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jueves, mayo 27, 2010

Los desaparecidos no célebres

Las familias de quienes han desaparecido en Coahuila a manos del narco o de los militares no pueden darse el lujo de callar. A falta de simpatías en las televisoras y sin parientes senadores, con pancartas y a gritos denuncian esos delitos, así como la negligencia de las autoridades estatales y federales. Incluso se manifestaron frente al Palacio Nacional, pero en la cartografía panista éste queda muy lejos de Los Pinos.

Familiares. Larga peregrinación.

Marcela Turati

MÉXICO, D.F., 27 de mayo (Proceso).- El jueves 13 de mayo, afuera del Palacio Nacional, se volvió a escuchar el grito desesperado: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Esta vez no fue lanzado por Las Doñas del Comité Eureka de desaparecidos políticos, que desde los años setenta buscan a sus hijos; esta exigencia la hicieron familias de 35 varones desaparecidos a partir de 2008 en el estado de Coahuila, para exigir al presidente Felipe Calderón que investigue su paradero.

El desaparecido más joven tiene nueve años: Brandon Esteban Acosta Herrera, quien acompañaba a su papá a dejar a sus dos tíos en el aeropuerto, porque ellos viven en Los Ángeles, y un comando armado les cerró el paso y se los llevó. Desde el 29 de agosto del año pasado se desconoce su paradero.

“Hace ocho meses no sabemos nada, no han aparecido, no han mandado un recado ni una nota, y por eso queremos que por piedad, si alguien sabe algo, que nos diga. En ninguno de los casos hay avances, siempre nos piden que nosotros investiguemos”, dijo Lourdes Herrera, la mamá de Brandon Esteban, quien cargaba una manta que mostraba la foto de los cuatro. A un lado iban sus cuñadas llegadas de la ciudad de Los Ángeles. “Te lo ruego, ayúdanos a encontrarlos”, se leía en sus mantas.

Las familias que marcharon a Palacio Nacional llegaron de los estados de México, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas; de Los Ángeles, California, y de los municipios coahuilenses de Parras de la Fuente, Saltillo, Torreón y Matamoros.

En la mayoría de los casos no se tienen pistas de quién los desapareció y, al menos en dos, hay indicios de que fueron integrantes del Ejército.

“Únete pueblo a mi dolor, hoy por mí mañana por ti. Calderón ya basta con el caso Cabañas o Paulette, ponte a trabajar con la gente que desapareció en Coahuila”, se leía en una manta fosforescente que llevaba un chofer de Ecatepec, cuyo hijo, Víctor Abraham Nava Calzonzin, desapareció en Piedras Negras el 21 de marzo, con otros 11 compañeros.

“Todos tenemos el mismo dolor. Hemos pedido apoyo a la PGR, a la SIEDO, a los gobiernos del Estado de México y de Coahuila, a TV Azteca y a Televisa, y nos traen a puras vueltas. No fuera alguien importante porque ya estuvieran buscándolo”, se quejó el hombre.

En la lista de desaparecidos mexiquenses están, además de Víctor Abraham, Vicente Rojo Martínez, Jaime Ramírez Leyva, José Juan Pacheco Suárez, Marco Antonio Ocampo Martínez, Erik Fernando Pardevell Pérez, Pedro Cortés Guzmán, Gersaín Cardona Martínez, Roberto Oropeza Villa, Víctor Ríos Tapia, Lorenzo Campos Rodríguez y Juan Garduño Martínez, quienes trabajaban en la empresa Atlanta Duramex. Salieron de Sabinas hacia Piedras Negras a bordo de dos camionetas y nunca se encontró rastro de ellos ni de los vehículos.

En otra cartulina se leía: “Soy Brayan tengo 12 años, Eric tengo 10 años, Joseph de 8 años, y estamos sufriendo por mi papá. Debuélvanoslo por lo que más quiera. Gracias Calderón”. La porta Nancy Lorena Morales Rojas, esposa de Vicente Rojo, quien dice que tras la desaparición de su esposo tiene que dejar a sus hijos solos cada vez que consigue trabajos temporales o cuando sale a buscar empleo. Sus hijos también han resentido la ausencia de su papá, están deprimidos, bajaron de calificaciones, se volvieron agresivos.

