Llegó la crisis alimentaria

Olivier De Schutter, relator especial del Derecho a la Alimentación de la ONU, advierte que 2010 será el escenario de una profunda crisis alimentaria en el mundo. Esto, derivado de los privilegios económicos y comerciales que otorgan las políticas públicas a la agroindustria, y que dejan de lado a los pequeños productores. Informes oficiales revelan cómo en México los subsidios de la Sagarpa son depositados en cuentas de trasnacionales como Bachoco, Cargill, Archer Daniels Midlan, Minsa, Maseca. Además, muestran la miseria extrema de más de 20 millones de campesinos.

Érika Ramírez

Iniciado 2010, el mundo se verá inmerso nuevamente en una crisis alimentaria. Ello, resultado del constante incremento en los precios de los productos, así como la disparidad en el otorgamiento de los subsidios entregados a las corporaciones del sector agropecuario, advierte el relator especial del Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Olivier De Schutter.
México no será la excepción. Informes oficiales muestran una tendencia a concentrar los subsidios otorgados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en manos de trasnacionales, y en detrimento de los millones de campesinos.
En entrevista con Contralínea, el representante de la ONU critica el impacto que ha tenido la liberación de las políticas agropecuarias a través de la firma de tratados comerciales, ya que actualmente los países instrumentan políticas públicas que apoyan al sector agroexpotador y “dejan de proteger a los sectores menos competitivos; lo que incrementa la desigualdad”.
De Schutter explica que de las 1 mil 20 millones de personas que padecen “hambre crónica” en el mundo –la sexta parte de la población mundial–, más de la mitad son pequeños productores marginados de las políticas gubernamentales.
Los pobres de México
En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó, a finales de 2008, que la población en condiciones de pobreza alimentaria en el sector rural (es decir, que no tiene ingresos ni para comer) es de más de 27 millones de mexicanos.
Apenas el año pasado, la miseria de los campesinos acaparaba al 62.8 por ciento de la población que subsiste de la producción de alimentos, esto es, 12.2 millones de personas. Mientras, en 2006 era del 65.3 por ciento, 9.4 millones de campesinos. En apenas dos años de la administración de Felipe Calderón, la cifra se incrementó en 3 millones de personas, indica el Coneval.
“El aumento de la pobreza alimentaria durante el periodo 2006-2008 se debe, en gran medida, al adverso entorno nacional e internacional en materia económica, especialmente por el alza de precios de la canasta básica”, según el capítulo 2.8 “Sector rural” del Tercer informe de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Del documento de la Presidencia también se desprende que otros 15 millones de campesinos se enfrentan a la pobreza de capacidades (incapacidad para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, salud y educación).
No obstante, Calderón Hinojosa arguye que su administración “contribuye a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema, favoreciendo el desarrollo de las capacidades en educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias”, a través del Programa Oportunidades.
A junio de 2009, reporta el informe presidencial, de los 27 millones 253 mil pobres alimentarios y de capacidades en zonas rurales reportados por el Coneval, Oportunidades atiende a 21 millones 239 mil personas que representan cerca de 80 por ciento del total de los más pobres y significan 4 mil 247 millones 900 familias.
Los “apoyos” destacados por el mandatario mexicano son: 210 pesos mensuales por familia “para mejorar la alimentación”, 120 pesos más (derivado del Apoyo Vivir Mejor) “para compensar la disminución del poder adquisitivo por causa del incremento internacional de los precios en alimentos”.
También menciona el apoyo al gasto en energéticos, de los que se entregan 55 pesos mensuales por familia. En tanto que para educación se dotan entre 140 y 890 pesos mensuales por becario.
Los ricos del campo
Contrario al apoyo mensual de poco más de 200 pesos por familia que ofrece a los más pobres el Programa Oportunidades, el padrón de beneficiarios del Programa de Atención a Problemas Estructurales de la Sagarpa entregó más de 4 mil 800 millones de pesos a las agroempresas, apenas el año pasado.
