Carta abierta a los 11 ministros de la Suprema Corte sobre caso ABC

Difusión Cencos México D.F., 16 de junio de 2010

Carta abierta

Fuerza y conciencia ciudadana

Esperábamos -con mucha esperanza- que ustedes, señoras y señores ministros, hicieran caso de la exigencia de justicia que todo el pueblo de México les hace respecto al caso ABC.

Les exigimos que tengan el valor civil -ya que autoridad moral, como lo dejó muy claro Guillermo Ortiz Mayagoitia, no la tienen- y den un fallo que asegure justicia para los padres de familia afectados y a los más de 80 bebés con la herida en carne viva.

Nos sentimos víctimas de la burla y observamos que nos enfrentamos a personas absolutamente insensibles ante el dolor y la injusticia e incluso, incompetentes. ¿Acaso tenemos que recordarles sus clases de Derecho Constitucional, específicamente que nuestra Constitución Política, en el artículo 123, fracción XXIX establece el derecho a una guardería segura para las madres trabajadoras en México?

Dejen ya de simular que les interesa la justicia en este país, y reconozcan que los ciudadanos mexicanos, nosotros, los de a pie, no somos de su interés porque, como se ha visto, una entrevista con Molinar Horcasitas o Eduardo Bours tiene mucho más peso en su cobarde conciencia que el grito desesperado de un pueblo lacerado por ustedes mismos y sus irresponsables decisiones "legalistas", demostrando con ello que, al estar al servicio del poder, son ustedes mismos cómplices en este infanticidio.

¿Cuál es su precio, señoras y señores ministros?, lo que eroga el IMSS por la subrogación de guarderías, cantidad que entrega a particulares, en el fondo es lo que la SCJN defiende, es la bolsa, es lo económico y no la justicia, es el criminal sistema de subrogación de guarderías y otros servicios, el sistema que asesinó a los 49 bebés de la guardería ABC y dejó con daños irreversibles a más de 80. No es una cantidad despreciable para los empresarios y políticos voraces que se hacen ricos a costa de nuestro trabajo... pero con veinte mil millones no podrán comprar una conciencia tranquila, y mucho menos la vida de uno solo de esos bebés.

Les exigimos que tras su fallo RENUNCIEN, que no estorben más y dejen su circo y teatro de simulación de justicia.

Grupo fuerza y conciencia ciudadanas, los Niños de Sonora También son Nuestros Hijos

México D.F., 16 de junio de 2010

Fuente: CENCOS

Difusión: soberanía popular

“No sirve para nada”

Estas son las CACAS de la Suprema CLOACA Injusta de la Nacion.

Ayer, por mayoría –ocho votos contra tres–, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no fincar responsabilidades a los funcionarios que hayan incurrido en la violación de garantías individuales en el caso del percance en la guardería ABC de Hermosillo , como lo proponía el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar. El máximo órgano de impartición de justicia del país reconoció, así, la comisión de violaciones graves en los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009, pero se negó a señalar a los autores de tales violaciones; es decir, hay responsabilidades, pero no responsables. Al carácter intrínsecamente absurdo de tal resolución ha de sumarse la manifiesta impertinencia de pronunciamientos formulados ayer por algunos de los integrantes de la SCJN.

Si en 2006 Mariano Azuela, que entonces presidía la SCJN, calificó al artículo 97 de la Constitución de anacrónico y redactado con los pies, ayer el magistrado Salvador Aguirre Anguiano descalificó ese numeral de la Carta Magna al aseverar que no sirve para nada. Con ello, el togado traicionó el juramento establecido en ese mismo artículo y socavó el fundamento mismo de su encargo, toda vez que él mismo tomó posesión como ministro en cumplimiento de ese lineamiento constitucional.

Más inaceptable aún, si cabe, fue lo expresado por el actual titular de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien aseguró que la Constitución se viola en muchísimas ocasiones, porque muchos funcionarios públicos, que ni siquiera saben leer ni escribir, juran el cargo sin conocer la ley. Al margen del tufo discriminatorio de ese aserto, el hombre que preside la más alta instancia de impartición de justicia admitió, de esta manera, lo que han venido señalando diversos sectores de la oposición política y social: que las instituciones del país suelen operar al margen de la legalidad. Ni más ni menos.

Por desgracia, lo dicho por Ortiz Mayagoitia se confirma con la forma en que se han desempeñado las instancias que habrían debido procurar e impartir justicia en el caso ABC –incluida la propia SCJN– y que, a más de un año de esos trágicos sucesos, no han podido o no han querido investigar ni sancionar las omisiones, los actos de corrupción y la desidia institucional que condujo a la muerte trágica de 49 niños.

Como han venido denunciando los padres de las víctimas, los funcionarios y ex funcionarios que fueron señalados como responsables en el dictamen de Zaldívar –el ex titular del IMSS, Juan Molinar; el actual director de ese organismo, Daniel Karam, y el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, entre otros– realizaron un intenso cabildeo en el inmueble de Pino Suárez y Corregidora, y a esa tarea se unió el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en lo que constituyó una inocultable presión política y una intromisión del Ejecutivo, una actitud tan poco decorosa como la de quienes, siendo responsables de preservar la independencia del Poder Judicial, sucumbieron a tales presiones y tomaron una decisión basada en el influyentismo: con ello, el máximo tribunal exhibió un comportamiento orientado por un doble rasero y extendió el historial de fallos vergonzosos adoptados por sus propios integrantes: la exculpación del gobernador de Puebla, Mario Marín; la liberación de involucrados en la masacre de Acteal; la exoneración de los responsables por la represión en Atenco, por citar algunos de los casos más relevantes.

En suma, a la vergüenza nacional de un sistema de seguridad social desdeñoso de la integridad física de sus asegurados y de sus familiares, y entregado a satisfacer el afán de lucro de particulares, ha de agregarse ahora la de un Poder Judicial que proclama, argumentando tecnicismos legales, la imposibilidad de impartir justicia y que, con ello, se niega a sí mismo, niega la vigencia del orden constitucional en el país y del estado de derecho, deja en la indefensión jurídica a incontables ciudadanos agraviados por distintos niveles de gobierno y proclama, en forma incluso literal, que el mandato de la Carta Magna no sirve para nada. Si lo anterior es cierto, resulta inevitable inferir que la Suprema Corte tampoco.

Juan Molinar ¿exsecretario?

La rata cobarde, entreguista de Francisco Molinar Horcasitas, titular de la SCT.

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 14 de junio.- El informe preliminar entregado a fines de febrero a la Suprema Corte por los magistrados Rosario Mota y Carlos Ronzón no le mereció respeto ni probablemente infundió temor a Juan Molinar Horcasitas. Lo descalificó con aspereza, como respuesta al señalamiento que en ese documento constaba en su contra, como uno de los eventuales responsables de violar garantías individuales en los sucesos que condujeron al incendio de la guardería ABC de Hermosillo y a la muerte de 49 niños y a una vida impregnada de dolor permanente a 75 personitas más.

Tampoco en su entorno pareció importar esa mención, y siguió considerándose al secretario de Comunicaciones y Transportes como uno de los integrantes de la caballada –flaca o robusta, para estos efectos no importa ahora– con la que Acción Nacional contendería en el derby de 2012. Junto con tres o cuatro de sus compañeros de gabinete, Molinar Horcasitas figuraba como presidenciable desde que el año pasado transitó de la dirección del IMSS a la SCT.

Hoy, en cambio, en vísperas de que la Suprema Corte de Justicia discuta el proyecto de dictamen del ministro Arturo Zaldívar donde es formaliza aquella imputación, la posición de Molinar Horcasitas parece más endeble que nunca. En los círculos más altos del poder se habla en voz baja, pero audible, que sus días están contados. Y hasta se anuncia que lo sustituirá Javier Lozano Alarcón, que cumpliría de ese modo un anhelo postergado durante más de tres años, pero por cuya realización ha venido trabajando.

El ahora secretario del Trabajo iba a serlo de Comunicaciones y Transportes, pero Televisa se habría opuesto, por el talante que Lozano le mostró en sus desempeños previos en el ramo, cuando era priista y cercano al presidente Zedillo, que lo hizo subsecretario de ese ramo y presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Hoy, sin embargo, Calderón y Lozano están a partir un piñón con la familia Azcárraga y en compensación a los impulsos recibidos para que ingrese al ámbito de las telecomunicaciones y de la fibra oscura, se levantaría el veto sobre el secretario-pianista, que en la coyuntura laboral más reciente, la recuperación de Cananea por el Grupo México, actuó como un fiel gerente de ese consorcio.

Molinar se iría no por voluntad propia, sino despedido por Calderón, quien por insensible que sea no puede pasar por alto el señalamiento de la Corte a uno de sus colaboradores por incumplimiento de sus deberes constitucionales, según la ambiciosa y certera interpretación del ministro Zaldívar. Aceptar que en su gabinete actúa un secretario señalado (no inculpado porque no se trata de derecho penal, sino de ética) porque sus irresponsabilidades condujeron al terrible desenlace del 5 de junio, sería incurrir en el cinismo. Y es probable que Calderón no quiera que se le descalifique también por eso.

Molinar ha hecho una carrera breve en el servicio público. Se orientó desde el principio a tareas académicas, pero el roce de esas labores con la organización electoral, uno de sus temas de investigación, lo condujo a cambiar de orientación profesional. Nació en Chihuahua en 1955 y veinte años después era un brillante alumno en la naciente Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, de la Universidad Nacional. Fue elegido consejero técnico de la carrera de ciencia política, paso inicial a un desempeño siempre sobresaliente. Se posgraduó en El Colegio de México, a donde volvería después como profesor, tarea que realizó también en otras instituciones de enseñanza superior. Se hizo notar por su libro El tiempo de la legitimidad electoral. Autoritarismo y democracia en México, publicado en 1991.

Tres años después comenzó a salir de la vida académica. En 1994 era preciso acumular señales que dieran confianza al electorado, susceptible de retirarse de las urnas a causa del temor que infundía la violencia política, la de corte insurgente como la del zapatismo armado, o la puramente criminal como la que arrebató la vida a Colosio y Ruiz Massieu. Fue transformada con ese propósito la estructura del Instituto Federal Electoral con la elección de seis consejeros ciudadanos por la Cámara de Diputados. En esa tendencia Molinar Horcasitas fue nombrado director de Partidos Políticos, punta de lanza ciudadana en la red de intereses que regulaban la vida de esas organizaciones.

