El gobierno espurio hipoteca el futuro con la anticonstitucional Ley de Asociaciones Público-Privadas

BOLETÍN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 16 NOVIEMBRE DE 2009

* La ley deja en descubierto la política del PAN de abrir el endeudamientopúblico sin la autorización del Congreso.

La iniciativa de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP),presentada por el gobierno espurio en el Senado, pone a descubierto lapolítica económica promovida por el PAN de abrir el endeudamiento público sin la autorización del Congreso y sin que se registre como deuda públicaal clasificarlo como “gasto corriente”, expresó la secretaria de Salud del Gobierno Legítimo de México, Asa Cristina Laurell.Además, el gobierno usurpador, detallo, pretende facilitar la expropiaciónpor “utilidad pública” mediante un procedimiento simplificado para poner adisposición del sector privado los bienes expropiados.“La ley legalizaría la suscripción de contratos, mediante licitación oadjudicación directa, con el sector privado nacional e internacional quecomprometen el gasto público durante 25 a 40 años y dándole prioridad aestos pagos por encima de cualquier otro gasto”, señaló Asa CristinaLaurell.Especificó que los contratos de inversión-administración están previstospara la construcción y administración de infraestructura. El objetivo dela ley es “brindar mayor certeza jurídica a los inversionistas y a losfuncionarios públicos”.Las modificaciones a los procedimientos de la expropiación por causa deutilidad pública consisten en separar la declaratoria de utilidad públicay el decreto de expropiación, explicó al mencionar que para la primerabastará el dictamen técnico de la entidad o dependencia pública y luegose procedería a desarrollar el proceso legal administrativo de laexpropiación.Con ello se limita la defensa de particulares, ejidos y comunidades alreducir el tiempo para interponer recursos legales a 15 días. Lainiciativa propone además que no proceda la suspensión ante un decreto deexpropiación, prosiguió.Expuso que otra novedad de la ley es la posibilidad de recibir y aprobarpropuestas no solicitadas de la Iniciativa Privada. “Al proponente se lepagarán además los gastos de la elaboración de su propuesta, eso es que elgobierno espurio no sólo dejaría de cumplir la función de proporcionarlos servicios públicos sino que los particulares realizarán el trabajo delejecutivo que será retribuido a precios que determine la iniciativaprivada” explicó.Calificó a la iniciativa de ley de anticonstitucional “porque infringelas facultades del Congreso de la Nación plasmadas en el artículo 73-VIIIque faculta al Congreso decidir sobre el endeudamiento de la nación. Elhecho de que se clasifique el pago como “gasto corriente” no cambia quesea endeudamiento público sólo lo disfraza”.Recordó que esta maniobra se inventó en la Unión Europea que puso comotecho máximo un endeudamiento del 60 por ciento del PIB en 1997 para losestados miembros. Para salir a paso de este límite se ideó la llamadaAsociación Público-Privada(APP) o en inglés “Private Finance Iniciative”que permite a los estados violar sus propias reglas sobre el nivel delendeudamiento.Sin embargo, continuó, actualmente la Unión Europea está planteando lanecesidad de abrir estos contratos al escrutinio público con la finalidadde conocer su monto y costos. Por ejemplo en Inglaterra, el pionero deestos contratos, se ha decidido cambiar las reglas de la contabilidadpública para que esta deuda escondida (off balance sheet) aparezca comoparte de la deuda pública.Esta medida, mencionó, se actualizó a raíz de la crisis económica mundialcausada, entre otras cosas por el desconocimiento respecto alendeudamiento real y la capacidad de pago de los grupos financieros y delos estados.Destacó que los contratos APP consisten en contratar con el sector privadoel financiamiento, la construcción y la administración de una obra–hospital, carretera, puente, de agua, etcétera—a cambio de un pago,mensual o anual, al ganador del contrato y/o el otorgamiento de unaconcesión para cobrar por su uso.Explicó que se pide al inversionista-constructor-administrador que: pongaun capital de “riesgo”, frecuentemente muy bajo; consiga en el mercadofinanciero el resto del capital, generalmente a una tasa mayor que lagubernamental; construya la obra y; la administra.Estos contratos, aclaró, ya existen en México con el nombre eufemístico“Proyectos de Prestación de Servicios” (PPS) justificados legalmente conun “Acuerdo Secretarial” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP) en 2004 (DOF 9/4, 2004) que tiene una jerarquía legal muy baja.Este acuerdo se publicó durante el gobierno de Fox con Gil Díaz comotitular de la SHCP y Barrio Terrazas en la SFP.La LAPP, sostuvo, tiene la finalidad de resolver esta debilidad legal. Esmás, en 22 entidades federativas ya fueron aprobadas leyes semejantesgeneralmente sin mayor conocimiento y sin un debate a fondo. “Se trata nimás ni menos de una hipoteca de un monto desconocido a cargo de losfuturos ingresos públicos que obliga a los gobiernos —federal, estatal omunicipal— a pagarla prioritaria- y puntualmente. Los célebres “Pidiregas”de PEMEX tenían el mismo carácter y han sido reconocidos por el Congresocomo deuda pública” resaltó.Especificó que operan en México un grupo de asesores-cabilderosespecializados en este tipo de contratos, destacadamente los despachos deWhite & Case, Currie & Brown, Pricewaterhouse y Jáuregui y NaderAsociados, entre otros. “Estos despachos se han encargado de “vender unaimagen falsa de estos proyectos además de elaborar los contratos y lasiniciativas de ley” comentó.Mencionó que han cobrando honorarios por un monto acumulado de unos cienmillones de pesos sólo en el sector salud por estas actividades y al serasesores de los gobiernos influyen en el dictamen de las propuestas de loslicitantes. Uno de los casos más emblemáticos es el estado de México.Indicó que el contenido de la iniciativa de ley permite inferir quealguno(s) de estos despachos están detrás de su redacción ya que dice quepermitirá reducir los costos hasta en un 15 por ciento y sobre tododisminuir los tiempos de ejecución hasta en un 30 por ciento.“Estos son los argumentos machaconamente esgrimidos a favor de los PPSpero la realidad los ha desmentido tanto en México como en el extranjero.Ponemos el ejemplo de los Hospitales Regionales de Alta Especialidadcontratados por la SSA” e expuso.El primero hospital ubicado en León, Guanajuato fue asignado a la empresaespañola Acciona con un contrato por 3,600 millones lo que significa unmonto superior en 164 millones del proyecto de referencia. Sin embargo seestima que su costo total –sin contar el costo de la prestación de losservicios médicos, medicamentos y otros insumos—serán unos 7,500 millonespor las actualizaciones del INPC y los ajustes pactados en el contrato,detalló.“La inversión realizada en la construcción y equipamiento del hospital fuede 603.7 millones y entre abril, 2007 y junio, 2009 Acciona ha recibidopagos por 391 millones. Si el gobierno federal hubiera contratado unpréstamo por 603.68 millones con una tasa de interés de 4% anual habríapagado 61 millones por el tiempo señalado. Es decir, hubiera tenido unexcedente de 330 millones respecto al contrato PPS y con este dineropodría haber pagado el 55% del préstamo original. Es una mentira que losPPS son 15% más baratos”, pormenorizó.La secretaria de Salud mencionó que la eficiencia privada se ha ademásmostrado ser bajísima. El hospital fue inaugurado en marzo de 2007 con unretraso de cinco meses. El problema no terminó allí ya que durante elprimer año sólo estaban en funcionamiento 25 de sus 180 camas. Los últimosdatos oficiales permiten estimar que se llegará al 36% de la metacontractual de egresos hospitalarios anuales en 2009. Esto equivale a unfuncionamiento regular de 60 a 70 camas.Resaltó que el segundo hospital en Ciudad Victoria, Tamaulipas, fueasignado a la empresa mexicana Marhnos que carece de la experienciasolicitada pero aportó a la campaña del PAN. El monto del contrato es de4,725 millones de pesos y aumentará al menos al doble por lasactualizaciones previstas. Se inauguró en marzo de 2009 con un médico y 15altos funcionarios.“Hasta la fecha no está funcionando, carece de personal y sólo estánpresupuestados para 2010 los recursos para el pago del contrato. Estosignifica que se mantendrá cerrado también durante 2010. Es decir, es unbuen negocio para las empresas contratantes pero un desastre para lospacientes no atendidos y para los contribuyentes”, informó.La suerte de las carreteras concesionadas es de sobra conocida –susquiebras, rescates y saneamiento—, sus altos costos para los usuarios y elpésimo mantenimiento. Con estos antecedentes no hay nada que haga suponerque una Ley de Asociaciones Público-privadas tenga algo que ofrecer que nosean grandes negocios al sector privado, señaló.Aseguró que los investigadores ingleses Liebe y Pollock acaban de publicaruna revisión de este tipo de proyectos (The experience of the privatefinance initiative in the UK’s Nacional Health Servicewww.health.ed.ac.uk/CIPHP/publications) en Inglaterra después de diez añosde experiencia con ellos. Su revisión se basa fundamentalmente en lainformación oficial y los documentos del Ministerio de Finanzas, laAuditoría Superior y el Regulador Autónomo del sistema de salud.Manifestó que esta revisión les permite extraer tres lecciones. La primeraes que los PPS no proporcionan financiamiento adicional porque el estadode cualquier modo tiene que pagarlo. La segunda es que no son más baratasya que el costo del financiamiento incrementa y tampoco proporcionanmejores servicios. La tercera es que sus altos costos obligan a reducirlos servicios prestados.Indicó que la iniciativa mexicana llega 10 años tarde cuando ya estáprobada su inoperancia y altos costos. Es una propuesta disimulada paralegalizar la privatización de los bienes públicos y desresponzabiliar alestado de sus obligaciones. Procuraría además la silenciosa privatizaciónde PEMEX.

