La Cámara de Diputados, convertida en oficialía de partes

Un par de legisladores del Movimiento Ciudadano se quejan de que la Cámara de Diputados se convirtió en una oficialía de partes del Pacto por México, un sitio donde las iniciativas llegan sólo para ser aprobadas sin análisis, sin discusión. Así ocurrió con la iniciativa de reforma en el área de telecomunicaciones, que pasó por la Comisión de Puntos Constitucionales sin ser debatida. “¿Para qué discutir lo que se llevará al pleno?”, se preguntan los diputados perredistas a cargo de esa instancia. “Si quieren andar de reformadores (los perredistas), pues que pongan la cara y asuman el papel quedándose al frente de esta comisión”, añade uno de los priistas que participaron en la distribución de cargos legislativos en septiembre de 2012.

Jesusa Cervantes

“¿Para qué reeditar, para qué duplicar la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales si finalmente se traen al pleno?”, dijo a los reporteros Julio César Moreno Rivera, diputado federal perredista y presidente de esa instancia, la encargada de estudiar y dictaminar toda propuesta de modificación a la Constitución.
Su compañero de partido y de comisión, Fernando Zárate Salgado, quien lo secundó, dijo con desenfado: “¿Para qué reeditar y aburrirnos hasta el cansancio de discutir diversos temas que son absolutamente accesorios a la reforma principal?”.
Ambos –integrantes de la corriente Nueva Izquierda, Los Chuchos– se refieren a la rápida “discusión” con que la Cámara de Diputados y en especial la Comisión de Puntos Constitucionales avalaron las reformas a la Ley  de Telecomunicaciones, una iniciativa elaborada muy lejos del Palacio Legislativo y muy cerca de las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD.
La propuesta de dictamen enviada por el Ejecutivo federal la tarde del lunes 11 a la Cámara de Diputados surgió del Pacto por México, en el que participan los tres partidos mayoritarios; sin discusión fue respaldada al siguiente día con 340 firmas de diputados federales, quienes en su mayoría desconocían los alcances e implicaciones de esa ley para la vida del país.
Tres días después, la noche del jueves 14, en sólo una hora de sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales la nueva Ley de Telecomunicaciones se aprobó con 29 votos a favor y uno en contra.
Los firmantes del Pacto, PRI, PAN y PRD, decidieron no poner a discusión sus reservas y crear un órgano paralelo a la Comisión de Puntos Constitucionales, “una mesa de discusión” donde negociar este fin de semana posibles cambios a la Ley de Telecomunicaciones.­

El súbdito

El único partido que no aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales los cambios en la materia fue Movimiento Ciudadano.
Ricardo Mejía Berdeja, legislador de ese partido, se abstuvo de votar en protesta contra las formas que ha asumido el Congreso de la Unión, que abdicó de su obligación y derecho a debatir cualquier cambio a las leyes.
En la sesión el diputado reclamó a sus compañeros que la propuesta de ley se confeccionara en el Pacto por México, dejando al Poder Legislativo “el triste papel” de súbdito, “un apéndice del Ejecutivo federal”.
En entrevista con este semanario, Mejía Berdeja sostiene que el Pacto por México “se ha constituido en un suprapoder con facultades metaconstitucionales que únicamente remite iniciativas al Congreso. La Cámara se ha convertido en un apéndice del Ejecutivo, en una oficialía de partes”.
El diputado califica de grave “el entreguismo” con el que algunos diputados se han comportado y recuerda: “El día que llegó la iniciativa vimos la inauguración de la cargada legislativa; el entreguismo con que más de 340 diputados se formaron para respaldarla. ¡Y ni siquiera habían leído el documento!”.
El Pacto ha adormecido el espíritu crítico de muchos opositores y es lamentable, dice el legislador cuando se le pregunta por el papel que ha jugado el PRD en la Cámara de Diputados.
“El Pacto es un supremo poder conservador que cuenta con toda la infraestructura y recursos públicos para ir maquilando proyectos. Quien debe hacer las leyes es el Congreso de la Unión, pero ahora sólo se le remiten para su aprobación. Se está cancelando el Poder Legislativo.”
Ante las críticas sobre el papel de oficialía de partes que podría estar asumiendo el Congreso y la rapidez con que votó lo referente a telecomunicaciones, Zárate define de otra manera lo sucedido: “Lo que hoy se llama fast track es un avance político para establecer un fin común”.
Entrevistado por diversos medios antes de la sesión de la Comisión, Zárate alega que el tema de telecomunicaciones “es una petición ciudadana de hace 25 años… Está más que discutida… lo que nos ha dado el Pacto por México es una coherencia para en una sola mesa discutir todas las posiciones políticas”.
La diputada Luisa María Alcalde Luján, también de MC, acusa que “en la Cámara no se abren los temas, no se discute nada y el Pacto en lugar de ser el espacio para lograr acuerdos sobre temas que se lleven a las cámaras, las ha suprimido haciendo a un lado su papel de elaborar leyes.
“Los diputados tienen el cinismo de suscribir una iniciativa cuando no sabían ni de qué se trataba. Esto es muestra de cómo el Pacto ha venido a eliminar la función de las cámaras y a tratarnos como oficina de trámites”, se lamenta.