Se quedó en el IFE. Fue elegido en 1996 consejero electoral, en el primer Consejo General de ese instituto como órgano constitucional autónomo. Se hizo notoria su aproximación al PAN, aunque nadie diría nunca que sesgó su actuación por esa cercanía. Pero cuando Santiago Creel fue nombrado secretario de Gobernación por el presidente Fox, evidenció esa inclinación del consejero Molinar al hacerlo subsecretario de Desarrollo Político. Más tarde rompería con Creel pero el impulso de éste le permitió todavía entrar en la Cámara de Diputados, donde gozó de la confianza de Francisco Barrio y sobre todo de Germán Martínez, que coordinaron la fracción panista en una etapa en que la alianza del PAN con la profesora Elba Esther Gordillo permitió el desarrollo de la fracción elbiazul.

Brotó entonces la veta autoritaria de Molinar Horcasitas, que en lances parlamentarios diversos pasó de la cólera a la exhibición de sus tendencias políticas profundas. Con ese talante sobresalió en el grupo que se acercó a Felipe Calderón durante la contienda interna para la candidatura presidencial. Muy próximo a Calderón durante el proceso constitucional, lo estuvo en mayor medida en los tensos días de la calificación electoral y en la integración del equipo de transición.

Es probable que él mismo, como su entorno, quedara insatisfecho con su nombramiento como director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que no forma parte del gabinete legal, el de la primera línea. Pero tenía allí una batalla que librar, la de restringir el gasto de la institución, para lo cual, entre otros arbitrios, multiplicó los contratos de subrogación para guarderías, evidentemente más baratos que las que el IMSS debía operar directamente, porque no consumaban la idea de servicio sino la de negocio que minimiza costos para maximizar ganancias.

En marzo del año pasado Luis Téllez quedó al descubierto y tuvo que salir de la SCT. Ciertamente no fue arrojado a las tinieblas exteriores, donde es el llanto y el crujir de dientes, sino que el complejo político empresarial que nos gobierna le halló pronto acomodo al frente de la Bolsa Mexicana de Valores. Por lo pronto, su infortunio fue la fortuna de Molinar Horcasitas, que de ser verdad lo que dice la intriga palaciega apenas cumplirá quince meses en su cargo. Y se alejará, por supuesto, de toda pretensión presidencial.

Fracasa postura de Zaldívar en caso ABC; proponía castigos a Molinar, Karam y Bours

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, DF, 14 de junio (apro).- El ministro Arturo Zaldívar fracasó en su intento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableciera “responsabilidad ética y política” de los funcionarios implicados en el incendio de la guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, Sonora...

- Presiones contra la Corte; insiste Zaldívar en sancionar a Horcasitas

Botín, intereses y complicidades de Calderón, Padrés y Bours

Álvaro Cepeda Neri

Los panistas están arrasando. Saben que el calderonismo, en la administración federal, tras su fracasada alternancia enganchada a la del foxismo, llegó a su fin. Les restan, si antes no aborta la renuncia del inquilino de Los Pinos, gestada en su mal gobierno asido al militarismo, dos años para coronar sus festividades del bicentenario de conformidad a la frase popularmente acuñada del “año de Hidalgo, chingue a su madre el que deje algo”.

La corrupción de los azules para embolsarse los dineros del pueblo, hacer negocios al amparo de la impunidad y poner a sus amigos “donde hay” no tiene precedente, pues lo han hecho en nueve años y medio. Los municipios y estados a su cargo han sido saqueados. Y sus actos y omisiones causaron perjuicio a los intereses públicos y de su buen despacho, cuyo factor común es el enriquecimiento ilícito, y los hace merecedores a los juicios político y penal, pues interrumpen la observancia constitucional por el incumplimiento de sus obligaciones.

En ese antirrepublicanismo panista, Sonora, último bastión del Partido Acción Nacional tras el proceso electoral de 2009, es su confirmación. Y por uno de esos enredos administrativos-gubernamentales –a consecuencia del incendio de la Guardería ABC, establecida en Hermosillo, fallecieron 49 niños (desde recién nacidos hasta de cinco años) y 79 más quedaron enfermos y marcados para toda su vida–, están en un brete el exdesgobernador Robinson-Bours, Calderón Hinojosa, todavía en el cargo presidencial, y el encubrimiento de Guillermo Padrés Elías (que ya enseñó el cobre y tiene a los sonorenses sumidos en la desilusión) a Bours.

El hermano y el cuñado de Padrés son los gestores para negocios y cobro de comisiones (pendientes, que los boursistas en su huída ya no pudieron recaudar, y las de este sexenio). El que fuera procurador (encubridor de los beneficiarios de la guardería incendiada y protector de Ricardo Robinson-Bours, hermano-cómplice del entonces desgobernador) fue ratificado con base en que Calderón iba a nombrar al sustituto. Pero se trataba de mantener el nexo de complicidad de Calderón y Padrés con Bours para que no sea llevada ante los tribunales la prima hermana de la señora Margarita Zavala, una de las acusadas e indiciadas por el homicidio de los 49 niños que, perversamente, se ha calificado de culposo, cuando a todas luces es doloso. Y porque entre los responsables de haber subrogado la guardería está el entonces director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Molinar Horcasitas, ahora en la plataforma para la candidatura presidencial y uno de los favoritos de Calderón y su esposa.

Hecho Sonora su botín, Padrés ya expidió un decreto, reservando la información por 10 años, en relación con la remodelación millonaria de la Casa de Gobierno, que se calcula en casi 100 millones de pesos. Padrés y su familia quieren vivir en un palacete, que para eso ganaron (y engañaron a los electores) la gubernatura que manejan para su beneficio. Los intereses de Calderón-Padrés-Bours son ya los mismos. A más de un año del hecho, hasta el encargado de mandar construir una tumba-símbolo en el panteón municipal hermosillense se embolsó el dinero. Y apenas, tramposamente, Calderón recibió a algunos padres de los niños muertos y otros de los que sobreviven con secuelas de las pavorosas quemaduras, para una vez más hacerla de charlatán y mentirles. Hay total complicidad, pues hasta la Suprema Corte de Justicia se ha negado a completar el informe que daría pie al deslinde de responsabilidades penales y políticas de Bours, sus exfuncionarios, y Molinar Horcasitas. Y, en una de esas averiguaciones, al mismo Padrés por querer tapar el infanticidio.

Bours, Calderón y Padrés han dejado pasar el tiempo para escapar al deslinde penal y al juicio político. Calderón es tapadera de la prima hermana de su esposa Margarita Zavala y cómplice de Bours y Padrés para sepultar en la impunidad a Molinar Horcasitas. Por eso es que un año después ni la Suprema Corte ni la Procuraduría General de la República (PGR) han procedido con su, respectivamente, dictamen y consignación. Cerrando el circuito de hacer de Sonora un botín económico de Bours y Padrés, donde los intereses perversos de Calderón y Margarita Zavala tratan de ocultar los homicidios dolosos de que fueron víctimas los niños. Y la desgracia que dejaron en sus familias y en las que han de cuidar de 79 más que padecerán el resto de sus vidas los males sicológicos y físicos por el infierno creado por negligencia y omisión de los funcionarios que escapan a las sanciones, no menores a 50 años, que merecen por sus conductas dirigidas al botín económico, intereses personales y mutuos encubrimientos.

En su larga despedida, los panistas, que naufragaron en su incapacidad política, corrupción y abortaron la alternancia, han dejado huellas de su ineficacia. Sólo se hartaron del saqueo, siendo estúpidos para las transacciones. Colocaron a sus amigos en los cargos, dejando que sus adversarios caídos en delitos se fueran por la libre. A Bours, el ya desgobernador Padrés le está permitiendo que venza el término constitucional para el juicio político.

Como en todos los problemas de competencia federal, el señor Calderón no toma decisiones ni sobre la marcha de los asuntos que demandan soluciones ni en el mediano plazo, esperando que el tiempo devore su sexenio para irse como llegó: ahogándose en su incompetencia total. Y es el santo y seña de todos los panistas, al cual no ha escapado el señor Padrés Elías, que por el esperanzador voto de los sonorenses fue electo gobernador, siendo ya la decepción. Ni gobierna ni administra. Pero sus parientes se han ido sobre la parte del botín que dejó Bours, cuando éste hubo de escapar tras las consecuencias del incendio de la guardería y, cínicamente, para burlarse, ante el luto y dolor de las familias de los 128 niños calcinados, eructó: “Duermo como un bebé”.

Calderón, Bours, Padrés y Molinar Horcasitas actúan como un cuarteto de pillos. No han resuelto las demandas legales del infierno de la guardería y los padres buscan respuestas en la PGR, en la Suprema Corte, en la Presidencia de la República, en la Procuraduría sonorense y en todas las instancias donde han interpuesto sus reclamos de justicia penal para los implicados. Sólo que está de por medio la prima hermana de Margarita Zavala y ésta es la “vicepresidenta”, la otra Mart(h)a Sahagún, protegida por su esposo Felipe Calderón. Por eso no se mueven y le dan largas al problema donde están enredados los intereses y complicidades de los cuatro fugados de los tribunales.

Pero una vez más la impunidad es escudo de los funcionarios que actúan como delincuencia súper organizada, la otra cara de la delincuencia organizada. Mientras el pueblo parece, en la superficie, resistir pacíficamente la violencia, el abuso del poder y las complicidades de Calderón, Molinar Horcasitas, la prima hermana de Margarita Zavala y, en consecuencia, ésta como corresponsable, y de Guillermo Padrés con su protegido Robinson-Bours.

cepedaneri@prodigy.net.mx

Las propiedades ocultas de Calderón

Calderón compra y compra, pero no declara

Daniel Lizárraga

Con falta de transparencia, con su esposa Margarita Zavala como “socia”, Felipe Calderón ha incrementado sus propiedades inmobiliarias. Mediante créditos a plazos que paga casi de inmediato aunque sus percepciones como presidente no alcanzan para ello, dispone ya de un terreno de mil 940 metros cuadrados y tres casas en la colonia Las Águilas, con una agravante: que en sus declaraciones patrimoniales omite declarar algunas de esas adquisiciones…

Con omisiones en sus declaraciones patrimoniales, y acogido a la opacidad que él mismo propició, Felipe Calderón hizo crecer 11 veces el terreno donde se asienta su residencia privada, adquirió otros bienes inmuebles a nombre de su esposa, Margarita Zavala, y, aunque su salario es de sólo 146 mil 830 pesos mensuales netos, de mayo de 2008 al mismo mes de 2009 saldó un crédito bancario por 2 millones 612 mil pesos contratado a un plazo de 20 años.

