Hoy se anuncia el aumento; se prevé que en DF y zona metropolitana quede en $52.50
Si lo incrementan 4 por ciento, en la zona C el pago por jornada pasará de 47.60 a 49.52
Patricia Muñoz Ríos
Hoy se dará a conocer el aumento a los salarios mínimos, señaló el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, mientras la representación patronal adelantó que, definitivamente, el aumento tendrá que ubicarse entre 3.8 y 4 por ciento, lo que implica un incremento de entre un peso con 92 centavos y dos pesos.
Información de la propia Comisión Nacional de Salarios Mínimos refiere que desde 2000 los aumentos a dichas percepciones no han rebasado tres pesos por año, e incluso esta vez podría quedar por debajo de dicho nivel si se aplica estrictamente el porcentaje de inflación previsto para 2008.
Durante todo el gobierno de Vicente Fox y en lo que va de la administración de Felipe Calderón, los porcentajes de incremento han registrado un marcado descenso, pues mientras en 2000 el ajuste fue de 10 por ciento, para 2001 se ubicó en 6.99.
No obstante, en pesos reales dichas alzas significaron un ajuste de 2 pesos con 80 centavos en 2000 y de 2.40 en 2001.
Ya para 2002 se otorgó un incremento de 5.78 por ciento a los minisalarios, lo que significó apenas un peso 80 centavos por jornada diaria, y en 2003 el ajuste fue de 4.5 por ciento, que convertido a pesos se tradujo en 1.50.
En 2004 el incremento que acordaron “los sectores oficial, patronal y sindical” fue de 4.25 por ciento, es decir, un peso con 45 centavos.
En 2005, la revisión se fue a 4.5 por ciento, y en 2006 volvió a caer a 4, y de ahí no detuvo su descenso, porque el año pasado el porcentaje se ubicó en 3.9, siendo el aumento real de un peso 97 centavos, que se comparó con lo que cuesta un boleto del Metro.
Para 2008, las previsiones empresariales adelantan que el incremento podría ser de 3.8 por ciento, otra vez por debajo del año anterior. De acercarse a esta estimación, los salarios mínimos para la zona económica A, que contempla el Distrito Federal y el área metropolitana, pasarían de 50.57 a 52.50 pesos diarios; para la zona B, que comprende los municipios de Jalisco, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, se ajustarían de 49 a 50.92 diarios, y en la C, que agrupa al resto de la República, pasarían de 47.60 a 49.52 pesos.
viernes, diciembre 21, 2007
Del populismo y su contrario.
Del populismo y su contrario.
Así como los Legisladores fueron los primeros en violar la Ley electoral que ellos mismos aprobaron al postergar la designación del nuevo Presidente Consejero del IFE por no ponerse de acuerdo entre ellos.
Cabiendo comentar que el no ponerse de acuerdo entre ellos nada tiene que ver con la ideología de sus respetivos Institutos políticos, sino con la repartición de los dineros. Esa es tristemente la realidad de nuestra Democracia.
El Lic. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hacen lo mismo al continuar con su política populista de aparecer todos los días ante los medios, sin que importe el motivo. El caso es aparecer en las pantallas de TV y hacer declaraciones, siempre a favor de los pobres.
Medida que si por el momento aparentemente les funciona bien, cabe recordar que en su momento Vicente Fox hizo también de lo mismo y terminó su mandato habiendo logrado el efecto contrario.
“Yo conozco al pueblo, decía el muy ilustre Voltaire, un momento adora a sus ídolos y al siguiente los derrumba”.
El problema es que nuestros políticos no conocen al pueblo que gobiernan; su populismo de vallas y guardaespaldas los tiene tan ocupados, que no tienen tiempo más que para sí mismos.
Así como los Legisladores fueron los primeros en violar la Ley electoral que ellos mismos aprobaron al postergar la designación del nuevo Presidente Consejero del IFE por no ponerse de acuerdo entre ellos.
Cabiendo comentar que el no ponerse de acuerdo entre ellos nada tiene que ver con la ideología de sus respetivos Institutos políticos, sino con la repartición de los dineros. Esa es tristemente la realidad de nuestra Democracia.
El Lic. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hacen lo mismo al continuar con su política populista de aparecer todos los días ante los medios, sin que importe el motivo. El caso es aparecer en las pantallas de TV y hacer declaraciones, siempre a favor de los pobres.
Medida que si por el momento aparentemente les funciona bien, cabe recordar que en su momento Vicente Fox hizo también de lo mismo y terminó su mandato habiendo logrado el efecto contrario.
“Yo conozco al pueblo, decía el muy ilustre Voltaire, un momento adora a sus ídolos y al siguiente los derrumba”.
El problema es que nuestros políticos no conocen al pueblo que gobiernan; su populismo de vallas y guardaespaldas los tiene tan ocupados, que no tienen tiempo más que para sí mismos.
“El dolor sigue y aquí no ha llegado la justicia”, dice una de las sobrevivientes
Centro Fray Bartolomé: “el Estado es responsable de la matanza” de Acteal
Censura que en la “revisión” en boga se ignore totalmente el dicho de las víctimas
Blanche Petrich (Enviada)
Luis Arriaga, Edgar Cortez y Guadalupe Morfín, defensores de los derechos humanos, durante su participación en el primer Encuentro contra la Impunidad, que se desarrolla en la comunidad chiapaneca de Acteal, en vísperas del décimo aniversario de la matanza Foto: Víctor Camacho
Acteal, Chis., 20 de diciembre. Catarina Méndez, una de las sobrevivientes de la masacre del 22 de diciembre de 1997, con cicatrices de nueve balazos en el cuerpo, mujer de gran autoridad ante su comunidad y su organización, Las Abejas, es la primera en tomar la palabra en el primer Encuentro contra la Impunidad, que se realiza nada menos que en el paraje Naranajatik, sobre la explanada que cubre la capilla mortuoria que guarda los restos de las 45 víctimas de esa fecha terrible:
“Lo digo para que me escuchen: el dolor sigue hasta hoy, para que me escuche el mal gobierno. Aquí no ha llegado la justicia”.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), por su parte, dio a conocer ahí su informe, en el cual señala que “el Estado mexicano es responsable de la masacre, por una política encaminada a cometer ataques sistemáticos en contra de la población civil, con el fin de debilitar el apoyo al EZLN”.
Agrega que negar la existencia de grupos paramilitares y su participación en la masacre “contribuye a negar la responsabilidad gubernamental”.
No reconocer la existencia de la estrategia contrainsurgente es lo que impide “el curso de la justicia y el conocimiento de la verdad”, según este organismo defensor de los derechos humanos, fundado en los años ochenta por el hoy obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz, y que en vísperas de la masacre intentaba desesperadamente evitarla, documentando la escalada de violencia que anunciaba la tragedia por venir.
En el informe Acteal a 10 años, recordar para no olvidar, que leyó Itzel Silva, la organización destaca que “los testimonios de los sobrevivientes que constan en los expedientes de las diversas causas penales aún conservan la crudeza que indigna a pesar del tiempo, y aunque las investigaciones sobresalen por su falta de técnica científica, sus coincidencias en la mecánica de los hechos las vuelve pruebas sólidas de las responsabilidades y complicidades que aún están impunes”.
Poner el acento en la validez de los testimonios de los cerca de 200 sobrevivientes que contaron su historia ante el Ministerio Público y ante decenas de instancias más “es hoy en día más necesario que nunca”, señala Michael Chamberlin, investigador del CDHFBC, por décadas defensor de los derechos humanos.
“Porque la versión de los hechos que está recibiendo toda la atención mediática para ocultar el fondo de la masacre –el Estado como responsable principal– y presentarla como un conflicto intercomunitario en el que sólo participaron nueve individuos sin intervención de las autoridades y del Ejército, ignora totalmente el dicho de las víctimas, sin ninguna consideración”.
Así, por ejemplo, mientras se ignora el testimonio de sobrevivientes, que vieron con espanto cómo cerca de las once de la mañana se estacionaron al pie de la carretera varios camiones de los cuales descendieron centenares de hombres fuertemente armados, algunos con uniformes negro y azul de la Policía Ministerial de Chenalhó, la nueva versión asegura que sólo fueron nueve los asesinos. Esta especie sólo tiene un fundamento: el dicho de cinco de los autores materiales.
En la otra orilla, la que sí escucha a las víctimas, el informe del CDHFBC recupera de los expedientes de la PGR este testimonio: “En total entraron cuatro grupos (… ) Vinieron muchos priístas de Quextic, Acteal, Chimix, Esperanza, Pechiquil, Canolal, Bajoveltic, Los Chorros, Tzajalucum, eran como 300 por todos (...) rodearon la ermita y dispararon contra la gente que se encontraba afuera y en el interior, persiguiendo a los que salieron huyendo, alcanzando a esconderse en las zanjas y entre los árboles; sin embargo, los agresores los encontraron y los ejecutaron”.
Quienes estuvieron ahí hace diez años y perdieron a sus familiares declararon lo anterior en ese momento y han sostenido su dicho una década. Su versión, hoy, es suplantada por una revisión hecha por un equipo de abogados del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que toman la palabra de cinco de los asesinos confesos para asegurar que sólo eran nueve los homicidas y que los atacados eran “zapatistas” y no población civil reunida en ayuno y oración en la ermita.
Del mismo modo, mientras los propagandistas de esa revisión histórica niegan en programas de televisión que los asesinos se tomaran su tiempo para vejar los cadáveres y que se ensañaron con las mujeres abriéndoles el vientre a machetazos, un sobreviviente, que da nombre y apellido, ofrece una mirada opuesta en su declaración ministerial. Así lo recordó hoy el CDHFBC:
Alberto Ruiz Pérez, sobreviviente de la masacre, narra que “cuando murieron las mujeres, un hombre les quitó su nagua, su ropa y lo echaron palo en su nalga a las mujeres (…). Había una mujer embarazada María Gómez Ruiz de Quextic y ya muerta lo cortó su estómago, tenía un cuchillo, lo abrió la panza y murió el niño ahí dentro de la panza de la mujer”.
De la numeralia que ofrece el centro: cuatro de las mujeres muertas en Acteal estaban embarazadas, con gestaciones de entre diez y 37 semanas. De las 45 necropsias, 20 cuerpos tenían lesiones producidas por armas punzocortantes, 15 de los 20 correspondían a mujeres, doce de estas muertes fueron a consecuencia de dichas lesiones, incluyendo en algunos casos machacamiento de cráneo, y uno de los cuatro cadáveres de las mujeres embarazadas presentaba como causa de muerte la exposición de víscera abdominal al medio ambiente por herida cortocontundente penetrante.
Aunque no se expresa en el foro, la preocupación que ronda entre las más de 45 organizaciones de promotores de paz y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales que se dieron cita hoy y mañana en Acteal para debatir el tema de la impunidad es si, a la larga, ante la inoperante procuración de justicia mexicana, prevalecerá la versión que avala la cargada de muchos medios de comunicación, especialmente televisivos, bosquejada hace años en un libro inédito, Acteal, la otra injusticia, escrito por Alejandro Posadas, de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, y Hugo Eric Flores, de la Iglesia presbiteriana, encargada de la defensa de los 86 procesados.
En cuanto a las posibilidades que ofrece la fiscalía especial para el caso de Acteal, creada hace un año por el gobierno de Juan Sabines, el CDHFBC teme, sobre todo, que el brazo de la justicia no alcance a los servidores públicos de la época. Refiere que entregó a la nueva instancia elementos que demuestran la existencia de una política contrainsurgente de Estado “que enmarca la masacre de Acteal”, sin que, al año, haya “avances” sobre esa línea de investigación.
“Si la creación de dicha fiscalía obedeció en realidad a una intención de conocer la verdad y de hacer justicia, esperaríamos que cumpla con su obligación de realizar una investigación seria que arroje resultados prontos y contundentes en torno a las responsabilidades intelectuales de la masacre. De lo contrario, sólo se evidenciará, una vez más, la falta de voluntad de las autoridades en el esclarecimiento real de los hechos”, concluye.
Censura que en la “revisión” en boga se ignore totalmente el dicho de las víctimas
Blanche Petrich (Enviada)
Luis Arriaga, Edgar Cortez y Guadalupe Morfín, defensores de los derechos humanos, durante su participación en el primer Encuentro contra la Impunidad, que se desarrolla en la comunidad chiapaneca de Acteal, en vísperas del décimo aniversario de la matanza Foto: Víctor CamachoActeal, Chis., 20 de diciembre. Catarina Méndez, una de las sobrevivientes de la masacre del 22 de diciembre de 1997, con cicatrices de nueve balazos en el cuerpo, mujer de gran autoridad ante su comunidad y su organización, Las Abejas, es la primera en tomar la palabra en el primer Encuentro contra la Impunidad, que se realiza nada menos que en el paraje Naranajatik, sobre la explanada que cubre la capilla mortuoria que guarda los restos de las 45 víctimas de esa fecha terrible:
“Lo digo para que me escuchen: el dolor sigue hasta hoy, para que me escuche el mal gobierno. Aquí no ha llegado la justicia”.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), por su parte, dio a conocer ahí su informe, en el cual señala que “el Estado mexicano es responsable de la masacre, por una política encaminada a cometer ataques sistemáticos en contra de la población civil, con el fin de debilitar el apoyo al EZLN”.
Agrega que negar la existencia de grupos paramilitares y su participación en la masacre “contribuye a negar la responsabilidad gubernamental”.
No reconocer la existencia de la estrategia contrainsurgente es lo que impide “el curso de la justicia y el conocimiento de la verdad”, según este organismo defensor de los derechos humanos, fundado en los años ochenta por el hoy obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz, y que en vísperas de la masacre intentaba desesperadamente evitarla, documentando la escalada de violencia que anunciaba la tragedia por venir.
En el informe Acteal a 10 años, recordar para no olvidar, que leyó Itzel Silva, la organización destaca que “los testimonios de los sobrevivientes que constan en los expedientes de las diversas causas penales aún conservan la crudeza que indigna a pesar del tiempo, y aunque las investigaciones sobresalen por su falta de técnica científica, sus coincidencias en la mecánica de los hechos las vuelve pruebas sólidas de las responsabilidades y complicidades que aún están impunes”.
Poner el acento en la validez de los testimonios de los cerca de 200 sobrevivientes que contaron su historia ante el Ministerio Público y ante decenas de instancias más “es hoy en día más necesario que nunca”, señala Michael Chamberlin, investigador del CDHFBC, por décadas defensor de los derechos humanos.
“Porque la versión de los hechos que está recibiendo toda la atención mediática para ocultar el fondo de la masacre –el Estado como responsable principal– y presentarla como un conflicto intercomunitario en el que sólo participaron nueve individuos sin intervención de las autoridades y del Ejército, ignora totalmente el dicho de las víctimas, sin ninguna consideración”.
Así, por ejemplo, mientras se ignora el testimonio de sobrevivientes, que vieron con espanto cómo cerca de las once de la mañana se estacionaron al pie de la carretera varios camiones de los cuales descendieron centenares de hombres fuertemente armados, algunos con uniformes negro y azul de la Policía Ministerial de Chenalhó, la nueva versión asegura que sólo fueron nueve los asesinos. Esta especie sólo tiene un fundamento: el dicho de cinco de los autores materiales.
En la otra orilla, la que sí escucha a las víctimas, el informe del CDHFBC recupera de los expedientes de la PGR este testimonio: “En total entraron cuatro grupos (… ) Vinieron muchos priístas de Quextic, Acteal, Chimix, Esperanza, Pechiquil, Canolal, Bajoveltic, Los Chorros, Tzajalucum, eran como 300 por todos (...) rodearon la ermita y dispararon contra la gente que se encontraba afuera y en el interior, persiguiendo a los que salieron huyendo, alcanzando a esconderse en las zanjas y entre los árboles; sin embargo, los agresores los encontraron y los ejecutaron”.
Quienes estuvieron ahí hace diez años y perdieron a sus familiares declararon lo anterior en ese momento y han sostenido su dicho una década. Su versión, hoy, es suplantada por una revisión hecha por un equipo de abogados del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que toman la palabra de cinco de los asesinos confesos para asegurar que sólo eran nueve los homicidas y que los atacados eran “zapatistas” y no población civil reunida en ayuno y oración en la ermita.
Del mismo modo, mientras los propagandistas de esa revisión histórica niegan en programas de televisión que los asesinos se tomaran su tiempo para vejar los cadáveres y que se ensañaron con las mujeres abriéndoles el vientre a machetazos, un sobreviviente, que da nombre y apellido, ofrece una mirada opuesta en su declaración ministerial. Así lo recordó hoy el CDHFBC:
Alberto Ruiz Pérez, sobreviviente de la masacre, narra que “cuando murieron las mujeres, un hombre les quitó su nagua, su ropa y lo echaron palo en su nalga a las mujeres (…). Había una mujer embarazada María Gómez Ruiz de Quextic y ya muerta lo cortó su estómago, tenía un cuchillo, lo abrió la panza y murió el niño ahí dentro de la panza de la mujer”.
De la numeralia que ofrece el centro: cuatro de las mujeres muertas en Acteal estaban embarazadas, con gestaciones de entre diez y 37 semanas. De las 45 necropsias, 20 cuerpos tenían lesiones producidas por armas punzocortantes, 15 de los 20 correspondían a mujeres, doce de estas muertes fueron a consecuencia de dichas lesiones, incluyendo en algunos casos machacamiento de cráneo, y uno de los cuatro cadáveres de las mujeres embarazadas presentaba como causa de muerte la exposición de víscera abdominal al medio ambiente por herida cortocontundente penetrante.
Aunque no se expresa en el foro, la preocupación que ronda entre las más de 45 organizaciones de promotores de paz y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales que se dieron cita hoy y mañana en Acteal para debatir el tema de la impunidad es si, a la larga, ante la inoperante procuración de justicia mexicana, prevalecerá la versión que avala la cargada de muchos medios de comunicación, especialmente televisivos, bosquejada hace años en un libro inédito, Acteal, la otra injusticia, escrito por Alejandro Posadas, de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, y Hugo Eric Flores, de la Iglesia presbiteriana, encargada de la defensa de los 86 procesados.
En cuanto a las posibilidades que ofrece la fiscalía especial para el caso de Acteal, creada hace un año por el gobierno de Juan Sabines, el CDHFBC teme, sobre todo, que el brazo de la justicia no alcance a los servidores públicos de la época. Refiere que entregó a la nueva instancia elementos que demuestran la existencia de una política contrainsurgente de Estado “que enmarca la masacre de Acteal”, sin que, al año, haya “avances” sobre esa línea de investigación.
“Si la creación de dicha fiscalía obedeció en realidad a una intención de conocer la verdad y de hacer justicia, esperaríamos que cumpla con su obligación de realizar una investigación seria que arroje resultados prontos y contundentes en torno a las responsabilidades intelectuales de la masacre. De lo contrario, sólo se evidenciará, una vez más, la falta de voluntad de las autoridades en el esclarecimiento real de los hechos”, concluye.