“Él era nuestro sustento, no tenemos quién nos apoye”, dijo la joven, que consiguió un trabajo temporal en una gasolinera.

Responsabilidad del Estado

Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de la diócesis de Saltillo, señaló que la desaparición es una práctica “sistemática, recurrente, y que la cantidad de casos, el patrón de violencia, el modo de cómo operan, sí habla de una seria limitación de gobierno que por acción y omisión lo permite y, en el caso de que las autoridades de Coahuila sigan permitiendo las desapariciones, se convierten en violadores de derechos humanos”.

Explicó que en todos los casos se han presentado denuncias ante las autoridades encargadas de la procuración de justicia a nivel federal y estatal, se solicitó la intervención de las comisiones nacional y estatal de los derechos humanos, pero en todos lados les dicen lo mismo: “no es nuestra competencia”, “vuelvan a darnos toda la información”, “vuelvan a presentar sus declaraciones”, “busquen más información”.

“Dada la cantidad de desaparecidos y el poco tiempo en que se incrementó este delito, nosotros fincamos responsabilidades al Estado, porque es su responsabilidad hacer la procuración de justicia, la investigación, y no lo hace. Hay una clara responsabilidad por no garantizar la seguridad ni tomar en cuenta a las familias”, dijo en la plancha del Zócalo.

Otros desaparecidos son los veterinarios Isaías Uribe Hernández y Juan Pablo Alvarado Oliveros, en Torreón, que el 5 de junio de 2009 por la noche salieron a un Oxxo del fraccionamiento Ciudad Nazas y se toparon con un operativo militar. Sólo fue hallada su camioneta con orificios de bala y sangre (Proceso 1699).

“Ya pasó un año y todo está igual. El Ejército atrajo la investigación pero no han avanzado, me mandó citar el Ministerio Público Militar a Durango, a mí y a mi suegro. No han mandado llamar a ninguno de los testigos. La investigación también se lleva en la Dirección Estatal del Crimen y el Secuestro, pero ni siquiera me han llamado ni a comparecer y me dijeron lo mismo de siempre, que no hay nada. Y en la CNDH me dijeron que no ha habido nada”, dijo Claudia Soto, la esposa de Isaías, quien quedó como jefa de familia y a cargo de dos niños.

Desde 2009 la diócesis de Saltillo, encabezada por el obispo Raúl Vera, comenzó a recibir reportes de desapariciones y en diciembre convocó a las familias de víctimas. Desde entonces brinda apoyo al grupo que ya se organizó para exigir que se abran investigaciones a fin de conocer el paradero de sus familiares desaparecidos.

Este grupo es el primero que llega al Distrito Federal a denunciar el problema nacional de las desapariciones. En ciudades como Tijuana, las familias de los desaparecidos recientes marchan cada viernes exigiendo justicia.

Entre los desaparecidos en Coahuila el año pasado se encuentran los parientes Antonio Verástegui González y Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, que fueron vistos por última vez el 24 de enero en Parras de la Fuente.

El 22 de abril, en Nava, fueron Agustín Alberto Núñez Magaña, Sergio Cárdenas Córdova y José Flores Rodríguez, quienes son originarios de La Barca, Jalisco, y trabajaban vendiendo joyas en la región Monclova-Piedras Negras. Sólo se sabe que salieron del hotel Don Alberto, donde durmieron el día anterior, y que en el camino se toparon con un retén militar donde dieron cuenta de la valiosa mercancía que llevaban.

El campesino Joel Cárdenas Bracamontes, papá de Sergio, cargaba una manta con la foto de su hijo. Explicó: “Los muchachos fueron a trabajar y desaparecieron. Nadie vio nada, nadie sabe nada. Su ruta era de Saltillo a Piedras Negras y yo pienso que los tiene la policía o un cliente, porque llevaban todavía tres kilos de oro y como 1 millón de pesos de lo que ya habían vendido. El Ejército los revisó al pasar de Nava y los dejó libres porque traían documentos que respaldaban la mercancía. Ya después no supimos”.

