LA SUBORDINACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS DE AMÉRICA LATINA AL COMANDO SUR DE EEUU

Las garras del Comado Sur en América Latina

TRIBUNA POPULAR TP/ESPECIAL, 11 JUN, 2011.- La estrategia del control militar actúa como el sustento clave de la dominación económica, política y social de EEUU en América Latina. En consecuencia, cualquier investigación objetiva (y realista) sobre el proceso de desarrollo de la actividad militar y de los aparatos de seguridad de América Latina arroja invariablemente la siguiente confirmación: Los ejércitos, las policías y los servicios de inteligencia de los países regionales (salvo Cuba) mantienen (en diversos grados de desarrollo) relaciones de cooperación militar, entrenamiento, provisión de armas y de tecnología con el Comando Sur de EEUU.

De estos programas de inserción a la estrategia militar de EEUU, no están exentos -paradojalmente- los propios países que hoy (por derecha y por izquierda) critican y rechazan la instalación de nuevas bases militares de EEUU en Colombia.

Es más, ninguna fuerza armada regional (salvo Cuba) mantiene una posición independiente ni sustenta una hipótesis de conflicto alternativa al decálogo militar y doctrinario de Washington en América Latina.

La estrategia de control económico, político y social de América Latina, se cierra con la estructura operativa del control militar en la cual se insertan -a modo de satélites- los gobiernos, las fuerzas armadas y las policías de toda la región que operan bajo la acción coordinada de los planes de EEUU para América Latina.

Desde hace más de 20 años, en América Latina la democracia de mercado (el "poder blando") convive con la cadena de bases y el Comando Sur cuya misión es preservar la hegemonía y el control militar norteamericano en la región (el "poder duro").

Se trata de una estrategia de "dos caras" orientada a preservar el dominio geopolítico y militar del imperio norteamericano en su histórico Patio trasero.

Con el "poder blando" como alternativa de dominio, la estrategia geopolítica imperial norteamericano desarrolla simultáneamente -a nivel complementario- la estrategia del "poder duro" con despliegue militar-nuclear y bases desplegadas por todo el planeta, además de tropas listas para actuar allí donde la situación lo requiera.

Actualmente el despliegue militar global de EEUU, se divide en cinco comandos regionales: 1) Joint Forces Command (USJFCOM) para la región de América del Norte, 2) Southern Command (USSOUTHCOM) para América Central y del Sur, 3) Pacific Command (USPACOM) para Asia y Oceanía, 4) European Command (USEUCOM) para Europa y África, 5) Central Command (USCENTCOM) para las regiones del noreste y cuerno africano, Península Arábiga, Golfo Pérsico y Asia Central.

El 1 de octubre de 2007 entró en operaciones el USAFRICOM, o AFRICOM, un Mando Combatiente Unificado del Pentágono, responsable de las operaciones militares de EEUU en relación con las 53 naciones africanas (excepto Egipto). Pasó a ser totalmente autónomo y operativo el 30 de septiembre de 2008.

Desde 1903 a 1999 la sede central del Comando Sur de EEUU estuvo en el canal de Panamá. A partir de 1997, y luego del acuerdo Carter-Torrijos, su centro operacional se trasladó a Miami, Florida.

A partir del año 2000 el Pentágono comenzó a operar a través del Comando Sur el nuevo sistema de control militar regional, a través de los llamados puntos de avanzada de operación, con el nombre de Forward Operation Location (FOL)

Estos puntos de operación militar FOL fueron diseñados como centros de "Movilidad estratégica" y " utilización de fuerza decisiva," en guerras de relámpago, con bases y tropas aerotransportadas de despliegue rápido.

De esta manera, en América Latina, la democracia de mercado norteamericana convive con la cadena de bases y la Cuarta Flota cuya misión es preservar la hegemonía militar norteamericana en la región y rodear las grandes fuentes de energía, agua potable y biodiversidad que un futuro podrán asegurar la supervivencia del Imperio USA.

