La Jornada y el derecho a la información

John M. Ackerman

La existencia del periodismo crítico que se ejerce en La Jornada es el mejor indicador de que, a pesar de todo, persiste la libertad de prensa en México. Los que buscan eliminar este importante medio informativo no defienden la libertad de expresión, sino buscan abrir aún más espacio a las mentiras televisivas y retornar a la época del pensamiento único. Ello a todas luces implicaría un ataque directo a nuestro derecho constitucional a la información.

El artículo Cómplices del terror, publicado en 2004 y firmado por el subdirector de Letras Libres –que dirige Enrique Krauze–, concluye de forma ominosa: “La Jornada [se encuentra] al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas. Así se practica todavía el periodismo en México, espero que no por mucho tiempo”.

La primera frase es una abierta calumnia que se basa en el hecho de que La Jornada tiene un convenio de colaboración noticiosa con Gara, un periódico totalmente legal y transparente del País Vasco. La idea de que un convenio de esta naturaleza funja como correa de transmisión para subordinar el rotativo mexicano al proyecto político de ETA es tan ridícula como sería afirmar que el periódico Reforma estuviera subordinado al gobierno de Estados Unidos por tener un convenio con el New York Times.

Habría que recordar también que La Jornada cuenta con convenios similares con gran diversidad de medios, incluyendo Le Monde Diplomatique de Francia, Página 12 de Argentina y The Independent de Inglaterra. Todos estos acuerdos son necesarios y propios del ejercicio profesional del periodismo en un mundo cada vez más interconectado.

Pero quizás más grave aún que la calumnia es la evidente amenaza, que encontramos en la segunda frase citada, que se lanza desde las páginas de una publicación alineada con la derecha española y los poderes fácticos mexicanos. Cómo bien lo ha señalado Luis Hernández Navarro (21/11/11, http://bit.ly/rtRpxF), Letras Libres existe y perdura gracias a la red de apoyo con la que cuenta al otro lado del Atlántico. Recordemos también que Krauze forma parte del consejo de administración de Televisa, al lado de personajes como Pedro Aspe, Claudio X. González y Germán Larrea (ver directorio aquí: http://bit.ly/vSaXKd).

Los recientes esfuerzos del escritor por vestirse con las sedas de la izquierda no engañan a nadie. Tanto Guillermo Zamora (Goebbels vs. Hugo Chávez: Enrique Krauze, la derecha en México y Venezuela, Colmenares y Vargas, 2011) como Armando Bartra (Mira quién lo dice, Proceso 1826: http://bit.ly/u8MNnv) han destapado magistralmente esta tomadura de pelo. Así, la pretensión de los directivos de Letras Libres de que el tipo de periodismo que practica La Jornada deje de existir no se puede tomar como una crítica constructiva de un colega comunicador, sino como una lanza directa desde el poder.

El proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar, que está enlistado para abordarse mañana, miércoles 23 de noviembre, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), está mal enfocado, ya que, si bien defiende la libertad de expresión, deja fuera de cualquier consideración nuestro derecho a la información, tutelado por el artículo sexto constitucional. La misma SCJN ha argumentado que el derecho a la información no solamente implica el derecho de acceder a información pública en manos del gobierno, sino también el derecho de los ciudadanos a ser informados de manera plural y democrática. Por ejemplo, en su decisión de echar abajo artículos claves de la ley Televisa los ministros desarrollaron una importante teoría respecto a la necesidad social del pluralismo informativo.

La Jornada no es cualquier medio de comunicación, sino un medio incómodo, acosado política y económicamente desde el poder. Junto con la revista Proceso y unos cuantos otros medios independientes, ha sufrido un bloqueo tanto de parte del sector privado como del gobierno con respecto a la contratación de anuncios. La Jornada también es una empresa democrática, un colectivo de accionistas sin un dueño empresarial externo que dicte su línea editorial. Es incorrecto, por lo tanto, equiparar al periódico con los poderes públicos o los gobernantes.

También resulta ingenuo que el ministro Zaldívar afirme en su proyecto de sentencia que exista un mercado de las ideas que automáticamente genera un debate que conduce a la verdad y a la plenitud de la vida democrática. Hoy en México no existe una competencia libre entre medios que favorece la verdad, sino un oligopolio autoritario que fomenta la mentira. Es totalmente erróneo sostener, como lo hace Zaldívar, que nadie tiene un mayor acceso al derecho de réplica que un medio de comunicación, máxime si se trata de un rotativo cuya publicación es diaria. La Jornada se encuentra hoy en franca desventaja ante tanto los poderes mediáticos como las autoridades públicas.

