El Ejército, el gran perdedor
La detención de tres generales y un teniente coronel la semana pasada,
con el divisionario Tomás Ángeles Dauahare como cereza del pastel, es el
golpe más espectacular contra el prestigio del Ejército Mexicano en los
tiempos recientes. La evidente connotación política de la operación
conjunta Secretaría de la Defensa-Procuraduría General de la República
pone aún más en entredicho la estrategia de Felipe Calderón de lanzar su
guerra contra el narcotráfico exponiendo a los militares a los riesgos
en los que inevitablemente han caído: la ineficacia, el fracaso, la
corrupción o la violación a los derechos humanos. Con los cárteles de la
droga prácticamente incólumes, con el tráfico de estupefacientes
ininterrumpido, con el gran dinero del narco intocado, con la violencia
rebasando los límites de la barbarie, en vísperas de las elecciones
presidenciales del 1 de julio puede decirse que las Fuerzas Armadas son
las grandes perdedoras de la guerra de Calderón.
Militares en Ciudad Juárez.
El Ejército Mexicano es el gran perdedor en la “guerra contra el
narcotráfico” emprendida por Felipe Calderón. La detención de tres
generales por supuestos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán
Leyva, en una acción evidentemente política realizada a mes y medio de
la elección presidencial, es el mayor golpe que han recibido las fuerzas
armadas en su historia reciente.Ya cuestionado por los resultados
de esa guerra, entre ellos el marcado incremento en la violación a los
derechos humanos, el Ejército acaba el sexenio sometido a una fuerte
presión desde el propio gobierno de Calderón, que en su “legado” de
combate al narcotráfico dejará a la institución dividida y a su
liderazgo en entredicho.
El golpe ya está dado y no hay nada que lo
pueda revertir, coinciden militares y analistas en seguridad nacional,
quienes también advierten que el escándalo provocado por la detención de
tres generales y la búsqueda de otro jefe militar puede acabar en una
pifia más de la Procuraduría General de la República (PGR) bajo el
gobierno de Calderón, como el llamado michoacanazo y la detención del
exalcalde de Tijuana Jorge Hank Rhon.
Finalmente se supo que el
cuarto militar de alto rango al que buscaban era el teniente coronel de
caballería retirado Isidro de Jesús Hernández Soto, quien la noche del
viernes 18 fue presentado ante la PGR como parte de la investigación por
delincuencia organizada que se lleva a efecto contra miembros del
Ejército por sus presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva.
Mediante
una “orden de localización y presentación”, el general de división en
retiro y subsecretario de la Defensa Nacional en los dos primeros años
de Calderón, Tomás Ángeles Dauahare, fue detenido la noche del martes 15
en su domicilio de la Ciudad de México. Efectivos de la Policía
Judicial Militar lo llevaron al Campo Militar número 1. Después fue
entregado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.
Lo mismo ocurrió con el
general brigadier en activo Roberto Dawe González, quien en este sexenio
trabajó en el Cuerpo de Guardias Presidenciales, donde estuvo a cargo
de la seguridad perimetral de la residencia oficial de Los Pinos.
Apenas
se había anunciado el arraigo de ambos generales por 40 días –el plazo
se cumple el 26 de junio, cinco días antes de las elecciones generales
del 1 de julio–, la PGR anunció la “retención” de un tercer militar de
alto rango, el general de brigada Ricardo Escorcia Vargas, quien al
principio del mandato de Calderón era el comandante de la 24 Zona
Militar en Morelos.
A diferencia de la detención de otros generales
también acusados de proteger a narcotraficantes, la aprehensión y
arraigo judicial del general Ángeles Dauahare ocurre cuando el gobierno
de Calderón está por terminar, y en medio de los acomodos dentro y fuera
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para influir en la
designación del sucesor del general secretario Guillermo Galván Galván.
Hasta
ahora Ángeles Dauahare, que hizo su carrera en el arma de Infantería,
había sido el más visible. El miércoles 9 de mayo participó en un foro
sobre seguridad nacional realizado en San Luis Potosí por la Fundación
Colosio del PRI para el candidato presidencial Enrique Peña Nieto.