Cuando la familia Calderón-Zavala compró su casa, en 2003, ésta se asentaba en un terreno de 174 metros cuadrados, y ahora se ubica, junto con otras propiedades que ambos adquirieron –sin que Margarita Zavala reciba salario alguno como presidenta del DIF–, en un predio que mide mil 940 metros cuadrados.

Asimismo, de acuerdo con la versión pública de la declaración patrimonial de Calderón correspondiente a 2008, el presidente omitió la adquisición de una casa de 234 metros cuadrados a nombre de Margarita Zavala, y el documento oficial de la Secretaría de la Función Pública (SFP) tampoco registra que, con la compra de un terreno de 776 metros cuadrados, Calderón se convirtió en socio de su esposa.

Esto porque desde 2003, año en el que Calderón dejó la dirección de Banobras para convertirse en secretario de Energía, ella había adquirido allí mismo 776 metros cuadrados.

Vista desde fuera, la casa de la familia Calderón-Zavala, localizada en el número 8 de la Privada de Cóndor 231, en la colonia Las Águilas, no ha cambiado desde aquellos tiempos, pero puertas adentro se descubren nuevas propiedades: una alberca, una cabaña, un amplio jardín y otra casa, marcada con el número 9, que mide 234 metros cuadrados.

Además cuentan con una propiedad de tres pisos en el número 227 de la misma calle de Cóndor –cuyas dimensiones con el terreno correspondiente son de mil 532 metros cuadrados–, con media cancha de baloncesto y lo que parece ser una pequeña bodega.

Estos bienes inmuebles pueden conectarse por dentro formado una gruesa letra “L”.

La familia Calderón-Zavala renta la casa 9 de la Privada de Cóndor 231 al actual secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra. Y aunque Proceso pidió al equipo de prensa de la Sedesol los detalles del contrato firmado con la dueña oficial del inmueble, Margarita Zavala, hasta el cierre de esta edición no se había producido una respuesta.

No obstante, la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia confirmó que la vivienda es alquilada por el titular de la Sedesol, pero declinó informar a cuánto asciende la renta mensual.

Sin embargo, es público que la esposa del titular de la Sedesol, Lorena Clouthier Carrillo, funge como coordinadora nacional de la Red del Voluntariado del DIF, en tanto que la esposa del presidente encabeza el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y el Consejo Ciudadano Consultivo del DIF. Por estos cargos, ninguna de ellas percibe un salario, pues son honoríficos.

La casa 8

En mayo de 2003, cuando apenas tenía tres meses como director de Banobras, Felipe Calderón gestionó con esta institución un crédito –que se calificaría de “autopréstamo”– por 3 millones 100 mil pesos con la intención de comprar la casa 8 de la Privada de Cóndor 231, con 174 metros cuadrados de terreno, incluido un jardín.

Al difundirse la noticia del “autopréstamo”, Calderón canceló esa línea de crédito, devolvió el dinero y dejó enfriar el tema por unos meses.

Pero el escándalo no mermó su gusto por esa propiedad y pidió un préstamo a un banco privado. El director general de IXE Grupo Financiero, Javier Molinar Horcasitas, y Armando Rivero Laing, prosecretario del Consejo de Administración, autorizaron a Calderón un crédito por 4 millones 793 mil 554 pesos, a pagar en 15 años con intereses ordinarios.

Javier Molinar Horcasitas es hermano de Juan Molinar Horcasitas, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, así como uno de los amigos más cercanos de Calderón, a quien ha acompañado desde la precandidatura a la Presidencia, luego en la campaña y ahora en el gabinete.

Al aprobarse este crédito, el 28 de agosto de 2003, Juan Molinar concluía su periodo como vocero del PAN y hacia maletas para convertirse en diputado federal para el periodo 2003-2006, la misma bancada en la que estuvo Margarita Zavala.

Años antes, en 1998, el entonces socio mayoritario de IXE Grupo Financiero, José Luis Rangel de Alba, fue apoyado con 660 millones de pesos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para salvarlo de la quiebra. El presidente del PAN, que apoyó la creación de ese organismo, era entonces Felipe Calderón.

El 2 de octubre de 2003, el presidente Fox nombró a Calderón secretario de Energía. Pero tanto a su salida de Banobras como a su llegada al gabinete foxista, el michoacano se cobijó en la flexibilidad de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para no hacer pública su declaración de bienes, y dejó bajo reserva la historia del autopréstamo, en una opacidad que él mismo había propiciado un año antes.

Y es que en marzo de 2002, el titular de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), Francisco Barrio, envió a los diputados una propuesta de reforma para que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios fueran públicas, sin matices ni excepciones.

La iniciativa fue ampliamente elogiada, y hasta el diputado panista Armando Salinas subrayó que, por vez primera, México accedería al grupo de países a la vanguardia en la rendición de cuentas. Pero eso nunca sucedió. En el último momento se agregó un párrafo al dictamen donde se especifica que tales declaraciones patrimoniales pueden hacerse públicas “siempre y cuando los funcionarios lo autoricen por escrito”. El coordinador de los diputados panistas en el Congreso era en ese momento Felipe Calderón.

Luego, cuando dejó la Secretaría de Energía para postularse como precandidato a la Presidencia, Calderón se quedó sin trabajo y sin percepciones, y con una deuda con IXE Grupo Financiero a pagar en 15 años. Los ingresos de la familia Calderón-Zavala se limitaron a la dieta de Margarita como diputada federal. Ni siquiera había dinero para arrancar la precampaña, según reportaron investigaciones periodísticas de la época.

A pesar de eso, el 16 de mayo de 2005 IXE Grupo Financiero reportó al RPPC que la línea de crédito fue liquidada por completo, incluidos los intereses, según consta en el folio 9544968-8 del RPPC.

La casa 9

El 13 de mayo de 2008, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) del Distrito Federal recibió un aviso sobre la venta de la casa 9 de la Privada de Cóndor 231, de 234 metros cuadrados, a Margarita Zavala.

Para concretar la compra, el 6 de junio de 2008, Scotiabank otorgó un crédito a Felipe Calderón por 3 millones 800 mil pesos, a cubrir en un plazo de 20 años, con intereses de 12% anual, según el folio 9544968 del RPPC. Como el precio de la vivienda fue de 4 millones 860 mil pesos, Calderón tuvo que desembolsar por su cuenta, para empezar, 972 mil pesos.

Y aunque Felipe Calderón reportó ese préstamo en su declaración patrimonial pública, no está relacionado con las propiedades que él mismo dijo haber adquirido en 2008.

En la categoría de Datos Patrimoniales/Bienes Inmuebles de la declaración patrimonial de ese año, sólo aparecieron la casa 8 de la misma Privada de Cóndor –la comprada en 2003– y dos nuevos terrenos. De manera que nada se asentó allí en referencia a la casa contigua que se compró a nombre de Margarita Zavala.

Esto, pese a que seis funcionarios consultados por Proceso manifestaron que los funcionarios públicos están obligados a inscribir anualmente en las declaraciones patrimoniales todas las propiedades y deudas contraídas a su nombre y al de su esposa e hijos. E inclusive la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de su coordinación de Comunicación Social, manifestó que los bienes comprados durante 2008 debieron reportarse en mayo de 2009. Y agregó: “En esto no hay excepciones”.

El terreno

Todo empezó en abril de 2003, cuando Margarita Zavala, en sociedad con su vecina Enriqueta Sánchez y su compadre Óscar Fernández adquirieron un terreno de 2 mil 300 metros cuadrados por 5 millones 100 mil pesos, ubicado a un lado de la Privada de Cóndor 231.

El predio fue dividido en partes iguales, por lo que cada uno de ellos desembolsó un millón 700 mil pesos y les correspondieron alrededor de 776 metros cuadrados.

Margarita Zavala fue directora jurídica y luego secretaria nacional de Promoción Política de la Mujer del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, justo hasta ese año. No existe registro de que percibiera un salario por esas actividades. Proceso pidió confirmar el dato a la Dirección de Comunicación de ese partido, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En cualquier caso, Margarita Zavala se presentó entonces ante el RPPC como “ama de casa”.

A la sazón, el peso de la economía familiar recaía sobre Felipe Calderón, quien como director de Banobras recibía un sueldo de alrededor de 174 mil pesos mensuales, antes de impuestos.

Entre abril de ese año y octubre de 2004, cuando se lanzó como precandidato del PAN a la Presidencia, Calderón presentó tres declaraciones patrimoniales, pero en ninguna se registran los 776 metros adquiridos por Margarita.

El 13 de mayo de 2008, el RPPC recibió un primer aviso de la venta a Calderón del tercio de terreno propiedad de su vecina Enriqueta Santos. El monto de la operación fue de 3 millones 640 mil pesos, de los cuales 2 millones 612 mil pesos habrían salido de un crédito de Scotiabank, a pagar en 20 años. La operación se cerró en junio de ese mismo año.

Y de nuevo, Calderón adelantó el pago: 11 meses después de otorgada la línea de crédito, cubrió por completo la deuda el 28 de mayo de 2009, según el folio 9442807 del RPPC.

El presidente registró el otorgamiento del préstamo en la declaración patrimonial de 2008, mas no asentó que su esposa –a quien ya corresponden un tercio del terreno y una casa– se convirtió además en su socia.

Al entregar su declaración patrimonial, los servidores públicos pueden aceptar que se abra o no la información ahí contenida. Si abren la información, los datos aparecen en el sistema Declaranet y cualquier persona puede consultar las propiedades del funcionario, así como las de su esposa e hijos. No existe forma de pedir que sólo una parte de la declaración patrimonial sea pública y otra no.

Los mil 940 metros cuadrados de propiedad que tiene ya la familia Calderón-Zavala en la colonia Las Águilas equivalen a 64 departamentos de interés social –cada uno de ellos de 30 metros cuadrados– como los que financia actualmente la administración calderonista a los matrimonios de menores ingresos económicos…

Opacidad discrecional
Daniel Lizárraga

El presidente Felipe Calderón sí reconoció en sus declaraciones patrimoniales los bienes inmuebles comprados a nombre de su esposa, Margarita Zavala Gómez del Campo, por lo que no habría incurrido en irregularidad alguna en ese aspecto.

El jueves 4 de marzo, Proceso solicitó a la Presidencia información sobre por qué en la declaración patrimonial del mandatario correspondiente a 2008 –y que está disponible en el sistema Declaranet, de la Secretaría de la Función Pública (SFP)– no se inscribieron una nueva casa y un terreno a nombre de la esposa del presidente, como lo demostró una investigación periodística de este semanario.