No funciona

La Secretaria de Salud del Gobierno Legítimo, Asa Cristina Laurell, afirma que el Seguro Popular ha fracasado como el “tercer pilar de la seguridad social mexicana”.

Sin perspectivas la cobertura “universal” del Seguro Popular para el próximo año / El gobierno espurio chantajea al decir que el incremento del 2l IVA será destinado a dicho rubro / Sistemático subejercicio de los recursos asignados contradice la propuesta / Necesaria la revisión a fondo del Seguro Popular, expresa Asa Cristina Laurell, Secretaria de Salud del Gobierno Legítimo

MÉXICO, D.F., 14 de septiembre (GOBIERNO LEGÍTIMO).-Las declaraciones del titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), Salomón Chertorivski, confirman el fracaso del Seguro Popular como el “tercer pilar de la seguridad social mexicana”, expresó la secretaria de Salud Asa Cristina Laurell.
Dijo que toda la propaganda gubernamental sostiene que el mencionado programa es el mecanismo para hacer universal el derecho a la salud en México. sin embargo “hemos insistido desde 2004 que esto es una mentira por varias razones y las declaraciones recientes la ponen a descubierto”.
“El flamante Comisionado sostiene que no hay los recursos suficientes para ampliar la cobertura, a menos de que el Congreso apruebe el incremento de 2 por ciento al IVA disfrazado de impuesto para el combate a la pobreza”, expuso.
Antes de amenazar con hacer recortes al programa, manifestó que el comisionado tiene que explicar el sistemático subejercicio de los recursos que tiene asignados, porque de 2007 y 2008 este subejercicio fue de entre 4 y 5 mil millones de pesos.
Puntualizó que “en 2009 –con todo y la emergencia de influenza humana— el Seguro Popular sólo había transferido 13 mil millones de pesos –el 36 e los recursos destinados a las entidades federativas— al cierre de julio según el informe de SCHP. En cambio. el gasto burocrático de la CNPSS se había ejercido al 50
Por otra parte, prosiguió, Salomón Chertorivski anunció que se ha detenido la inscripción al programa de salud y sólo pueden ser incorporados los niños menores de cinco años y las mujeres embarazadas.
Además, puntualizó, calcula que un 10 por ciento de las familias afiliadas no renueve su seguro y comunicó que varias entidades federativas han declarado su insolvencia para pagar la prima por familia que les corresponden.
Recordó que anteriormente, estas dificultades se habían encubierto clasificando prácticamente a todas las familias en el grupo de cero aportación (96.7 por ciento) –sólo deberían estar el 20 por ciento más pobre— y contando como aportación estatal una serie de gastos en salud antes no contabilizada.
“Llegó la hora de la verdad y con ella la desafiliación de familias y parcialmente algunos estados”, indicó.
Adicionalmente, explicó, el titular de la (CNPSS) con espíritu económico eficientista, anunció que se pretende modificar la Ley General de Salud para transferir recursos en función del número de personas afiliadas y no el número de familias. Esto significa que cada gobierno estatal contaría con menos recursos para atender a los afiliados al SP, a pesar de que en el esquema actual han sido insuficientes. como lo demostró el estudio actuarial de la Auditoría Superior de la Federación en 2005.
“Con estos “ahorros”, subrayó, Chertorivski calcula que se podría afiliar otros 5 millones de familias en 2010 para llegar a la cobertura universal en 2011. “Ni una palabra sobre la falta de infraestructura, ni una palabra sobre la falta de personal, medicamentos e insumos. Presumir la cobertura universal en estas condiciones es de un cinismo imperdonable”, resaltó.
Propone que antes de aprobar el IVA disfrazada, autorizar nuevos recursos al Seguro Popular y aprobar un cambio en la Ley General de Salud, el Congreso tiene la obligación de revisar a fondo este programa.
“No se trata de disminuir los recursos para salud, al contrario, es necesario incrementarlos y hacerlos llegar donde se necesitan, a los centros de salud y los hospitales donde se requieren para promover la salud y atender a la población” finalizó.

Parálisis nacional por la influenza, sin sustento

Asa Cristina Laurell

La revisión de los datos 1 de la Secretaría de Salud (Ssa) demuestra que actúo cuando casi había pasado la epidemia de influenza A/H1N1 en el centro del país y que el Sistema Nacional de Diagnóstico y Vigilancia Epidemiológica no sirvió y todavía no es útil para actuar ante una situación de esas. La primera página del documento presentado el 8 de mayo por la dependencia demuestra que cuando declaró la emergencia el problema ya se estaba autoextinguiendo (ver gráfica).