Sobrino
nieto del general Felipe Ángeles, estratega militar del revolucionario
Francisco Villa, Tomás Ángeles salió hace cuatro años del Ejército en
forma sorpresiva, en medio de rumores sobre sus supuestas aspiraciones
para suceder al propio Galván o al secretario de Seguridad Pública,
Genaro García Luna.
Con una trayectoria que incluye cargos como
agregado militar de México en Washington (dos veces), director del
Colegio Militar, secretario particular del general secretario y
subsecretario de la Sedena, pertenece a un grupo de militares retirados
de alto rango que además de poseer información privilegiada ha mantenido
activas sus relaciones políticas fuera de la Sedena.
Su equipo en la
dependencia estaba diezmado desde que Clemente Vega García asumió como
general secretario, en el gobierno de Vicente Fox, pero Ángeles Dauahare
mantenía fuertes nexos con políticos y tenía mucha relación con otras
instancias de gobierno.
La detención del divisionario es la más
significativa hasta ahora, no sólo porque se trata del exfuncionario de
mayor nivel acusado de delincuencia organizada, sino por la información
que poseía, las decisiones que tomó y su influencia en el instituto
armado, a diferencia del general Jesús Gutiérrez Rebollo, hasta ahora el
caso más sonado de un general detenido por vínculos con el
narcotráfico.
Como subsecretario de la Defensa Nacional en los dos
primeros años de este sexenio, Ángeles Dauahare se encargó de la
administración de la principal fuerza armada del país, pero más
significativo aún fue su papel durante el gobierno de Ernesto Zedillo.
Tenía a su favor que era la puerta de entrada al titular de la Sedena en
aquel sexenio, Enrique Cervantes Aguirre. Desde su posición como
secretario particular, no sólo era el hombre de todos los contactos y
con información privilegiada, sino que conoció a fondo el alto mando y
las tramas de la dependencia.
Él desempeñó un papel clave cuando el
Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) se incorporó a través de la
PGR en el combate contra el narcotráfico.
Cuando Fox nombró
secretario de Defensa a Vega García, con quien Ángeles Dauahare había
competido por el cargo, el alto mando revirtió la medida: por órdenes
del nuevo titular, el entonces subsecretario de la Sedena, Jesús Álvarez
Pérez –actual asesor en seguridad del gobierno de Zacatecas–, concentró
a los gafes en el Campo Militar 37, en San Miguel de los Jagüeyes,
Estado de México.
“Reunidos en el campo militar, el subsecretario les
dijo: ‘Hasta aquí llegó la comisión. Ahora se reincorporan a sus
actividades y a los que no quieran se les va a dar su baja’. La mitad
dio tres pasos al frente”, cuenta un contemporáneo de Ángeles Dauahare.
“Fue
un error terrible porque ahora sabemos en dónde están. Se fueron bien
adiestrados, con mucha información tanto de los grupos de delincuencia
organizada como de la PGR y de las policías federales”, dice en alusión a
Los Zetas, el cártel del narcotráfico formado por desertores del GAFE
que empezó como grupo armado del Cártel del Golfo y que ahora, ya como
cártel independiente, está aliado con lo que queda de la organización de
los Beltrán Leyva.
Como secretario particular de Cervantes Aguirre,
Ángeles Dauahare controlaba el Centro de Inteligencia Antinarcóticos
(CIAN), organismo de inteligencia que intercambiaba información con
Estados Unidos y que después cambió su nombre a Oficina de Inteligencia
Antinarcóticos (OIA).
El CIAN estaba a cargo del entonces coronel
Moisés García Ochoa, ahora director general de Administración de la
Sedena y uno de los generales que se mencionan para suceder al general
secretario Guillermo Galván.
Irregularidades
Militares
entrevistados por Proceso advierten que si el gobierno de Calderón
carece de pruebas contundentes contra el general Ángeles la detención
“se le va a revertir tremendamente”, en particular al secretario Galván.
Un general retirado, también contemporáneo de Ángeles, dice: “Para que
Galván haya permitido o promovido la detención es que debe estar casi
seguro de que hay pruebas contundentes. Si no, las consecuencias serán
terribles no sólo para su liderazgo sino para todo el Ejército”.