El títere

Durante la distribución de presidencias de comisiones en la Cámara de Diputados el PRI ha tratado de mantener siempre las de Puntos Constitucionales y la de Gobernación; sin embargo ahora cedió la primera a Los Chuchos.
“Si quieren andar de reformadores, pues que pongan la cara y asuman el papel quedándose al frente de esta comisión”, dice un dirigente priista que participó en la distribución de cargos legislativos en septiembre de 2012.
En los hechos ha sido el PRD el que ha encabezado y festejado los cambios constitucionales promovidos por el Ejecutivo federal y el PRI.
Moreno Rivera fue el encargado de operar el encuentro del pasado 27 de febrero en donde se aceptó que el Ejecutivo federal mantuviera el fuero constitucional, es decir que no pudiera ser juzgado a diferencia del resto de las autoridades federales y locales electas.
Ese día Moreno festejó el regreso del salvoconducto al Ejecutivo Federal que la minuta a discusión no preveía.
“Uno de los cambios más importantes es que el tema de la inmunidad no será aplicable al presidente. Quedó como está en la Constitución”, dijo la noche del 27 de febrero.
“Prácticamente la palabra desafuero desaparece, el fuero desaparece y se cambia por inmunidad, pero lo más importante ahora es que cualquier servidor público, exceptuando al Presidente de la República, ante la comisión de un delito penal tiene que enfrentar la justicia como cualquier ciudadano.”
Ahora, en la discusión del tema de las telecomunicaciones, el presidente de la comisión no exigió en ningún momento que la discusión y acuerdos de las reservas a la iniciativa se discutieran ahí, como lo establece el Reglamento de la Cámara de Diputados en su artículo 3, que define qué es una comisión: “El órgano constituido por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuye a que la cámara cumpla con sus atribuciones legales y constitucionales”.
En la sesión del jueves 14 sólo MC y el Partido del Trabajo dieron a conocer sus reservas, que fueron rechazadas en su totalidad. En cambio PRI, PAN y PRD decidieron establecer “una mesa de trabajo” alterna a la comisión.
Aunque los tres partidos se reunieron la tarde del viernes 15, formalmente la mesa se instalará este lunes 18 y ahí tratarán de consensuar algunos puntos. Sobre los que no haya acuerdo serán llevados al pleno en la sesión del miércoles 20 o del jueves 21, para ser votada la nueva ley en su totalidad.

PVEM, fuera

De acuerdo con datos proporcionados por la fracción del PRI a Proceso, la iniciativa podría sufrir modificaciones en materia de televisión abierta y de radio.
La propuesta establece en su artículo V transitorio que “se permitirá la inversión extranjera directa hasta 100% en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, y hasta 49% en radiodifusión”.
El PRI planteará que se modifique o haya un apartado que incluya la “reciprocidad” de parte de los países que inviertan en México, y para ello se encuentran analizando las leyes de otros países en la materia.
En entrevista con este semanario el diputado panista e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales Rubén Camarillo Ortega dijo que su partido está viendo los cambios “de manera integral” y que ellos avalarían la “reciprocidad” si el PRI le acepta otras modificaciones.
“Estamos en la posición de ver esto de manera integral, si se acepta la reciprocidad tendrá que ser bajo ciertas condiciones… estamos en la disposición de discutirla siempre y cuando ésta vaya acompañada de otra de las propuestas que nosotros estamos haciendo.”
La fracción de MC propuso en la comisión la noche del jueves 14 que se incluyera dicha “reciprocidad”, pero que no sólo se considere en televisión abierta y radio, sino también en telecomunicaciones; sin embargo, a pesar de ser parte de la propuesta del PRI, éste se negó siquiera a discutirla y la rechazó en su totalidad para negociarla en todo caso en otra “mesa”, con el PAN y el PRD.
El tema lo tiene que considerar el Congreso de manera obligatoria, pues a los miembros del Pacto por México se les olvidó incluir en este aspecto lo que la Organización Mundial del Comercio establece.
El diputado verde y exasesor de Televisa Federico González Luna señala lo anterior a Proceso. Dice que cuando un país realiza la apertura la tiene que hacer de manera genérica al resto de los países de la OMC: “No conozco las reservas, pero si lo están considerando, es un reconocimiento a los tratados de comercio internacional”.
El PRI presentará también modificaciones “en cuanto a los fines y las formas de constitución” de los dos nuevos órganos que prevé la reforma: el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia.
“Nos preocupa como grupo la dispersión que existe en cuanto a sus fines y sus formas de constitución. En varias ocasiones hemos apoyado el esquema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez más reiteramos que es importante que exista un eje articulador, de algo que todos apoyamos, los órganos constitucionalmente autónomos”, adelantó el día de la sesión el priista Héctor Gutiérrez de la Garza.
El Partido Verde, que aclaró la noche del jueves 14 que no presentará reservas y apoya en todo lo enviado en la iniciativa, fue excluido de la discusión de la reforma a las telecomunicaciones.
A pesar de que la Comisión de Radio y Televisión pudo haber participado junto con la de Puntos Constitucionales en la elaboración del dictamen que se deberá presentar el próximo martes 19 al pleno de la Cámara de Diputados, la presidencia de la Mesa Directiva, que está a cargo del priista Francisco Arroyo Vieyra, decidió no darle vista.

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El PRI y la partidocracia

La bancada del PRI en el Senado.

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 22 de febrero.- El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República impulsa una iniciativa de reforma constitucional para que los partidos políticos postulen a los cargos de elección popular únicamente a sus afiliados, con un mínimo de 18 meses antes de la fecha de elección. Según las explicaciones que dieron a los medios de comunicación el líder de la bancada, Manlio Fabio Beltrones, y la legisladora Norma Esparza, la iniciativa busca frenar el transfuguismo político; sin embargo, tal como lo explicaron a los medios de comunicación, también acabaría con las llamadas candidatura ciudadanas a través de los partidos políticos, pues entonces éstos únicamente podrían registrar a sus militantes, cerrándose la puerta para que ciudadanos no partidistas, ante la imposibilidad de hacerlo directamente, contiendan por la vía de los partidos con registro.

