domingo, enero 13, 2008

¿El país donde no pasa nada?

Calderón está afrontando el problema social… para exacerbarlo. No hay un solo sector que no tenga que afrontar una crisis en este principio de año. El 90 por ciento de la población va a resentir el alza en los artículos de primera necesidad. Todos vamos a salir afectados por los aumentos a la electricidad y a las gasolinas y el diesel. Están frescas las promesas de Calderón de reducir su precio. La baja en las ventas está obligando a despidos. El desempleo llega a extremos que no se veían desde mediados de los noventas. No se quisieron utilizar las salvaguardas para impedir que la importación de productos agrícolas acabara con nuestros productores. Es una provocación el acuerdo con el PRI para permitir a la iniciativa privada entrar al negocio del petróleo, y otra el aumento de impuestos a los pequeños y medianos productores. La cancelación del programa de Carmen Aristegui ha sido interpretada como una concesión de Televisa a Los Pinos. Las clases trabajadoras tienen un poder de compra 45 por ciento menor que hace 20 años. Los incrementos de salarios mínimos son una afrenta. ¡Muchos fierros en la lumbre!
¿Calderón y su equipo suponen que no habrá respuesta importante a estas agresiones? Quizás piensen que la pirámide social construida durante la colonia y mantenida hasta nuestros días ha educado el pueblo en la sumisión en un temor reverencial al gobierno. Hablan además de la “adaptabilidad del mexicano”. De su capacidad para resignarse. Del efecto de la televisión y sus inteligentes mensajes apaciguadores. De este país donde nunca pasa nada.
No soy catastrofista, pero creo que estos cálculos son peligrosos. La urbanización, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y a la política, el aumento exponencial de la participación ciudadana de la información política del debate son elementos que pueden encender la inconformidad ante el incentivo de tiempos difíciles y de ineptitud e ilegitimidad del gobierno. Habrá programas populistas, pero no hay dinero suficiente para contener la inconformidad cuando se acelera.
Es improbable que la gente asalte los supermercados, pero no tanto que la guerrilla amplíe sus actividades. La alternativa está en la oposición democrática. Les guste o no, su núcleo es el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Tendrá mucho por hacer: consolidar su estructura, rebasar sus 2 millones de afiliados, crear grupos en todo el país, atraer fuerzas emergentes. Profundizar su acción en los estados del norte y del centro. Se ha posicionado bien contra el aumento de impuestos, es buena causa la defensa del petróleo y de la economía popular. La organización es la única esperanza para hacer triunfar la resistencia pacífica que pudiera llevar a México a la democracia. Las otras alternativas son la sumisión o la violencia.


El despertar
José Agustín Ortiz Pinchetti
jaorpin@yahoo.com.mx

Rayuela
"Cuando los empresarios, a los que se ha dado todo, dicen que las cosas no marchan bien, es señal de que los focos rojos han comenzado a prenderse."
Lo que se consiguió con ese proyecto y nada es igual, asevera el dirigente González Sada

Un fracaso, el programa de primer empleo, considera la Coparmex

Se queja de las múltiples trabas y requisitos impuestos por el gobierno a las empresas

Incongruente, pretender estimular la creación de puestos de trabajo y hacer inaccesible el plan


Personas en busca de tarjetas para cobrar el seguro de desempleo en el Distrito Federal Foto: José Antonio López
Creado por decreto de Felipe Calderón para cumplir con su promesa de campaña de convertirse en presidente del empleo, el llamado Programa del Primer Empleo (PPE) fue considerado “un fracaso” por Ricardo González Sada, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
No puede ser llamado de otra manera, dijo, porque aunque durante 2007 se registró una cifra récord con la creación de 780 mil nuevos puestos de trabajo formales, de acuerdo con cifras preliminares del IMSS, pocos fueron gracias al Programa del Primer Empleo.
“Lo que se consiguió crear con el Programa del Primer Empleo y nada es prácticamente igual. Es un cifra insignificante”, debido a las múltiples trabas y trámites que las autoridades impusieron a los empresarios para acceder al mismo, explicó el dirigente patronal.
Con el PPE, el gobierno federal se comprometió a condonar a los empresarios hasta el cien por ciento de las cuotas del Seguro Social de aquellos empleados que contrataran y que nunca hubieran tenido antes un empleo formal, por lo que estaba enfocado a los jóvenes. Sin embargo, la principal queja de la iniciativa privada fue que tenía que pasar un año para que las empresas pudieran tener acceso a dicho subsidio.
González Sada manifestó que de nada sirve que las autoridades ofrezcan “muy buenos incentivos” para la creación de empleos si el número de requisitos y trabas que impusieron al PPE lo hicieron “prácticamente inaccesible, porque casi pedían las perlas de la Luna”. Ello aunado a que tampoco se generaron las condiciones para impulsar la competividad en el país para impulsar verdaderamente la creación de más y mejores empleos, abundó.
Así, el PPE ha tenido que ser modificado a tal grado que inicia su segundo año de existencia con nuevas reglas de operación y sin contar con un presupuesto determinado.
Un año en blanco
Hace prácticamente un año, el 15 de enero de 2007, el presidente Felipe Calderón anunció así la puesta en marcha el programa: “con la firma del decreto que lo establece, cumplimos con uno de los compromisos más importantes que hemos adquirido con los mexicanos”. Para ello, el Ejecutivo propuso y el Poder Legislativo autorizó un presupuesto de 3 mil millones de pesos para su arranque.
Sin embargo, de dicho monto sólo se ejercieron unos 500 millones de pesos, es decir el 16 por ciento del total y sin que hubiera cumplido un año de operaciones, el programa desapareció prácticamente del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2008, toda vez que no se le asignaron recursos directamente.
Incluso se establece que los recursos del fondo de reserva que constituyó el IMSS para cumplir con el PPE podrán ser transferidos a un fondo del Instituto del Fondo de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), para destinarlos a programas de promoción de empleo.
El programa no inició de inmediato, sino meses después del anuncio presidencial y entre la poca información que han difundido las autoridades sobre su desarrollo, se sabe que hasta agosto de 2007 sólo había generado 7 mil puestos de trabajo, según declaraciones de Juan Molinar Horcasitas, director general del IMSS.
Los cambios
El dirigente de Coparmex aseguró que el PPE sigue sometido a un proceso de revisión por parte del gobierno federal y los organismos empresariales. “Hasta donde tenemos noticias el programa está aún en el proceso de reingeniería para hacerlo mucho más sencillo y accesible por parte del Seguro Social”, comentó en entrevista.
Por lo pronto, el gobierno federal emitió un nuevo decreto que modifica las reglas de operación del PPE y que entrará en vigor a partir del próximo 15 de enero, justo cuando se cumple un año del anuncio presidencial sobre su creación, y entre las que destaca la reducción del periodo para mantener asegurados a los trabajadores elegibles al programa así como el tiempo para el pago a las empresas correspondientes.
Así, de los nueve meses que originalmente se exigía que un trabajador estuviera con un patrón para ser considerado elegible al PPE, ahora sólo se pedirán tres, mientras que las empresas que demanden el subsidio podrán hacerlo a partir del cuarto mes de registro de las nuevas plazas laborables.

Ahora es el turno de Los Pinos....a DESALOJAR a los FECALES de mierda!

La “inexistencia” de la huelga es una “trampa” para meter esquiroles, advierten abogados

Obtienen suspensión provisional mineros reprimidos en Cananea

Se intensifica la batalla legal del sindicato contra la empresa, apoyada por el gobierno federal

Las autoridades actúan al margen de la ley, afirman los juristas De Buen y Rivero Legarreta

Un grupo de personas protestó ayer en Nueva York, luego de que se conociera la declaración de “inexistencia” de la huelga minera en Cananea y la posterior represión, que dejó un saldo de 40 heridos Foto: La Jornada
Trabajadores de Minera de Cananea se manifiestan en esa ciudad sonorense un día después del enfrentamiento con efectivos federales y estatales en el contexto de la huelga que mantienen desde el pasado 30 de julio Foto Ap