El 4 de julio tocó el turno al comerciante Daniel Durán Espinoza, quien esa mañana se dirigía al mercado La Pulga de San Joaquín, en Piedras Negras, con dos cajas de 20 kilos de ropa que su papá le había enviado de Reynosa, quien desapareció con todo y su Neón rojo 2004.

El 29 de agosto fue el pequeño Brandon Esteban Acosta Herrera, su papá y sus tíos.

De 2008, la diócesis tiene registrado a Javier Burciaga Vázquez y José Francisco Juárez Adriano, en Matamoros, y en la ciudad de Torreón a Armando Salas Ramírez, Pedro Ramírez Ortiz, Gerardo Villasana Hernández, Luis Burciaga Ramos y Dan Jeremeel Fernández Morán. Este último, ejecutivo de una afore y desaparecido por militares.

La mamá de Dan Jeremeel, la contadora Yolanda Morán Isais, explicó en el Zócalo que su hijo fue secuestrado hace casi año y medio por un militar del área de inteligencia adscrito a la XI Zona Militar de Coahuila, quien confesó su delito y dio los nombres de sus cómplices –dos militares y un desertor del Ejército–, pero ni así pudo recuperar a su hijo.

“Cuando lo pasaron a él y a otros tres detenidos del arraigo al Cereso de Torreón, en ese momento entró un comando de encapuchados que los mataron y liberaron a nueve narcos. Incluso vine a hablar con el general José Luis Chávez García, el procurador de Justicia Militar, y me dijo que estaba enterado y me prometió que lo iban a encontrar, porque si alguien puede encontrar a un militar son los militares, pero cuando lo volví a llamar no contestó nunca mis llamadas”, dijo.

La contadora llevaba unas mantas largas con la foto de Dan Jereemel, seguida de la frase: “¿Dónde está mi hijo? Por favor, ayúdenme a encontrarlo, se lo suplico”, dijo que sabe que 100 personas han desaparecido en la Comarca Lagunera porque seguido recibe llamadas de familiares desesperados que le preguntan dónde pueden poner su denuncia.

“Allá son muchísimos desaparecidos, son muchos, pero la gente tiene miedo de denunciar porque están amenazados por los mismos narcos. De La Laguna nadie dice nada, nadie publica nada, sabemos que la Policía Municipal está coludida con los mafiosos y que renunciaron a cerca de 400 policías. Pero allá no hay un solo policía federal porque a todos los traen en Juárez y a nosotros nos dejaron solos”, lamentó.

En Palacio Nacional, al grupo lo recibió un funcionario que les tomó su recado y los envió a la Secretaría de Gobernación. Al día siguiente los recibió Alberto Brunori, el representante en México de las Oficinas del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y emprendieron una peregrinación a la Basílica de Guadalupe para pedir que aparezcan los suyos.

sábado, agosto 29, 2009

Se cumplen 31 años de protestas por la liberación de presos políticos

Reitera Eureka: vivos se los llevaron, vivos los queremos

Emir Olivares Alonso

Igual que hace 31 años, ayer las rejas de la Catedral Metropolitana se llenaron de fotografías con los rostros de cientos de desaparecidos políticos y el Comité Eureka volvió a lanzar la misma consigna: ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!

A 31 años de su primera huelga de hambre (28 de agosto de 1978), las llamadas doñas regresaron al lugar donde hicieron visible su lucha ante la opinión pública: a un lado del Zócalo, sitio que desde 1968 había sido vedado por el gobierno para la protesta social.

En la conmemoración de ese aniversario, Rosario Ibarra de Piedra, presidenta del Comité Eureka, recordó que gracias a esa acción –con la que se solidarizaron decenas de jóvenes– se logró que el entonces presidente José López Portillo enviara al Congreso una ley de amnistía, con la cual mil 500 presos políticos obtuvieron su libertad, 2 mil órdenes de aprehensión dejaron de cumplirse, 57 exiliados retornaron al país y 148 desaparecidos regresaron a sus hogares.

Sin embargo, sostuvo que no todos los desaparecidos retornaron y en el país aún existen casos de víctimas de esos delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado y cuyos responsables, pasados y actuales, no han sido castigados.