Siete días más tarde, el jueves 11, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Max Cortázar, mostró a Proceso una versión de la declaración patrimonial de Felipe Calderón de 2008 en la que sí se inscribieron la casa 9 de la privada de Cóndor 231 y el terreno de Cóndor 227, adquirida en sociedad con su consorte.

De acuerdo con Los Pinos, el mandatario no sólo reconoció los bienes a nombre de Margarita Zavala, sino que también aceptó que su declaración patrimonial fuera pública en todos sus términos.

No obstante, en la versión disponible en Declaranet no se localizan esas propiedades.

Declaranet es un sistema que permite a los ciudadanos enterarse vía internet de las declaraciones públicas de los funcionarios sin importar su nivel jerárquico.

Al respecto, el secretario de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, afirmó que el sistema Declaranet omite “automáticamente” los bienes a nombre de las esposas de los funcionarios, a pesar de que ellos mismos hayan aceptado transparentar su declaración patrimonial.

Entrevistado en la residencia oficial de Los Pinos por intervención de Max Cortázar, el titular de la SFP calificó como “normal” y “legal” que Declaranet elimine los bienes a nombre de las esposas y, en su caso, de los hijos de los funcionarios.

–¿Exactamente cómo funciona este sistema? –se le preguntó a Vega Casillas durante una entrevista de teléfono a teléfono desde la residencia presidencial.

–El funcionario es quien llena de su propia mano los formatos de declaraciones patrimoniales. Ahí mismo deben marcar si aceptan o no que éstas sean públicas.

–Y si en este caso el presidente aceptó que fuera pública, ¿por qué no están la casa y los terrenos a nombre de su esposa?

–El propio sistema elimina esos datos en automático, así está diseñado desde su creación.

–¿Por qué decidieron esto por sistema, aun cuando la voluntad de los funcionarios –como el presidente Calderón– sea transparentar su declaración patrimonial?

–Si difundimos esa información nos estaríamos entrometiendo con los datos personales de las esposas, que no son servidores públicos. La ley sólo obliga a los funcionarios. Este es un tema de protección de datos personales.

–¿En qué artículo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se apoyan para tomar esa decisión?

–Es un tema de protección de datos. No siempre los esposos o las esposas quieren dar sus números de cuentas bancarias.

–¿No es la Ley Federal de Transparencia la que regula el manejo de los datos personales?

–Estamos ante una interpretación del marco legal.

–¿Una interpretación de la Secretaría de la Función Pública?

–Sí.

–¿Una interpretación de qué artículos y cuál norma? Porque en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no se especifica claramente eso…

–Voy a preparar una nota sobre esa interpretación y se la enviaré.

Atribución sin fundamento legal

En las declaraciones patrimoniales disponibles en internet no aparece algún aviso o nota en el sentido de que los bienes a nombre de los cónyuges son eliminados, aun cuando el funcionario, en este caso Felipe Calderón, hubiera aceptado hacerlas públicas.

Alrededor de 16 horas después de la entrevista en Los Pinos –el viernes 12–, Salvador Vega envió la siguiente nota a Proceso:

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas establece la obligación del servidor público (no todos, sólo los de nivel alto y algunas funciones) de presentar su declaración de situación patrimonial.

La obligación es además declarar el patrimonio de su cónyuge y sus dependientes económicos. Cabe precisar que la obligación es del servidor público, no del cónyuge o dependientes económicos.

Los datos deben ser custodiados y salvaguardados por la SFP y tienen el carácter de privados, y la finalidad es que la SFP pueda en su caso vigilar el proceso de evolución patrimonial para determinar si corresponde a su nivel de ingresos.

Algunos servidores públicos autorizan la publicidad de su declaración patrimonial por convicción personal. Esta autorización se puede dar al momento de presentar la declaración patrimonial.

Sin embargo el servidor público sólo puede autorizar la publicidad de sus datos personales, no así de su cónyuge y dependientes.

Por esa razón, en el portal de la SFP solamente se publican los datos del patrimonio de los servidores públicos que así lo autorizaron y se omiten los de su cónyuge y dependientes económicos.

Además se omiten en el portal público algunos datos que vulneran la privacidad del funcionario y lo ponen en riesgo, como su domicilio y los números de sus cuentas bancarias.

En el caso de bienes en copropiedad, se publicitan, ya que uno de los propietarios así lo autorizo. Se concluye que la facultad de seguimiento de patrimonio es exclusiva de la autoridad competente, por la naturaleza de los datos.

En esta nota ofrecida por Vega Casillas no se citó un artículo específico que permita a la SFP eliminar de las declaraciones patrimoniales los bienes a nombre de las cónyuges o hijos.

El artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos sólo dice: “La publicitación de la información relativa a la situación patrimonial se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate”. lT

Calderón: venta de garage

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 22 de enero (apro).- Mientras dirigentes políticos y aspirantes a gobernar un estado se debaten entre hacer alianzas o no con sus ancestrales opositores; o delinean la estrategia política que seguirán en la Cámara de Diputados para allegarse más votantes en la renovación de las autoridades de prácticamente la mitad del país --este año habrá 11 elecciones para gobernador y cuatro más de congresos locales y presidencias municipales--, el gobierno federal sigue con la venta de garage del país, y nadie repara en ello.
El distractor electoral es bueno para el gobierno. Para el PRI es lo que importa por ahora; requiere ganar estas elecciones para fortalecerse y en el 2012 recuperar la presidencia de la República. En este momento eso es lo importante, ya que tenga nuevamente el poder total en sus manos, quizá y solo entonces, podría preocuparse por el país y sus problemas reales.
Me refiero a las subrogaciones del servicio de salud, de las que Proceso dio cuenta y exhibió lo amañadas que han resultado ciertas licitaciones como, por ejemplo, la atención para enfermos renales.
Proceso publicó cómo el entonces director del IMSS y hoy secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcaditas, elaboró una licitación para dejar fuera a tradicionales empresas que han prestado eficientemente este servicio --según el dicho de los propios derechohabientes--, y entregó éste a Olegario Vázquez Raña, a través de su Centro de Diagnóstico Ángeles.
Un centro que, por cierto, no cuenta siquiera con las mínimas normas de salud, como son la higiene o de renovación del material utilizado para le hemodiálisis, con el consiguiente peligro de infectar de otras enfermedades a los ya de por si deteriorados enfermos renales.
Todo para uno de los empresarios favoritos del panismo.
Pero esta “venta” de los servicios no ocurre sólo en el sector salud, ya lo vimos con las ya famosas guarderías subrogadas y que provocó la muerte de 45 niños en Hermosillo, Sonora, por no contar con las medidas de protección civil.
Un caso similar ocurrió en noviembre pasado con otra empresa llamada Corphomed, la cual tiene la licitación de este servicio de hemodiálisis en Querétaro. En ese mes, el centro de atención fue clausurado. Ahí habían muerto más de 30 enfermos renales, sin embargo, la clausura no se debió a la negligencia médica, sino a que no contaba, tampoco, como en el caso de las guarderías de Hermosillo, con las medidas de protección civil adecuadas para garantizar la seguridad de los pacientes.
Lo curioso de este caso es que la licitación que le entregó Molinar Horcasitas establece que aunque se cierra un centro la misma empresa puede seguir brindando el servicio en otros hospitales.
El problema con esta subrogación, que prácticamente es una venta de los servicios, los cuales el gobierno está obligado a brindar, que para eso se cobran cuotas del IMSS y muchos otros impuestos, es que en las licitaciones se les permite o se les da una prórroga, una vez entregadas las licitaciones: Se les otorgan, en su mayoría, tres meses para acondicionar el lugar cuando ésta debería ser una de las exigencias mínimas para concursar.
Bueno, pues ahora un caso similar de licitación amañada o si se quiere catalogar como “dirigida” a ciertas empresas, esta en curso en Pemex.
El país está obligado, por la firma de convenios internacionales, a elaborar gasolinas menos contaminantes; para ello debe sustituir un elemento de la gasolina que se llama MTB y que es altamente contaminante. La sustitución será por el llamado etanol, el cual es un bioenergético mucho menos contaminante y que utilizará para la elaboración de las gasolinas.
Hablo de venta de garage porque prácticamente el gobierno está vendiendo al mejor postor para él, no para la sociedad, estas licitaciones dejando fuera de la competencia a productores mexicanos de sorgo, maíz o caña de azúcar que son la materia prima de la cual se puede obtener etanol.
En septiembre pasado, Pemex Refinación lanzó su convocatoria para adquirir más de 600 millones de litros para el estado de Jalisco y ahí empezar con la sustitución del MTB por etanol.
Cuando menos 15 empresas adquirieron las bases de licitación pero las exigencias son tan difíciles de cumplir que representan serios obstáculos para que los productores mexicanos asociados con empresas mexicanas puedan competir.
Por ejemplo, Pemex Refinación les demandó un capital mínimo de 333 millones de pesos y una fianza de más de 600 millones de pesos.
Esta demanda hizo que 14 de las concursantes se retirarán de la licitación.
Apenas el pasado viernes se supo que sólo tres empresas presentaron propuestas económicas, es decir, entre ellas estarán los ganadores. Y adivinen quién participa, pues una empresa brasileña líder en el mercado del etanol. Sólo una empresa como Andrade y Gutiérrez, S.A. de C.V., puede cubrir estos millonarios requisitos, claro que para ello se está asociando con otra empresa mexicana.
Es casi seguro que dicha empresa será la ganadora. De ahí que sostengamos que el gobierno mexicano continúa con su venta de garage del país, pues mientras está perdiendo la oportunidad de impulsar el campo mexicano, revitalizarlo e incluso apoyarlo con la adquisición segura de sus productos, y de paso podría reactivar la economía de algunas empresas que se pueden asociar con los productores para elaborar y comercializar juntos el etanol, el gobierno de Felipe Calderón está optando por ponerles los mayores obstáculos y beneficiar a empresas extranjeras.
De esto no se habla en los medios de comunicación. Pareciera que lo importante son sólo las elecciones, las alianzas perversas donde los principios ideológicos poco interesan.
Mientras el PRI, el PRD y el PAN están enfrascados en estas discusiones, el gobierno panista sigue con su venta del país. Y bueno, existen otros casos bastante documentados de cómo el gobierno calderonista y el de Vicente Fox en su momento, entregaron todo a la corona española a través de sus empresas para que sean éstas las que dominen el mercado energético en México.
Prácticamente la política energética está en manos de los españoles y no hay partido que detenga al gobierno en esta carrera por entregar todo al extranjero, ya sea mediante subrogaciones o mediante licitaciones, para el caso final es lo mismo: los mexicanos, las empresas medianas y los productores del país están cada día más y más fuera del mercado, y con pocas posibilidades de participar.
A ver si para cuando el PRI recupere la Presidencia de la República pueda hacer algo; o quien sabe si le interese hacer algo. Aquí lo que importa a los partidos es el poder; del bienestar de los mexicanos nadie se acuerda, menos en este año eminentemente electoral.
Correo mjcervantes@proceso.com.mx

El siniestro Lozano

Priista, panista, zedillista, calderonista… Javier Lozano Alarcón sólo es leal a sus propios intereses, individuales y de grupo, en aras de los cuales no le importa transgredir la ley o enfrentarse con empresas como Telmex y Televisa, cuando le conviene. El precio es que no ha podido ser secretario de Comunicaciones y Transportes. Pero algo ha cosechado: como sólo le teme a la ausencia de reflectores, Felipe Calderón lo puso en la Secretaría del Trabajo para confrontar a los movimientos sindicales.

