Lo dijo el jueves 12 en conferencia de prensa: el camino a seguir es el de la resistencia civil, a contrapelo de lo que aconsejan algunos perredistas, empresarios e incluso priistas. Ese día Andrés Manuel López Obrador habló de las dos vías que tomará su movimiento. La primera, documentar el cúmulo de irregularidades del proceso electoral; la segunda, organizar nuevas movilizaciones en las calles para impedir que Enrique Peña Nieto sea impuesto “por la minoría que domina el país”. En entrevista con Proceso, Jaime Cárdenas Gracia, asesor jurídico del Movimiento Progresista, explica la estrategia jurídica y califica el proceso electoral entero como “una simulación”.
A contracorriente de grupos de poder, gobernadores, empresarios,
militantes del PRI y hasta miembros del PRD, quienes le piden aceptar la
derrota para no romper con “la armonía del país”, Andrés Manuel López
Obrador insiste en que el camino a seguir es el de la resistencia.
Ya
dio el primer paso al documentar ante las instancias electorales que sí
hubo fraude en la elección presidencial y ahora prepara las nuevas
movilizaciones en las calles para impedir, dice, que Enrique Peña Nieto
sea impuesto “por la minoría que domina el país”.
El jueves 12,
acompañado de Jesús Zambrano, dirigente del PRD, Luis Walton, del
Movimiento Ciudadano, y Alberto Anaya, del Partido del Trabajo, el
dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que cuenta
con más de 4 millones de simpatizantes, llamó a los mexicanos a no
permitir que se viole impunemente la Constitución y se cancele la vía
democrática.
Se veía cansado por la desgastante campaña iniciada
hace cinco años, pero sobre todo por los resultados adversos de la
jornada del domingo 1. Eso no le impidió esbozar su Plan Nacional para
la Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México: “Todo lo que
hagamos será en estricto apego a nuestros derechos ciudadanos
consagrados en la Constitución. Reitero que siempre actuaremos por la
vía pacífica. No daremos ningún pretexto para que los violentos nos
acusen de violentos”.
En la conferencia de prensa de ese día López
Obrador expresó: “No aceptemos que la corrupción domine por entero la
vida nacional. Luchemos por el renacimiento moral de México”. Y definió
su estrategia, que va en dos vías. La primera será impugnar la elección
presidencial ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF); la segunda, salir a las calles para convocar a todos
los ciudadanos a defender el voto.
El miércoles 11 en entrevista
radiofónica respondió a quienes le piden aceptar el resultado de la
elección: “No podemos ser cómplices de la corrupción. Pido disculpas por
anticipado por las molestias que pueda provocar nuestra postura. Pero
pierdan cuidado, voy a actuar pacífica y legalmente, sin violencia. Un
dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho a poner
en riesgo la vida de los demás”.
Junto con su equipo, encabezado
por su asesor jurídico Jaime Cárdenas Gracia, insistió en que
documentará las irregularidades electorales para demostrar que Peña
Nieto no ganó.
La simulación
Después de
revisar con detalle las pruebas que el Movimiento Progresista presentó
ante el TEPJF como causales de anulación, Cárdenas Gracia concluye que
el proceso fue una simulación.
“En todos los sentidos –dice–.
Aunque formalmente se pusieron las urnas y se contaron los votos, todo
se desarrolló con una gran inequidad; las encuestas se usaron con fines
electorales, como si fueran spots diarios, y el propio IFE (Instituto
Federal Electoral) cayó finalmente en la inacción.”
Doctor en
derecho por la UNAM y por la Universidad Complutense de Madrid, Cárdenas
Gracia y el equipo que encabeza presentaron ante el tribunal un
expediente con más de 600 páginas, 300 videos y 400 denuncias de seis
graves irregularidades cometidas por el PRI, la primera de ellas por la
compra y coacción del voto presentada ante la Fiscalía Especial de
Delitos Electorales (Fepade). Hasta el cierre de edición ninguna había
sido atendida.