El gran problema con la versión del liberalismo que Krauze dice practicar, y que hoy es retomada por Zaldívar, es que prefiere decretar la existencia simulada de una fantasiosa libertad de mercado antes que aspirar a lograr un nuevo estado de las cosas donde no solamente las empresas, sino también las personas y los colectivos conozcan los frutos de la libertad. Tal como señaló La Jornada en su editorial del viernes pasado (http://bit.ly/smc3M7 ), los criterios hoy plasmados por Zaldívar en su proyecto conducirían, de manera inevitable, al triunfo de los poderosos sobre los débiles, del músculo corporativo y financiero sobre las iniciativas sociales, y de los discursos dominantes por encima de las voces disidentes.

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

Michael Moore y las "regulaciones" de la información sobre Cuba en NBC

El cineasta narra cómo, en los 90, la NBC obligó a cambiar el resultado de una competición televisiva entre países según la atención de salud, porque el vencedor había sido Cuba.

http://youtu.be/iibsR5DT0Jc

Transparencia en el mundo

Sesión en el IFAI.

Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F., 30 de diciembre.- El análisis del comportamiento del derecho de acceso a la información pública en el mundo pone de relieve que no se trata de una moda, sino de un proceso complejo de aproximaciones sucesivas. Así lo revela el estudio más reciente a nivel internacional elaborado por el experto holandés Roger Vleugels, el cual no tiene desperdicio. Veamos.

Primero. De la primera ley en el mundo en Suecia, que data de 1766, a las más recientes reformas en Indonesia y Rusia, de 2010, han pasado 244 años. En 1766 México no existía y nuestro territorio era una colonia de España, país que hasta ahora no tiene todavía ley alguna sobre transparencia. Con todo, en 244 años se han aprobado 80 leyes nacionales o federales, 184 estatales y dos de organismos internacionales. Esto representa 41% de los países reconocidos por la ONU, que ascienden a 192. Del 2000 a la fecha se han aprobado 53, es decir, 66% del universo de las validadas en el mundo. En África sólo cuatro naciones cuentan con reglamentaciones de acceso a la información, todas sancionadas a partir del 2000. En América, 17 disponen de normatividad en la materia, siendo la de 1966 en Estados Unidos la más antigua. En Asia hay 19 leyes, incluida la reciente Ley de Acceso de China aprobada en 2007 y reformada en 2008. En Europa 37 países cuentan con legislaciones sobre transparencia, 18 de las cuales fueron validadas también a partir del 2000. En Oceanía son tres los países que disponen de ese recurso. Es de llamar la atención que la aprobación del Código de Prácticas en materia de transparencia del Fondo Monetario Internacional del 2002, así como de su proyecto previo de 1999, coadyuvaron en mayor medida a la aparición de leyes en este rubro que el reconocimiento del derecho a la información como derecho fundamental en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Segundo. El hecho de que se hayan aprobado leyes sobre acceso a la información no significa que los Estados cumplan con su deber de informar y las personas ejerzan realmente su derecho a saber. Uno de los medios para conocer el nivel de ejercicio del derecho de acceso a la información reside en el número de solicitudes y en las respuestas recibidas. Por esa razón resulta pertinente conocer las cifras. De acuerdo con los datos disponibles, así van en orden descendente: Noruega, 917 solicitudes anuales por cada 100 mil habitantes; Estados Unidos, 492; Bulgaria, 175; Irlanda, 125; Canadá, 106; México, 98; Japón, 80; Reino Unido, 72; Rumania, 68, y Croacia, 67.

Por el contrario, países como Holanda, Italia, Grecia y Austria registran menos de una solicitud por cada 100 mil habitantes. A primera vista se podría pensar que en muchos países la información de oficio, es decir, aquella que los Estados ponen a disposición de las personas sin mediar solicitud, explica el bajo número de solicitudes de información en democracias consolidadas. Esto no es propiamente cierto. El estudio de Vleugels y otros ejercicios realizados permiten afirmar que las obligaciones de transparencia de los Estados difícilmente pueden ser tan amplias y completas que hagan innecesarias las solicitudes de información.

Tercero. Como se puede observar, por lo menos en este tema y aun con las dificultades que existen, México forma parte de los primeros 10 países en cuanto al ejercicio del derecho en cuestión. No se trata de una casualidad. Por un lado, se lograron en 2002 consensos básicos para aprobar la mejor ley que las circunstancias políticas permitieron en ese momento. A quienes participaron en ese proceso les consta cómo Felipe Calderón intentó infructuosamente acotar y parar la ley como coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados.

Por otra parte, habría que reconocer a la distancia el papel del comisionado fundador del IFAI, José Octavio López Presa, quien pensó y pudo configurar el sistema de solicitudes por internet SISI (ahora transformado en Infomex), que ha representado una de las grandes contribuciones de México al derecho de acceso a la información.