Es una reacción inmediata a lo sucedido en las elecciones de Sinaloa y Guerrero, donde expriistas ganaron los comicios constitucionales para ocupar la gubernatura postulados por coaliciones de partidos distintos al tricolor. En ambos casos, los candidatos decidieron postularse por una fuerza política diferente al partido de su militancia original, después de que el PRI había definido a su candidato, es decir, cuando vieron frustradas sus intenciones de contender bajo la divisa priista. Lo mismo había pasado anteriormente en Tlaxcala, Zacatecas, Baja California Sur y, en dos ocasiones, en Chiapas, entre otras entidades.

Pero en lugar de hacer una revisión crítica de lo que sucedió dentro de su partido y de mejorar sus métodos de selección de candidatos, los legisladores priistas prefieren dar otro paso para fortalecer a las dirigencias partidistas y estrechar todavía más las puertas de entrada a las contiendas electorales. En reformas sucesivas, los partidos con representación en el Congreso han ido estrechando los cauces para que nuevas fuerzas políticas se incorporen a las contiendas electorales; primero, duplicando el número de afiliados necesarios para obtener el registro, que pasó de 0.13% del padrón electoral al 0.26% (que en estos momentos significa poco más de 210 mil ciudadanos debidamente enlistados en el registro electoral); y, luego, pasando de 10 a 20 las entidades o de 100 a 200 los distritos en los que la organización debía realizar asambleas donde tenía que acreditar, en el primer caso, la asistencia de 3 mil afiliados, y en el segundo, de 300 por cada una de ellas.

Asimismo, transitoriamente, colocaron como requisito para hacer el trámite tener un registro como asociación política nacional; pero en la reforma de 2007 establecieron que el proceso de registro de nuevos partidos se abriría únicamente cada seis años y no cada tres, como sucedía anteriormente. Así, el proceso no se abrirá sino hasta 2013, es decir, una vez pasada la elección presidencial de 2012.

En la reforma constitucional de 2007 establecieron en el artículo 116 de la Constitución que: “IV. Las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que: ... e) Los partidos políticos (…) tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular…”, con lo cual cerraron el paso a las reformas que se habían hecho en Sonora y Yucatán para permitir el registro de candidaturas no partidistas, cuya constitucionalidad ya había avalado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y respaldado el electorado, particularmente el yucateco, que ya había elegido a un alcalde no partidista.

Los partidos políticos aprovecharon la reforma de 2007 para constitucionalizar la partidocracia blindando su vida interna, incrementar sustancialmente el financiamiento público para actividades ordinarias, fortalecer a sus dirigencias nacionales, y debilitar a la autoridad electoral, lo que hoy también se hace manifiesto particularmente con las embestidas mediáticas del contralor general de dicha institución (Proceso 1610).

Mientras tanto, en la reforma legal incluyeron varias disposiciones en el mismo sentido, entre las que destacan el establecimiento de una categoría de información “no pública”, para proteger algunos documentos del escrutinio público, y el “requisito indispensable (…) para que las coaliciones en las elecciones estatales” tuvieran la aprobación del órgano de dirección nacional (Proceso 1623).

En caso de concretarse y aprobarse esta nueva iniciativa, más allá de cerrar el paso a los ciudadanos sin militancia en partidos políticos para ser postulados, las dirigencias partidistas también se fortalecerían pues estrecharían los márgenes de acción de sus propios militantes, incluyendo desde luego a quienes ocupan cargos de elección popular. De este modo, la disciplina partidaria se potencia particularmente tras de que se vence el plazo de 18 meses antes de la elección: un legislador con aspiraciones a otro puesto de elección popular durante ese periodo tendrá que obedecer ciegamente las consignas partidarias si no quiere ver canceladas sus posibilidades, pues su única opción depende de la voluntad de su dirigencia partidista.

El problema no es que cierren el paso al cambio de partido de sus militantes, sino los efectos colaterales que esto conlleva: un mayor ensimismamiento de los partidos políticos, al ensanchar los poderes discrecionales de sus dirigentes o líderes para imponer candidatos a los puestos de elección popular; el fortalecimiento de las dirigencias nacionales para disciplinar a sus militantes, particularmente los legisladores con aspiraciones políticas ulteriores; y la exclusión de las boletas electorales, ahora sí definitiva, de cualquier ciudadano no militante de un partido político.

Ante su creciente desprestigio, los partidos políticos, en lugar de buscar acercarse a la ciudadanía e impulsar su democracia interna y su comunicación con el electorado, optan por blindar a sus dirigencias. Al menos esto es lo que denotan las últimas reformas en la materia y esta iniciativa que preparan los senadores priistas.

Gobierno desfalleciente

Manuel Bartlett Díaz

Escuchar al autor AQUI.

El 1 de septiembre el presidente Calderón informará a la nación. Esperemos no repita el show televisivo que montó en Palacio hace un año para presentar un decálogo de promesas incumplidas. Es la última oportunidad de su desfalleciente gobierno.

El Informe es ocasión para desplantes. La cúpula priísta exige que Calderón asista al Congreso cuando fueron ellos quienes, condescendientes, hicieron la reforma para que no asistiera. Sin recato denuncian: oculta el inminente colapso económico, la muerte de Petróleos Mexicanos, la ruina del Seguro y del Banco de México, habiendo sido ellos corresponsables en cada uno de estos nefastos resultados.

Se acelera nuestra caída al vacío. La guerra de Calderón oculta la descomposición social, económica, política; oculta incluso la carencia en su guerra de “inteligencia” y acciones profundas.

Buscaglia, consultor de la ONU, afirma literalmente que el problema de la droga está en la corrupción infiltrada en el Estado y el gobierno de Calderón que, de no eliminarse, no habrá solución. Pero la corrupción no se limita a la droga; infesta la estructura política y económica. Recientes declaraciones del anterior titular de la Auditoría Superior, González de Aragón, describen el saqueo a la nación —ejemplos de la familia Fox— del secretario Gil Díaz, del presidente Calderón, miles de millones en daños en la impunidad. La Cámara de Diputados contribuye —le corresponde fiscalizar los recursos del Estado— apoyada en la ASF, pero burocráticamente no genera acciones; así, esa trascendental función para el control del poder se diluye.