Los subsidios fueron “compensatorios” para la comercialización de maíz, trigo, sorgo, café y porcinos, y se canalizaron a través de las oficinas de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, órgano administrativo desconcentrado de la Sagarpa.
El informe, actualizado al 5 de septiembre de 2008, indica que se asignaron 4 mil 804 millones 558 mil 664 pesos mediante 4 mil 337 transferencias monetarias a empresas nacionales y trasnacionales. En la lista destacan: Bachoco, Cargill, Archer Daniels Midlan, Minsa y Molinera de México, entre otras. Esta última, afiliada al Grupo Maseca (Gruma, compañía dedicada procesar tecnológicamente el maíz), propiedad del empresario Roberto González Barrera.
“González Barrera, presidente del consejo de administración de Gruma, recibió de la revista londinense World Finance el premio World Finance 100, el cual reconoce a las 100 empresas globales que han alcanzado los más altos niveles de desempeño en sus campos de acción y que, con su liderazgo, han impulsado el desarrollo de su industria en el mundo”, dice una nota de la redacción del periódico La Jornada, fechada el 29 de septiembre pasado.
Federico Ovalle Vaquera, secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos y diputado federal, asegura que el gasto rural tiene un “uso perverso” del que “trasnacionales y grupos poderosos, nuevos despachos, fundaciones, consultoras y uniones conformadas en los últimos nueve años se apoderan de más del 80 por ciento de los recursos asignados al agro nacional”.
Algunas organizaciones civiles privilegiadas, acusa el legislador por el Partido de la Revolución Democrática, no tienen que enfrentar “montañas” de requisitos y reglas de operación, como lo tienen que hacer las centrales agrarias del sector social, para tener acceso a los recursos presupuestales.
Riesgo: insuficiencia alimentaria
Olivier De Schutter, relator especial del Derecho a la Alimentación de la ONU, explica que uno de los errores del sistema neoliberal es que algunos países del mundo no fortalezcan su producción interna, por lo que se exponen a la volatilidad de los precios internacionales.

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Multimillonario despojo a productores de maíz

JESUSA CERVANTES

La cancelación unilateral y anticipada, por parte del gobierno federal, de un seguro de cobertura firmado con la Bolsa de Valores de Chicago, se tradujo en multimillonarias pérdidas para productores de maíz de Sinaloa, quienes aseguran que han sido defraudados. La suma: más de mil 200 millones de pesos. Ellos reclaman que se les pague su dinero y exigen la comparecencia de los titulares de Sagarpa y Aserca, pues además, afirman, esa irregularidad beneficia a grandes comercializadores del grano, como Maseca, Minsa, Cargill y Archer Daniels Midland (ADM).

Productores de maíz de Sinaloa denunciaron que el gobierno federal los defraudó e hizo "mal uso" de recursos públicos por mil 200 millones de pesos al cancelar, prematuramente y sin consulta, los seguros de cobertura que tenía firmados con la Bolsa de Valores de Chicago.Más de 20 mil productores de maíz blanco de la entidad dieron cuenta el año pasado, por medio del diputado federal del PRD Juan N. Guerra, de ese despojo millonario, del que acusan al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas, y a la directora de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), Ana Graciela Aguilar Antuñano.La defraudación de que han sido objeto la atribuyeron al hecho de que el gobierno de Felipe Calderón adoptó una política de subsidios que en primer lugar beneficia a los comercializadores, sobre todo a "los cuatro grandes", que se quedan con 60% de la producción: Maseca, propiedad de Roberto González Barrera; Minsa, de Raymundo Gómez-Flores, y las trasnacionales Cargill y Archer Daniels Midland (ADM).Los productores de la entidad, encabezados por Ocadio García Espinoza, presidente del Frente de Defensa de Productores Agrícolas del Estado de Sinaloa y por el dirigente Arnulfo Rosas Encines, realizaron el pasado 28 de agosto un plantón en las afueras de la delegación de Sagarpa en la entidad, donde expusieron la falta de pago y acusaron a los funcionarios de Sagarpa y Aserca de "estar jineteando" su dinero.Como el diputado Juan N. Guerra solicitó a dichas instancias información sobre el tema, sin obtener una respuesta satisfactoria, el pasado 9 de septiembre propuso un punto de acuerdo para llamar a comparecer al titular de Sagarpa, Alberto Cárdenas. En esa comparecencia ante los legisladores, propuso el perredista, el secretario Cárdenas deberá explicar por qué se canceló con anticipación, y sin autorización de los productores, el seguro de cobertura, cuál fue el intermediario (broker) que realizó la operación en la Bolsa de Valores de Chicago y cómo hará frente el gobierno a su obligación de pagar el dinero retenido o jineteado.