Todo el día se oyeron balazos en las cercanías, pero nadie actuó
Situadas en los alrededores, autoridades prefirieron ignorar lo que pasaba en Acteal
Las nuevas versiones de lo que ocurrió dejan de lado la probada responsabilidad oficial
Testimonios de dos asesinos confesos, material para construir el argumento de la “batalla”
Hermann Bellinghausen (Enviado)
Integrantes de Las Abejas en la inauguración del Encuentro contra la Impunidad Foto: Víctor Camacho
San Cristóbal de las Casas, Chis. 20 de diciembre. Ante el relato del 22 de diciembre de 1997 contenido en el libro blanco sobre Acteal, publicado por la Procuraduría General de la República (PGR) un año después de la masacre, uno pensaría que el escenario descrito es vasto: el tramo Majomut-Acteal, donde se mueven los servidores públicos que anduvieron por ahí, es de unos tres kilómetros por carretera, y en línea recta menos de dos. A un lado de Majomut, un poco más lejos, está Polhó. Todo el día se escucharon los balazos en todos estos lugares, y hasta más lejos.
Las asépticas declaraciones de los jefes policiacos harían suponer, falsamente, que sólo estando en Acteal era posible saber que algo sucedía. No obstante que mantuvieron contacto radial con sus mandos y el gobierno en Tuxtla Gutiérrez, aun la tarde de ese lunes, cuando los hechos estaban consumados, el secretario de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani, aseguraba que el “incidente” había pasado y todo estaba bajo control.
Se lee que el 22 de diciembre, el general retirado Julio César Santiago Díaz, director de Policía Auxiliar y coordinador de asesores de Seguridad Pública (SP) del estado, se encontraba en el lugar desde las once de la mañana, junto con el comandante Roberto García Rivas y el oficial de SP en Majomut, Roberto Martín Méndez Gómez.
Éstos “omitieron realizar las acciones que podrían haber impedido la matanza de los 45 indígenas tzotziles, a pesar de que tenían el deber jurídico de tomar medidas y dar instrucciones al personal de SP destacamentado”. El general y sus acompañantes andaban en realidad repartiendo 300 chamarras a los agentes, según sus propias versiones. Santiago Díaz admitió además que realizaba una “revisión física” del área. Su reporte y el de los jefes policiacos era “sin novedad” hasta las once de la mañana.
Entonces se supo de disparos. Sus testimonios los muestran yendo y viniendo por las afueras de Acteal. A veces se tenían que esconder para no recibir un balazo. A veces disparaban al aire. Hacia el mediodía había recibido “un mensaje de alerta del director de SP José Luis Rodríguez Orozco, en el que refería disturbios en la región”.
Cumpliendo órdenes se aproximaron y vieron a los primeros heridos, que huían. Ya antes un indígena que salió a denunciar los hechos fue aprehendido por la policía y liberado un día después, cuando lo mismo daba.
En el libro blanco la PGR admite haber documentado “la existencia de grupos de civiles armados en el municipio de Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el Ejército mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación entre las comunidades y dentro de las comunidades con las bases de apoyo zapatistas”. Ofrece nombres, fechas, hechos. Un grupo de “autodefensa” con el cual la policía fue permisiva y hasta formativa, pero no más.
En una de sus recientes comparecencias televisivas, Héctor Aguilar Camín, en su papel de revisor del expediente Acteal, externó la posibilidad de que dada la magnitud de la situación en Chenalhó debió ser del conocimiento, cuando menos, de la zona militar.
En efecto, sería de elemental inteligencia militar. Lo extraño es que el autor no sospeche siquiera que eso implicaría responsabilidades de mayor nivel. Federal, digamos. La 39 Zona Militar de Chiapas y toda la Séptima Región eran, a la sazón, el mayor despliegue castrense en el país, un ejército en sí mismo y prioridad indiscutible del Ejército federal. De ahí ¿cuál era su distancia institucional con el presidente de la República y comandante supremo de las fuerzas armadas?
La masacre fue producto de un proceso de intervención social, militar e institucional que se documentó públicamente desde mayo de 1997. La víspera de la masacre se sabía del inminente ataque. Los menos sorprendidos debieron ser los miembros del comando supremo, que revisaban diariamente la situación en Chiapas. Chenalhó era un foco rojísimo.
Al atraer el caso, la PGR encontró que la Subdirección de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Justicia Indígena había registrado 57 averiguaciones del 27 de mayo al 28 de diciembre de 1997, “de las cuales 34 fueron atraídas por el Ministerio Público de la Federación, por considerar que son antecedentes que explican la problemática delictiva anterior al 22 de diciembre de 1997 y, por tanto, las divisiones entre grupos de la misma etnia, derivadas –sobre todo– de elementos de tinte político y económico”.
Hasta el 30 de diciembre, dice la PGR, “en ningún caso se había ejercitado acción penal, a pesar de que varios de los probables responsables habían sido ya identificados por los denunciantes; tampoco se habían practicado las diligencias necesarias para integrar las indagatorias conforme a derecho, no obstante que el entonces procurador general de Justicia del Estado, Marco Antonio Bezares Escobar, había girado instrucciones”.
La PGR se ufanaba –en diciembre de 1998– de haber obtenido “un número importante de declaraciones, muchas de ellas rendidas por testigos presenciales de los hechos, entre ellos los propios lesionados, quienes dan datos específicos de los acontecimientos y nombres de los agresores”. Los militares (se supone que en retiro o con licencia) involucrados nunca pisaron la cárcel. Ni siquiera los sentenciados, como Santiago Díaz.
A la luz de la revisión practicada desde 2006 por los nuevos abogados de los paramilitares presos, se han presentado versiones “inéditas” de lo que habría ocurrido hace diez años. Esto desde que iniciaron la redacción de un anunciado libro sobre el tema el director de la división de estudios jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Rosas, y el líder presbiteriano Hugo Eric Flores Cervantes, panista y ex miembro del nuevo gobierno federal como oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente (además de presidir la agrupación política Encuentro Nacional).
Poco duró Flores en el cargo, pues fue despedido por inocultable corrupción, lo cual no le ha impedido continuar su cruzada en defensa de indígenas presos que se pretenden inocentes.
Con base en nuevos testimonios de dos asesinos confesos de Acteal se elaboró la versión de una “batalla”. Su alegato deja ver que los testigos, quienes tardaron cuatro años en confesar su crimen, necesitaron otro tanto para ajustar su versión a lo asentado en los expedientes y ahora aseguran que fueron sólo nueve atacantes (el mínimo indiscutible según las pruebas materiales de la PGR).
El resto es ya ficción, aprovechada por los “desenterradores” intelectuales del CIDE, del Instituto Tecnológico Autónomo de México y anexas, en un sorprendente ejercicio de escatología literaria, sesgada necrofilia y racismo mal disimulado. Son juntacadáveres virtuales de una “escena” oportunamente destruida por los funcionarios estatales Jorge Enrique Hernández Aguilar y Uriel Jarquín. Éstos, inhabilitados para ocupar cargos, siguieron siendo asesores.
El primero, de los gobiernos de Chiapas. El segundo, desde hace tres años, de la fracción perredista en el Congreso de Michoacán (Cambio de Michoacán, 10 de diciembre de 2007).
Las nuevas versiones de lo que ocurrió dejan de lado la probada responsabilidad oficial
Testimonios de dos asesinos confesos, material para construir el argumento de la “batalla”
Hermann Bellinghausen (Enviado)
Integrantes de Las Abejas en la inauguración del Encuentro contra la Impunidad Foto: Víctor CamachoSan Cristóbal de las Casas, Chis. 20 de diciembre. Ante el relato del 22 de diciembre de 1997 contenido en el libro blanco sobre Acteal, publicado por la Procuraduría General de la República (PGR) un año después de la masacre, uno pensaría que el escenario descrito es vasto: el tramo Majomut-Acteal, donde se mueven los servidores públicos que anduvieron por ahí, es de unos tres kilómetros por carretera, y en línea recta menos de dos. A un lado de Majomut, un poco más lejos, está Polhó. Todo el día se escucharon los balazos en todos estos lugares, y hasta más lejos.
Las asépticas declaraciones de los jefes policiacos harían suponer, falsamente, que sólo estando en Acteal era posible saber que algo sucedía. No obstante que mantuvieron contacto radial con sus mandos y el gobierno en Tuxtla Gutiérrez, aun la tarde de ese lunes, cuando los hechos estaban consumados, el secretario de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani, aseguraba que el “incidente” había pasado y todo estaba bajo control.
Se lee que el 22 de diciembre, el general retirado Julio César Santiago Díaz, director de Policía Auxiliar y coordinador de asesores de Seguridad Pública (SP) del estado, se encontraba en el lugar desde las once de la mañana, junto con el comandante Roberto García Rivas y el oficial de SP en Majomut, Roberto Martín Méndez Gómez.
Éstos “omitieron realizar las acciones que podrían haber impedido la matanza de los 45 indígenas tzotziles, a pesar de que tenían el deber jurídico de tomar medidas y dar instrucciones al personal de SP destacamentado”. El general y sus acompañantes andaban en realidad repartiendo 300 chamarras a los agentes, según sus propias versiones. Santiago Díaz admitió además que realizaba una “revisión física” del área. Su reporte y el de los jefes policiacos era “sin novedad” hasta las once de la mañana.
Entonces se supo de disparos. Sus testimonios los muestran yendo y viniendo por las afueras de Acteal. A veces se tenían que esconder para no recibir un balazo. A veces disparaban al aire. Hacia el mediodía había recibido “un mensaje de alerta del director de SP José Luis Rodríguez Orozco, en el que refería disturbios en la región”.
Cumpliendo órdenes se aproximaron y vieron a los primeros heridos, que huían. Ya antes un indígena que salió a denunciar los hechos fue aprehendido por la policía y liberado un día después, cuando lo mismo daba.
En el libro blanco la PGR admite haber documentado “la existencia de grupos de civiles armados en el municipio de Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el Ejército mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación entre las comunidades y dentro de las comunidades con las bases de apoyo zapatistas”. Ofrece nombres, fechas, hechos. Un grupo de “autodefensa” con el cual la policía fue permisiva y hasta formativa, pero no más.
En una de sus recientes comparecencias televisivas, Héctor Aguilar Camín, en su papel de revisor del expediente Acteal, externó la posibilidad de que dada la magnitud de la situación en Chenalhó debió ser del conocimiento, cuando menos, de la zona militar.
En efecto, sería de elemental inteligencia militar. Lo extraño es que el autor no sospeche siquiera que eso implicaría responsabilidades de mayor nivel. Federal, digamos. La 39 Zona Militar de Chiapas y toda la Séptima Región eran, a la sazón, el mayor despliegue castrense en el país, un ejército en sí mismo y prioridad indiscutible del Ejército federal. De ahí ¿cuál era su distancia institucional con el presidente de la República y comandante supremo de las fuerzas armadas?
La masacre fue producto de un proceso de intervención social, militar e institucional que se documentó públicamente desde mayo de 1997. La víspera de la masacre se sabía del inminente ataque. Los menos sorprendidos debieron ser los miembros del comando supremo, que revisaban diariamente la situación en Chiapas. Chenalhó era un foco rojísimo.
Al atraer el caso, la PGR encontró que la Subdirección de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Justicia Indígena había registrado 57 averiguaciones del 27 de mayo al 28 de diciembre de 1997, “de las cuales 34 fueron atraídas por el Ministerio Público de la Federación, por considerar que son antecedentes que explican la problemática delictiva anterior al 22 de diciembre de 1997 y, por tanto, las divisiones entre grupos de la misma etnia, derivadas –sobre todo– de elementos de tinte político y económico”.
Hasta el 30 de diciembre, dice la PGR, “en ningún caso se había ejercitado acción penal, a pesar de que varios de los probables responsables habían sido ya identificados por los denunciantes; tampoco se habían practicado las diligencias necesarias para integrar las indagatorias conforme a derecho, no obstante que el entonces procurador general de Justicia del Estado, Marco Antonio Bezares Escobar, había girado instrucciones”.
La PGR se ufanaba –en diciembre de 1998– de haber obtenido “un número importante de declaraciones, muchas de ellas rendidas por testigos presenciales de los hechos, entre ellos los propios lesionados, quienes dan datos específicos de los acontecimientos y nombres de los agresores”. Los militares (se supone que en retiro o con licencia) involucrados nunca pisaron la cárcel. Ni siquiera los sentenciados, como Santiago Díaz.
A la luz de la revisión practicada desde 2006 por los nuevos abogados de los paramilitares presos, se han presentado versiones “inéditas” de lo que habría ocurrido hace diez años. Esto desde que iniciaron la redacción de un anunciado libro sobre el tema el director de la división de estudios jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Rosas, y el líder presbiteriano Hugo Eric Flores Cervantes, panista y ex miembro del nuevo gobierno federal como oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente (además de presidir la agrupación política Encuentro Nacional).
Poco duró Flores en el cargo, pues fue despedido por inocultable corrupción, lo cual no le ha impedido continuar su cruzada en defensa de indígenas presos que se pretenden inocentes.
Con base en nuevos testimonios de dos asesinos confesos de Acteal se elaboró la versión de una “batalla”. Su alegato deja ver que los testigos, quienes tardaron cuatro años en confesar su crimen, necesitaron otro tanto para ajustar su versión a lo asentado en los expedientes y ahora aseguran que fueron sólo nueve atacantes (el mínimo indiscutible según las pruebas materiales de la PGR).
El resto es ya ficción, aprovechada por los “desenterradores” intelectuales del CIDE, del Instituto Tecnológico Autónomo de México y anexas, en un sorprendente ejercicio de escatología literaria, sesgada necrofilia y racismo mal disimulado. Son juntacadáveres virtuales de una “escena” oportunamente destruida por los funcionarios estatales Jorge Enrique Hernández Aguilar y Uriel Jarquín. Éstos, inhabilitados para ocupar cargos, siguieron siendo asesores.
El primero, de los gobiernos de Chiapas. El segundo, desde hace tres años, de la fracción perredista en el Congreso de Michoacán (Cambio de Michoacán, 10 de diciembre de 2007).
Cárdenas Jiménez nos reta a guerra, dicen campesinos
Matilde Pérez U.
Los grupos que integran el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros y el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas consideraron “una declaración de guerra” la actitud del secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, quien dijo que “son muy pocas” las agrupaciones que se han inconformado por las reglas de operación de los programas, que ya entregó a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Los dirigentes campesinos señalaron que las respuestas de Cárdenas Jiménez a los diputados confirman su “autoritarismo y falta de voluntad política para atender la exigencia de que respete la ley de Desarrollo Rural Sustentable y los acuerdos de la Comisión Mexicana para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS).
“Pareciera que el titular de la Sagarpa está retando al movimiento campesino a tomar medidas extremas; de continuar con esa actitud nos veremos en las calles de las ciudades y en movilizaciones en ejidos y comunidades”, dijo Gerardo Sánchez García, representante de la Confederación Nacional Campesina ante la CMDRS. Afirmó que la Confederación Nacional Campesina (CNC) se sumará a la postura de vanguardia y solidaridad del movimiento agrario del país.
En el movimiento campesino “hay profunda molestia por la intransigencia del secretario de Agricultura; no acepta que las reglas de operación que entregó a la Cofemer son incongruentes y están muy lejos de las propuestas de los productores. No ha comprendido que dichas normas –vitales para la aplicación de los 204 mil millones de pesos del Programa Especial Concurrente–, donde confluyen todos los programas para el campo de diversas secretarías de Estado, no pueden decidirse en forma unilateral y autoritaria”.
Quiere combate, le entramos
Tampoco ha comprendido que “no somos unos cuantos los que exigimos respeto a las normas establecidas de someter a consenso las reglas de operación, sino que representamos a cientos de miles de campesinos del país. Es evidente que Cárdenas Jiménez está en un plan agresivo y muy lejano a la conciliación. Si lo que quiere es guerra, le entramos”.
Ayer, luego de la comparecencia del titular de Sagarpa ante Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, las organizaciones del Conoc, Conorp, CNC y algunas del Congreso Agrario Permanente refrendaron su disposición al diálogo y a no levantar la sesión permanente del CMDRS, y pidieron la intervención de la Secretaría de Hacienda para dirimir las diferencias y privilegiar nuevas actitudes para “esta discusión que no debe ser considerada un asunto menor”.
Gustavo Sánchez, de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales integrada al Conoc, puntualizó que las agrupaciones “no estamos pidiendo la renuncia del titular de Sagarpa, sino señalando su falta de capacidad de diálogo y de ética profesional al no sostener el acuerdo de la CMDRS. La demanda es cambiar de interlocutor, que muestre mayor sensibilidad y voluntad política para reunirse con los secretarios de desarrollo agropecuario de los estados y con las representaciones campesinas”.
Los grupos que integran el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros y el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas consideraron “una declaración de guerra” la actitud del secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, quien dijo que “son muy pocas” las agrupaciones que se han inconformado por las reglas de operación de los programas, que ya entregó a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Los dirigentes campesinos señalaron que las respuestas de Cárdenas Jiménez a los diputados confirman su “autoritarismo y falta de voluntad política para atender la exigencia de que respete la ley de Desarrollo Rural Sustentable y los acuerdos de la Comisión Mexicana para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS).
“Pareciera que el titular de la Sagarpa está retando al movimiento campesino a tomar medidas extremas; de continuar con esa actitud nos veremos en las calles de las ciudades y en movilizaciones en ejidos y comunidades”, dijo Gerardo Sánchez García, representante de la Confederación Nacional Campesina ante la CMDRS. Afirmó que la Confederación Nacional Campesina (CNC) se sumará a la postura de vanguardia y solidaridad del movimiento agrario del país.
En el movimiento campesino “hay profunda molestia por la intransigencia del secretario de Agricultura; no acepta que las reglas de operación que entregó a la Cofemer son incongruentes y están muy lejos de las propuestas de los productores. No ha comprendido que dichas normas –vitales para la aplicación de los 204 mil millones de pesos del Programa Especial Concurrente–, donde confluyen todos los programas para el campo de diversas secretarías de Estado, no pueden decidirse en forma unilateral y autoritaria”.
Quiere combate, le entramos
Tampoco ha comprendido que “no somos unos cuantos los que exigimos respeto a las normas establecidas de someter a consenso las reglas de operación, sino que representamos a cientos de miles de campesinos del país. Es evidente que Cárdenas Jiménez está en un plan agresivo y muy lejano a la conciliación. Si lo que quiere es guerra, le entramos”.
Ayer, luego de la comparecencia del titular de Sagarpa ante Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, las organizaciones del Conoc, Conorp, CNC y algunas del Congreso Agrario Permanente refrendaron su disposición al diálogo y a no levantar la sesión permanente del CMDRS, y pidieron la intervención de la Secretaría de Hacienda para dirimir las diferencias y privilegiar nuevas actitudes para “esta discusión que no debe ser considerada un asunto menor”.
Gustavo Sánchez, de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales integrada al Conoc, puntualizó que las agrupaciones “no estamos pidiendo la renuncia del titular de Sagarpa, sino señalando su falta de capacidad de diálogo y de ética profesional al no sostener el acuerdo de la CMDRS. La demanda es cambiar de interlocutor, que muestre mayor sensibilidad y voluntad política para reunirse con los secretarios de desarrollo agropecuario de los estados y con las representaciones campesinas”.
El fracaso
Luis Javier Garrido
El fracaso de la llamada “reforma electoral” no hace más que ahondar la grave crisis política abierta en México tras el fraude electoral de 2006, pues no hace más que poner de relieve el profundo desprecio del panismo a las instituciones.
1. El proceso de reforma electoral de 2007 se terminó con un evidente fracaso de los legisladores de los tres partidos, pero sobre todo del gobierno ilegítimo de Felipe Calderón, que lo había impulsado como la vía para salir de la crisis institucional en la que se halla el país y lo único que logró con el mismo es evidenciar el deterioro institucional creciente y, sobre todo, la decisión de los grupos mafiosos que controlan el aparato estatal de no aceptar que haya elecciones presidenciales democráticas en 2012.
