Felipe Calderón demuestra que no sólo llevó el país al desastre en
materia de seguridad, sino también en competencia y en libertades
básicas como la de expresión e información. Para ello, no le importó
hacer que dependencias como Hacienda y la SCT se contradijeran, con tal
de anotar su personal doble play: utilizar la banda 2.5 ghz como
instrumento de castigo para MVS por recontratar a la periodista Carmen
Aristegui el año pasado, y al mismo tiempo congraciarse aún más con
Televisa, otorgándole prácticamente todo lo que exigió para consolidar
su dominio en el ramo de las telecomunicaciones.
En el ocaso del sexenio de Felipe Calderón, tras la decisión de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de “rescatar” el
espectro de la banda 2.5 ghz, el presidente del Grupo MVS, Joaquín
Vargas, decidió romper el pacto de silencio entre concesionarios y
gobierno para revelar que desde 2008 la administración panista optó por
favorecer los intereses de Televisa y negarle a su grupo el refrendo de
sus concesiones para impulsar un proyecto de internet en banda ancha.
“La
realidad hoy nos indica que la decisión (de decretar el “rescate” de la
banda) ya estaba tomada y que al final del camino fuimos engañados”,
sentenció Vargas en la rueda de prensa multitudinaria que ofreció el
miércoles 15.
No sólo las presiones de Televisa explicarían la
medida que la SCT anunció el miércoles 8. Joaquín Vargas relató los
intentos de censura y presión ejercidos no sólo desde Los Pinos y la
SCT, sino también a través del que fuera secretario del Trabajo, Javier
Lozano Alarcón, para que no recontratara a la periodista Carmen
Aristegui como conductora de su noticiario matutino porque el 4 de
febrero de 2011 lanzó al aire una pregunta relacionada con el supuesto
problema de alcoholismo de Felipe Calderón.
“Minutos después
–afirmó Joaquín Vargas–, recibí una llamada de la señora Alejandra Sota,
coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República,
quien me exigió una disculpa pública por parte de la periodista”.
Sostuvo
que también el titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, con quien se
reuniría ese 4 de febrero, le advirtió: “Tengo instrucciones del señor
presidente de no gestionar asunto alguno con MVS, y en especial de la
2.5, en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa pública por el
comentario que hizo con relación al supuesto alcoholismo del
presidente”.
La advertencia más directa, dijo, provino del
secretario del Trabajo, Javier Lozano, que en un encuentro realizado el
13 de febrero y en medio del escándalo internacional generado por la
salida de Aristegui del aire le soltó: “Hemos encontrado que tu proyecto
de la 2.5 ghz tiene méritos propios, pero si recontratas a la
periodista, a tu proyecto se lo lleva la chingada y te olvidas de este
gobierno hasta el último día”.
Aunque Lozano ha negado la versión,
su amenaza se cumplió: La SCT tomó la decisión que paraliza inversiones
por más de 500 millones de dólares, según informó Joaquín Vargas, luego
de que MVS recontrató a Carmen Aristegui, quien se negó a leer una
disculpa pública redactada desde Los Pinos.
Todavía el 3 de junio
pasado, en vísperas de que la Comisión Federal de Competencia (Cofeco)
autorizara la fusión de Televisa y Iusacell tras una intensa presión de
Los Pinos a los tres comisionados que originalmente votaron en contra,
Alejandra Sota volvió a advertirle a Joaquín Vargas que esta resolución
“ofrecía a MVS una ventana de oportunidad para destrabar el proyecto de
la 2.5, siempre que MVS accediera a no impugnar ni jurídica ni
mediáticamente la resolución del gobierno”.
Antes de iniciar su
rueda de prensa en el hotel Camino Real de la Ciudad de México, Joaquín
Vargas confirmó a Proceso que la decisión de anunciar el “rescate” de
los 190 mhz de la banda 2.5, la mayoría concesionados a MVS, fue una
“venganza” de Felipe Calderón y que contaba con documentos para
sustentarlo.
