarios y hacerle un museo, una biblioteca a Fox; no recuerdo que se haya hablado del Centro Fox, pero para el caso era más o menos lo mismo.
“También el mismo Fox me lo pidió y yo le dije a ambos: ¿a cambio de qué te van a apoyar los empresarios?, porque hoy por hoy no creo que tengan mucha voluntad de soltar lana nada más porque va a haber un Centro Fox, una Biblioteca Fox o un Museo Fox. Como no hubo claridad en eso no quise participar en ese proyecto. Pero el operador fue el senador Muñoz.
–¿Había una cuota fija a pedir a los empresarios?
–Ya no supe, porque ya no me involucré. Es por eso que se tiene que investigar. Hay un fideicomiso y en la medida en que empiece a surgir información se podrá saber si eso inició cuando terminó el sexenio o antes de que concluyera se empezó a construir el Centro Fox.
Gustavo Castillo García
“Estaré en la mejor disposición de contestar lo que vaya preguntando el Ministerio Público y respaldar lo dicho con hechos”, afirmó Lino Korrodi, quien estimó que en dos semanas acudirá a la Procuraduría General de la República (PGR) a declarar como testigo en la investigación que se le sigue al ex presidente Vicente Fox Quesada por diversas acusaciones, entre ellas, enriquecimiento ilícito.
El ex operador financiero de Amigos de Fox afirmó en entrevista con La Jornada que el panista Ramón Muñoz no es senador por sus méritos partidistas, sino “tal vez para darle impunidad por el papel que jugó en Los Pinos”, y pidió que se le investigue como “el operador” de la construcción del Centro Fox.
Korrodi, quien jugó un papel importante en la obtención de recursos para la precampaña y campaña que llevaron a la Presidencia de la República a Vicente Fox, afirmó que esa administración terminó siendo “un desastre total, y hoy lo estamos viendo”, porque “le dio el poder a Marta (Sahagún) o lo compartió con ella”.
Lino Korrodi fue entrevistado vía telefónica luego de que este miércoles decidiera posponer su comparecencia ante el Ministerio Público Federal, dentro de la averiguación previa en la que aparece como indiciado Vicente Fox. El empresario aseguró que incumplió la cita porque sus abogados “aconsejaron que no era el momento más oportuno y que primero se debía revisar o tener idea de las preguntas que se formularían. Pero ya desde la tarde de hoy (ayer miércoles) firmé el documento que se requiere para ser citado nuevamente, y esperamos que sea en dos semanas”.
–¿Ratificará sus declaraciones en el sentido de que Vicente Fox ha tenido un enriquecimiento inexplicable?
–Ratificaré en la medida en que me vayan mencionando mis declaraciones, aquellas en las que he manifestado que Fox no tenía suficientes recursos desde que yo lo conozco, que es desde que trabajaba en Coca-Cola. Hago constancia de que Fox no tenía suficientes recursos económicos para tener ese tipo de mansión, lagos y otro rancho, como apareció en una revista. Eso me consta.
–¿Fox es para usted la muestra de la corrupción?
–Los hechos hablan por sí solos. Espero que se investigue con seriedad y se llegue a las últimas consecuencias, los hechos lo demostrarán. Hoy por hoy se está demostrando: Marta cobrando 25 millones de pesos por ir a ver a un empresario. Los hechos allí están. Es lamentable que Fox, quien nos prometió que iba a terminar con la impunidad, terminó envuelto en severos cuestionamientos de corrupción.
–¿Se arrepiente de haber apoyado a Fox Quesada?
–Es (más bien) tristeza, porque enarbolamos el gran proyecto del cambio en el que se acabaría la corrupción, se crearía la rendición de cuentas y se pondría fin a la impunidad. El mismo Fox lo utilizó como lema de campaña y sin embargo terminó así, porque lo hace con lo que llamó su pareja presidencial, siendo que nadie eligió a Marta para que dirigiera o fuera la presidenta del país. El le dio el poder a Marta o lo compartió con ella. Eso es inaudito en este país, y por eso termina siendo un desastre total y hoy lo estamos viviendo.
–¿Tiene pruebas para demostrar ante el Ministerio Público Federal el enriquecimiento ilícito de Fox?
–Como me vayan preguntando. Estaré en la mejor disposición de contestar y respaldar lo dicho con hechos, porque normalmente siempre he hablado con la verdad.
–¿Qué puede decir del senador Ramón Muñoz?
–Debería ser investigado por su participación en el Centro Fox. Se debe preguntar por qué es senador, por sus méritos partidistas no. Tal vez para darle impunidad por el papel que jugó en Los Pinos.
“Ramón me pidió que lo apoyara para juntar fondos con los empresarios y hacerle un museo, una biblioteca a Fox; no recuerdo que se haya hablado del Centro Fox, pero para el caso era más o menos lo mismo.
“También el mismo Fox me lo pidió y yo le dije a ambos: ¿a cambio de qué te van a apoyar los empresarios?, porque hoy por hoy no creo que tengan mucha voluntad de soltar lana nada más porque va a haber un Centro Fox, una Biblioteca Fox o un Museo Fox. Como no hubo claridad en eso no quise participar en ese proyecto. Pero el operador fue el senador Muñoz.
–¿Había una cuota fija a pedir a los empresarios?
–Ya no supe, porque ya no me involucré. Es por eso que se tiene que investigar. Hay un fideicomiso y en la medida en que empiece a surgir información se podrá saber si eso inició cuando terminó el sexenio o antes de que concluyera se empezó a construir el Centro Fox.
Venezuela hacia otra victoria popular
Ángel Guerra Cabrera
El objetivo estratégico principal de Estados Unidos a escala internacional es derrocar a Hugo Chávez y arrancar de raíz la revolución bolivariana cualquiera que sea el costo en sangre. De lograrlo, Washington haría cambiar a su favor la correlación de fuerzas al sur del río Bravo: colocaría en una coyuntura muy delicada a Cuba, Bolivia y Ecuador y privaría a América Latina en su conjunto de los enormes recursos morales, políticos, humanitarios, económicos y geoestratégicos contenidos en el tándem Habana-Caracas. Por algo la CIA ha creado un departamento ad hoc para “ocuparse” de Cuba y Venezuela.
Abocada a la retirada o la estampida en Irak sin haber podido alcanzar el propósito de apoderarse del petróleo, la potencia del norte enfrenta en la escena mundial el ascenso imparable de China, Rusia e India, un Pakistán fuera de control –todos esos países con armas nucleares–, el incierto desenlace de la eventual aventura bélica en Irán y la verosímil amenaza de perder definitivamente su hegemonía económica. Resulta, pues, desesperadamente importante para ella recuperar, como sea, el antes exclusivo coto latinoamericano, lo que exige aplastar la creciente sublevación de sus pueblos. Pero lograrlo es una misión imposible mientras arda en Venezuela la llama de la rebeldía.
No estamos ante una novedad histórica. El imperialismo estadunidense nunca aceptó gobiernos populares en América Latina ni en los tiempos en que su posición mundial era mucho más sólida, aunque cumplieran escrupulosamente –como en Venezuela actualmente– con todos los requisitos de la democracia representativa. Basta citar como ejemplos en la segunda mitad del siglo XX el derrocamiento por medios violentos, con base en planes elaborados por Washington, de los presidentes Jacobo Arbenz (1954), Juan Bosh (1964) y Salvador Allende (1973). El siglo XXI se inauguró precisamente con el frustrado golpe de Estado contra Chávez (2002) y sucesivas intentonas desestabilizadoras, destacadamente el sabotaje a la industria petrolera (2002-2003). Pero no obstante que el líder venezolano ha salido airoso y fortalecido de todas ellas, Estados Unidos se emplea de nuevo a fondo para derribarlo.
Ahora bien, Hugo Chávez es un hueso muy duro de roer. Revolucionario brillante, poseedor de gran capacidad de maniobra, conserva y está en proceso de ampliar un apoyo popular cada vez más consciente en su país, su prestigio es ascendente en Latinoamérica y en el mundo, las encuestas revelan que ganará holgadamente el referendo sobre la trascendental reforma constitucional y cuenta con el respaldo de la fuerza armada. Por otro lado, la oposición/contrarrevolución está desmoralizada y desarticulada por las continuas derrotas ante su adversario y carece de importancia electoral.
Ya que en buena lid democrática es imposible vencer a los bolivarianos, la Casa Blanca se ha visto obligada otra vez a elaborar una estrategia supuestamente eficaz para acabar por la fuerza con Chávez y el aluvión de pueblo que lo acompaña. Para ello ha orquestado una campaña propagandística internacional destinada a presentar un ejercicio democrático ejemplar –el debate popular libérrimo y exhaustivo de la reforma constitucional venezolana y su inminente aprobación en referendo– como una maniobra de Chávez para perpetuarse indefinidamente en el poder y concentrar todas las decisiones. No importa el medio del sistema que sea en cualquier lugar del planeta: todos repiten lo mismo. Es la preparación sicológica de la opinión pública que precede a las agresiones yanquis.
Complementariamente, lanzar a la calle a los vástagos de la burguesía a ejercer violencia contra las fuerzas de seguridad, cometer actos de vandalismo y, sobre todo, provocar la represión, todo manipulado por la fábrica de mentiras como una rebelión estudiantil contra el poder constituido. El escándalo internacional abriría la puerta a la intervención extranjera. Pero lo que dio resultado en Serbia, Ucrania o Georgia, donde no había un movimiento popular ni un partido revolucionario organizados y en pie de lucha, fracasará en Venezuela, como veremos en las próximas semanas. Hugo Chávez ha llamado a sus partidarios a permanecer en la calle todo el tiempo que sea necesario y a luchar por el sí en el referendo dentro de las normas constitucionales.
Lo veremos: la contrarrevolución será derrotada por el pueblo movilizado y lo más que podrá conseguir su patrón imperialista es una mayor radicalización del proceso bolivariano. Allá ellos.
El objetivo estratégico principal de Estados Unidos a escala internacional es derrocar a Hugo Chávez y arrancar de raíz la revolución bolivariana cualquiera que sea el costo en sangre. De lograrlo, Washington haría cambiar a su favor la correlación de fuerzas al sur del río Bravo: colocaría en una coyuntura muy delicada a Cuba, Bolivia y Ecuador y privaría a América Latina en su conjunto de los enormes recursos morales, políticos, humanitarios, económicos y geoestratégicos contenidos en el tándem Habana-Caracas. Por algo la CIA ha creado un departamento ad hoc para “ocuparse” de Cuba y Venezuela.