JENARO VILLAMIL

Amigo personal de Guillermo Ortiz y de Francisco Gil Díaz, con quienes laboró entre 1984 y 1989 en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; funcionario de primer nivel en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante el zedillismo (oficial mayor, subsecretario y presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones entre agosto de 1996 y mayo de 1999), Javier Lozano Alarcón abandonó su carrera de piano en el Conservatorio Nacional de Música y su militancia priista para aspirar a ser uno de los hombres fuertes del presidente Felipe Calderón, aún a costa de que se le considere uno de los secretarios más rijosos del gabinete.A su paso por el sector de telecomunicaciones Lozano Alarcón sembró varios de los conflictos que este año revivieron con toda su fuerza: se confrontó con el magnate Carlos Slim, sentó las bases para favorecer a los competidores de Telmex, incluyendo el proyecto de la fibra óptica (ahora en el centro de la confrontación con el Sindicato Mexicano de Electricistas), y benefició con dos prórrogas simultáneas a la empresa Unefon, que posteriormente fue adquirida por Ricardo Salinas Pliego, uno de los clientes del despacho denominado… Javier Lozano y Asociados.Quienes lo conocen saben que su principal aspiración en el gobierno de Felipe Calderón fue llegar a ser titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El veto simultáneo de Telmex, Televisa y de varios operadores de telecomunicaciones provocó que Calderón dejara a su antiguo condiscípulo de la Escuela Libre de Derecho (uno más en el gabinete) al frente de la Secretaría del Trabajo.Esto no ha impedido que Lozano se confronte lo mismo con el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, que con sus antiguos correligionarios priistas, y hasta defienda a través de cartas públicas el nombramiento de Jorge Mier y de la Barrera como oficial mayor de la Secretaría del Trabajo, después de que el Consejo de la Judicatura lo despidiera por presunto fraude y cohecho.Mier y de la Barrera conoció a Lozano desde los tiempos en que el titular del Trabajo fue subsecretario de la SCT y presidente de la Cofetel. Esa red de intereses y de compromisos están presentes ahora que, desde la Secretaría del Trabajo, el abogado originario de Puebla no oculta sus pretensiones de convertirse en el sucesor de Calderón en la Presidencia de la República.

Los conflictos
El 1 de octubre de 1998 y el 29 de marzo de 1999, la firma del entonces presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Javier Lozano Alarcón, avaló un hecho inédito en la historia del sector: en dos ocasiones consecutivas autorizó que la empresa Unefon prorrogara el pago de 80% de 2 mil 620 millones de pesos por concepto de contraprestación en la licitación que había ganado para explotar por 20 años las frecuencias para telefonía inalámbrica, fija y móvil.A ninguna compañía, como a Unefon, se le han otorgado dos prórrogas consecutivas a fin de que pague la contraprestación de una licitación para explotar 18 títulos de concesión en telecomunicaciones que ya había ganado.Casi una década después de que Lozano, junto con los demás integrantes del pleno de la Cofetel, autorizaran este privilegio, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) subrayó en su informe de 2008 que tanto Lozano como el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de aquella época, Carlos Ruiz Sacristán, actuaron indebidamente al otorgar esas dos prórrogas.“Para el pago del 80% restante –advierte el informe de la ASF–, Unefon solicitó una prórroga de 180 días; al respecto y sin tener facultades para ello, el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) autorizó indebidamente dicha prórroga, pero condicionándola al pago de intereses. Las tasas de dichos intereses fueron sometidas por Cofetel a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia que, sin tener facultades, señaló que las mismas eran adecuadas y que no encontraba objeción alguna para su aplicación”.La ASF le reprochó a la Cofetel que al incumplir Unefon la primera prórroga debió descalificar las concesiones de 27 bandas de frecuencia en telefonía, pero en lugar de eso le otorgó una segunda prórroga.Lozano Alarcón contraatacó a la ASF, advirtiendo que la mayor irregularidad no se cometió durante su breve periodo como presidente de la Cofetel –de abril de 1998 a mayo de 1999– sino durante la gestión de Vicente Fox.Lozano acusó a la SCT de haber perdido un litigio ante Unefon que provocó el pago de 550 millones de pesos a la empresa de Salinas Pliego por el “cobro indebido de los intereses” por una multa impuesta en 1998. Ese pago se realizó el último día de la gestión foxista, el 30 de noviembre de 2006, y quedaron por pagar 46 millones de pesos.El exsubsecretario de la SCT Jorge Álvarez Hoth le respondió a Lozano que este pago se realizó para cumplir una orden del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJA) y que, en todo caso, el origen del problema radicaba en el otorgamiento irregular de dos prórrogas consecutivas (Proceso 1626, 1639 y 1642).El caso generó un fuerte debate público entre Álvarez Hoth y Lozano Alarcón, al tiempo que las bancadas del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados demandaron que el titular de Trabajo renunciara a su cargo mientras la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigaba las irregularidades del caso.En un extenso documento, distribuido el 1 de mayo de 2008, los exmiembros de la Cofetel Javier Lozano, Jorge Arreola, Jorge Lara y Enrique Melrose trataron de justificar su decisión en el caso Unefon. Señalaron que las dos prórrogas se le otorgaron a Unefon con el consentimiento de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento del gobierno federal y ambas fueron objeto de análisis de la Contaduría Mayor de Hacienda (predecesora de la actual ASF) sin que existiera ninguna observación crítica en los ejercicios fiscales 1998 y 1999.En una entrevista con el especialista Gabriel Sosa Plata, quien escribió ampliamente sobre este expediente, Lozano Alarcón justificó esas prórrogas por el “contexto de crisis económica” que se presentó en 1998. De no haberse otorgado las prórrogas, argumentó Lozano, se hubiera generado una pérdida de ingresos para el Estado.El litigio aún está abierto en la SFP. Si bien ya prescribió cualquier sanción contra Lozano Alarcón, él presiona en la dependencia para que se pronuncie en contra del dictamen de la ASF, ya que, si ocurre así, habría una investigación en contra de los exfuncionarios de la SCT que autorizaron el pago de los 550 millones de pesos.Las presiones de Lozano, según fuentes de la SFP, cuentan con el aval del consejero jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles, el mismo que apoyó a Lozano en el decreto presidencial para extinguir la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.La única beneficiada con esta disputa fue la empresa de Ricardo Salinas Pliego, quien desde diciembre de 2007 reclamó que la SCT le pagara 3 mil 57 millones de pesos por “actualizaciones”, intereses acumulados y “cobro indebido de intereses” a Unefon.Lozano Alarcón fue asesor de las empresas del Grupo Salinas, a través de su consultoría Javier Lozano y Asociados, S.C. En este despacho participó también como socio Enrique Melrose, excomisionado de la Cofetel que también firmó las dos prórrogas a Unefon.Desde la Secretaría del Trabajo, Lozano volvió a subirse al ring, a principios de febrero pasado, con el magnate Carlos Slim, quien había pronosticado entonces un desempleo histórico para el país, el cierre de empresas y un desplome del Producto Interno Bruto.Lozano acusó de “catastrofista” al principal accionista de Telmex y le sugirió que “debía ser más cauteloso al emitir sus pronósticos y proyecciones”. Agregó: “Más bien debería decirnos cómo él y sus empresas de su grupo van a enfrentar la crisis y retomar la senda del crecimiento”.Cuando se desempeñó como subsecretario de Comunicaciones y Transportes (1996-1997) y como presidente de la Cofetel (1998-1999), Lozano abrió el paso a la competencia en el mercado de la telefonía. Telefónica, empresa de capital español que en México dirige Francisco Gil Díaz, amigo y exjefe de Lozano en Hacienda, fue una de las compañías beneficiadas.Desde ese momento Lozano propuso utilizar nuevas tecnologías para los servicios convergentes de telefonía. En 1999 ya se proyectaba una millonaria inversión en la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, alterna a la de Telmex.Slim fue uno de los grandes empresarios que “vetó” a Lozano para que asumiera la titularidad de la SCT. Esta vieja aspiración del abogado de la Escuela Libre de Derecho se vio frustrada cuando Luis Téllez, su amigo y exiliado político, salió de la dependencia en medio de un escándalo por las grabaciones en las que atacaba a la Cofetel y por los enfrentamientos con la subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro. Lozano Alarcón volvió a buscar ese cargo, pero fue nombrado Juan Molinar Horcasitas, que carece de experiencia en el sector. Eso no ha impedido que el secretario del Trabajo siga impulsando desde esa posición su agenda en materia de telecomunicaciones.

El bandazo con Televisa
Con la empresa televisiva más poderosa del país, Lozano también ha tenido desencuentros y acercamientos. Durante la discusión sobre la Ley Televisa, Lozano Alarcón llegó a calificar la iniciativa como “una ley retrógrada en la materia, que poco nos va a ayudar”, durante una entrevista en el programa radiofónico de Óscar Mario Beteta, el 10 de diciembre de 2005.En las primeras audiencias realizadas en el Senado, en febrero de 2006, manifestó su oposición a la apropiación anticipada del espectro radioeléctrico. Calculó que este negocio podría representar entre 150 y 200 millones de dólares para Televisa (Proceso 1520).Sin embargo, una conversación telefónica entre Javier Tejado Dondé y Joaquín Balcárcel, altos ejecutivos de Televisa, revela que unas semanas antes de que se aprobara la Ley Televisa en el Senado, Lozano Alarcón ya había cambiado de opinión. Ya no consideraba como “ley retrógrada” esta iniciativa que se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados y generó un intenso debate en el Senado.La grabación, cuya copia tiene Proceso, revela las presiones a distintos partidos políticos encabezadas por Televisa y exhibe la animadversión que hay en esa televisora hacia Carmen Aristegui, en ese entonces conductora de W Radio, a quien describen como “vocera de los opositores” e “incendiaria”.En la parte medular de la conversación, Tejado Dondé le informa a Balcárcel:“Ya se acabaron las audiencias públicas, ya están viendo si votan o no el asunto. Entonces, estoy en eso. Algo que es muy importante: Javier Lozano, que estaba muy crítico, ya dio el bandazo y ya se pronunció a favor…”El “bandazo” de Lozano Alarcón se produjo, efectivamente, en las últimas audiencias públicas en las comisiones dictaminadoras en el Senado. Declaró que la minuta tenía “cosas positivas”; y, de ser “retrógrada”, pasó a ser una ley “que contiene avances”.De todas formas Televisa no lo ha apoyado en sus aspiraciones para ser titular de la SCT. Su cercanía durante un tiempo con TV Azteca le causa desconfianza a la empresa de Emilio Azcárraga Jean. Sin embargo, desde que estalló el conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, las críticas a Lozano han aminorado mucho en la pantalla del “canal de las estrellas”.