El juez sexto de distrito en materia de trabajo, Máximo Torres Quevedo, otorgó ayer al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) la suspensión provisional derivada del juicio de amparo que el gremio promovió contra la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), la cual declaró inexistente la huelga en Mexicana de Cananea.
El abogado Juan Rivero Legarreta señaló que con esta determinación los trabajadores están en su derecho de proseguir la huelga que iniciaron el 30 de julio del año pasado en la empresa del Grupo Minero México, sin que ello ocasione la rescisión de las relaciones laborales.
Apuntó que las fuerzas policiacas “deben abandonar de inmediato la mina”, pues el paro está legalmente sostenido.
Luego de haberse conocido la resolución judicial, el secretario general del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, planteó en una videoconferencia que “Grupo México está obligado a respetar a sus trabajadores o de otra manera le vamos a enseñar a hacerlo a nalgadas”.
Exigió el cese de la “represión ordenada por los gobiernos federal y estatal”, y llamó a los trabajadores a mantener la huelga.
Advirtió que si no se respeta ese derecho, el gremio minero está dispuesto a realizar un paro nacional. “Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar”, expresó en el video, que fue transmitido hasta la sección 65 en Cananea.
Mientras, tanto la empresa como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aseguraron en comunicados por separado que, de acuerdo con la determinación judicial, los trabajadores que deseen podrán regresar a laborar.
“Con esta determinación, la unidad minera de Cananea podrá mantener sus puertas abiertas a todo aquel trabajador que decida regresar a sus labores, y queda en posibilidad de mantener la operación normal de su actividad productiva hasta en tanto no se disponga lo contrario por la autoridad judicial”, señaló la STPS.
En tanto, la empresa sostuvo: “Minera México SA de CV informa que el juez sexto de distrito en materia del trabajo expidió una suspensión provisional por la que la empresa Mexicana de Cananea podrá reanudar sus labores con los trabajadores no huelguistas y con los huelguistas que voluntariamente deseen regresar al trabajo”.
Informó que “hasta el mediodía del sábado laboran en la empresa más de 410 trabajadores, que es equivalente al personal de un turno, pues no concurren a la mina los casi mil 300 trabajadores al mismo tiempo”.
Indicó que “las labores principales son las de rehabilitación de maquinaria, equipo e instalaciones de la mina, lo que llevará varias semanas, como consecuencia de más cinco meses de inactividad”.
Advirtió que las condiciones generales en la mina son de “tranquilidad y trabajo”, y agregó que “respetará las actuales relaciones laborales de todos los trabajadores, el contrato colectivo de trabajo y las estipulaciones vigentes, dando reconocimiento pleno a la sección 65 del sindicato”.
Tanto Carlos Pavón, secretario de asuntos políticos del gremio, como los abogados De Buen y Rivero Legarreta coincidieron en que, dada la resolución, la mina debe permanecer cerrada y los trabajadores en huelga.
El segundo precisó: “Lo que dice la resolución es ‘suspéndanse las cosas y guárdense en el estado en que estaban’, que es la huelga. Por tanto, el paro sigue siendo legal y debe quedarse como está”.
Subrayó que lo planteado por la STPS es “una trampa que posibilita que la empresa meta esquiroles, tal como hizo en La Caridad” para romper la huelga.
De Buen comentó que dado que la “suspensión es con respecto al plazo de 24 horas (fijado por la junta para el regreso a trabajar), que no obliga a los trabajadores a presentarse a laborar, aparentemente están permitiendo que lo hagan quienes no estén en esta situación, lo cual, evidentemente, es irregular”. Los litigantes advirtieron que eso violaría la Ley de Amparo.
En la resolución se estipula que, “con fundamento en los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto de impedir que se den por rotos los contratos de trabajo existentes respecto de los huelguistas que continúan sosteniendo el estado de huelga, pero dejando en la posibilidad a la negociación en donde se declaró la huelga, de reanudar sus labores con los trabajadores no huelguistas y con los huelguistas que voluntariamente deseen regresar al trabajo, todo esto mientras se resuelve en cuanto al fondo la demanda de amparo”.
La STPS negó las “versiones infundadas sobre la supuesta participación del Ejército Mexicano en las labores de apoyo a la autoridad laboral”, y aseguró que sólo estuvieron presentes elementos de las policías estatal de Sonora y Federal Preventiva. Asimismo, rechazó que se haya ejercido violencia o reprimido a los huelguistas.
En tanto, el abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani calificó de “absurda” la razón por la cual la JFCA declaró inexistente la huelga.
Comentó que el sindicato tiene todas las posibilidades de ganar el amparo, tal como lo hizo ya una vez, y afirmó que también está en su derecho de presentar demandas penales por la violenta irrupción de la policía.
El legislador perredista José Antonio Almazán consideró que lo ocurrido en Cananea el viernes demuestra el “terrible contubernio existente entre las autoridades para defender los intereses del Grupo México”, pues dijo que la declaratoria de inexistencia de huelga “carece de legalidad y muestra la parcialidad con que ha venido actuando la STPS”.
El Centro de Reflexión y Acción Laboral manifestó que las autoridades muestran un “profundo desprecio por la ley y los derechos humanos”, pues la “incursión de las fuerzas policiacas para desalojar a los trabajadores implica una toma, usando la fuerza pública como cuerpo represivo”, y con esta acción el “gobierno mexicano se muestra en franca contradicción con los principios del comité de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo”.
Seguirá vigilancia de la PFP
Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública federal informó que mantendrá a 300 elementos de la PFP en la zona de la mina de Cananea, hasta que la STPS y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje determinen que se ha dado cumplimiento a la resolución de inexistencia de la huelga.
Funcionarios de esa secretaría señalaron que no hubo ningún exceso en el uso de la fuerza el pasado viernes, que los agentes federales no retuvieron a ningún minero y que, en todo caso, si hay detenidos están en manos de las autoridades locales, en coordinación con las cuales se realizó el operativo.
En ese contexto, el abogado Rivero Legarreta informó que todos los procedimientos penales que existían contra el líder minero Gómez Urrutia ya fueron cancelados y se ha demostrado que no ha incurrido en ningún acto ilícito.

A que le teme FECAL?....dormira tranquilo?


Insultante

La Presidencia de la República gastará este año 60 millones de pesos para reforzar la seguridad en la residencia oficial de Los Pinos y en otras oficinas

MEXICO, D.F., 11 de enero (LA JORNADA).- La Presidencia de la República gastará este año 60 millones de pesos para reforzar la seguridad en la residencia oficial de Los Pinos y en otras oficinas.El Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 asignó una partida especial de 36.9 millones para equipar con elementos tecnológicos de seguridad la vigilancia y los inmuebles de las oficinas presidenciales, mediante un sistema de circuito cerrado de televisión.También invertirá otros 23 millones de pesos equipo y otros “elementos tecnológicos” de seguridad para la vigilancia en los accesos a los inmuebles.Estos 60 millones de pesos absorben la mayor parte del incremento de 81.3 millones de pesos que recibió la Presidencia de la República en 2008, con respecto al año anterior. En total dispondrá de mil 689 millones 885 mil 100 pesos. Muestra de la importancia que tiene la seguridad, el Estado Mayor Presidencial es el área que dispone de más recursos para el cumplimiento de sus funciones: 470 millones de pesos, seguido de la Coordinación General de Administración, con 435 millones.Adicionalmente, este año concluye el proceso de compra de dos helicópteros “con un alto grado de seguridad” al servicio de la Presidencia de la República, que costarán en total 613.1 millones de pesos.Con ese fin, el gobierno federal liquidará este año 429.1 millones de pesos, que se suman a los 38.7 millones aportados en 2007 y los 177 millones de 2006.Los Programas y Proyectos de Inversión de la Presidencia, consignados en el PEF, indican que 28 millones de pesos más serán usados en la compra de parque vehicular para el EMP y de equipo para la Coordinación General de Transporte Aéreo.Otros 20 millones de pesos servirán para la adquisición de equipo diverso para la sustitución de bienes muebles “obsoletos” para el desarrollo de las actividades del Estado Mayor Presidencial, en materia de apoyo logístico, seguridad y actividades administrativas.Destaca que este año, la Oficina de la Presidencia de la República cuenta con una partida de 12 millones de pesos para actualizar el parque vehicular utilizado por los servidores públicos, y remplazar mobiliarios y equipo de administración.

Operador siniestro

* Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia del gobierno usurpador, es el principal operador de la privatización de PEMEX / Es absurdo: NO se requiere la participación de los empresarios porque hay recursos suficientes para mejorar la infraestructura de la paraestatal, construir ductos y refinerías y explorar petróleo en aguas profundas'

Juan Camilo Mouriño (en la foto), operador del Ejecutivo espurio para realizar la privatización de PEMEX, denunció el senador del PRD, Graco Ramírez.
MEXICO, D.F., 11 de enero (LA JORNADA).- El senador del PRD, Graco Ramírez, denunció que Juan Camilo Mouriño, jefe de la oficina de la Presidencia, es el principal operador de la privatización de PEMEX, al resaltar que el gobierno tiene recursos suficientes para mejorar la infraestructura de la paraestatal, construir ductos y refinerías y explorar petróleo en aguas profundas, por lo que no se requiere la participación de los empresarios. A un día de que Felipe Calderón defendiera la inversión privada en el sector energético, el legislador resaltó que la Secretaría de Hacienda cuenta con cerca de 400 mil millones de pesos pertenecientes a PEMEX, que deben invertirse en dicha empresa. “Nos parece absurdo” que se permita la inversión de particulares en el sector, cuando “no hace falta”. Existen estos 400 mil millones de pesos y además hay excedentes por el precio del crudo. Estimó que por este concepto habrá ingresos adicionales por cerca de 200 mil millones de pesos. Secretario de la Comisión de Energía del Senado de la República, consideró que priístas y panistas podrían lograr un acuerdo para que empresas internacionales como Petrobras y Shell, participen en la exploración y explotación de petróleo en aguas profundas, bajo la figura de contratos de riesgo, lo que implicaría que compartirían la producción de hidrocarburos. De manera particular, resaltó que el PAN ha manifestado su intención de permitir que los empresarios participen directamente en PEMEX, con una inversión del 20 ó el 30 por ciento del capital social de la empresa. También busca crear una compañía ligada a la paraestatal que concurra a la bolsa e integrar particulares a su consejo de administración. Agregó que el PRD se opondrá a dichos planteamientos y presentará una contrapropuesta que mejoraría la industria petrolera sin necesidad de inversión empresarial. Cuando se le pregunto si su partido buscara poner candados al capital privado que ya opera en algunas áreas de PEMEX, como es mantenimiento y perforaciones, aseguró que el PRD no tiene ningún problema con eso. De hecho, dijo que su partido no está en contra de la inversión privada, sino al contrario, “yo he planteado que incluso PEMEX debe generar cadenas productivas en ingeniería, explotación y mantenimiento” que impulsen el desarrollo de las empresas mexicanas. Lo que no es posible es lo que el PAN quiere de colocar el 20 o el 30 por ciento de dinero privado en el capital social de PEMEX, pues ello significará entregar a particulares dichos porcentajes de la renta petrolera que obtiene el país. Denunció luego que César Nava, secretario particular de Calderón, y Juan Camilo Mouriño son los operadores del Ejecutivo espurio para realizar la privatización de PEMEX, pero principalmente el segundo.Recordó que el padre de Mouriño se enriqueció con negocios ligados a Petróleos Mexicanos y ahora el funcionario de la Presidencia trabaja con grupos inversionistas que saldrían beneficiados con la apertura al capital de particulares.