En esa misma línea se inscribió el entonces secretario de la Función Pública, Eduardo Romero, quien fue uno de los principales aliados gubernamentales para que la transparencia no fuera sólo una apariencia. También sería una ingratitud regatear los precedentes de apertura informativa del comisionado fundador Juan Pablo Guerrero. Hoy, a casi una década del derecho de acceso a la información, en el IFAI, María Marván es la única comisionada fundadora en activo que ha mantenido un compromiso consistente y creciente en esta materia. Ángel Trinidad Saldívar, primero secretario ejecutivo y ahora comisionado, ha mostrado conocimiento y compromiso con el derecho a saber, amén de ser el único que tiene obra publicada en el tema.

En las entidades federativas los oscuros son más amplios que los claros, con honrosas excepciones que confirman la regla de que nada es absoluto. El Infodf, por ejemplo, está demostrando a propios y extraños que es posible cumplir con sus atribuciones. Ojalá que la base institucional construida hasta ahora en materia de acceso a la información no tenga caminos de regreso. Para ello podría ser un primer paso la creación del servicio civil de carrera que permita generar cuerpos profesionales en los órganos garantes que no estén sujetos a los vaivenes de la política.

Reporteros sin protección

Cartel del movimiento Los queremos vivos

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 4 de agosto (apro).- La falta de protección a periodistas mexicanos que cubren los distintos conflictos que ha vivido el país, y que van desde los armados y sociales en los años setenta, hasta los vinculados con el narcotráfico en las últimas fechas, lamentablemente no es nueva.

Ni los dueños o directivos de los medios, y mucho menos el Estado, se han preocupado por dar garantías a los reporteros que cubren hechos donde el riesgo a perder la vida es muy alto.

El secuestro de cuatro reporteros en Durango fue, tristemente, el motivo que originó la reacción de los directivos de medios con cobertura nacional –Televisa y Milenio– exigiendo protección para sus trabajadores, cuando esta situación de alto riesgo para los reporteros mexicanos lleva ya ocho años.

Desde 2002 a la fecha, según datos de la organización francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF), han sido asesinados 69 periodistas mexicanos, mientras que 11 se encuentran desaparecidos. La mayoría son reporteros de medios locales y sus casos apenas han sido atendidos por medios nacionales de una manera ocasional y hasta marginal.

Sólo durante el gobierno de Felipe Calderón, 38 comunicadores han muerto o desaparecido --10 de ellos en 2010--, de acuerdo con estadísticas de RSF.

Sin embargo, hasta ahora ninguno de esos casos ha sido investigado a fondo y sus responsables han quedado protegidos por la impunidad, pese a que en la Procuraduría General de la República se creó una fiscalía especial, y una visitaduría especializada para reporteros en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

No obstante, la llamada narcoviolencia ya trascendió a los medios locales de información. Sus reporteros han sufrido por años amenazas de muerte para ellos y sus familias, así como levantones, secuestros, hostigamiento y presiones para publicar o dejar de publicar informaciones de algunos grupos del crimen organizado.

Ello se está resintiendo apenas en los medios informativos de cobertura nacional, que no se han preocupado por atender esta situación de peligro, dejando a la deriva a sus reporteros y enviándolos a cubrir hechos violentos sin contar con un protocolo de seguridad y mucho menos con seguros de vida.

Televisa trató con sumo cuidado y sigilo el caso de su reportero Héctor Gordoa hasta que fue puesto en libertad, bajo la condición de que se trasmitieran unos videos con un mensaje de los secuestradores, presuntamente del cártel de Sinaloa.

Denisse Mearker, conductora del programa “Punto de Partida”, para el cual trabaja el reportero, decidió suspender la transmisión como forma de protesta.

No sucedió los mismo con Milenio, pues además de pasar los videos, tomó un papel protagónico y hasta trasmitió en vivo, en su canal de televisión, la liberación de sus dos reporteros, elogiando el operativo encabezado por el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien ha sido cuestionado por la increíble fuga de los captores y, además, está bajo la sospecha de que todo se debió a una negociación.

Ese medio de comunicación protestó de inmediato por el atentado contra sus trabajadores. Sin embargo, en días pasados un alto directivo del consorcio Multimedios declaró que los periodistas que en algún momento fueron atacados o asesinados, seguramente estaban vinculados con el crimen organizado y que por ello no deberían tener un blindaje especial por el trabajo que realizaban. Hoy este directivo de Milenio ha guardado silencio.

La insensibilidad y hasta la mezquindad del gremio periodístico se ha mostrado de distintas formas en este caso. Ningún directivo o dueño de los medios instalados en el Distrito Federal fijó una posición y algunos otros publicaron el secuestro a pesar de que hubo una petición de no hacerlo mientras estaban en curso las negociaciones.