Abocada a la retirada o la estampida en Irak sin haber podido alcanzar el propósito de apoderarse del petróleo, la potencia del norte enfrenta en la escena mundial el ascenso imparable de China, Rusia e India, un Pakistán fuera de control –todos esos países con armas nucleares–, el incierto desenlace de la eventual aventura bélica en Irán y la verosímil amenaza de perder definitivamente su hegemonía económica. Resulta, pues, desesperadamente importante para ella recuperar, como sea, el antes exclusivo coto latinoamericano, lo que exige aplastar la creciente sublevación de sus pueblos. Pero lograrlo es una misión imposible mientras arda en Venezuela la llama de la rebeldía.
No estamos ante una novedad histórica. El imperialismo estadunidense nunca aceptó gobiernos populares en América Latina ni en los tiempos en que su posición mundial era mucho más sólida, aunque cumplieran escrupulosamente –como en Venezuela actualmente– con todos los requisitos de la democracia representativa. Basta citar como ejemplos en la segunda mitad del siglo XX el derrocamiento por medios violentos, con base en planes elaborados por Washington, de los presidentes Jacobo Arbenz (1954), Juan Bosh (1964) y Salvador Allende (1973). El siglo XXI se inauguró precisamente con el frustrado golpe de Estado contra Chávez (2002) y sucesivas intentonas desestabilizadoras, destacadamente el sabotaje a la industria petrolera (2002-2003). Pero no obstante que el líder venezolano ha salido airoso y fortalecido de todas ellas, Estados Unidos se emplea de nuevo a fondo para derribarlo.
Ahora bien, Hugo Chávez es un hueso muy duro de roer. Revolucionario brillante, poseedor de gran capacidad de maniobra, conserva y está en proceso de ampliar un apoyo popular cada vez más consciente en su país, su prestigio es ascendente en Latinoamérica y en el mundo, las encuestas revelan que ganará holgadamente el referendo sobre la trascendental reforma constitucional y cuenta con el respaldo de la fuerza armada. Por otro lado, la oposición/contrarrevolución está desmoralizada y desarticulada por las continuas derrotas ante su adversario y carece de importancia electoral.
Ya que en buena lid democrática es imposible vencer a los bolivarianos, la Casa Blanca se ha visto obligada otra vez a elaborar una estrategia supuestamente eficaz para acabar por la fuerza con Chávez y el aluvión de pueblo que lo acompaña. Para ello ha orquestado una campaña propagandística internacional destinada a presentar un ejercicio democrático ejemplar –el debate popular libérrimo y exhaustivo de la reforma constitucional venezolana y su inminente aprobación en referendo– como una maniobra de Chávez para perpetuarse indefinidamente en el poder y concentrar todas las decisiones. No importa el medio del sistema que sea en cualquier lugar del planeta: todos repiten lo mismo. Es la preparación sicológica de la opinión pública que precede a las agresiones yanquis.
Complementariamente, lanzar a la calle a los vástagos de la burguesía a ejercer violencia contra las fuerzas de seguridad, cometer actos de vandalismo y, sobre todo, provocar la represión, todo manipulado por la fábrica de mentiras como una rebelión estudiantil contra el poder constituido. El escándalo internacional abriría la puerta a la intervención extranjera. Pero lo que dio resultado en Serbia, Ucrania o Georgia, donde no había un movimiento popular ni un partido revolucionario organizados y en pie de lucha, fracasará en Venezuela, como veremos en las próximas semanas. Hugo Chávez ha llamado a sus partidarios a permanecer en la calle todo el tiempo que sea necesario y a luchar por el sí en el referendo dentro de las normas constitucionales.
Lo veremos: la contrarrevolución será derrotada por el pueblo movilizado y lo más que podrá conseguir su patrón imperialista es una mayor radicalización del proceso bolivariano. Allá ellos.
Montebello: saqueo de México
John Saxe-Fernández
Poco después del cónclave secreto en Montebello, Canadá, de la Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte (ASPAN), de la cual el Consejo de la Competitividad de América del Norte (CCAN) es “brújula”, Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia, insta a “proteger a los consumidores” ante monopolios “que frenan la competitividad y por ende el crecimiento económico”: entre ellos mencionó los de telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y “el de energía”.
Toda una prestidigitación seguida poco después por el PAN, transformado en vergonzoso cabildo de las petroleras extranjeras, para llevar hasta sus últimas consecuencias lo que Jorge F. Moncada y Mario di Costanzo han calificado, en relación al “rescate bancario”, como El saqueo a los mexicanos (Grijalbo, 2007): un magno atraco que dejó al país sin banca y lo colocó a merced de la usura “legalizada”. Con parte mínima de los intereses de ese “rescate”, ardientemente promovido por tecnócratas y oligarcas locales, podría duplicarse el presupuesto de salud y “duplicar la capacidad de refinamiento de petróleo y reducir así al mínimo la importación de gasolina” (p.11).
Ni lerdos ni perezosos, los integrantes mexicanos del CCAN lanzan otra cruzada para “la apertura de ciento por ciento” a favor de la inversión extranjera directa (IED), “en sectores estratégicos”, metiendo en el mismo saco a los monopolios privados y a los sectores constitucionalmente reservados a la nación. Es una maña vieja: con Salinas (1988-1994) el Banco Mundial (BM) desató sobre Pemex un diseño de desmembramiento y desarticulación, conocido en Estados Unidos como divestiture, que el Senado de ese país a principios de los 70 amenazó, pero decidió no aplicar, a sus monopolios petroleros porque los llevaría a la ruina ante una competencia externa con sólida integración vertical. Con aval de Salinas, el BM lo hizo, “marcando su territorio” sobre Pemex, como perro por su jardín.
Ahora se lanzan sobre los principales “trozos” de Pemex bajo el ropaje de la “competitividad”.¿Objetivo?: medio tapar el hedor de las transas de las privatizaciones-rescates (bancos, carreteras, azúcar, etcétera) para que el CCAN, integrado por promotores de la IED, como Claudio X. González, procedan con un “fobaproa petroeléctrico”: la receta para terminar de hacer pedazos la economía y la paz social del país.
Esta estafa en curso dentro del vital sector energético se realiza por la vía de la subcontratación –Halliburton/Bechtel–, el “manejo” opaco del portafolio de negocios de Pemex-CFE y de una vil agresión fiscal perpetrada por el FMI-Hacienda. Se ataca el corazón del país en momentos en que la capacidad mundial de producción de crudo convencional ya no cubre la demanda y por tanto el control nacional del sector es crucial para que la nación no se nos deshaga en las manos.
Pero las grandes petroleras, en pos del negocio del crudo, cuentan con los cómplices de siempre. En 1996 en un sobrio análisis sobre procesos e intereses implicados en la enajenación del sector petroeléctrico, eje principal de acumulación de México, Gastón García Cantú señalaba que la dirigencia empresarial es “fundamental” en la transformación de las empresas públicas que quedan, “en botín a repartirse entre mexicanos, primero, y extranjeros después, con el argumento de que en poder del Estado no hay negocio próspero”.
Es el “guión” que usan Acción Nacional y algunos bribones de la “oposición” legislativa para entregar Pemex a la IED: para el BM es un ente poco competitivo que llegó al límite de su endeudamiento siendo los privados los únicos que pueden aportar los capitales requeridos para su expansión. Pero como demuestra José Luis Manzo (www.untcip.net) con datos recientes del Estado de resultados y balance general de Pemex, en los 18 años comprendidos entre 1989 y 2006 ésta acumuló (en dólares constantes de 2006) utilidades por 471 mil millones de dólares (mmdd). Entre 1989-1997 los ingresos totales fueron de 264 mmdd y los costos de 107 mmdd, con utilidades de 157 mmdd e impuestos pagadores por 145 mmdd, arrojando una utilidad de 12 mmdd. Sólo en el sexenio de Fox, por el alza de precios, se lograron ingresos por 441 mmdd, generó utilidades por 240 mmdd, pero Hacienda, bajo lacayos de Washington, la asaltó con una carga fiscal de 258 mmdd.
En el periodo 1998-2005 la codicia y el entreguismo se salieron de control. Zedillo y Fox perpetraron un crimen de lesa patria: después de restar a los ingresos (471 mmdd) los costos (215 mmdd), Pemex registró una utilidad de 256 mmdd, “superior en casi 100 mil millones de dólares a la del periodo anterior (...) Sin embargo, como el importe de impuestos pagados fue todavía mayor (284 mmdd) ello provocó a Pemex una pérdida contable acumulada de 28 mmdd en este periodo” (¡!). Y claro, comparada con las empresas privadas en México y otras petroleras extranjeras, resulta que Pemex no es “competitiva”: su carga fiscal cuadruplica la de las empresas privadas en el país y casi triplica la de otras petroleras.
Poco después del cónclave secreto en Montebello, Canadá, de la Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte (ASPAN), de la cual el Consejo de la Competitividad de América del Norte (CCAN) es “brújula”, Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia, insta a “proteger a los consumidores” ante monopolios “que frenan la competitividad y por ende el crecimiento económico”: entre ellos mencionó los de telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y “el de energía”.
Toda una prestidigitación seguida poco después por el PAN, transformado en vergonzoso cabildo de las petroleras extranjeras, para llevar hasta sus últimas consecuencias lo que Jorge F. Moncada y Mario di Costanzo han calificado, en relación al “rescate bancario”, como El saqueo a los mexicanos (Grijalbo, 2007): un magno atraco que dejó al país sin banca y lo colocó a merced de la usura “legalizada”. Con parte mínima de los intereses de ese “rescate”, ardientemente promovido por tecnócratas y oligarcas locales, podría duplicarse el presupuesto de salud y “duplicar la capacidad de refinamiento de petróleo y reducir así al mínimo la importación de gasolina” (p.11).
Ni lerdos ni perezosos, los integrantes mexicanos del CCAN lanzan otra cruzada para “la apertura de ciento por ciento” a favor de la inversión extranjera directa (IED), “en sectores estratégicos”, metiendo en el mismo saco a los monopolios privados y a los sectores constitucionalmente reservados a la nación. Es una maña vieja: con Salinas (1988-1994) el Banco Mundial (BM) desató sobre Pemex un diseño de desmembramiento y desarticulación, conocido en Estados Unidos como divestiture, que el Senado de ese país a principios de los 70 amenazó, pero decidió no aplicar, a sus monopolios petroleros porque los llevaría a la ruina ante una competencia externa con sólida integración vertical. Con aval de Salinas, el BM lo hizo, “marcando su territorio” sobre Pemex, como perro por su jardín.