Tras el análisis de los documentos, el exconsejero
electoral insiste en que hay elementos suficientes para que el tribunal
declare la invalidez de la jornada del domingo 1 y llame a elecciones
extraordinarias. Todo depende de cómo actúe. Por ejemplo, sólo él puede
obtener las averiguaciones previas interpuestas ante la Fepade.
“Si
se asume como autoridad administrativa, resolverá conforme a las
pruebas que presentemos, solamente. Pero si se asume como tribunal,
tomará en cuenta no sólo lo que le presentemos, también podrá requerir a
otras autoridades información o pruebas y dictar medidas para mejor
proveer. Eso va a ser muy importante”, dice a Proceso.
Confía en
que para septiembre, cuando concluya el plazo, el tribunal se pronuncie y
declare la invalidez de la elección presidencial. La impugnación,
explica, seguirá una “ruta indicial” similar a la del Pemexgate. En ese
caso el IFE conminó al PRI a pagar una multa de mil millones de pesos,
la más grande en la historia electoral de México, luego de corroborar el
uso ilegal de 500 millones de pesos del sindicato petrolero para la
campaña presidencial de Francisco Labastida en 2000.
Ahora, dice,
se presentan alrededor de 4 mil pruebas y documentos para configurar el
delito de compra y coacción del voto e inequidad en la campaña
presidencial mediante las tarjetas de Soriana y Monex que repartió el
PRI antes de la votación.
También las denuncias de compra de votos
en zonas rurales, donde la participación aumentó hasta 85%, los
contratos de los miles de espectaculares comprados desde el inicio de la
campaña, las pruebas de contratos de promoción de Peña Nieto en
Televisa desde hace cinco años, la actuación de los gobernadores del
PRI, además de bases de datos, testimonios notariales, informes de la
ONU y la OEA sobre la concentración de medios y resoluciones de otros
casos donde se invalidaron elecciones por razones similares, como las de
Morelia, Michoacán, y Zimapán, Hidalgo, en 2009.
“La autoridad
electoral ya ha resuelto casos con indicios, por ejemplo en el del
Pemexgate, en el cual participé. Te puedo decir que no teníamos prueba
directa, la que tuvimos fue que el sindicato de Pemex había depositado
en Banorte más de 500 millones de pesos y que unos empleados del PRI
sacaron en 10 días esa suma.
“Y aun cuando no supimos a dónde se
fue ese dinero –nunca tuvimos prueba de que haya llegado a las cuentas
del PRI o se haya ido a la campaña– nosotros sólo dijimos que hubo
violación constitucional y legal porque se utilizó para fines
electorales. Al final, a partir de las pruebas indiciales, no directas,
se multó al partido con mil millones de pesos”, relata Cárdenas.
La inacción del IFE
El
asesor jurídico del Movimiento Progresista advierte, como lo hizo
Arturo Núñez Jiménez, el candidato triunfador en los comicios por el
gobierno de Tabasco de la coalición de izquierda y uno de los primeros
directores del IFE: lo más difícil será comprobar la compra y venta de
votos.
Por ello incluyeron videos con testimonios de ciudadanos
según los cuales el PRI les dio dinero o la tarjeta de Soriana o Monex a
cambio de su voto. Asimismo, dice Cárdenas, aportaron pruebas de cómo
los gobernadores del PRI y las estructuras paralelas del partido
desviaron millones de pesos para conseguir 5 millones de sufragios, tal
como denunció López Obrador durante la campaña.
Comenta que la
triangulación de esos fondos de origen ilícito puede tipificarse como
lavado de dinero, al igual que el caso de Amigos de Fox en 2000, cuando
el candidato panista recibió financiamiento de empresarios mexicanos y
del extranjero. “Con esos elementos vamos a construir un argumento para
demostrar la compra y coacción del voto”, sostiene Cárdenas.
En lo
concerniente al rebase de gastos de campaña y en el asunto de la
inequidad, el movimiento tiene pruebas directas para comprobar las
irregularidades del PRI y su candidatos, como facturas, notas y
documentos. En ellas, según el asesor jurídico, se evidencian gastos por
4 mil 599 millones de pesos, superiores a los 336 millones autorizados
por el IFE.