2. La “reforma electoral” de 2007 constituyó ante todo un fracaso estrepitoso del Congreso de la Unión, que pretendió someter a los concesionarios de la radio y la televisión a la ley cuando discutía las modificaciones constitucionales, y terminó doblegándose ante sus exigencias al redactar el Cofipe, y sobre todo ante su reclamo airado de hacer valer la que creen que es su prerrogativa, la de querer imponerle a México sus gobernantes, todo lo cual evidenció que en nuestro país los poderes fácticos prevalecen sobre los poderes constituidos.
3. El proceso de “reforma” configuró también, sin embargo, un fracaso sin parangón de los legisladores del PAN, del PRI y de un sector del PRD, que pretendieron engañar a los mexicanos haciéndoles creer que iban a elaborar una gran reforma político-electoral que haría salir al país de la grave crisis política en la que se halla, lo que nunca fue su propósito, y terminaron por hundir más en el desprestigio a las instituciones de la República.
4. El proyecto de reformar la legislación electoral para tratar de generarle alguna legitimidad al IFE, a las instituciones y al régimen de facto en su conjunto culminó con una verdadera contrarreforma constitucional y legal, que terminó por dividir a la bancada del PRD y generar múltiples inconformidades de partidos y organizaciones ciudadanas, pues contiene modificaciones intrascendentes en aspectos secundarios, serias regresiones y graves omisiones, pero ninguno de los cambios necesarios para garantizar que pueda haber en México procesos electorales democráticos.
5. El hecho de que el proceso culminara con una exhibición bochornosa de los legisladores del PAN y el PRI, que obsesionados por entregar una vez más el Consejo General del IFE a oscuros subordinados suyos en función de su alianza, se dedicaron a vetar todas las propuestas de carácter ciudadano y prefirieron suspender el procedimiento para designar al presidente del IFE y a otros dos consejeros a sabiendas de que violaban el principio constitucional que ellos mismos habían aprobado de cumplir con esta obligación antes del 13 de diciembre, es muy significativo de lo acontecido.
6. El mensaje político que se envió a los mexicanos con el proceso de reformas en materia electoral de 2007 fue, por todo esto, muy claro: las leyes pueden mejorarse en aspectos secundarios e irrelevantes en lo que se refiere a la disputa por el poder, pero no se puede poner en riesgo el control oficial sobre el organismo encargado de organizar los procesos electorales ni sobre el tribunal electoral encargado de sancionarlos ni mucho menos abrir la posibilidad de elecciones realmente democráticas.
7. El veto del PAN a la candidatura del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Genaro Góngora Pimentel como posible consejero presidente del IFE es un hecho de extrema gravedad, que evidencia una vez más el desastre institucional del país, no tan sólo por evidenciar el afán panista de imponer como consejeros a incondicionales suyos, sino porque el veto esta vez fue al más prestigiado de los ministros de la Suprema Corte –y una personalidad muy por encima de los demás aspirantes–, poniendo por este solo hecho en entredicho al alto tribunal, sobre todo tras los escándalos dados en 2004 y 2005 por el ministro filopanista Mariano Azuela, quien se ostentó en esos meses como asesor de Vicente Fox cuando éste trató de inhabilitar constitucionalmente a Andrés Manuel López Obrador para ser candidato presidencial.
8. El saldo más importante de los más de 10 meses de negociaciones de los legisladores de los tres partidos ha sido a pesar del fiasco que significa la nueva legislación el confirmar una vez más que la extrema derecha panista y sus amigos no están dispuestos a organizar elecciones realmente democráticas en 2012, pues no quisieron un IFE ni un tribunal electoral que no estuviesen controlados por la mafia en el poder ni una legislación electoral democrática, que garantice los derechos ciudadanos, someta al Ejecutivo a la legalidad, impida la utilización de los recursos del Estado para imponer a un candidato, tipifique y sancione los delitos electorales, cree causales de nulidad de los procesos.
9. El futuro institucional de México quedó en entredicho con la llegada a Los Pinos de un gobernante espurio apoyado por oscuras mafias y cada día es más evidente que el país no podrá salir adelante si no hay un cambio en profundidad, pues la crisis institucional no deja de agravarse y la credibilidad que tienen las instancias públicas es prácticamente nula, y eso va lo mismo por la Presidencia de la República que por el Congreso de la Unión, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el IFE, por las fuerzas armadas.
10. El panismo en el poder ha sido depredador de la vida institucional de México, y lo que es más significativo es lo que hizo en el plano electoral, pues destruyó las posibilidades inmediatas de una transición política democrática. El triunfo de un candidato de la oposición no podrá darse en consecuencia en México en 2012 tras esta contrarreforma más que con una victoria por amplio margen y si hay una sociedad civil dispuesta a todo para defender su voto.
El fracaso de la llamada “reforma electoral” no hace más que ahondar la grave crisis política abierta en México tras el fraude electoral de 2006, pues no hace más que poner de relieve el profundo desprecio del panismo a las instituciones.
1. El proceso de reforma electoral de 2007 se terminó con un evidente fracaso de los legisladores de los tres partidos, pero sobre todo del gobierno ilegítimo de Felipe Calderón, que lo había impulsado como la vía para salir de la crisis institucional en la que se halla el país y lo único que logró con el mismo es evidenciar el deterioro institucional creciente y, sobre todo, la decisión de los grupos mafiosos que controlan el aparato estatal de no aceptar que haya elecciones presidenciales democráticas en 2012.
2. La “reforma electoral” de 2007 constituyó ante todo un fracaso estrepitoso del Congreso de la Unión, que pretendió someter a los concesionarios de la radio y la televisión a la ley cuando discutía las modificaciones constitucionales, y terminó doblegándose ante sus exigencias al redactar el Cofipe, y sobre todo ante su reclamo airado de hacer valer la que creen que es su prerrogativa, la de querer imponerle a México sus gobernantes, todo lo cual evidenció que en nuestro país los poderes fácticos prevalecen sobre los poderes constituidos.
3. El proceso de “reforma” configuró también, sin embargo, un fracaso sin parangón de los legisladores del PAN, del PRI y de un sector del PRD, que pretendieron engañar a los mexicanos haciéndoles creer que iban a elaborar una gran reforma político-electoral que haría salir al país de la grave crisis política en la que se halla, lo que nunca fue su propósito, y terminaron por hundir más en el desprestigio a las instituciones de la República.
4. El proyecto de reformar la legislación electoral para tratar de generarle alguna legitimidad al IFE, a las instituciones y al régimen de facto en su conjunto culminó con una verdadera contrarreforma constitucional y legal, que terminó por dividir a la bancada del PRD y generar múltiples inconformidades de partidos y organizaciones ciudadanas, pues contiene modificaciones intrascendentes en aspectos secundarios, serias regresiones y graves omisiones, pero ninguno de los cambios necesarios para garantizar que pueda haber en México procesos electorales democráticos.
5. El hecho de que el proceso culminara con una exhibición bochornosa de los legisladores del PAN y el PRI, que obsesionados por entregar una vez más el Consejo General del IFE a oscuros subordinados suyos en función de su alianza, se dedicaron a vetar todas las propuestas de carácter ciudadano y prefirieron suspender el procedimiento para designar al presidente del IFE y a otros dos consejeros a sabiendas de que violaban el principio constitucional que ellos mismos habían aprobado de cumplir con esta obligación antes del 13 de diciembre, es muy significativo de lo acontecido.
6. El mensaje político que se envió a los mexicanos con el proceso de reformas en materia electoral de 2007 fue, por todo esto, muy claro: las leyes pueden mejorarse en aspectos secundarios e irrelevantes en lo que se refiere a la disputa por el poder, pero no se puede poner en riesgo el control oficial sobre el organismo encargado de organizar los procesos electorales ni sobre el tribunal electoral encargado de sancionarlos ni mucho menos abrir la posibilidad de elecciones realmente democráticas.
7. El veto del PAN a la candidatura del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Genaro Góngora Pimentel como posible consejero presidente del IFE es un hecho de extrema gravedad, que evidencia una vez más el desastre institucional del país, no tan sólo por evidenciar el afán panista de imponer como consejeros a incondicionales suyos, sino porque el veto esta vez fue al más prestigiado de los ministros de la Suprema Corte –y una personalidad muy por encima de los demás aspirantes–, poniendo por este solo hecho en entredicho al alto tribunal, sobre todo tras los escándalos dados en 2004 y 2005 por el ministro filopanista Mariano Azuela, quien se ostentó en esos meses como asesor de Vicente Fox cuando éste trató de inhabilitar constitucionalmente a Andrés Manuel López Obrador para ser candidato presidencial.
8. El saldo más importante de los más de 10 meses de negociaciones de los legisladores de los tres partidos ha sido a pesar del fiasco que significa la nueva legislación el confirmar una vez más que la extrema derecha panista y sus amigos no están dispuestos a organizar elecciones realmente democráticas en 2012, pues no quisieron un IFE ni un tribunal electoral que no estuviesen controlados por la mafia en el poder ni una legislación electoral democrática, que garantice los derechos ciudadanos, someta al Ejecutivo a la legalidad, impida la utilización de los recursos del Estado para imponer a un candidato, tipifique y sancione los delitos electorales, cree causales de nulidad de los procesos.
9. El futuro institucional de México quedó en entredicho con la llegada a Los Pinos de un gobernante espurio apoyado por oscuras mafias y cada día es más evidente que el país no podrá salir adelante si no hay un cambio en profundidad, pues la crisis institucional no deja de agravarse y la credibilidad que tienen las instancias públicas es prácticamente nula, y eso va lo mismo por la Presidencia de la República que por el Congreso de la Unión, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el IFE, por las fuerzas armadas.
10. El panismo en el poder ha sido depredador de la vida institucional de México, y lo que es más significativo es lo que hizo en el plano electoral, pues destruyó las posibilidades inmediatas de una transición política democrática. El triunfo de un candidato de la oposición no podrá darse en consecuencia en México en 2012 tras esta contrarreforma más que con una victoria por amplio margen y si hay una sociedad civil dispuesta a todo para defender su voto.
Entradas por la puerta de atrás
Carlos Fernández-Vega
Busca abrir paso al capital trasnacional a actividades constitucionalmente reservadas al Estado
A Felipe Calderón ya le gustó eso de entrar por la puerta de atrás, porque no sólo la utilizó para imponerse la banda tricolor, sino que por aquella ahora pretende “colar” al capital trasnacional en actividades constitucionalmente reservadas al Estado en materia petrolera. Nada nuevo, sin embargo, porque el michoacano se limita a seguir la muy productiva estrategia que sus ahora excelentes amigos priístas y del “cambio” aplicaron para el sector eléctrico.
Por la puerta de atrás, y de la mano de los coordinadores parlamentarios del PRI, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, y un grupo de ex secretarios de Energía (Francisco Labastida –presidente de la comisión de Energía en el Senado-, Fernando Elizondo Barragán, hoy senadores de la República, y Jesús Reyes Heroles González Garza, ahora al frente de Pemex), entre otros personajes visibles, pretende modificar una serie de leyes secundarias en materia energética para que por allí se cuele, sin necesidad de cambios constitucionales, el capital privado, nacional y extranjero, al jugoso negocio del oro negro (hasta ahora) mexicano.
Acción Nacional presume que ya “amarró” el acuerdo privatizador (de “apertura”, “asociación” o “alianza” le llaman) con el partido tricolor, el mismo que en su declaración de principios tajantemente dice no a cualquier participación privada en la industria petrolera; el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, ya explicó que después de la “reforma” de seguridad y justicia (léase el Estado policíaco) vendría la energética, aunque sin tratarse, dijo, de “una privatización a ultranza; el presidente de la Comisión de energía del Senado, Francisco Labastida Ochoa, precisó que serán nueve las leyes secundarias a “replantear” y el inquilino de Los Pinos instruyó a sus huestes en San Lázaro y Xicoténcatl para que voten para redondear el asunto. Y todo sin cambios constitucionales, pero como bien recuerda el ex senador Manuel Bartlet, “las privatizaciones salinistas se hicieron afirmando que se respetaba la Constitución, violándola”.
Esa es una primera línea de acción, pero es de esperarse el paso definitivo dada la terquedad del michoacano que entró por la puerta de atrás. Y es que él mismo, durante su fugaz paso por la Secretaría de Energía en tiempos foxistas y como caliente precandidato presidencial panista, definió lo que a su muy trasnacional entender debe hacerse: “es necesario complementar la inversión pública con inversión privada, bajo diversas formas de participación, para lo cual es indispensable dar plena certeza jurídica a la inversión (privada). Es precisamente esta última la razón de nuestra insistencia en que la reforma al sector abarque también una reforma a la Carta Magna.
“La adecuación al texto de los artículos 27 y 28 constitucionales es la única manera de otorgar plena certidumbre jurídica y con ello dar viabilidad al sector eléctrico sin perder el control del mismo. En esta materia, lo que buscamos es que se establezca con toda claridad, en la Constitución, que los particulares podrán generar la energía eléctrica de manera complementaria a la que generan las empresas del Estado.
“A nadie le conviene una legislación que suponga riesgos. Debemos reformar para dotar de seguridad a la inversión existente, alentar la futura y al mismo tiempo dejar en claro en el mismo texto constitucional que el servicio público de energía eléctrica será prestado de forma exclusiva por el Estado a través de las empresas públicas. Ante la resolución de la Suprema Corte donde señala que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica pudiera contener disposiciones contrarias a la Constitución, es indispensable una reforma que despeje cualquier duda sobre la legalidad y legitimidad de las inversiones privadas en el sector.
“Ninguna legislación secundaria podrá dar los espacios de garantía y claridad que una modificación al texto constitucional puede establecer en materia de certidumbre, confianza y seguridad a todos los actores. Lograr que la inversión pública y privada compartan la responsabilidad de invertir en el sector generación nos permitirá, además como gobierno federal, destinar recursos a otras áreas; vale la pena resaltar que las inversiones anuales que el sector eléctrico requiere representarían más de dos veces las erogaciones en el presupuesto para ciencia y tecnología, dos y media veces el programa de Oportunidades, tres veces o más de tres veces la atención a la población indígena...”
Lo anterior fue expuesto por Calderón el 17 de noviembre de 2003, durante su única comparecencia como secretario foxista de Energía en el Senado (sólo es cuestión de cambiar “sector eléctrico” por “sector petrolero”). Ya en Los Pinos intenta pasar el primer paquete por la puerta de atrás, pero es de esperar (si alguien no lo frena, porque hasta ahora es más importante la pelea por huesos y menudencias que la defensa de los intereses nacionales) que se lance por los cambios constitucionales, y en este contexto, en caso que llegue, la “izquierda moderna” (léase la pesetera…, perdón la pesetista) puede ser factor definitorio en la privatización del petróleo mexicano, o lo que es lo mismo oro por espejitos tecnológicos.
Ya tenemos la experiencia de la banca trasnacional, pero de plano no aprenden.
Las rebanadas del pastel:
“Para que vivamos mejor” (Calderón dixit) y “favorecer la economía familiar” (Sojo ídem), el siempre magnánimo régimen de la “continuidad” ha regalado a los mexicanos un aumento promedio de 35 por ciento en el primer año de estancia en Los Pinos… pero no al ingreso, sino a los precios de la canasta básica, una proporción nueve veces mayor al avance del oficial índice nacional de precios al consumidor y siete tantos por arriba del incremento que en el mismo periodo registraron los salarios manufactureros contractuales (La Jornada). Lamentablemente los precios se mantienen al alza, porque el año aún no concluye, en espera del gasolinazo de enero. Qué bueno que todo es “para que vivamos mejor”, como prometía el michoacano en campaña.
Busca abrir paso al capital trasnacional a actividades constitucionalmente reservadas al Estado
A Felipe Calderón ya le gustó eso de entrar por la puerta de atrás, porque no sólo la utilizó para imponerse la banda tricolor, sino que por aquella ahora pretende “colar” al capital trasnacional en actividades constitucionalmente reservadas al Estado en materia petrolera. Nada nuevo, sin embargo, porque el michoacano se limita a seguir la muy productiva estrategia que sus ahora excelentes amigos priístas y del “cambio” aplicaron para el sector eléctrico.
Por la puerta de atrás, y de la mano de los coordinadores parlamentarios del PRI, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, y un grupo de ex secretarios de Energía (Francisco Labastida –presidente de la comisión de Energía en el Senado-, Fernando Elizondo Barragán, hoy senadores de la República, y Jesús Reyes Heroles González Garza, ahora al frente de Pemex), entre otros personajes visibles, pretende modificar una serie de leyes secundarias en materia energética para que por allí se cuele, sin necesidad de cambios constitucionales, el capital privado, nacional y extranjero, al jugoso negocio del oro negro (hasta ahora) mexicano.
Acción Nacional presume que ya “amarró” el acuerdo privatizador (de “apertura”, “asociación” o “alianza” le llaman) con el partido tricolor, el mismo que en su declaración de principios tajantemente dice no a cualquier participación privada en la industria petrolera; el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, ya explicó que después de la “reforma” de seguridad y justicia (léase el Estado policíaco) vendría la energética, aunque sin tratarse, dijo, de “una privatización a ultranza; el presidente de la Comisión de energía del Senado, Francisco Labastida Ochoa, precisó que serán nueve las leyes secundarias a “replantear” y el inquilino de Los Pinos instruyó a sus huestes en San Lázaro y Xicoténcatl para que voten para redondear el asunto. Y todo sin cambios constitucionales, pero como bien recuerda el ex senador Manuel Bartlet, “las privatizaciones salinistas se hicieron afirmando que se respetaba la Constitución, violándola”.
Esa es una primera línea de acción, pero es de esperarse el paso definitivo dada la terquedad del michoacano que entró por la puerta de atrás. Y es que él mismo, durante su fugaz paso por la Secretaría de Energía en tiempos foxistas y como caliente precandidato presidencial panista, definió lo que a su muy trasnacional entender debe hacerse: “es necesario complementar la inversión pública con inversión privada, bajo diversas formas de participación, para lo cual es indispensable dar plena certeza jurídica a la inversión (privada). Es precisamente esta última la razón de nuestra insistencia en que la reforma al sector abarque también una reforma a la Carta Magna.
“La adecuación al texto de los artículos 27 y 28 constitucionales es la única manera de otorgar plena certidumbre jurídica y con ello dar viabilidad al sector eléctrico sin perder el control del mismo. En esta materia, lo que buscamos es que se establezca con toda claridad, en la Constitución, que los particulares podrán generar la energía eléctrica de manera complementaria a la que generan las empresas del Estado.
“A nadie le conviene una legislación que suponga riesgos. Debemos reformar para dotar de seguridad a la inversión existente, alentar la futura y al mismo tiempo dejar en claro en el mismo texto constitucional que el servicio público de energía eléctrica será prestado de forma exclusiva por el Estado a través de las empresas públicas. Ante la resolución de la Suprema Corte donde señala que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica pudiera contener disposiciones contrarias a la Constitución, es indispensable una reforma que despeje cualquier duda sobre la legalidad y legitimidad de las inversiones privadas en el sector.
“Ninguna legislación secundaria podrá dar los espacios de garantía y claridad que una modificación al texto constitucional puede establecer en materia de certidumbre, confianza y seguridad a todos los actores. Lograr que la inversión pública y privada compartan la responsabilidad de invertir en el sector generación nos permitirá, además como gobierno federal, destinar recursos a otras áreas; vale la pena resaltar que las inversiones anuales que el sector eléctrico requiere representarían más de dos veces las erogaciones en el presupuesto para ciencia y tecnología, dos y media veces el programa de Oportunidades, tres veces o más de tres veces la atención a la población indígena...”