En el caso de Milenio, lo difundió de manera histriónica exigiendo la participación del Estado. Ahora sabemos que por lo menos el director editorial adjunto, Ciro Gómez, habló por teléfono con Felipe Calderón, quien por cierto no hizo un pronunciamiento particular sobre el secuestro de los periodistas.

El plagio de los cuatro reporteros mostró la división, el protagonismo, la competencia mal entendida, los intereses políticos y comerciales, y otras deficiencias que existen entre los medios de comunicación en México, muchas de ellas provenientes no sólo de los reporteros, sino principalmente de los dueños y directivos.

A raíz de este caso salió a relucir la forma en que los medios colombianos enfrentaron de manera unificada el narcotráfico, sólo que no se ha entendido que no fue por un afán de los reporteros como se llegó a acuerdos entre los medios más importantes de Colombia, sino a través de los dueños de la prensa.

Fue hasta que comenzaron a golpear, asesinar, secuestrar, extorsionar y amenazar a los dueños y directivos de la prensa colombiana como su actitud cambió.

Miembros de la clase política y gobernante de ese país, los empresarios de los medios vieron afectados sus intereses particulares, su seguridad y la de su familia, por eso tomaron una posición y establecieron políticas comunes de publicación, mientras que el gobierno colombiano creó un fondo económico para tomar casos urgentes de periodistas amenazados.

Antes de eso, el narcotráfico, especialmente el cártel de Pablo Escobar, ya había cobrado la vida de periodistas colombianos y no pasaba nada.

Una situación similar ocurre en México. Hasta ahora que se sintieron vulnerables, algunos directivos de los principales medios de comunicación han empezado a cambiar de actitud y de posición.

El próximo sábado 7, a las 12:00 horas, por primera vez en la historia del periodismo en el Distrito Federal, se realizará una manifestación silenciosa de reporteros, en protesta por las agresiones y asesinatos perpetrados recientemente contra el gremio en los últimos ocho años.

Sin embargo, esta protesta tendría que ser no sólo por los ataques a los periodistas, sino por las agresiones contra toda la sociedad, es decir, por los 900 menores de edad muertos en esta guerra errática, por los 28 mil ejecutados, por las viudas y huérfanos y, también, por los secuestros y extorsiones. En fin, por el terror y la inseguridad que se vive en el país.

http://www.youtube.com/watch?v=4mnqozC8IDs

Ojalá la información fluyera tan libremente como el petróleo

"ES MI OPTIMISMO QUE A ESTE SISTEMA LE QUEDA POCO DE VIDA.
ES MI PESISMISMO QUE HACE TODO LO POSIBLE POR ARRASTRARNOS CON EL."

Columna Semanal de Amy Goodman, presentadora de Democracy Now! Se autoriza la publicación. Por favor escríbanos a spanish@democracynow.org para avisarnos donde se publica y también si hay estaciones de radio que quieran emitir el audio.

Ojalá la información fluyera tan libremente como el petróleo

Escuche (en español)