El contagio se debilitó como ocurre en todas las epidemias cuando una población adquiere inmunidad de grupo. Significa que cuantos más individuos adquieren inmunidad por haberse contaminado, la probabilidad de que un enfermo transmita el virus a alguien susceptible desciende y se acerca a cero. La gráfica demuestra que el 23 de abril se estaba muy cerca de este punto.

Se actuó muy tarde y paralizar al país no ayudó a controlar la influenza. Lo que debería haberse hecho es una intensa búsqueda de casos, de contactos y la aplicación de cercos epidemiológicos para aislarlos y tratar a los enfermos como se está haciendo en otros países.

La prueba de los graves problemas de registro se desprende del análisis de los datos oficiales sobre el desarrollo de la influenza. Éstos se ven nítidamente en la comparación entre los reportes del Distrito Federal y del estado de México. Los municipios mexiquenses conurbados, con 9.8 millones de habitantes, y la capital del país, con 8.8 millones, constituyen un espacio epidemiológico único, es decir, deberían presentar datos de defunciones y casos comprobados semejantes.

Comparando los datos de la Ssa en dos fechas –15 y 27 de mayo– se observa que no ocurre. El 15 de mayo el Distrito Federal reporta mil 425 casos confirmados y 31 muertos y el estado de México, 192 casos y 16 muertes, lo que da 7.4 casos en el DF por uno en el estado de México, y 1.9 muertes en la capital por uno en la entidad vecina.

El 27 de mayo los datos respectivos son: para el DF de mil 730 casos, con 33 muertes, y para el estado de México de 276 casos, con 19 muertes, lo que corresponde a 6.3 casos en el primero, por uno, en el segundo, y 1.7 defunciones en el DF por una en el estado de México.

Con los mismos datos, la influenza en el estado de México pareciera mucho más letal que en el DF; en el primero fallece entre 8.3 y 6.9 por ciento de los enfermos, mientras en el segundo sólo entre 2.2 y 1.9 por ciento. Estos datos tan inconsistentes sólo se explican por errores serios en el registro del estado de México.

Elevada letalidad

Suponiendo que el registro en el DF sea completo, ¿cuántos enfermos y fallecidos habría en el estado de México? Lo estimamos con la aplicación de las tasas registradas de morbilidad y mortalidad del DF a la población suburbana del estado de México. El resultado es que para el 14 de mayo faltarían mil 578 enfermos y 34 defunciones; o sea: no fueron reportados mil 386 enfermos y 18 muertes. Para el 27 de mayo faltarían en el reporte mil 640 enfermos y 17 muertes. Se puede suponer además que la letalidad en el estado de México haya sido más alta, porque caso no-diagnosticado es caso no tratado con antivirales y ocurre por falta de servicios de salud.

Los reportes por institución robustecen la evidencia del subregistro. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó 43.9 por ciento de los casos confirmados el 15 de mayo y el 46.1 por ciento el 27 del mismo mes, a pesar de dar cobertura a 32 por ciento de la población total; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se mantuvo con un porcentaje ligeramente por encima del de su población cubierta y el resto de las instituciones, públicas y privadas, no rebasó el 50 por ciento, a pesar de que tengan a su cargo alrededor de 60 por ciento de la población.

El subregistro demuestra que la gran mayoría de los estados no tuvieron y siguen sin tener medios diagnósticos e instalaciones adecuadas para atender a los enfermos. Nunca se sabrá qué pasó, pero tenemos la suerte de que la influenza A/H1N1 hasta ahora es leve y no tiene una mortalidad alta.

Es probable que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya considerado que México contaba con un sistema sólido de emergencia epidemiológica, pero la realidad es otra. México estuvo lejos de salvar a la humanidad y confundió al mundo. A la hora de la Asamblea Mundial de la OMS esto se había entendido y la secretaria general de ese organismo señaló que las fallas de registro de los países es la debilidad de la red mundial de emergencia contra la pandemia. La solicitud de México de una compensación por su sacrificio no fue respondida. Y los mexicanos pagaremos los costos de la ineptitud gubernamental.

1 Tomados de www.salud.gob.mx el día de su aparición

salud@gobiernolegitimo.org.mx

Boletín Informativo ISA núm 679

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

Sumario:

I. Para apoyar a los mineros en paro, López Obrador se trasladará el próximo miércoles a Cananea

II. Transparencia y ética. La vacuna de VPH, por Asa Cristina Laurell

III. Violencia contra jóvenes, por Bernardo Bátiz V.

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PARA APOYAR A LOS MINEROS EN PARO, LÓPEZ OBRADOR SE TRASLADARÁ EL PRÓXIMO MIÉRCOLES A CANANEA

Andrés Manuel López Obrador informó que viajará el próximo miércoles a Cananea, Sonora, con el propósito de expresar su solidaridad y su apoyo total a la lucha que libran los mineros de la empresa Grupo México.

En la asamblea informativa celebrada hoy con integrantes del movimiento en defensa de la economía popular de Jalisco, el presidente legítimo de México destacó “la resistencia y valor de los mineros de Cananea, ante los embates del gobierno espurio de Felipe Calderón y del gobernador Eduardo Bours”.

Mencionó también que invitará a senadores del PRD, PT y Convergencia, que forman el Frente Amplio Progresista, para que lo acompañen y puedan comprobar el clima de represión e intimidación que se ha desatado en contra de cerca de mil 200 mineros y sus familias.

Al respecto, recordó que las autoridades estatales llegaron al grado de suspender el suministro de agua potable de los trabajadores en huelga desde hace 22 meses y de cerrar un centro hospitalario.

También señaló que el dueño del mencionado consorcio minero, Germán Larrea, es apoyado por Calderón, “porque el empresario contribuyó económicamente con la campaña del presidente usurpador. Sin embargo, los mineros enfrentan la ofensiva oficial, que es una prueba de cómo domina la oligarquía en el país”, aclaró.

“Por si fuese poco, el abogado de Minera México fue hasta hace unos meses el actual secretario de Gobernación del gobierno espurio, Fernando Gómez Mont, un abogado corrupto”, afirmó.

En las últimas semanas, los mineros han denunciado que el clima de hostigamiento en su contra aumentó a raíz de la presencia de alrededor de unos mil elementos de la Policía Federal Preventiva en los principales accesos a la mina, que preparan un eventual desalojo.

Como se sabe, el sindicato minero obtuvo el pasado 16 de abril una suspensión provisional del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Laboral, al laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sobre la rescisión del contrato laboral de los trabajadores en huelga desde el 30 de julio de 2007.

Durante el encuentro con los integrantes de los comités en defensa de la economía popular de Jalisco, López Obrador aseguró que millones de familias padecen los efectos de la crisis, “pero el gobierno espurio de Calderón prefiere apoyar a los banqueros y grandes empresarios que lo impusieron en la Presidencia de la República ”.

Consideró una irresponsabilidad el hecho de que Calderón haya solicitado una línea crediticia por 47 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, porque dicha cantidad no se utilizará para rescatar a los campesinos, ejidatarios, comuneros, productores y pequeños y medianos comerciantes y empresarios, sino para salvar a los mismos de siempre, entre ellos a la Cementera Cemex , que tiene adeudos por 15 mil millones de dólares.

