Crece la condena internacional por la masacre en Chinkultic

No se percibe una verdadera aplicación de la justicia, dicen ONG
Instan a Calderón y Sabines a evitar la repetición de actos violentos

Hermann Bellinghausen

A dos semanas de los hechos, crece la condena nacional e internacional por la “masacre de Chinkultic”, como se denomina a los hechos ocurridos en la comunidad Miguel Hidalgo, Chiapas, el pasado 3 de octubre. Sobre todo porque no se percibe una verdadera aplicación de la justicia por parte de las autoridades federales y estatales.

En comunicaciones dirigidas al presidente Felipe Calderón y al gobernador Juan Sabines Guerrero, organismos de Suiza, Alemania, Uruguay y México, así como Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y un informe de Human Rights Watch reprueban la violencia contra los campesinos que ocuparon en septiembre la zona arqueológica de Chinkultic, en el fronterizo municipio La Trinitaria.

El Programa de Participación Social Chiapas, conformado por 17 organismos civiles, señaló en San Cristóbal de las Casas que “la violencia y represión” de agentes federales y estatales durante el desalojo de Chinkultic, violan el artículo 22 de la Constitución y el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que proclaman el derecho a la vida, así como el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“Exigimos a las autoridades responsabilicen a las personas involucradas y que bajo ningún argumento se repitan hechos de esta naturaleza, que denotan el hostigamiento y la represión que existe hacia las comunidades indígenas chiapanecas, y los problemas sobre derecho de territorio, recursos naturales y patrimonio cultural e histórico”.

Por su parte, desde la ciudad de Lucerna, el Programa Suizo de Observación y Promoción de Paz en Chiapas (Propaz) reprueba la “represión inaceptable contra las poblaciones de La Trinitaria” en Chinkultic y Lagunas de Montebello. Se pronuncia por la seguridad e integridad de todos los miembros de la comunidad y en general del municipio, y solicita a “las más altas autoridades del gobierno nacional y estatal” medidas para garantizarlas. Solicita “que la reparación del daño material e inmaterial se fundamente en una jurisdicción legal, equitativa y justa, que no se ciñe a la entrega de apoyos económicos a voluntad, y que tome en consideración la dignidad de las personas, el respeto a las víctimas y sus familias”.

En Stuttgart, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México señala que “la masacre de Miguel Hidalgo se enmarca en la práctica del gobierno de criminalizar las protestas sociales y reprimirlas de manera violenta”.

En tanto, AI y la OMCT (ésta desde Ginebra, Suiza) lanzaron “acciones urgentes” para que el Estado mexicano haga justicia en el caso y evite la repetición de estos hechos.

El Movimiento Mundial por los Bosques, con sede en Montevideo, Uruguay, afirma que el Estado mexicano violentó “flagrantemente” las garantías individuales (consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles), al igual que sus derechos como indígenas respecto del territorio y a recuperar, resguardar y administrar su patrimonio natural y cultural ancestral, tal como lo reconocen la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT.

El “brutal operativo” impone la exigencia de castigo “a los autores materiales e intelectuales que dieron las órdenes desde el más alto nivel”. Pareciera que fue, añade, “un escarmiento ejemplar para debilitar resistencias y nuevos intentos indígenas que, sin importar su filiación política, pretendan defender, recuperar, resguardar y administrar autónomamente su patrimonio cultural y natural”. Esto, “para garantizar a la inversión privada multinacional la ‘tranquilidad’ social y política que vienen exigiendo cada vez con mayor impaciencia”.

Exigen castigar a los autores intelectuales de la matanza de campesinos en Chinkultic

Temen que las investigaciones se limiten a los policías que “sólo obedecían órdenes”

Á. Mariscal y E. Henríquez

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 8 de octubre. Esposas e hijos de los policías detenidos por su presunta participación en los hechos de Chinkultic realizaron una manifestación frente al edificio de gobierno de esta capital para exigir un juicio justo y una investigación que abarque a los mandos policiacos.