En este escenario estratégico, el Comando Sur de EEUU (USSOUTHCOM), el ensamblador operativo de la estrategia militar, incluye en su "área de responsabilidad" a 32 naciones: 19 en América Central y América del Sur, y 13 en el Caribe.

Operativamente, el Comando Sur se divide en cuatro regiones: Centroamérica, Caribe, Sistema Andino y Cono Sur.

En 1997, el área de responsabilidad del Comando Sur se expandió para incluir “el Mar Caribe, el Golfo de México, y una porción del Océano Atlántico”, que previamente había sido responsabilidad del Comando Atlántico.

En 2008, la estructura operativa del Comando Sur se complementó con el relanzamiento de la Cuarta Flota de guerra, con radio de acción en los océanos Pacífico y Atlántico y en las aguas territoriales de América Latina.

El Comando Sur de EEUU en América Latina se autodefine como un "comando de modelo unificado" cuya reestructuración y expansión de su arquitectura estratégica "nos permitirá continuar con la Guerra Contra el Terrorismo de una manera más efectiva".

Las estrategias operativas del Comando Sur se orientan en primer término al control militar-estratégico de las fuentes de recursos naturales vitales para la supervivencia futura de EEUU: Reservas energéticas, agua, y riquezas de biodiversidad.

Bajo el marco doctrinario de la "defensa de la seguridad regional" amenazada por el "terrorismo", el "narcotráfico", y el "crimen organizado", el Comando Sur realiza la unificación y coordinación de los ejércitos regionales mediante acuerdos de cooperación militar, que incluyen provisión de entrenamiento, de armas y de tecnología militar.

El 21 de julio del 2004, el General Bantz J. Craddock, entonces jefe del Comando Sur declaró ante el Comité del Senado para Servicios Armados, que su prioridad principal sería “continuar con la Guerra en Contra del Terrorismo en el Área de Responsabilidad de Comando Sur”.

Bajo estas consignas, el Comando Sur a través de su Estrategia de Seguridad y Cooperación (Theater Security Cooperation Strategy) integró a todos los gobiernos y fuerzas armadas de la región a su diseño de estrategia continental orientada a preservar la "seguridad" y la "gobernabilidad democrática" de la región.

La nueva hipótesis de conflicto

Todos los ejércitos y policías locales, sin excepción (salvo Cuba), se alinean actualmente en las tres hipótesis de conflicto diseñadas por el Comando Sur para toda la región: Guerra contra el "terrorismo", guerra contra las drogas, y guerra contra el "crimen organizado".

Ya desaparecido el "peligro rojo" con la URSS, y con un creciente proceso de conflictos sociales en varios países del área, la estrategia militar de Washington busca nivelar a las inteligencias militares y policiales regionales en la nueva hipótesis de conflicto global: la "guerra contraterrorista" que sustituye en el tiempo a la "guerra antisubversiva aplicada por las dictaduras militares de la década del setenta.

Con la desaparición de la guerra por áreas de influencia con la URSS, las viejas consignas "anticomunistas" de las dictaduras militares formadas en la Escuela de las Américas fueron sustituidas gradualmente por las banderas de la lucha contra el terrorismo, las drogas y el crimen organizado con las que hoy EEUU justifica su injerencia intervencionista en la región latinoamericana.

Las nuevas hipótesis de conflicto regional y las coordenadas de control militar-estratégico se trazan a partir de la estrategia global de la "guerra contra el terrorismo", que reemplaza en la lógica doctrinaria imperial a la "guerra contra el comunismo" de la década del setenta y de la era reaganiana en Latinoamérica.

De la misma manera que su antecesora, la "guerra antisubversiva", equipó y adiestró a los ejércitos militares dictatoriales latinoamericanos, hoy la "guerra contra el terrorismo" repite el ciclo en un estadio superior y con regímenes "democráticos".

Durante la Guerra Fría, las hipótesis de conflicto y las evaluaciones de la seguridad nacional de los EEUU en el América Latina fueron casi exclusivamente relacionadas con el avance de las organizaciones de la izquierda armada en América.