Ahora se lanzan sobre los principales “trozos” de Pemex bajo el ropaje de la “competitividad”.¿Objetivo?: medio tapar el hedor de las transas de las privatizaciones-rescates (bancos, carreteras, azúcar, etcétera) para que el CCAN, integrado por promotores de la IED, como Claudio X. González, procedan con un “fobaproa petroeléctrico”: la receta para terminar de hacer pedazos la economía y la paz social del país.
Esta estafa en curso dentro del vital sector energético se realiza por la vía de la subcontratación –Halliburton/Bechtel–, el “manejo” opaco del portafolio de negocios de Pemex-CFE y de una vil agresión fiscal perpetrada por el FMI-Hacienda. Se ataca el corazón del país en momentos en que la capacidad mundial de producción de crudo convencional ya no cubre la demanda y por tanto el control nacional del sector es crucial para que la nación no se nos deshaga en las manos.
Pero las grandes petroleras, en pos del negocio del crudo, cuentan con los cómplices de siempre. En 1996 en un sobrio análisis sobre procesos e intereses implicados en la enajenación del sector petroeléctrico, eje principal de acumulación de México, Gastón García Cantú señalaba que la dirigencia empresarial es “fundamental” en la transformación de las empresas públicas que quedan, “en botín a repartirse entre mexicanos, primero, y extranjeros después, con el argumento de que en poder del Estado no hay negocio próspero”.
Es el “guión” que usan Acción Nacional y algunos bribones de la “oposición” legislativa para entregar Pemex a la IED: para el BM es un ente poco competitivo que llegó al límite de su endeudamiento siendo los privados los únicos que pueden aportar los capitales requeridos para su expansión. Pero como demuestra José Luis Manzo (www.untcip.net) con datos recientes del Estado de resultados y balance general de Pemex, en los 18 años comprendidos entre 1989 y 2006 ésta acumuló (en dólares constantes de 2006) utilidades por 471 mil millones de dólares (mmdd). Entre 1989-1997 los ingresos totales fueron de 264 mmdd y los costos de 107 mmdd, con utilidades de 157 mmdd e impuestos pagadores por 145 mmdd, arrojando una utilidad de 12 mmdd. Sólo en el sexenio de Fox, por el alza de precios, se lograron ingresos por 441 mmdd, generó utilidades por 240 mmdd, pero Hacienda, bajo lacayos de Washington, la asaltó con una carga fiscal de 258 mmdd.
En el periodo 1998-2005 la codicia y el entreguismo se salieron de control. Zedillo y Fox perpetraron un crimen de lesa patria: después de restar a los ingresos (471 mmdd) los costos (215 mmdd), Pemex registró una utilidad de 256 mmdd, “superior en casi 100 mil millones de dólares a la del periodo anterior (...) Sin embargo, como el importe de impuestos pagados fue todavía mayor (284 mmdd) ello provocó a Pemex una pérdida contable acumulada de 28 mmdd en este periodo” (¡!). Y claro, comparada con las empresas privadas en México y otras petroleras extranjeras, resulta que Pemex no es “competitiva”: su carga fiscal cuadruplica la de las empresas privadas en el país y casi triplica la de otras petroleras.
Tabasco y la omisión preventiva en desastres
Jesús Manuel Macías*
Lo que sucede en estos momentos en Tabasco es apenas una parte de la expresión del desastre que está en pleno desarrollo. Es posible afirmar que la dimensión de las inundaciones en Tabasco prefigura la dimensión del desastre, aunque sea Villahermosa, la capital tabasqueña, el espacio que lo refleja en los medios de comunicación. ¿Es pensable la metáfora de que hay muchos Tabascos en todo el territorio nacional?
Las formas en las que la opinión pública ha interpretado y manifestado lo que sucede en Tabasco y Chiapas dejan ver que ya no es nueva la asimilación de la causalidad social del desastre. Lo han señalado expertos y legos, políticos y damnificados: la corrupción, la pobreza, el manejo deficiente y criminal de las presas, etcétera, y, sin embargo, hay que recordar que hubo una insistencia recurrente, como los mismos desastres mexicanos, que trató de inclinar la culpa del desastre hacia lo “extraordinario” de las lluvias. El cuento del cambio climático, por cierto, no prosperó como el argumento que explicaría el desastre.
No podemos sino estar de acuerdo con quienes han señalado que la corrupción, la negligencia, el agandalle del grupo político que se ha apoderado de los bienes y los recursos gubernamentales en Tabasco han sido la base que explica el desastre y que todo ello está en concordancia con el esquema similar que se mantiene en todo el país: el “modelo de desarrollo”, sus beneficiarios que usan el poder como fuente de enriquecimiento en detrimento de la mayoría pobre, trabajadora, carne de cañón de inundaciones, deslaves, sismos, huracanes, etcétera.
En las actuales condiciones es imperativo considerar el agravante de la legitimidad cuestionada del gobierno federal y esto es un asunto objetivo que no es posible transformar con golpes publicitarios. Pero tenemos que agregar algunos factores que, siendo menos determinantes, pueden explicar también la imposibilidad del gobierno mexicano de cumplir con una de las razones que le dan sentido de existencia: la seguridad de la población.
El responsable para reducir desastres de la ONU, Salvano Briceño, recientemente declaró que la tragedia tabasqueña era evitable a través de la instrumentación de sencillos sistemas de alerta, y tiene algo de razón, pero, ¿por qué lo tan elemental no se hizo? La corrupción explica una parte y la otra tiene que verse en el hecho de que el gobierno federal y los estatales no tienen posibilidades de prevención de desastres en términos de concepción y de las formas de organización y ello es un problema de omisiones.
La protección civil no puede responder a las necesidades de prevención, tanto porque no hay en los funcionarios que la regulan un conocimiento elemental acerca de lo que esto significa, como porque no hay arreglos viables para ejercer acciones y planificación preventiva, además de que el conocimiento científico sobre las amenazas destructivas se mantiene divorciado de aplicaciones estratégicas.
Es cierto, por otro lado, que se mantiene un silencio o ignorancia cómplice respecto de las incapacidades que se tienen en el aparato oficial de meteorología operativa para identificar y caracterizar sistema de tormenta con efectos desastrosos. Por otro lado, el manejo de las aguas de las presas requiere de pronósticos de precipitación de largo y corto plazos y las dependencias nacionales no pueden realizar esos pronósticos realistas, por tanto, no están en capacidad de manejos confiables de los embalses. Pero quizás lo determinante en esta consideración de prevenir desastres es la increíble y persistente intención de desligar la esencia social de las causas de los desastres. Por ejemplo, las soluciones a las inundaciones se suelen pensar sólo en términos ingenieriles y no sociales.
En Villahermosa, como en otras ciudades con problemas similares, se ha recurrido a la construcción de “bordos” para contener inundaciones y una vez que eso se realiza las áreas supuestamente protegidas empiezan a ser habitadas por segmentos considerables de población, pero la altura de esos bordos luego es rebasada por una crecida y se crean así nuevos “desastres”.
En Tabasco se entrará pronto en diversas fases de recuperación. Muchas comunidades rurales sabrán salir sin la intervención externa como suele suceder, pero Villahermosa entrará pronto en áreas complicadas porque en México se tiene muy bien asimilado que los desastres son también buenos negocios. De hecho, las obras de ingeniería, aunque no se hagan, como fue el caso, han sido un ejemplar campo de prosperidad de fortunas personales y de grupos.
Nadie puede dudar que en Tabasco, y particularmente en Villahermosa, se viva una tragedia que es importante atender y con la que debemos dar solidaridad incondicional, pero es necesario, primero, que el Estado mexicano cumpla con uno de los propósitos que le dan razón de ser para resarcir a una parte de la sociedad que ha sido afectada por un estado calamitoso.
* Investigador titular del CIESAS-México
Lo que sucede en estos momentos en Tabasco es apenas una parte de la expresión del desastre que está en pleno desarrollo. Es posible afirmar que la dimensión de las inundaciones en Tabasco prefigura la dimensión del desastre, aunque sea Villahermosa, la capital tabasqueña, el espacio que lo refleja en los medios de comunicación. ¿Es pensable la metáfora de que hay muchos Tabascos en todo el territorio nacional?
Las formas en las que la opinión pública ha interpretado y manifestado lo que sucede en Tabasco y Chiapas dejan ver que ya no es nueva la asimilación de la causalidad social del desastre. Lo han señalado expertos y legos, políticos y damnificados: la corrupción, la pobreza, el manejo deficiente y criminal de las presas, etcétera, y, sin embargo, hay que recordar que hubo una insistencia recurrente, como los mismos desastres mexicanos, que trató de inclinar la culpa del desastre hacia lo “extraordinario” de las lluvias. El cuento del cambio climático, por cierto, no prosperó como el argumento que explicaría el desastre.
No podemos sino estar de acuerdo con quienes han señalado que la corrupción, la negligencia, el agandalle del grupo político que se ha apoderado de los bienes y los recursos gubernamentales en Tabasco han sido la base que explica el desastre y que todo ello está en concordancia con el esquema similar que se mantiene en todo el país: el “modelo de desarrollo”, sus beneficiarios que usan el poder como fuente de enriquecimiento en detrimento de la mayoría pobre, trabajadora, carne de cañón de inundaciones, deslaves, sismos, huracanes, etcétera.
En las actuales condiciones es imperativo considerar el agravante de la legitimidad cuestionada del gobierno federal y esto es un asunto objetivo que no es posible transformar con golpes publicitarios. Pero tenemos que agregar algunos factores que, siendo menos determinantes, pueden explicar también la imposibilidad del gobierno mexicano de cumplir con una de las razones que le dan sentido de existencia: la seguridad de la población.
El responsable para reducir desastres de la ONU, Salvano Briceño, recientemente declaró que la tragedia tabasqueña era evitable a través de la instrumentación de sencillos sistemas de alerta, y tiene algo de razón, pero, ¿por qué lo tan elemental no se hizo? La corrupción explica una parte y la otra tiene que verse en el hecho de que el gobierno federal y los estatales no tienen posibilidades de prevención de desastres en términos de concepción y de las formas de organización y ello es un problema de omisiones.