Sostuvieron que los uniformados se limitaron a obedecer órdenes superiores y ahora los utilizan como “chivos expiatorios”. Actualmente unos 80 policías permanecen en calidad de presentados ante el Ministerio Público y seis más fueron consignados ante el juez y remitidos al penal El Amate.

“Lo que venimos a pedir es justicia porque ahora la mano se la están cargando sólo a ellos (los policías presos). Estaban en cumplimiento de su deber, bajo órdenes de sus superiores”, señaló la señora María del José Corzo, hermana de Amílcar Corzo, uno de los policías acusado de disparar contra los campesinos.

Hijos, esposas, y otros familiares y amigos acudieron a las oficinas generales del gobierno del estado, porque dijeron que desde que ocurrieron los hechos, el pasado 3 de octubre, no se les ha permitido ver a los detenidos.

“Sólo le dejaron pasar a ver a su esposo a una señora y como le dijo que lo estaban torturando para que confesara, nos fuimos a la Comisión de Derechos Humanos para que llegaran a verlos, entonces ya no nos dejaron pasar a las demás”, explicó Rosario Díaz, otra de las cónyuges.

Las señoras explicaron que a sus esposos les pagan 5 mil pesos mensuales y en la mayoría de los casos son el único sostén de sus familias.

El Ministerio de Justicia del estado dio a conocer que liberó bajo reservas de ley a 264 policías estatales que permanecían detenidos por los hechos ocurridos en el municipio de La Trinitaria, en virtud de que hasta el momento no se han acreditado elementos para fincarles alguna responsabilidad por los disparos efectuados en la comunidad de Hidalgo.

Quedaron en calidad de arraigados otros 73 uniformados a quienes se les investiga para deslindar responsabilidades en la muerte de dos personas que fallecieron a consecuencia de los disparos que recibieron durante la trifulca, así como de las lesiones que sufrieron seis pobladores.

El ministerio señaló que esta investigación es paralela a la de la ejecución de 4 campesinos que presuntamente fueron acribillados horas después del enfrentamiento, situación por la que ya fueron consignados y remitidos al penal seis policías estatales preventivos.

En el ejido Miguel Hidalgo, los testimonios sobre la matanza siguen fluyendo. Óscar Espinosa, padre de Eloísa Espinosa Morales, esposa de Agustín Alfaro Calvo, el chofer que trasladaba a dos heridos y fue asesinado por policías en un retén, señaló que seguramente a su hija no la mataron porque cargaba a su pequeño de tres años.

“Lo importante es que ella quedó como testigo para que estos (los policías) no se burlen. Lo que pasa, pasa, pero lo que yo no quiero es que a otras personas les hagan lo mismo con esas gentes (los policías)”, apuntó.

Posicion FNLS ante nueva masacre en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 6 de Octubre de 2008.

A LOS PUEBLOS DE CHIAPAS, DE MÉXICO Y DEL MUNDO

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

A LA PRENSA ESTATAL , NACIONAL E INTERNACIONAL

A LA OPINIÓN PÚBLICA.

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POPULARES.

AL FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN

POSICIÓN POLÍTICA DEL FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO (FNLS) DESDE CHIAPAS, ANTE EL OPERATIVO POLICÍACO-MILITAR QUE DEJÓ UN DELEZNABLE SALDO DE 6 EJECUCIONES SUMARIAS Y DECENAS DE HERIDOS DE ORIGEN CAMPESINO E INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA , BAJO EL GOBIERNO DE JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO.

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) desde Chiapas expresa su más enérgica condena ante el operativo desplegado por policías federales y estatales el pasado viernes 3 de Octubre, hecho que culminó con el abominable asesinato de 6 campesinos indígenas y decenas de heridos.