Se multiplican acciones lesivas del Ejecutivo. El golpe al SME a costa de hundir a la zona metropolitana en un caos eléctrico, pero facilita al director de la CFE contratar sin licitar por miles de millones de pesos con privados para un desastroso mantenimiento. Grandes negocios. Pero la Secretaría de la Función Pública no se entera, como tampoco de procesos en Estados Unidos de corrupción contra el jefe de Operaciones de la CFE; ni de sanciones internacionales al gigante eléctrico alemán Siemens por corromper a funcionarios de la CFE; o del regalo a Televisa de miles de millones del espectro radioeléctrico para telefonía y su vergonzosa aprobación por la Cofetel con el voto de sólo dos comisionados, facilitado por ausencia y abstención de otros; cómplices. No importa el escándalo, nada pasa. ¿En dónde está el crimen organizado, adentro o afuera?

Con el Informe inicia el periodo ordinario del Congreso, el mismo que ha contribuido con el Ejecutivo al desastre nacional; que no ha propuesto nada ajeno a la agenda de los intereses dominantes del país; conformado por esa partidocracia cuyas cúpulas coinciden con los intereses que representa Calderón.

La clase política es justamente vituperada, es responsable, pero siendo todos políticos, unos mandan y los más obedecen. Quienes controlan antidemocráticamente partidos y cámaras, integran la oligarquía; los más esperan sus favores. Por eso nadie propone las medidas indispensables para detener la disolución nacional, porque afectarían los intereses que los sostienen. La IP empieza a alarmarse, no por resultados económicos que les favorecen, sino por su seguridad personal, pero sus exigencias no son sociales, demandan más armas; ejemplo, Nuevo León.

Hoy, estos arreglos son insostenibles. Calderón debe plantear un auténtico rescate y llevarlo a cabo sin más compromiso que el interés nacional, so pena de sucumbir en la intrascendencia. Los diputados y senadores, por encima de tutelas cupulares deben legislar en verdad para salvar a la nación; tienen los instrumentos, empezando por el Presupuesto —ingresos y egresos— y el exigir al Ejecutivo acatarlo para dar el vuelco urgente. Si no, la descomposición arrastrará a todos, y las elecciones del 2012 serán en un panorama aterrador.

mbartlett_diaz@hotmail.com

Ex secretario de Estado

Tarugadas y madruguetes

Jorge Lara Rivera

Vergüenza ajena, eso es lo que produce la desfachatez mostrada –tanta– por autoridades hacendarias y financieras del país, que con despreocupado entusiasmo anuncian que las remesas de divisas que llegan desde el exterior, principalmente de Estados Unidos, podrían repuntar en meses próximos hasta un 15%.
Se trata del más abierto y cínico reconocimiento, además de a la gran dependencia del exterior que padece nuestra economía, del inepto desempeño de tales funcionarios, de su irresponsabilidad y de un estrepitoso déficit e incumplimiento del deber del gobierno, incapaz de crear fuentes de trabajo y puestos de empleo para evitar la emigración de los compatriotas.
El porcentaje que las remesas aportan a las reservas de divisas en arcas nacionales y su singular importancia en el conjunto de nuestra economía, justo detrás de los ingresos petroleros y alternando el segundo puesto con el turismo, proviene del sobreesfuerzo, las privaciones y economías que se imponen quienes, desde fuera, auxilian a los suyos que permanecen en México, y debería avergonzarles, pues se traduce como un fiasco más del gobierno federal panista, de “la presidencia del empleo”; el rotundo fracaso del régimen para poner a flote las finanzas del país.
Resulta elocuente que el dato se haya dado, precisamente, triste consuelo, para aminorar el desánimo producido ante el reporte del reciente descenso de aquéllas hasta el 7% en el último lapso, lo cual complica un panorama ya de por sí bastante difícil.
Las complicaciones, por otra parte, son graves. Ahora Nuevo León se ha sumado a la triste lista de entidades federativas donde las balaceras están a la orden del día (Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, etc.) rebasando a las fuerzas del orden.
Además hay estremecimientos que tienen que ver con los niveles de infiltración que el hampa alcanza. Y es que, al parecer, todo mundo en la política tiene derecho a su pariente incómodo; así, correspondería al ingeniero Salinas, del priísmo neoliberal, y los panistas jijos de la Sahagún (cuyo adulterio, por cierto, ha regularizado muy convenientemente la empresa Iglesia Católica), la actual vicisitud del medio hermano de Leonel Godoy, el gobernador perredista de Michoacán.
Y es que al partido del Sol Azteca “le está lloviendo en su milpita”. No acaba el petrificado Cuauhtémoc Cárdenas de demandar la salida de Jesús Ortega de la dirigencia nacional, pese a lo acordado en reciente cónclave cupular de los liderazgos formales y sociales de esa agrupación política, dado a conocer por Amalia García, cuando ya se reedita otro capítulo telenovelesco de tono semejante al lodazal en el que quisieron embarrar a Arturo Monreal.
Bien se dice que “los dedos de una misma mano no son parejos”, y hay que considerar que la juventud puede llevar a cometer graves yerros (como sería en este caso); pero la probidad de las autoridades federales no está exenta de quedar en entredicho.
Por lo pronto, ¿cómo es que el IFE dejó que prosperara el registro de la candidatura del hoy señalado como plausible colaborador de la delincuencia?, o ¿por qué se permitió que fuera votado y declarado ganador si, al parecer, había fuertes indicios de su conexión delictiva?, ¿cómo es que, sólo ahora, cuando ha ganado con el voto popular el encargo de diputado, salen aquéllas con que existen contra él graves presunciones y una orden de aprehensión?
Será el sereno, pero esos baches en su actuación dejan muchas dudas acerca de la probidad de las autoridades.
Y tales se acentúan, todavía más, cuando se toma en cuenta que, a la luz de los enormes poderes conferidos al Ejecutivo federal, primero y con base hasta en denuncias anónimas o de delincuentes delatores que pasan a ser “testigos protegidos” se detiene, se arraiga y extiende el aprisionamiento a las personas, de ser necesario con un nuevo arraigo, mientras se les fabrica el expediente. Como ejemplo está el caso de los tres alcaldes (dos del PRI y uno del PRD) recientemente exculpados.
Algo ahí apesta a venganza política o, cuando menos, a advertencia intimidatoria para la nueva legislatura.
A propósito de triquiñuelas, ¿no les parece demasiado infantil la trama esa de la supuesta invitación a negociar, formulada por un líder de “La Familia”, la cual mereció la “heroica” respuesta oficial, por voz de Fernando Gómez Mont, primero, y las consabidas bravatas del jefe del Ejecutivo federal luego? Puras fantasías animadas de ayer y hoy, ¿no?
Pero siguiendo con el rubro de habladores, horrores y fantasías, urge pedir explicaciones a quien corresponda porque, de cara a la nueva embestida de la Influenza A-H1N1, pese a los alardes y suficiencia de los discursos de quien despacha en Los Pinos y de José Ángel Córdova V., su secretario de Salud, se da el caso –se ha dicho en la radio y TV– que en la unidad médica 59 del IMSS, al menos, no hay antivirales, ni reactivos para las pruebas. ¿Qué tiene que decir al respecto el arrogante Daniel Karam Toumeh?
¿No se jactaban esos funcionarios de que estaba garantizado el abasto y se tenía suficientes dosis? Lo más grave, lo verdaderamente horroroso bajo los esquemas empresariales, gerenciales, competitivos, de eficiencia, productividad y calidad total neoliberales del régimen panista, es probable que no se tenga contemplado comprar más medicamentos, sin importar el costo en riesgo sanitario o de vidas humanas.
En otro orden (pero siguiendo la misma línea). Mientras el sexto filme sobre el brujito Harry Potter impone récord de taquilla, parece que un episodio terrorífico es inminente en el panismo local: trataríase del choque por el poder, máscara contra cabellera teñida, entre “Anulosa” Payán y “Úrsula”, “El reencuentro”. No se lo pierda.