La protección civil no puede responder a las necesidades de prevención, tanto porque no hay en los funcionarios que la regulan un conocimiento elemental acerca de lo que esto significa, como porque no hay arreglos viables para ejercer acciones y planificación preventiva, además de que el conocimiento científico sobre las amenazas destructivas se mantiene divorciado de aplicaciones estratégicas.
Es cierto, por otro lado, que se mantiene un silencio o ignorancia cómplice respecto de las incapacidades que se tienen en el aparato oficial de meteorología operativa para identificar y caracterizar sistema de tormenta con efectos desastrosos. Por otro lado, el manejo de las aguas de las presas requiere de pronósticos de precipitación de largo y corto plazos y las dependencias nacionales no pueden realizar esos pronósticos realistas, por tanto, no están en capacidad de manejos confiables de los embalses. Pero quizás lo determinante en esta consideración de prevenir desastres es la increíble y persistente intención de desligar la esencia social de las causas de los desastres. Por ejemplo, las soluciones a las inundaciones se suelen pensar sólo en términos ingenieriles y no sociales.
En Villahermosa, como en otras ciudades con problemas similares, se ha recurrido a la construcción de “bordos” para contener inundaciones y una vez que eso se realiza las áreas supuestamente protegidas empiezan a ser habitadas por segmentos considerables de población, pero la altura de esos bordos luego es rebasada por una crecida y se crean así nuevos “desastres”.
En Tabasco se entrará pronto en diversas fases de recuperación. Muchas comunidades rurales sabrán salir sin la intervención externa como suele suceder, pero Villahermosa entrará pronto en áreas complicadas porque en México se tiene muy bien asimilado que los desastres son también buenos negocios. De hecho, las obras de ingeniería, aunque no se hagan, como fue el caso, han sido un ejemplar campo de prosperidad de fortunas personales y de grupos.
Nadie puede dudar que en Tabasco, y particularmente en Villahermosa, se viva una tragedia que es importante atender y con la que debemos dar solidaridad incondicional, pero es necesario, primero, que el Estado mexicano cumpla con uno de los propósitos que le dan razón de ser para resarcir a una parte de la sociedad que ha sido afectada por un estado calamitoso.
* Investigador titular del CIESAS-México
Los errores de ayer
Octavio Rodríguez Araujo
Con la frase que titulo mi artículo de hoy terminó el que escribió aquí Iván Restrepo el 28 de febrero de 2000: “Tabasco: las inundaciones más democráticas”. En ese artículo Iván decía que las autoridades no aprendieron la lección de la naturaleza y mencionaba cómo se administraban los enormes recursos de ese estado en el pasado; y añadía: “el futuro lo están fincando en los errores de ayer”.
Y así lo hicieron, alterando la hidrología de Tabasco y retando a la naturaleza con obras que representaron negocios enormes para unos cuantos y desplazamiento de los pobres a zonas de alto riesgo en las márgenes de los caudalosos ríos. La corrupción, la falta de planeación y de previsión, el desdén a las lecciones del pasado (de la inundación de 1999, entre otras) y la irresponsabilidad de los gobernantes (de Madrazo y sus herederos) son las causas de la tragedia de hoy, y no sólo, como ha querido decir Felipe Calderón, “la alteración climática”.
Lo que ha ocurrido en Tabasco y en Chiapas no es muy diferente de lo que pasa y pasará en muchos lugares de México, aunque las proporciones de cada caso sean distintas y en algunos tengan el signo de una verdadera tragedia. En el país se han conjugado dos elementos principales (no únicos), que desde hace décadas han hipotecado su futuro, un futuro que ya nos alcanzó. Estos dos elementos son la falta de planeación y la corrupción.
La falta de planeación ha hecho crecer las ciudades anárquicamente generando problemas que, en la práctica y con los recursos del país, no tienen solución: urbanizaciones que alteran la ecología, envenenamiento de mantos freáticos, aumento de la contaminación del aire, sobrecarga de las posibilidades de servicios, etcétera, pero, esto sí, enriquecen a algunos en contra del bien común y, como en todos lados, de la población menos favorecida. En el campo se observa el mismo fenómeno: ahora importamos alimentos que antes exportábamos y se empobreció más a sus habitantes que emigran como pueden a donde pueden.
La llamada zona metropolitana del valle de México, para citar un ejemplo dramático que cualquier día explotará, se convirtió en un monstruo con 58 municipios del estado de México (y uno de Hidalgo) que rodean al Distrito Federal más que duplicando la población de la capital de la República. ¿Cómo se dejó crecer este monstruo y por qué? Por falta de planeación y porque los gobiernos del DF y del Edomex lo permitieron a lo largo de los últimos 40 años con los consabidos beneficios para la alta burocracia y para los inversionistas sin escrúpulos.
De la misma manera se actúa en cientos de municipios del país, donde sus gobernantes, a cambio de “compensaciones” y de reflectores políticos, autorizan obras que luego se convierten en problemas irreversibles, incluso para los que se beneficiaron de ellas.
La falta de planeación ha favorecido la corrupción y ésta ha impedido que en México, a diferencia de otros países igualmente capitalistas, se elaboren planes de largo plazo y se respeten. Con políticos deshonestos no hay plan que valga, y la deshonestidad no es sólo corrupción para enriquecerse, sino también para ganar votos con obras de relumbrón de validez (cuando la tienen) coyuntural y efímera, y que luego se convierten en problemas, por ejemplo cuando ocurren catástrofes naturales (temblores, inundaciones, incendios, etcétera).
En Tabasco se sabía que con construcciones en lagunas disecadas y en los llamados vasos de regulación el agua de lluvia desbordaría los ríos y que éstos ya estaban parcialmente taponados desde 1999, por lo menos. Sin embargo, no se hizo nada o, más bien, sí se hizo: se continuaron las construcciones, no se desazolvaron los ríos, no se fortalecieron los diques y el dinero público se usó para actos demagógicos incluida la compra de votos y de imagen para gobernantes corruptos y sucesores enamorados del poder y enemigos de su estado. A nombre del llamado progreso (que quién sabe por qué se asocia siempre con obras copiadas de los países del primer mundo y que terminan siendo caricaturas mal hechas) se destruyen selvas, bosques, lagunas, ríos, plantaciones tradicionales y demás, sin pensar en el futuro.
No hay como los gobernantes y empresarios mexicanos para matar a la gallina de los huevos de oro. Se entiende que los capitalistas quieran ganar dinero al costo que sea, pero se supone que para eso existe el Estado: para regular al capital en sus ambiciones sin límites. En lugar de esto, los representantes del Estado se convierten o tratan de convertirse en socios, en beneficiarios del soborno, en ricos de un día al otro y sin ningún sentido de servicio público ni perspectiva del futuro. En tres o en seis años quieren ganar, desde sus puestos de poder, lo que un empresario común en un país civilizado alcanza en 30 o 40 años de riesgos y triquiñuelas (pues en general tampoco son honestos). ¿Y el municipio, el estado o el país que gobiernan? Bien, gracias. Será problema de otro gobernante quien, si es posible, lo escoge el saliente precisamente para que le cubra las espaldas. Y así al infinito o hasta que el pueblo mexicano logre organizarse y decir “ya no” (cosa que dudo en el corto plazo).
La tragedia de Tabasco, y también de Chiapas, nos duele a todos, pero no culpemos al clima, sino a nosotros mismos, que hemos consentido, aunque sea por omisión, que los gobernantes de éste y otros países hayan permitido y permitan que el clima cobre la factura de la destrucción del planeta sin prevenir las consecuencias de sus errores, de los errores de ayer cometidos por corrupción y por falta de planeación.
Con la frase que titulo mi artículo de hoy terminó el que escribió aquí Iván Restrepo el 28 de febrero de 2000: “Tabasco: las inundaciones más democráticas”. En ese artículo Iván decía que las autoridades no aprendieron la lección de la naturaleza y mencionaba cómo se administraban los enormes recursos de ese estado en el pasado; y añadía: “el futuro lo están fincando en los errores de ayer”.
Y así lo hicieron, alterando la hidrología de Tabasco y retando a la naturaleza con obras que representaron negocios enormes para unos cuantos y desplazamiento de los pobres a zonas de alto riesgo en las márgenes de los caudalosos ríos. La corrupción, la falta de planeación y de previsión, el desdén a las lecciones del pasado (de la inundación de 1999, entre otras) y la irresponsabilidad de los gobernantes (de Madrazo y sus herederos) son las causas de la tragedia de hoy, y no sólo, como ha querido decir Felipe Calderón, “la alteración climática”.
Lo que ha ocurrido en Tabasco y en Chiapas no es muy diferente de lo que pasa y pasará en muchos lugares de México, aunque las proporciones de cada caso sean distintas y en algunos tengan el signo de una verdadera tragedia. En el país se han conjugado dos elementos principales (no únicos), que desde hace décadas han hipotecado su futuro, un futuro que ya nos alcanzó. Estos dos elementos son la falta de planeación y la corrupción.
La falta de planeación ha hecho crecer las ciudades anárquicamente generando problemas que, en la práctica y con los recursos del país, no tienen solución: urbanizaciones que alteran la ecología, envenenamiento de mantos freáticos, aumento de la contaminación del aire, sobrecarga de las posibilidades de servicios, etcétera, pero, esto sí, enriquecen a algunos en contra del bien común y, como en todos lados, de la población menos favorecida. En el campo se observa el mismo fenómeno: ahora importamos alimentos que antes exportábamos y se empobreció más a sus habitantes que emigran como pueden a donde pueden.
La llamada zona metropolitana del valle de México, para citar un ejemplo dramático que cualquier día explotará, se convirtió en un monstruo con 58 municipios del estado de México (y uno de Hidalgo) que rodean al Distrito Federal más que duplicando la población de la capital de la República. ¿Cómo se dejó crecer este monstruo y por qué? Por falta de planeación y porque los gobiernos del DF y del Edomex lo permitieron a lo largo de los últimos 40 años con los consabidos beneficios para la alta burocracia y para los inversionistas sin escrúpulos.
De la misma manera se actúa en cientos de municipios del país, donde sus gobernantes, a cambio de “compensaciones” y de reflectores políticos, autorizan obras que luego se convierten en problemas irreversibles, incluso para los que se beneficiaron de ellas.