De esta abominable masacre, manifestamos que los principales responsables son el Gobernador del Estado Juan José Sabines Guerrero, el Secretario de Gobierno Jorge Morales Messner, y el Ministro de "Justicia" Amador Rodríguez Lozano, quienes en vísperas de los hechos, hacían creer a los ejidatarios que sus legítimas demandas serían atendidas mediante el diálogo y la concertación.

Es revelador que ahora el gobierno estatal anuncie la intención de indemnizar a las familias de los campesinos masacrados y heridos, así como el ofrecimiento de proyectos económicos, pero más aún, que la zona arqueológica de Chinkultik y el Parque Nacional de Montebello sean administrados y resguardados por los ejidatarios, lo que era originalmente la demanda de los ejidatarios. Ello sólo demuestra la enorme incapacidad e insensibilidad de un gobierno que decidió criminalizar a campesinos ejidatarios y optar por una salida violenta y policíaca como respuesta a sus legítimas demandas, que pudieron ser atendidas desde el principio, por la vía política y del diálogo, evitándose estos condenables acontecimientos.

El operativo policíaco-militar del 3 de Octubre, desde nuestra perspectiva, constituye un nuevo ensayo contrainsurgente en Chiapas, implementado por el Gobierno Federal de Felipe Calderón Hinojosa y por el Gobierno del Estado de Juan Sabines Guerrero, con que se pretende despojar a las comunidades y pueblos indígenas de sus tierras y recursos naturales; ahí están en puerta las amenazas de desalojo y despojo de sus tierras y territorio a decenas de ejidos y comunidades por proyectos como el de la autopista Palenque-San Cristóbal, o como las concesiones de minas a empresas trasnacionales en las regiones Sierra y Fronteriza, que además se insertan en la lógica del Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá).

Resulta sumamente preocupante y no casual, que al igual que como ocurrió en Sicartsa, Atenco y Oaxaca; en Montebello y Chinkultik intervienen elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), de la Procuraduría General de la República (PGR) y policías estatales, ello con el objetivo de controlar y desbaratar el legítimo descontento popular y desarrollar estrategias de aniquilación hacia la población civil, que incluye precisamente el despliegue de operativos policíacos, escuadrones de la muerte, grupos paramilitares, y en donde se cometen crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada y ejecuciones sumarias.

La masacre del 3 de Octubre es un mensaje contundente para todas las comunidades, organizaciones y pueblos campesinos e indígenas que se atrevan a reclamar sus legítimos derechos como ejidatarios y el derecho a la tierra y el territorio. Por lo que ninguna organización democrática e independiente en Chiapas podemos guardar silencio ante este acto de barbarie; hacerlo significa avalar a un gobierno que se ha manchado las manos de sangre, y que merece la condena del pueblo mexicano y de la historia.

La masacre del 3 de Octubre nos remite inevitablemente a la masacre de Wolonchán, ocurrida el 30 de Mayo de 1980, que se dio en un momento en que la lucha campesina era álgida e intensa, y cuyo responsable fue precisamente el padre del actual gobernador de Chiapas: Juan Sabines Gutiérrez.

Chiapas, como hace casi 30 años, está gobernado por una oligarquía terrateniente que tiene las manos demasiado manchadas con sangre campesina e indígena.

Hacemos un llamado respetuoso a nuestro pueblo mexicano, a las personalidades e intelectuales, al Frente Nacional contra la Represión (FNCR), a los organismos de derechos humanos, al Senado de la República , a la Cámara de Diputados, para que se sumen a la demanda de que el crimen de lesa humanidad cometido en la Trinitaria no quede impune, se investigue y castigue penalmente a quienes amparados en el poder público autorizaron el operativo y dieron la orden de que se disparara a mansalva contra la población civil, lo que inevitablemente conduce al Gobierno del Estado de Chiapas.

¡TODOS Y TODAS A LUCHAR Y DEFENDER NUESTRAS TIERRAS Y TERRITORIOS!

¡LIBERTAD A TODAS Y TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DE CHIAPAS!