Y sobre las encuestas, el propósito de la demanda es
“construir” el argumento legal para demostrar su uso como propaganda. Un
ejemplo son los sondeos de la empresa GEA-ISA publicados por el grupo
Milenio en su periódico todos los días y retransmitidas en noticiarios
televisivos, en los cuales Peña Nieto siempre llevó una cómoda ventaja
sobre sus contrincantes.
De manera similar se comportaron Consulta
Mitofsky en Televisa y Telefórmula; Parametría en la Cadena
Organización Editorial Mexicana que edita El Sol de México; Ulises
Beltrán para el diario Excélsior, y Buendía y Laredo en El Universal.
“En
términos legales y constitucionales eso implica una ‘adquisición
indebida de tiempos en radio y televisión’. Para medir el impacto de las
encuestas utilizaremos el monitoreo de IBOPE o los del propio IFE.
Vamos a demostrar el impacto de ese tipo de encuestas orientando a la
opinión pública durante todo el proceso. Las encuestas eran como spots y
en casos como el de del periódico Milenio se publicaron todos los
días”, precisa el entrevistado.
En el caso de la presencia de Peña
Nieto en televisión durante los últimos cinco años, asegura que la
queja está respaldada con fotocopias de los contratos encubiertos de
Televisa, así como por las menciones del candidato presidencial en los
programas del consorcio, incluidos los de espectáculos.
–¿Se va a pedir la invalidez o la anulación?
–Podríamos
decir que hay dos tipos de nulidad o de invalidez. La nulidad por la
violación a la ley, que es una; la otra es la nulidad o invalidez por
violación a principios constitucionales. Nosotros vamos a proponer una
nulidad por principios constitucionales. Lo que decimos en el escrito es
que reclamamos la nulidad y exigimos la no declaración de validez de la
elección, por violación a principios constitucionales.
“Para
nosotros los principios que se violaron fueron los de libertad,
sufragio, equidad, legalidad, certeza y autenticidad. Todos se violaron a
lo largo del proceso electoral.”
Expone también que son tres los
argumentos principales en el recurso de inconformidad: el de equidad,
con el rebase de topes de gastos de campaña; el de compra y coacción del
voto, relacionado con el principio de libertad del sufragio, y el de
las encuestas, que tiene que ver con equidad y autenticidad del voto.
Otro
aspecto del recurso de impugnación es el de la inacción de la unidad de
fiscalización del IFE, pues aunque recibió las primeras quejas desde
hace dos meses, aún no las resuelve. Lo mismo sucedió con la Comisión de
Quejas del instituto, que no atendió las querellas sobre compra o
coacción de votos.
“Todo eso lo sustentamos jurídicamente como
pruebas que incluyen videos, bases de datos, testimonios notariales,
resoluciones de la autoridad, informes de la ONU y de la OEA sobre la
concentración de medios, pruebas documentales, técnicas, ‘pruebas
indiciarias’, estudios demográficos e informes de instituciones, como el
Inegi y el IFAI. El expediente contiene más de 600 páginas, 3 mil o 4
mil pruebas y algunos anexos”, resume Cárdenas.
Dice que el 8 de
febrero, casi un mes antes del arranque de su campaña, López Obrador
propuso al presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, 12 medidas para
inhibir la compra de votos. Tres meses y medio después el instituto
contestó que era asunto de la Fepade.
“Acudimos al tribunal
(electoral) pero confirmó lo que dijo el IFE. Creo que en materia de
compra y coacción del voto el instituto ha sido una autoridad omisa. Sé
que de las quejas presentadas ninguna ha sido resuelta hasta el
momento.”
En materia de fiscalización fueron los propios partidos,
en particular el PRI y el PAN, los que desaparecieron la comisión de
fiscalización en el IFE y la convirtieron en unidad, sostiene el
entrevistado, “porque la fiscalización es a lo que más le temen los
partidos luego de los escándalos de Amigos de Fox y el Pemexgate.
Inventaron esa unidad técnica de fiscalización para, en lugar de
investigar, dedicarse sólo a imponer multas”.