La falta de planeación ha favorecido la corrupción y ésta ha impedido que en México, a diferencia de otros países igualmente capitalistas, se elaboren planes de largo plazo y se respeten. Con políticos deshonestos no hay plan que valga, y la deshonestidad no es sólo corrupción para enriquecerse, sino también para ganar votos con obras de relumbrón de validez (cuando la tienen) coyuntural y efímera, y que luego se convierten en problemas, por ejemplo cuando ocurren catástrofes naturales (temblores, inundaciones, incendios, etcétera).
En Tabasco se sabía que con construcciones en lagunas disecadas y en los llamados vasos de regulación el agua de lluvia desbordaría los ríos y que éstos ya estaban parcialmente taponados desde 1999, por lo menos. Sin embargo, no se hizo nada o, más bien, sí se hizo: se continuaron las construcciones, no se desazolvaron los ríos, no se fortalecieron los diques y el dinero público se usó para actos demagógicos incluida la compra de votos y de imagen para gobernantes corruptos y sucesores enamorados del poder y enemigos de su estado. A nombre del llamado progreso (que quién sabe por qué se asocia siempre con obras copiadas de los países del primer mundo y que terminan siendo caricaturas mal hechas) se destruyen selvas, bosques, lagunas, ríos, plantaciones tradicionales y demás, sin pensar en el futuro.
No hay como los gobernantes y empresarios mexicanos para matar a la gallina de los huevos de oro. Se entiende que los capitalistas quieran ganar dinero al costo que sea, pero se supone que para eso existe el Estado: para regular al capital en sus ambiciones sin límites. En lugar de esto, los representantes del Estado se convierten o tratan de convertirse en socios, en beneficiarios del soborno, en ricos de un día al otro y sin ningún sentido de servicio público ni perspectiva del futuro. En tres o en seis años quieren ganar, desde sus puestos de poder, lo que un empresario común en un país civilizado alcanza en 30 o 40 años de riesgos y triquiñuelas (pues en general tampoco son honestos). ¿Y el municipio, el estado o el país que gobiernan? Bien, gracias. Será problema de otro gobernante quien, si es posible, lo escoge el saliente precisamente para que le cubra las espaldas. Y así al infinito o hasta que el pueblo mexicano logre organizarse y decir “ya no” (cosa que dudo en el corto plazo).
La tragedia de Tabasco, y también de Chiapas, nos duele a todos, pero no culpemos al clima, sino a nosotros mismos, que hemos consentido, aunque sea por omisión, que los gobernantes de éste y otros países hayan permitido y permitan que el clima cobre la factura de la destrucción del planeta sin prevenir las consecuencias de sus errores, de los errores de ayer cometidos por corrupción y por falta de planeación.
Cambio de rumbo
Adolfo Sánchez Rebolledo
Uno de los grandes errores de perspectiva de nuestros intelectuales orgánicos consiste en creer que los países desarrollados, en particular Estados Unidos y Europa, representan por así decir el futuro posible de nuestras “subdesarrolladas” sociedades, para usar un término pasado de moda. Si hacemos bien las cosas, dicen, algún día seremos como ellos, a su imagen y semejanza: ricos, cultos, dominadores. Se olvida que en el pasado, es decir, casi siempre –salvo en ciertos periodos de convulsión social a favor de la voz propia– nuestros países no han hecho otra cosa que seguir apuradamente las máximas de las potencias exitosas, cuyas ideas hemos adoptado casi religiosamente, para bien y para mal, sin que esa persecución del arquetipo llegue jamás a la meta o, al menos, a reducir la distancia entre unos y otros, aunque la modernización “desigual y combinada” genere en las conciencias espejismos fantasmales.
Los periodos de mayor creatividad de Latinoamérica se producen no en la calca, el aislamiento o el rechazo localista de ese supuesto deber ser metropolitano, sino cuando éste se pasa por el filtro de las necesidades profundas de la mayorías y en el camino se reconfiguran las reglas del juego, las ideas al uso, los paradigmas, incluso sin abandonarlos por completo, como ocurrió durante la Reforma en el siglo XIX. Es así, a tropezones y rectificaciones, a veces violentas, que nos hicimos nación y Estado. La imitación servil a la postre resulta caricatura involuntaria, pena ajena, alejamiento de la buscada universalización.
Ahora de nuevo se nos ofrecen recetas que algunos aplican al pie de la letra (hablo del Estado y las fuerzas que lo dirigen), aunque la experiencia dice que, no obstante los reconocimientos de fuera, esas recomendaciones no han servido para resolver nuestros graves problemas. Llevamos décadas bajo el paraguas de cierta visión de la política económica, que es también una forma de ética de Estado, casi una religión, sin ver resultados plausibles. Basta un desastre natural, como el que trágicamente se abate sobre Tabasco y Chiapas (y antes Cancún) para advertir la fragilidad de la situación: si son insuficientes las infraestructuras, más lo son las políticas fundadas en la imprevisión o en los criterios de costo beneficio que estrangulan los servicios públicos, incluida la sanidad pública, la educación de calidad, el transporte.
Pero la respuesta es la habitual: se exige privatizar los energéticos, clausurar en la ley las ya moribundas conquistas laborales y, a la vez, “reforzar el estado de derecho” para equiparar al trabajador con los patrones, desfondando el sindicalismo posible en aras de la transparencia y la falsa descorporativización. Se nos ofrece como paso adelante hacia la reforma estructural cargar la mano impositiva al consumo, pero no a las ganancias, abolir la agricultura a favor de las importaciones y un sinfín de medidas que en teoría allanarían el despliegue del capital internacional.
Lo peor es que los autores de dichas propuestas las hacen no en nombre de sus intereses, como la vía más corta para aumentar sus ya muy concentrados beneficios, sino como el gran instrumento para combatir la pobreza, desarrollar las carreteras, las presas e, incluso, para frenar la devastación del medio ambiente, lo cual a estas alturas es pura ideología recitada con demagogia.
Los ejemplos clásicos de Europa o el sudeste asiático ya no funcionan para tales fines, pues las sociedades desarrolladas también están aprendiendo en la escuela del capitalismo salvaje. Lejos de consolidarse en ellas los derechos adquiridos se está instalando la afición al riesgo, la inseguridad como un componente necesario de las relaciones sociales.
La precariedad domina el horizonte que se nos ofrece como modernidad. Pero, tal como apunta Rossana Rosanda, “no puede amar el riesgo quien necesita un trabajo y no puede hallarlo, al menos decentemente remunerado, ni aun teniendo un título de gran calidad; son ya legión los precarios en la investigación, en la universidad, en los hospitales, privados y públicos. Y no aman tampoco el riesgo los bancos y los propietarios inmobiliarios a quienes tienen que dirigirse para lograr un crédito o una vivienda, que no te conceden ni una cosa ni otra, si no puedes mostrar sólidas nóminas o robustas propiedades”.
Bien que se defienda el garantismo en la ley, pero no se pueden enunciar derechos sin sujetos que los ejerzan y, más aún, sin crear las condiciones que los hagan posible. Sorprende así que se ofrezca la transparencia como panacea en clave antisindical contra los monopolios, equiparando la defensa de la autonomía con la protección de esos negocios impúdicos que son las organizaciones protegidas por la Secretaría del Trabajo.
Quién lo iba a imaginar: la transparencia desde arriba y desde afuera convertida no en pieza de la democracia en los sindicatos, sino como tuerca de la reforma laboral “neoliberal”, la de la receta. Valiente democracia es ésta. Urge cambiar de rumbo, no sólo la “imagen” del poder.
Ayudemos a los damnificados de Tabasco y Chiapas.
Uno de los grandes errores de perspectiva de nuestros intelectuales orgánicos consiste en creer que los países desarrollados, en particular Estados Unidos y Europa, representan por así decir el futuro posible de nuestras “subdesarrolladas” sociedades, para usar un término pasado de moda. Si hacemos bien las cosas, dicen, algún día seremos como ellos, a su imagen y semejanza: ricos, cultos, dominadores. Se olvida que en el pasado, es decir, casi siempre –salvo en ciertos periodos de convulsión social a favor de la voz propia– nuestros países no han hecho otra cosa que seguir apuradamente las máximas de las potencias exitosas, cuyas ideas hemos adoptado casi religiosamente, para bien y para mal, sin que esa persecución del arquetipo llegue jamás a la meta o, al menos, a reducir la distancia entre unos y otros, aunque la modernización “desigual y combinada” genere en las conciencias espejismos fantasmales.
Los periodos de mayor creatividad de Latinoamérica se producen no en la calca, el aislamiento o el rechazo localista de ese supuesto deber ser metropolitano, sino cuando éste se pasa por el filtro de las necesidades profundas de la mayorías y en el camino se reconfiguran las reglas del juego, las ideas al uso, los paradigmas, incluso sin abandonarlos por completo, como ocurrió durante la Reforma en el siglo XIX. Es así, a tropezones y rectificaciones, a veces violentas, que nos hicimos nación y Estado. La imitación servil a la postre resulta caricatura involuntaria, pena ajena, alejamiento de la buscada universalización.
Ahora de nuevo se nos ofrecen recetas que algunos aplican al pie de la letra (hablo del Estado y las fuerzas que lo dirigen), aunque la experiencia dice que, no obstante los reconocimientos de fuera, esas recomendaciones no han servido para resolver nuestros graves problemas. Llevamos décadas bajo el paraguas de cierta visión de la política económica, que es también una forma de ética de Estado, casi una religión, sin ver resultados plausibles. Basta un desastre natural, como el que trágicamente se abate sobre Tabasco y Chiapas (y antes Cancún) para advertir la fragilidad de la situación: si son insuficientes las infraestructuras, más lo son las políticas fundadas en la imprevisión o en los criterios de costo beneficio que estrangulan los servicios públicos, incluida la sanidad pública, la educación de calidad, el transporte.
Pero la respuesta es la habitual: se exige privatizar los energéticos, clausurar en la ley las ya moribundas conquistas laborales y, a la vez, “reforzar el estado de derecho” para equiparar al trabajador con los patrones, desfondando el sindicalismo posible en aras de la transparencia y la falsa descorporativización. Se nos ofrece como paso adelante hacia la reforma estructural cargar la mano impositiva al consumo, pero no a las ganancias, abolir la agricultura a favor de las importaciones y un sinfín de medidas que en teoría allanarían el despliegue del capital internacional.
Lo peor es que los autores de dichas propuestas las hacen no en nombre de sus intereses, como la vía más corta para aumentar sus ya muy concentrados beneficios, sino como el gran instrumento para combatir la pobreza, desarrollar las carreteras, las presas e, incluso, para frenar la devastación del medio ambiente, lo cual a estas alturas es pura ideología recitada con demagogia.