Con la contratación de nuevos créditos, Calderón incrementará de un plumazo la deuda externa y pasará de 86 mil millones a más de 163 mil millones de dólares, destacó al reiterar su propuesta de aplicar un plan de austeridad para obtener ahorros presupuestales por 200 mil millones de pesos anuales.

Al término de la asamblea informativa, el presidente legítimo de los mexicanos inauguró la Casa del Movimiento en Defensa de la Economía Popular en Guadalajara.

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TRANSPARENCIA Y ÉTICA. LA VACUNA DE VPH

por Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del gobierno legítimo de México

(publicado en La Jornada el 17 de abril de 2009)

En mi anterior artículo (4/3), traté el conflicto de interés de los investigadores que han participado en las pruebas clínicas de las vacunas contra el virus del papiloma humano (Gardasil y Cervarix). En ambos casos, prácticamente todos reportan una relación financiera o de trabajo con estas compañías, lo que lleva a desconfiar de su imparcialidad. La imbricación entre la ciencia médica y las actividades de lucro obligan al Estado a construir mecanismos de regulación para proteger a la población. Es una tarea primordial de la autoridad sanitaria. La credibilidad de las autoridades sanitarias depende en gran medida de su calidad técnica y de una actuación transparente y ética.

En México, el control de los fármacos y vacunas y el seguimiento de sus reacciones adversas recaen en la Secretaría de Salud y su organismo desconcentrado, la Cofepris (Comisión Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios). Cabe preguntarse qué han hecho respecto de las vacunas contra el VPH. Una primera acción debería ser dar seguimiento cercano a su aplicación masiva en el país, particularmente en vista de que una de ellas –Cervarix– está autorizada aquí, pero, por ejemplo, no en Estados Unidos. El "protocolo" de vacunación para el personal que aplica las vacunas (proporcionado por la Ssa ) no tiene ningún apartado específico de seguimiento de las vacunadas referido a reacciones adversas de esta vacuna en particular, ni una explicación a las vacunadas contra qué enfermedad protege. Las condiciones de la población vacunada, de extrema pobreza y habitante de lugares apartados, hace poco probable que pueda hacer escuchar su voz.

Existe una instancia específica de vigilancia, el Consejo Nacional de Fármacovigilancia de la Cofepris y los correspondientes consejos estatales, que deben realizar esta tarea y hacer cumplir la NOM-220 -SSA1-2002, vigente desde febrero de 2005. Esta norma de observancia obligatoria establece que cuando se trata de un fármaco o una vacuna nueva deben reportarse eventuales reacciones adversas, como mínimo, cada seis meses, y en el caso de reacciones graves en un plazo no mayor de 15 días. En la página web de la Cofepris existe, en efecto, un lugar sólo para reportar reacciones adversas, pero el público no puede consultar esta información, a diferencia, por ejemplo, de la página correspondiente de Estados Unidos –del Sistema de Notificación de Eventos Adversos en Vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés). La falta de transparencia imposibilita al público saber que está pasando y formarse un criterio propio. No hay manera de conocer si se han reportado reacciones adversas en la aplicación de los cientos de miles de vacunas contra el VPH en México, mientras que el VAERS reportaba más de 13 mil casos, incluyendo mil 142 hospitalizaciones y 40 defunciones el 29 de marzo de 2009.

La otra instancia involucrada en la vacunación masiva realizada por las instituciones públicas –el Consejo Nacional de Vacunación– tomó una medida súbita e inusual respecto de la inoculación contra el VPH, comunicada en una conferencia de prensa (4/3/09). El Consejo modificó el esquema de aplicación probado en el ensayo clínico publicado por otro, en el cual se incrementa el lapso entre la segunda y la tercera dosis de seis meses a cinco años, argumentando que hará su propio ensayo clínico, ante lo cual el laboratorio productor se deslindó de toda responsabilidad. O sea, se aprobó un ensayo experimental con una vacuna en seres humanos, ensayo presumiblemente conducido por dos instancias de la Ssa – la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). El público no fue informado con qué diseño, bajo qué protocolo, con autorización de qué Comité de Ética imparcial y en qué población se hará este experimento masivo. Cabe añadir que según la información pública, el INPS recibió donaciones por 37 millones 183 mil 954 pesos para investigación sobre las vacunas de los dos laboratorios productores de ellas (Merck, Gardasil y Glaxo, Cervarix) en el periodo 2006 a 2009. El mencionado instituto además está organizando seminarios sobre la temática de las vacunas para profesionales de salud.

Estamos ante una cuestión de ética en salud pública y médica de primer orden. Se ha aplicado masivamente una vacuna contra el VPH, presentada engañosamente como contra el cáncer cérvico-uterino, sin información transparente sobre efectos adversos reportados en otros países. Luego, sin explicación, se cambió el esquema de vacunación y se transitó a un ensayo clínico, presumiblemente masivo.

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VIOLENCIA CONTRA JÓVENES

por Bernardo Bátiz V., secretario de Justicia y Seguridad del gobierno legítimo de México

(publicado en La Jornada el 18 de abril de 2009)

Con motivo de mi colaboración en el gobierno legítimo como secretario de Justicia y Seguridad, he tenido ocasión de conocer diversos casos de jóvenes que son involucrados en delitos graves o aparentemente graves, por los cuales van al reclusorio y soportan procesos judiciales sin derecho a libertad causional.

Muchos casos son hechos inventados o exagerados por los policías que buscan obtener las recompensas que sus jefes les dan si logran detenciones importantes; en mi colaboración anterior para la sección Capital de La Jornada , mencioné el caso de una joven que en una discusión sin importancia, sobre un juego de futbol, arrebató una playera con un valor ínfimo al simpatizante de un equipo rival y fue detenida por granaderos, puesta a disposición del Ministerio Público y luego consignada por robo agravado en pandilla; llegó al timorato juez que le dictó auto de formal prisión y con ello convirtió una travesura, que merecía cuando mucho una reprimenda o un arresto de pocas horas, en una tragedia para la vida de una estudiante de 18 años.

He sabido de otros casos en los que los policías que intervienen en discusiones o pleitos entre taxistas y sus pasajeros aconsejan a los primeros para que acusen a sus rivales en una pelea intrascendente, de asaltantes en transporte público, que también constituye una agravante y por tanto incremento de la pena y prisión preventiva por largos meses, en tanto que se acredita la verdad.

Lo anterior, hace que en las cárceles abunden jóvenes, mujeres y hombres que entran a un verdadero calvario por actos que pueden ser antisociales, pero que no merecen una pena como la que los muchachos y muchachas reciben en los reclusorios. Es indispensable que las autoridades de seguridad pública, procuración de justicia y judiciales sean muy cuidadosas en los asuntos en los que sale peor el remedio que la enfermedad. La sociedad pierde mucho si un estudiante o un joven trabajador es segregado de su entorno familiar, para quedar rodeado de un ambiente dañino en alto grado para su formación, costoso para su familia en grado extremo, y todo por la aplicación rigorista y sin criterio de disposiciones destinadas a verdaderos delincuentes y no a personas que cometen errores, que no son asesorados debidamente o que, de ser responsables, deben pagar en justicia, pero sin excesos.