En 1990 el Comando Sur redefinió su misión de manera que incluyera la defensa en contra de lo que se definió como amenazas "emergentes" y "no tradicionales", principalmente el tráfico de drogas.

A partir del Acta de Autorización de Defensa de 1990, el Departamento de Defensa estadounidense (Pentágono) comenzó a desarrollar una nueva estrategia de control militar en América Latina.

A partir de la gestión de la administración Clinton, el Pentágono comenzó a justificar una nueva escalada militar en la región argumentada en programas de guerra contrainsurgente contra la "narcoguerrilla".

En 1999, último año del que se dispone de datos oficiales, EEUU entrenó a unos trece mil militares y policías latinoamericanos. Por lo menos dos tercios de esa cifra fueron formados y entrenados en sus propios países por equipos móviles y oficiales de las fuerzas especiales de EEUU, que operaban bajo los programas de las Fuerzas Especiales para Entrenamiento Antidrogas y despliegues de Intercambio Conjunto Combinado para la lucha contra los narcóticos.

En el 2002, durante la gestión de Bush, el Congreso de EEUU aprobó una "expansión de la misión” para las operaciones del Comando Sur, y la ayuda militar regional y el entrenamiento que anteriormente estaba limitado a la lucha "antinarcóticos", comenzó a ser canalizada masivamente para la "guerra contra el terrorismo".

En marzo de 2005, el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, visitó América Latina para imponer acuerdos concretos contenidos en la nueva estrategia de guerra contraterrorista global que Washington y el Pentágono ya tenía diseñada para la región, tal cual como fue expuesta en el Congreso estadounidense por el jefe de la CIA, Porter Goss, y el entonces comandante del Comando Sur de EEUU, general Bantz Craddock.

Operativamente, la "guerra contraterrorista" busca alinear -mediante acuerdos de cooperación militar, tratados, entrenamiento y operaciones conjuntas- a los servicios de inteligencia, policías y ejércitos regionales en un plan estratégico de "combate contra el terrorismo", cuyo eje organizador y operativo se centraliza en el Comando Sur de Estados Unidos.

Así como los preceptos doctrinarios de la "doctrina de seguridad nacional" de la década del setenta identificaron al "subversivo" como el principal enemigo de la "libertad" y el "orden", la nueva doctrina sitúa al "narco-terrorista" como la fuente del "caos" y la "violencia" que amenazan por igual a toda la región.

Detrás del "narco-terrorista" se agazapan el negocio de las drogas, la prostitución, las mafias y las armas, pero, básicamente en sus entrañas acechan los viejos fantasmas del "caos" y de la "violencia", cuyo enganche con los conflictos sociales sintetiza el flamante objetivo neo-represor de la "guerra contraterrorista" adoptada por todos los gobiernos latinoamericanos (salvo Cuba).

Entrenamiento y formación doctrinaria

De esta manera, y a partir de la administración Bush, se produjo la nueva inserción operativa nivelada de las fuerzas armadas, las policías y los servicios de inteligencia regionales en la estrategia de "guerra contra el terrorismo", combate contra el "narcotráfico" y el "crimen organizado", de acuerdo con planes operativos e hipótesis de conflicto elaborados por el Comando Sur (Pentágono) y la CIA (inteligencia exterior USA), instrumentados mediante convenios militares y económicos de los gobiernos con Washington.

Sobre la base de esta nueva hipótesis de conflicto regional, todos los ejércitos y policías regionales participan (desigual y combinadamente) de ejercicios militares periódicos con las fuerzas del Comando Sur, y sus oficiales, tanto de nivel intermedio como de estado mayor, son entrenados por expertos militares y de inteligencia de EEUU.

De acuerdo con informes del Comando Sur, oficiales latinoamericanos (tanto militares, como de seguridad e inteligencia, desarrollan cursos de "especialización" en más de 100 instituciones militares y de inteligencia de EEUU.