Los ejemplos clásicos de Europa o el sudeste asiático ya no funcionan para tales fines, pues las sociedades desarrolladas también están aprendiendo en la escuela del capitalismo salvaje. Lejos de consolidarse en ellas los derechos adquiridos se está instalando la afición al riesgo, la inseguridad como un componente necesario de las relaciones sociales.
La precariedad domina el horizonte que se nos ofrece como modernidad. Pero, tal como apunta Rossana Rosanda, “no puede amar el riesgo quien necesita un trabajo y no puede hallarlo, al menos decentemente remunerado, ni aun teniendo un título de gran calidad; son ya legión los precarios en la investigación, en la universidad, en los hospitales, privados y públicos. Y no aman tampoco el riesgo los bancos y los propietarios inmobiliarios a quienes tienen que dirigirse para lograr un crédito o una vivienda, que no te conceden ni una cosa ni otra, si no puedes mostrar sólidas nóminas o robustas propiedades”.
Bien que se defienda el garantismo en la ley, pero no se pueden enunciar derechos sin sujetos que los ejerzan y, más aún, sin crear las condiciones que los hagan posible. Sorprende así que se ofrezca la transparencia como panacea en clave antisindical contra los monopolios, equiparando la defensa de la autonomía con la protección de esos negocios impúdicos que son las organizaciones protegidas por la Secretaría del Trabajo.
Quién lo iba a imaginar: la transparencia desde arriba y desde afuera convertida no en pieza de la democracia en los sindicatos, sino como tuerca de la reforma laboral “neoliberal”, la de la receta. Valiente democracia es ésta. Urge cambiar de rumbo, no sólo la “imagen” del poder.
Ayudemos a los damnificados de Tabasco y Chiapas.
Estrategias destinadas a destruir la seguridad social
Ricardo García Sainz
En imagen de archivo, marcha contra las múltiples carencias en el IMSS Foto: Jesús Villaseca
El informe rendido por el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión confirma que se logró avanzar en su desmantelamiento, tal como ha sido el propósito real de los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón.
Este desmantelamiento se ha dado a través de 11 reformas, unas a las leyes del IMSS y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. (ISSSTE), otras a la estrategia de desarrollo. Mi propósito en esta ocasión es identificarlas, ya que quedaron envueltas por traiciones, mentiras y millones de palabras repetidas en la propaganda masiva, en los informes sesgados y en actos legislativos pactados fuera del Congreso de la Unión o impuestos por la mayoría priísta cuando todavía ésta existía.
El último acto trascendente es la firma reciente de las modificaciones al contrato colectivo, que ingenuamente presenta el sindicato como un triunfo por el incremento de 6 por ciento a los salarios, 7 por ciento en algunas categorías, pero que en un convenio firmado y depositado en la Junta por el director del IMSS y el secretario general del sindicato se mantiene el régimen de jubilaciones y pensiones a los actuales trabajadores, se entrega al secretario del Trabajo el arbitraje de la brutal reforma legislativa para definir el número de contrataciones que aún pueden llevarse a cabo y se pacta para las nuevas generaciones un régimen que puede llegar hasta la desaparición para ellos del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP).
El IMSS protege a 50 millones de mexicanos que durante estos 10 años no han acreditado tener la menor capacidad de respuesta a los atropellos, desatenciones, negativa de servicios, no entrega de medicamentos, falta de capacidad instalada y de personal.
Mi propósito en esta ocasión es destacar los acontecimientos torales, las piedras angulares que han destruido a la mayor institución de seguridad social, protectora de los derechos a la salud y a las pensiones de los trabajadores de nuestro país, antes orgullo de la República.
La reforma Zedillo de 1997, aprobada sólo por el PRI, contiene cinco grandes traiciones:
1º Se ofrece incrementar las cuotas para poder hacer frente a los servicios y no sólo no se incrementan en 20 por ciento necesario, sino que se disminuyen en 8 por ciento. Su efecto es pérdida de capacidad de atención, carencia de medicamentos, diferimiento al infinito de mantenimiento y de la actualización de tecnología, y mínima capacidad de inversión frente al tamaño de las necesidades crecientes.
2º Se privatiza el régimen de jubilaciones entregando el ahorro de los trabajadores a las Afore, con el efecto de disminuir el monto de las pensiones y exponer a los trabajadores a los riesgos del mercado y a la corrupción e incompetencia de los administradores de las Afore, abrir un gigantesco negocio de comisiones en favor de los más ricos, en su mayoría extranjeros, negocio que, salvo que las Afore desaparezcan, comprometen el ahorro de los trabajadores hasta el fin de los tiempos.
3º Para lograr la sustitución del régimen solidario por el de ahorro individual (Afore), el gobierno federal asumió el costo de transición. Esto lo cumplió sólo parcialmente cubriendo el costo de las pensiones, pero omitiendo el costo de los servicios médicos a los pensionados que han tenido que ser cubiertos por un IMSS depauperado y al que por este concepto se le ha abierto un boquete de más de 100 mil millones de pesos que continuará creciendo. Carencia pagada con dolor y muerte por desatención médica.
4º A pesar de que una tercera parte del diagnóstico base de la reforma plantea severos problemas laborales, éstos se dejan correr para mejor ocasión, y entre estos problemas desatendidos está el denostado RJP, el que frente a la pasividad de la administración continuará creciendo hasta cancelar la viabilidad del IMSS en la primera mitad de la próxima década, tal como lo han señalado los tres últimos directores.
Termina el régimen de Zedillo y Fox nombra a Santiago Levy director del IMSS, en ese momento escribí en El Universal que este destacado economista era garantía de su desmantelamiento y no me equivoqué. Los principales hechos son tres.
Primero: presenta una reforma que establece la obligación de constituir reservas adicionales, decisión laudable, el problema es que la única fuente de cobertura de estas reservas son los ingresos del IMSS disminuyendo los recursos que ya eran escandalosamente insuficientes para la atención médica. Obviamente no se atreve a exigir a Hacienda el pago del costo de atención médica a los pensionados.
Segundo: la corrupción continuó creciendo. Esperamos que ésta se haga pública, son tareas de la Auditoría Superior de la Federación, de la Comisión de Vigilancia y de la Administración que lo relevó. El Consejo Técnico se suma a la corriente al aceptar 5 millones de pesos anuales por consejero obrero y empresarial para gastos no sujetos a comprobación. Vale la pena recordar la defensa de estos señores cuando Fox le pidió la renuncia a Levy.
Tercero: Levy presenta otra iniciativa de reforma a través de Beltrones, entonces diputado (la firma como senador), en la cual se pretende reformar el contrato colectivo desde el Congreso de la Unión, documento que intitulé, y así lo escribí en La Jornada, “Canallada en 100 palabras”. En un periodo extraordinario de sesiones, en un vergonzoso fast track, en un clima de vergüenza compartida, ya que no hubo un solo diputado que la defendiera, se aprobó, pero no se pudo poner en vigor por la resistencia de los trabajadores, esto determinó la salida de Levy y la designación del licenciado Fernando Flores, quien junto con el sindicato logró evitar la huelga y firmar la correspondiente revisión al contrato colectivo con una fórmula que salvaba sólo el muy corto plazo
En el compromiso neoliberal de privatizar los servicios médicos y desresponsabilizar al Estado del bienestar colectivo, Calderón avanza; señalo dos hechos recientes: 1) La privatizadora reforma a la Ley del ISSSTE, de clara inconstitucionalidad. Un millón de trabajadores han interpuesto amparos en su contra.
2) Calderón en Tamaulipas colocó la primera piedra de un hospital que inicia un programa de financiamiento de hospitales similar a las famosas Pidiregas para que el sector privado aumente su capacidad instalada que permita privatizar los servicios médicos que el IMSS y el ISSSTE tendrán que subrogar.
Lo dramático del anterior relato es que nada se ha corregido en favor de la seguridad social, de la medicina social y de un régimen de pensiones digno, por el contrario, el desmantelamiento continua: 1) No hay dinero para servicios médicos eficientes, oportunos y humanos; 2) Las pensiones serán cada vez más indignas; 3) La lucha por la vigencia del RJP continúa, y derivado del último convenio firmado hace unos días, este conflicto se agravará.
A mi juicio la salvación de la seguridad social está en que todos pongamos. Las medidas claves están claramente identificadas.
Elevar los ingresos del Seguro Social a través de:
1. Restituir el nivel de contribución empresarial y obrera vigente en 1997. Incorporar a los trabajadores del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con alta capacidad contributiva, al régimen ordinario del IMSS.
2. Cubrir por el gobierno federal el precio de los servicios médicos a los jubilados, con base en la obligación legal de cubrir el costo de transición del régimen solidario al de ahorro individual.
3. Adecuar el RJP de los trabajadores activos del IMSS, corrigiendo gradualmente: edad de disfrute, elementos de cálculo, aportaciones y factor dinámico.
4. Elevar la eficiencia interna al fijar las bases para la fusión de todos los organismos de seguridad social.
5. Combatir frontalmente la corrupción; es triste que cualquier hecho que provoca el desgarre de la delgada piel de decoro que cubre a instituciones y funcionarios hace aflorar la corrupción, el favoritismo, la mentira como el factor permanente del quehacer nacional. Así sólo podremos agudizar la pobreza y concentrar la riqueza hasta que la paciencia explote.
En imagen de archivo, marcha contra las múltiples carencias en el IMSS Foto: Jesús VillasecaEl informe rendido por el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión confirma que se logró avanzar en su desmantelamiento, tal como ha sido el propósito real de los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón.
Este desmantelamiento se ha dado a través de 11 reformas, unas a las leyes del IMSS y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. (ISSSTE), otras a la estrategia de desarrollo. Mi propósito en esta ocasión es identificarlas, ya que quedaron envueltas por traiciones, mentiras y millones de palabras repetidas en la propaganda masiva, en los informes sesgados y en actos legislativos pactados fuera del Congreso de la Unión o impuestos por la mayoría priísta cuando todavía ésta existía.
El último acto trascendente es la firma reciente de las modificaciones al contrato colectivo, que ingenuamente presenta el sindicato como un triunfo por el incremento de 6 por ciento a los salarios, 7 por ciento en algunas categorías, pero que en un convenio firmado y depositado en la Junta por el director del IMSS y el secretario general del sindicato se mantiene el régimen de jubilaciones y pensiones a los actuales trabajadores, se entrega al secretario del Trabajo el arbitraje de la brutal reforma legislativa para definir el número de contrataciones que aún pueden llevarse a cabo y se pacta para las nuevas generaciones un régimen que puede llegar hasta la desaparición para ellos del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP).