Arbitrario... y golpeador

ROSALíA VERGARA,

Escándalo tras escándalo, Javier Lozano Alarcón ha dejado una marca de intolerancia a su paso por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. “Prepotente”, “soberbio”, “autoritario”, “bravucón”... son algunos de los motes que abogados laboralistas, líderes sindicales y hasta sus subordinados le endilgan al funcionario expriista que no pierde oportunidad para dar la cara por Felipe Calderón.El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, suele saltar al ruedo para defender a la administración de Felipe Calderón, incluso más allá de su ámbito de competencia: en 2007 se confrontó con el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, por la regulación de las manifestaciones públicas que el funcionario federal pretende sean reprimidas, así como por el seguro de desempleo que el gobernante capitalino propuso para los habitantes de la Ciudad de México. Pero también lo descalificó por enviar ayuda a entidades afectadas por las inundaciones, como Tabasco.Ebrard lo ha calificado como un “porro” al que “su jefe lo mandó a decir lo que él no puede decir”.No es el único opositor que lo cuestiona. Las quejas en contra de Lozano van desde una denuncia ante la PGR por abuso de autoridad, presentada por los defensores de las viudas de Pasta de Conchos, hasta la reciente solicitud de juicio político que promueve el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por violar los derechos de más de 40 mil electricistas con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Lozano Alarcón estuvo involucrado en el escándalo de los 205 millones de dólares incautados al empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, quien acusó al titular de la STPS de obligarlo a guardar ese dinero durante la campaña presidencial del panista Felipe Calderón.En tres años de gestión, el secretario del Trabajo ha chocado con los mineros, los sobrecargos, las viudas de Pasta de Conchos, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), y los electricistas y sus defensores laborales, como Néstor de Buen y Manuel Fuentes, beneficiando con sus decisiones a los empresarios, aseguraron los laboralistas citados, con quienes coinciden el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Napoleón Gómez Urrutia, otros litigantes en la materia que prefirieron el anonimato y hasta trabajadores de la propia STPS.

La “libreta roja”
Los abogados entrevistados cuentan que, a partir del desplegado publicado por la UNT el 15 de octubre en apoyo al SME y en contra de la “acción autoritaria y a todas luces ilegal” por la toma de las instalaciones y el decreto de liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Javier Lozano arreció su antisindicalismo.En una reunión sostenida con la UNT –integrada por los sindicatos del IMSS, de Telefonistas y de la UNAM–, Lozano Alarcón les echó en cara su apoyo a los electricistas. El funcionario pidió a su asistente que le llevara “la libreta roja” donde anota las críticas que le hacen los líderes sindicales, con fechas y palabras exactas. Comenzó a leer sus notas y a confrontar a los dirigentes de la UNT, cuyas diferencias afloraron en abril pasado cuando el líder del SNTSS, Valdemar Gutiérrez Fragoso, aceptó la candidatura del PAN a diputado federal y anunció su salida de la agrupación.Ante los reclamos de Lozano, el representante del sindicato del IMSS se deslindó del desplegado, lo que provocó severas críticas del dirigente de los telefonistas, el diputado Francisco Hernández Juárez, quien le recriminó su tibieza y poca solidaridad hacia el SME.El 11 de noviembre, durante el paro cívico convocado por el SME, Hernández Juárez advirtió que la STPS preparaba una embestida contra los telefonistas por apoyar a los electricistas. Ahí describió la rea­cción de Lozano Alarcón al enterarse del amparo del SME contra el decreto de liquidación: enojado, anunció que la medida fracasaría porque LFC estaba muerta y él había expedido su certificado de defunción.

De cuño priista
Abogados laboralistas y trabajadores de la propia STPS sostienen que Lozano Alarcón es “insufrible”, porque es impaciente y tiene un carácter explosivo. En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) le apodan Kid Lozano por “bravucón”, o Archivaldo, porque ordena archivar los expedientes que le resultan incómodos, como las solicitudes de aumento salarial de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA). Cuentan que sus giras las llaman “los viajes del adiós”, porque al regreso despide a uno de sus colaboradores o éstos renuncian por diferencias con el funcionario. A su equipo lo apodaron genérico intercambiable, porque al personal lo cambia de puesto a su antojo.Sus desplantes son alentados por su supuesta relación personal con el Ejecutivo, porque es su “asesor”. Lozano Alarcón conoció a Felipe Calderón en la Escuela Libre de Derecho; ambos se titularon en 1987.Su carácter lo impulsa a responder personalmente las críticas en su contra publicadas en los medios de comunicación, sólo que las redacta y firma con nombres de sus colaboradores sin antes consultarlos, sostienen.Por eso, consideran a la STPS un instrumento del sector empresarial y comparan a Lozano Alarcón con Arsenio Farell Cubillas, quien fue secretario del Trabajo durante los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, pero “sin conocimiento jurídico. Se parecen en lo arbitrario”.Para agradar a Calderón, aseguran, el profesor titular de la cátedra de introducción al estudio del derecho de la Escuela Libre de Derecho se muestra “echado para adelante”, magnificando los problemas con los sindicatos, actuando de manera arbitraria, como lo hizo en abril pasado con los mineros de Cananea, al terminar la relación laboral con Grupo México en una sesión que duró 24 horas en la JFCA.Lozano Alarcón nació en Puebla el 21 de noviembre de 1962. Estudió en la Escuela Libre de Derecho en la generación 1981-1986. Después de hacer carrera en el área de telecomunicaciones, de 2003 a 2005 fue representante del gobierno de Puebla, encabezado por el priista Melquiades Morales Flores, en el Distrito Federal. En 2000 se desempeñó como responsable del área de prensa del CEN del PRI, encabezado entonces por Dulce María Sauri Riancho. Es un personaje cercano al expriista exsecretario de Gobernación del zedillismo y exdiputado panista Diódoro Carrasco Altamirano. Ambos se afiliaron al PAN en septiembre de 2005.En 2006, tras apoyar la campaña presidencial de Calderón como “proyectista y redactor” y responsable del “cuarto de guerra” en el cual se diseñaron las estrategias de “guerra sucia”, es nombrado secretario del Trabajo y Previsión Social. (Proceso 1601)

Los mineros
Apenas estrenado en el cargo, Lozano Alarcón debió enfrentar el conflicto con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) que inició el último año del sexenio foxista. En lugar de encontrar una salida negociada, se dedicó a defender a Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, la empresa minera más grande del país; desconoció a Gómez Urrutia como líder y se giraron órdenes de aprehensión en su contra por el presunto desvío de fondos de un fideicomiso firmado entre la empresa y el sindicato desde 2001. Ante el golpeteo, el dirigente sindical optó por el autoexilió en Vancouver, Canadá.En entrevista telefónica, Gómez Urrutia sostiene que Lozano Alarcón, según “informes extraoficiales, estaba o está en la nómina de Grupo México”. A ello atribuye que se conduzca “de manera agresiva, prepotente e ignorante respecto a temas laborales. Su papel es defender los intereses empresariales, en contra de los sindicatos”, resalta.El líder minero cuestiona la actitud de “servilismo” que muestra Lozano Alarcón hacia Grupo México pese a que, “en privado”, Mota Velasco se refiere al funcionario como “gente a su servicio”.Cuenta que en 2007 se llevó a cabo una reunión entre la dirigencia nacional del sindicato, sus abogados Néstor y Carlos De Buen y el secretario del Trabajo, donde se discutió el tema de las huelgas de solidaridad. Para Lozano Alarcón éstas no existían, por lo que recibió una cátedra del abogado Néstor De Buen, quien lo ilustró sobre las huelgas de hecho, de derecho y por solidaridad avaladas por la Ley Federal del Trabajo (LFT). “Desde entonces le agarró un resentimiento porque lo exhibió en toda su ignorancia”, afirma.Esto lo confirma el propio Néstor De Buen. En entrevista con Proceso describe la buena impresión que le dejó conocerlo en persona, pero después de una reunión en la que estuvieron presentes Fernando Gómez Mont, como abogado de Grupo México, y el abogado priista y exlegislador Salvador Rocha Díaz, el titular de la STPS asumió “una actitud muy violenta” en su contra. Fue prácticamente la última vez que se reunieron. Hoy en día “no hay relación” con el funcionario, explica De Buen.
Las viudas
Un año antes, perfilado el conflicto con los mineros y la dependencia, una tragedia empañó el caso. El 19 de febrero de 2006 explotó la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, enterrando a 65 trabajadores, cuyos cuerpos todavía no han sido rescatados.El abogado Manuel Fuentes es el defensor de las viudas de los mineros. En entrevista con Proceso asegura que el funcionario las ha maltratado. En las reuniones donde le exigen el rescate de los cuerpos ordena grabarlas y fotografiarlas.Lozano Alarcón tampoco permite que los litigantes participen en los encuentros privados: “En alguna ocasión acompañé a unas señoras a una reunión con Lozano; dijo que yo no podía entrar y su personal de seguridad me impidió el paso. Aún así me metí, pero señaló que mientras estuviera yo dentro de la reunión ésta no se realizaría”. Destaca que el trato hacia las viudas era grosero, “incluso amenazante, como si fuera el líder de una pandilla”.Lozano acusó a Manuel Fuentes y a Cristina Auerbach, de Pastoral Laboral, de lucrar con su gestión en favor de las viudas de los mineros, por lo que ambos presentaron una denuncia en septiembre de 2007 por abuso de autoridad. Días después la PGR archivó el expediente.
¡Coopelas o cuello!
En 2007, el empresario chino nacionalizado mexicano Zhenli Ye Gon, uno de los supuestos traficantes de seudoefedrina más importantes del sexenio foxista (Proceso 1601), lo implicó en presuntas actividades ilícitas para ocultar 205 millones de dólares, destinados a la campaña presidencial de Felipe Calderón. El dinero se descubrió el 15 de marzo de 2007 en una casa de Las Lomas de Chapultepec. El empresario denunció en entrevista con AP que en mayo de 2006 Lozano Alarcón lo había amenazado de muerte si no guardaba el dinero. En ese encuentro le lanzó la célebre amenaza: “Coopelas o cuello”, citó Ye Gon mientras se pasaba la mano por la garganta como si sus dedos fueran un cuchillo.Lozano Alarcón negó las acusaciones en entrevista con Proceso en su edición 1601. En el mismo número de este semanario, Ye Gon afirmó que entre mayo y junio de 2006 el secretario le pidió que guardara 5 millones de dólares en efectivo; le prometió recuperarlo después de las elecciones presidenciales del 2 de julio de ese año.Lozano Alarcón viajó a Nueva York del 11 al 13 de julio de 2007, acompañado de su hermano Gerardo, para presentar una demanda contra Ye Gon por difamación, pero nunca procedió. Del caso, el funcionario salió bien librado. (Proceso 1602)Aún no acababa de salir de ese escándalo cuando Lozano Alarcón se confrontó con el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard. A través de una carta de cuatro fojas, el 15 de junio de ese año el secretario del Trabajo exigió a Ebrard que aplicara la ley a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes realizaban un plantón en los alrededores de la Plaza de la República para protestar contra la reforma a la Ley del ISSSTE. En respuesta, Ebrard le pidió que estudiara la Ley del Distrito Federal, “que se dedique a su trabajo” y “que no sea ignorante”Otro caso son los sobrecargos. En septiembre de 2007 la Compañía Mexicana de Aviación presentó una demanda de conflicto colectivo de naturaleza económica ante la JFCA, luego de que la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) la emplazó a huelga. Argumentaron que el Contrato Colectivo de Trabajo de esos empleados era tan caro que Mexicana de Aviación era inviable. Hasta la fecha, sigue sin resolverse.Es el mismo argumento que dio el gobierno federal para justificar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro el pasado 11 de octubre. Pero en esta ocasión decidió decretar la extinción de la empresa paraestatal, con lo que prácticamente desapareció al sindicato que el 14 de diciembre cumplirá 95 años de creación. Lozano Alarcón está a la espera de que el próximo 27 de noviembre se resuelva el amparo interpuesto por el SME contra el decreto de liquidación de LFC, para pedir a la JFCA que dé por terminada la relación laboral entre la extinta paraestatal y los electricistas sindicalizados. Para Martín Esparza, detrás de la embestida contra 44 mil electricistas está la oportunidad para hacer negocio con la red de mil 100 kilómetros de fibra óptica de LFC, misma que la administración de Calderón pretende concesionar para ofrecer servicio de internet, televisión por cable y telefonía. (Proceso 1719)Mientras tanto, Lozano Alarcón espera “el momento oportuno” para presentar la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) a la Cámara de Diputados, como lo anunció desde mayo del año pasado. El proyecto, de 131 fojas, ha sido bautizado como Ley Lozano, aunque está basado en la iniciativa elaborada por el difunto Carlos Abascal cuando fue presidente de la Coparmex en 2001 (Proceso 1648).