Datos falsos

* El país comienza el 2008 con mentiras del gobierno espurio de Felipe Calderón y un subejercicio presupuestal en materia de salud, denuncia la Secretaria de Salud del Gobierno Legítimo de México, Asa Cristina Laurell
* NO se cumplió la afiliación al Seguro Popular, precisa / Alerta que intentan expulsar a 400 mil familias del IMSS
El presidente pelele sostiene que las nuevas familias afiliadas al Seguro Popular llegaron a 2.2 millones o medio millón más que las programadas; pero el dato resulta inverosímil, usando datos oficiales del propio gobierno ilegítimo, afirma Asa Cristina Laurell.

MEXICO, D.F., 11 de enero.- El discurso del presidente espurio Felipe Calderón en los festejos del “Día de la Enfermera” sobre el avance en las metas de los Seguros para una Nueva Generación y el Seguro Popular repite su acostumbrada invención de datos, aseguró la Secretaria de Salud del Gobierno Legítimo de México, Asa Cristina Laurell.El presidente pelele, afirmó, sostiene que las nuevas familias afiliadas al Seguro Popular llegaron a 2.2 millones o medio millón más que las programadas; sin embargo, el dato resulta inverosímil, usando datos oficiales del propio gobierno ilegítimo.Detalló que en octubre del año pasado el “Informe sobre el Avance de Metas por Programas” de la SHCP reporta que a final de octubre se habían afiliado 812,332 nuevas familias, lo cual significaría que se hubiese incrementado la afiliación con 1.4 millones familias en noviembre y diciembre.Por otra parte, Calderón da datos muy triunfalistas sobre el incremento en el presupuesto de salud para este año, particularmente para el Seguro Popular, aunque lo que calla es que la Secretaría de Salud federal ha trabajado con un subejercicio presupuestal durante todo 2007, destacó.Hacia finales de octubre pasado, prosiguió, la Secretaría de Salud federal sólo había transferido el 42.1 por ciento de los recursos destinados al Seguro Popular a los estados, lo que equivale a un subejercicio del 38 por ciento, equivalente a 7,150 millones de pesos, en el periodo.Dicho de otro modo, Asa Cristina Laurell explicó que el monto que faltaba por transferir a las entidades federativas durante noviembre y diciembre era de 15,422 millones de pesos. Este retraso en la entrega de dinero a los estados ha sido denunciado por los secretarios del ramo en los estados de Morelos y Puebla, entre otros. Hizo énfasis en que en el caso de salud la no transferencia de recursos a los estados repercute directamente en la calidad de los servicios, por desabasto de medicamentos y otros insumos; retraso en el mantenimiento de equipo y unidades de salud y falta de contratación de personal. “Cuando el retraso es de diez meses, no hay posibilidad ninguna de comprar equipo o construir infraestructura. Además, los recursos federales que no se han gastado a finales de diciembre, ya no se pueden utilizar”, puntualizó.Prosiguió: “Habría que preguntarse entonces ¿de qué sirve asignar más presupuesto al sector salud, si luego no se invierte para mejorar los servicios en los estados dónde se prestan a los afiliados al Seguro Popular?”También manifestó que el director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, inició el año retomando su visión empresarial sobre el Instituto, porque anunció su intención de eliminar el “Seguro para la Familia” --establecida en la reforma al Seguro Social de 1995-- por incosteable.El planteamiento requiere un cambio en la legislación y Molinar aparentemente ya cuenta con la aprobación de la mayoría del Congreso, lo cual implicaría ¿otro golpe del PAN-PRI contra los ciudadanos?, se preguntó.El argumento que esgrime el directivo del Seguro Social -consideró- es que las 400 mil familias con el referido beneficio deben ser trasladadas al Seguro Popular.Sin embargo, el funcionario “no dice es que, de ocurrir, estas familias perderán la atención de muchas enfermedades que no están incluidas en el Seguro Popular. Y, como si fuera poco, probablemente tendrían que pagar más por tener menos servicios”, aclaró.La secretaria de Salud del Gobierno Legítimo de México destacó que la mentira sobre la gratuidad y cobertura de todos los servicios médicos se repite en spots de radio y televisión. “La propaganda sostiene que los bebés inscritos al Seguro para una Nueva Generación tendrán todos los servicios de manera gratuito. Lo que se calla es que para tenerlos, sus padres tienen que pagar una cantidad anual en función de sus ingresos y el 20 por ciento de las familias más pobres no pagan esta prima”, agregó.Para que no todo sean malas noticias, mencionó que Molinar anunció hace unos días una inversión de mil millones para la adquisición de equipo. “Para dimensionar este monto, se puede señalar que el déficit en inversión en equipo al término de 2006 era de 6.6 mil millones, inversión que no fue cubierta durante 2007 cuando el presupuesto de inversión del IMSS aprobado por el Congreso fue de cero centavos”, aseguró.Es decir, expuso, la inversión anunciada apenas representa el 15 por ciento de la cantidad requerida.Por otra parte, indicó que se han hecho declaraciones sobre las buenas perspectivas del IMSS-Oportunidades en 2008 y la “noticia” es que dispondrá de un presupuesto de 6 mil millones, que es prácticamente el mismo monto que ha tenido durante los últimos años, porque sus condiciones seguirán iguales.

Mentiroso

* En su segundo día de gira por el Estado de México, Andrés Manuel López Obrador afirma que el presidente pelele, Felipe Calderón, es un reverendo mentiroso: aumentó los precios de los combustibles aunque en su campaña ofreció reducir las tarifas de los combustibles
* Reitera: Movilización nacional en el momento que el usurpador pretenda entregar el petróleo a la iniciativa privada

En campaña, copiando una propuesta nuestra, el pelele se comprometió a bajar los precios de la gasolina, el diesel, el gas y la energía eléctrica, pero desde que usurpa el cargo ha hecho todo lo contrario, porque incrementó las tarifas de la gasolina y el diesel, a partir del 6 de enero, provocando una escalada de precios en todo el país, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

ALMOLOYA DE JUAREZ, Estado de México, 11 de enero.- El presidente pelele, Felipe Calderón,L “es un reverendo mentiroso”. En campaña, copiando una propuesta nuestra, se comprometió a bajar los precios de la gasolina, el diesel, el gas y la energía eléctrica, pero desde que usurpa el cargo ha hecho todo lo contrario, porque incrementó las tarifas de la gasolina y el diesel, a partir del 6 de enero, provocando una escalada de precios en todo el país, aseguró Andrés Manuel López Obrador.Durante el año pasado los precios de los productos de consumo generalizado aumentaron 35 por ciento, mientras que los salarios crecieron tan sólo 4 por ciento, aclaró al reiterar que las alzas a las precios de los mencionados combustibles pueden cancelarse con sólo reducir los millonarios salarios de la alta burocracia panista, cancelar las partidas presupuestales destinadas a mantener privilegios, el servicio médico privado y las pensiones de los ex presidentes.El Presidente Legítimo de México aseguró que sí hay aumentos a los precios de la canasta básica, debido a que se incrementaron las tarifas de la gasolina y el diesel y “lo sabe hasta un niño de brazos. Lo que pasa es que los tecnócratas son muy mentirosos”. Sin embargo, aclaró que los mexicanos “no vamos a renunciar a defender al pueblo y a la justicia, no podemos aceptar estos abusos de poder” y reiteró la necesidad de mantener la lucha por la transformación del país en materia política, económica y social.En el segundo día de recorrido de trabajo por municipios del estado de México, aseguró que al gobierno usurpador no le importa el destino del país ni mucho menos el sufrimiento del pueblo. “La derecha lo deshumaniza todo, porque sólo le importa mantener y acrecentar los privilegios de una minoría rapaz, que se cree dueña de la Nación”.Frente a los habitantes de Almoloya de Juárez, el Presidente Legítimo de México hizo un balance de la gestión calderonista y lanzó la siguiente pregunta: ¿Qué ha hecho el pelele de Calderón a un año de que usurpó el gobierno? De inmediato respondió: No ha hecho nada bueno por el pueblo de México; por el contrario, aplica al pie de la letra la agenda del Fondo Monetario Internacional, como ocurrió con las reformas fiscal y a la Ley del ISSSTE.El presidente pelele, prosiguió, sólo lleva a la práctica las reformas y acciones que afectan de una y otra manera al mayor número de las familias mexicanas, por ejemplo impuso la Ley del ISSSTE, que afecta a 2.5 millones de trabajadores al servicio del Estado.Asimismo, recordó, Felipe Calderón aplicó este mes la reforma fiscal, que es el aumento a impuestos que afectará principalmente a pequeños y medianos empresarios y productores.Acompañado por los dirigentes estatales del PRD, PT y Convergencia, detalló que el gobierno usurpador permitió la libre importación de maíz, fríjol, azúcar y leche en polvo, que conduce a la ruina total del campo y a un empobrecimiento mayor de millones de productores nacionales.En San Mateo Atenco, López Obrador manifestó que a pesar del fraude electoral decidió seguir luchando hasta lograr un verdadero cambio del país. “De este movimiento de millones de mexicanos, depende el que podamos sacar a México del atraso en que se encuentra, por eso tenemos que seguir adelante y mantener la fe”.Desde Lerma, López Obrador indicó que “nunca vamos a reconocer a Calderón como presidente de México, porque él fue impuesto al cargo después de emerger de un fraude electoral”.Y subrayó: Nuestros adversarios quieren contralor a la gente con los medios de comunicación, sólo que no les funciona esa estrategia, porque la verdad siempre se abre camino y llega hasta el más apartado rincón del país.En Zinacantepec, Almoloya de Juárez, San Mateo Atenco y Lerma, invitó a los ciudadanos de la Entidad a participar el próximo 18 de marzo del acto conmemorativo por el 70 Aniversario de la Expropiación Petrolera, que se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México.Advirtió que si el pelele de Felipe Calderón intenta hacer una reforma a la Constitución o a las leyes secundarias, para entregar el petróleo a los extranjeros, llamará a una movilización nacional para detener esta acción.“México tiene que ser un país libre e independiente, nada que los extranjeros decidan sobre la vida de los mexicanos, porque primero México y después el extranjero”, señaló.Al conceder una entrevista a los representantes de los medios de comunicación nacionales, López Obrador indicó que respaldará el plan que presente la Comisión Coordinadora para la Defensa del Petróleo.Al preguntarse su opinión sobre sus planes y proyectos para el 2012, comentó que por el momento tiene como propósito recorrer los 2 mil 500 municipios del país.