Lo anterior fue expuesto por Calderón el 17 de noviembre de 2003, durante su única comparecencia como secretario foxista de Energía en el Senado (sólo es cuestión de cambiar “sector eléctrico” por “sector petrolero”). Ya en Los Pinos intenta pasar el primer paquete por la puerta de atrás, pero es de esperar (si alguien no lo frena, porque hasta ahora es más importante la pelea por huesos y menudencias que la defensa de los intereses nacionales) que se lance por los cambios constitucionales, y en este contexto, en caso que llegue, la “izquierda moderna” (léase la pesetera…, perdón la pesetista) puede ser factor definitorio en la privatización del petróleo mexicano, o lo que es lo mismo oro por espejitos tecnológicos.
Ya tenemos la experiencia de la banca trasnacional, pero de plano no aprenden.
Las rebanadas del pastel:
“Para que vivamos mejor” (Calderón dixit) y “favorecer la economía familiar” (Sojo ídem), el siempre magnánimo régimen de la “continuidad” ha regalado a los mexicanos un aumento promedio de 35 por ciento en el primer año de estancia en Los Pinos… pero no al ingreso, sino a los precios de la canasta básica, una proporción nueve veces mayor al avance del oficial índice nacional de precios al consumidor y siete tantos por arriba del incremento que en el mismo periodo registraron los salarios manufactureros contractuales (La Jornada). Lamentablemente los precios se mantienen al alza, porque el año aún no concluye, en espera del gasolinazo de enero. Qué bueno que todo es “para que vivamos mejor”, como prometía el michoacano en campaña.
Así son las guerras...
Julio Hernández López
El licenciado Felipe Calderón suele asumir poses de heroísmo (a buen resguardo) cuando habla de las muertes y la violencia que a lo largo del país, y de manera incesante, e incluso creciente, va generando la ex-traña y sospechosa guerra de reacomodo del narcotráfico que el mencionado Lic. ha convertido en su programa sexenal de gobierno. Ayer, reunido con miembros de la Secretaría de Marina, el Fiscal General de la Nación hizo saber a los activísimos empresarios de las drogas que con violencia cada vez mayor contestará a la que ejerzan las “organizaciones criminales”. En tal contexto acuático, el abogado militar michoacano pronunció una frase de oro (bueno, en realidad, de rojo sangre), al mencionar que esa lucha será de “largo aliento” y se llevará mucho tiempo, recursos y vidas porque… pues, hombre, porque… “así son las guerras”.
El funcionario guerrero, siempre bien protegido por un cuerpo de elite, tiene en esa alocución de tinte dictatorial una excusa que cree excelente para tratar de justificar que día a día los mexicanos sufran los excesos y abusos de cuerpos policiales formados por militares con licencia y por los propios uniformados verde olivo y que, además, se hayan instalado aceleradamente el miedo y la tensión sociales a causa de robos, asaltos, secuestros y otras expresiones delictivas. Todo cabe en el jarrito de la exculpación bélica: así son las guerras. Una guerra que no ha sido autorizada por el Congreso ni cuenta con la aprobación civil mayoritaria. Una guerra que no es sino la expresión de los apetitos de enriquecimiento que sexenalmente asaltan a quienes pretenden negociar co-misiones y repartos y, luego, cuando por incapacidad o perfidia traicionan esos tratos de palabra inquebrantable, se ven amenazados por donantes despechados, y sus espacios burocráticos son alcanzados por venganzas ejemplares.
Basta dar una ojeada a algunos puntos de la geografía nacional para ver que la tal guerra contra el narcotráfico a los primeros que ha abatido son a gobernantes del mismo partido del general Calderón. Da para una buena novela de política y crimen el expediente de Tonalá, Jalisco, y de su presidente municipal acusado de proteger el narcomenudeo y extorsionar a tenderos con maquinitas tragamonedas, y luego conspirar con otros funcionarios para asesinar a un correligionario incómodo. En San Luis Potosí, el gobernador panista Marcelo de los Santos ha convertido la tranquilidad tradicional de la ciudad ca-pital en un escenario de guerra entre zetas y chapos que causó varias muertes por bala a un par de cuadras del palacio de gobierno, el asesinato de dos jefes policiales y un ambiente de zozobra generalizada. En Celaya, de pronto se han multiplicado robos, secuestros y ejecuciones, al grado de que dos menores fueron levantados luego de salir de una fiesta escolar y luego asesinados. Todo ello ha hecho que se haya convocado para hoy una manifestación de protesta en esa ciudad guanajuatense. ¿Así son las guerras? ¿Quién, por qué y con qué facultad declaró esa guerra? O, la tal guerra, inventada, promovida, inducida, ¿es un pretexto para tomar por la fuerza física el control de un país que antes fue tomado por la vía legal (institucional) el 2 de julio de 2006?
Astillas
El síndrome de lo espurio también atacó en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRM), donde el director calderonista del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Alfonso de Maria y Campos, designó como directora a quien que-dó en segundo lugar de la votación de la comunidad. Miembros del plantel relatan: “hace meses, la restauradora Claudia Salgado obtuvo más de 60 por ciento de la votación total, quedando el 40 por ciento restante para otros candidatos. Nadie tenía duda de que la nueva directora sería ella, porque creíamos, igual que ahora la comunidad de la ENAH, que el ‘embajador’ y/o ‘emperador’ del INAH, De Maria y Campos, no se atrevería a pasar ‘por encima de la determinación mayoritaria, expresada en las urnas’. Para sorpresa de todos, la dirección de la escuela se le otorgó a la restauradora que ocupó el segundo lugar en la votación, por una diferencia muy, pero muy amplia. Cartas de protesta fueron y vinieron, pero la imposición se perpetró al final de la manera más arbitraria, ilegítima, injusta y antidemocrática. La impotencia nos caló hasta los huesos, y a cargar con el ‘síndrome de lo espurio’”…
Tal cual estaba programada, se realizó una manifestación de protesta frente al consulado mexicano en Nueva York contra la apertura del mercado nacional al maíz de Estados Unidos. Uno de los participantes reporta: “Estuvimos afuera del consulado por dos horas. Había mucha gente formada para hacer trámites. Cuando empezamos a hablar, había gente sorprendida de lo que escuchaba, pues no estaba enterada de lo que va a pasar a partir de enero. Una señora dijo que estaba harta de que gobierno tras gobierno todos estén llenos de rateros. Hubo quienes se refirieron al caso Lydia Cacho, diciendo que los ministros de la Corte eran unos corruptos. A la manifestación trajimos un muñeco, estilo piñata, simbolo del maíz transgénico gringo. También tiramos algunas tortillas podridas, que representaron a las hechas con maíz genéticamente modificado”…
A Ulises todo se le enreda, como queso oaxaqueño: profesores encerraron, du-rante algunas horas, en la propia sede del Congreso estatal, a 16 diputados locales, en protesta porque el gobierno local no paga lo que debe. Pero los maestros insurrectos no son de la APPO o de alguna organización izquierdista, sino todo lo contrario, es decir, son los que en meses pasados se prestaron a realizarle un servicio de esquirolaje al ingrato gobernador Ruiz, dando clases alternas, a nombre de la sección 59 del SNTE, creada especialmente por Elba Esther Gordillo para dividir al magisterio combativo, agrupado en la 22, que estaba en paro. A Ulises nada más le faltaría pelearse con su espejo… Y, mientras los diputados federales confirman que el apodo de Caballo negro no es gratuito –en todo caso, zoológicamente en un escalón superior– en Alberto Cárdenas Jiménez, ¡feliz fin de semana!
El licenciado Felipe Calderón suele asumir poses de heroísmo (a buen resguardo) cuando habla de las muertes y la violencia que a lo largo del país, y de manera incesante, e incluso creciente, va generando la ex-traña y sospechosa guerra de reacomodo del narcotráfico que el mencionado Lic. ha convertido en su programa sexenal de gobierno. Ayer, reunido con miembros de la Secretaría de Marina, el Fiscal General de la Nación hizo saber a los activísimos empresarios de las drogas que con violencia cada vez mayor contestará a la que ejerzan las “organizaciones criminales”. En tal contexto acuático, el abogado militar michoacano pronunció una frase de oro (bueno, en realidad, de rojo sangre), al mencionar que esa lucha será de “largo aliento” y se llevará mucho tiempo, recursos y vidas porque… pues, hombre, porque… “así son las guerras”.
El funcionario guerrero, siempre bien protegido por un cuerpo de elite, tiene en esa alocución de tinte dictatorial una excusa que cree excelente para tratar de justificar que día a día los mexicanos sufran los excesos y abusos de cuerpos policiales formados por militares con licencia y por los propios uniformados verde olivo y que, además, se hayan instalado aceleradamente el miedo y la tensión sociales a causa de robos, asaltos, secuestros y otras expresiones delictivas. Todo cabe en el jarrito de la exculpación bélica: así son las guerras. Una guerra que no ha sido autorizada por el Congreso ni cuenta con la aprobación civil mayoritaria. Una guerra que no es sino la expresión de los apetitos de enriquecimiento que sexenalmente asaltan a quienes pretenden negociar co-misiones y repartos y, luego, cuando por incapacidad o perfidia traicionan esos tratos de palabra inquebrantable, se ven amenazados por donantes despechados, y sus espacios burocráticos son alcanzados por venganzas ejemplares.
Basta dar una ojeada a algunos puntos de la geografía nacional para ver que la tal guerra contra el narcotráfico a los primeros que ha abatido son a gobernantes del mismo partido del general Calderón. Da para una buena novela de política y crimen el expediente de Tonalá, Jalisco, y de su presidente municipal acusado de proteger el narcomenudeo y extorsionar a tenderos con maquinitas tragamonedas, y luego conspirar con otros funcionarios para asesinar a un correligionario incómodo. En San Luis Potosí, el gobernador panista Marcelo de los Santos ha convertido la tranquilidad tradicional de la ciudad ca-pital en un escenario de guerra entre zetas y chapos que causó varias muertes por bala a un par de cuadras del palacio de gobierno, el asesinato de dos jefes policiales y un ambiente de zozobra generalizada. En Celaya, de pronto se han multiplicado robos, secuestros y ejecuciones, al grado de que dos menores fueron levantados luego de salir de una fiesta escolar y luego asesinados. Todo ello ha hecho que se haya convocado para hoy una manifestación de protesta en esa ciudad guanajuatense. ¿Así son las guerras? ¿Quién, por qué y con qué facultad declaró esa guerra? O, la tal guerra, inventada, promovida, inducida, ¿es un pretexto para tomar por la fuerza física el control de un país que antes fue tomado por la vía legal (institucional) el 2 de julio de 2006?
Astillas
El síndrome de lo espurio también atacó en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRM), donde el director calderonista del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Alfonso de Maria y Campos, designó como directora a quien que-dó en segundo lugar de la votación de la comunidad. Miembros del plantel relatan: “hace meses, la restauradora Claudia Salgado obtuvo más de 60 por ciento de la votación total, quedando el 40 por ciento restante para otros candidatos. Nadie tenía duda de que la nueva directora sería ella, porque creíamos, igual que ahora la comunidad de la ENAH, que el ‘embajador’ y/o ‘emperador’ del INAH, De Maria y Campos, no se atrevería a pasar ‘por encima de la determinación mayoritaria, expresada en las urnas’. Para sorpresa de todos, la dirección de la escuela se le otorgó a la restauradora que ocupó el segundo lugar en la votación, por una diferencia muy, pero muy amplia. Cartas de protesta fueron y vinieron, pero la imposición se perpetró al final de la manera más arbitraria, ilegítima, injusta y antidemocrática. La impotencia nos caló hasta los huesos, y a cargar con el ‘síndrome de lo espurio’”…
Tal cual estaba programada, se realizó una manifestación de protesta frente al consulado mexicano en Nueva York contra la apertura del mercado nacional al maíz de Estados Unidos. Uno de los participantes reporta: “Estuvimos afuera del consulado por dos horas. Había mucha gente formada para hacer trámites. Cuando empezamos a hablar, había gente sorprendida de lo que escuchaba, pues no estaba enterada de lo que va a pasar a partir de enero. Una señora dijo que estaba harta de que gobierno tras gobierno todos estén llenos de rateros. Hubo quienes se refirieron al caso Lydia Cacho, diciendo que los ministros de la Corte eran unos corruptos. A la manifestación trajimos un muñeco, estilo piñata, simbolo del maíz transgénico gringo. También tiramos algunas tortillas podridas, que representaron a las hechas con maíz genéticamente modificado”…
A Ulises todo se le enreda, como queso oaxaqueño: profesores encerraron, du-rante algunas horas, en la propia sede del Congreso estatal, a 16 diputados locales, en protesta porque el gobierno local no paga lo que debe. Pero los maestros insurrectos no son de la APPO o de alguna organización izquierdista, sino todo lo contrario, es decir, son los que en meses pasados se prestaron a realizarle un servicio de esquirolaje al ingrato gobernador Ruiz, dando clases alternas, a nombre de la sección 59 del SNTE, creada especialmente por Elba Esther Gordillo para dividir al magisterio combativo, agrupado en la 22, que estaba en paro. A Ulises nada más le faltaría pelearse con su espejo… Y, mientras los diputados federales confirman que el apodo de Caballo negro no es gratuito –en todo caso, zoológicamente en un escalón superior– en Alberto Cárdenas Jiménez, ¡feliz fin de semana!
Unión Europea: integración que discrimina
Editorial
A partir de hoy, millones de personas podrán transitar libremente, sin las restricciones del control fronterizo, por 24 países europeos. Esto será posible con la inserción de nueve naciones, en su mayoría del otrora bloque socialista, que ingresaron a la Unión Europea en 2004, en el llamado espacio de Schengen, establecido originalmente con la firma de un acuerdo del mismo nombre entre Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo en 1985.
El hecho reviste gran importancia histórica y social: por un lado, se sigue eliminando la frontera ideológica que partía a Europa en dos bloques: los países capitalistas y los socialistas, aliados de Washington y de la extinta Unión Soviética, respectivamente, al tiempo que se da un paso por demás significativo en el contexto de las tareas de integración regional.
Por otro lado, no deja de llamar la atención que este hecho empate con la proliferación de posturas antinmigrantes –de los gobiernos y la población– en países de Europa occidental, como ha quedado de manifiesto con el proyecto de ley en materia de migración presentado por el presidente francés Nicolás Sarkozy y aprobado en octubre pasado por el Parlamento de ese país, que establece restricciones a la reagrupación familiar de los inmigrantes. En este contexto, no parece ser que la extensión del espacio de Schengen vaya a terminar con la visión de ese fenómeno como un problema indeseable: los controles fronterizos simplemente serán trasladados a otros puntos, que se reforzarán para cerrar el paso a la migración extracomunitaria de quienes buscan en el viejo continente mejores condiciones de vida, lo que es considerado por amplios sectores de la sociedad europea como un detonador de la inseguridad y la delincuencia.
Al respecto, hay que recordar que la migración es un fenómeno social inevitable que no se detendrá en las circunstancias actuales porque está estrechamente relacionado con la estructura económica injusta del mundo contemporáneo: el comercio y las finanzas internacionales están diseñados para propiciar la concentración de riqueza en un puñado de naciones industrializadas y, en contrapartida, condenan al hambre a las poblaciones de los países pobres. En tanto que esta situación prevalezca, la migración –legal e ilegal– seguirá creciendo en los países ricos de Europa, y no habrá leyes, rejas o muros que puedan contenerla; la harán, a lo sumo, más ardua y peligrosa para quienes huyen de la pobreza.
Además, se espera que ahora, con la posibilidad de libre tránsito en el área comunitaria, muchos habitantes de Europa del este migrarán a las naciones económicamente más fuertes, lo que representará una fuga de la mano de obra en la industria local de los países menos poderosos, que en algunos casos tendrán que echar mano de los migrantes ilegales, siempre más expuestos a los abusos precisamente por carecer de documentos.
En suma, es de saludarse la ampliación del espacio de Schengen, pues implica la eliminación de los obstáculos para el libre desplazamiento de las personas en una vasta extensión del viejo continente y, con ello, el reconocimiento de un fenómeno característico de las sociedades humanas. A tono con esa tendencia, sin embargo, lo deseable sería frenar las expresiones de repudio –por parte de los gobiernos y la población– a los migrantes asiáticos, africanos y latinoamericanos, y que se reconozca la aportación fundamental que éstos hacen a la economía y la cultura europeas. En esa medida, el objetivo de abolir las fronteras que subyace a la ampliación del espacio de Schengen cobrará mayor sentido para Europa y para el mundo.
A partir de hoy, millones de personas podrán transitar libremente, sin las restricciones del control fronterizo, por 24 países europeos. Esto será posible con la inserción de nueve naciones, en su mayoría del otrora bloque socialista, que ingresaron a la Unión Europea en 2004, en el llamado espacio de Schengen, establecido originalmente con la firma de un acuerdo del mismo nombre entre Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo en 1985.
El hecho reviste gran importancia histórica y social: por un lado, se sigue eliminando la frontera ideológica que partía a Europa en dos bloques: los países capitalistas y los socialistas, aliados de Washington y de la extinta Unión Soviética, respectivamente, al tiempo que se da un paso por demás significativo en el contexto de las tareas de integración regional.
Por otro lado, no deja de llamar la atención que este hecho empate con la proliferación de posturas antinmigrantes –de los gobiernos y la población– en países de Europa occidental, como ha quedado de manifiesto con el proyecto de ley en materia de migración presentado por el presidente francés Nicolás Sarkozy y aprobado en octubre pasado por el Parlamento de ese país, que establece restricciones a la reagrupación familiar de los inmigrantes. En este contexto, no parece ser que la extensión del espacio de Schengen vaya a terminar con la visión de ese fenómeno como un problema indeseable: los controles fronterizos simplemente serán trasladados a otros puntos, que se reforzarán para cerrar el paso a la migración extracomunitaria de quienes buscan en el viejo continente mejores condiciones de vida, lo que es considerado por amplios sectores de la sociedad europea como un detonador de la inseguridad y la delincuencia.
Al respecto, hay que recordar que la migración es un fenómeno social inevitable que no se detendrá en las circunstancias actuales porque está estrechamente relacionado con la estructura económica injusta del mundo contemporáneo: el comercio y las finanzas internacionales están diseñados para propiciar la concentración de riqueza en un puñado de naciones industrializadas y, en contrapartida, condenan al hambre a las poblaciones de los países pobres. En tanto que esta situación prevalezca, la migración –legal e ilegal– seguirá creciendo en los países ricos de Europa, y no habrá leyes, rejas o muros que puedan contenerla; la harán, a lo sumo, más ardua y peligrosa para quienes huyen de la pobreza.
Además, se espera que ahora, con la posibilidad de libre tránsito en el área comunitaria, muchos habitantes de Europa del este migrarán a las naciones económicamente más fuertes, lo que representará una fuga de la mano de obra en la industria local de los países menos poderosos, que en algunos casos tendrán que echar mano de los migrantes ilegales, siempre más expuestos a los abusos precisamente por carecer de documentos.