Las nuevas reglas
El origen de este caso es que, bajo la lógica de la especulación, y sin la autorización de la Cámara de Diputados, el gobierno de Felipe Calderón inició su mandato imponiendo nuevas reglas para entregar apoyos y "proteger" a productores y comercializadores de maíz blanco. Conforme a las nuevas disposiciones, que eliminaron los tradicionales precios de garantía, a partir de 2007 ambos integrantes de la cadena productiva de la tortilla deben acordar un contrato de venta o compra anticipada de su producto a cambio de aceptar un seguro de cobertura que se fija entre Aserca y la Bolsa de Valores de Chicago.A raíz de que la actual administración estableció el Programa Especial Concurrente (PEC), que agrupa todos los apoyos económicos para el campo, las reglas para distribuir los recursos ya no son fijadas por los legisladores federales, sino por el titular de Sagarpa. Así, ahora hay un precio por tonelada de maíz que se establece, entre otros factores, a partir del precio de cotización del maíz amarillo en la Bolsa de Valores de Chicago, más 20 dólares por tonelada para el maíz blanco, que no cotiza allá.Según explicaron a Proceso el legislador Guerra y varios productores entrevistados que prefirieron omitir sus nombres para no ser excluidos de futuros apoyos, dentro del Programa de Compra Anticipada de Maíz Blanco se fijó para 2008 un precio de 2 mil 600 y 2 mil 800 pesos por tonelada, dependiendo del mes en que se firmó el contrato. Sin embargo, de acuerdo con la cotización del grano en junio en la Bolsa de Valores de Chicago, y conforme a los seguros de cobertura adquiridos, el pago por tonelada debió ser considerablemente superior. Juan N. Guerra precisó: "El Programa de Compra Anticipada de Maíz Blanco se complementa con la compra por parte de la Sagarpa, a través de Aserca, de coberturas o una especie de seguro que se contrata con la Bolsa de Valores de Chicago". Hay, de acuerdo con los entrevistados, dos tipos de cobertura: la llamada call, que el gobierno federal cubre a 100% para los productores, y la put, destinada al comercializador, quien cubre 50% mientras el gobierno asume otro 50%.Según los datos de Aserca, en el ciclo de siembra primavera-verano de Sinaloa, la cobertura o especie de prima de seguro que se pagó por tonelada fue para el productor de 212 pesos, y para el comprador, de 284 pesos."Estas coberturas son para dar la garantía, bajo este esquema, de que el productor ya no va a tener un precio más bajo del que firmó en el contrato con Aserca, y de que al comprador (futuro comercializador) ya no se le va a vender a un precio más alto del que firmó", apuntó uno de los productores.El legislador, quien no está de acuerdo con este esquema, refirió que, aun antes de que empezara la cosecha, los contratos que los productores y compradores signaron con Aserca fijaron un precio de 2 mil 600 y 2 mil 800 pesos por tonelada. Pero el seguro que contrató Aserca -mediante un broker, porque Aserca no cotiza en esa bolsa- tenía vencimiento para julio, por lo que la Bolsa de Valores de Chicago tendría que haberlo liquidado el último fin de semana de junio, cuando el grano "tuvo un valor de 3 mil 315 pesos, es decir, 715 pesos más arriba que en el primer caso y 515 pesos superior en el segundo".El problema, destacó el diputado Juan N. Guerra, es que, de acuerdo con lo que le manifestó la propia Aserca, la prima de cobertura la liquidó unilateralmente el gobierno mexicano antes de tiempo, es decir, en abril y no en julio de 2008, como estaba pactada y aprobada por productores y comercializadores.El argumento que utilizó el gobierno de Calderón para obligar a productor y comprador a aceptar este tipo de seguro fue que ninguno de los dos perdieran, de modo que si el precio de la tonelada sube, el productor gana, y si el precio baja, al comercializador se le retribuye el diferencial. Y en ambos casos quien pone el dinero adicional es la Bolsa de Valores de Chicago, nunca el gobierno.Además, el apoyo del Programa de Compra Anticipada consiste justamente en que el gobierno absorbe el pago de 50% de la prima del comercializador y 100% de la prima del productor