El
coronel retirado Jorge Carrillo Olea, exgobernador de Morelos, plantea
al respecto: “Si la Sedena actuó como instrumento quiere decir que hay
un convencimiento de Galván de que hay algo oscuro. Pero si no es así,
si resulta otro parto de los montes a los que nos tiene acostumbrados la
PGR, entonces será peor. Pero en cualquier caso le han dado un golpe
terrible al Ejército”.
Hasta el momento, advierte, por la falta de
información esto se ve peor que en el caso del general Gutiérrez
Rebollo, detenido en 1997 cuando era comisionado del Instituto Nacional
de Combate a las Drogas, bajo el cargo de proteger a El Señor de los
Cielos, Amado Carrillo, capo del Cártel de Juárez.
Ángeles Dauahare
jugó un papel importante en esa detención. Además, presidió el Consejo
de Guerra contra los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco
Quirós Hermosillo, detenidos en 2000 y acusados de tener vínculos con el
narcotráfico.
En esos casos la PGR dio a conocer desde el principio
los cargos en su contra. Esta vez ha informado a cuentagotas. A través
de filtraciones periodísticas dejó saber que los tres militares están
bajo investigación por supuestos vínculos con los hermanos Beltrán Leyva
cuando éstos aún eran socios de Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del
Cártel de Sinaloa.
Mientras la Sedena se ha limitado a informar que
“la localización y presentación” de los generales la hizo la Policía
Judicial Militar como “colaboración”, la PGR también filtró que la SIEDO
solicitó ya “la presentación” de otro general de brigada, que “es
buscado en todo el país”.
En lugar de permitir que los abogados de
los dos generales arraigados tuvieran acceso al expediente para saber
quiénes los acusan y de qué, la dependencia a cargo de Marisela Morales
Ibáñez divulgó en la prensa del viernes 18, mediante funcionarios
anónimos, que las acusaciones derivan de la llamada Operación Limpieza
dada a conocer en octubre de 2008 por el entonces titular de la PGR,
Eduardo Medina Mora, y a partir de la cual la actual procuradora general
se hizo cargo de la SIEDO.
Con esta operación se reconoció
oficialmente la infiltración de los Beltrán Leyva en la PGR y el
Ejército; también cayeron varios militares, entre ellos el mayor Arturo
González, aprehendido en diciembre de ese año y preso en un penal
federal por sus nexos con dicha organización delictiva.
En forma
extraoficial, la PGR dijo que como secuela de la Operación Limpieza
surgieron los cargos contra los jefes militares, por lo que en marzo de
2010 inició la averiguación previa AP/SIEDO/UEIDCS/112/2010.
Los
acusadores son cinco militares presos por narcotráfico, entre ellos un
general no identificado, un exsecretario de Seguridad Pública estatal,
tres agentes de la Policía Federal (a cargo del secretario de Seguridad
Pública federal, Genaro García Luna) y tres testigos protegidos, entre
ellos “Jennifer”, señalado como “testigo estrella” de la SIEDO por
aparecer en numerosas acusaciones de delincuencia organizada. Entre esos
12 testimonios están los de militares comisionados con García Luna.
Hasta
el cierre de esta edición, los abogados defensores del general Tomás
Ángeles Dauahare, Alejandro Ortega Sánchez, y del general Dawe González,
José Ordoñez González, no habían sido reconocidos como tales por la
PGR, a pesar de que así lo pidieron los militares.
“Han violado el
derecho de defensa. No han dejado que yo acepte el cargo y me citan
hasta el martes 22 para asumir la defensa a pesar de que he estado
presente desde el día que lo detuvieron”, dice Ortega Sánchez a Proceso.
Su
hermano, el también abogado José Antonio Ortega Sánchez, a quien el
general Ángeles buscó para hacerse cargo de la defensa pero que estaba
fuera del país, asegura en entrevista que el divisionario en retiro “fue
detenido con una simple orden de presentación para arraigarlo y
eventualmente consignarlo”.