En suma, es de saludarse la ampliación del espacio de Schengen, pues implica la eliminación de los obstáculos para el libre desplazamiento de las personas en una vasta extensión del viejo continente y, con ello, el reconocimiento de un fenómeno característico de las sociedades humanas. A tono con esa tendencia, sin embargo, lo deseable sería frenar las expresiones de repudio –por parte de los gobiernos y la población– a los migrantes asiáticos, africanos y latinoamericanos, y que se reconozca la aportación fundamental que éstos hacen a la economía y la cultura europeas. En esa medida, el objetivo de abolir las fronteras que subyace a la ampliación del espacio de Schengen cobrará mayor sentido para Europa y para el mundo.
jueves, diciembre 20, 2007
Boletín Informativo ISA núm 297
http://www.serviciodenoticiasis
DOS RECURSOS FUNDAMENTALES: NUESTRO PUEBLO Y EL PETRÓLEO, PUEDEN SERVIR DE PALANCAS PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, SEÑALA LÓPEZ OBRADOR
Durante la más reciente emisión del programa La verdad sea dicha, el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador hizo un balance de lo que ha significado el trabajo desde abajo a través de la visita a más de mil municipios del país para la organización del movimiento de transformación del país; asimismo, ha opinado sobre las perspectivas de esa lucha para el año por venir. A continuación, el servicio de noticias ISA transcribe su mensaje semanal televisivo.
Este domingo terminé mi recorrido de cuatro días, comencé el jueves, por 25 municipios del estado de Hidalgo. Ya termino mis recorridos de este año; he llegado a 1098 municipios, la mitad de los municipios del país.
Es una experiencia extraordinaria, es decir, abajo, conociendo más nuestro país, nuestra patria; son momentos que viví de mucha tristeza, de coraje incluso por esa marginación, por el cacicazgo predominante en muchas regiones del país, pero también pude constatar la fortaleza de nuestro pueblo, la fortaleza cultural de nuestro pueblo, lo extraordinario que es el amor al trabajo, la vocación al trabajo que tiene nuestro pueblo, que está ahí, esperando convocatorias generosas para poder sacar todo su talento, toda su imaginación, toda su creatividad. Es un pueblo que tiene 10 mil años de existencia, tenemos una cultura milenaria y eso es lo que nos va a permitir salir adelante.
Se va la gente a trabajar a Estados Unidos porque no hay oportunidades aquí, pero cuando cambiemos este régimen de corrupción, de privilegios, cuando haya oportunidades, cuando no se cancele el futuro para millones de mexicanos, sobre todo para los jóvenes, vamos a poder sacar adelante todo ese talento, toda esa grandeza.
Ahora estamos admirados por lo que están haciendo en China y pensamos que es porque son muchos, mil 400 millones de habitantes, o porque tienen una mano de obra barata. Sí, todo eso es importante, pero lo fundamental, lo que ha permitido el éxito de China, es desde luego su cultura milenaria, que también de esa cultura milenaria se desprende una vocación productiva, una vocación por el trabajo.
Eso lo tenemos nosotros. Y el otro recurso es el petróleo, yo insisto en eso, en todo lo que podemos hacer si se maneja racionalmente el petróleo, si se maneja eficazmente el recurso petrolero, si le damos valor agregado a la materia prima, si aquí refinamos nuestro petróleo, si aquí convertimos el petróleo en productos petroquímicos, si aquí se generan los empleos, yo estoy seguro que México puede convertirse en una potencia energética.
Desde luego, todo esto pasa porque no se permita que el petróleo pase a manos de particulares, que no se entregue el petróleo a extranjeros, que el petróleo siga siendo propiedad de la nación. Dos recursos fundamentales: nuestro pueblo y el petróleo. Desde luego hay muchos otros recursos. Estoy hablando de dos recursos que pueden ser la palanca, que pueden servir de palancas para el desarrollo de México.
Me he encontrado con todo esto en las giras. Yo quiero agradecer a toda la gente que asiste a los actos, a las asambleas. Vamos a continuar el año próximo para terminar de recorrer todos los municipios del país, vamos a terminar en diciembre del año próximo este recorrido. Nos ha ido muy bien y vamos a seguir trabajando. Estamos muy bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia, estamos bien con el prójimo, estamos optimistas. Estamos repuestos, después del golpe que significó el fraude electoral. El futuro es nuestro. Y ahora sí que: vamos a sonreír porque vamos a triunfar.
Fracaso de Calderón
Durante el primer año del régimen calderonista, la canasta básica subió su precio en un 35%, mientras que el salario mínimo sólo 4.5 por ciento / Por la Navidad, hay productos que subieron hasta un 250%
MEXICO, D.F., 19 de diciembre (LA JORNADA).- En el primer año de régimen calderonista, la canasta básica del mexicano integrada por 42 alimentos y productos de limpieza e higiene personal- ha subido su precio en 35 por ciento, mientras que el salario mínimo sólo 4.5 por ciento.
Así, mientras en diciembre del 2006, una familia requería 818.44 pesos para su adquisición, hoy debe gastar para los mismos artículos, mil 103.63 pesos.
Esta variación es siete veces superior al incremento que en el mismo periodo tuvieron los salarios contractuales o los que se pagan en la industria manufacturera que fueron de 4.5 por ciento en promedio, según información de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y del Banco de México, respectivamente.
De este modo, y más allá de lo que oficialmente se reporta para este año, como el aumento de 3.9 en la tasa de inflación para el conjunto de la economía, los precios de los productos básicos han experimentado alzas incluso superiores al cien por ciento.
De acuerdo con un seguimiento puntual a los productos que consigna la Profeco para los componentes de la canasta básica de consumo, destacan en esas alzas, la harina de trigo que pasó de 5.25 pesos por kilogramo en diciembre del 2006 a 10.50 el pasado 15 de diciembre, y las lentejas, con un aumento de 102.5 por ciento, al incrementarse de 4 a 8.10 pesos el kilogramo.
Sin bien este repunte de precios general se mantuvo constante a lo largo del año, fue especialmente severo a partir de octubre cuando fue aprobado un impuesto adicional del 5 por ciento al consumo de gasolina. Aunque régimen calderonista pospuso ese incremento hasta el próximo primero de enero, el mero anuncio devino en una inmediata escalada de aumentos.
Así, el encarecimiento a los satisfactores básicos es ya tema de conversación recurrente entre la población que a diario los resiente en su bolsillo.
Y no es para menos, hace un año, el litro de aceite marca Capullo costaba 17.60 pesos y hoy ya se vende en 25.90 pesos, esto es, un aumento del 47.16 por ciento.
Otro alimento fundamental en la dieta del mexicano, el frijol negro, pasó en el lapso analizado, de 9.60 pesos el kilogramo a 18 pesos, o sea, un aumento del 87.50 por ciento.
MEXICO, D.F., 19 de diciembre (LA JORNADA).- En el primer año de régimen calderonista, la canasta básica del mexicano integrada por 42 alimentos y productos de limpieza e higiene personal- ha subido su precio en 35 por ciento, mientras que el salario mínimo sólo 4.5 por ciento.
Así, mientras en diciembre del 2006, una familia requería 818.44 pesos para su adquisición, hoy debe gastar para los mismos artículos, mil 103.63 pesos.
Esta variación es siete veces superior al incremento que en el mismo periodo tuvieron los salarios contractuales o los que se pagan en la industria manufacturera que fueron de 4.5 por ciento en promedio, según información de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y del Banco de México, respectivamente.
De este modo, y más allá de lo que oficialmente se reporta para este año, como el aumento de 3.9 en la tasa de inflación para el conjunto de la economía, los precios de los productos básicos han experimentado alzas incluso superiores al cien por ciento.
De acuerdo con un seguimiento puntual a los productos que consigna la Profeco para los componentes de la canasta básica de consumo, destacan en esas alzas, la harina de trigo que pasó de 5.25 pesos por kilogramo en diciembre del 2006 a 10.50 el pasado 15 de diciembre, y las lentejas, con un aumento de 102.5 por ciento, al incrementarse de 4 a 8.10 pesos el kilogramo.
Sin bien este repunte de precios general se mantuvo constante a lo largo del año, fue especialmente severo a partir de octubre cuando fue aprobado un impuesto adicional del 5 por ciento al consumo de gasolina. Aunque régimen calderonista pospuso ese incremento hasta el próximo primero de enero, el mero anuncio devino en una inmediata escalada de aumentos.
Así, el encarecimiento a los satisfactores básicos es ya tema de conversación recurrente entre la población que a diario los resiente en su bolsillo.
Y no es para menos, hace un año, el litro de aceite marca Capullo costaba 17.60 pesos y hoy ya se vende en 25.90 pesos, esto es, un aumento del 47.16 por ciento.
Otro alimento fundamental en la dieta del mexicano, el frijol negro, pasó en el lapso analizado, de 9.60 pesos el kilogramo a 18 pesos, o sea, un aumento del 87.50 por ciento.
Golpes fatales: gasolinazo, impuestos y TLCAN
Javier LozanoPor Lilia Arellano
“Las promesas son olvidadas por los príncipes, nunca por el pueblo”.
Giussepe Manzini
Pasar una “Feliz Navidad” y un “Próspero Año Nuevo” en este 2007 se ha convertido en estos días en una mera formalidad, pues de todas partes -análisis económicos de firmas internacionales y nacionales, estudios de la iniciativa privada y hasta reportes oficiales- nos llegan amenazas, avisos, advertencias y alertas sobre la critica situación que se resentirá en todo el país a partir del primero de enero como consecuencia de la convergencia de varios factores que golpearán despiadadamente al de por si bajo nivel de vida de millones de mexicanos, entre los que destacan el gasolinazo, la nueva reforma fiscal con su catarata de impuestos y la apertura de la cláusula agraria del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Y para defenderse de ese despiadado ataque a su economía familiar, los trabajadores mexicanos no contarán con armas ni con parque. Para empezar, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense (CCEM), Peter Homberg Lehman, ya advirtió a los trabajadores de esa entidad, y los del resto del país también ya firmaron el acuse de recibo, que el incremento salarial para el próximo año no será mayor a cuatro por ciento, a pesar de que varios sindicatos han solicitado aumentos del 10 por ciento a fin de lograr compensar la pérdida del poder adquisitivo de sus afiliados.
Según el dirigente empresarial, la iniciativa privada del país no está en condiciones de atender la demanda de los trabajadores, ya que el panorama económico que se espera para el 2008 será muy difícil para las empresas. Incluso, adelantó que la negociación que habrá con los sindicatos en enero próximo será no para incrementar salarios, sino para ver la forma de mantener la plantilla laboral.
En el sector oficial los trabajadores no cuentan con ningún aliado. Hace unos días el propio secretario del Trabajo, el ex zedillista y negociador del caso “Zhenli Ye Gon”, Javier Lozano Alarcón, quien habla de todo lo que no sabe incluidos temas laborales, había señalado que los incrementos salariales para el próximo año tendrían que estar acorde con las estadísticas oficiales sobre la inflación, por lo que no se tenía ni por equivocación el propósito de intentar recuperar aunque sea un poco el poder adquisitivo de la clase mayoritaria. Tras anunciar que el próximo viernes se dará a conocer el incremento a los minisalarios, ese funcionario descartó de plano la unificación de las zonas geográficas de dichos salarios mínimos.
Al igual que sus antecesores en el cargo, el tristemente celebre químico Francisco Javier Salazar Sáenz, y el ultraconservador Carlos Abascal, Lozano Alarcón se ha convertido en un avezado abogado al servicio de las causas empresariales y en ese papel exhortó a los obreros a actuar con prudencia, para llegar a un acuerdo sobre el porcentaje de aumento, “sin que afecte las fuentes de empleo y el poder adquisitivo, tomando en cuenta el entorno económico que se prevé para el próximo año. Este inepto funcionario advirtió, como no queriendo la cosa, que no hay porqué darle pretextos al sector empresarial para reetiquetar los productos, provocar alzas de precios y, con ello, problemas inflacionarios.
Dentro del gabinete calderonista parece que sus integrantes desconocen en qué país viven o qué Estado es el que intentan administrar, pero eso sí, hablan y declaran a los medios de comunicación como si supieran de las áreas que abordan, demostrando con ello la brutal ignorancia que los acompaña a todas partes. Es en este contexto que se explican declaraciones como las del secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, quien sostuvo que los precios de la carne de res, cerdo, pollo, huevo, leche y tortilla “no deberían subir el próximo” por los precios del maíz o de insumos en el campo, “porque el gobierno apoyó durante este año la compra de grano a bajo precio”, a pesar de lo cual todas las amas de casa del país resintieron los brutales incrementos no sólo en las tortillas sino en la gran mayoría de productos de primera necesidad.
Otra declaración de antología fue la de Beatriz Zavala, quien cobra sin trabajar en la Secretaría de Desarrollo Social, quien señaló que los alimentos de la canasta básica continuarán blindados durante el próximo mediante lo que quedó de las tiendas Diconsa y Liconsa, “para que las personas que se encuentren en pobreza puedan tener acceso a esos productos. No conforme con eso, la Zavala también se atrevió a decir ante los micrófonos que “con el crecimiento económico que tiene el país no se pueden esperar escenarios catastróficos”, pues la pobreza en el país “se está reduciendo”. Para sustentar su afirmación explicó que son 14 millones 400 mil mexicanos los que viven actualmente en pobreza extrema y prometió que para 2012 se espera una reducción del 30 por ciento, lo que quiere decir que para 2008 se pasará de 13.8 a un 12.5 por ciento de pobreza extrema, con lo que “sólo” tendríamos a 13 millones de mexicanos sin siquiera un dólar para comer, con lo que a ese ritmo tal vez en el año 2030, si es que logramos llegar, se tenga un nación con cero pobreza.
Ya encarrerada en esa desequilibrada frecuencia, la Zavala dijo que la pobreza patrimonial, que abarca a la pobreza extrema y de capacidades, se podrá reducir de 42.1 por ciento del total de la población nacional a 41 por ciento para el 2008. ¡Qué avance tan impresionante!
Viene brutal alza de precios
Ni a Felipe Calderón, ni a Beatriz Zavala, ni a Alberto Cárdenas, ni a Javier Lozano, por referirnos sólo a los declarantes de este miércoles, el pueblo les cree una palabra al grado que hasta los maiceados representantes populares ponen en duda sus dichos. En el Congreso de la Unión, senadores y diputados alertaron sobre el inminente aumento en los precios de los productos básicos, a partir de enero, como consecuencia de la apertura agrícola prevista en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los legisladores consideraron que con la entrada en vigor del capítulo referente a ese rubro es necesario que se tome una decisión y se instale una mesa de negociación entre el Congreso y las autoridades competentes, para que se revise la política agropecuaria. El senador perredista Francisco Javier Castellano Fonseca, criticó que los responsables -o irresponsables en este caso- de la política económica del país traten de vender la idea de que la apertura comercial no afectará a quienes se dedican a las labores agrícolas ni, negativamente, a los consumidores.
También el diputado de Convergencia, Cuauhtémoc Velasco Oliva, sostuvo que la política agrícola requiere una revisión integral, en materia de apoyos y subsidios al campo, ya que, dijo, en el caso de Estados Unidos y Canadá son superiores a los que se otorgan en México. En ese sentido, el presidente de la organización de porcicultores de México, Mario Quintanilla, denunció que su sector registra una pérdida de 10 mil millones de pesos, situación que se agravará tras la apertura de la cláusula agraria del TLCAN en enero de 2008. Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo, Pablo Arreola Ortega, dijo que es una mera falacia el acuerdo suscrito entre la Secretaría de Economía y las tiendas departamentales. Sobre este asunto, el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Vicente Yánez Solloa, advirtió que el programa para establece descuentos a productos de consumo básico, que se denominará “Despensa Familiar 2008”, “no es un pacto ni implica subsidios, ni mucho menos significa regresar a estrategias pasadas como el control de precios”. Según el empresario, dicho programa incluirá 300 productos de 50 categorías de alimentos y estará vigente del 15 de enero al 31 de marzo próximos. Su objetivo principal es minimizar la expectativa en torno al aumento de la gasolina, sin embargo, admitió que el “gasolinazo” si puede derivar en un incremento a la inflación. OBREROS A LA CALLE
La entrada en vigor de la reforma fiscal, el incremento al precio de la gasolina y la apertura del TLCAN en su apartado agropecuario, lanzará a la calle a los sindicatos quienes protestarán por las afectaciones a las percepciones de los trabajadores, advirtió el secretario general del STUNAM, Agustín Rodríguez. Líderes de trabajadores agrupados en la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios han reconocido que mantienen diferencias de posición frente a la reforma fiscal y las medidas que habrán de tomar para hacer frente al deterioro del poder adquisitivo.
El dirigente del STUNAM consideró que los impuestos que se generen por la no deducibilidad de las prestaciones a los trabajadores que se contempla en el nuevo Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), sólo se debe absorber por los patrones sin que afecte a los trabajadores. A su vez, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la UAM, Hermelinda Hurtado, admitió que estudian la posibilidad de que las prestaciones formen parte del salario de los trabajadores, o en su defecto, podrían interponer un amparo contra la nueva legislación hacendaría. El panorama para los mexicanos el próximo año es en verdad negro: para empezar el crecimiento económico esperado para el cierre de 2007 es de 3.08 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) según especialistas en economía del sector privado.
La última encuesta del Banco de México en ese segmento revela que las expectativas de crecimiento económico para el 2008 disminuyeron de 3.36 a 3.33 por ciento del PIB, y en este punto no hay que olvidar que Agustín Carstens, el secretario de Hacienda, y su supuesto jefe, Felipe Calderón, nos vendieron la idea de la reforma fiscal prometiéndonos un crecimiento económico del 3.7 por ciento del PIB que, como ya se ve por todas partes, no se logrará ni yendo a bailar a Chalma.
Además, la inflación general en México cerrará en 2007 en un 3.84 por ciento. En la consulta de diciembre del Banco Central entre 31 grupos de análisis y consultoría del sector privado, el pronóstico para la inflación subyacente, visto como un mejor parámetro de la tendencia de los precios, subió a 3.9 por ciento desde el 3.87 ciento de la consulta previa. Y para el 2008 se espera un aumento del 3.86 por ciento para el índice general de inflación, mayor que el 3.77 previo. Y todo esto, que conste, en base a datos oficiales.
La Secretaría de Hacienda dio a conocer el Plan Anual de Financiamiento: el programa económico para el año que entra autoriza endeudamiento interno del gobierno federal por 220 mil millones de pesos. Las necesidades brutas de financiamiento del gobierno federal en 2008, las cuales cubren tanto los vencimientos como el endeudamiento neto, se estima en 7.8 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, más del doble de lo que se espera que crezca nuestra economía.
De los pasillos
Salvador Rivera Castrellón, calificó como bueno el anuncio de Felipe Calderón de no incrementar las cuotas de peaje, pero recordó que la medida es insuficiente porque actualmente el peaje aumenta el 12 por ciento del costo del flete. El presidente de la Unión Nacional de Transportistas Campesinos y Marítimos (Untrac) dijo que lo que el estado debe de hacer es dejar de cobrar las cuotas de peaje para enfrentar en iguales condiciones a los socios comerciales del TLCAN, ya que en Canadá y Estados Unidos no se cobra este tipo de impuestos. También subrayó que el país no podrá ser competitivo con el diesel caro, impuestos elevados o intereses anuales de financiamiento que llegan a ser hasta de 33 por ciento...