por tonelada.A pesar de que el gobierno paga la prima, sólo a petición del productor o del comercializador puede cancelarla anticipadamente, insistieron los productores. Aunque Sinaloa produce 4 millones 800 mil toneladas, el programa sólo incluye 3 millones 850 mil toneladas con este tipo de seguro. De manera que, por este concepto, la Sagarpa destinó a las primas mil 362 millones 900 mil pesos. Ahora bien, mientras que en los dos ciclos de siembra y cosecha de maíz de 2007 el productor nunca ganó, en 2008, debido a la situación financiera de Estados Unidos, el precio subió y, en consecuencia, el productor tendría que haber ganado.
Los ganadores
Conforme a los datos incluidos por Aserca en su página de internet, a los documentos de los productores y a los que pudo obtener Juan N. Guerra por medio de Sagarpa, puesto que el precio fue más alto que el pactado en los contratos anticipados, debió producirse una ganancia para el productor de 2 mil 310 millones de pesos.Como el pago de ese diferencial no se cumplió, los productores lo reclamaron mediante un plantón ante Sagarpa, y al no tener respuesta acudieron al diputado Guerra Ochoa. "Como la ganancia -de acuerdo con el cierre del mercado en junio- fue de 715 y 515 pesos por tonelada, nosotros, junto con los productores, sacamos un promedio de 600 pesos que, multiplicados por los 3 millones 850 mil toneladas del programa, nos dan un total de 2 mil 310 millones de pesos. Sin embargo, el gobierno no les quiere pagar todo porque liquidó antes de tiempo y no tiene ese dinero", explicó.Y no obstante que Aserca indicó en su página de internet que ya pagó toda la ganancia a los productores (es decir, lo ganado hasta abril) y que esta liquidación ascendió a 770 millones 125 mil 586 pesos, los productores sinaloenses entrevistados sostuvieron que a ellos no les ha llegado ningún peso.La dependencia aseguró que ya entregó también el dinero a los comercializadores, una ganancia de 417 millones 444 mil 150 pesos. Conforme a dichas cifras, el gobierno habría pagado un total de mil 187 millones 569 mil 736 pesos, en lugar de los más de 2 mil millones que debió liquidar.Uno de los productores consultados, que también es comercializador y que por lo mismo prefiere omitir su nombre, expresó que la cancelación anticipada del seguro de cobertura benefició a los comercializadores, y explicó:"Si se hubiera respetado el final del contrato con la Bolsa de Valores de Chicago, que era a julio, la prima no hubiera valido nada, y aunque no hubiéramos perdido, tampoco hubiéramos recuperado nada del 50% que pagamos, pero como se liquidó antes, pudimos recuperar lo que ya nos dieron, y aún falta que se nos pague lo que equivale a un millón 70 mil 346 toneladas más, según se nos informó en Aserca."Por lo anterior, Juan N. Guerra concluyó que Aserca liquidó el seguro de cobertura "presionado por los comercializadores, quienes vieron que el precio iba al alza y no a la baja, como generalmente ocurre. Y aquí, a pesar de que el productor debió haber ganado todo y el comercializador nada -sólo se les respeta su precio pactado a pagar-, ahora resulta que sí ganaron. La chinga con este esquema sigue siendo de abuso contra el productor."La presión -añade-, y casi puedo asegurarlo, fue de Minsa, Maseca, Cargill y ADM, que son las empresas que acaparan 60% de la producción de Sinaloa y, por lo tanto, quienes pagaron más en volumen por la prima."Los legisladores de la Cámara de Diputados ignoran por qué se liquidó la prima antes del tiempo estipulado, quién tomó la decisión -"aunque la responsabilidad es de las autoridades"-, quién fue el broker y por qué se le contrató a él.Según los productores, ellos tienen registrado como broker a New Age Business Solutions, pero esta empresa estadunidense no figura en Compranet de Sagarpa o de Aserca como proveedor de servicios.Puesto que a los productores y a los legisladores no se les ha mostrado el contrato liquidado -sólo se informó al diputado Guerra que la liquidación fue en abril-, consideran que también pudiera suceder que no se haya finiquitado y que el gobierno este "jineteando" mil 200 millones de pesos.