La Correspondencia de los "pacificos"


Correspondencia
Por Rogelio Naranjo
Para ampliar imagen AQUI.

Chávez: Colombia debería regularizar la guerra y enseguida acordar la paz
“Me parece el momento de que los movimientos de América Latina reconozcamos a la guerrilla colombiana como un actor político", reiteró el presidente Chávez. (Foto: Prensa presidencial)

Aseguró que el “Plan Patriota” es “un plan suramericano de agresión imperialista”. Reiteró la necesidad de reconocer a la guerrilla colombiana como actor político. “La integración en Suramérica pasa por la paz en Colombia”, afirmó.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, reiteró este sábado su petición internacional de reconocer a la guerrilla colombiana como un actor político y omitir el calificativo de "grupo terrorista" que desde Washington pretenden imponerle a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
"Me parece el momento de que los movimientos de América Latina reconozcamos a la guerrilla colombiana como un actor político; eso es un problema político y hay que buscarle una solución política", aseguró Chávez en un acto con motivo de la instalación del Congreso Fundacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Chávez indicó que el denominado "Plan Patriota" no es patriota ni colombiano, "es un plan de agresión imperialista contra Suramérica y, primero que nada, contra Venezuela".
"La línea que el imperio lanzó al mundo de la 'guerra contra el terrorismo', producto de los dudosos acontecimientos trágicos de Nueva York del 11 de septiembre -dudosos digo yo porque hay cosas ahí que quizá nunca se aclaren-; entonces, el presidente de EEUU toma eso como excusa para lanzar la guerra mundial contra el terrorismo, ¡exterminio!, y eso es lo que pretenden en Colombia, y es imposible", aseveró.
El mandatario venezolano considera que "quien conozca los datos, y conozca la historia reciente de Colombia y la situación real de Colombia, de las fuerzas insurgentes, la situación política interna, podrá concluir, sin mucha dificultad, que ese conflicto no tiene solución militar".
"Por tanto, yo le digo al gobierno de Colombia: dé una señal de que de verdad quiere buscar la paz, reconozca el estatus político a la guerrilla; ese es un paso imprescindible, porque mientras el Gobierno de Colombia siga diciendo que son grupos terroristas y que deben ser exterminados, dónde se puede abrir una puerta para la paz", reflexionó.
Chávez afirmó que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe y las fuerzas insurgentes del país deberían buscar, "apoyados por nosotros, una regularización de la guerra, en primer lugar, y luego un acuerdo de paz".
"Eso no tiene una solución militar", reiteró el presidente Chávez, quien aseguró que por ello insiste en que los gobiernos del mundo reconozcan la realidad colombiana y le otorguen a la insurgencia colombiana estatus político.
"La integración en Suramérica pasa por la paz en Colombia, esa es una de las razones por las que el imperio no quiere paz en Colombia, porque quiere torpedear desde allí la integración tan necesaria entre los pueblos de Suramérica", concluyó.
El viernes, durante su intervención en el hemiciclo de la Asamblea Nacional de Venezuela, para rendir su informe de gestión del año 2007 en cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política de ese país,
Chávez pidió por primera vez un reconocimiento político a los grupos guerrilleros colombianos.
Colombia rechazó la petición de Chávez a través de un comunicado leído el viernes por el secretario de prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez, y agregó que "por ningún motivo acepta que a estos grupos se les levante el calificativo de terroristas y se les de estatus de beligerancia".
rn/RN