Narcoguarderías subrogadas

México SA
*Narcoguarderías subrogadas
*Karam le echa ahora la pelota a la PGR

Carlos Fernández-Vega

Dada la manga ancha con que se otorgan y el criterio meramente mercantil a la hora de autorizarlas, ayer mismo en este espacio se planteaba la posibilidad de que, más temprano que tarde, el narcotráfico incursionara en el jugoso negocio de las guarderías subrogadas por el IMSS y las transformara en excelentes lavanderías de dinero. Así es: narcoguarderías infantiles, porque al final de cuentas (gobierno calderonista dixit) a la hora de concesionarlas “no importa” quién se las quede, sino quién “ofrece los mejores servicios y costos”. Y para eso el narco se pinta solo.
Pues bien, la posibilidad es realidad desde cuando menos ocho años y medio atrás, por cortesía del gobierno de Vicente Fox (con Santiago Levy instalado en la oficina principal del IMSS) y generosa ratificación de Felipe Calderón (con Juan Molinar Horcasitas en la dirección general del Seguro Social), de acuerdo con la información oficial que el pasado miércoles hizo pública el actual director del Instituto, Daniel Karam.
En la revisión de nombres que contiene el padrón de beneficiarios de guarderías subrogadas por el IMSS (el que difundió Karam el pasado miércoles) ya brotó la primera narco familia (Zambada, del cártel de Sinaloa) felizmente dedicada a este productivo negocio, la cual de inmediato agregó un área especializada en lavado de dinero. A cargo de la guardería autorizada aparecen no sólo familiares del capo, sino algunos de sus principales operadores financieros.
Lo sugerente de este “descubrimiento” es que desde el 17 de mayo de 2007 (esa es la fecha oficialmente reconocida) el gobierno calderonista fue detalladamente informado por el Departamento estadunidense del Tesoro sobre la presencia y actividad de este núcleo narco familiar, no sólo en la industria regular y legalmente inscrita, sino en el jugoso negocio de la subrogación de guarderías del IMSS, en el que participa por medio de la Estancia Infantil Mundo Feliz SC (número 1127, de acuerdo con el catálogo del Seguro Social) en Culiacán, Sinaloa, la cual fue autorizada –por adjudicación directa, desde luego– en el los primeros meses de gobierno de Vicente Fox y entró en operación el 22 de noviembre de 2001.
Debajo de Fox y de Santiago Levy, aparecen dos funcionarios del IMSS como responsables de la autorización por adjudicación directa: Rogelio Quiñones Rodríguez, delegado del Instituto en Sinaloa (quien se mantuvo en el cargo hasta finalizar el sexenio foxista y, cuando menos, hasta el primer día de septiembre de 2008), y Dora García Kobek, coordinadora (nacional) de Guarderías del organismo público, a quien al parecer habría correspondido autorizar la “revisión” y dar “visto bueno” a la supuesta revisión que en 2005 se practicó en la guardería ABC de Hermosillo, sobre todo en la relativa a la “seguridad” del establecimiento concesionado, obvio es que por adjudicación directa, a los familiares y amigos de las familias Bours y Calderón, hoy prófugos.
El 1 de diciembre de 2006 arribó el gobierno calderonista, y su nuevo director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, prácticamente de entrada refrendó la autorización a la Estancia Infantil Mundo Feliz de la familia Zambada. La firmó el primer día de febrero de 2007 y la prolongó hasta el 12 de diciembre de 2009. El registro anota que esta guardería da cupo a 209 niños, con un costo unitario de 2 mil 299.4 pesos. Así, de las arcas del IMSS mensualmente salen 480 mil pesos para la familia Zambada, con un anualizado cercano a 6 millones de pesos.
El 17 de mayo de 2007, el Departamento estadunidense del Tesoro, por medio de su Oficina de la OFAC, notificó al gobierno calderonista sobre “el descubrimiento de seis compañías y 11 individuos en México que actúan como prestanombres de Ismael Zambada García, el líder de una organización de narcotraficantes con en base en Sinaloa y uno de los más poderosos traficantes de droga de México, fugitivo de la justicia”.
Y precisaba: “la acción de hoy ha expuesto la red de compañías de paja y los asociados financieros con Zambada García, para lavar dinero de la droga y trasladarlo fuera del sistema financiero de Estados Unidos”. Las empresas descubiertas, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, son: Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán; Establo Puerto Rico; Jamaro Constructores; Multiservicios Jeviz; Rosario Niebla Cardoza A en P; y la Estancia Infantil Niño Feliz SC, que no es otra que la guardería subrogada número 1127 del Instituto Mexicano del Seguro Social, localizada en Culiacán, Sinaloa.
Carmen Amelia Araujo Laveaga es una de las operadoras financiera de la familia Zambada, de acuerdo con el reporte del Departamento del Tesoro, y, por una mera casualidad, la representante legal (original y actual, según la pauta que se marca en los documentos divulgados por Daniel Karam) de la Estancia Infantil Niño Feliz SC, de Culiacán, Sinaloa, cuya directora es María de Lourdes González Morgan. De hecho, la institución estadunidense se da el lujo de publicar no sólo la fotografía de la presuntamente implicada en el lavado de dinero, sino que anota su nombre con fecha de nacimiento (29 de enero de 1967) y CURP (AALC670129MSLRVR00).
Los socios actuales de esta guardería subrogada son (siempre según los documentos de Karam) María Teresa Zambada Niebla, Maité Díaz Zambada, Javier Ernesto Díaz Zambada y Rosa María Zazueta Zambada, es decir, los mismos que en 2001 (“socios originales”), con la única diferencia que en ese año también aparecía registrada María Teresa Zambada Leyva.
Aquel 17 de mayo de 2007, el Departamento estadunidense del Tesoro alertó al gobierno mexicano sobre estos personajes y las funciones de cobertura financiera que realizaban. Aparece, por ejemplo, María Teresa Zambada Niebla (nacida el 17 junio de 1969; CURP: ZANT690617MSLMBR01; R.F.C: ZANT-690617-B73), o lo que es lo mismo una de las socias (“originales” y “actuales”) de la guardería subrogada 1127 Estancia Infantil Niño Feliz SC, de Culiacán, Sinaloa.
Más de dos años después de aquella denuncia, la mencionada Estancia Infantil no sólo sigue en operación, sino que el bondadoso gobierno calderonista le amplió el permiso por un bienio adicional, hasta el último día del presente año, con ganas de renovarlo, porque, como dicen algunos de sus funcionarios, “no importa” quién se quede con las guarderías subrogadas, sino quién “ofrece los mejores servicios y costos”.
Las rebanadas del pastel
¿Dónde quedó el “combate frontal” al narcotráfico? Eso sí, el joven Karam una vez más se lavó las manos y ya le echó la pelota a la PGR, la cual, se supone, debió actuar desde dos años atrás.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx

El “hubiera” de Karam

Indice Político

Francisco Rodríguez

Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y echáronle en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, El te libre.

