De alianzas, pastelazos y collages

Beatriz Paredes, presidenta del PRI y César Nava del PAN.

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 26 de enero (apro).- El lunes 25 de enero, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN aprobó por unanimidad la primera de las posibles seis alianzas electorales que conformará con el PRD, PT y Convergencia. De acuerdo con la información, tras un debate de tres horas, el partido en el gobierno definió aliarse a la coalición de partidos de izquierda en Durango, que postulan como candidato único al priista disidente, José Rosas Aispuro.
Aún quedan pendientes las alianzas en Oaxaca, en torno de la figura del senador Gabino Cué, del partido Convergencia, quien por segunda vez aspira a la gubernatura en esta entidad; en Hidalgo, donde se perfila la exfuncionaria foxista, Xóchitl Gálvez, como candidata de unidad; en Puebla, donde pretenden juntar fuerzas estos partidos en torno de la figura del expriista y aliado de Elba Esther Gordillo, Rafael Moreno Valle; en Quintana Roo, con el alcalde de Cancún, el perredista Greg Sánchez, acusado a través de “filtraciones” interesadas desde el ámbito gubernamental, de ser aliado del narcotráfico, y, posiblemente, se concrete una alianza en Sinaloa, con la candidatura del hijo de Manuel J. Clouthier, el diputado federal panista del mismo nombre.
No sólo en el ámbito PAN-PRD se dan alianzas extrañas. En Zacatecas, acaba de anunciarse la alianza entre el PT y el PRI para enfrentar al candidato de la gobernadora zacatecana, Amalia García, el senador Antonio Mejía Haro, cuya designación ha generado una fractura dentro del “amalismo” (con la rebelión del exlegislador Raymundo Cárdenas). Y en Veracruz, no sería extraña una alianza entre el PAN, el Panal y otros partidos en torno del expriista Miguel Angel Yunes, “bautizado” por el presidente Felipe Calderón con un pastelazo ampliamente difundido en los medios impresos.
Este movimiento inédito entre aparentes enemigos irreconciliables para contender por las 10 gubernaturas que estarán en juego el próximo 4 de julio de este año, arroja una serie de señales y de indicios que valen la pena analizar:
1. En primer lugar, se trata de alianzas negociadas en las cúpulas partidistas y no en las bases electorales o militantes de los partidos involucrados. Son movimientos de elite, con cálculos numéricos y de un corto plazo, bastante corto, para pretender que formen parte de una estrategia. El problema no es la condición “antinatura” –como han dicho los priistas Manlio Fabio Beltrones, Fidel Herrera y Jesús Aguilar Padilla-- o “perversas” –calificativo del Golden Boy, Enrique Peña Nieto-- ni su condición “polarizante” –de acuerdo con la presidenta priista Beatriz Paredes. Lo más preocupante es que, en esencia, son movimientos cupulares, apenas justificados a través de encuestas, que no cuentan con la opinión del principal involucrado: el propio electorado.
2. La discusión en torno de las alianzas tiene un claro sesgo: el PAN y el PRD se asumen como partidos de oposición ante el PRI, como si no hubiera existido la alternancia desde el 2000 o como si la “alternancia periférica” en distintas entidades –especialmente en Nayarit, Tlaxcala y Chiapas-- no hubiera dejado lecciones lo suficientemente negativas para analizarlas.
Este sesgo beneficia más al PAN que al PRD. Este último partido, dominado por la corriente de Los Chuchos y aliado ahora con la nueva coalición encabezada por el exregente del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, justifican esta estrategia como una forma de evitar el bipartidismo en el 2012 y el retorno del PRI a la Presidencia de la República. En esencia, sólo refuerzan el bipartidismo que quieren conjurar porque entonces serán dos bloques pragmático-políticos los que contiendan. Las opciones, en lugar de diversificarse, se concentran.
3. Las alianzas han generado una deliciosa ensalada de declaraciones de todo tono y alcance. Las dirigencias del PAN y del PRD lograron el milagro: unificar en una ensalada a todos los grupos priistas que desde el año pasado luchan por la nominación del 2012. Los principales precandidatos del PRI (Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones, Enrique Peña Nieto, Fidel Herrera y algunos otros gobernadores) se rasgan las vestiduras, cuestionan y condenan las alianzas, en un claro ejercicio de endurecimiento frente a sus clientelas electorales y ante el gobierno de Felipe Calderón.
El costo de estas alianzas ya lo plantearon claramente Beatriz Paredes y Manlio Fabio Beltrones: “no pasarán” varios puntos de la reforma política lanzada por Felipe Calderón el 15 de diciembre de 2009 como una especie de “bola ensalivada” para jugar al béisbol político.
4. En esta ensalada declarativa, el excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, coincidió con personajes impensables como Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, que un día sí y otro también demuestra que está al margen de la “micro operación” política de Felipe Calderón, con el expresidente Vicente Fox, quien salió para condenar la posibilidad de una alianza en torno a su exfinancista Lino Korridi, y para demostrar sus fobias antiperredistas. También el excandidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos salió de su escondite declarativo.
En esencia, lo que parecen indicar estas declaraciones son una serie de resistencias y divorcios al interior de los propios partidos. En realidad, los divorcios internos del PAN y del PRD son mucho más graves que las alianzas. E indica una mayor pulverización de fuerzas políticas de aquí al 2012.
5. Mediáticamente, lo que observamos es un collage nada claro ni convincente. No se trata de impulsar la transición, ni concluir la alternancia ni derrotar a los “autoritarismos periféricos”. Los motivos son mucho menos elevados. Todo parece indicar que se trata de cómo administrar mejor los 2,997 millones de pesos que los partidos políticos tendrán como financiamiento público en este 2010.
6. Sorprende que ninguno de los defensores o promotores de estas alianzas no hayan reparado en algo: la judicialización de estos procesos electorales. Será en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde se definirán los alcances de estas alianzas. Y los litigios se esperan complicados y mucho más enredados que un collage.
Email: jenarovi@yahoo.com.mx