Violencia en México, plan de Bush.

Lilia Arellano

“Sólo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día”: Goethe.

México, DF. 16 de julio (LA JORNADA) La escalada de la violencia en México derivada de la “guerra contra el narcotráfico”, emprendida desde el principio de esta administración por Felipe Calderón, obedece al cumplimiento puntual de objetivos estratégicos programados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, definidos cuando menos desde marzo de 2005 por el entonces presidente estadounidese George W. Bush, en Waco, Tejas, donde estuvo Vicente Fox, y comprometidos por el actual inquilino de Los Pinos desde el 30 de junio de 2008, cuando se firmó la “Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional” con duración de tres años a un costo de 1,400 millones de dólares, mejor conocida como “Plan México” o “Iniciativa Mérida”, que se enmarca en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) como una extensión del Tratado de Libre Comercio para América Latina (TLCAN).

La farsa de la entrevista de radio a Servando Gómez, “La Tuta”, presuntamente uno de los líderes del cártel de “La Familia Michoacana”, tuvo el efecto esperado y generó un respaldo irrestricto a la fallida “guerra contra el narcotráfico” calderonista escalada a niveles de violencia nunca vistos en el país y construyó un nuevo blindaje político a su alfil Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Senadores de las tres principales fuerzas políticas, PRI, PAN y PRD, ahora en ese orden, se fueron con la finta y respaldaron la posición del inquilino de Los Pinos de rechazar un pacto con el narcotráfico y en que no hay “marcha atrás” en la lucha contra el narcotráfico.

El coordinador del PAN en el Senado y Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, Gustavo Madero, respaldó la postura del gobierno federal de no pactar con el narcotráfico y rechazó que a partir de las declaraciones de ese supuesto narcotraficante se deba investigar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Le siguió el senador Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en la Cámara Alta, quien manifestó su “respaldo total” a la postura calderonista de rechazar toda posibilidad de diálogo o negociación con organizaciones del crimen organizado. Remachó el senador sinaloense del PRI, Mario López, secretario de la Comisión de Seguridad Pública, al señalar que “no son momentos de detenerse sino de ir a fondo en este compromiso del Ejecutivo”. Y claro que no podía faltar René Arce Islas, senador perredista secretario de la Comisión de Seguridad Pública, quien confirmó también su respaldo a la postura de la administración federal de rechazar cualquier pacto con el crimen organizado.

Los partidos satélites, PVEM y Nueva Alianza, respaldaron también de inmediato la negativa del gobierno federal de rechazar un diálogo con integrantes del crimen organizado, pero pidieron replantear la estrategia contra el narcotráfico. El senador verdeecologista, Arturo Escobar, declaró que un diálogo con el narco es inaceptable porque instituciones mexicanas no tienen nada que negociar con el crimen organizado. Y Guillermo Tenorio, diputado local de Nueva Alianza, confirmó que “fue oportuna” la intervención del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el sentido que no se puede negociar con grupos delictivos.

La Procuraduría General de la República, a cargo del cuestionado Eduardo Medina Mora, deslindó a Genaro García Luna de las acusaciones de “La Tuta” de estar coludido con los cárteles de la droga de los Beltrán Leyva y Los Zetas o de tener orden de presentación en Estados Unidos. En tanto que Fernando Gómez Mont, titular de la Secretaría de Gobernación sostuvo que el afán de paz en el país no significa que se deje de aplicar la justicia o que se tape la obligación del Estado de someter a los criminales.