El Comando Sur estadounidense provee entrenamiento, en EEUU y en los países de de origen, a oficiales de 32 naciones a lo largo de la región latinoamericana. En el periodo de 1999-2003, oficiales de las fuerzas especiales de EEUU entrenaron a 72,495 miembros de las fuerzas armadas latinoamericanas y del Caribe, según informes oficiales. El número de entrenados saltó de 13,785 en 1999 a 22,831 en 2003.

Según informes del Programa de Formación y Entrenamiento Militar Internacional elaborado por el Comando Sur, solamente en el año 2002, de estos cursos de formación participaron 2.684 oficiales latinoamericanos.

La región latinoamericana y la caribeña conforman aproximadamente el 40% de las fuerzas regionales militares y policiales entrenadas por los EEUU, según informes del Comando Sur.

Colombia es el país con más entrenados (12,947 en el 2003). El otro país que posee más de mil entrenados es Bolivia (2,045). A lo largo del continente latinoamericano, el Comando Sur USA entrena tropas especiales y policía, incluso en las naciones más pequeñas como la República Dominicana y Antigua.

También México es parte del programa de entrenamiento, las naciones de América Central, (incluyendo Belice), y todas las naciones sudamericanas, excepto la Guyana Francesa.

Aunque las leyes de EEUU prohíben el entrenamiento de tropas extranjeras, el Pentágono no da informes detallados al Congreso acerca de dónde son entrenadas las tropas o qué unidades extranjeras están recibiendo formación.

El objetivo principal de estos cursos de especialización se orienta a "desnacionalizar" ideológicamente a los militares de los países del continente, y a formarlos bajo presupuestos operativos y doctrinarios funcionales a los planes USA de control militar estratégico de América Latina.

De la misma manera que el jefe de estado mayor de Honduras, el general golpista Romeo Vázquez, la mayoría de los oficiales superiores que acceden al comando de las fuerzas armadas regionales han sido formados en la Escuela de las Américas, hoy rebautizada como Instituto del Hemisferio Occidental de Cooperación para la Seguridad.

Atento a estos convenios de "cooperación militar" (en la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen organizado) , el Comando Sur, la CIA, el FBI, la DEA, y otras agencias USA, mantienen delegaciones en las fuerzas armadas, policías y servicios de inteligencia de todos los países (salvo Cuba, parcialmente Venezuela).

Desde estos emplazamientos dentro de los estados mayores de las fuerzas regionales, la agencia nacional de inteligencia militar (Pentágono), la CIA, el FBI, la DEA, monitorean toda la actividad militar, policial y de inteligencia de los países alineados en las políticas de "cooperación militar" con Washington.

A esto se agrega el entrenamiento mediante diez o doce ejercicios militares multilaterales anuales, intercambios regulares y cursos para oficiales de estado mayor ofrecidos en un nuevo Centro de Estudios para la Defensa Hemisférica en Washington.

El Comando Sur tiene una categoría para todas sus operaciones que se llama “Cooperación para la Seguridad”, cuyas actividades apuntan a “expandir la influencia de los EEUU, asegurar amigos, y disuadir a los adversarios políticos”.

Estas operaciones de seguridad van desde ejercicios militares conjuntos, a ayuda para desastres y programas de acción cívica. Unas veinte naciones participan, por ejemplo, en los ejercicios anuales denominados “Fuerzas Aliadas Humanitarias”, que instruyen a las fuerzas armadas locales como responder en caso de desastres.

En 2003, los ejercicios incluyeron 31 proyectos de ingeniería y 70 despliegues de tropas en la región. Los ejercicios militares conjuntos incluyen muchas operaciones navales, con sede en Uruguay y Perú.

El Comando Sur también patrocina algunos entrenamientos anuales y ejercicios conjuntos en conservación de la paz, encaminados a “fortalecer las habilidades de conservación de la paz, la cooperación y capacidades” de las fuerzas militares de la región.

Además, y encuadrado dentro de la nueva estrategia de "seguridad regional", el Comando Sur expandió su programa de Asistencia Humanitaria y Cívica, en el cual escuadrones de EEUU construyen infraestructura o proporcionan asistencia médica (98 de estos proyectos tuvieron lugar en países latinoamericanos en el año 2000).