Es más valioso socialmente que una muchacha o un muchacho reciban asesoría adecuada de la defensoría de oficio y del Ministerio Público en forma oportuna a que tengan que padecer, ellos y sus familias, un verdadero drama que se prolonga por largos y angustiosos meses y a veces años.

Mucha razón tiene el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Manuel Pérez Rocha, al señalar lo grave que es que en la capital del país se queden sin acceso a la educación superior más de 200 mil aspirantes; nuestros dirigentes sociales deben poner mayor atención en una política preventiva, que pasa necesariamente por la educación y reducir las acciones represivas que tan graves daños causan a las personas, en particular, y a la sociedad en su conjunto.

Boletín Informativo ISA núm 644

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

Sumario:

I. Inicia el presidente legítimo de México la última gira para terminar de recorrer los dos mil 38 municipios correspondientes al régimen de partidos

II. La vacuna contra VPH: el conflicto de interés, por Asa Cristina Laurell

III. El retorno de los brujos, por Luis Linares Zapata

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INICIA EL PRESIDENTE LEGÍTIMO DE MÉXICO LA ÚLTIMA GIRA PARA TERMINAR DE RECORRER LOS DOS MIL 38 MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL RÉGIMEN DE PARTIDOS

Andrés Manuel López Obrador exigió que Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público den a conocer a la opinión pública la lista de las empresas extranjeras que venden las gasolinas al país, al iniciar hoy su última gira por municipios del país, con la que terminará de recorrer los dos mil 38 municipios correspondientes al régimen de partidos.

En sus declaraciones públicas, el presidente legítimo de México resaltó que “los potentados, los barones del dinero, la mafia de la política, aquellos que se sienten amos y dueños del país, no quieren que se invierta dinero del presupuesto nacional en la industria energética, porque participan en los jugosos negocios que se hacen en la importación de gasolinas y sus derivados”.

López Obrador responsabilizó a los gobiernos de extracción priista y panista de dejar en el abandono al sector petrolero, porque en vez de refinar el hidrocarburo, tomaron la decisión de importar el diesel y las gasolinas magna y premium.

Destacó que desde hace 28 años no se ha construido una sola refinería de las tres que requiere la Nación para dejar de comprar hidrocarburos en el extranjero. En cambio, “el gobierno espurio invirtió el año pasado 72 mil millones de dólares para importar gasolinas y alimentos, en vez de destinar esa cantidad para reactivar la economía y generar empleos en México”, sostuvo.

El sector energético, en general, y la industria petrolera, en lo particular, están en el abandono total, porque la mafia de la política tiene muchos intereses en ambas ramas —expuso—, al destacar la necesidad de cambiar la actual política energética.

En Villa Juárez, López Obrador afirmó que Carlos Salinas de Gortari “ordenó al presidente pelele, Felipe Calderón, la destitución de Luis Téllez como secretario de Comunicaciones y Transportes, por atreverse a decir que el ex presidente se robó la mitad del dinero de la partida secreta de la Presidencia de la República”, y agregó que Salinas es muy vengativo y no le fueron suficientes las disculpas que le ofreció el ahora ex titular de Comunicaciones Transportes.

Al conceder una entrevista a los medios de comunicación en Villa Juárez, el dirigente de la izquierda mexicana calificó como premio a la ineptitud los cambios que Calderón realizó en su gabinete, “porque sólo hizo reacomodos de servidores públicos que carecen de experiencia y son incapaces de sacar adelante a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al denominado Seguro Popular. Por ejemplo —detalló—, Calderón tomó la decisión de nombrar al titular del Seguro Popular, Daniel Karam, que ni es seguro ni es popular, como el nuevo director del Seguro Social, porque en las clínicas no hay medicamentos ni atención médica, mientras que el ex director del Seguro, Juan Molinar Horcasitas, pasó a Comunicaciones, pero que no sabe nada del sector y su único mérito es que fue cómplice de Calderón en el fraude electoral”.

Tanto en Quiriego, Villa Juárez, Huatabampo y Etchojoa, en Sonora, alertó porque la crisis económica va a calar hondo en toda la geografía nacional, particularmente en el bolsillo de millones de familias y significará la mortandad de pequeñas y medianas empresas, así como un aumento en los niveles de desempleo, “porque el gobierno usurpador no ha aplicado acciones para reactivar la economía y proteger al pueblo de México”.

Asimismo, comentó que el país cuenta con un presupuesto de tres billones de pesos, cantidad que si se repartiera con justicia entre las 26 millones de familias, a cada una le correspondería 10 mil pesos mensuales. Por ello, pidió a los legisladores del Congreso de la Unión que “entren al quite para enfrentar la crisis y exigir al gobierno espurio de Calderón una disminución de su gasto corriente”.

Resaltó que si la administración calderonista logra obtener ahorros por 200 mil millones de pesos, es decir, apenas 8 por ciento del presupuesto nacional, los mencionados recursos se podrían destinar al impulso de las actividades productivas y a ampliar la cobertura de los programas sociales a los dos mil 500 municipios de México.

En las asambleas informativas de los municipios de Sonora, López Obrador señaló que el gobernador Eduardo Bours “es un gran ladrón”, porque ayudó al PAN en el fraude electoral del 2006. “Sonora es mucho pueblo para tan poco gobernador”, añadió.

En Villa Juárez, dijo sentirse optimista y contento porque sus adversarios no han podido destruir al movimiento de transformación de México. “La mafia de la política, la banda de los 30, quiere acabar con nuestro movimiento, pero no van a poder”, aseguró, y sostuvo que con la actual crisis los mexicanos estamos comprobando que la clase política mexicana es insensible, que no hace nada para proteger al pueblo ni mucho se bajan los insultantes sueldos, para comprar en algo el sacrificio que realizan millones de compatriotas.

Para mañana, López Obrador recorrerá los municipios de Empalme, Bacum, Tesopaco (Sonora) y Moris (Chihuahua).

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LA VACUNA CONTRA VPH: EL CONFLICTO DE INTERÉS

por Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del gobierno legítimo de México

(publicado en La Jornada el 4 de marzo de 2009)

La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) volvió a ser noticia durante el mes pasado. El País, ABC, Rebelión, CBS News y CNN reportaron efectos secundarios graves y muertes asociadas con la vacunación masiva realizada en Estados Unidos y España. En febrero de 2009 se habían reportado 10 mil 151 reacciones adversas al Sistema de Notificación de Eventos Adversos en Vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés), en el cual participan el Centro para el Control de Enfermedades y la Administración de Alimentación y Drogas, instituciones estadunidenses. Las reacciones fueron muy graves, por lo que 458 pacientes tuvieron que ser hospitalizados y 29 fallecieron.

Estos acontecimientos confirman el acierto de los científicos en Canadá, España y Alemania de exigir a sus autoridades sanitarias una moratoria en la vacunación masiva, hasta tener pruebas científicas sólidas respecto de la seguridad y eficiencia de las dos vacunas que circulan en el mercado, Gardasil y Cevarix.

En la literatura científica se han presentado dos tipos de argumentos respecto de la vacunación masiva: el que se refiere al aspecto económico, esto es costo-beneficio, por el alto precio de las vacunas, y el de la incertidumbre sobre su capacidad protectora contra el cáncer cérvico-uterino (CaCu), y sus posibles efectos secundarios, aspectos muy muy importantes por sus implicaciones para la salud individual y colectiva.