“ES UN HÉROE”: DEA

El jefe de operaciones de inteligencia de la DEA (Agencia Antidrogas Estadounidense), Anthony Placido, declaró este jueves tras una audiencia en el Congreso, ante el subcomité de Asuntos Fronterizos, Marítimos y contra el terrorismo de la Cámara de Representantes – a la que asistió con el director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (AFF), en la que se analizó la violencia en México- que Calderón “es un héroe que está luchando frontalmente contra los delincuentes” y “nosotros vamos a apoyar”. Este funcionario estadounidense manifestó su preocupación por la violencia emprendida por los cárteles de la droga derivada, según él, de los operativos emprendidos de las fuerzas policiales y militares de México.

En esa audiencia, el funcionario de la DEA calificó a los cárteles de la droga como una amenaza tanto para México como para Estados Unidos y sostuvo que “el incremento de la violencia refleja los avances de ambos países en “interrumpir las actividades” de esas organizaciones. Plácido destacó que un componente importante del gobierno estadounidense para “neutralizar los poderosos cárteles mexicanos de la droga”, es la “Iniciativa Mérida” para “proporcionar expertos forenses” y fortalecer las instituciones judiciales de México. Precisó que dicha iniciativa asiste a sus contrapartes mexicanos para el desarrollo de equipos con agencias federales estadounidenses para enfrentar a los narcotraficantes, entre otros recursos.

PLAN BUSH

El plan que concibió, firmó el 30 de junio de 2008 y convirtió en ley la Iniciativa Mérida o “Plan México” el presidente de Estados Unidos George W. Bush fue presentado como una “Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional” y fue encaminado a que las relaciones México-Estados Unidos compartan un futuro militarizado, donde el poder no acotado de unas fuerzas de seguridad ya abusivas no resuelve la alarmante violencia del crimen organizado, sino antes bien, la agrava, como advertía desde principios del año pasado la especialista del Programa de las Americas en el Center for Internacional Policy, Laura Carlsen.

La estrategia de seguridad conjunta para Norteamérica se remonta a la creación de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) como una extensión del Tratado de Libre Comercio para América Latina (TLCAN). Los jefes de estado de Estados Unidos, Canadá y México se reunieron en marzo de 2005 en Waco, Tejas, y pusieron en marcha un sigiloso proceso de negociaciones entre miembros de sus ramas ejecutivas y representantes de grandes corporaciones para facilitar los negocios transfronterizos y crear un perímetro de seguridad compartido.

Bush empujó a sus socios comerciales a formar un frente común que asume la responsabilidad compartida de proteger a Estados Unidos de amenazas terroristas, promover y proteger el modelo económico de libre comercio y reforzar el control del gobierno estadounidense sobre el mundo, en especial en América Latina, donde el Departamento de Estado capta más amenazas debido a la elección de gobiernos de centro izquierda. Y en efecto así es y este jueves el presidente de Bolivia, Evo Morales, durante la celebración del Bicentenario de La Paz, pidió acabar con las bases militares que los Estados Unidos instalaron en diferentes países de Latinoamérica. El mandatario boliviano recordó que con la nueva Constitución de ese país, vigente desde febrero pasado, se logró clausurar una base militar estadounidense en Chimoré, departamento de Cochabamba. Ante sus colegas de Venezuela, Hugo Chávez, de Ecuador, Rafael Correa, y de Paraguay, Fernando Lugo, advirtió: “nunca más bases de Estados Unidos, será una forma de descolonizarnos, dignificarnos y hacer respetar la soberanía de los pueblos…”

OBLIGAN A CALDERÓN

En cambio en México, el plan de Bush obligó a Calderón a proseguir su desastrosa estrategia antiterrorista y aplicarla en todo el territorio nacional y ha provocado graves violaciones a la soberanía nacional, un riesgo mayor de ser atacado como aliados de Estados Unidos y amenaza las libertades civiles de los mexicanos. Todo esto tiene sin cuidado a los estrategas del Departamento de Estado. En abril del año pasado, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, admitió que el ASPAN “entiende a América del Norte como un espacio económico compartido… que necesitamos protegerlo… no sólo en nuestras fronteras; tiene que ser protegido en toda América del Norte, y así como hemos trabajado a través del ASPAN para mejorar nuestras relaciones comerciales y de negocios, también nos hemos esforzado por mejorar nuestra cooperación para la seguridad. En cierto modo, estamos blindando el TLCAN”.

El Plan México va mucho más allá de un combate a las drogas. Aplica políticas fallidas de manejo de la inmigración, militarización transfronteriza, integración económica, ataques a las libertades civiles e intromisión de las fuerzas de seguridad en la política social y la diplomacia internacional. Este plan reestructuró la relación binacional y cambio la naturaleza de los problemas económicos y sociales presentándolos como asuntos de seguridad; y lo más grave es que está militarizando a la sociedad mexicana con escasos controles legales o sociales. El enfoque militar para resolver la lucha antidrogas provoca una escalada de violencia relacionada con las mismas, además de abusos contra los derechos humanos, y “desembocará en la incapacidad de alcanzar sus propios objetivos”, advierte Carlsen.

OBAMA AMARRADO

Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Fundar, Tlachinolla, Wola y Latin America Working Group Education Fund, pidieron al gobierno de Barack Obama retener los fondos de la Iniciativa Mérida toda vez que la administración de Calderón no ha cumplido con la investigación, enjuiciamiento y sanción a las violaciones a las garantías individuales cometidas por miembros del Ejército. En los últimos dos años las quejas de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares que ha recibido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH se han sextuplicado al pasar de 182 quejas en 2006 a mil 230 hasta el corte del año pasado.

A pesar de esa petición. el demócrata Obama, quien visitará nuestro país el 9 y 10 de agosto próximo y se reunirá con Calderón en Guadalajara, tiene las manos amarradas por el Congreso estadounidense y por los acuerdos firmados por su antecesor George W. Bush, quien previó la llegada del demócrata a la Casa Blanca y tomó las providencias del caso. Obama vendrá sin duda a escuchar el parte de guerra de Calderón.