Por Amy Goodman

Publicado el 8 de julio, 2010

"Derrame Profundo 2" suena como la saga de una película de suspenso de Hollywood.
Lamentablemente, se parece más a un reality show. "Derrame Profundo 2" es el nombre de una ambiciosa serie de experimentos científicos propuestos que se deberían estar realizando en este momento. Científicos de todo el mundo están listos para, literalmente, sumergirse y poder entender lo que está sucediendo con el petróleo y el gas que están saliendo a la superficie en el Golfo de México con la fuerza de un volcán tras la explosión de la plataforma petrolífera de BP.
Sin embargo hay un problema: BP no los dejará.
Ira Leifer es un científico del Grupo Técnico de Medidas de Tasa de Flujo designado por el gobierno, e investigador del Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad de California, Santa Bárbara. Organizó un grupo de científicos para desarrollar un estudio intensivo del derrame de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon, ya que se sabe muy poco acerca de cómo se comportan el petróleo y el gas bajo el agua, especialmente a una profundidad y temperatura de un kilómetro y medio debajo de la superficie. El grupo de científicos presentó el plan a BP, que los ignoró, y luego al Diputado Ed Markey, Demócrata de Massachussets y miembro del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes. Markey le escribió a BP el 10 de junio.
"Entiendo que BP aún no ha respondido al pedido del Dr. Leifer de realizar una medición directa del flujo. ...Solicito que dispongan el presupuesto y el acceso a los vehículos submarinos robotizados que sean necesarios para permitir a estos científicos realizar sus actividades de medición".
Un mes más tarde, el Dr. Leifer me dijo: "No hemos tenido ninguna respuesta de BP. ...Otros científicos que conozco y que están haciendo e intentando hacer su propia investigación se ven impedidos en cada paso de saber de hecho lo que debemos saber para poder tratar este derrame en forma segura".
Hace diez años, un grupo de científicos llevó a cabo el estudio llamado "Derrame Profundo 1", que consistió en la liberación controlada limitada de 750 barriles frente a la costa de Noruega para estudiar el fenómeno del derrame de petróleo en aguas profundas. La falta de conocimiento científico de los desastres petroleros en aguas profundas permite a funcionarios de BP como Tony Hayward pronunciar, como lo hizo a fines de mayo, que "El petróleo está en la superficie. ...No hay una columna de petróleo".
Entonces, mientras los científicos, ejecutivos y expertos de relaciones públicas de BP realizan declaraciones vacías a través de sus propios "equipos de noticias" falsos, los más importantes expertos del mundo están siendo dejados de lado por el propio BP.
También los medios están siendo excluidos del desastre que produjo en el Golfo de México el derrame de BP. La Guardia Costera anunció nuevas normas para impedir que el público, incluidos los fotógrafos y periodistas que cubren el derrame, se acerquen a una distancia de menos de 20 metros de cualquier buque de respuesta o barrera de contención en el agua o en las playas. Quienes infrinjan estas normas podrían recibir una multa de hasta 40.000 dólares y ser acusados de cometer un delito. Para poder traspasar el límite de los 20 metros, los medios deben solicitar permiso al capitán de la Guardia Costera del Puerto de Nueva Orleáns.
Anderson Cooper de CNN estaba indignado ante la nueva normativa. "Me encontré con una cantidad de funcionarios locales desesperados porque se tomaran fotografías y se escribieran notas acerca de lo que está sucediendo en sus comunidades. Nosotros no somos el enemigo en esto. Quienes estamos aquí tratando de mostrar con exactitud lo que está sucediendo, no somos el enemigo. Ningún periodista quiere retrasar las tareas de limpieza ni empeorar las cosas. Si un funcionario de la Guardia Costera me pidiera que me corriera, lo haría. Pero generar una norma de que todos deben permanecer a 20 metros de distancia de las barreras de contención y de los botes, eso no suena a transparencia."
El límite de 20 metros le sigue a la norma que exige que los vuelos con personal de prensa permanezcan a 900 metros de altura. Al igual que el gobierno de Bush, que prohibió tomar fotografías de los ataúdes envueltos en la bandera de Estados Unidos que llegaban de Irak, el gobierno de Obama parece estar confabulándose con BP para limitar la difusión de imágenes del desastre. En virtud de las normas actuales, y en vista de que los fotógrafos pueden ser acusados de cometer un delito, es dable esperar muchas menos fotos y videos de los pelícanos empetrolados y de las tortugas de mar moribundas. Probablemente se vean menos tomas de cerca que muestren lo lamentable e inadecuada que es la limpieza, mientras 4 millones de galones de petróleo se vierten en el Golfo diariamente.
Las noticias sobre la negación del acceso a los medios se acumulan al igual que las bolas de alquitrán en la playa (que ahora han llegado hasta el Lago Pontchartrain de Louisiana y a las playas de Texas). La periodista de Mother Jones, Mac McClelland describe su experiencia. "Mi problema con el acceso se remonta a más de un mes atrás. Las calles estaban bloqueadas por subcomisarios en cualquier lugar que podía ser bloqueado por una carretera. Y en los lugares donde no se puede bloquear el acceso a la carretera, donde solo hay playas abiertas, hay guardias de seguridad privados que le dicen a la gente que se tiene que ir. Hay trabajadores de limpieza que le dicen a la gente que no pueden pasar. Fui ECHADA de varias playas públicas y reservas de vida silvestre". A los periodistas de "PBS NewsHour" se les negó acceso en reiteradas ocasiones al tráiler donde funciona el "Sistema Nacional Médico para Desastres" del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que está cercado por alambre de púa. Un equipo de "CBS Evening News" que estaba en un bote fue abordado por otro bote con cinco contratistas de BP y dos miembros de la Guardia Costera de Estados Unidos, y se les negó acceso a una playa inundada de petróleo.
Y la periodista independiente Georgianne Nienaber dijo, "Simplemente estábamos haciendo un recorrido por el Gran Lago cuando los funcionarios de vida silvestre de Louisiana detuvieron nuestra embarcación – e insistieron en que nos pusiéramos chalecos salvavidas, que son necesarios si se está en un bote de menos de 5 metros. Y cuando el funcionario vio mi cámara, me dijo que la guardara, que no se podían tomar fotografías. Claramente parecía tratarse de algo más que su preocupación por nuestra seguridad, fue un mensaje de que no podíamos tomar fotografías y es un sentimiento horrible".
El Dr. Leifer considera que informar es una parte esencial de todo el proceso:
"El acceso de los periodistas es parte del proceso de aprendizaje como sociedad para que cuando haya accidentes en el futuro, de hecho podamos responder de forma inteligente y no con un montón de suposiciones plagadas de desconocimiento y simplemente agitando los brazos y esperando HACER bien las cosas".
Si BP y el gobierno federal permitieran que la información fluyera tan libremente como el petróleo, probablemente estaríamos en camino a lidiar con esta catástrofe.
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2010 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Militares, policías y funcionarios contra reporteros