Fueron cuatro días de huelga de hambre en aquel 1978. Se acercaba el segundo informe de gobierno de López Portillo y los mensajes de la Secretaría de Gobernación, casi todos en tono amenazante, llegaban a aquellas mujeres vestidas de negro. El ex titular de la dependencia, Jesús Reyes Heroles, se vio obligado a recibir a una comisión del entonces Comité pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México.

“El secretario, de hablar prepotente, nos dijo que teníamos que desistir, que nos daba la seguridad de que nuestro problema se resolvería, que iba en ello ‘empeñada la palabra del señor presidente’. Desconfiadas, nos negábamos a abandonar la huelga. Entonces, a la promesa de solución se sumó la amenaza brutal: ‘o se quitan o las quitamos’”, señalaron.

Ante la amenaza, la protesta se levantó el 31 de agosto. Lo hicieron cabizbajas y dolidas, pero mantuvieron la convicción de seguir su lucha. Al siguiente día, en el contexto del informe, el ex presidente lanzó la solicitud de amnistía.

Aun con ideas contrarias a las nuestras, las autoridades de entonces tuvieron capacidad de raciocinio y abrieron las puertas, aseveró Ibarra. Contrario a ello, dijo, los actuales gobernantes no cuentan con esa cualidad, sino “con la cerrazón, que hasta inventan nuevos términos (levantón) para negar las desapariciones”.

Durante el acto, el académico Enrique González Ruiz aseveró que aquella huelga fue un movimiento triunfador que logró sacar de cárceles y campos militares a muchos presos y desaparecidos políticos.

En ese contexto se leyó una misiva enviada al Comité Eureka por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, en la cual reconoció la lucha que por más de tres décadas han mantenido familiares de desaparecidos políticos en el país.

El presidente legítimo recordó que con la huelga de hambre del 28 de agosto de 1978, fecha clave para la defensa de los derechos humanos, las doñas cimbraron al régimen priísta, dieron a conocer la ilegal guerra del gobierno contra los luchadores sociales y desafió al gobierno que desde 1968 había vedado el Zócalo a las protestas.

Al igual que hace 31 años, pero ante el actual contexto represor, quienes acompañaron la manifestación demandaron al presidente Felipe Calderón emitir una nueva ley de amnistía que permita la liberación de cientos de presos y desaparecidos políticos.

jueves, julio 02, 2009

“Que me digan loca”