Además los
resultados de fiscalización se dan después de la declaración de validez
de la elección, cuando ya no tiene ningún impacto en la calificación del
tribunal.
De acuerdo con Cárdenas, también están quejas como el
rebase de tope de gastos de campaña de Peña Nieto con los
espectaculares, que pese a que presentaron al arranque de las campañas
“no se han resuelto”.
Reitera: “Creo que en materia de
fiscalización, compra y coacción del voto el IFE ha sido insuficiente,
omiso. Lo mismo pasó con las encuestas: no hizo nada. Esos problemas los
fuimos denunciando pero todos fueron omitidos. Si el instituto hubiera
tenido un plan para atender esas contingencias, otra sería la
situación”.
–La no solución de quejas, ¿es más una cuestión de ley o intencional?
–Las
dos cosas. La ley no ayuda mucho, por eso (los consejeros del IFE) se
escudan y dicen que es una cuestión de la ley, pero en realidad es la
interpretación que ellos hacen de la ley.
“Aunque, viéndolo bien,
creo que es intencional. Cuando aseguran que la compra y coacción de
votos no es asunto suyo sino de la Fepade, es para quitarse una crítica
de encima o para evitar abordar un tema delicado que podría enfrentarlos
con los gobernadores, alcaldes o caciques.
“En el tema de la
fiscalización se enfrentan con la maquinaria de los partidos; en las
encuestas, con los medios y las empresas encuestadoras. No quisieron
líos, piensan que su tarea es organizar los comicios y contar votos.
Pero no. El proceso electoral tiene que ver con generar condiciones de
equidad, libertad y autenticidad para que éste no sea una simulación.”
“Ahora
veremos al tribunal. Aunque el recurso se entrega al IFE, éste lo turna
al tribunal porque así lo dicta la ley. La pelota está en el tribunal. Y
si vemos a los magistrados, a algunos podríamos llamarlos progresistas,
pero en general son conservadores. La mayoría de sus integrantes son
letristas de la ley.”
–Ante este panorama, ¿qué van a hacer?
–Hay
que dejar el testimonio histórico, preparar los procesos electorales
venideros, darle aliento a la gente que ha perdido la esperanza en las
instituciones. Esta es la vía para hacerlo, aunque haya pocas
posibilidades. Jurídica e históricamente estamos obligados a hacerlo.
Juan
Rafael Elvira Quesada, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), erogó 4 millones 89 mil 687 pesos en
traslado y viáticos, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de
2011. Contralínea solicitó copia de las facturas que amparan los
gastos del servidor público, a través de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Sin embargo, la
dependencia sólo entregó comprobantes por un monto de 559 mil 228 pesos,
descartando el gasto de “pasajes”. En total, realizó 62 viajes
internacionales y 175 nacionales, de los cuales 102, aparentemente, no
representaron egreso alguno. El año en el que más devengó recursos fue
2010.
Sin
embargo, los resultados en materia medioambiental en México no han sido
los óptimos. De 2005 a 2009 se perdieron 111 mil 949 hectáreas de
manglar, señala la Auditoría Superior de la Federación (Contralínea 233).
De 2007 a 2011, 775 mil hectáreas de bosque fueron devastadas,
reconoció en entrevista Juan Manuel Torres Rojo, director general de la
Comisión Nacional Forestal (Contralínea 264).
De 2007 a 2011 hubo 43 mil 111 incendios forestales que afectaron 1
millón 738 mil 184 hectáreas de zonas arboleadas, con pasto, arbusto y
matorrales (Contralínea 267).
El caso más reciente: el incendio del Bosque La Primavera, en Jalisco,
que dañó 8 mil 177 hectáreas, en las cuales se invertirán más de 26
millones de pesos para su restauración.
Cuatro
días después de recibir el bono de riesgo, el 2 de julio, Alejandro
Luna Ramos advirtió que “nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en
las urnas”. Con esta declaración, el presidente del TEPJF se adelantaba
a la impugnación que finalmente hizo el candidato de las “izquierdas”,
Andrés Manuel López Obrador, respecto de la elección presidencial.
También, fijaba su posición respecto del conflicto postelectoral.
Entradas