La prestigiosa revista New England Journal of Medicine (NEJM), la más citada en el ambiente médico, publicó en mayo de 2008 un resumen de lo que se desconoce del Gardasil, que protege contra cuatro de las más de cien cepas del virus de papiloma humano. Habría que añadir que las mismas dudas aplican al Cevarix, que protege contra dos cepas.

En resumen, es lo siguiente: el ensayo clínico (ClinicalTrials.gov NCT00092534) hecho en 11 mil 550 mujeres de 16 a 23 años demostró una importante protección contra lesiones precancerosas en un plazo de cuatro años, pero no se sabrá hasta dentro de 25 a 30 años si protege contra el CaCu. Se desconoce el tiempo que dura la protección, particularmente en los casos de niñas de 9 a 13 años que son las que se vacunan de forma masiva. ¿Qué pasará con la infección con otras cepas oncogénicas, ya que algunos estudios han mostrado un incremento en lesiones asociadas a ellas? y ¿cómo afectará la vacunación el control sistemático con el Papanicolau? A estas interrogantes hay que añadir los efectos adversos e incluso mortales en las niñas inmunizadas.

Estamos ante el problema de la investigación convertida en negocio. El ensayo clínico de Gardasil —Future II— fue auspiciado y conducido por Merck, productor de la vacuna. Pero más grave aún es que en el apartado sobre conflicto de interés prácticamente todos los investigadores reportan alguna relación, directa o indirecta, remunerada o de financiamiento con Merck, entre ellos al actual subsecretario de prevención y promoción de la salud mexicano (NEJM 2007; 356:1915-27). No obstante, es el estudio clave para autorizar la vacunación masiva. El conflicto de interés está explícito, pero resulta una formalidad sin mayores consecuencias prácticas. Esto actualiza el problema fundamental de cómo mantener la imparcialidad y la ética frente a los poderosos intereses comerciales en el sector salud y de la regulación de estos intereses por el Estado, supuesto defensor del interés general o colectivo.

Habría que añadir que los resultados del ensayo clínico fase II de Cevarix, de GlaxoSmithKline, ni siquiera han sido publicados. Sólo fueron presentados a la Agencia Europea de Medicamentos (www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR /cervarix/H-721-en6.pdf ), que la aprobó. Esa vacuna fue elegida por el gobierno mexicano para inmunizar a 85 mil niñas pobres en una suerte de ensayo clínico masivo.

No basta con que el Estado prohíba la propaganda engañosa, como acaba de ocurrir en México respecto de las vacunas anti-VPH. Tiene que proteger a la población contra los riesgos y prohibir que se hagan ensayos clínicos en gran escala, incluso pagados con fondos públicos. En varias partes del mundo científicos han planteado que los ensayos clínicos deban ser pagados por las empresas pero conducidos por una instancia científica imparcial sin relación con la empresa. Sería una solución pero la subordinación de la ciencia a los poderosos intereses comerciales es actualmente una victoria cultural del gran capital. El papel de la universidad pública es crucial para contrarrestarla y reconquistar la ética y dignidad científica.

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EL RETORNO DE LOS BRUJOS

por Luis Linares Zapata secretario de Desarrollo Económico y Ecología del gobierno legítimo de México

(publicado en La Jornada el 4 de marzo de 2009)

Armados con un colmillo largo y retorcido tras décadas enteras de ocupar la cúspide del poder, los priístas de alta jerarquía atisban con impaciencia su prometida ascensión a las posiciones del mando supremo. Se han enroscado a la vera de un par de gobiernos panistas de poca monta y plagado de negociantes que exhiben sin recato el doble discurso y la triple moralidad que ya los define. Los priístas de elite han colaborado asiduamente con Felipe Calderón para facilitar las reformas en que ellos también plasman, con habilidad, sus intereses particulares. Controladores de su amplio aparato burocrático, sobrellevan, hasta con cierto decoro, la decadencia de su entorno político. Confiados en sus difundidas capacidades, esperan el momento para dar el zarpazo final y ocupar los sitiales de privilegio que ya sienten al alcance de sus suaves maniobras.

No parten a su aventura electoral guiados por un programa que ofrezca salidas eficaces a una nación angustiada por la confluencia de dos crisis simultáneas acompasadas con una explosión de violencia sin antecedentes cercanos ni estrategia para manejarla. Una de ellas, la más cacareada, es cierto, viene de fuera. Otra, más larvada y con amplias ramificaciones, se ha sembrado desde dentro y durante largos años, más de un cuarto de siglo, y sobre la cual harta responsabilidad y culpas tienen los priístas.

Tampoco portan, los priístas, una visión de futuro republicano que les acerque simpatías y esperanzas ciudadanas. Están enredados en una continuidad atónica que hasta en su epicentro mismo ha sido trastocada. Simplemente transitan por los senderos del ámbito público canturreando una tonada cansina de habilidades personales, de facción o de grupo que, alegan, les permiten gobernar con eficacia. La palanca de apoyo que los sustenta en su aventura tiene varias aristas. La primera se despliega en una amplia plataforma territorial. Las adicionales las encuentra el priísmo en sus tradicionales aliados sectoriales: el obrero, ya con el rostro desfigurado por el deterioro de interminables lustros traficando con los intereses de los trabajadores; el campesino, agotado en el manipuleo de productores exhaustos, y el popular, esa entelequia inaprehensible, resumidero de sobrantes clasemedieros donde, otrora, brilló la profesora Gordillo con sus huestes de maestros trasmutados en mapaches que todavía roen casillas y atemorizan votantes.

Favoritos indiscutibles de las encuestas, los políticos priístas de estos momentos, aunque todavía subyugados por la mentalidad neoliberal y tecnocrática que los sometió desde hace cuatro o cinco sexenios, han encontrado, según los augures de la opinión insertada, una ruta segura e inevitable para seducir al electorado y cumplir así con su destino. Nada los detendrá en el intento. En la base de la pirámide electoral han ido tejiendo una tupida red de complicidades y relaciones esparcida por esta dilatada nación. La capitanean sus gobernadores, reales caciques locales que tiran, cada quien, para el lado que mejor les convenga. Le han cobrado a los panistas sus servicios con la holgura que les da su experiencia en tantas más cuantas lides similares. Llevan ya, en la buchaca, generosos pagos en especie. No les han sido, sin embargo, suficientes. Quieren y han conseguido protecciones varias e impunidad absoluta hacia aquellos de sus correligionarios que las han necesitado. En un saqueo sin fin, esperan echarle el guante al botín principal que tantas veces usufructuaron para su propio recreo y deleite. Cuentan para ello con un sinnúmero de aspirantes a diputados locales y presidentes municipales dispuestos a encaramarse, a como dé lugar, en los puestos de elección popular. Son esos los sitiales provincianos donde tantas veces se engarzan con el crimen organizado. Es ahí, en esa base tan recóndita, tan minúscula como efectiva, donde han de fincar sus posibilidades del siguiente asalto: la Presidencia.