“Esto fue muy similar a lo que le hicieron al general
Tomás Ángeles”, comentó Vargas, en referencia al arresto y la acusación
contra el militar por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Airada respuesta
La
reacción de los funcionarios aludidos fue inmediata e irascible. Javier
Lozano y Dionisio Pérez Jácome reviraron la acusación de Joaquín
Vargas, quien según ellos quiso “chantajear” al gobierno calderonista
con el posible despido de Aristegui.
La oficina de Comunicación
Social de Los Pinos emitió un comunicado que en sus últimos párrafos
contiene una amenaza nada velada:
“Cuando no son los principios
los que rigen el proceder de cualquier institución, sea privada o
pública, se corre el gran riesgo de hacer lo que el señor Vargas hace:
calumniar, difamar, tergiversar y engañar con el simple objeto de
alcanzar sus metas económicas.
“El intento de imponer intereses
financieros por encima de los de México es inadmisible para el gobierno
federal. No se cederá frente a la presión y el chantaje, al tiempo que
nos reservamos la valoración de proceder conforme a derecho.”
El
Grupo Televisa también decidió hacerse oír. En un breve comunicado
afirmó que “es ajena a esas decisiones” de la SCT y que el tema central
de confrontación es el monto de la contraprestación.
Como si se
tratara de un guión, una vez que Televisa emitió su boletín cambiaron
las versiones de la SCT y de la Secretaría de Hacienda. Ya no
“rescataron” la banda 2.5 ghz por estar “subutilizada”, como
originalmente afirmó Dionisio Pérez Jácome, sino porque MVS pretendía
pagar “una bicoca” como contraprestación.
En su comunicado del
jueves 16, Hacienda argumentó que MVS ofreció pagar sólo 104 millones de
pesos por el uso de un bien que, de acuerdo con la valoración
gubernamental, asciende a 27 mil millones. En otras palabras, la empresa
ofreció “menos del 1%” de lo que pedía el gobierno, remató la SCT.
Las
autoridades negaron rotundamente haber tenido alguna injerencia en la
salida de Aristegui del 5 al 11 de febrero de 2011, pero el pasado
jueves 16, en su espacio informativo, la periodista confirmó que no sólo
fue una petición de disculpa pública sino la orden de que leyera un
texto redactado desde Los Pinos. “Las presiones fueron escalando”,
afirmó Aristegui en MVS Radio.
Las pruebas de MVS
Ante
la dura respuesta del gobierno federal, así como de comentaristas y
medios afines a Televisa y Los Pinos, Joaquín Vargas decidió suspender
todo tipo de entrevistas y anunció que a partir del lunes 20 daría a
conocer “las pruebas de las presiones de Comunicación Social de la
Presidencia de la República”, de su dicho frente a la amenaza de Javier
Lozano y de las presiones de Grupo Televisa.
Una de las pruebas
documentales más importantes que Vargas asegura que presentará sería el
modelo de “disculpa pública” enviada desde la oficina de Alejandra Sota
en febrero de 2011 para que Carmen Aristegui la leyera como si ella la
hubiera redactado, y entonces regresara a conducir el programa.
Este
modelo, cuyo texto obtuvo Proceso desde febrero de 2011, se titula
Carta de Disculpa Pública y la clave está en dos líneas, en las que se
afirma que “no hay nada que pueda probar” que Felipe Calderón tiene
problemas de alcoholismo y que la pregunta lanzada al aire era una
“vulgar” difamación de los adversarios del presidente.
Ese texto
es muy similar al artículo publicado por Ciro Gómez Leyva el 9 de
febrero del mismo año en su columna de Milenio Diario.
En su conferencia de prensa del miércoles 15, Joaquín Vargas fue enfático en “dos hechos abominables”:
“Por
un lado, la actuación sesgada de funcionarios públicos que han
favorecido ilegítimamente los intereses de Televisa, ya sea para
aumentar sus activos o para combatir a sus competidores; y por el otro,
la revancha ejecutada desde el gobierno por quienes, matando dos pájaros
de un tiro, obsequiaron la petición de Televisa para que MVS saliera
del mercado que la televisora pretende avasallar y al mismo tiempo
sancionar a quien decidió no doblegarse ante la arbitrariedad de quienes
intentaron acallar una voz tan crítica como incómoda.”