( lilia_arellano@yahoo.com)
NO hay dinero
Por Esto! jueves, 20 diciembre 2007
* El Gobierno de Tabasco carece de recursos para aportar al Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) los 3 mil 500 millones de pesos que le corresponden por Ley con el fin de destinarlos a la reconstrucción del Estado, reconoce el Gobernador Andrés Granier
* “Que nos ayuden, nosotros no somos mala paga, somos buena paga, pero de dónde lo tomamos. Necesitamos muchos recursos para devolverle al campo y a la gente todo lo que ha perdido”, clama
* NO se levanta la alerta en Tabasco ante el riesgo de nuevos desbordamientos e inundaciones / Pide se condone el pago del servicio de energía eléctrica de los meses de noviembre, diciembre y enero
VILLAHERMOSA, Tabasco, 19 de diciembre (APRO/UNIVERSAL/NTX/LA JORNADA).- El Gobierno de Tabasco carece de recursos para aportar al Fondo Nacional de Desastres los 3 mil 500 millones de pesos que le corresponden por ley, con el fin de destinarlos a la reconstrucción del Estado, confesó hoy el Gobernador Andrés Granier.
“El Gobierno del Estado no está en la posibilidad de aportarle al FONDEN la parte que le corresponde”, dijo y añadió que por esa razón solicitará apoyo a al espurio Felipe Calderón.
“Que nos ayuden, nosotros no somos mala paga, somos buena paga, pero de dónde lo tomamos. Necesitamos muchos recursos para devolverle al campo y a la gente todo lo que ha perdido”, manifestó.
El Mandatario adelantó que mañana jueves, si no hay cambios en la agenda, Calderón visitará la zona del canal que fue abierto en el Alto Grijalva y, posteriormente, dijo, visitará el Estado para dar un mensaje a los tabasqueños, sobre lo acordado en la reunión que ambos sostuvieron el pasado viernes en Los Pinos.
Granier reveló que en la reunión con Calderón le planteó que Tabasco está imposibilitado de aportar la mitad de los siete mil millones de pesos del FONDEN; además, le solicitó autorizar la condonación del pago del servicio de energía eléctrica de los meses de noviembre, diciembre y enero.
También pidió que se ampliara a un mayor número de personas de el reparto de vales de 10 mil pesos para que cada familia afectada reponga enseres domésticos; así como la entrega de los apoyos de 10 mil pesos que muchos microempresarios no han recibido.
Continúa la alerta
Respecto a la liberación de las aguas del río Grijalva y su escurrimiento a la planicie tabasqueña a través de los ríos Mezcalpa, Samaria y Carrizal, Granier Melo dijo que las cosas van bien, pero aclaró que no bajarán la guardia porque los riesgos continúan.
“Ha pasado conforme a lo planeado pero seguimos con preocupación que pudiera suscitarse un derrumbe y poner en riesgo la estabilidad del canal, por eso no hemos levantado la alerta”, afirmó.
Sobre las familias evacuadas de las zonas de riesgo, aseguró que la mayoría atendió el llamado y sólo quedaron unos “poquitos”.
Al respecto, el comandante de la policía estatal, Jesús García, confirmó que desde las 22:00 horas del miércoles se prohibió a cualquier persona entrar o salir de las 25 comunidades evacuadas –de los municipios de Centro (Villahermosa), Nacajuca y Cárdenas—para evitar cualquier acto de rapiña.
El objetivo, aseguró el jefe policíaco, es brindar certidumbre a la población de que sus viviendas y patrimonios serán bien vigilados y no serán presa del pillaje.
Sin incidentes
Mientras, el director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), José Luis Luege Tamargo, dijo hoy que el trasvase de aguas del río Grijalva se está llevando a cabo sin incidentes ni inundaciones.
El titular de la CONAGUA señaló que este jueves se presentará un informe final de la operación de reapertura controlada del río. No obstante, aclaró que todavía queda por supervisar el aumento del caudal de los ríos de Tabasco y Chiapas.
En entrevista radiofónica, sostuvo que el destaponamiento del segundo río más caudaloso del país se desarrolló sin incidentes y sin deslizamientos de tierra en la zona.
Sin embargo, consideró importante seguir vigilando la evolución del canal, de 800 metros de longitud, 100 de ancho y 120 de profundidad.
Por dicho canal, dijo, circulan hoy 50 metros cúbicos de agua por segundo, indicó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un comunicado.
Esta vía fue abierta después que “una falla geológica, sin precedente, uno de los deslizamientos de tierra más grande en la historia moderna”, ocurriera el 4 de noviembre y cegara el cauce del segundo río más caudaloso de México durante 44 días, dijo Luege.
Dos presas, Malpaso y Peñitas, han servido para regular el cauce del Grijalva, cuyas aguas progresivamente están llenando otros ríos de Tabasco, el Samaria y Carrizal.
Pero en Chiapas, la Subsecretaría de Protección Civil confirmó que por lo menos un centenar de casas, de 33 comunidades ubicadas a lo largo del río Grijalva, resultaron inundadas, luego de la apertura de las compuertas y del encendido de las turbinas de la presa Malpaso.
Sin embargo, la dependencia aclaró que no hubo víctimas porque los habitantes de esos lugares fueron reubicados anticipadamente en distintos albergues.
Según las autoridades estatales, la apertura de las compuertas tuvo por objeto provocar que el agua arrastrara el sedimento acumulado en el tapón del río Juan de Grijalva.
Después de 36 horas de la remoción del tapón, el nivel del agua entre la zona del derrumbe y los 40 kilómetros río arriba del Grijalva, hasta llegar a la presa hidroeléctrica de Malpaso, las aguas subieron su nivel.
Unas cien casas quedaron cubiertas por el desbordamiento del río Grijalva, ocasionado éste por el desfogue de las presas Malpaso y Peñitas, que reinició el martes cuando se logró retirar el tapón de tierra que se formó en San Juan de Grijalva, municipio de Ostuacán, Chiapas, y obstruía el canal.
Luis Manuel García Moreno, subsecretario de Protección Civil del Gobierno del Estado, dijo que las viviendas se ubican en las 33 comunidades ubicadas a lo largo de los 40 kilómetros de ribera que van de Malpaso a la zona del tapón, mismas que fueron evacuadas ante el riesgo de inundaciones.
En tanto río abajo, unos 12 kilómetros rumbo a Peñitas, el nivel ha subido pero de manera casi imperceptible, pues aquí también se han encendido las turbinas para generar electricidad y liberar el líquido.
Entre el canal y la presa Malpaso se ubican unas 33 comunidades, las que este día lucieron como auténticos “pueblos fantasma”, pues desde el pasado fin de semana el gobierno estatal ordenó su evacuación.
En la presa Malpaso el agua alcanzó una altura tal que los animales que pastaban en los potreros se vieron obligados a subir a lomas más pronunciadas, en tanto que en Peñitas el nivel del agua descendió tanto que las lanchas ya tocaban tierra desde hace cuatro semanas.
Aunque no son muchas las casas anegadas, de tres a cinco por comunidad, éstas ya habían sido desalojadas e incluso los dueños habían sacado sus pertenencias.
Una de las comunidades más grandes desalojadas fue la de Rómulo Calzada, donde unos 2 mil 500 habitantes abandonaron temporalmente sus hogares.
Así, expertos y autoridades de Protección Civil del Estado aseguraron que un día después de la apertura del tapón y la operación del canal de desagüe en el Alto Grijalva, el proceso de desfogue se realiza de manera normal y sin incidentes, bajo la estricta vigilancia y supervisión de expertos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Las aguas del caudaloso río empezaron a correr de nuevo el martes pasado, luego se permanecer bloqueado durante 44 días, frente a la comunidad Juan de Grijalva, del municipio de Ostuacán, tras la caída de un cerro aledaño que a su pasó dejó una estela de 19 muertos y seis personas que aún son buscadas en tierra y bajo las aguas.
El líquido se desplaza gradualmente a lo largo de un canal de 800 metros de largo por 100 de ancho, que paulatinamente se irá extendiendo y profundizando.
Como parte de los reportes del estado que guarda el manejo del canal en el río Grijalva, las comisiones Federal de Electricidad (CFE) y Nacional del Agua (CNA reportan operaciones normales y sin incidentes.
Destacan que hasta el momento el canal opera con normalidad y sin incidentes en su funcionamiento, debido a que desde su apertura, ocurrida la víspera, es monitoreado y supervisado las 24 horas del día por ingenieros especializados.
El avance erosivo registrado en los primeros 100 metros del canal que liberó la corriente del río Grijalva, a 24 horas de su culminación, dio optimismo a las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), al considerar que esa obra empieza a cumplir su propósito.
El objetivo es que los niveles de agua de ambos lados del canal de 800 metros de longitud, alcancen una altura igual y con ello evitar un paso abrupto del agua procedente de la presa Malpaso que se dirige hacia la de Peñitas.
Cuando exista una sola altura del nivel del agua, dejará de ser un riesgo para la población de Tabasco, y se estima que máximo sea en ocho días más.
Mientras, de última hora la Secretaría de Salud (SSA) decidió que este jueves no se levantará la alerta sanitaria en Tabasco como estaba previsto, hasta que las 20 mil personas que fueron ubicadas en albergues desde el pasado viernes, regresen a sus hogares.
A causa de la liberación del cauce del río Grijalva que se logró el pasado martes, las autoridades federales y estatales decidieron que los habitantes de las zonas aledañas deberían ubicarse en lugares seguros, ante el riesgo de un nuevo desbordamiento e inundaciones.
Hasta anoche la situación se mantenía bajo control.
Sin embargo, con la finalidad de garantizar la seguridad de los tabasqueños, la SSA mantendrá la alerta sanitaria.
* El Gobierno de Tabasco carece de recursos para aportar al Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) los 3 mil 500 millones de pesos que le corresponden por Ley con el fin de destinarlos a la reconstrucción del Estado, reconoce el Gobernador Andrés Granier
* “Que nos ayuden, nosotros no somos mala paga, somos buena paga, pero de dónde lo tomamos. Necesitamos muchos recursos para devolverle al campo y a la gente todo lo que ha perdido”, clama
* NO se levanta la alerta en Tabasco ante el riesgo de nuevos desbordamientos e inundaciones / Pide se condone el pago del servicio de energía eléctrica de los meses de noviembre, diciembre y enero
VILLAHERMOSA, Tabasco, 19 de diciembre (APRO/UNIVERSAL/NTX/LA JORNADA).- El Gobierno de Tabasco carece de recursos para aportar al Fondo Nacional de Desastres los 3 mil 500 millones de pesos que le corresponden por ley, con el fin de destinarlos a la reconstrucción del Estado, confesó hoy el Gobernador Andrés Granier.
“El Gobierno del Estado no está en la posibilidad de aportarle al FONDEN la parte que le corresponde”, dijo y añadió que por esa razón solicitará apoyo a al espurio Felipe Calderón.
“Que nos ayuden, nosotros no somos mala paga, somos buena paga, pero de dónde lo tomamos. Necesitamos muchos recursos para devolverle al campo y a la gente todo lo que ha perdido”, manifestó.
El Mandatario adelantó que mañana jueves, si no hay cambios en la agenda, Calderón visitará la zona del canal que fue abierto en el Alto Grijalva y, posteriormente, dijo, visitará el Estado para dar un mensaje a los tabasqueños, sobre lo acordado en la reunión que ambos sostuvieron el pasado viernes en Los Pinos.
Granier reveló que en la reunión con Calderón le planteó que Tabasco está imposibilitado de aportar la mitad de los siete mil millones de pesos del FONDEN; además, le solicitó autorizar la condonación del pago del servicio de energía eléctrica de los meses de noviembre, diciembre y enero.
También pidió que se ampliara a un mayor número de personas de el reparto de vales de 10 mil pesos para que cada familia afectada reponga enseres domésticos; así como la entrega de los apoyos de 10 mil pesos que muchos microempresarios no han recibido.
Continúa la alerta
Respecto a la liberación de las aguas del río Grijalva y su escurrimiento a la planicie tabasqueña a través de los ríos Mezcalpa, Samaria y Carrizal, Granier Melo dijo que las cosas van bien, pero aclaró que no bajarán la guardia porque los riesgos continúan.
“Ha pasado conforme a lo planeado pero seguimos con preocupación que pudiera suscitarse un derrumbe y poner en riesgo la estabilidad del canal, por eso no hemos levantado la alerta”, afirmó.
Sobre las familias evacuadas de las zonas de riesgo, aseguró que la mayoría atendió el llamado y sólo quedaron unos “poquitos”.
Al respecto, el comandante de la policía estatal, Jesús García, confirmó que desde las 22:00 horas del miércoles se prohibió a cualquier persona entrar o salir de las 25 comunidades evacuadas –de los municipios de Centro (Villahermosa), Nacajuca y Cárdenas—para evitar cualquier acto de rapiña.
El objetivo, aseguró el jefe policíaco, es brindar certidumbre a la población de que sus viviendas y patrimonios serán bien vigilados y no serán presa del pillaje.
Sin incidentes
Mientras, el director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), José Luis Luege Tamargo, dijo hoy que el trasvase de aguas del río Grijalva se está llevando a cabo sin incidentes ni inundaciones.
El titular de la CONAGUA señaló que este jueves se presentará un informe final de la operación de reapertura controlada del río. No obstante, aclaró que todavía queda por supervisar el aumento del caudal de los ríos de Tabasco y Chiapas.
En entrevista radiofónica, sostuvo que el destaponamiento del segundo río más caudaloso del país se desarrolló sin incidentes y sin deslizamientos de tierra en la zona.
Sin embargo, consideró importante seguir vigilando la evolución del canal, de 800 metros de longitud, 100 de ancho y 120 de profundidad.
Por dicho canal, dijo, circulan hoy 50 metros cúbicos de agua por segundo, indicó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un comunicado.
Esta vía fue abierta después que “una falla geológica, sin precedente, uno de los deslizamientos de tierra más grande en la historia moderna”, ocurriera el 4 de noviembre y cegara el cauce del segundo río más caudaloso de México durante 44 días, dijo Luege.
Dos presas, Malpaso y Peñitas, han servido para regular el cauce del Grijalva, cuyas aguas progresivamente están llenando otros ríos de Tabasco, el Samaria y Carrizal.
Pero en Chiapas, la Subsecretaría de Protección Civil confirmó que por lo menos un centenar de casas, de 33 comunidades ubicadas a lo largo del río Grijalva, resultaron inundadas, luego de la apertura de las compuertas y del encendido de las turbinas de la presa Malpaso.
Sin embargo, la dependencia aclaró que no hubo víctimas porque los habitantes de esos lugares fueron reubicados anticipadamente en distintos albergues.
Según las autoridades estatales, la apertura de las compuertas tuvo por objeto provocar que el agua arrastrara el sedimento acumulado en el tapón del río Juan de Grijalva.
Después de 36 horas de la remoción del tapón, el nivel del agua entre la zona del derrumbe y los 40 kilómetros río arriba del Grijalva, hasta llegar a la presa hidroeléctrica de Malpaso, las aguas subieron su nivel.
Unas cien casas quedaron cubiertas por el desbordamiento del río Grijalva, ocasionado éste por el desfogue de las presas Malpaso y Peñitas, que reinició el martes cuando se logró retirar el tapón de tierra que se formó en San Juan de Grijalva, municipio de Ostuacán, Chiapas, y obstruía el canal.
Luis Manuel García Moreno, subsecretario de Protección Civil del Gobierno del Estado, dijo que las viviendas se ubican en las 33 comunidades ubicadas a lo largo de los 40 kilómetros de ribera que van de Malpaso a la zona del tapón, mismas que fueron evacuadas ante el riesgo de inundaciones.
En tanto río abajo, unos 12 kilómetros rumbo a Peñitas, el nivel ha subido pero de manera casi imperceptible, pues aquí también se han encendido las turbinas para generar electricidad y liberar el líquido.
Entre el canal y la presa Malpaso se ubican unas 33 comunidades, las que este día lucieron como auténticos “pueblos fantasma”, pues desde el pasado fin de semana el gobierno estatal ordenó su evacuación.
En la presa Malpaso el agua alcanzó una altura tal que los animales que pastaban en los potreros se vieron obligados a subir a lomas más pronunciadas, en tanto que en Peñitas el nivel del agua descendió tanto que las lanchas ya tocaban tierra desde hace cuatro semanas.
Aunque no son muchas las casas anegadas, de tres a cinco por comunidad, éstas ya habían sido desalojadas e incluso los dueños habían sacado sus pertenencias.
Una de las comunidades más grandes desalojadas fue la de Rómulo Calzada, donde unos 2 mil 500 habitantes abandonaron temporalmente sus hogares.
Así, expertos y autoridades de Protección Civil del Estado aseguraron que un día después de la apertura del tapón y la operación del canal de desagüe en el Alto Grijalva, el proceso de desfogue se realiza de manera normal y sin incidentes, bajo la estricta vigilancia y supervisión de expertos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Las aguas del caudaloso río empezaron a correr de nuevo el martes pasado, luego se permanecer bloqueado durante 44 días, frente a la comunidad Juan de Grijalva, del municipio de Ostuacán, tras la caída de un cerro aledaño que a su pasó dejó una estela de 19 muertos y seis personas que aún son buscadas en tierra y bajo las aguas.
El líquido se desplaza gradualmente a lo largo de un canal de 800 metros de largo por 100 de ancho, que paulatinamente se irá extendiendo y profundizando.
Como parte de los reportes del estado que guarda el manejo del canal en el río Grijalva, las comisiones Federal de Electricidad (CFE) y Nacional del Agua (CNA reportan operaciones normales y sin incidentes.
Destacan que hasta el momento el canal opera con normalidad y sin incidentes en su funcionamiento, debido a que desde su apertura, ocurrida la víspera, es monitoreado y supervisado las 24 horas del día por ingenieros especializados.
El avance erosivo registrado en los primeros 100 metros del canal que liberó la corriente del río Grijalva, a 24 horas de su culminación, dio optimismo a las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), al considerar que esa obra empieza a cumplir su propósito.
El objetivo es que los niveles de agua de ambos lados del canal de 800 metros de longitud, alcancen una altura igual y con ello evitar un paso abrupto del agua procedente de la presa Malpaso que se dirige hacia la de Peñitas.
Cuando exista una sola altura del nivel del agua, dejará de ser un riesgo para la población de Tabasco, y se estima que máximo sea en ocho días más.
Mientras, de última hora la Secretaría de Salud (SSA) decidió que este jueves no se levantará la alerta sanitaria en Tabasco como estaba previsto, hasta que las 20 mil personas que fueron ubicadas en albergues desde el pasado viernes, regresen a sus hogares.
A causa de la liberación del cauce del río Grijalva que se logró el pasado martes, las autoridades federales y estatales decidieron que los habitantes de las zonas aledañas deberían ubicarse en lugares seguros, ante el riesgo de un nuevo desbordamiento e inundaciones.
Hasta anoche la situación se mantenía bajo control.
Sin embargo, con la finalidad de garantizar la seguridad de los tabasqueños, la SSA mantendrá la alerta sanitaria.
Los dilemas de Chávez
Nelson Soza Montiel
Argenpress
En un escenario muy similar al de Allende y sus tensiones con la Unidad Popular, tironeado entre entre ‘autoritarios’ y ‘demócratas’ o entre ‘radicales’ y ‘moderados’, Chávez puede intentar forzar el tránsito a una economía centralizada o poner paños fríos al proceso de cambios para recuperar el apoyo de los sectores más escépticos.
Pasarán aún varios meses antes de que sean digeridos del todo el elevado ausentismo electoral y la pérdida de tres millones de votos que en diciembre de 2006 dijeron SI a la elección de Hugo Chávez pero que un año después dijeron NO a su propuesta de nueva reforma constitucional. Es claro que una correcta lectura de ambos factores puede dar indistintamente la pauta al ‘chavismo’ para remontar su derrota y reforzar su proceso de cambios, o a los vencedores para asestar un golpe definitivo en las elecciones a gobernadores de 2008.