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡PORQUE SER CAMPESINO E INDÍGENA NO ES SINÓNIMO DE DELINCUENTE!

¡CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE DEL 3 DE OCTUBRE!

¡POR LA UNIDAD OBRERO , CAMPESINA, INDÍGENA Y POPULAR!

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO (FNLS)

Chinkultic: patrimonialismo estatal, criminalización y negación de derechos indígenas

Magdalena Gómez

Una vez más en el estado de Chiapas los gobiernos federal y estatal utilizan fuerzas policiacas contra población civil en la supuesta lógica de aplicar la ley. Esta vez le tocó a de la comunidad Miguel Hidalgo, en el municipio de La Trinitaria. Sólo el saldo de muertos, heridos y detenidos ameritaría una real investigación y aplicación de justicia. Las víctimas eran habitantes de dicha comunidad, que decidió en asamblea el pasado 7 de septiembre administrar la zona arqueológica de Chinkultic, al considerar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no le da el mantenimiento adecuado y de su usufructo no se generan beneficios para las comunidades de la zona.

Días antes, habitantes de Santa Rita, Ojo de Agua, Nuevo Porvenir, Venustiano Carranza, Antela, San Nicolás, Tierra Blanca y Nueva Rosita, del mismo municipio, se posesionaron del parque nacional Lagunas de Montebello. Planeaban administrar ambos lugares en forma comunitaria y los mantenían abiertos al público.

En respuesta, autoridades del INAH y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas demandaron penalmente a los campesinos, por el delito de despojo.

La averiguación previa que dio lugar a la orden de desalojo de los tojolabales acusados no consideró ni por asomo que éstos tienen derechos y con base en ello pueden sustentar la decisión que tomaron.

La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 11, señala que “los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos”. Por su parte el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo señala en su artículo 4º: “a) 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.

“b) 2. Tales medidas no deberán ser contrarias a los deseos libremente expresados de los pueblos interesados.

“c) 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberán sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.”

En su artículo 5º señala que al aplicar las disposiciones del presente convenio:

“a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto individual como colectivamente”.

En contraste, veamos que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 establece el patrimonialismo de Estado sin consideración alguna a los pueblos originarios. Basta observar un testimonio de la visión predominante en la hegemonía jurídica e ideológica en el artículo 28 de la ley, cuando da cuenta de un pasado que no parece tener descendientes vivos, persistentes y resistentes, como han sido los pueblos indígenas: “Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional –nótese establecimiento en lugar de invasión–, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas”.

Ya existía hacía 24 años un Instituto Nacional Indigenista destinado a promover la integración de los indígenas vivos, pero, ante todo, existían los pueblos, y lo habían hecho contra ésta y muchas más disposiciones que los ignoraban, como el resto de la legislación, donde el Estado mexicano daba cuenta una y otra vez de la desaparición oficial de los pueblos indígenas; sólo se les permitía ser parte de nuestros antepasados. De ese tamaño es la confrontación de los últimos años entre los pueblos vivos y luchando que simbólicamente se expresaron en la voz del movimiento zapatista. Se ha dicho que sería una locura y un enorme riesgo dar intervención directa a estos pueblos, porque no tienen condiciones ni conocimientos técnicos e infraestructura para conservar los bienes patrimoniales, pero jamás se ha planteado un proyecto específico para que los pueblos puedan acceder a la formación de sus cuadros de alto nivel.

Así tenemos que el caso de Chinkultic amerita un enfoque más allá de la mesa de negociación donde el gobierno del estado se lava las manos frente al resultado de la intervención policiaca y “ generosamente” ofrece indemnizaciones y proyectos y se ufana de que todo volvió a la “normalidad”: el INAH puede seguir administrando “las ruinas”, como llaman a los que fueron lugares sagrados. Ya es hora de que se defina si, tratándose de derechos indígenas, se abren espacios de justiciabilidad más allá de la criminalización.