Desde
2008, cuando MVS decidió anunciar el lanzamiento de Dish, empresa de
televisión restringida vía satélite que le arrebató 2 millones de
suscriptores a Sky, la filial más próspera de Televisa, arreciaron las
presiones de las empresas y de las cámaras afines a los intereses de
Emilio Azcárraga Jean para que no se le renovaran las concesiones en la
banda 2.5 ghz y para suspender la alianza con EchoStar y con Telmex en
Grupo Dish.
Desde el 10 de julio de 2008, en un documento dirigido
a Luis Téllez, entonces titular de la SCT, Cablevisión, filial de
Televisa, le solicitó que no se renovaran las concesiones de MVS o se
reservara “una porción de dicha banda a fin de que sea destinada al
otorgamiento de nuevas concesiones en futuras licitaciones de bandas de
frecuencias para prestar servicios de banda ancha”.
A través de
Cablevisión, Televisa también le demandó a la SCT que “las
contraprestaciones económicas que se exijan a las personas a quienes se
prorrogue la respectiva concesión sean determinadas con posterioridad a
la conclusión de las licitaciones de banda ancha del programa de
licitaciones”.
El documento de Cablevisión, de 17 cuartillas, cuya
copia obtuvo Proceso, fue la base para que el 10 de diciembre de aquel
año tres de los cinco comisionados de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (Cofetel) revocaran la decisión inicial que tomaron
en agosto de 2008 para renovar las concesiones de MVS en la banda 2.5
ghz.
“Se estima improcedente el otorgamiento de las prórrogas
solicitadas en su oportunidad por Ultravisión, MVS Multivisión, Canal
Plus y el C. José Gerardo Gaudiano Peralta, relativas a la vigencia de
las concesiones a que se refieren los antecedentes I, II y V de la
presente resolución atendiendo a las consideraciones técnicas
señaladas”, concluye la resolución firmada por Héctor Osuna, presidente
entonces de la Cofetel, y los comisionados José Ernesto Gil Elorduy y
José Luis Peralta Higuera.
El 22 de agosto de 2008 la Cámara
Nacional de la Industria de Televisión por Cable (Canitec), organismo
corporativo dominado por Televisa en su confrontación con Telmex y MVS
por el mercado del triple play, le envió otro oficio a Luis Téllez para
argumentar que era necesario “reasignar” el uso de la banda 2.5 ghz
“ahora que pueden proveerse servicios que antes no estaban previstos”.
En
clara referencia a las concesiones de MVS, el escrito de la Canitec,
firmado por Alejandro Puente Córdoba, argumentó que “deben señalarse los
efectos adversos a la competencia que tiene el hecho de que un solo
concesionario concentre 190 Mhz”, ya que esto representa “cuatro veces
el ancho de banda máximo a que cualquier participante en la licitación
pueda acceder a sus frecuencias”.
Contradicción
En
menos de una semana, el gobierno de Felipe Calderón ha dado dos
versiones oficiales para justificar el “rescate” –que no “expropiación”–
de la banda 2.5 ghz: primero dijo que estaba “subutilizada” y después
acusó a MVS de querer pagar en contraprestación menos de 1% del valor de
este espectro, ideal para servicios de internet en banda ancha.
El
miércoles 8, el titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, afirmó que se
tomaba la decisión de “iniciar el procedimiento de rescate” de todas
las concesiones vigentes para llevar “a buen fin el reordenamiento,
conforme a los principios de política pública” del gobierno federal.
Añadió
que en México existen 11 operadores con 68 concesiones vigentes, de las
cuales 42 pertenecen al Grupo MVS. “Mas allá de la disparidad en
cantidad de megahertz concesionados y del número de concesiones que cada
operador tiene, lo cierto es que la banda está considerablemente
subutilizada”, afirmó.