Pero no cabe duda de que es el seno de las propias fuerzas sociales partidarias de los cambios -al menos hasta ahora- donde radican las claves de ambos enigmas. El resultado del referendo refleja un indudable desplazamiento de quienes apoyan a Chávez y la irrupción de un ciudadano ‘de a pié’ cuya fisonomía sociopolítica no está del todo clara. Es posible que quiera ‘respeto, inclusión, igualdad de oportunidades, seguridad, inversiones y empleo’ -como sostienen algunos analistas del medio local, pensando básicamente en las capas de ingresos medios de la población. Pero también es probable que las respuestas deban buscarse en unos sectores poblacionales, muy organizados, cuyas demandas de participación no cuadran con lo que han visto hasta ahora.
El error de haber mezclado el tema de la reelección presidencial con las demás propuestas -entre ellas, la posibilidad de una mayor descentralización del poder en el ciudadano de a pié- ha sido mencionado como una explicación posible para la pérdida de apoyo electoral. Pero tras del supuesto de que los votos podrían trasvasijarse a la propuesta de una Constitución socialista emerge algo mucho más de fondo: ¿está madura Venezuela para transitar hacia un modelo que muchos continúan asociando con un aparato estatal centralizado e ineficiente, dirigido por una enorme y no pocas veces corrupta burocracia?
Como suele ocurrir en los regímenes donde un partido o una coalición partidaria se consolida en el poder por un largo período -generando estructuras clientelares utilizadas para acceder a los recursos públicos o a los resortes del poder-, el voto opositor venezolano parece albergar un rechazo a los vínculos poco trasparentes habidos entre el PSUV y el Estado (sucedió antes en la España de Felipe González y el PSOE, y de esa crítica tampoco han estado exentos en Chile los gobiernos de la Concertación).
En el caso venezolano, la misma dinámica de ‘empoderamiento’ popular insuflada por Chávez ha generado una brecha en la percepción respecto de quiénes deben conducir el proceso de cambios. Un amplio sector sostiene que aquéllos comenzaron en 1999 con la llegada de Chávez a la presidencia, y que su figura y el equipo dirigente que lo rodea son la clave del proceso. Otros, en cambio, arguyen que -con su irrupción desde el Caracazo de febrero de 1989- son los sectores populares los verdaderos protagonistas del proceso y en ellos radica la continuidad de su eventual profundización.
Entonces, el rechazo a la aparición de líderes infalibles y de un aparato centralizado que termina por sustituir a los sectores populares se extiende por defecto al temor de que sean el PSUV y la nueva dirigencia estatal quienes asuman la conducción de un modelo que además careció de tiempo y de voluntades para sometérselo a un abierto debate.
Algo de todo ello hay cuando, en los días siguientes al referendo, Chávez admitió: ‘Me equivoqué en la selección del momento estratégico para hacer la propuesta. Pudiera ser que esos tres o más millones aún no están maduros para asumir un proyecto abiertamente socialista’. Y José Albornoz, secretario general de Patria Para Todos -un pequeño partido de cuadros que apoya a Chávez- complementó: ‘El pueblo nos ha mandado una respuesta que estamos obligados a considerar: no tiene sentido una propuesta si el pueblo no la quiere, porque el socialismo no se decreta’.
Interrogantes y opciones
Dentro y fuera de Venezuela, algunos analistas advierten que la victoria del NO podría incluso fortalecer el proceso de cambios. De momento, el triunfo opositor ha permitido que se consolide una Constitución Bolivariana de 1999 que hasta ahora era sistemáticamente desconocida por la derecha venezolana. A su vez, el reconocimiento de la vigencia de un régimen democrático deslegitima cualquier intento golpista. Hasta ahí llega el consenso relativo. Pero a partir de ello los caminos se abren en un incierto abanico, y en muchos casos el escenario se asemeja a los dilemas del Presidente Salvador Allende y sus conflictos con los partidos de la Unidad Popular.
En el caso de la oposición, no está claro qué hará -o podría hacer- con su triunfo. Su confluencia durante el referendo no necesariamente se extrapola a la elaboración de un proyecto y de un frente común antichavista para las elecciones de gobernadores de 2008 y presidenciales de 2012. También podría intentar convocar en 2009 a un referendo revocatorio del mandato de Chávez -previsto por la Constitución para el tercer año de cada administración. El oficialismo especula que, de ser así, cabría la posibilidad de replantear el tema de la reelección indefinida.
En cuanto al ‘chavismo’, el referendo permitió el total afloramiento de una división entre ‘autoritarios’ y ‘demócratas’ o -si se quiere- entre ‘radicales’ y ‘moderados’. Chávez puede intentar forzar el tránsito a una economía centralizada o poner paños fríos al proceso de cambios para recuperar el apoyo de los sectores más escépticos.
Chávez ya ha anunciado que emprenderá la rectificación de los errores que provocaron su derrota electoral. Pero para recuperar los 3,5 millones de votantes que se abstuvieron deberá esforzarse en un combate a fondo contra la corrupción y avanzar en la estructuración de una nueva burocracia. Es claro que ya no podrá proponer otra reforma constitucional, pero sí una Asamblea Constituyente que dé a la transición al socialismo la legitimidad y fuerza necesarias. Ello tendría que hacerlo en algún momento antes de la elección presidencial de 2012.
Podría quedarse allí, y para los moderados sería bastante. Pero los radicales apuntan que también puede tensionar al máximo los espacios que le permite el marco constitucional y legal vigente. En este ámbito se inscribe un resuelto impulso a la participación popular a todos los niveles, garantizar el desarrollo de la reforma agraria, intervenir y aun nacionalizar los monopolios de la distribución de bienes, someter al capital financiero (‘con expropiaciones si es necesario’, dicen) para asegurar el crédito a los pequeños empresarios y la financiación de los programas de vivienda popular.
Las similitudes entre Allende y Chávez no terminan en las tensiones intestinas de sus respectivas bases partidarias y de un proyecto de cambios insuficientemente digeridos por las respectivas sociedades. También entonces como ahora ha quedado en claro que los liderazgos o los personalismos son ‘condición necesaria pero no suficiente’ para lograr que el colectivo social se empape de nuevos hábitos y conductas.
Argenpress
En un escenario muy similar al de Allende y sus tensiones con la Unidad Popular, tironeado entre entre ‘autoritarios’ y ‘demócratas’ o entre ‘radicales’ y ‘moderados’, Chávez puede intentar forzar el tránsito a una economía centralizada o poner paños fríos al proceso de cambios para recuperar el apoyo de los sectores más escépticos.
Pasarán aún varios meses antes de que sean digeridos del todo el elevado ausentismo electoral y la pérdida de tres millones de votos que en diciembre de 2006 dijeron SI a la elección de Hugo Chávez pero que un año después dijeron NO a su propuesta de nueva reforma constitucional. Es claro que una correcta lectura de ambos factores puede dar indistintamente la pauta al ‘chavismo’ para remontar su derrota y reforzar su proceso de cambios, o a los vencedores para asestar un golpe definitivo en las elecciones a gobernadores de 2008.
Pero no cabe duda de que es el seno de las propias fuerzas sociales partidarias de los cambios -al menos hasta ahora- donde radican las claves de ambos enigmas. El resultado del referendo refleja un indudable desplazamiento de quienes apoyan a Chávez y la irrupción de un ciudadano ‘de a pié’ cuya fisonomía sociopolítica no está del todo clara. Es posible que quiera ‘respeto, inclusión, igualdad de oportunidades, seguridad, inversiones y empleo’ -como sostienen algunos analistas del medio local, pensando básicamente en las capas de ingresos medios de la población. Pero también es probable que las respuestas deban buscarse en unos sectores poblacionales, muy organizados, cuyas demandas de participación no cuadran con lo que han visto hasta ahora.
El error de haber mezclado el tema de la reelección presidencial con las demás propuestas -entre ellas, la posibilidad de una mayor descentralización del poder en el ciudadano de a pié- ha sido mencionado como una explicación posible para la pérdida de apoyo electoral. Pero tras del supuesto de que los votos podrían trasvasijarse a la propuesta de una Constitución socialista emerge algo mucho más de fondo: ¿está madura Venezuela para transitar hacia un modelo que muchos continúan asociando con un aparato estatal centralizado e ineficiente, dirigido por una enorme y no pocas veces corrupta burocracia?
Como suele ocurrir en los regímenes donde un partido o una coalición partidaria se consolida en el poder por un largo período -generando estructuras clientelares utilizadas para acceder a los recursos públicos o a los resortes del poder-, el voto opositor venezolano parece albergar un rechazo a los vínculos poco trasparentes habidos entre el PSUV y el Estado (sucedió antes en la España de Felipe González y el PSOE, y de esa crítica tampoco han estado exentos en Chile los gobiernos de la Concertación).
En el caso venezolano, la misma dinámica de ‘empoderamiento’ popular insuflada por Chávez ha generado una brecha en la percepción respecto de quiénes deben conducir el proceso de cambios. Un amplio sector sostiene que aquéllos comenzaron en 1999 con la llegada de Chávez a la presidencia, y que su figura y el equipo dirigente que lo rodea son la clave del proceso. Otros, en cambio, arguyen que -con su irrupción desde el Caracazo de febrero de 1989- son los sectores populares los verdaderos protagonistas del proceso y en ellos radica la continuidad de su eventual profundización.
Entonces, el rechazo a la aparición de líderes infalibles y de un aparato centralizado que termina por sustituir a los sectores populares se extiende por defecto al temor de que sean el PSUV y la nueva dirigencia estatal quienes asuman la conducción de un modelo que además careció de tiempo y de voluntades para sometérselo a un abierto debate.
Algo de todo ello hay cuando, en los días siguientes al referendo, Chávez admitió: ‘Me equivoqué en la selección del momento estratégico para hacer la propuesta. Pudiera ser que esos tres o más millones aún no están maduros para asumir un proyecto abiertamente socialista’. Y José Albornoz, secretario general de Patria Para Todos -un pequeño partido de cuadros que apoya a Chávez- complementó: ‘El pueblo nos ha mandado una respuesta que estamos obligados a considerar: no tiene sentido una propuesta si el pueblo no la quiere, porque el socialismo no se decreta’.
Interrogantes y opciones
Dentro y fuera de Venezuela, algunos analistas advierten que la victoria del NO podría incluso fortalecer el proceso de cambios. De momento, el triunfo opositor ha permitido que se consolide una Constitución Bolivariana de 1999 que hasta ahora era sistemáticamente desconocida por la derecha venezolana. A su vez, el reconocimiento de la vigencia de un régimen democrático deslegitima cualquier intento golpista. Hasta ahí llega el consenso relativo. Pero a partir de ello los caminos se abren en un incierto abanico, y en muchos casos el escenario se asemeja a los dilemas del Presidente Salvador Allende y sus conflictos con los partidos de la Unidad Popular.
En el caso de la oposición, no está claro qué hará -o podría hacer- con su triunfo. Su confluencia durante el referendo no necesariamente se extrapola a la elaboración de un proyecto y de un frente común antichavista para las elecciones de gobernadores de 2008 y presidenciales de 2012. También podría intentar convocar en 2009 a un referendo revocatorio del mandato de Chávez -previsto por la Constitución para el tercer año de cada administración. El oficialismo especula que, de ser así, cabría la posibilidad de replantear el tema de la reelección indefinida.
En cuanto al ‘chavismo’, el referendo permitió el total afloramiento de una división entre ‘autoritarios’ y ‘demócratas’ o -si se quiere- entre ‘radicales’ y ‘moderados’. Chávez puede intentar forzar el tránsito a una economía centralizada o poner paños fríos al proceso de cambios para recuperar el apoyo de los sectores más escépticos.
Chávez ya ha anunciado que emprenderá la rectificación de los errores que provocaron su derrota electoral. Pero para recuperar los 3,5 millones de votantes que se abstuvieron deberá esforzarse en un combate a fondo contra la corrupción y avanzar en la estructuración de una nueva burocracia. Es claro que ya no podrá proponer otra reforma constitucional, pero sí una Asamblea Constituyente que dé a la transición al socialismo la legitimidad y fuerza necesarias. Ello tendría que hacerlo en algún momento antes de la elección presidencial de 2012.
Podría quedarse allí, y para los moderados sería bastante. Pero los radicales apuntan que también puede tensionar al máximo los espacios que le permite el marco constitucional y legal vigente. En este ámbito se inscribe un resuelto impulso a la participación popular a todos los niveles, garantizar el desarrollo de la reforma agraria, intervenir y aun nacionalizar los monopolios de la distribución de bienes, someter al capital financiero (‘con expropiaciones si es necesario’, dicen) para asegurar el crédito a los pequeños empresarios y la financiación de los programas de vivienda popular.
Las similitudes entre Allende y Chávez no terminan en las tensiones intestinas de sus respectivas bases partidarias y de un proyecto de cambios insuficientemente digeridos por las respectivas sociedades. También entonces como ahora ha quedado en claro que los liderazgos o los personalismos son ‘condición necesaria pero no suficiente’ para lograr que el colectivo social se empape de nuevos hábitos y conductas.
Formaciones políticas y agentes sociales critican la "democracia" española y sus instrumentos
Condenas brutales tras la sentencia del macrosumario 18/98
Rebelión/Gara
Instituciones, partidos políticos y distintos agentes sociales han denunciado el carácter político del macroproceso 18/98, y han criticado, a su vez, las penas impuestas a los encausados. Tras hacerse pública ayer la sentencia del sumario 18/98, diversos agentes de la sociedad vasca no han tardado en mostrar su desacuerdo con la misma y reiterar que se trata de "un juicio político".
Condenas brutales (Partido Comunista de los Pueblos de España)
El Comité Ejecutivo del PCPE emitió una declaración en la que consideraba que las sentencias dictadas "constituyen una brutal agresión, en primer lugar contra las personas condenadas, pero también contra el pueblo vasco y contra toda persona que tenga las más mínimas convicciones democráticas. Estas condenas constituyen una auténtica venganza contra la izquierda abertzale que lucha en Euskal Herría por los derechos nacionales del pueblo vasco".
Recordaba que "hombres y mujeres, que no han podido ser acusados de ninguna acción violenta, son condenados a fortísimas penas de cárcel por escribir, asociarse, reunirse y, en última instancia, por pensar de una determinada manera en relación a la cuestión del estado español y la posición de Euskal Herría con respecto al mismo". Al tiempo, "el manejo realizado durante la tramitación del sumario 18/98 ha demostrado de manera evidente la subordinación del mismo a los intereses políticos del gobierno. Demostrando, una vez más, la sumisión de las instituciones judiciales al gobierno de turno".
Igualmente, ha quedado clara "la falta de garantías en el desarrollo del proceso, así como las denuncias de torturas realizadas por varias de las personas inculpadas, convierten a este juicio en una auténtica farsa judicial. La Audiencia Nacional se iguala así con el antiguo Tribunal de Orden Público. Una y otro son expresión de las necesidades represivas de la dictadura del capital en cada momento histórico". "La actuación del gobierno, y de sus poderes, en este asunto no hace más que aumentar las dificultades para una resolución pacífica del conflicto de Euskal Herría, conduciendo el conflicto político existente a un callejón sin salida, y aumentando el sufrimiento del pueblo vasco de manera brutal. Esas son las premisas para promover la continuación de la violencia de todo tipo, no para su erradicación. El gobierno adquiere -en esta ocasión de una manera especial- una grave responsabilidad en la continuación de la violencia".
Por último el Comité Ejecutivo del PCPE expresa su solidaridad a las personas condenadas en esta causa, y llama a toda persona y/o organización social y política a movilizarse por la anulación de esta sentencia y por la puesta en libertad de las personas condenadas.
Askatasuna
Según Askatasuna, "una vez más, el Gobierno español ha llevado hasta el extremo su apuesta para terminar con la lucha por la independencia". Tras denunciar la "escalada represiva" de los estados español y francés, ha asegurado que "la represión no hará callar a este pueblo".
Eguzki
Para el colectivo ecologista Eguzki, el objetivo de la sentencia del 18/98 es "claro": "criminalizar y encarcelar a los disidentes vascos, incluidos los ecologistas".
Tras tildar de "violenta" la actuación del Estado español ante estos hechos, considera que a los encausados y miembros de Eguzki Sabino Ormazabal y Alberto Frías, al igual que al resto de los procesados, se les han impuesto severas condenas de cárcel "por impulsar un debate en torno a la desobediencia civil. Es decir, se les imputa un delito que cualquiera de nosotros podría haber cometido".
En opinión de este colectivo, "criminalizar la disidencia hasta el punto de condenar a prisión a esas personas por el mero hecho de suscitar un debate es el termómetro de la democracia española, que con esta sentencia ya marca varios grados bajo cero".
Aralar
El vicecoordinador de Aralar, Jon Abril, ha calificado de "barbaridad judicial" las penas impuestas a los procesados y ha denunciado la "motivación política" de este macroproceso. Asimismo, ha considerado que la sentencia demuestra "la nula separación entre el poder judicial y el poder ejecutivo en el Estado español".
PNV
El PNV ha denunciado la "politización y el descrédito" de una parte de la Justicia, que parece "no tener vuelta atrás".
"Este juicio, iniciado durante el mandato de José María Aznar, es un claro ejemplo de procesos judiciales inspirados en motivaciones políticas y que se amparan en leyes, tales como la Ley de Partidos, norma puesta en tela de juicio hasta por los tribunales internacionales", ha apuntado.
EAE-ANV
A EAE-ANV la lectura de la sentencia le ha recordado al proceso de Burgos y que "en Euskal Herria vivimos un Estado de excepción encubierto".
La formación ekintzale cree que el objetivo de la sentencia del sumario 18/98 busca "detener la lucha en favor de la independencia de Euskal Herria" y que "quieren encarcelar a Euskal Herria".
A pesar de ello, ha subrayado que el movimiento independentista "sigue vivo" y que hay "miles y miles de ciudadanos dispuestos a seguir trabajando y recoger el testigo", ya que "a ciudadanos sí, pero a las ideas e ideologías no se las puede ilegalizar ni encarcelar".
EHAK
EHAK ha registrado una iniciativa en el Parlamento de Gasteiz con el objetivo de que la Cámara exprese su "firme rechazo" al macroproceso 18/98, que responde "a la estrategia del Estado español y del PSOE para golpear a los cimientos de la construcción nacional".
Nafarroa Bai
El portavoz de Nafarroa Bai, Maiorga Rarmírez, ha opinado que la sentencia es "una aberración jurídica impulsada con objetivos e intereses puramente políticos" y que el fallo "se asemeja más a una novela literaria y se basa únicamente en tesis policiales no sustentadas en hechos concretos, llegando a conclusiones motivadas a priori por criterios políticos y no jurídicos".
EB
El portavoz parlamentario de EB, Oskar Matute, ha asegurado ver "con preocupación" la sentencia "porque ahonda en la línea emprendida por el Gabinete Aznar" y ha lamentado que el PSOE "se haya plegado a los intereses, dictados y visión del PP en torno a la situación en Euskadi, por temor a la inminencia de las elecciones generales".
Rebelión/Gara
Instituciones, partidos políticos y distintos agentes sociales han denunciado el carácter político del macroproceso 18/98, y han criticado, a su vez, las penas impuestas a los encausados. Tras hacerse pública ayer la sentencia del sumario 18/98, diversos agentes de la sociedad vasca no han tardado en mostrar su desacuerdo con la misma y reiterar que se trata de "un juicio político".