Iztapalapa: secuestro partidista

LOURDES MORALES CANALES *

MÉXICO, D.F., 25 de junio (apro).- El caso de la delegación Iztapalapa es sólo una muestra del secuestro partidista que actualmente vivimos los ciudadanos mexicanos. Es, también, una muestra del daño que las fuerzas políticas han provocado en términos de construcción de una sociedad democrática y participativa.
Catalogada como una "ciudad dentro de la ciudad", esta demarcación concentra un elevado porcentaje de población (casi 2 millones de habitantes), de la cual 80% son ciudadanos en edad de votar (1 millón 536 mil 373 en lista nominal, según las cifras de 2009 del Instituto Federal Electoral). Y ello ha hecho que Iztapalapa sea, para los partidos políticos, un botín demasiado atractivo como para querer renunciar a él.
Desde el año 2000, la demarcación ha sido gobernada casi hegemónicamente por el PRD. Y sólo durante la elección de diputados federales de 2006, la diferencia entre el primer lugar (PRD) y el segundo (PAN) fue de tasas que oscilaron entre el 26% y el 52%, un margen demasiado alto como para hablar de pluralidad y verdadera competencia entre partidos.
De igual forma, la demarcación es de las más participativas de todo el país, ya que del año 2000 al 2006, en elecciones locales, las tasas de participación fueron superiores a 64%, mientras que en elecciones federales más de 65% de los ciudadanos salió a votar (salvo en la intermedia de 2003, en la que participó sólo 40.3% de la población iztapalapense).
A simple vista, esto supondría la existencia de una identidad partidista enraizada o de un "voto duro" para un solo partido por parte de una ciudadanía entusiasta, sin embargo, en la demarcación prevalecen las formas más tradicionales del clientelismo político, muchas de ellas heredadas del sistema autoritario anterior.
Efectivamente, líderes e intermediarios partidistas se disputan el poder constantemente al grado de obstaculizar que los ciudadanos ejerzan de manera libre derechos políticos y sociales fundamentales, y a cambio del voto o de servicios públicos, a los cuales los ciudadanos de Iztapalapa tienen derecho por el pago de sus impuestos, surgen promesas y amenazas por parte de "líderes sociales" que poco o nada han hecho por crear una cultura de la rendición de cuentas, la solidaridad y la ciudadanía responsable.
En la primera etapa de un ejercicio de observación electoral que Alianza Cívica desarrolla en diez estados del país, encontramos que ante la restricción de campañas electorales en medios electrónicos, los partidos políticos desplegaron propaganda política directa entre los ciudadanos vía folletos, mítines y promoción casa, pero prevalece la ausencia de debate y propuestas.
En el distrito 19 de Iztapalapa, la disputa entre facciones partidistas ha generado que los ciudadanos reciban ofertas de dinero, despensas y empleo, así como programas sociales locales (la delegación cuenta con 16 programas sociales) y leche, a cambio de asistir a mítines y marchas, o de permitir la colocación de mantas en las fachadas de las casas particulares.
Estas prácticas son vistas como algo tan natural, que los ciudadanos ni siquiera las reconocen como delitos electorales, por lo que no hay denuncias al respecto.
Y el escenario se vuelve todavía más trágico con las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como la última con la que revocó la candidatura de Carla Brugada, cuyo nombre de todas maneras aparecerá en las boletas electorales.
No obstante, se prevé que las estrategias de persuasión se intensifiquen frente a una ciudadanía desencantada de los partidos políticos, desmovilizada frente a la impunidad y poco representada por quienes utilizan las carencias sociales como instrumento electoral.
Iztapalapa nos muestra cómo los partidos cavaron su propia tumba, pues a fuerza de excluir a los ciudadanos de las decisiones, de la representación de los órganos autónomos, de los medios de comunicación y de las candidaturas, las elecciones aumentan su costo social y no son ya del mejor proyecto, sino del mejor postor.
Por ello, queda a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil reconquistar el espacio público secuestrado por los partidos políticos y por los medios de comunicación, a través de una agenda de participación directa que vaya más allá de lo electoral.
* Directora de Alianza Cívica