“Que en celda me encierren, que con siete llaves la puerta me cierren, que junto a la puerta pongan un lebrel, carcelero rudo, carcelero fiel”. Así escribió la talentosa escritora uruguaya Juana de Ibarbourou en algo similar a un canto a sus manos florecidas de rosas tras el beso de su amante.
Hoy solamente plagio las cuatro palabras que dan inicio al bello poema “El dulce milagro” (perdón por la osadía, admirada Juana), pero corro el riesgo de que me digan loca cada vez que me opongo, y lo manifiesto, a alguna de las atrocidades en las que incurre o en lo que declara el titular del actual gobierno federal.
No es necesario hurgar por allí en diarios y revistas, o escuchar a comentaristas de radio y de televisión, afines o contrarios a la “formación” política del señor que “ostenta”, gracias a un inobjetable fraude, el elevado cargo; saltan por doquier sus opiniones, sus “juicios”, sus descalificaciones descabelladas e inconsistentes, sobre todo hacia lo más bello y limpio de la población: la juventud… A todos los jóvenes les endilga calificativos que los ubican fuera de lo que él considera correcto, que tiene que ver con “sus” creencias, que según las leyes son respetables, pero no tiene por qué querer obligar a que todos las adoptemos y pensemos como él.
Cada vez que habla en público, en alguna conferencia de prensa o en declaraciones especiales por algún suceso que considera o que es en realidad importante, no falta el “gazapo”. Dígalo si no aquello de “la gastritis mal atendida”, de pasado remoto, o lo “novedoso” de su “diagnóstico” en cuanto a la muerte de Michael Jackson, sólo “botones de muestra” de un ramillete gigantesco.
Y hoy, en estos días en los que el pueblo de Honduras vive lo que ya se creía en desuso, aquellos zarpazos que sembraron el terror en toda América, con los miles de muertos en los estadios, con los miles de encarcelados y desaparecidos… de estos últimos 90 mil desde el río Bravo hasta la Patagonia… En estos días —repito— a no pocos asombra la actitud del “titular” que acudió a Managua, Nicaragua, sin su atuendo favorito (una casaca militar) y se expresó a favor del depuesto presidente de Honduras, y se le vio en fotografías al lado de los presidentes de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela y de Ecuador, todos “a mil años luz” (como diría un periodista regiomontano) de lo que él piensa.
Hay quienes (ilusos) se alegran de que esté por allá con ese “comportamiento”, porque piensan y creen que dará “el salto a la izquierda”… Allá ellos, pero la mancha del fraude no se borrará con nada y si se ilusionan con posturas convenencieras y con palabras huecas, “que con su pan se lo coman”…
Hay por allí otros que dicen que probablemente los presidentes de los países antes mencionados y de otros más de la América Latina piensan y lo sienten cercano a ellos, o tal vez dirán que si el pueblo de México no lo rechaza, pues ¿ellos por qué?
En fin, que el sufrido pueblo mexicano está abrumado por la injusticia que padecemos la mayoría, por la falta de empleos que agobia a miles de hogares, por la miseria que se aposenta desde hace muchos años en las casuchas de los más pobres entre los pobres, de los que ven morir a sus hijos sin esperanza de salvarlos, de los que emprenden el éxodo hacia el norte y que no pocas veces encuentran una muerte alevosa, o regresan con las alforjas vacías o repletas de desilusiones...
En fin, que si por decir lo que pienso y por expresarlo, como suele decirse, “en letras de molde”, me arriesgo a que me llamen loca… pues… ¡Que me digan loca!
Dirigente del comité ¡Eureka!

jueves, mayo 21, 2009

Desde el abismo del dolor

Rosario Ibarra
Desde el abismo del dolor

Para Carmen Aristegui, con la admiración, el cariño y la solidaridad de ¡Eureka!