Condenas brutales (Partido Comunista de los Pueblos de España)
El Comité Ejecutivo del PCPE emitió una declaración en la que consideraba que las sentencias dictadas "constituyen una brutal agresión, en primer lugar contra las personas condenadas, pero también contra el pueblo vasco y contra toda persona que tenga las más mínimas convicciones democráticas. Estas condenas constituyen una auténtica venganza contra la izquierda abertzale que lucha en Euskal Herría por los derechos nacionales del pueblo vasco".
Recordaba que "hombres y mujeres, que no han podido ser acusados de ninguna acción violenta, son condenados a fortísimas penas de cárcel por escribir, asociarse, reunirse y, en última instancia, por pensar de una determinada manera en relación a la cuestión del estado español y la posición de Euskal Herría con respecto al mismo". Al tiempo, "el manejo realizado durante la tramitación del sumario 18/98 ha demostrado de manera evidente la subordinación del mismo a los intereses políticos del gobierno. Demostrando, una vez más, la sumisión de las instituciones judiciales al gobierno de turno".
Igualmente, ha quedado clara "la falta de garantías en el desarrollo del proceso, así como las denuncias de torturas realizadas por varias de las personas inculpadas, convierten a este juicio en una auténtica farsa judicial. La Audiencia Nacional se iguala así con el antiguo Tribunal de Orden Público. Una y otro son expresión de las necesidades represivas de la dictadura del capital en cada momento histórico". "La actuación del gobierno, y de sus poderes, en este asunto no hace más que aumentar las dificultades para una resolución pacífica del conflicto de Euskal Herría, conduciendo el conflicto político existente a un callejón sin salida, y aumentando el sufrimiento del pueblo vasco de manera brutal. Esas son las premisas para promover la continuación de la violencia de todo tipo, no para su erradicación. El gobierno adquiere -en esta ocasión de una manera especial- una grave responsabilidad en la continuación de la violencia".
Por último el Comité Ejecutivo del PCPE expresa su solidaridad a las personas condenadas en esta causa, y llama a toda persona y/o organización social y política a movilizarse por la anulación de esta sentencia y por la puesta en libertad de las personas condenadas.
Askatasuna
Según Askatasuna, "una vez más, el Gobierno español ha llevado hasta el extremo su apuesta para terminar con la lucha por la independencia". Tras denunciar la "escalada represiva" de los estados español y francés, ha asegurado que "la represión no hará callar a este pueblo".
Eguzki
Para el colectivo ecologista Eguzki, el objetivo de la sentencia del 18/98 es "claro": "criminalizar y encarcelar a los disidentes vascos, incluidos los ecologistas".
Tras tildar de "violenta" la actuación del Estado español ante estos hechos, considera que a los encausados y miembros de Eguzki Sabino Ormazabal y Alberto Frías, al igual que al resto de los procesados, se les han impuesto severas condenas de cárcel "por impulsar un debate en torno a la desobediencia civil. Es decir, se les imputa un delito que cualquiera de nosotros podría haber cometido".
En opinión de este colectivo, "criminalizar la disidencia hasta el punto de condenar a prisión a esas personas por el mero hecho de suscitar un debate es el termómetro de la democracia española, que con esta sentencia ya marca varios grados bajo cero".
Aralar
El vicecoordinador de Aralar, Jon Abril, ha calificado de "barbaridad judicial" las penas impuestas a los procesados y ha denunciado la "motivación política" de este macroproceso. Asimismo, ha considerado que la sentencia demuestra "la nula separación entre el poder judicial y el poder ejecutivo en el Estado español".
PNV
El PNV ha denunciado la "politización y el descrédito" de una parte de la Justicia, que parece "no tener vuelta atrás".
"Este juicio, iniciado durante el mandato de José María Aznar, es un claro ejemplo de procesos judiciales inspirados en motivaciones políticas y que se amparan en leyes, tales como la Ley de Partidos, norma puesta en tela de juicio hasta por los tribunales internacionales", ha apuntado.
EAE-ANV
A EAE-ANV la lectura de la sentencia le ha recordado al proceso de Burgos y que "en Euskal Herria vivimos un Estado de excepción encubierto".
La formación ekintzale cree que el objetivo de la sentencia del sumario 18/98 busca "detener la lucha en favor de la independencia de Euskal Herria" y que "quieren encarcelar a Euskal Herria".
A pesar de ello, ha subrayado que el movimiento independentista "sigue vivo" y que hay "miles y miles de ciudadanos dispuestos a seguir trabajando y recoger el testigo", ya que "a ciudadanos sí, pero a las ideas e ideologías no se las puede ilegalizar ni encarcelar".
EHAK
EHAK ha registrado una iniciativa en el Parlamento de Gasteiz con el objetivo de que la Cámara exprese su "firme rechazo" al macroproceso 18/98, que responde "a la estrategia del Estado español y del PSOE para golpear a los cimientos de la construcción nacional".
Nafarroa Bai
El portavoz de Nafarroa Bai, Maiorga Rarmírez, ha opinado que la sentencia es "una aberración jurídica impulsada con objetivos e intereses puramente políticos" y que el fallo "se asemeja más a una novela literaria y se basa únicamente en tesis policiales no sustentadas en hechos concretos, llegando a conclusiones motivadas a priori por criterios políticos y no jurídicos".
EB
El portavoz parlamentario de EB, Oskar Matute, ha asegurado ver "con preocupación" la sentencia "porque ahonda en la línea emprendida por el Gabinete Aznar" y ha lamentado que el PSOE "se haya plegado a los intereses, dictados y visión del PP en torno a la situación en Euskadi, por temor a la inminencia de las elecciones generales".
Uribe quiere guerra
Frida Modak
Alai-amlatina
“Yo le pido a Dios todos los días que el gobierno de Colombia no sepa donde está mi hija”, dijo Yolanda Pulecio, ex embajadora y madre de Ingrid Betancourt, al salir de su entrevista con el canciller argentino. Luego agregó “Tengo mucho miedo de la prueba de vida de mi hija, por miedo a que descubrieran a las personas y supieran dónde se encuentra mi hija y el presidente mande operaciones militares y que la maten y justifiquen la guerra diciendo que la guerrilla la mató”.
“Quiero hacerme eco del llamado de Sarkozy para que colaboremos en la negociación para lograr la liberación de Betancourt, cuya madre nos acompaña aquí”, dijo Cristina Fernández en su discurso de toma de posesión como Presidenta de Argentina. Y agregó “Comprometemos el esfuerzo de nuestra diplomacia y solicitar a Dios que ilumine al presidente de la hermana y querida República de Colombia para poder alumbrar una solución que exige el derecho humanitario, sin que eso signifique inmiscuirse”.
“Todos los días avanzamos en eso”, dijo Alvaro Uribe, presidente colombiano, cuando al salir de su entrevista con la mandataria argentina le preguntaron sobre la posibilidad de una ofensiva militar para desarticular a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Y puntualizó ”Mi obsesión es liberar a todos los secuestrados y derrotar al terrorismo secuestrador en Colombia. Nada ganaríamos con liberar estos secuestrados si eso recrudece la capacidad de los terroristas de secuestrar”.
Nos asomamos así a la historia de Colombia, violenta desde que accedió a la independencia y gobernada hasta hoy por liberales y conservadores, quienes con sus querellas por el poder político y económico protagonizaron hechos de una barbarie inconmensurable, como lo relatan sus historiadores. Los enfrentamientos de sus respectivos grupos armados determinaron que la población civil se refugiara en las montañas para vivir en paz, pero hasta allí llegó la violencia y de ese embate surgieron, como mecanismo de defensa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otras agrupaciones como el Ejército de Liberación Nacional, al que se sumó el sacerdote católico Camilo Torres a mediados de los años sesenta del siglo pasado.
Plan Colombia
Hace ocho años la violencia recrudeció al ponerse en práctica en 1998 el llamado Plan Colombia, cuando el entonces presidente Andrés Pastrana sostuvo que para terminar con la violencia, no dijo la de quien, había que “internacionalizar” el conflicto para solucionarlo y con ese pretexto le abrió las puertas a Estados Unidos. Desde entonces el gobierno colombiano ha recibido miles de millones de dólares, unos hablan de tres a cuatro mil y otros elevan la cifra a siete mil. Armas y soldados estadounidenses pululan por el país. Algunos estudios indican que en estos ocho años han muerto en confrontaciones de carácter militar 19 mil 262 colombianos, militares y miembros de las llamadas guerrillas, lo que implica que cada día han muerto siete personas.
Para justifica esta ofensiva armada se dijo que había que combatir la fabricación y tráfico de drogas y con ello a los poderosos cárteles de la droga. Pero paralelamente, la rica oligarquía colombiana promovía la formación de paramilitares para defenderlos, supuestamente, de las guerrillas. Hechos posteriores sugieren algo distinto. Los más de 30 mil paramilitares estaban involucrados en el narcotráfico y también ejercían coacción política para lograr el triunfo de determinados candidatos a cualquier puesto de elección. Si sus jefes acumularon fortunas, la de quienes los crearon son inimaginables.
Uno de los escándalos que han sacudido al régimen uribista es, justamente,el de los vínculos de políticos con los paramilitares, lo que ha determinado que haya 20 detenidos, entre ellos familiares del presidente. Aunque se supone que los paramilitares se disolvieron y fueron amnistiados por Uribe, se están reagrupando y sus bandas actúan en distintos puntos del país. Esto, publicado en la prensa colombiana, no se admite y se centra el problema en las FARC, a las que se acusa de financiarse con el narcotráfico, aunque los informes del ministerio de Hacienda de esa nación dicen otra cosa.
El dinero de la droga le significó a Colombia no pasar por las crisis que enfrentaron otros países latinoamericanos entre los años 80 y 90,porque esos miles de millones de dólares se reciclaron en la economía formal. Incluso uno de sus presidentes estableció que todos los colombianos con familiares en el exterior quedaban autorizados para recibir remesas y se abrió una ventanilla oficial con ese objeto. Por esa ventanilla, por la que desfilaron decenas de miles de personas porque a una buena parte del país le aparecieron parientes ricos afuera. El episodio es conocido como “la ventanilla siniestra”.
La presencia estadounidense no ha variado la situación, Colombia sigue produciendo droga y el narcotráfico va viento en popa. Dicen los estudiosos del tema que eso confirma que la DEA, la agencia estadounidense para el combate a la droga se preocupa más por garantizar que el dinero de la droga se quede en Estados Unidos.
El uribismo
El mandatario colombiano representa a una fracción del viejo Partido Liberal, que busca unificarse bajo la dirección de César Gaviria, ex presidente y ex Secretario General de la OEA, Uribe es un personaje controvertido. La revista estadounidense Newsweek señaló que estaba involucrado con los cárteles de la droga, lo que él negó. Otras informaciones relacionan a su padre, que fue asesinado, con Pablo Escobar Gaviria, que fuera jefe del Cartel de Medellín, y el presidente responsabiliza a las FARC de la muerte de su progenitor en un plagio.(Corresponsalía del diario mexicano Excelsior,25-1-05).
La madre de Ingrid Betancourt ha responsabilizado a Uribe del fracaso de varias gestiones destinadas a liberar a los rehenes de las FARC. A la mediación que encabezó el Presidente Hugo Chávez hay que agregar otro de los más sonados de esos fracasos. Este se produjo cuando el 13 de diciembre de 2004 fue secuestrado en Venezuela Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC, a quien trasladaron a la zona fronteriza de Cúcuta y al día siguiente lo presentaron como detenido en Colombia, para extraditarlo luego a Estados Unidos. Granda estaba en Venezuela participando en una gestión auspiciada por los gobiernos de Francia, España y Suiza para liberar a Betancourt y otros, gestión no autorizada por Uribe.
Ahora Uribe desautorizó la mediación que con su visto bueno realizaba el presidente de Venezuela, con respaldo de Francia, a pretexto de que se había comunicado con el jefe del ejército colombiano. El general Mario Montoya ha sido señalado por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos, de estar vinculado a los paramilitares. La información la publicó el diario Los Angeles Times en marzo de este año.
Y con esto se resume la situación, porque el problema colombiano no tiene salida ni el país se puede democratizar de verdad porque Estados Unidos está ocupando, Plan Colombia mediante, a ese país como su base militar estratégica para el control de América del Sur y sus recursos petroleros. Colombia limita con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, todos ricos en petróleo y gas, y además tiene la ventaja de limitar con Panamá, que fue parte de su territorio, lo que permite usar el Canal para el transporte de tropas cuando se estime necesario.
Alai-amlatina
“Yo le pido a Dios todos los días que el gobierno de Colombia no sepa donde está mi hija”, dijo Yolanda Pulecio, ex embajadora y madre de Ingrid Betancourt, al salir de su entrevista con el canciller argentino. Luego agregó “Tengo mucho miedo de la prueba de vida de mi hija, por miedo a que descubrieran a las personas y supieran dónde se encuentra mi hija y el presidente mande operaciones militares y que la maten y justifiquen la guerra diciendo que la guerrilla la mató”.
“Quiero hacerme eco del llamado de Sarkozy para que colaboremos en la negociación para lograr la liberación de Betancourt, cuya madre nos acompaña aquí”, dijo Cristina Fernández en su discurso de toma de posesión como Presidenta de Argentina. Y agregó “Comprometemos el esfuerzo de nuestra diplomacia y solicitar a Dios que ilumine al presidente de la hermana y querida República de Colombia para poder alumbrar una solución que exige el derecho humanitario, sin que eso signifique inmiscuirse”.
“Todos los días avanzamos en eso”, dijo Alvaro Uribe, presidente colombiano, cuando al salir de su entrevista con la mandataria argentina le preguntaron sobre la posibilidad de una ofensiva militar para desarticular a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Y puntualizó ”Mi obsesión es liberar a todos los secuestrados y derrotar al terrorismo secuestrador en Colombia. Nada ganaríamos con liberar estos secuestrados si eso recrudece la capacidad de los terroristas de secuestrar”.
Nos asomamos así a la historia de Colombia, violenta desde que accedió a la independencia y gobernada hasta hoy por liberales y conservadores, quienes con sus querellas por el poder político y económico protagonizaron hechos de una barbarie inconmensurable, como lo relatan sus historiadores. Los enfrentamientos de sus respectivos grupos armados determinaron que la población civil se refugiara en las montañas para vivir en paz, pero hasta allí llegó la violencia y de ese embate surgieron, como mecanismo de defensa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otras agrupaciones como el Ejército de Liberación Nacional, al que se sumó el sacerdote católico Camilo Torres a mediados de los años sesenta del siglo pasado.
Plan Colombia
Hace ocho años la violencia recrudeció al ponerse en práctica en 1998 el llamado Plan Colombia, cuando el entonces presidente Andrés Pastrana sostuvo que para terminar con la violencia, no dijo la de quien, había que “internacionalizar” el conflicto para solucionarlo y con ese pretexto le abrió las puertas a Estados Unidos. Desde entonces el gobierno colombiano ha recibido miles de millones de dólares, unos hablan de tres a cuatro mil y otros elevan la cifra a siete mil. Armas y soldados estadounidenses pululan por el país. Algunos estudios indican que en estos ocho años han muerto en confrontaciones de carácter militar 19 mil 262 colombianos, militares y miembros de las llamadas guerrillas, lo que implica que cada día han muerto siete personas.
Para justifica esta ofensiva armada se dijo que había que combatir la fabricación y tráfico de drogas y con ello a los poderosos cárteles de la droga. Pero paralelamente, la rica oligarquía colombiana promovía la formación de paramilitares para defenderlos, supuestamente, de las guerrillas. Hechos posteriores sugieren algo distinto. Los más de 30 mil paramilitares estaban involucrados en el narcotráfico y también ejercían coacción política para lograr el triunfo de determinados candidatos a cualquier puesto de elección. Si sus jefes acumularon fortunas, la de quienes los crearon son inimaginables.
Uno de los escándalos que han sacudido al régimen uribista es, justamente,el de los vínculos de políticos con los paramilitares, lo que ha determinado que haya 20 detenidos, entre ellos familiares del presidente. Aunque se supone que los paramilitares se disolvieron y fueron amnistiados por Uribe, se están reagrupando y sus bandas actúan en distintos puntos del país. Esto, publicado en la prensa colombiana, no se admite y se centra el problema en las FARC, a las que se acusa de financiarse con el narcotráfico, aunque los informes del ministerio de Hacienda de esa nación dicen otra cosa.
El dinero de la droga le significó a Colombia no pasar por las crisis que enfrentaron otros países latinoamericanos entre los años 80 y 90,porque esos miles de millones de dólares se reciclaron en la economía formal. Incluso uno de sus presidentes estableció que todos los colombianos con familiares en el exterior quedaban autorizados para recibir remesas y se abrió una ventanilla oficial con ese objeto. Por esa ventanilla, por la que desfilaron decenas de miles de personas porque a una buena parte del país le aparecieron parientes ricos afuera. El episodio es conocido como “la ventanilla siniestra”.
La presencia estadounidense no ha variado la situación, Colombia sigue produciendo droga y el narcotráfico va viento en popa. Dicen los estudiosos del tema que eso confirma que la DEA, la agencia estadounidense para el combate a la droga se preocupa más por garantizar que el dinero de la droga se quede en Estados Unidos.
El uribismo
El mandatario colombiano representa a una fracción del viejo Partido Liberal, que busca unificarse bajo la dirección de César Gaviria, ex presidente y ex Secretario General de la OEA, Uribe es un personaje controvertido. La revista estadounidense Newsweek señaló que estaba involucrado con los cárteles de la droga, lo que él negó. Otras informaciones relacionan a su padre, que fue asesinado, con Pablo Escobar Gaviria, que fuera jefe del Cartel de Medellín, y el presidente responsabiliza a las FARC de la muerte de su progenitor en un plagio.(Corresponsalía del diario mexicano Excelsior,25-1-05).
La madre de Ingrid Betancourt ha responsabilizado a Uribe del fracaso de varias gestiones destinadas a liberar a los rehenes de las FARC. A la mediación que encabezó el Presidente Hugo Chávez hay que agregar otro de los más sonados de esos fracasos. Este se produjo cuando el 13 de diciembre de 2004 fue secuestrado en Venezuela Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC, a quien trasladaron a la zona fronteriza de Cúcuta y al día siguiente lo presentaron como detenido en Colombia, para extraditarlo luego a Estados Unidos. Granda estaba en Venezuela participando en una gestión auspiciada por los gobiernos de Francia, España y Suiza para liberar a Betancourt y otros, gestión no autorizada por Uribe.
Ahora Uribe desautorizó la mediación que con su visto bueno realizaba el presidente de Venezuela, con respaldo de Francia, a pretexto de que se había comunicado con el jefe del ejército colombiano. El general Mario Montoya ha sido señalado por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos, de estar vinculado a los paramilitares. La información la publicó el diario Los Angeles Times en marzo de este año.
Y con esto se resume la situación, porque el problema colombiano no tiene salida ni el país se puede democratizar de verdad porque Estados Unidos está ocupando, Plan Colombia mediante, a ese país como su base militar estratégica para el control de América del Sur y sus recursos petroleros. Colombia limita con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, todos ricos en petróleo y gas, y además tiene la ventaja de limitar con Panamá, que fue parte de su territorio, lo que permite usar el Canal para el transporte de tropas cuando se estime necesario.
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