OFENSIVA CONTRA MICHOACÁN

Al cierre de estas líneas se ultimaban los detalles de una magna ofensiva de la administración federal contra el cartel de “La Familia Michoacana” en territorio del Estado de Michoacán, entidad en la que fueron desplegados 5 mil 500 elementos entre policías, Ejército y Marina, que se unen a los mil 200 que ya están operando en la tierra gobernada por el perredista Leonel Godoy. Los mil 500 agentes de la Policía Federal que arribaron por tierra y aire y que llevaron consigo camiones blindados, al menos 10 helicópteros y camionetas con equipo táctico, están dolidos por la sospechosa ejecución de 12 de sus compañeros y tienen sed de venganza. “Vamos a partirles la madre, sólo necesitamos huevos”, los arengó el general Rodolfo Cruz López.

Mientras tanto, el gobernador Leonel Godoy, muy bueno para la negociación política partidista para despejarle el camino a Cuauhtémoc Cárdenas hacia otra posible postulación a la presidencia de la República, poco o nada ha podido hacer para detener la invasión de las fuerzas federales en el territorio que dice que gobierna o que al menos le pagan para hacerlo. Al encabezar la ceremonia conmemorativa del aniversario de la fundación del Hospital Civil, reconoció ante médicos y enfermeras que Michoacán atraviesa por “graves dificultades de seguridad”, pero rechazó hacer comentarios a la prensa local sobre el estado de guerra que enfrentan los michoacanos.

Mejor el arzobispo de Morelia y los cinco obispos auxiliares de esa diócesis clamaron por el cese de muertes violentas en la entidad y llamaron a los criminales a la conversión. En un comunicado firmado por el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, así como los obispos de Zamora, Javier Navarro Rodríguez: de Tacámbaro, José Luis Castro Medellín; de Apatzingán, Miguel Patiño; de Lázaro Cárdenas, Fabio Martínez Castilla; y los obispos auxiliares de Morelia, Octavio Villegas Aguilar y Carlos Suárez Cázares, señalaron que “percibimos un clima de terror y de incertidumbre”.

REPRESIÓN POLÍTICA

El modelo de la guerra antidrogas aplicado por Calderón y dictado desde Washington se está expandiendo hacia la represión de la oposición política en el país, por lo que no es producto del azar que se este enfocando en estos momentos en Michoacán, bastión de la real oposición política que representa el perredismo auténtico, no el de “Los Chuchos”. La estrategia que están siguiendo García Luna y Medina Mora borraron los limites entre el combate a las drogas y contra la oposición política.

Las armas las siguen poniendo los mercenarios estadounidenses toda vez que el 90 por ciento de las armas confiscadas a los cárteles de las drogas provienen de Estados Unidos, mientras que los muertos los ponemos los mexicanos, pues la violencia relacionada con el narcotráfico dejó más de seis mil 200 muertos en 2008, mientras que en este 2009 el número de víctimas superaba los 3 mil 700 al cierre de estas líneas. ¿Cuántos cadáveres más se apilarán antes de que concluya la fallida administración de Felipe Calderón? ¿No es este un costo muy alto tan sólo para proteger capitales internacionales?

DE LOS PASILLOS

Banamex, filial de la estadounidense Citigroup, será la que hará el negocio de la construcción de la Refinería Bicentenario. El gobierno de Hidalgo adquirirá una deuda por mil 500 millones de pesos con esa institución bancaria para pagar las 700 hectáreas que dará a Pemex para la construcción de ese complejo industrial… Jeffrey Davidow, ex embajador de Estados Unidos en México, subrayó la necesidad de exigirles visa a cientos de miles de trabajadores que laboran sin ese documento en territorio estadounidense. ( lilia_arellano@yahoo.com)