En un reporte conjunto elaborado por el Centro para la Política Internacional, el American Working Group, y la Washington Office on Latin América, se advierte que los programas de Ayuda Cívica y Humanitaria transmiten un mensaje inapropiado que dice: "aliándose a los militares es la mejor forma de hacer las cosas en tu comunidad”.

En este marco, los nuevos Emplazamientos Operativos Avanzados (léase bases militares extendidas por toda América Latina), ofrecen renovadas posibilidades de contacto, al igual que una expansión de los seminarios, conferencias y otras actividades de Interacción Militar financiadas con presupuestos del Comando Sur.

De estos programas de inserción a la estrategia militar de EEUU, no están exentos -paradojalmente- los propios países que hoy (por derecha y por izquierda) critican y rechazan la instalación de nuevas bases militares de EEUU en Colombia.

Países con gobiernos de izquierda o de derecha, desde Centroamérica, el Caribe, el Sistema Andino hasta el Cono Sur, albergan bases militares, mantienen sus fuerzas armadas alineadas en la "guerra contra el terrorismo", sustentan convenios de entrenamiento militar y participan de operaciones conjuntas con el Comando Sur de EEUU.

Nicaragua, cuyo presidente es Daniel Ortega, uno de los más firmes denunciantes y acusadores del gobierno de Uribe por la instalación de las bases militares de EEUU, fue sede, en junio de 2008, de ejercicios auspiciados por el Comando Sur de Estados Unidos y el Ejército de este país centroamericano con la participación de más de 500 militares de 22 países (de los 34) de América Latina

Al final de los ejercicios, el entonces jefe del Comando Sur, almirante James Stavridis, destacó el trabajo conjunto realizado por el Ejército y la Policía de Nicaragua "por sus excelentes esfuerzos en el combate al narcoterrorismo".

Fuente: IAR Noticias

Avanza expansión militar estadunidense en América Latina

Frente al creciente rechazo latinoamericano al militarismo estadunidense, el gobierno de Barack Obama debería de rediseñar su fallida política económica, militar y antinarcóticos en la región consideran analistas. Explican que como ni los demócratas ni los republicanos parecen dispuestos a reaccionar en ese sentido, sólo la presión de los propios estadunidenses lograría hacerlo.

Nydia Egremy

En octubre de 2008, Rafael Correa, presidente de Ecuador, visitó Italia y desde ahí lanzó una propuesta: si Estados Unidos permitía al país andino instalar una base militar en Miami, se renovaría la autorización para que continuara funcionando en la costera ciudad ecuatoriana de Manta el estadunidense Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés); de otra manera, las tropas estadunidenses deberían abandonar esas instalaciones en noviembre de 2009 cuando expiraría el acuerdo bilateral firmado en 1999. Y así fue, aunque el desalojo ocurrió con cinco meses de anticipación, pues el viernes 17 de julio despegó de la base ecuatoriana el último avión militar estadunidense, relata John Lindsay Poland, codirector de la Fraternidad de Reconciliación de la Fuerza de Tarea para América Latina y el Caribe. Dice que, pese a esa medida, “el Pentágono no aprovechó esa ocasión para reexaminar sus misiones en la región o corregir sus excesos; por el contrario, los militares parecen decididos a escalar sus operaciones en Los Andes”.