Una historia de represion


El acoso, las presiones, el silenciamiento

A raíz de las preguntas que se han formulado sobre su salida de W Radio, la periodista Carmen Aristegui relata, en entrevista con Proceso, cómo prevaleció el interés político de los dueños de la estación y las cúpulas empresariales –adversos a su cobertura informativa independiente– sobre sus buenos resultados radiofónicos. A los acosos iniciales, siguieron las presiones, luego la represión y, finalmente, el silenciamiento...Todo parece indicar que hay quien pidió mi cabeza y hay quien la cedió. Hay autores materiales y autores intelectuales en esta historia”, acusa Carmen Aristegui, al relatar los acontecimientos que condujeron a su salida de la W Radio.En una detallada entrevista con Proceso, dice que los “autores intelectuales” del silenciamiento de su espacio informativo son directivos de Televisa, integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, concesionarios descontentos con su actitud ante la reforma electoral y funcionarios de Comunicación de Los Pinos, desde donde se le hizo saber que su noticiario “no era un espacio deseable para la Presidencia de la República”.Para ella, hubo una estrategia de “acoso gradual” en contra de su trabajo informativo desde 2006 hasta su salida, el viernes 4: la interrupción abrupta de las transmisiones a través de Sky por “fallas técnicas”; las quejas de directivos de Televisa hacia Raúl Rodríguez, exdirector de W Radio, por la cobertura frente a la Ley Televisa; el enojo de un sector empresarial por el seguimiento puntual de las acusaciones al cardenal Norberto Rivera; la incomodidad del Ejército y de grupos de poder por su cobertura de los casos de Lydia Cacho y Ernestina Ascencio, entre otros.A la llegada de Javier Mérida, del Grupo PRISA, como director de W Radio y al nombramiento de Daniel Moreno como responsable de los noticiarios, señala Aristegui, “se comienza a modificar el esquema de dirección editorial” en la estación.“Existen todos los elementos para pensar que PRISA finalmente decidió, para no romper su sociedad con Televisa, construir una circunstancia de varios meses que fue debilitándome y restándome responsabilidades editoriales, hasta el punto que la llegada de Daniel Moreno significó la salida de Carlos Loret de Mola”, reflexiona. Y cuestiona la postura de los socios de Televisa: “Me pregunto si PRISA se atrevería a hacer algo así en los espacios que tiene en España. Me pregunto si es aceptable para alguien que tiene la responsabilidad de dirigir un noticiario que llegue alguien que tomará parte de sus responsabilidades y que le disminuirá su autoridad editorial”.En septiembre de 2007, sin consulta previa, Grupo PRISA contrató a Daniel Moreno y éste nombró al nuevo coordinador de información, Omar Sánchez de Tagle, en sustitución de Enrique Hernández Alcázar.“Loret de Mola y yo nos enojamos y lo dijimos. Les comentamos que nos parecía una barbaridad que nos quitaran responsabilidades y funciones informativas”, advierte Carmen.
–¿Por qué después de irse Loret, usted se quedó en W Radio, a pesar del disgusto? –se le pregunta.
–Conversé con Carlos ampliamente y coincidimos en que su situación era diferente a la mía; que él tenía su espacio en televisión y que no tendría dificultad para conseguir otro espacio en la radio. “Mi consideración era distinta: yo tuve el apoyo de PRISA, fundamental en tiempos de tormenta, y a pesar de que me disgustaba mucho lo que PRISA estaba haciendo, puse por delante el significado de ese apoyo que en situaciones críticas me había dado.“Por otro lado, puse en consideración la importancia de lo que habíamos construido en Hoy por Hoy y lo difícil que es posicionar un noticiario con una audiencia sólida y vigorosa. Siempre hay una pérdida cuando pasas de un espacio consolidado a otro.“Y les planteé: ‘He decidido no irme porque no quiero perder mis cuatro horas de información’. Lo que pedí es que me ratificaran la responsabilidad editorial en esas cuatro horas.”
–¿Cedió usted?
–Yo me contuve el disgusto, con el reconocimiento de que no podía perder esas cuatro horas de espacio valiosísimo. Creo que no me equivoqué. Fueron varios meses que pudimos hacer esa dirección editorial en el noticiario matutino. Fueron los momentos de la reforma electoral, del caso de Norberto Rivera.Finalmente, Aristegui reconoce que al Grupo PRISA le tocó ceder ante las presiones de Televisa, y por razones que “aún deben ser explicadas”.Ante la ola de expresiones de solidaridad y de protesta en la opinión pública, advierte, “se pretende debilitar la expresión mayoritaria en contra de este hecho. Lo que están tratando de hacer es disminuir el efecto muy grave, particularmente para PRISA, pero también para Televisa, de que hubo un silenciamiento de un espacio de información como éste. Se pretende sembrar dudas”.
La “contraofensiva”
Una semana después de su despedida de W Radio, ante el silencio absoluto de los representantes de Televisa y de Grupo PRISA, que se remiten al comunicado inicial que explica la cancelación del contrato como parte de un “nuevo modelo de organización”, Aristegui no oculta su molestia ante la “contraofensiva” de ambas empresas para enfrentar las críticas.“Ha habido un gran cabildeo. Ha habido desde llamadas a directores de periódicos hasta llamadas a intelectuales que firmaron desplegados de apoyo. Me preocupa muchísimo cosas que he escuchado y que están faltando a la verdad”.
–¿Cómo cuáles?
–Una cosa es que digan que era muy cargada a la izquierda, como si eso fuera una razón para correr a alguien. Pero lo que he sabido es que se dicen cosas como que yo tenía un porcentaje de comercialización informativa. Es decir, que era broker. Esa es una práctica que algunos colegas hacen. Es su propia decisión. Yo no estoy de acuerdo. Si alguien quiere vender su noticiario y además conducirlo, se va a topar con muchos problemas de decisiones editoriales. “Me disgusta mucho y reclamo desde aquí que se esté corriendo la versión de que yo tenía un convenio de esa naturaleza. Es falso absolutamente.“Peor aún, se está diciendo que, en este intento de revisión del contrato que se vencía, yo había puesto la condición de que se vetara a algunas empresas para que no se metieran en mis noticiarios. Me parece una absoluta estupidez y es falsa. Los amigos intelectuales que están recibiendo estas llamadas, sepan que esto es una falsedad.
–¿Por qué surgen estos rumores?
–Porque hay una contraofensiva frente a una serie de expresiones que dicen que aquí hubo un hecho censurable, un hecho que nos ha dañado no sólo a los profesionales que salimos despedidos, sino a la sociedad y a los radioescuchas.Sobre otra de las versiones –que salió porque, a pesar de los altos índices de audiencia, la estación mostraba una baja en la comercialización de su espacio–, la periodista argumenta: “Si eso fuera así, es un reconocimiento de ineptitud comercial; ¿cómo es posible que a mayor rating menor comercialización? Nos están dejando abierta la puerta para interpretar. ¿Se fue deliberadamente haciendo una subcomercialización?”“Ahora tengo derecho a la suspicacia. Creo que había una intención de debilitamiento. Me llama la atención el despliegue publicitario que se hizo recientemente, en el que se fueron debilitando los espacios informativos. Lo lógico es que presumas lo que tienes, no que lo debilites.“¿Por qué se hizo una estrategia comercial de esta naturaleza, similar a la de un supermercado barato? Me pregunto, como lo hizo Salvador García Soto en un artículo reciente: ¿por qué desmantelar a la W? Insisto, tengo derecho a la suspicacia.”
Primeros desencuentrosPara explicar el grado de responsabilidad de Televisa y de PRISA en la censura del noticiario, Aristegui se remonta al convenio que ella, Javier Solórzano y Carlos Loret de Mola firmaron hace cinco años:“Llegamos a la W en un momento en el que no pintaba en términos de audiencia. Era un momento especial para el país: había un ánimo fundacional a raíz del triunfo de Vicente Fox y de la alternancia.“Tuvimos otras opciones, económicamente muy interesantes, sin embargo optamos por entrar a un grupo de comunicación que es un referente para todos nosotros por la presencia de grandes personajes del periodismo como Juan Luis Cebrián, Alex Grijelmo, Joaquín Estefanía...“El tipo de convenio que hicimos fue la hoja en blanco: construyan todo a partir de cero. Solórzano, Loret de Mola y yo fuimos los responsables de hacer eso. Comenzamos a construir la organización de los espacios informativos; los tres armamos una redacción, invitamos a reporteros; decidimos, en conjunto, el perfil de quien coordinaba el trabajo editorial. Me parece que fue un trabajo muy eficaz e interesante.“Así caminamos durante varios años. Javier Solórzano se va por una apuesta que hace W Radio con un proyecto como El Weso. A él no le pareció atractiva la propuesta y decidió salir, según entiendo, en términos no muy satisfactorios.