Ganadores y perdedores
Juan N. Guerra se pronunció en contra de este esquema calderonista, no sólo porque se especula en la bolsa con dinero que es del erario federal -"y eso nunca lo hemos aprobado los diputados"-, sino porque, además, Aserca entrega al comercializador un subsidio de 500 pesos por tonelada bajo el concepto de flete y servicios (almacenamiento). "Si multiplicamos los 3 millones 850 mil toneladas del programa por 500 pesos, esto nos da un total de mil 925 millones de pesos. ¡Así, casi 2 mil millones de pesos adicionales! Es un absurdo, porque en el precio por tonelada de maíz que se fija ya viene descontado el flete; no tienen por qué dar otro subsidio", comentó.Pero mientras al comercializador se le extiende un subsidio injustificado, e incluso hoy tiene una ganancia adicional gracias a la liquidación anticipada del seguro de cobertura, los productores son perjudicados.Éstos refirieron que, desde octubre, autoridades de Aserca los han estado presionando para que rubriquen un documento en donde afirman que fueron ellos quienes solicitaron la cancelación anticipada del seguro. Esto lo secunda Juan N. Guerra, quien añade: "Además, se está poniendo el escrito con fecha retroactiva. Pero hasta ahora no han firmado nada".De acuerdo con las reglas de operación del programa -que fijó el propio titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas-, las autoridades no pueden tomar la decisión de cancelar ninguna de las dos coberturas. Debe ser a petición del productor o del comercializador, "y en el caso de los productores esto no ocurrió", especificó el diputado Guerra.Al no existir documentos que prueben que fueron los productores quienes demandaron la cancelación, el gobierno está obligado a resarcir el daño y a pagarles la totalidad de los 2 mil 310 millones de pesos, y no sólo 770 millones 125 mil 586 que -según la página de internet de Aserca- ya se les entregó."La liquidación de este tipo de seguros sólo ocurre cuando el productor cosecha y entrega su maíz al centro de acopio autorizado por Aserca (lo cual no ha sucedido) o cuando la Bolsa de Chicago automáticamente liquida una semana antes del mes de julio. Cualquier otra circunstancia es especulación por parte de Aserca", consideró Juan N. Guerra.Como el gobierno ha realizado un fraude contra los productores, continúo, porque sin su autorización pretende que éstos no obtengan la ganancia que debieron tener jugando las reglas que el propio gobierno les impuso, "ahora el problema es para las autoridades: a ver de dónde van a sacar esos más de mil millones de pesos para los productores".La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados solicitó a la Auditoría Superior de la Federación que audite el programa de Aserca del ciclo 2007-2008, para ver dónde están los millonarios recursos y conocer los motivos por los cuales se canceló la cobertura. Sin embargo, el auditor, Arturo González de Aragón, informó que no podía realizar ese procedimiento porque el ejercicio aún no concluía, de modo que la revisión tendría que hacerse en 2009. Frente a lo anterior, Juan N. Guerra demandó el 3 de octubre a la ASF una auditoría extraordinaria excepcional, ya que "fue la propia Aserca quien decidió liquidar la cobertura en abril mostrando discrecionalidad y falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, pudiendo existir irregularidades..."