MÉXICO, D.F., 23 de diciembre.- La semana pasada todos fuimos testigos de un ejercicio paradigmático de apología de la opacidad por parte de la principal institución federal de defensa de la transparencia: el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI). En una sesión histórica realizada el martes 14 de diciembre, las comisionadas Sigrid Arzt y Jacqueline Peschard cerraron el paso a una solicitud de acceso a los nombres de los cargos de los más de mil funcionarios que reciben el famoso “bono de riesgo” por participar en labores relacionadas con la seguridad nacional y la seguridad pública. Sus argumentos mostraron una total falta de compromiso con el interés ciudadano, pero sobre todo un profundo desconocimiento del marco jurídico en materia del derecho a la información.
El artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es contundente: “Los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos”. Los bonos en cuestión se financian con recursos públicos y se entregan a servidores públicos en función de sus labores dentro del gobierno. Por la prensa nacional nos hemos enterado de que estos pagos suman hasta 1 millón de pesos por cada funcionario durante un periodo de tres años. Asimismo, es importante notar que jamás se solicitó acceso a los nombres de los funcionarios, sino exclusivamente a los cargos que ocupan. Resulta evidente la necesidad de transparentar estos sobresueldos con el fin de evitar desviaciones o abusos.
Hace apenas seis meses, la misma comisionada presidenta del IFAI ya se había pronunciado positivamente al respecto. El 9 de junio, Peschard remitió un oficio a la Secretaría de la Función Pública solicitando explícitamente que el gobierno federal divulgara toda la información sobre los bonos de riesgo. Y el pasado 1 de diciembre, cuando por vez primera se abordó el tema en el pleno del IFAI, no expresó ninguna objeción sobre la posibilidad de divulgar la información solicitada.
Pero súbitamente Peschard modificó su posición y, utilizando su voto de “calidad” como comisionada presidenta del IFAI, empujó la balanza a favor de la opacidad. Existen elementos suficientes para sospechar que este repentino cambio pudiera haber sido resultado de una presión directa por parte del gobierno de Felipe Calderón, sobre todo a la luz del importante aumento presupuestal recientemente autorizado para el instituto y por el que la comisionada Peschard pugnara tan fuerte.
Por principios éticos, Arzt se hubiera excusado de la discusión y la resolución de este polémico caso. Antes de iniciar sus labores en el IFAI, ella fungía como secretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional de Calderón, labor para la cual recibió más de 400 mil pesos de sobresueldo entre 2007 y 2009 precisamente por concepto de “bono de riesgo”. El evidente conflicto de intereses, al fungir como juez y parte, necesariamente afectaba su capacidad para evaluar objetivamente el caso.
Así que no debe sorprender que en su participación en la sesión pública del martes Arzt hiciera gala de su total desapego de los principios básicos en materia de transparencia. Pidió a sus homólogos confiar ciegamente en el gobierno federal: “Me preocupa que partamos del sospechosismo con relación a que se entreguen a discrecionalidad recursos públicos”. La exempleada de Calderón afirmó que los criterios generales para la asignación de los bonos son tan “sistemáticos y metodológicos” que simplemente no podrían existir “ámbitos de discrecionalidad”. Así que en lugar de abrir la información para que los ciudadanos puedan confirmar que efectivamente se apliquen criterios prudentes, la comisionada propone que simplemente otorguemos el beneficio de la duda a un presidente de la República que no ha destacado precisamente en materia de rendición de cuentas.
Arzt también comete la pifia de invertir el sentido del “principio de máxima publicidad” plasmado en el artículo sexto de la Constitución. Este principio indica que toda la información poseída por el gobierno es pública, a menos que, de manera estricta y limitativa, se encuentre cubierta por alguna de las causales de reserva en la ley. Asimismo, el daño potencial de la apertura de la información tiene que ser “probable” y “presente”, además de ser claramente mayor al efecto negativo que ocasionaría el hecho de que la información no fuera divulgada, ya que la opacidad también genera costos al obstaculizar la rendición de cuentas. En pocas palabras, la carga de la prueba siempre se encuentra del lado de quien busque defender la opacidad.
Pero en estas cuestiones la comisionada Arzt vive en el mundo al revés. Ella parte de su muy personal presunción de que la divulgación de la información pone en riesgo la vida de los funcionarios implicados y exige a sus homólogos demostrar lo contrario. “No encuentro elementos para que tengamos suficiente evidencia de que al resolver entregar determinados puestos (...) no pongamos en riesgo la vida de las personas que están haciendo estas tareas”.
El problema es que Arzt no ofrece evidencia alguna de que vidas humanas realmente estuvieran en peligro. Como bien lo señaló la comisionada María Elena Pérez-Jaén en la sesión, una gran cantidad de información sobre estos bonos ya ha sido pública desde hace años y no ha pasado absolutamente nada a los funcionarios. En todo caso, remató Pérez-Jaén, conocer esta información no les implica mayor riesgo que las propias atribuciones que de por sí ejercen ya estos servidores públicos.
Aún peor, el colmo de este asunto es que en realidad muchas de las personas que reciben el bono de riesgo ocupan cargos que simplemente “no tienen nada que ver con alguna función que pudiera poner en riesgo su vida”, como lo confesó la propia Peschard. De acuerdo con la comisionada, estas personas recibirían el pago extraordinario no por su actividad actual, sino por la información sensible que manejan en función de los cargos que ocuparon en el pasado. Aunque en muchos casos ni siquiera existe esta justificación, ya que la lista de los “premiados” incluye cargos como el de coordinador de Opinión Pública y el de coordinador de Comunicación Social, ambos de la Presidencia de la República.
Resulta entonces que en muchos casos los “bonos de riesgo” no son justificables, y funcionan más como becas para los amigos o como jubilaciones para aquellos servidores públicos que si bien antes arriesgaban la vida hoy ya se encuentran en una suerte de retiro. Se abre de par en par el margen para el uso discrecional de estos pagos y se desmiente la idea de Arzt de que los criterios de distribución son tan “sistemáticos y metodológicos” que no existe la posibilidad de abuso.
El comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, quien de manera congruente cuestionó duramente la decisión de la mayoría, puso el dedo en la llaga: “Los ciudadanos tienen el derecho de desconfiar (...) ya que, por desgracia (...) no hay pocos ejemplos en los cuales esta desconfianza se ha traducido en ciertas realidades”.
La transparencia existe precisamente como un contrapeso al peligro siempre presente de abuso de la autoridad gubernamental. Y el IFAI existe para defender a los ciudadanos, no para proteger al gobierno en turno. Con decisiones como la del martes pasado, el instituto de la transparencia traiciona su espíritu ciudadano original y abona precisamente al sospechosismo que supuestamente busca conjurar. l
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