“Nos quedamos Carlos y yo con el mismo esquema. Camina muy bien hasta que llega un punto, particularmente después de las elecciones de 2006, en que se decide que hay que cambiar ese modelo de conducción editorial”.Carmen Aristegui reconoce que ese esquema editorial, así como la separación entre PRISA, responsable de los contenidos informativos de W Radio, y su socio Televisa, que no podía inmiscuirse en la línea editorial, fue lo que permitió el desarrollo de la estación y evitó que el consorcio mexicano ejerciera directamente la censura.“Mi vínculo con Televisa era prácticamente nulo y yo no tuve una llamada directa de ningún funcionario –aclara–; sin embargo, tengo todo tipo de referencias sobre el disgusto que generaba que se hablara de un tema con claro interés público y periodístico, como la Ley Televisa. “Si bien es complicado para un profesional mentar la soga en casa del ahorcado, también sé que era fundamental en un debate de esta naturaleza no negarle a la audiencia la mirada de unos y otros, porque por ahí está cruzando la viabilidad de la vida democrática del país.”Entonces rememora la presión que ejerció Televisa sobre el Grupo PRISA a raíz de la cobertura de la polémica reforma a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión.En un encuentro realizado en Valle de Bravo para analizar las áreas de negocios de Televisa, cuando el entonces director de W Radio, Raúl Rodríguez, exponía los avances de la estación, el directivo Javier Pérez Teuffer le reclamó “por qué dentro de una estación del grupo Televisa se hablaba así de la ley de medios”.“Hubo un aplauso de los demás asistentes ante la pregunta”, relata Aristegui.
–¿Cuál fue la reacción de Rodríguez?
–Supongo que lo habrá incomodado, pero PRISA demostró, y así lo reconozco ampliamente, que ante la solicitud de mi cabeza, en ese momento y en otros de reclamo, aguantó. PRISA mantuvo durante todo ese tiempo su posición de que no podía descabezar a alguien por la cobertura de la Ley Televisa.“Sin esa posición, frente al disgusto de Televisa, simplemente no hubiéramos podido estar más.“Tiempo después, tras la cobertura electoral, después de la reforma electoral, después de todas las presiones, recibo el Premio Ondas, el principal reconocimiento del grupo. Lo recibimos Bernardo Gómez, por la parte de Televisa, y yo por W Radio.“PRISA en ese momento tenía absolutamente claro que no podía dar mi cabeza sin tener un daño. PRISA no podía, no debía dar mi cabeza por un trabajo periodístico. El grupo se sostuvo hasta el punto que ya conocemos.”
–¿Nunca hubo un reclamo directo de Televisa hacia usted?
–No, por una razón fundamental: no tuve ningún tipo de contacto o de deliberación de estrategias editoriales porque no estaba planteada así la relación. Mis interlocutores para cualquier cosa de espacios informativos eran funcionarios que provenían de PRISA.
–Usted tuvo una relación previa con Televisa, al conducir el programa Círculo Rojo. Recuerdo que antes de la transmisión del programa sobre los Legionarios de Cristo hubo una reunión con Emilio Azcárraga Jean. ¿En el caso de la W no hubo reuniones similares?
–No podían hacerlo, dado que el convenio con PRISA estableció que los responsables informativos eran los españoles. Explícitamente, los de Televisa no podían o no debían hablarme a mí. Sí podían hacerlo con su socio, como lo hicieron, para decirle lo que no les gustaba de lo que yo hacía, que no estaban de acuerdo con algún tipo de cobertura. Y PRISA, en su definición, dijo antes: la sostenemos.
–¿PRISA, específicamente, no la quiso presionar?
–No, porque además hubieran contravenido su definición de la responsabilidad que yo tenía asignada, que implicaba la dirección editorial. Aquí la pregunta es si esa postura de PRISA se fracturó por la presión previa, si finalmente cedió mi cabeza. Eso es lo que todo el mundo está analizando.
–¿Ubica el momento en que cambió la actitud de PRISA?
–Sí: cuando llegó Daniel Moreno.
“Hice lo que me tocaba”
Televisa expresó su descontento con el espacio de Carmen Aristegui a finales de septiembre de 2006, tras la crisis poselectoral, cuando el consorcio suspendió la transmisión de W Radio en Sky, argumentando “fallas técnicas”.
–¿Fue un signo de que algo le disgustaba a Televisa?
–se le pregunta a Aristegui.
–Ese fue una muestra incontrastable de que, en esa sociedad de dos gigantes de la comunicación, una de las partes estaba a disgusto con el manejo editorial.
–¿Protestó PRISA?
–Ahí no hubo ningún reclamo respecto al daño que se causaba a la alianza porque se le quitaba esa ventana importante para un espacio como W. Lo notable es que Sky sí mantuvo otras frecuencias de radio, como Radio Fórmula, y no las suyas (es propiedad de Televisa); decidió sacar a su propia estación.La decisión fue avalada por Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa. Así se lo confió a Aristegui un empresario que asistió a un encuentro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios en vísperas de la toma de posesión de Felipe Calderón, en la cual hubo quejas por la cobertura de W Radio.“En algunas de estas reuniones de estos jerarcas empresariales, dicen que Emilio Azcárraga, haciendo valer la decisión de Sky, afirmó: ‘Yo ya hice lo que a mí me tocaba’.“Hubo también un ambiente de presión empresarial hacia Televisa por el tema de la reforma electoral –prosigue la periodista–, por el seguimiento puntual del caso Norberto Rivera, que ha generado mucho disgusto en una clase empresarial que es muy afín a la Iglesia católica.”Apasionada, recalca que también ella hizo su parte:“Las coberturas informativas tocaron intereses muy poderosos en los ámbitos militar, eclesiástico, económico, político, en fin, creo que nosotros hicimos lo que a un periodista le toca hacer.“Por supuesto, este periodismo que se hace con esta dinámica, como el que hace Proceso, no es simpático para los grupos de poder, pero es una presencia irrenunciable para una sociedad que tiene el derecho a saber. No se trata de ser simpático, sino de poner por encima de todo el derecho de las audiencias a saber.“Nadie se pelea con que deba haber un esquema de comercialización sano, vigoroso, que le permita a un medio de comunicación informar. El hecho de que sea vigoroso comercialmente hablando no debe implicar que renunciemos a lo fundamental, que es el interés público hacia las audiencias.”
Escamoteo informativo
A Carmen Aristegui también se le criticó por tener un supuesto sesgo favorable a Andrés Manuel López Obrador o a los opositores de Felipe Calderón.
–¿Se hizo sentir la presión del poder político en su caso?
–No tengo evidencia de que Calderón haya dado una orden, pero hay un contexto que hace posibles las interpretaciones, las suspicacias o los señalamientos abiertos.
–¿Solicitó alguna entrevista con Felipe Calderón?
–La solicitamos en el arranque del gobierno. No fue concedida y luego hubo un tiempo en que él mismo no dio entrevistas a ningún medio de comunicación.
–¿No le dijeron, como a Gutiérrez Vivó, que le darían la entrevista hasta que se portara bien?
–Nunca. Pero, para decirlo suavemente, no hemos tenido una fluida interlocución con el equipo de comunicación de Los Pinos. Hemos tenido dificultades en algunos casos para conseguir entrevistas y obtener informaciones directas de los funcionarios. Me temo que en algunas ocasiones ha habido peticiones de que no nos den entrevistas.
–¿Era incómoda para el gobierno?
–Sí, sentí que no era un espacio deseable para la Presidencia de la República, si me atengo a las dificultades importantes que tuve en distintos momentos para lograr entrevistas con funcionarios de alto nivel, a pesar de que algunos sí se presentaban. En varios casos sentí claramente una indisposición para colaborar o atender las solicitudes de entrevistas. Percibí un ánimo de comunicarle tal vez a los funcionarios que no era bien visto que estuvieran en mi espacio informativo.En contraste, Aristegui reconoce que no esperaba tanto apoyo de la opinión pública en foros en internet, cartas a los periódicos, desplegados de prensa, llamadas a W Radio, correos electrónicos y protestas frente a la estación.“Es evidente que este evento detona una circunstancia de agravios múltiples, acumulados, recientes, firmemente vinculados a la tarea de los medios”, acota. Con todo, dice, “me ha sorprendido la reacción; me rebasa, me trasciende. El tema no soy yo. No tiene que ver únicamente con el hecho de que me quitaron el programa que yo oía. “Tiene que ver con la cancelación de un espacio en momentos en que los medios de comunicación han vivido situaciones muy criticables y le deben a sus audiencias explicaciones: por qué le regatearon el debate y la información de la Ley de Radio y Televisión, y por qué le asestaron a la sociedad una campaña contra la reforma electoral con pretensiones libertarias, cuando sabemos que existe disgusto por un tema de negocio electoral.”Aristegui recuerda emocionada el momento en que salió de la cabina tras la última transmisión y sintió “el cruce de emociones” entre sus colaboradores, integrantes de otros programas de Radiópolis y los radioescuchas presentes:“Si había una empatía en el momento de la transmisión, cuando se cancela el espacio esa empatía se potencia. Ante la brutalidad del silencio, hay este sentimiento de pérdida de los ciudadanos: ‘Me quitaste lo que yo oía y no te importé’. No te importó que los índices de audiencia fuéramos ciudadanos.” l
Los Pinos de Calderon:Vivir en el Miedo.