El funcionario explicó que entre 2007 y
2012 la SCT le presentó a MVS diversos esquemas para autorizar la
prórroga y la prestación de servicios amplios de concesiones, pero la
empresa de la familia Vargas “no aceptó ninguna de las propuestas” y las
presentadas por ellos “fueron inaceptables”, porque no aseguraban la
explotación eficiente del espectro o no cumplían con las mejores
condiciones económicas.
Una semana después, Joaquín y Ernesto
Vargas desmintieron a Pérez Jácome. En rueda de prensa afirmaron que
apenas 15 días antes de conocer el “rescate”, el 25 de julio, el
subsecretario Héctor Olavarría les envió una propuesta en la que cedían
70 de los 190 mhz para que los detentara el gobierno y se refrendaban
los 120 mhz restantes por 15 años, con la condición de pagar la
contraprestación económica determinada por Hacienda conforme fueran
utilizando el espectro para los servicios de telefonía móvil y banda
ancha.
Tras las revelaciones que el Grupo MVS hizo el 15 de
agosto, la versión oficial cambió. Ya no se trataba de un espectro
“subutilizado” sino de la pretensión de Multivisión de pagar menos de 1%
del valor comercial de esa banda.
En un comunicado, Hacienda
afirmó que MVS ofrecía sólo 104 millones de pesos, cuando el bien
público está valuado en alrededor de 27 mil millones de pesos. “El
Estado está obligado a administrar el espectro radioeléctrico con
eficiencia y economía y, por ello, tiene el derecho a recibir una
contraprestación económica que refleje el valor de mercado de este
recurso escaso”, afirmó la dependencia.
Hacienda también informó
que en algún momento se le propuso a MVS la posibilidad de licitar un
segmento de los 190 mhz, renovarle sus concesiones vencidas y ampliarle
los servicios de sus concesiones vigentes, pero “esta propuesta también
fue rechazada por MVS”.
Favores a Televisa
El
celo de la Secretaría de Hacienda por el pago de una contraprestación
alta para renovar las concesiones de 2.5 ghz contrasta con las
facilidades fiscales y las licitaciones favorables al Grupo Televisa en
el caso de los dos pares de fibra óptica de la Comisión Federal de
Electricidad o la llamada “ganga” de la Licitación 21, de la banda 1.7
ghz, que favoreció a la sociedad Televisa-Nextel, posteriormente
disuelta por Azcárraga Jean para adquirir 50% del Grupo Iusacell.
El
3 de noviembre de 2009, el entonces secretario de Comunicaciones y
Transportes, Juan Molinar Horcasitas, se reunió con los senadores del
PAN para convencerlos de que apoyaran la exención fiscal por dos años a
los nuevos competidores en telefonía móvil. Se trataba del polémico
artículo transitorio del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos,
apoyada también por la bancada del PRI y cabildeada por Televisa.
“Esta
no es una propuesta del PRI; es una iniciativa del presidente Felipe
Calderón”, afirmó Molinar Horcasitas para sorpresa de los propios
legisladores del PAN (Proceso 1724).
A la exención fiscal en la
Licitación 21 le siguió el pago de sólo 180 millones de pesos de la
sociedad Televisa-Nextel por el bloque de 30 mhz de una banda que, según
distintos especialistas, tenía un valor superior a los 5 mil millones
de pesos (Proceso 1761).
La sociedad Televisa-Telefónica-Megacable
pagó menos de 900 millones de pesos por la licitación de los dos pares
de fibra óptica oscura de la CFE. De acuerdo con la Auditoría Fiscal de
la Federación, el Estado mexicano perdió más de 4 mil millones de pesos
en esta licitación.
Por último, se autorizó la fusión de Televisa y
Iusacell en la operación más polémica de este sexenio, ya que
representa la concentración de los dos supuestos competidores mayores de
la televisión abierta –Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego–,
y un incentivo para generar un monopolio del cuádruple play, ya que en
el próximo sexenio será la única empresa que podrá dar servicios de
telefonía móvil y fija, internet y televisión.
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