No se desentienden, tampoco, de las gubernaturas en juego. Saben que son estos puestos la corona del pastel, los que garantizan la cobertura política que requieren para llevar a cabo sus tareas con los mínimos contratiempos. Y ahí también pretenden filtrarse, con singular agilidad y pericia, los agentes del crimen organizado. Los recursos que estos personajes esgrimen son fantásticos. Aseguran buenos negocios, éxitos inmediatos, discrecionalidad en el mando para otorgar salvoconductos de vida o sentenciar a muerte, facilidades para el lujo desmedido, capacidad de reproducción y cobertura de impunidad. Un mundo asequible donde las responsabilidades y la ética se diluyen de acuerdo con las ambiciones, las complicidades y la compulsión por escalar los infinitos peldaños del reconocimiento social. Eso que algunos estudiosos llegaron a cifrar como la subcultura del delito y el imperio de los negocios atados al favor público.

Claro está que esta penetración del crimen organizado no es privativa de los priístas de base o de implantación regional, sino que también permea a los militantes de otros partidos e ideologías. Sin embargo, es mucho más natural encontrarlo entre los priístas de rancio cuño. A los panistas los aquejan otros problemas paralelos: ineficiencia, tontería, escasa visión, deshonestidad y su rampante hipocresía, un caldo de cultivo ideal para la anarquía y los fingidos agujeros de poder. A los de estirpe perredista, en cambio, sus antecedentes de sobrevivencia los llevan a navegar sobre aguas turbulentas que desconocen, parecen ignorar o se achiquen para no verlas ni oírlas. Algunos de ellos, panistas y perredistas avezados en el trafique de influencias y la lucha por los peldaños burocráticos, buscan acomodarse, a como dé lugar, con el Ejecutivo federal del cual dependen en exceso. Así, tanto panistas como perredistas encumbrados se distancian de sus bases y dejan pasar y hacer al crimen organizado o se limitan a buscar su precaria contención.

El resultado no se hace esperar. La nación se encamina, a paso seguro, hacia un Estado penetrado por el crimen organizado en cualquiera de sus muchas ramas de actividad. El panorama, como puede aquilatarse, no tiene asideros ciertos y menos aún atractivos que aconsejen votar por la vuelta de los brujos de antaño pero eso, al parecer, será el refugio temporal de muchos mexicanos.

El Seguro Popular, mitos y realidades

Asa Cristina Laurell
salud@gobiernolegitimo.org.mx

Cuando empezó el Seguro Popular (SP) se insistió en que era una política pública, basada en evidencias científicas y ajena a los postulados partidistas. Asimismo, uno de los ejes declarativos del gobierno de Fox era que habría transparencia en las acciones gubernamentales. El uso directo del SP en la propaganda del PAN y la aprobación del Instituto Federal Electoral de esta conducta colocan –una vez más– en la discusión pública a este programa.

La instrumentación del SP durante cuatro años ha revelado que ambas aseveraciones son ilusorias; no se ha basado en evidencias, ni ha sido transparente. Interesa particularmente ahondar en cuatro hallazgos del análisis de esta política: la tergiversación de la Ley General de Salud, la manipulación del contenido del SP, la ausencia de un seguimiento veraz de su operación y resultados, y su uso político reiterado.

La condición del PRI –los diputados del PRD votaron en contra– para aprobar el SP era la exclusión del sector privado en la prestación de servicios. Una vez aprobada la ley, el Ejecutivo expidió un reglamento que vuelve a incluir al sector privado sin respetar la ley. El PRI no impugnó esta violación.

La manera de presentar el SP ha causado confusión respecto de tres aspectos básicos: sólo es gratuita para el 20 por ciento de la población más pobre, todos los demás pagan prima; su cobertura médica es limitada al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), que no cubre algunas enfermedades comunes pero caras de tratar, por ejemplo, infartos al corazón o accidentes graves, cuyos tratamientos son pagados por el paciente; además hay restricciones en la afiliación: sólo 14.3 por ciento puede registrarse al año.

La administración del SP ha sido ineficiente y poco transparente. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó el programa en la Cuenta Pública de 2005 y presentó los resultados en 2007. Encontró que faltaron por transferir a las entidades 632 millones de pesos. Observó además que existían irregularidades al rededor de 2.1 millones de pesos.

Adicionalmente, la valuación actuarial encargada por la ASF para verificar la sustentabilidad económica del SP llegó a la conclusión de que su déficit financiero alcanzaría los 38 mil millones en 2007, si se prestaran los servicios comprometidos en el CAUSES. Por otra parte, se hizo una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por un daño patrimonial de mil millones en 2007, la cual no se ha resuelto hasta la fecha.

A partir de estas irregularidades, la Secretaría de Salud ha declarado “reservada” toda la información relacionada. Nadie ha sido sancionado administrativamente, mucho menos penalmente, a pesar de que están involucrados miles de millones de pesos.

Uno de los grandes éxitos del SP –según sus promotores– es que ha permitido incrementar el presupuesto de salud. Sin embargo, en 2005 y 2006 se hizo a costa del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que debilitó todavía más este pilar del sistema público de salud.

En 2007, el subejercicio del SP fue de cerca de 5 mil millones, y en 2008, según datos preliminares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es de 3.4 millones de pesos. Además se han acumulado 14 mil millones en su fideicomiso. O sea, tan sólo durante los dos años anteriores no se han utilizado 22.4 millones, mientras se registra un grave déficit de infraestructura, personal, medicamentos e insumos médicos, situación que se oculta de manera sistemática.

Por último, en 2006 el PAN capitalino utilizó el SP con fines electorales. Esta transgresión fue impugnada, y el Instituto Electoral del Distrito Federal, a diferencia del actual IFE, multó al PAN. Esta sanción fue ratificada por unanimidad de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en enero de 2007. Estamos ante la reincidencia del PAN en una conducta previamente castigada por el tribunal.

La falta de escrúpulos no termina ahí. Ahora, la propaganda del PAN asegura que sus gobiernos luchan por garantizar “servicios y atención médica gratuitos” para todos los que no cuentan con seguridad social. Bienvenido, si fuera cierto, pero no sería el SP, que no es gratuito y tampoco garantiza servicios y medicamentos. Sería la política del Gobierno del Distrito Federal, legislada durante el gobierno de López Obrador en la capital, promovida en su campaña presidencial y apoyada por el movimiento que encabeza.

Si, como sostienen algunos analistas políticos al justificar el fallo del IFE, es sano que las campañas electorales sirvan para dar a conocer los planteamientos de los partidos, habría que exigir que sean verídicos. La ética en la política tendría que ser la pauta y no la mentira a conveniencia.

Cuatro golpes a las pensiones

Asa Cristina Laurell

La devastación del sistema de pensiones a causa de la crisis era previsible y ha ocurrido tal como se había predicho con base en el conocimiento actuarial y económico al aprobarse las Leyes de Seguro Social y del SAR en 1995 y del ISSSTE en 2007. Desde el inicio del derrumbe del mercado financiero los fondos de pensiones de los trabajadores han perdido 64 mil millones, mientras que, en el mismo lapso, las Afore han tenido ingresos de 12 mil millones. Y la crisis apenas está empezando.

Aparte de la caída del valor de los fondos, la debacle económica golpeará las pensiones a causa del desempleo que conllevará la disminución del número de cotizaciones, de las semanas cotizadas y del monto depositado.