Precisamente son la mayoría de gobiernos de la región andina los que rechazan la operación de esas instalaciones militares en su territorio, porque consideran que su función es meramente contrainsurgente; un razonamiento que respalda Adalberto Santana, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Afirma que se trata de “planes contrainsurgentes, no contra la delincuencia organizada”, pues desde esas instalaciones militares en todo el continente se lanzaron en el pasado operativos para contrarrestar los movimientos revolucionarios en la zona.
Este 2009 es “muy peligroso para América Latina por la agresividad del pentagonismo, es decir, el avance del complejo militar industrial estadunidense” hacia los países que ellos consideran como una grave amenaza a su seguridad nacional y a sus intereses en la región: Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, advierte el investigador. Recuerda que Honduras es un enclave estratégico que comparte fronteras con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, por lo que para Estados Unidos ése fue un punto desde donde lanzó operativos destinados a contrarrestar los fenómenos revolucionarios de la región en la década de 1980.
Porque persiste la importancia estratégica de Honduras, detrás del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya estaría su solicitud a Estados Unidos para retirar sus fuerzas de la base aérea de José Enrique Soto Cano en Palmerola –en Comayagua, antigua capital de Honduras–, que aloja a la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, revela Santana. Dice que en ese país opera otra instalación militar con presencia estadunidense: la base naval de Puerto Castilla en Tocoa, departamento de Colón.
A su vez, Lindsay-Poland recuerda que las instalaciones de Palmerola son herencia de la Administración Reagan, construidas en 1984 para combatir al gobierno sandinista en Nicaragua, y en un intento por evitar el triunfo de la revolución de izquierda en El Salvador se armó a los contras, violando la prohibición del Congreso y se les brindó entrenamiento militar y apoyo con helicópteros desde Soto Cano.
Ya en este siglo, la ofensiva de los “halcones estadunidenses y del complejo militar industrial –apoyado por la señora (Hillary) Clinton”, que presiona para revertir los procesos revolucionarios en América Latina–comenzó con Honduras. Buscan ubicarse contra otros gobiernos de la región, expresa Santana. Para conseguir ese objetivo, la doctrina militar estadunidense hacia la región ya no apunta directamente contra la contrainsurgencia, sino que identifica al narcotráfico como su principal blanco; aunque “buena parte de los militares de esos países, como en el caso mexicano, han estado ligados al narcotráfico”, afirma el investigador, autor de El narcotráfico en América latina: un fenómeno político y social.
Lo que hacen
No importa si es una base aérea o para barcos y submarinos, o en qué superficie se extienden, “lo sustancial es lo que están haciendo: las actividades, los privilegios y derechos que adquieren a través de los acuerdos”, como ocurrió en Ecuador y lo que puede venir en Colombia con las cinco bases que sustituirán a la de Manta. En parte, la principal misión de una base militar es controlar la información; tienen capacidades para monitorear conversaciones telefónicas desde muchos lugares y, también, donde existe presencia militar humana hay inteligencia humana y están en condiciones de controlar el terreno, expresa Lindsay-Poland.
Información de la Guardia Costera estadunidense sacó a la luz otra actividad que se realizó desde Manta: el seguimiento al tráfico de migrantes de esa nación, por lo que alrededor de 7 mil 953 fueron capturados en aguas territoriales e internacionales entre 1999 y 2007. Sin embargo, tras la salida precipitada de Estados Unidos de esa base, las investigaciones oficiales ecuatorianas apuntan a que se ejecutaron “abordajes ilegales, hundimiento de embarcaciones, maltrato a pescadores y desapariciones”.
De acuerdo con la Comisión de Asuntos Internacionales y de Seguridad Pública del Legislativo ecuatoriano, que investiga posibles violaciones al acuerdo binacional Ecuador-Estados Unidos de 1999, el balance de 10 años de presencia militar estadunidense en Manta es: la captura de 1 mil 758 toneladas de cocaína cuyo valor en la calle equivaldría a 35 millones 100 mil dólares, así como 3 mil 11 detenciones desde 2000 al primer semestre de 2009. No se descarta, según Marcos Martínez, presidente de esa comisión, “la supuesta participación de esos militares en el hundimiento de barcos con migrantes”, así como la comisión de otros actos ilícitos.
¡No! a las bases militares