Iztapalapa: secuestro partidista

LOURDES MORALES CANALES *

MÉXICO, D.F., 25 de junio (apro).- El caso de la delegación Iztapalapa es sólo una muestra del secuestro partidista que actualmente vivimos los ciudadanos mexicanos. Es, también, una muestra del daño que las fuerzas políticas han provocado en términos de construcción de una sociedad democrática y participativa.
Catalogada como una "ciudad dentro de la ciudad", esta demarcación concentra un elevado porcentaje de población (casi 2 millones de habitantes), de la cual 80% son ciudadanos en edad de votar (1 millón 536 mil 373 en lista nominal, según las cifras de 2009 del Instituto Federal Electoral). Y ello ha hecho que Iztapalapa sea, para los partidos políticos, un botín demasiado atractivo como para querer renunciar a él.
Desde el año 2000, la demarcación ha sido gobernada casi hegemónicamente por el PRD. Y sólo durante la elección de diputados federales de 2006, la diferencia entre el primer lugar (PRD) y el segundo (PAN) fue de tasas que oscilaron entre el 26% y el 52%, un margen demasiado alto como para hablar de pluralidad y verdadera competencia entre partidos.
De igual forma, la demarcación es de las más participativas de todo el país, ya que del año 2000 al 2006, en elecciones locales, las tasas de participación fueron superiores a 64%, mientras que en elecciones federales más de 65% de los ciudadanos salió a votar (salvo en la intermedia de 2003, en la que participó sólo 40.3% de la población iztapalapense).
A simple vista, esto supondría la existencia de una identidad partidista enraizada o de un "voto duro" para un solo partido por parte de una ciudadanía entusiasta, sin embargo, en la demarcación prevalecen las formas más tradicionales del clientelismo político, muchas de ellas heredadas del sistema autoritario anterior.
Efectivamente, líderes e intermediarios partidistas se disputan el poder constantemente al grado de obstaculizar que los ciudadanos ejerzan de manera libre derechos políticos y sociales fundamentales, y a cambio del voto o de servicios públicos, a los cuales los ciudadanos de Iztapalapa tienen derecho por el pago de sus impuestos, surgen promesas y amenazas por parte de "líderes sociales" que poco o nada han hecho por crear una cultura de la rendición de cuentas, la solidaridad y la ciudadanía responsable.
En la primera etapa de un ejercicio de observación electoral que Alianza Cívica desarrolla en diez estados del país, encontramos que ante la restricción de campañas electorales en medios electrónicos, los partidos políticos desplegaron propaganda política directa entre los ciudadanos vía folletos, mítines y promoción casa, pero prevalece la ausencia de debate y propuestas.
En el distrito 19 de Iztapalapa, la disputa entre facciones partidistas ha generado que los ciudadanos reciban ofertas de dinero, despensas y empleo, así como programas sociales locales (la delegación cuenta con 16 programas sociales) y leche, a cambio de asistir a mítines y marchas, o de permitir la colocación de mantas en las fachadas de las casas particulares.
Estas prácticas son vistas como algo tan natural, que los ciudadanos ni siquiera las reconocen como delitos electorales, por lo que no hay denuncias al respecto.
Y el escenario se vuelve todavía más trágico con las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como la última con la que revocó la candidatura de Carla Brugada, cuyo nombre de todas maneras aparecerá en las boletas electorales.
No obstante, se prevé que las estrategias de persuasión se intensifiquen frente a una ciudadanía desencantada de los partidos políticos, desmovilizada frente a la impunidad y poco representada por quienes utilizan las carencias sociales como instrumento electoral.
Iztapalapa nos muestra cómo los partidos cavaron su propia tumba, pues a fuerza de excluir a los ciudadanos de las decisiones, de la representación de los órganos autónomos, de los medios de comunicación y de las candidaturas, las elecciones aumentan su costo social y no son ya del mejor proyecto, sino del mejor postor.
Por ello, queda a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil reconquistar el espacio público secuestrado por los partidos políticos y por los medios de comunicación, a través de una agenda de participación directa que vaya más allá de lo electoral.
* Directora de Alianza Cívica

Elección deslegitimada

Manuel Bartlett Díaz

Escucha al autor AQUI.

El debate sobre el voto anulado o voto en blanco se profundiza, más aún, es el único debate en la elección de la Cámara de Diputados federales.
El llamado a asistir a la casilla y anular el voto es un movimiento que ha calado. Se refleja en la discusión pública y en diversas acciones de contención.
Votar o anular el voto es el tema, más que votar por quién. La razón del planteamiento es el rechazo a la elección en general, el hartazgo, palabra que se repite: hartazgo de la “clase política”, de la “partidocracia”. La reacción a este sentimiento no ha sido negarlo, lo que significa reconocerlo, sino más bien descalificar la forma que se propone para expresarlo, la anulación del voto.
Paradójicamente se atribuye el impulso del movimiento lo mismo a la derecha que a una especie de anarquismo. Ambos perseguirían debilitar la democracia. La derecha para abrir paso a la dictadura, anular los aspectos positivos de la reforma electoral inacabada, y la anarquista por su eterna postura destructiva. Desde luego, es evidente que ha generado alarma en los defensores del statu quo, de “legitimar” una elección que tiene asegurado el triunfo de la derecha por el contubernio de partidos. “La Arquidiócesis condena al voto nulo por considerarlo antidemocrático”, y la Coparmex, grupo de demócratas impolutos, llama a votar para fortalecer a las instituciones. Se descalifica la anulación por ineficaz, porque no se computa, se pierde en el abstencionismo, fortalece el voto duro del PRI y del PAN, ya de por sí asegurado, desmoviliza.
Pero tan no es inocua que el IFE organiza foros para discutir el asunto, o sea, disuadir, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Beltrones, organiza a toda prisa, con los coordinadores, una mesa para una “nueva reforma electoral”, que promete solícito aprobar lo que reclaman los anuladores, lo que no han hecho ni harán voluntariamente. Televisa lanza un movimiento democrático “imparable”: que los candidatos honestos se comprometan ante notario con la justicia. Como si no fueran unos y otros parte central del repudio que se expresa en el voto nulo.
Se finge la exigencia al gobierno de soluciones ante la crisis, tema ausente en las campañas para no molestar a los poderosos. La cúpula priísta, acusada de pasividad por gobernadores agredidos por el militarismo calderonista con fines electorales, “rompe con el Ejecutivo”, por ahora, esperando que se comporte bien en el futuro.
Reacciones inútiles; lo que se repudia es el sistema electoral en su conjunto, inserto en un sistema de poder político en el que el Ejecutivo y el Legislativo son parte de un arreglo dominado por los intereses económicos nacionales y transnacionales. La partidocracia que se rechaza es el control que ejercen sobre las masas partidistas estos intereses que anulan toda participación democrática a través de “liderazgos hechizos” que, apoderados de cuantiosos recursos, imponen candidatos, alcanzan acuerdos cupulares ajenos a sus bases y crean instituciones a su imagen y semejanza, como el IFE.
Intereses idénticos se alojan en el Congreso con liderazgos sostenidos con el control de recursos que corresponden a sus fracciones parlamentarias. No se rinden cuentas, nadie las pide. Ahí pulula la clase política que se repele, sin posición, acomodaticia, atenta a sus beneficios personales. Independientemente de candidaturas buenas, regulares, malas, el voto nulo es el rechazo a ese arreglo.
El voto nulo expresa la falta de legitimidad del proceso electoral y de los futuros diputados desde antes de la elección. Deberá complementarse con acciones populares posteriores que obliguen a la democratización. La oligarquía no lo hará motu proprio.
mbartlett_diaz@hotmail.com
Ex secretario de Estado