-Daniel 6:16-

“¡COSAS VEREDES, MIO Cid!”. El primer día de julio, en un boletín de (in)comunicación social, el Seguro Social a cargo del joven Daniel Karam dio a conocer que, por su Modelo de Evaluación y Fortalecimiento de Habilidades Directivas para la Competitividad (MEFHADIC), desarrollado a partir de la necesidad de los directivos para afrontar nuevos retos en nueve competencias —atención y servicio al cliente (sic), gestión del cambio, toma de decisiones, gestión de la asociatividad (resic), gestión de la diversidad, pensamiento sistémico y estratégico, comunicación efectiva y liderazgo, y trabajo en equipo—, el IMSS se hizo acreedor el Premio de Buenas Prácticas para las Américas, otorgado por la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), por la introducción de un sistema de gestión del rendimiento, cuyo objetivo es fortalecer las competencias directivas y mejorar el funcionamiento y los servicios que ofrece la institución. Bla, bla, bla. Palabrería hueca y “tecnocratizada” que absolutamente nada tiene que ver con la realidad por la que, ya en serio, atraviesa la institución de seguridad social: pésimo servicio a derechohabientes y beneficiarios… y un largo etcétera que cualquier trabajador conoce en nuestro país.Lo peor, empero, son la corrupción, el encubrimiento y las mentiras.Lanzado al foso de los leones –por Felipe Calderón, quien así encubre a Juan Francisco Molinar Horcasitas—, el joven Daniel, hijo de Beit Mellet, fue al Congreso sólo a conjugar el verbo “hubiera”.Y ya sabe usted lo que se dice de quienes conjugan este verbo.
Su primer “hubiera”: “Hoy sabemos que si la bodega de la Secretaría de Finanzas Estatal, que se instaló en el mismo inmueble de la guardería, tiempo después de que ésta comenzó a operar, hubiera cumplido con medidas de protección civil, tales como alarma contra incendio e hidrantes, seguramente las consecuencias de la tragedia no habían sido ni remotamente de las magnitudes que hoy vivimos.”
El segundo: “El incendio habría sido detectado a tiempo por los mecanismos de prevención dispuestos por la ley; y las acciones de evacuación y salvaguarda habrían podido iniciarse con oportunidad.”
Y un tercer “hubiera”, sólo por no fatigarle más: “También sabemos que el seguimiento de las supervisiones de las autoridades del IMSS, debieron haber propiciado una atención contundente de alerta y clausura mucho antes de este fatal incendio.”¡¡¡Todo un homenaje al imperfecto subjuntivo de los verbos haber y deber!!!Daniel en el foso de los leones del Congreso. ¿Se lo comieron? Todo indica que no. Que prevaleció su deseo de que su “hubiera” fuese un ruego al futuro para volver al pasado y, así, enmendar los errores intentando mejorar su presente.Calderón fue quien lo envió al foso, y en esas catacumbas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión quedó Daniel atrapado, pero no devorado.Los dolientes de las 48 víctimas infantiles, por supuesto no quedaron satisfechos. Los leones del PRI y del PRD –también los del PAN, incluyendo a las malas a la ex legisladora Micher—, partidizaron la muy pospuesta comparecencia del director general del IMSS, al reducirla a una cacería de las “brujas” de siempre: Calderón, Fox, Gamboa Patrón, Borrego Estrada y el resto de la canalla habitual.Los legisladores, por su parte, quedaron “conformes” con sólo conocer que un determinado número de funcionarios de la delegación de ese Instituto en Sonora habían sido separados de sus cargos, y ninguno se atrevió a mencionar siquiera que, al igual que los propietarios de la maldita guardería ABC, debieran estar indiciados por su complicidad en este crimen. ¿Alguno de nuestros “padres conscriptos” (jejeje) preguntó acaso si la PGR también actuará en contra de ellos y de la amiga de Margarita Zavala Gómez del Campo, Carla Rochín? ¿Con ridiculizarla cual frustrada decoradora de interiores y hostess de una taquería es suficiente?“- Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, librarte de los leones? Y Daniel le respondió: -¡Que viva Su Majestad para siempre! Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño, pues Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra Su Majestad. Entonces el rey se alegró mucho y ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no le encontraron ninguna herida, porque tuvo confianza en su Dios. Después, por orden del rey, fueron traídos los hombres que habían acusado a Daniel, y junto con sus mujeres y sus hijos fueron echados al foso de los leones; y aún no habían llegado al fondo cuando ya los leones se habían lanzado sobre ellos y los habían despedazado.” (http://tierradelagracia.blogspot.com)Así, mientras los leones buscarán ahora devorar a Molinar Horcasitas, el IMSS debiera rechazar el premio que de Buenas Prácticas que inmerecidamente le han otorgado, ¿no cree usted?
Índice Flamígero: Dato poco conocido. Mientras que en las guarderías subrogadas el costo de atender a cada niño es de 2 mil 100 pesos mensuales, en las que directamente maneja el IMSS asciende a más de 10 mil pesos. ¿Por qué? Por los salarios y prestaciones de los trabajadores afiliados al sindicato que caciquilmente maneja el neo-panista –por la gracia de Germán y el “leal” Juan Francisco— Valdemar Gutiérrez.
www.indicepolitico.com
pacorodriguez@journalist.com

Miembros del gabinete temen perder la chamba

Dinero
*Miembros del gabinete temen perder la chamba
*La lista de Karam
*Basurero electoral

Enrique Galván Ochoa

Se necesitaría ser un hombre de acero –Supermán– para no caer en la depresión después de una
derrota electoral como la que sufrió el licenciado Felipe Calderón el domingo pasado. Y no es Supermán. Los resultados surgieron con toda su crudeza, no hubo modo de manipularlos, como sucedió en 2006. Reflejan un talante distinto del pueblo mexicano al que revelan las encuestas pagadas. (Espejito, espejito…) En días pasados comenté que en otros países el primer ministro o el jefe de gobierno presentan su renuncia y dan paso a la formación de nuevo gobierno que surge del partido que ganó la mayoría en el Parlamento. Aquí ni pensarlo, pero tampoco sería suficiente la renuncia de Germán Martínez, ese es un asunto interno del PAN. En el gabinete hay inquietud por las decisiones que haya horneado Calderón durante su viaje a Roma, pueden incluir cambios en el organigrama. Sin embargo, sus compromisos pesan mucho, está acorralado y uno de los problemas del panismo es que no tiene gente preparada y capaz, desde el foxismo ha venido contratando outsourcing, destacadamente en el área financiera. Las remociones incluirían a Medina Mora, García Luna, Javier Lozano, Daniel Karam, Molinar Horcasitas. En Hacienda, sin embargo, a pesar del fuerte catarro, permanecería Agustín Carstens –dicen los que saben–, en función a sus relaciones, fue gerente del Fondo Monetario Internacional, lo necesita porque será preciso recurrir a más préstamos y enfriar los ánimos de los burós de crédito –calificadoras, los llaman– que quieren degradar la deuda soberana del país. Aunque con análisis sereno, si Calderón continúa con el gabinete actual cuando concluya el sexenio reportará resultados mediocres, para decirlo con palabras políticamente correctas, y si lo cambia, pues también. Ya se le fue el tiempo.
Las guarderías
Primer dato importante: el número de subrogadas que maneja el Seguro Social es de mil 437 en toda la República. Todas fueron asignadas por el mecanismo de adjudicación directa, excepto 16, que se dieron por licitación pública. Una mala noticia para los concesionarios: casi la totalidad de los contratos tienen como fecha de expiración el día último de diciembre de este año. Un dato de humor más que negro: la guardería ABC de Hermosillo cuenta con permiso para funcionar hasta esa fecha. En su mayoría fueron renovados durante los dos años y medio que fungió como director general del IMSS Molinar Horcasitas, destacado ideólogo panista que recientemente fue ascendido a secretario de Comunicaciones. Lo alcanzó el descrédito. Y aunque la señora Marta lo negó, es decir, negó que personas de su familia estuvieran en el negocio, como les decía ayer, en Tijuana opera una estancia la señora Mariana Jiménez Bribiesca –el nombre de soltera de la señora Marta es Marta Sahagún Jiménez, y el de su primer esposo es Manuel Bribiesca. Hay otro Bribiesca en el listado y lo andan rastreando. Son muchos negocios en los que está metido el gobernador de Sonora, Eduardo Bours, recuérdese que es un hombre de negocios que dirigió el Consejo Coordinador Empresarial, pero el de las guarderías es también importante. Entre los propietarios de varias estancias figuran los apellidos Bours, Robinson y Castelo, todos emparentados con el gobernador de Sonora.
La lista de Karam
Gracias al auxilio de nuestros amigos de El Foro México, en particular de Felipe Esquivel, del Distrito Federal, pudimos consultar con facilidad la lista de guarderías que subió el IMSS a su portal de Internet, cuya lectura resulta complicada y lenta. No permite, por ejemplo, buscar con un solo clic cuántas guarderías opera la familia Bours, excepto que se vayan abriendo uno a uno los mil 437 registros. O conocer al instante entre qué margenes se mueve el pago que reciben por niño. Etcétera. Ustedes ya pueden consultarla sin problemas en el Foro, inclusive, si son foristas registrados, bajar a su computadora todo el listado en formato Excel.
www.elforomexico.com/viewforum.php?f=47
La nueva televisora
En seis meses la nueva televisora satelital Dish de México, formada por MVS y EchoStar, con los servicios de cobranza de Telmex, ha logrado captar 530 mil suscriptores en las diez ciudades donde ofrece su servicio. Un avance espectacular, es de paga y ya ven que los consumidores no viven el mejor momento económico. Dish se apresta a entrar a otras diez ciudades. Actualmente esta disponible en León, Puebla, Monterrey, Querétaro, Cuernavaca, San Luis Potosí, Tlaxcala, Toluca, Guadalajara y en la capital y zona metropolitana.
e@Vox Populi
Asunto: ¿está en la lista?
¿Puedes checar si en la lista de guarderías aparece el nombre de López Obrador? Porque si viene voy a romper la credencial que me dio del gobierno legítimo y ya no voy a creer en nada ni nadie.
Reyna Betanzos/Toluca
R: No viene. Si fuera lo contrario ya lo hubieran hecho pedazos los medios electrónicos al servicio del calderonismo –son casi todos, salvado el honor de las excepciones.
Asunto: basurero electoral
Sólo para comentar que en las calles donde está ubicado el Hospital de Nutrición, en la delegación Tlalpan, los famosos franeleros no respetan ni entradas de estacionamientos de casas y menos el paso peatonal ni las rampas para personas con aptitudes diferentes. Le hago un llamado al delegado de Tlalpan para que tome cartas en el asunto. ¿Por otra parte, ¿cuándo nos van a quitar todo el basurero electoral?
Óscar Zurita/Tlalpan
R: El mugrero está en carreteras, calles y avenidas de toda la República, mi estimado. Entre los compromisos firmados que recabó TeleMartí ¿estará el de limpiarlas?
galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://elforomexico.com/