Una mañana, hace ya muchos años, recibí una denuncia como las que empezaron a llegar a mis manos desde que inicié la lucha por justicia para mi hijo desaparecido.
Decía: “El profesor Epifanio Avilés Rojas fue aprehendido el 19 de mayo de 1969 en Las Cruces, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, por el mayor Antonio López Rivera. Custodiado por soldados fue llevado a Ciudad Altamirano, en donde pasó la noche esposado en una celda. A la mañana siguiente, frente al pueblo reunido junto a una avioneta del Ejército, de la que descendieron el general Miguel Bracamontes y dos agentes, el general lo hizo subir a la avioneta y ordenó a los agentes: ‘Llévenlo al Campo Militar Número Uno’”.
Al leer el escrito, que puso en mis manos la señora Braulia Jaimes Hernández, esposa del maestro desaparecido y hermana de mi entrañable amigo, Florentino Jaimes, como un chispazo me llegó a la memoria una nota leída en Monterrey, en un diario capitalino, aquel ya lejano día en el que nunca pensé que me iba a encontrar seis años después en ese abismo del dolor, como Braulia Jaimes y su familia.
Se me escapa el nombre del periódico, pero nunca olvidé el del periodista que hizo la narración: José Reveles, a quien no conocía, pero que al hablar con él, tras la desaparición de mi Jesús, su solidaridad hacia la lucha por los desaparecidos se ganó mi más acendrado afecto.
Por allí hay quienes me dicen: “Ya párele, no sea terca…”, y luego dejan caer una “perla”: “Contra el gobierno no se puede”. Los escucho y sonrío para mis adentros por su supina ignorancia, por su desconocimiento de la historia del mundo. ¿Quiénes si no los pueblos tercos, obstinados en sus convicciones, amantes de la libertad y la justicia, las han hecho realidad? Veo y escucho a los conformistas y se me alza más alto la voluntad de lucha… y pienso sin odio, más bien llena de conmiseración: “pobres personas”, mediocres, adoradoras de las cadenas de quienes los explotan, obedientes del absurdo, lacayos sin librea, desnudos de voluntad… huérfanos de dignidad…
En este mes del Día del Trabajo, del Día de la Madre, del Día del Maestro, ¿de qué podemos alegrarnos? ¿En cuál de esas fechas hubo algo bueno para el pueblo de México?
A mis compañeras y a mí, madres de desaparecidos, nos duele la fecha oprobiosa de los 40 años de la desaparición de Epifanio Avilés Rojas, el primer desaparecido de la lista de nuestra organización, que tiene un saldo doloroso que dejaron los gobiernos priístas, que se ha acrecentado por los gobiernos panistas, en hechos en los que tiene una responsabilidad vergonzosa el Ejército mexicano, que actúa en obediencia ciega al llamado comandante supremo de las Fuerzas Armadas y en desacato a la Constitución y al Código de Justicia Militar.
Un ejemplar de éste lo recibí de manos de un general, que sentía pena inmensa por el otrora “glorioso” conglomerado de hombres que lucharon y resguardaron la independencia del país. Se sentía avergonzado de saber de las cárceles clandestinas en los sótanos y cerca de la biblioteca del fatídico campo Número Uno, de la Base Naval de Icacos, de La Joya y de todos los cuarteles que albergaban a las víctimas de la ilegalidad, que él consideraba deshonra para las Fuerzas Armadas. ¡Le asistía la razón!
Por aquellos años del inicio de mi terrible batallar, como mi humilde persona pasaba inadvertida, logré entrar a la prisión militar durante casi seis meses. Valiéndome de la bondad del pueblo mexicano, les dije a las mujeres que esperaban entrar a visitar a sus presos que era madre de un desertor. ¡Y vaya si conocí “las entrañas del monstruo”, pues era interminable la lista de injusticias de las que se quejaban los allí encarcelados, y no pensé que se tratara de aquellos legendarios llamados “los presos de Burgos” que gritaban su inocencia a los cuatro vientos.
En fin, que a lo largo de la lucha, de ir a las instalaciones del Ejército, de hablar con militares y de convivir con los solados presos y con sus familias, vi con claridad que sus integrantes son (como decía Paquita Calvo) pueblo uniformado, y descubrí que muchos de los “mandos” no están de acuerdo con lo que ordenan los encaramados en el poder y que atenta o de plano va en contra del mandato constitucional. Por eso, nunca he llegado a odiar a los que visten uniforme, porque muchos buscan de qué vivir, que son los más, aunque —claro— no faltan los que se corrompen y corrompen a otros y maltratan y golpean y torturan y encierran en cárceles ilegales a sus hermanos de raza y de clase.
Desde este espacio me atrevo a hacer un llamado al generoso pueblo mexicano, a todo, también al uniformado, para que juntos, pacíficamente organizados, luchemos por que nunca jamás haya quien hable o escriba desde el abismo del dolor.
Dirigente del comité ¡Eureka!

viernes, abril 10, 2009

Prevalece el terrorismo de Estado: ONG



En México “prevalecen prácticas de terrorismo de Estado, tales como la desaparición forzada y tortura realizadas en contra de luchadores sociales, la criminalización de la protesta social, y la utilización de elementos militares para intimidar a la población”, aseguraron integrantes del Comité Eureka y de la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), quienes ayer recordaron los “asesinatos” en Torreón, Coahuila –hace 30 años– de Elín Santiago y José Luis Martínez, ambos integrantes del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), el día 9 de abril de 1979, cuando acudían a una reunión de dicha agrupación.
En una manifestación realizada a las afueras de la Casa de Coahuila, situada en el sur del Distrito Federal, en donde colgaron fotografías de varios “desaparecidos políticos, los cuales desde fines de los 60 a la fecha suman más de 570 personas y se siguen sumando”, Inti Martínez Gaytán, hijo de José Luis Martínez, señaló que actualmente “el gobierno sigue usando el terrorismo de Estado para asustar y reprimir al pueblo, especialmente en contra de los luchadores sociales y todo aquel que los incomode”.