Sólo le dieron cinco minutos para ver a
su esposa e hijas, gracias a un amparo contra su detención, y de esa
manera tuvo que reconocer que no estaba incomunicado. La PGR cubrió así
las formas, pero no le dio más tiempo para hablar con el abogado y saber
de qué se le acusa y con qué testimonios, agrega.
“La detención no
tiene sustento porque el general no pretendía huir. Estaba
tranquilamente viviendo en su casa de Cuernavaca. Venía entre semana a
asuntos particulares. No estaba huyendo ni había flagrancia. Estaba
totalmente localizable. Ahora está arraigado, violándose todos sus
derechos procesales”, dice.
Directo, el litigante asegura: “El tema
de la seguridad nacional se está usando políticamente. Estoy seguro de
que es un asunto político. El general en diversos momentos expresó
opiniones contrarias a la política que se sigue ahora contra la
violencia”. Y niega que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA,
por sus siglas en inglés) estuviera investigándolo y que exista una
petición de extradición.
Fracaso absoluto
Guillermo Garduño
Valero, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana
especializado en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, advierte que por
las violaciones procesales “esto va hacia otro michoacanazo”, como se
conoció a la derrota judicial del gobierno de Calderón cuando en una
acción también previa a las elecciones federales intermedias de 2009, en
una medida más espectacular que eficiente, mandó efectivos del Ejército
y de la Policía Federal a Michoacán para detener a una treintena de
funcionarios del gobierno estatal perredista y presidentes municipales.
Los acusaron de delincuencia organizada, pero después de un año de
cárcel fueron exonerados.
Para el investigador, es claro que Calderón
también ordenó las recientes detenciones de altos mandos militares y
que el general Galván sólo obedeció. “Quiere que esto juegue a su favor.
Pero hay formas de hacer política y otra cosa es jugar con el aparato
del Estado. Se ha hecho un daño irreparable al Ejército”, dice.
Agrega
que si Calderón no se dio cuenta de que tres generales que estuvieron
en su entorno tenían esas supuestas relaciones con el narcotráfico, se
trata de un descuido enorme, pero es peor que haya administrado la
información y decidiera actuar violando el proceso judicial a sólo unos
cuantos meses de que abandone el poder y a semanas de los comicios
presidenciales.
Además de calificar las detenciones como “una acción
electorera”, independientemente del sustento de las acusaciones, asegura
que representan “el fracaso absoluto de la política de Calderón: el
narco no sólo ganó las batallas, sino la guerra”.
Después del alto
costo social de la estrategia de Calderón, dice Garduño Valero, “veo un
narcotráfico más fuerte, más poderoso, que reta a la fuerza del Estado
con una enorme capacidad de fuego y recursos, mientras que el aparato
del Estado no ha podido meterse al interior de estos grupos para
desarticularlos”.
Javier Oliva Posada, coordinador del diplomado de
Defensa y Seguridad Nacional de la UNAM y profesor de tiempo completo en
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, coincide: en la “guerra”
de Calderón ha resultado contraproducente la sobreexposición del
Ejército.
Relator de la mesa de seguridad nacional organizada por la
Fundación Colosio y en la que participó el general Ángeles Dauahare,
Oliva Posada asegura: “Se ha utilizado al Ejército de manera
discrecional. Uno de los resultados son los abusos de autoridad y los
290 militares que han sido procesados por ello. Se ha desnaturalizado su
función y ahora, con estas acusaciones a los generales, ha quedado
afectado en un momento muy complicado, a 45 días de la elección
presidencial”.
Ha sido una estrategia de desgaste para el Ejército,
dice Erubiel Tirado, coordinador del diplomado sobre seguridad nacional
de la Universidad Iberoamericana: “En estos años hemos visto que ha sido
utilizado como eje de una estrategia de posicionamiento político y de
legitimación”.
Al final del sexenio, la principal Fuerza Armada del
país queda como una institución debilitada. Pero más allá de la imagen y
el aprecio social, el problema también fue de eficiencia, argumenta
Tirado: “La expresión del secretario de Defensa en 2007, de que la
exposición no ponía en peligro al Ejército ante el poder corruptor del
narco porque los operativos duraban poco y había rotación, está en
entredicho, incluso más allá de lo que suceda con los generales ahora
detenidos”.
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