El IMSS protege a 50 millones de mexicanos que durante estos 10 años no han acreditado tener la menor capacidad de respuesta a los atropellos, desatenciones, negativa de servicios, no entrega de medicamentos, falta de capacidad instalada y de personal.
Mi propósito en esta ocasión es destacar los acontecimientos torales, las piedras angulares que han destruido a la mayor institución de seguridad social, protectora de los derechos a la salud y a las pensiones de los trabajadores de nuestro país, antes orgullo de la República.
La reforma Zedillo de 1997, aprobada sólo por el PRI, contiene cinco grandes traiciones:
1º Se ofrece incrementar las cuotas para poder hacer frente a los servicios y no sólo no se incrementan en 20 por ciento necesario, sino que se disminuyen en 8 por ciento. Su efecto es pérdida de capacidad de atención, carencia de medicamentos, diferimiento al infinito de mantenimiento y de la actualización de tecnología, y mínima capacidad de inversión frente al tamaño de las necesidades crecientes.
2º Se privatiza el régimen de jubilaciones entregando el ahorro de los trabajadores a las Afore, con el efecto de disminuir el monto de las pensiones y exponer a los trabajadores a los riesgos del mercado y a la corrupción e incompetencia de los administradores de las Afore, abrir un gigantesco negocio de comisiones en favor de los más ricos, en su mayoría extranjeros, negocio que, salvo que las Afore desaparezcan, comprometen el ahorro de los trabajadores hasta el fin de los tiempos.
3º Para lograr la sustitución del régimen solidario por el de ahorro individual (Afore), el gobierno federal asumió el costo de transición. Esto lo cumplió sólo parcialmente cubriendo el costo de las pensiones, pero omitiendo el costo de los servicios médicos a los pensionados que han tenido que ser cubiertos por un IMSS depauperado y al que por este concepto se le ha abierto un boquete de más de 100 mil millones de pesos que continuará creciendo. Carencia pagada con dolor y muerte por desatención médica.
4º A pesar de que una tercera parte del diagnóstico base de la reforma plantea severos problemas laborales, éstos se dejan correr para mejor ocasión, y entre estos problemas desatendidos está el denostado RJP, el que frente a la pasividad de la administración continuará creciendo hasta cancelar la viabilidad del IMSS en la primera mitad de la próxima década, tal como lo han señalado los tres últimos directores.
Termina el régimen de Zedillo y Fox nombra a Santiago Levy director del IMSS, en ese momento escribí en El Universal que este destacado economista era garantía de su desmantelamiento y no me equivoqué. Los principales hechos son tres.
Primero: presenta una reforma que establece la obligación de constituir reservas adicionales, decisión laudable, el problema es que la única fuente de cobertura de estas reservas son los ingresos del IMSS disminuyendo los recursos que ya eran escandalosamente insuficientes para la atención médica. Obviamente no se atreve a exigir a Hacienda el pago del costo de atención médica a los pensionados.
Segundo: la corrupción continuó creciendo. Esperamos que ésta se haga pública, son tareas de la Auditoría Superior de la Federación, de la Comisión de Vigilancia y de la Administración que lo relevó. El Consejo Técnico se suma a la corriente al aceptar 5 millones de pesos anuales por consejero obrero y empresarial para gastos no sujetos a comprobación. Vale la pena recordar la defensa de estos señores cuando Fox le pidió la renuncia a Levy.
Tercero: Levy presenta otra iniciativa de reforma a través de Beltrones, entonces diputado (la firma como senador), en la cual se pretende reformar el contrato colectivo desde el Congreso de la Unión, documento que intitulé, y así lo escribí en La Jornada, “Canallada en 100 palabras”. En un periodo extraordinario de sesiones, en un vergonzoso fast track, en un clima de vergüenza compartida, ya que no hubo un solo diputado que la defendiera, se aprobó, pero no se pudo poner en vigor por la resistencia de los trabajadores, esto determinó la salida de Levy y la designación del licenciado Fernando Flores, quien junto con el sindicato logró evitar la huelga y firmar la correspondiente revisión al contrato colectivo con una fórmula que salvaba sólo el muy corto plazo
En el compromiso neoliberal de privatizar los servicios médicos y desresponsabilizar al Estado del bienestar colectivo, Calderón avanza; señalo dos hechos recientes: 1) La privatizadora reforma a la Ley del ISSSTE, de clara inconstitucionalidad. Un millón de trabajadores han interpuesto amparos en su contra.
2) Calderón en Tamaulipas colocó la primera piedra de un hospital que inicia un programa de financiamiento de hospitales similar a las famosas Pidiregas para que el sector privado aumente su capacidad instalada que permita privatizar los servicios médicos que el IMSS y el ISSSTE tendrán que subrogar.
Lo dramático del anterior relato es que nada se ha corregido en favor de la seguridad social, de la medicina social y de un régimen de pensiones digno, por el contrario, el desmantelamiento continua: 1) No hay dinero para servicios médicos eficientes, oportunos y humanos; 2) Las pensiones serán cada vez más indignas; 3) La lucha por la vigencia del RJP continúa, y derivado del último convenio firmado hace unos días, este conflicto se agravará.
A mi juicio la salvación de la seguridad social está en que todos pongamos. Las medidas claves están claramente identificadas.
Elevar los ingresos del Seguro Social a través de:
1. Restituir el nivel de contribución empresarial y obrera vigente en 1997. Incorporar a los trabajadores del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con alta capacidad contributiva, al régimen ordinario del IMSS.
2. Cubrir por el gobierno federal el precio de los servicios médicos a los jubilados, con base en la obligación legal de cubrir el costo de transición del régimen solidario al de ahorro individual.
3. Adecuar el RJP de los trabajadores activos del IMSS, corrigiendo gradualmente: edad de disfrute, elementos de cálculo, aportaciones y factor dinámico.
4. Elevar la eficiencia interna al fijar las bases para la fusión de todos los organismos de seguridad social.
5. Combatir frontalmente la corrupción; es triste que cualquier hecho que provoca el desgarre de la delgada piel de decoro que cubre a instituciones y funcionarios hace aflorar la corrupción, el favoritismo, la mentira como el factor permanente del quehacer nacional. Así sólo podremos agudizar la pobreza y concentrar la riqueza hasta que la paciencia explote.
Escapar de Colombia
Pedro Miguel
Historias de helicópteros y de Uribes
Uribe: cuestión de gestos
El periodista Daniel Coronell
En el aeropuerto de Barajas se amontonan los colombianos en situación de exilio. Son cerca de mil 700 los que han pedido refugio en España en lo que va de este año; un ritmo de cinco diarios, si fuera constante, pero que ha llegado a 40 al día y que se ha incrementado a últimas fechas: el mes pasado fueron 400 y actualmente unos 150 ciudadanos de Colombia se hacinan en las salas 3 y 4 de la Terminal 1, sin poder salir de allí ni recibir visitas de familiares.
Las solicitudes de asilo político no son un truco de migrantes laborales para burlar los desalmados controles migratorios de una que a veces se comporta no como madre, sino como madrastra patria. En este caso, 60 por ciento de las solicitudes han sido aceptadas por el Ministerio del Interior de Madrid, que hasta tiempos recientes no concedía “casi a nadie” el estatuto de asilado, a decir de Mauricio Valiente, funcionario de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Sabrá Dios cómo andan las cifras en Argentina, Venezuela, México, Estados Unidos y en otros países. En Ecuador hay “11 mil 492 refugiados y 36 mil 665 solicitudes de asilo, la mayoría de nacionalidad colombiana”; en Costa Rica el ACNUR tiene bajo su competencia a 10 mil 636 refugiados, “la gran mayoría de origen colombiano”; en Venezuela “el número de refugiados reconocidos es de 719; los solicitantes de asilo son 7 mil 754; la cifra total de población de interés de ACNUR es de 200 mil personas, la mayoría de origen colombiano”. Hace cinco años, ya con Álvaro Uribe Vélez encaramado en la presidencia, se realizó en Estocolmo el primer Congreso de Colombianos Exiliados. ACNUR los calcula en 60 mil y la Agencia de Prensa Rural da una cifra de 100 mil.
Serán muchos, en todo caso, porque el gobierno de Bogotá se ha tomado la molestia de organizar una red de agentes de hostigamiento contra exiliados. Desde las misiones diplomáticas de Colombia opera una red informal denominada “los cien mil amigos, con el propósito de infiltrar y espiar las actividades de los exiliados y presionar a los países que dan asilo a opositores con el pretexto de que son guerrilleros. La red opera en varias ciudades del mundo, pero su actividad es especialmente intensa en Ginebra, donde los “paradiplomáticos” de Uribe “operan bajo la cobertura de ‘acreditados’ ante numerosas conferencias y organizaciones internacionales con sede en esta ciudad internacional”.
Desde luego, estos perseguidos son sólo una pequeña minoría de los colombianos que se han visto obligados a dejar su lugar de residencia a causa de la violencia política: entre dos y medio y 3 millones de almas, según cifras oficiales, suman los “desplazados internos que lo pierden todo, abandonan sus hogares, bienes y medios de vida y están en constante peligro, ya sea de ser objeto de represalias o de que un nuevo brote de violencia haga necesario desplazarse nuevamente”.
El discurso oficial dice que hay una matazón entre guerrilleros y paramilitares de la que el gobierno no tiene la culpa, y que pobrecito, y que Ave María Purísima. Mentira: Uribe es un presidente puesto en el cargo por los paramilitares y posiblemente también por los narcos. Más allá de los desplazados y refugiados internos, atrapados entre dos frentes, que supuestamente escapan al control de las autoridades, los exiliados son individuos cuyas posturas políticas pueden tener por consecuencia la cárcel y la muerte. Qué tiempo de simulación mundial es éste, en el que los mandatarios encorbatados se pasean por el planeta con pasaportes de demócratas formales y que, al volver a casa, se ponen los trajes de faena de torturadores y de asesinos para hacer frente a sus opositores.