Álvaro Cepeda Neri

Sin contar la enésima embestida de los militares del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal, ocurrida en la ensangrentada Ciudad Juárez (por los cientos de miles de homicidios), donde golpearon a los reporteros que cubrían el evento en el que participó el señor Calderón (a quien las madres de los 15 adolescentes asesinados le dieron la espalda y le dijeron que no era bienvenido), el año pasado se registraron 183 agresiones a reporteros, 19 ataques a medios y 13 periodistas asesinados. Este reporte lo presentó el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) e informa de él Víctor Ballinas (La Jornada, 23 de febrero de 2010). Días antes, el Comité de Protección de Periodistas había presentado su informe Ataques a la prensa en 2009, donde México ocupa el primer lugar en homicidios de periodistas, en el limbo de la impunidad (La Jornada, 17 de febrero de 2010). Y cuando fue justamente absuelto, de la falsa acusación de la Procuraduría General de la República, el chivo expiatorio de Calderón, Medina Mora, Ulises Ruiz, Juan de Dios Castro y Orellana Wiarco, del homicidio del reportero Brad Will.

Están confirmadas las condiciones para criminalizar a los reporteros, por obra y gracia del calderonismo, de desgobernadores y presidentes municipales, principalmente de Oaxaca, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Guerrero y Durango, donde hubo toda clase de atropellos y homicidios contra quienes desempeñan las libertades constitucionales de informar. En Ciudad Juárez, los militares obstruyeron la labor de los reporteros: mientras el inquilino de Los Pinos, en un lugar cerrado y resguardado por 10 mil soldados, hablaba de libertades y derechos, les arrebataron sus cámaras fotográficas y grabadoras agrediéndolos de manera salvaje. Y siguen sumando violaciones a los derechos humanos a las más de 1 mil, plenamente documentadas, que le mostraron a Calderón.

El informe del Cepet detalla 45 agresiones físicas, 40 amenazas, 16 por acoso e intimidación, 13 por daño a equipo (14 con la de Ciudad Juárez), 13 por despojo de equipo, 10 agresiones verbales, 10 detenciones arbitrarias, nueve acciones legales o requerimientos judiciales; ocho denuncias por robo, seis ataques o amenazas con arma de fuego y siete asesinatos. Y sólo en Chihuahua, Veracruz y Oaxaca se registraron 47 agresiones. Se destaca que los abusos llevados a cabo por funcionarios públicos municipales, de las entidades y del fuero federal, buscan intimidar a los reporteros para que no cumplan con su deber de informar… sin lograrlo, pues los periodistas continúan con su trabajo, a pesar del silencio y ninguna acción penal por la falta de garantías, que deja ver el odio hacia las libertades de prensa de parte de los gobernantes.

Calderón nunca ha reprobado esas agresiones, pues es sabido que el calderonismo odia a la prensa que informa y critica. Y en este contexto, los funcionarios se dan vuelo con sus constantes embestidas, sobre todo a los reporteros. “El Cepet subraya en su informe que en uno de cada tres ataques contra periodistas están involucrados elementos uniformados o con placa; mientras que en uno de cada cuatro la agresión provino de algún funcionario, siendo frecuente encontrar antecedentes de amenazas que tienen su origen en la crítica a la gestión gubernamental”.

El periodismo mexicano crítico y veraz sobrevive en medio de ese panorama, donde… “el menosprecio de los derechos del hombre es la única causa de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobernantes” (Lynn Hunt, La invención de los derechos humanos; Tiempo de memoria. Tusquets, editores).

cepedaneri@prodigy.net.mx

Fuente: Contralínea 184 - 30 de mayo de 2010

Manejo político de datos personales

Daniel Lizárraga

Hasta hace poco –alrededor de ocho meses–, la falta de una ley que impidiera el uso indiscriminado de datos personales facilitó el hecho de que, sin mayores problemas, la Secretaría de Gobernación (Segob) autorizara a una empresa especializada en marketing –comercial y político– la utilización de los números telefónicos de miles de hogares mexicanos en una campaña propagandística de apoyo al presidente Felipe Calderón.