La expansión militar estadunidense en América Latina se consolidó desde su presencia en el Canal de Panamá. A partir del Comando Sur, el Departamento de Defensa estadunidense instaló bases militares en la región, que ahora se transformaron en Puestos de Operaciones Avanzadas. De acuerdo con los objetivos del Comando Sur, esos puestos militares buscan: proteger, consolidar y expandir las democracias occidentales; garantizar la eliminación de las amenazas que atenten contra la estabilidad de los países democráticos; cooperar con el desarrollo económico y social de los países de la región; eliminar la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales, así como capacitar y entrenar a los militares de la región.
Al sur del río Bravo, las tropas estadunidenses se instalan en cuatro zonas de América Latina: Centro América (principalmente en Honduras y El Salvador –con la base de Comalapa– para vigilar al narcotráfico, dar entrenamiento policiaco, apoyo de helicópteros y programas de asistencia militar); el Caribe (Guantánamo en Cuba y Vieques en Puerto Rico son las principales), el Cono Sur y el Sistema Andino (Perú, Colombia y Bolivia). En esta región, Perú aloja las bases de Iquitos, Santa Lucía y Nanay; Tres Esquinas, Larandia, Puerto Leguisamo y Leticia en Colombia y la base de Charapé en Bolivia.
El proceso de extensión sigue a nivel naval, con la construcción del enclave para submarinos en Surinam, en la Guyana holandesa, y que el gobierno de Brasil rechaza porque representaría una fuente de tensión contra Venezuela en el Atlántico, Aruba y en Curazao (ambas ínsulas bajo dominio holandés, la segunda a sólo 50 kilómetros de Venezuela, en la que fuerzas armadas estadunidenses operan también una instalación militar cercana al aeropuerto internacional).
En Paraguay, el debate se centra en la mayor base aérea de la zona llamada Mariscal Estigarribia, pues al asumir el poder el presidente Fernando Lugo negó que fuera un territorio ocupado por fuerzas estadunidenses. Desde ese lugar, cualquier aeronave puede desplazarse en sólo unos minutos hacia cualquier punto de Suramérica. Más al sur del continente americano, Lindsay-Poland habla de ocho enclaves militares que sobreviven en Argentina a pesar del deseo de las autoridades de aquel país. La información respectiva cobró fuerza en marzo de 2007 cuando un tribunal ético en Argentina, cuyo fiscal fue Carlos Zamorano, dictaminó que las bases militares estadunidenses en América Latina “violan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la región”.
Ese magistrado estimó que la política “intervencionista” de Estados Unidos busca promover el militarismo en esas naciones, como en la Patagonia argentina, en donde desde 2001 se habló de construir una base militar y nuclear en Tierra del Fuego, cercana al Estrecho de Magallanes, una zona estratégica que vincula al Atlántico con el Pacífico. Asimismo, se planteó la edificación de la base en la zona de Chubut como una ampliación de las instalaciones Torre Omega (entre las ciudades de Trelew y Puerto Madryn) y que en la Guerra de las Malvinas habría transmitido información clasificada a las tropas británicas.
Otro enclave militar extranjero en aquel país sería el de la Isla Grande, que a través del decreto 1369 de 2001 se habilitó como una base del Sistema Internacional para la Prevención y Prohibición de Ensayos Nucleares, que permite el libre tránsito de las fuerzas foráneas por toda la provincia porque así lo requieren sus investigaciones.
Precisamente en octubre de 2006, fuerzas armadas de varios países, incluidas las argentinas, participaron en un ejercicio militar multinacional en la llamada Operación Hermandad, cuyo objetivo fue “recuperar un aeropuerto que había caído bajo el control de una potencia extracontinental y que se utilizaba para el envío aéreo de tropas y su despliegue en la región”. Sin embargo, acota Lindsay Poland –quien también ha participado en las Brigadas internacionales de Paz en distintos conflictos de América Latina–, Estados Unidos es justamente la única potencia con la capacidad para transportar tropas por vía aérea en una operación como la que “combatió” en ese ejercicio.
Precisamente, la inquietud que provoca entre los argentinos la presencia de tropas extranjeras y operaciones militares desde su territorio dio lugar a que el vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Argentina, Miguel Monserrat, recordara en 2007 que el “intervencionismo” de Estados Unidos en la nación suramericana se remonta a dos siglos de existencia, aunque en la actualidad “es preocupante por el nivel de agresividad” que representa la instalación de bases militares en el continente.

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