Veamos un caso ilustrativo de la persecución: en 2002, Daniel Coronell, hoy premio Simón Bolívar de Periodismo, contó la historia de un helicóptero que pertenecía a Alberto Uribe Sierra, padre del actual presidente, que fue hallado en un laboratorio de producción de cocaína. Posteriormente, reveló que uno de los integrantes de la Comisión Nacional de Televisión había sido designado con el respaldo de Juan Gonzalo Ángel, narcotraficante amnistiado a cambio de proporcionar información a la policía. En 2005, el informador partió al exilio, tras recibir llamadas telefónicas, coronas fúnebres y correos electrónicos con amenazas de muerte para su esposa, la también periodista María Cristina Uribe, y la hija de ambos, entonces de seis años. Coronell investigó las direcciones IP desde las que habían sido enviados los mensajes y encontró que el origen era una computadora en una mansión del barrio de Suba, Bogotá, perteneciente al ex congresista y ¿ex? narcotraficante Carlos Nader Simmonds (preso unos años en Estados Unidos por contrabandear droga), hombre próximo a Uribe Vélez y posiblemente vinculado al asesinato del candidato presidencial progresista Luis Carlos Galán, en 1989. Con estos datos, Coronell obtuvo una orden de allanamiento. Él mismo cuenta: “La policía encontró todas los e-mail en su computador con los cuales me había amenazado. No obstante, Caros Nader sigue libre y se defendió afirmando que mucha gente tenía acceso a su computador”.
De vuelta en Colombia, Coronell documentó la veracidad de lo dicho por la ex amante de Pablo Escobar, Virginia Vallejo, de que para compensar los daños sufridos por la aeronave de la familia Uribe, el desaparecido líder del cártel de Medellín prestó su propio helicóptero para que el actual presidente llegara hasta la finca de su padre, Alberto Uribe Sierra –señalado por numerosas fuentes como narcotraficante–, quien había resultado herido en un intento de secuestro organizado al parecer por las FARC. No está claro si Uribe Sierra llegó vivo a Medellín, a bordo de ese mismo transporte, pero no logró sobrevivir a las heridas. Coronell recuperó de la hemeroteca notas publicadas en El Mundo en junio de 1983 en las que se informaba: “El hijo del ganadero muerto, ex alcalde Álvaro Uribe Vélez, en un helicóptero del hacendado Pablo Escobar, viajó a la zona, después de conseguir un permiso especial de la Aeronáutica”. La reacción presidencial no se hizo esperar. “En medio de una entrevista en RCN Radio, Uribe pidió que pusieran al aire a Daniel para un debate público; los pusieron en comunicación y se tuvo que asistir a un degradante espectáculo de 80 minutos en los cuales el presidente de la República insultaba a uno de los mejores periodistas del país sin responder a sus preguntas”, escribió el italiano Simone Bruno. Entre otras lindezas (“miserable”, “cínico”, “calumniador”), el gobernante dijo al periodista: “Quien, como usted, es débil, suele confundir el temperamento con la cólera, y yo tengo un temperamento muy fuerte”; Coronell le replicó que si lo publicado con su firma era falso, bien podía Uribe demandarlo ante las instancias judiciales. Y recordó: “Después de estos litigios públicos con usted, generalmente llegan las amenazas, como ya me pasó a mí”. No invento nada: las fuentes están en http://navegaciones.blogspot.com.
Por lo pronto, Coronell permanece en su país. Pero miles de compatriotas suyos han llegado al aeropuerto de Barajas en demanda de asilo, y hay sobradas razones para entenderlos.
Historias de helicópteros y de Uribes
Uribe: cuestión de gestos
El periodista Daniel CoronellEn el aeropuerto de Barajas se amontonan los colombianos en situación de exilio. Son cerca de mil 700 los que han pedido refugio en España en lo que va de este año; un ritmo de cinco diarios, si fuera constante, pero que ha llegado a 40 al día y que se ha incrementado a últimas fechas: el mes pasado fueron 400 y actualmente unos 150 ciudadanos de Colombia se hacinan en las salas 3 y 4 de la Terminal 1, sin poder salir de allí ni recibir visitas de familiares.
Las solicitudes de asilo político no son un truco de migrantes laborales para burlar los desalmados controles migratorios de una que a veces se comporta no como madre, sino como madrastra patria. En este caso, 60 por ciento de las solicitudes han sido aceptadas por el Ministerio del Interior de Madrid, que hasta tiempos recientes no concedía “casi a nadie” el estatuto de asilado, a decir de Mauricio Valiente, funcionario de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Sabrá Dios cómo andan las cifras en Argentina, Venezuela, México, Estados Unidos y en otros países. En Ecuador hay “11 mil 492 refugiados y 36 mil 665 solicitudes de asilo, la mayoría de nacionalidad colombiana”; en Costa Rica el ACNUR tiene bajo su competencia a 10 mil 636 refugiados, “la gran mayoría de origen colombiano”; en Venezuela “el número de refugiados reconocidos es de 719; los solicitantes de asilo son 7 mil 754; la cifra total de población de interés de ACNUR es de 200 mil personas, la mayoría de origen colombiano”. Hace cinco años, ya con Álvaro Uribe Vélez encaramado en la presidencia, se realizó en Estocolmo el primer Congreso de Colombianos Exiliados. ACNUR los calcula en 60 mil y la Agencia de Prensa Rural da una cifra de 100 mil.
Serán muchos, en todo caso, porque el gobierno de Bogotá se ha tomado la molestia de organizar una red de agentes de hostigamiento contra exiliados. Desde las misiones diplomáticas de Colombia opera una red informal denominada “los cien mil amigos, con el propósito de infiltrar y espiar las actividades de los exiliados y presionar a los países que dan asilo a opositores con el pretexto de que son guerrilleros. La red opera en varias ciudades del mundo, pero su actividad es especialmente intensa en Ginebra, donde los “paradiplomáticos” de Uribe “operan bajo la cobertura de ‘acreditados’ ante numerosas conferencias y organizaciones internacionales con sede en esta ciudad internacional”.
Desde luego, estos perseguidos son sólo una pequeña minoría de los colombianos que se han visto obligados a dejar su lugar de residencia a causa de la violencia política: entre dos y medio y 3 millones de almas, según cifras oficiales, suman los “desplazados internos que lo pierden todo, abandonan sus hogares, bienes y medios de vida y están en constante peligro, ya sea de ser objeto de represalias o de que un nuevo brote de violencia haga necesario desplazarse nuevamente”.
El discurso oficial dice que hay una matazón entre guerrilleros y paramilitares de la que el gobierno no tiene la culpa, y que pobrecito, y que Ave María Purísima. Mentira: Uribe es un presidente puesto en el cargo por los paramilitares y posiblemente también por los narcos. Más allá de los desplazados y refugiados internos, atrapados entre dos frentes, que supuestamente escapan al control de las autoridades, los exiliados son individuos cuyas posturas políticas pueden tener por consecuencia la cárcel y la muerte. Qué tiempo de simulación mundial es éste, en el que los mandatarios encorbatados se pasean por el planeta con pasaportes de demócratas formales y que, al volver a casa, se ponen los trajes de faena de torturadores y de asesinos para hacer frente a sus opositores.
Veamos un caso ilustrativo de la persecución: en 2002, Daniel Coronell, hoy premio Simón Bolívar de Periodismo, contó la historia de un helicóptero que pertenecía a Alberto Uribe Sierra, padre del actual presidente, que fue hallado en un laboratorio de producción de cocaína. Posteriormente, reveló que uno de los integrantes de la Comisión Nacional de Televisión había sido designado con el respaldo de Juan Gonzalo Ángel, narcotraficante amnistiado a cambio de proporcionar información a la policía. En 2005, el informador partió al exilio, tras recibir llamadas telefónicas, coronas fúnebres y correos electrónicos con amenazas de muerte para su esposa, la también periodista María Cristina Uribe, y la hija de ambos, entonces de seis años. Coronell investigó las direcciones IP desde las que habían sido enviados los mensajes y encontró que el origen era una computadora en una mansión del barrio de Suba, Bogotá, perteneciente al ex congresista y ¿ex? narcotraficante Carlos Nader Simmonds (preso unos años en Estados Unidos por contrabandear droga), hombre próximo a Uribe Vélez y posiblemente vinculado al asesinato del candidato presidencial progresista Luis Carlos Galán, en 1989. Con estos datos, Coronell obtuvo una orden de allanamiento. Él mismo cuenta: “La policía encontró todas los e-mail en su computador con los cuales me había amenazado. No obstante, Caros Nader sigue libre y se defendió afirmando que mucha gente tenía acceso a su computador”.
De vuelta en Colombia, Coronell documentó la veracidad de lo dicho por la ex amante de Pablo Escobar, Virginia Vallejo, de que para compensar los daños sufridos por la aeronave de la familia Uribe, el desaparecido líder del cártel de Medellín prestó su propio helicóptero para que el actual presidente llegara hasta la finca de su padre, Alberto Uribe Sierra –señalado por numerosas fuentes como narcotraficante–, quien había resultado herido en un intento de secuestro organizado al parecer por las FARC. No está claro si Uribe Sierra llegó vivo a Medellín, a bordo de ese mismo transporte, pero no logró sobrevivir a las heridas. Coronell recuperó de la hemeroteca notas publicadas en El Mundo en junio de 1983 en las que se informaba: “El hijo del ganadero muerto, ex alcalde Álvaro Uribe Vélez, en un helicóptero del hacendado Pablo Escobar, viajó a la zona, después de conseguir un permiso especial de la Aeronáutica”. La reacción presidencial no se hizo esperar. “En medio de una entrevista en RCN Radio, Uribe pidió que pusieran al aire a Daniel para un debate público; los pusieron en comunicación y se tuvo que asistir a un degradante espectáculo de 80 minutos en los cuales el presidente de la República insultaba a uno de los mejores periodistas del país sin responder a sus preguntas”, escribió el italiano Simone Bruno. Entre otras lindezas (“miserable”, “cínico”, “calumniador”), el gobernante dijo al periodista: “Quien, como usted, es débil, suele confundir el temperamento con la cólera, y yo tengo un temperamento muy fuerte”; Coronell le replicó que si lo publicado con su firma era falso, bien podía Uribe demandarlo ante las instancias judiciales. Y recordó: “Después de estos litigios públicos con usted, generalmente llegan las amenazas, como ya me pasó a mí”. No invento nada: las fuentes están en http://navegaciones.blogspot.com.
Por lo pronto, Coronell permanece en su país. Pero miles de compatriotas suyos han llegado al aeropuerto de Barajas en demanda de asilo, y hay sobradas razones para entenderlos.
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