En el marco del tercer informe de gobierno –septiembre de 2009–, la compañía B-Connect logró el permiso de la Segob para probar su nuevo “Sistema de Automatización de Mensajes de Voz”.

La ocasión era propicia, ya que trasmitiría “gratis” los mensajes oficiales sobre los logros del mandatario en programas sociales, en la construcción de infraestructura, en servicios de atención a la salud, etcétera.

Entre la empresa B-Connect y la Segob no hubo contrato ni transferencia de recursos públicos, pero sí un acuerdo en el que, por una parte, las autoridades se dieron por enteradas de la utilización de un call center para apoyar a Felipe Calderón y, por la otra, la empresa se comprometía a no cobrar por sus servicios.

El 17 de agosto de 2009, la Segob recibió una carta donde B-Connect se definía como una empresa que opera dentro de México con un “Sistema Automatizado de Mensajes de Voz” bajo los más altos estándares de calidad e innovación.

“En ocasión del tercer informe de gobierno del Ejecutivo Federal, B-Connect ha tomado la decisión de probar el sistema con la única finalidad de aprovechar el evento mencionado para comprobar la calidad e infraestructura con la que contamos”, señaló la compañía en su misiva, de la cual Proceso obtuvo una copia.

La carta fue entregada a este semanario luego de dos solicitudes de acceso a la información hechas a la Segob. En la primera de ellas, reconoció que B-Connect fue la encargada de transmitir los mensajes mediante llamadas telefónicas en el marco del tercer informe de gobierno, y en la segunda respuesta entregó una copia del documento donde la compañía solicitaba el permiso oficial para trabajar.

B-Connect forma parte de Grupo CIE –la mayor empresa en la industria del entretenimiento en México–, con ingresos anuales de 41 millones de dólares, y se presenta como el líder proveedor “en soluciones de centro de contacto” sirviendo a las industrias financiera, de telecomunicaciones y de bienes de consumo.

“Nuestro corporativo se encuentra en la Ciudad de México, en el centro de todas las actividades financieras y de negocios en México. B-Connect cuenta con tres modernos centros de contacto, con la infraestructura y tecnología necesarias para apoyar las operaciones de nuestros clientes. Estos centros están interconectados con un sistema espejo de almacenamiento de datos, lo que nos garantiza un funcionamiento continuo, sin interrupciones”, indica en su página oficial en internet.

En el papel, esto no podrá volver a suceder para el cuarto informe de gobierno. Al menos no podrá ponerse en marcha de la misma manera, luego de que la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron la creación de una Ley Federal de Datos Personales.

Las nuevas normas

La responsabilidad de administrar los datos personales de los mexicanos –nombres, direcciones, teléfonos, estado civil y números de seguro social, entre otros– estará bajo la responsabilidad del IFAI que, de acuerdo con la nueva legislación, se denominará ahora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Conforme a las nuevas normas, las empresas deberán contar con el permiso de la gente para utilizar su número telefónico o cualquier otro dato personal en campañas de marketing.

Para ello, quienes tengan bajo su custodia datos personales de mexicanos deberán crear un “Aviso de Privacidad”. Se trata de un documento físico, electrónico o en cualquier otro formato que se pondrá a disposición de la gente para que, en su caso, autorice la utilización de su información.

Se considerarán como “datos sensibles” aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual.

Para el uso comercial y propagandístico, en la ley se considera que el ciudadano “consiente tácitamente” en el “tratamiento” de sus datos cuando, habiéndose puesto a su disposición el respectivo “Aviso de Privacidad”, no manifieste su oposición.

De cualquier manera, la misma norma especifica que el consentimiento para usar los datos personales puede ser revocado en cualquier momento.

En el artículo 12 de la Ley Federal de Datos Personales, los legisladores especificaron que, en el tratamiento de los datos personales, las empresas deberán limitarse al fin para el que éstos fueron solicitados. Es decir, que no pueden pasarse de empresa a empresa con diferentes rubros comerciales.

El Aviso de Privacidad deberá contener al menos la siguiente información: identidad y domicilio del responsable que recaba los datos; finalidades del tratamiento de datos; opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos, así como medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Y en el caso de datos personales sensibles, el Aviso de Privacidad indicará expresamente que se trata de este tipo de información.

Las personas que consideren que sus datos personales han sido utilizados sin su consentimiento podrán presentar una denuncia ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Las autoridades, por su parte, otorgarán a las empresas o instituciones involucradas un plazo de 15 días para que puedan defenderse por escrito. En caso de no hacerlo, el instituto procederá con base en las pruebas de que disponga.