Sobreprotección presidencial

Con un celo poco usual, el Estado Mayor Presidencial está protegiendo al presidente Felipe Calderón. Desde el año pasado se instalaron cámaras de circuito cerrado en Los Pinos y otros nueve edificios públicos para vigilar todos los movimientos de personal. Lo peculiar de esta medida es que se contrataron los servicios de una empresa privada. Pero también se instaló en el conmutador de Los Pinos un aditamento para escuchar todas las conversaciones telefónicas, sin que los interlocutores se den cuenta de ello.En Los Pinos las llamadas telefónicas pueden intervenirse en cualquier momento –incluidas las que se hacen desde la sala de prensa–, y todo movimiento es registrado por 70 cámaras ocultas colocadas estratégicamente.En el segundo año del gobierno calderonista la prioridad es impedir fugas de información y controlar los datos oficiales, sobre todo si se trata de la estrategia contra el narcotráfico.El responsable de controlar este blindaje es el jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), Jesús Castillo García, un general de brigada Diplomado de Estado Mayor. Tal es su esmero que incluso tomó ya medidas poco comunes, entre éstas alejar de los ventanales del salón Adolfo López Mateos que dan hacia los jardines de Los Pinos el estrado que se utiliza durante las ceremonias oficiales. La mayor parte de los actos se organiza en ese sitio.Así mismo, el general Castillo aceptó la contratación de la empresa Seguridad Privada Hospitalaria y Empresarial para que 40 policías privados custodien 10 edificios públicos, incluido el Palacio Nacional. Serán ellos quienes se encarguen de vigilar todos los movimientos: quiénes entran o salen, así como revisar los bultos, portafolios y paquetes que les parezcan sospechosos.Desde antes de que Calderón llegara a Los Pinos, el general Castillo conoció la estrategia para enfrentar al narcotráfico. Incluso ordenó, en noviembre de 2006, la compra de dos camionetas blindadas, tipo Suburban, las cuales fueron importadas de Estados Unidos por la empresa Centigon. Su costo: 1 millón 714 mil 127 pesos por unidad, según consta en copias de las facturas obtenidas por Proceso.Cuando el EMP se mueve para cubrir las espaldas de Calderón renta salones o sitios equipados con computadoras, faxes, teléfonos fijos y satelitales, proyectores e internet. Los gastos son onerosos. En el período que va del 1 de diciembre de 2006 al 30 de junio de 2007, por ejemplo, se gastaron 28 millones 959 mil 190 pesos, incluyendo el pago de hoteles, la alimentación, así como los transportes aéreos y terrestres para las tropas sólo en territorio nacional.En las giras internacionales, el desembolso llegó a 1 millón 153 mil 815 dólares en el mismo período. A estos datos, obtenidos por Proceso mediante la Ley Federal de Transparencia, habrá que sumar los últimos seis meses de 2007 y los primeros días de 2008.El EMP no escatima esfuerzos ni recursos públicos tratándose del mandatario. Mantiene intacto el blindaje sobre los datos oficiales y el control de la información para enfrentar al narcotráfico, sobre todo a Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo, a quienes el Ejército y la PGR le decomisó lanzacohetes HE 60 milímetros, cuyo alcance es de entre 400 y 600 metros. La potencia de estos artefactos es tal que incluso pueden derribar aeronaves, según un informe publicado por El Universal.Durante su gestión, Calderón ha recibido tres amenazas de muerte por parte del narcotráfico. La PGR sostiene que no abrieron investigaciones y el asunto está en manos de inteligencia militar. Incluso la semana pasada, Presidencia declaró a la reportera Lilia Saúl que esa información era reservada.
El Hermano Mayor
Las empresas Avantel y Axtel instalaron 2 mil 94 aparatos telefónicos en Los Pinos, así como en los edificios administrativos ubicados sobre avenida Constituyentes, Palacio Nacional y en el Hangar Presidencial. Ambas empresas también entregaron celulares a los mandos medios, que éstos comenzaron a utilizar a partir del 1 de enero. Lo singular de estas líneas es que todas pueden ser intervenidas en cualquier momento, incluso las que están colocadas en la sala de prensa de Los Pinos, donde diariamente acuden los reporteros asignados a la fuente presidencial.El control de las llamadas se hace desde el nuevo conmutador de Los Pinos, sin que el usuario pueda percatarse. El contar con este tipo de servicio, técnicamente conocido como barge in / barge out, fue uno de los requisitos que tuvieron que cubrir las empresas participantes en el concurso: Maxcom, Telmex, Alestra y Sixsigma Networks de México, además de Avantel y Axtel.Todas supieron que deberían ofrecer este tipo de intervención, manejada por computadora y de manera discreta. La orden para colgarse de una línea debe darse desde el EMP o bien desde la Oficina de la Presidencia encabezada por Juan Camilo Mouriño. Estos datos están en el contrato, las bases de licitación y en una versión estenográfica de la junta de aclaraciones hecha antes de designar a las compañías ganadoras, las cuales fueron obtenidas mediante un paquete de solicitudes de acceso a la información mediante la Ley de Transparencia.El 10 de julio de 2007, en la sala de licitaciones, ubicada en uno de los edificios administrativos de la Presidencia sobre avenida Constituyentes, se efectuó la junta. De botepronto, el representante de Telmex, Roberto Villeda, preguntó:“Sobre la intervención de llamadas barge in / barge out, solicitamos a la Presidencia nos aclare a qué se refiere con esta facilidad.”Y la respuesta fue: “El representante de la Dirección General de Tecnologías de la Información manifiesta que se refiere a la intervención de llamadas sin ser detectada por el usuario”.El resto de las empresas no repararon en este punto, registrado en la página 38 de las 81 de que consta la versión. Los representantes continuaron lanzado preguntas sobre cuestiones técnicas.En el manual de operación de los nuevos teléfonos fijos entregado a los reporteros se explica, por ejemplo, que se cuentan las llamadas en espera, así como las transferencias, conferencias, buzón de voz, registro de números y “sígueme”, servicio mediante el cual pueden enlazar su número de la sala de prensa a los celulares personales o cualquier otra línea fija fuera de Los Pinos.Ejecutivos de otras empresas especializadas en esta materia que no participaron en la licitación explicaron a Proceso que sobre el barge in / barge out existen dos posibilidades: Una es que el usuario escuche un zumbido al momento de estar hablando, lo que indica que la línea será intervenida; la otra es que se grabe la conversación sin que los interlocutores se enteren. La Presidencia optó por la segunda.La experiencia sobre este tema dentro del EMP tiene un sabor amargo, ya que durante el sexenio de Fox tuvieron que enterarse por la agencia antidrogas estadunidense, la DEA, que el excoordinador de giras Nahúm Acosta Lugo presuntamente estaba filtrando información confidencial sobre los movimientos del mandatario a miembros del cártel de Sinaloa, concretamente a los capos Héctor Alfredo y Marco Arturo Beltrán Leyva.En el libro Narcotráfico, el gran desafío de Calderón, escrito por el reportero de Proceso Alejandro Gutiérrez, se describe que dos testigos protegidos por la DEA fueron quienes alertaron a la Presidencia sobre la filtración de información al cártel de Sinaloa desde la misma residencia de Los Pinos.Al momento de ser detenido, lo primero que Nahúm Acosta entregó al procurador Rafael Macedo y al entonces jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, fue su teléfono celular.“Seis meses antes, en septiembre de 2004, la DEA prendió su foco de alerta al descubrir que del teléfono que tenía intervenido, propiedad de Héctor Beltrán Leyva, salían llamadas a la casa número uno de México. La agencia estadunidense tenía al menos una llamada de Héctor Beltrán Leyva a Nahúm Acosta”, asegura Gutiérrez en el libro citado.Y agrega: “Los dos testigos protegidos de esta investigación fueron José Martínez Pérez –exaliado del capo Armando Valencia, cuyo seudónimo es José Rodríguez– y Marcelo Peña García, alias Julio, cuñado de El Chapo Guzmán”.El contrato firmado por Avantel y Axtel fue por tres años y tendrá un costo para el erario de 92 millones 747 mil 919 pesos.
Ojos indiscretos
Sea en la hondonada de Los Pinos –donde recientemente Calderón rompió piñatas con niños de casas hogar–, o en la escalinata de la casa Miguel Alemán –sitio en el cual recibió el viernes 11 al equipo de futbol Atlante–, las 70 cámaras de televisión controladas por el EMP son difíciles de detectar a simple vista.Lo mismo sucede dentro del salón Adolfo López Mateos y el camino que va de la puerta uno a la pluma donde entran los autos, pues los indiscretos artefactos están colocados en las copas de los árboles. Tampoco pueden observarse dentro de la sala de prensa. Pero ahí están, colocados para registrar cualquier movimiento, según consta en el contrato firmado con la empresa Security Network Systems por 20 millones 690 mil 931 pesos.El 22 de marzo de 2007, Proceso solicitó a la Presidencia una copia del acuerdo con esa compañía, cuyo domicilio está en Monterrey, Nuevo León, tras detectar en el portal de compras oficial, Compranet, que existía ese contrato. El EMP se negó, argumentando que se trataba de un asunto de seguridad. No obstante, los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) determinaron que la solicitud era válida puesto que no se pedía la ubicación de las cámaras ni que se revelaran las estrategias para cuidar al presidente.Al estar de por medio el uso de recursos públicos, el contrato tuvo que abrirse. Sin embargo, el litigio se prolongó hasta el 9 de agosto de 2007. Las cámaras –de dos modelos diferentes, con micrófonos incluidos– están funcionando desde la última semana de diciembre de 2006, poco después de que arrancaran los operativos especiales contra el narcotráfico en Michoacán, Tijuana y Guerrero.Security Network Systems fue obligada por el EMP a firmar un acuerdo de confidencialidad sobre la información clasificada y de seguridad nacional a la que tendrían acceso sus técnicos al instalar los equipos.A regañadientes, los altos mandos del EMP entregaron la información solicitada por este semanario, pero mantuvieron firme su postura en el sentido de que este sistema de vigilancia no fue utilizado para registrar actividades relacionadas con la seguridad de Calderón o el robo de información confidencial.La Presidencia rechazó, por ejemplo, haber grabado el último encuentro en Los Pinos entre Calderón y el expresidente Fox, efectuado el 12 de marzo de 2007. De igual forma, arguyó que no cuenta con una lista de los actos potencialmente registrados, según consta en las respuestas entregadas a este reportero.El EMP destacó que las cámaras sólo están ahí para labores de vigilancia.
Seguridad al extremo
La empresa Seguridad Privada y Hospitalaria, registrada en la Ciudad de México desde 1997, propiedad de Leticia Angélica Foullan Gómez y Mónica Zamora Castillo, según el Registro Público de la Propiedad, fue la ganadora de una inédita licitación lanzada el 2 de marzo de 2007 para resguardar los 10 edificios de la Presidencia, incluido el Palacio Nacional.En las bases del concurso y en el contrato –conseguido también con base en la Ley de Transparencia– consta que 40 policías privados vigilan las 24 horas del día las instalaciones presidenciales y utilizan equipo y tecnología moderna, amén de contar con vehículos equipados con aparatos de radiocomunicación.El 11 de marzo de 2007, Proceso publicó que, desde las bases de la licitación quedó establecido que la empresa ganadora tendría que probar su capacidad para impedir el robo de información, expedientes y archivos. En el anexo 1 de la licitación se detalló:“Sin excepción se revisarán portafolios, mochilas, maletas, paquetes, bultos y bolsas, con el objeto de que no salgan materiales de la Presidencia o entren artefactos peligrosos.”Antes de que concluyera el primer semestre de ese año, Seguridad Privada y Hospitalaria ganó el concurso al ofrecer una cobertura en los términos exigidos por la Presidencia por un costo de 5 millones 151 mil 705 pesos.Esta empresa contaba ya con una serie de contratos con el gobierno del Estado de México, así como en delegaciones del ISSSTE, en la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco), en el Instituto Mexicano del Transporte y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.Aun con esta experiencia a cuestas, la empresa tuvo que garantizar que sus policías contaban con la capacidad para supervisar al personal de la Presidencia en caso de detectar algo extraño en los movimientos de los empleados de esa dependencia.Las labores de esta compañía consisten en un despliegue de 40 elementos en turnos de 24 horas entrenados para enfrentar cualquier emergencia sin utilizar armas de fuego.Entre las oficinas custodiadas se encuentran los inmuebles de avenida constituyentes 161, colonia San Miguel Chapultepec, donde estuvieron las oficinas de Marta Sahagún; el de avenida Constituyentes 750, en la Tercera Sección de Chapultepec, edificio que aloja también las oficinas de Hacienda, así como los ubicados en el primer cuadro de la Ciudad de México.La lista de los 10 edificios con vigilancia privada coincide con los sitios en los cuales se colocaron los teléfonos fijos que pueden ser intervenidos por el Estado Mayor Presidencial.La responsable de esta licitación fue Patricia Flores Elizondo, coordinadora general de administración, quien trabajó como secretaria general de la Cámara de Diputados cuando Calderón era coordinador de la bancada del PAN, durante el primer trienio foxista.El jefe inmediato de Patricia Flores es Juan Camilo Mouriño, titular de la Oficina de la Presidencia, quien en los hechos se desempeña como vicepresidente.La intercepción de llamadas, las cámaras de televisión, la vigilancia privada y del derroche de recursos públicos forman parte del blindaje en Los Pinos, que se ha transformado en una fortaleza para impedir fugas de información.El jefe del EMP, el general Jesús Castillo, sabe de las amenazas de muerte contra Calderón, como la encontrada en las instalaciones policiacas de Acapulco, Guerrero, tras un ataque perpetrado por Los Zetas. l
López Obrador llama a la unidad entre la dirigencia del FAP

Reiteró que "la mafia les robó" la Presidencia por carencia de organización.
Temoaya, Méx. Andrés Manuel López Obrador llamó a la unidad y a hacer de lado intereses personales o de grupo a los dirigentes nacionales, estatales y municipales del Frente Amplio Progresista (FAP) para defender al pueblo y a la Patria.
Antes, en Jiquipilco, el ex candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos reiteró que la mafia les robó la Presidencia, pero también “nos la robaron por falta de organización”.
Tras el llamado a la unidad, reconoció a aquellos dirigentes del FAP que siguen trabajando a su lado por la transformación del país a pesar de que son presionados.
“(A dirigentes del Frente) los hostigan o los presionan para que no se junten conmigo, pero aquí refrendan su lealtad”, aseveró.
En su recorrido por municipios del norte de esta entidad, región otomí, fue evidente la presencia de diversas corrientes perredistas que contenderán por la presidencia de ese partido en marzo próximo.