La “densidad de cotización” corresponde al tiempo con contribuciones a la seguridad social durante una vida laboral. Los actuarios han advertido que es necesario tomar en cuenta este factor, porque es determinante para el monto de la futura pensión en el actual sistema de capitalización individual.

Un estudio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas de 2006 demuestra que la densidad de cotización de los contribuyentes al IMSS es en promedio 56 por ciento, o sea, si trabaja 40 años sólo cotiza 22.4 debido a la inestabilidad en el empleo. Esto conlleva que, en promedio, la futura pensión apenas será de entre 24 y 32 por ciento del último salario, según la Afore que administró el fondo de ahorro del trabajador. Esto a su vez significa que los fondos de la mayoría de los asegurados, particularmente las mujeres, no son suficientes ni siquiera para una pensión de un salario mínimo. Así, el Estado tendrá que proporcionar dinero fiscal para el pago de la pensión asegurada legal de esta cantidad. Estos datos se basan en cálculos anteriores a la crisis financiera y serán todavía más graves con ella.

La disminución de la densidad de cotización por el desempleo en la crisis también incrementa el riesgo de que el trabajador no alcance las mil 250 semanas de contribución necesarias para tener derecho a una pensión. Con la densidad de cotización precrisis, una vida laboral de 40 años correspondía a mil 165 semanas, por lo que se requeriría de otro año y medio de trabajo para alcanzar el mínimo de semanas cotizadas. Con la crisis financiera y la recesión será todavía más difícil cumplir las contribuciones obligatorias para gozar de este derecho y muchos tendrán que seguir trabajando a pesar de haber cumplido 65 años.

La recesión económica y el aumento del desempleo afectarán el monto de los fondos acumulados por la falta de contribuciones. Las Afore además siguen cobrando su comisión sobre el saldo de la cuenta a pesar de que no haya depósitos. Habría que recordar que el año pasado los diputados del PAN y del PRI, con la oposición del FAP, aprobaron cambios en la ley para que las Afore sólo cobren sobre el saldo de las cuentas de los trabajadores y no sobre los depósitos, lo que originó el incremento muy importante en el monto de las comisiones correspondiente a entre 1.17 y 3 por ciento sobre el total. La ley también creó nuevos Siefore (portafolios de inversión) de mayor riesgo financiero, sin que el trabajador pueda elegir a qué Siefore pertenecer, ya que la adscripción se hace según la edad. Ambos cambios entraron en vigor en marzo de 2008 poco antes de que empezara la actual catástrofe financiera.

La perspicacia de los asegurados del ISSSTE, que en su mayoría primero se ampararon contra la nueva ley y luego se negaron a elegir el nuevo sistema, los ha salvado de ser víctimas del afán neoliberal de poner sus fondos de pensión en manos de los grupos financieros. Es revelador que los únicos a los cuales el gobierno no ha impuesto un sistema de capitalización individual son las fuerzas armadas. La reforma de su ley de seguridad social, aprobada hace unas semanas, mantiene y fortalece el sistema solidario de reparto con aportaciones importantes del Estado.

Las evidencias inobjetables de la ineficacia del sistema pensionario de capitalización individual con administración privada se ahondan con la actual crisis económica. Ésta exige tomar medidas inmediatas de protección de los fondos de pensiones, cambiando el cobro de comisiones sobre saldo al cobre sobre los rendimientos de los fondos. Simultáneamente habría que diseñar un nuevo sistema incluyente y solidario de capitalización colectiva, en el que todos los adultos mayores, hayan cotizado o no, tengan una pensión mínima garantizada.

Mentiras, en proyecto de presupuesto para el sector de salud, dice el “gobierno legítimo”

Plantea $9,500 millones para inversión física, pero sólo habrá aplicación para mil 500

La creciente demanda de atención médica sólo podrá cubrirse con la privatización solapada de servicios

Ángeles Cruz Martínez

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2009 contiene “mentiras” respecto de los recursos que supuestamente se destinarán a la inversión física en el sector salud, pues aunque plantea que habrá 9 mil 500 millones de pesos disponibles, únicamente existe explicación para mil 500 millones, señala un análisis de la secretaría de salud del “gobierno legítimo” encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Resalta que la administración calderonista se comprometió a destinar 50 mil millones de pesos para la construcción de clínicas y hospitales durante el sexenio. Sin embargo –dice–, el monto que se aplicará el siguiente año apenas representa 3 por ciento de lo ofrecido por las autoridades.

En relación con el presupuesto de la Secretaría de Salud (Ssa), Asa Cristina Laurell, titular del ramo en el “gobierno legítimo”, resaltó que el PEF plantea 2 mil 82 millones de pesos, de los cuales, la mayor parte –mil 689 millones– está en el rubro de “inversión financiera”, la cual correspondería a pagos imprevistos o aportaciones a organizaciones sin fines de lucro, o para fideicomisos para pensiones.

De esa manera, lo único que se estaría destinando a la construcción de clínicas y hospitales serían 392.6 millones de pesos, lo que a todas luces es insuficiente si se toma en cuenta que cada año se suman al Seguro Popular por lo menos 1.7 millones de nuevas familias, de acuerdo con lo que señala la Ley General de Salud para esta estrategia.

Al respecto, información de la propia Ssa federal reconoce que sólo para poder continuar las obras en proceso, el próximo año se requerirían alrededor de 9 mil millones de pesos, los cuales no están contemplados en el PEF, por lo que corresponderá a los legisladores corregir el proyecto enviado por el Ejecutivo, a fin de cubrir las carencias en este y otros temas.

En el análisis de cada uno de los puntos relativos a la inversión física del sector, Laurell destacó que para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el PEF propone aplicar 6 mil 212 millones, pero no está prevista la construcción de ningún nuevo hospital, a pesar del déficit en el número de camas, reconocido por el propio instituto. De acuerdo con información oficial, existen 0.83 camas por mil derechohabientes, mientras que hace dos décadas el indicador era de una por cada mil.

La oficina de salud del “gobierno” de López Obrador señala que el PEF prevé la edificación de unidades de medicina familiar (UMF) a un costo de 148 mil 500 millones de pesos, “lo cual es muy alto”. Pero lo más “insostenible” es el planteamiento de 5 mil 686 millones de pesos adscrito a la construcción de una UMF en Puerto Vallarta”.

Respecto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el PEF le asigna mil 40 millones de pesos, pero en el apartado donde se desglosa la información de los programas presupuestarios con proyecto de inversión, sólo aparecen 463 millones, y en ningún lugar se dan detalles del número o ubicación de las obras, señaló Laurell.

En suma –apuntó–, de los 9 mil 500 millones de pesos que el PEF menciona, realmente sólo existen mil 500 millones, con lo que se deja sin solución la falta reconocida de unidades de salud y hospitales, mientras que cada día se inscriben más personas al Seguro Popular, así como derechohabientes al IMSS y al ISSSTE.

Para la funcionaria lopezobradorista, en estas condiciones la creciente demanda de atención médica sólo podría cubrirse con la “privatización solapada” de los servicios de salud, en una estrategia similar a la que el Ejecutivo pretende hacer con la reforma de Petróleos Mexicanos.