La sanción más leve consistirá en un apercibimiento para que las empresas o instituciones protejan los datos personales o, en su caso, los elimine de sus registros.

No obstante, en la ley se prevén multas que van de 100 a 320 mil días de salario mínimo vigente en caso de que de manera reiterada persistan las infracciones.

Esta nueva norma también afectará la manera en que los partidos políticos desarrollan las campañas de sus candidatos a diversos puestos de elección popular; desde alcaldes hasta presidente de la República.

Ahora los partidos no podrán llamar por teléfono ni enviar propaganda a los ciudadanos sin que cuenten con el “Aviso de Privacidad”.

Al aprobar la nueva legislación, los senadores apuntaron que la tecnología de nuestros tiempos permite conocer todo sobre una persona: dónde vive, en qué trabaja, su estado civil, número telefónico, correo electrónico, preferencias sexuales, estado de salud y trayectoria laboral, entre otros; pero eso no significa que esté permitido utilizar toda esa información sin el consentimiento del titular.

En las consideraciones se destaca como “indispensable abatir la compraventa de información que ha convertido a México en un paraíso de datos personales; esta ley no impedirá el libre flujo de datos, antes bien se dará bajo reglas claras y respetuosas dictadas por el titular de dicha información”. l

Transparencia Y Acceso A La Informacion En Mexico MESA POLITICA 11/05/10 NOTICIAS MVS

http://www.youtube.com/watch?v=iGtC4u6ubP0

http://www.youtube.com/watch?v=2baUTTeNtvc

NEVER BE AFRAID.....YOU ARE HOLDING THE TRUTH!

"INFORMATION IS THE MOST DANGEROUS AND POWERFUL WEAPON OF ALL".

-CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA, USA).-

Derecho a la información, sepultado bajo siete llaves

Conjeturas
Por Alvaro Cepeda Neri

Diputados y senadores que integran la dictadura de la mayoría, contra la que tanto nos previene Tocquevielle en su clásico La democracia en América, aprobaron contrarreformas penales autocráticas al Código Federal de Procedimientos Penales (Art. 16), para impedir la información sobre investigaciones en marcha del Ministerio Público Federal (léase PGR, donde la democracia-republicana ha tenido un dique panista) y las ya concluidas, durante un período de tres a doce años.

El autoritarismo del PAN, apoyado por PRI y PRD (de este despedacerío de partido, apoyó la facción de Los Chuchos), logró derogar de facto el Art. 6 constitucional en lo que corresponde a sus recién aprobadas (¡por los mismos legisladores!) siete fracciones que amparaban el derecho a la información.
Donde se establece, ya como letra muerta, que prevalecerá “el principio de máxima publicidad”, de todo aquello que quieran saber los mexicanos en relación a los actos y omisiones de todos los funcionarios federales, empezando por el Presidente de la República en funciones, hasta el último servidor público, de los tres poderes de la Federación. Pero no será así.
Lo que impera es la mínima información y así, los integrantes de la administración pública federal, encabezada por el titular del Poder Ejecutivo; los legisladores del Congreso General y demás funcionarios, ya de por sí protegidos por una serie de limitaciones para informar sobre sus actividades, cuando sean objeto de averiguaciones en la PGR, estarán a buen recaudo y nadie podrá (salvo filtraciones) enterarse de ellas.
No habrá acceso a las averiguaciones previas ni cuando estén ya concluidas para archivarlas o mantenerlas bajo reserva e incluso cuando hayan sido consignadas ante los tribunales. Se trata de poner bajo siete llaves el derecho a la información, cada vez más acotado y sitiado por restricciones, para que no tengamos conocimiento de lo que cocinan en secreto los funcionarios federales.
Y como lo que hace la mano hace la tras, los gobernadores, presidentes municipales y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, también sepultarán la transparencia de sus actos y apretarán más los estrechos conductos para acceder a la información.
Panistas, perredistas del chuchismo y priístas no quieren trabajar en casa de cristal. Han decidido hacerlo de espaldas a la opinión pública. Ocultar los resultados de sus gestiones y sobre todo cuando son malas decisiones. La PGR es una cueva moderna de Alí Baba, para guardar lo que hacen sus agentes y así mutilar a la democracia para que carezca del derecho a la información y los secretos sean el santo y seña de los gobernantes.
Por ahora éstos han hecho reversible la conquista de la máxima publicidad, para dar paso a la mínima información con cero transparencia. Menos democracia y más autocracia, en vísperas de los centenarios de las dos Revoluciones (la de 1810 y 1910), que fueron para darnos el principio de “resolver con más democracia los problemas de la democracia”. Y no al revés.
cepedaneri@prodigy.net.mx