Todos los medios de comunicación, “ladeados al servicio del régimen” AMLO.
Andrés Manuel López Obrador
Foto: eduardo miranda

* Calderón, un “reverendo mentiroso”, afirma

México, D.F., 11 de enero (apro).- Andrés Manuel López Obrador calificó de “reverendo mentiroso” a Felipe Calderón al recordar que éste se comprometió en la campaña presidencial a reducir las tarifas de los combustibles y ha ocurrido, dijo, todo lo contrario.En el segundo día de su gira por el Estado de México, el excandidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, recordó que durante el año pasado los precios de los productos de consumo generalizado aumentaron 35% y los salarios sólo 4%.López Obrador aseguró que todos los días suben los precios de productos básicos.Sin embargo, se quejó que del vacío que hacen los medios de comunicación a temas que impactan en la calidad de vida de la población. “Ya no hay noticiero qué ver: todos están ladeados al servicio del régimen y la derecha”, recriminó.En Almoloya de Juárez, el excandidato presidencial advirtió nuevamente que “si el pelele (Felipe Calderón) o los legisladores envían una iniciativa que entregue a los extranjeros la industria petrolera, llamaremos, sin titubeos ni medias tintas, a la movilización social en todo el país”.Aclaró que este movimiento no tiene el afán de luchar por el poder y mucho menos por puestos públicos o dinero.Los mexicanos “no vamos a renunciar a defender el pueblo y a la justicia. No podemos aceptar esos abusos de poder”, agregó.López Obrador aseguró que al gobierno de Calderón no le importa el destino del país ni mucho menos el sufrimiento del pueblo. “La derecha lo deshumaniza todo, porque sólo le importa mantener y acrecentar los privilegios de una minoría rapaz, que se cree dueña de la nación”, agregó.En San Mateo Atenco, López Obrador manifestó que a pesar del “fraude electoral” decidió seguir luchando hasta lograr un verdadero cambio del país. “De este movimiento de millones de mexicanos, depende el que podamos sacar a México del atraso en que se encuentra, por eso tenemos que seguir adelante y mantener la fe”.Más adelante, en Lerma, el excandidato presidencial del PRD ratificó: “Nunca vamos a reconocer a Calderón como presidente de México, porque él fue impuesto al cargo después de emerger de un fraude electoral”.
Se enfrentan mineros y policías en Cananea, Sonora: Ocho heridos y cuatro desparecidos

Mineros de Cananea, Sonora, chocaron este viernes con fuerzas estatales federales
Foto: miriam villavicencio valenzuela

Además, decenas de intoxicados, y una docena de detenidos
* El sindicato se ampara y culpa de la violencia a las autoridades

México, D.F., 11 de enero (apro).- Mineros de Cananea, Sonora, chocaron este viernes con fuerzas estatales y federales, después que la Junta de Conciliación y Arbitraje declaró ilegal la huelga que mantienen desde hace cinco meses, con un saldo de al menos ocho heridos –tres policías, entre ellos--, cuatro desaparecidos, decenas de trabajadores intoxicados y una docena de detenidos.Después de dos horas, la policía estatal recuperó las instalaciones, con la ayuda de unos 700 elementos del ejército mexicano y de agentes federales. El enfrentamiento se inició cuando alrededor de 300 trabajadores comenzaron a bloquear la entrada de la empresa con maquinaria pesada. En respuesta, los uniformados lanzaron gas lacrimógeno, lo que desató la gresca. Los mineros lanzaron balines de acero a los policías.En la revuelta, varios camiones y vehículos fueron incendiados y las instalaciones de la mina dañadas.La movilización de los manifestantes inició alrededor de las diez y media de la mañana. Según las autoridades, unos 300 trabajadores fueron los que ocasionaron los destrozos.El enfrentamiento dejó al menos tres agentes lesionados, indicó el alcalde de Cananea, Luis Carlos Cha Flores. Oficiales federales revelaron que en el desalojo hubo algunas detonaciones químicas de los manifestantes, así como bombas molotov. Personal de las fuerzas federales confirmó que en el desalojo no se utilizaron armas de fuego.La víspera, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró por segunda ocasión “legalmente inexistente” la huelga en la mina de Cananea, que inició el 30 de julio de 2007. Después de conocerse el resolutivo laboral, fuerzas federales y estatales arribaron a la planta productora de cobre ubicada en Sonora, para preservar la integridad física de los trabajadores dispuestos a reanudar sus actividades. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer que este viernes notificó a las 11:30 horas al sindicato minero la declaración de inexistencia de la huelga.Desde el pasado 30 de julio, el sindicato inició huelgas en las minas de Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas, en demanda de mejores condiciones de seguridad para los trabajadores.El 21 de diciembre pasado el Primer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito dejó sin efecto la primera declaración de inexistencia del paro en Cananea y ordenó a la autoridad laboral emitir una nueva determinación.En un comunicado, la Secretaría del Trabajo explicó el fallo del Tribunal Colegiado en el sentido de que "en ningún momento calificó el movimiento de huelga como existente”.Por ello, la Junta emitió esta segunda resolución de inexistencia de huelga al considerar que no fueron satisfechos los requisitos de ley, y para ello tomó como pruebas las actas notariales presentadas por sindicato y empresa.Toda vez, dijo, que la huelga "no estalló a la hora previamente señalada por el sindicato minero en su emplazamiento y, en consecuencia, esta causal incumple con un requisito formalmente exigible para estos efectos".Según la Ley Federal del Trabajo (LFT) fracción uno del artículo 932, "los trabajadores deberán regresar a trabajar en un plazo no mayor a 24 horas y, en caso de no hacerlo la empresa podrá rescindir las relaciones laborales a quienes no se presenten".No obstante, la Secretaría del Trabajo reconoció que esa resolución no representa ningún impedimento para que el sindicato ejerza acciones legales que a su derecho convenga. Por su parte, el gobernador de Sonora, Eduardo Bours, confirmó y pretendió justificar el arribo de agentes federales y estatales al municipio de Cananea con la finalidad de salvaguardar el orden.
Llamado empresarial
Mientras tanto, la empresa Minera México hizo un llamado a los mil 300 trabajadores de la mina de Cananea a regresar a sus labores, luego de comprometerse a garantizar la seguridad de quienes así lo deseen.En un comunicado, la empresa sostuvo que mantiene su ofrecimiento de contratar a expertos independientes para que evalúen las medidas de seguridad e higiene en Cananea y verificar su cumplimiento.Con la declaración de inexistencia de la huelga estallada hace cinco meses en la Unidad Minera de Cananea en Sonora, perteneciente a Grupo Minera México, los trabajadores tienen 24 horas para regresar a su centro de trabajo o la empresa podrá despedirlos.“El Poder Judicial de la Federación concedió un amparo para efectos de que la JFCA emitiera una nueva resolución con plenitud de jurisdicción, y en ningún momento calificó el movimiento de huelga como existente, en tal virtud la autoridad laboral acató cabalmente el mandamiento emitido por el Poder Judicial de la Federación”, explicó la dependencia que encabeza Javier Lozano Alarcón.
Se ampara el sindicato
Por la tarde, el sindicato minero presentó un amparo ante un juez federal, para reclamar la legalidad de la huelga que hoy fue declarada inexistente por la JFCA, anunció Juan Rivero, abogado del gremio.En un boletín de prensa, el sindicato responsabilizó al gobierno federal, en particular a la Secretaría del Trabajo y a la PFP, por la violencia desatada a raíz del desalojo de trabajadores en la mina de cobre.El comunicado refiere que “responsabilizamos al gobierno federal de las pérdidas de vidas y daños que puedan sufrir los mineros y sus familias".El sindicato sostuvo que tres Juzgados de Distrito y tres Tribunales Colegiados de Distrito resolvieron que las decisiones de la JFCA son “inconstitucionales, por lo que es evidente la parcialidad del gobierno federal”.

sondeo

¿Quién es el responsable del enfrentamiento en Cananea, Sonora?

a) Los mineros
7.31 % 75 votos
b) El gobierno estatal
7.12 % 73 votos
c) El gobierno federal
85.58 %
878 votos
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