EXIGIMOS SOLUCION, NO REPRESION

INFORME, PRONUNCIAMIENTO E INVITACIÓN

Ante los métodos de represión y desprecio con los que los gobiernos federal y del estado de México han intentado darle solución a un problema que ellos mismos generaron, La Coordinadora Valle de Chalco, organización comunitaria e independiente, adherente a La Otra Campaña, manifiesta lo siguiente.

1. Como ya lo habíamos denunciado, la ruptura del Canal La Compañía no fue “una tragedia” así nomás, sino una maldición producto de la corrupción, la estupidez y la mezquindad de los tres niveles de gobierno. Se robaron los mil 423 millones de pesos destinados al entubamiento del Canal, por lo que son los responsables directos de la inundación y sus consecuencias.

2. Desde las primeras horas de la inundación se privilegió la presencia de los efectivos policíacos y militares, y no la del personal de la Conagua, Sedesol, o de alguna otra secretaría encargada de solucionar el problema, por lo que fue y es evidente que la solución programada por parte de los tres niveles de gobierno es apostarle al olvido y a la resignación, a la desesperación y a la represión hacia los afectados que manifiesten su legítima inconformidad de manera organizada.

3. En el clímax de su cinismo, José Luis Luege, titular de la Conagua, ha declarado que ellos no se hacen responsables de una próxima inundación ante la cercanía de la temporada de lluvias. Por su parte, el gobierno del estado de México declara que no hay recursos suficientes para concluir la obra del entubamiento del Canal, y a su vez Peña Nieto hace gala de su desvergüenza declarando que él “no es adivino para saber cuándo va a llover”, por lo que no puede hacer nada al respecto. El presidente municipal de Valle de Chalco se limita a señalar que un probable desbordamiento de otro canal provocaría una catástrofe cinco veces peor, pero que, vamos, él sólo es un humilde servidor público y le pagan sólo por hacer promesas y declaraciones, no para solucionar problemas “tan grandes”.

A resumidas cuentas, ninguno de los tres niveles de gobierno está pensando en darle solución definitiva al problema.

4. El censo que han realizado autoridades federales y estatales está plagado de irregularidades. La mayoría de las personas afectadas no aparecen en los censos a pesar de que personal de la Sedesol ya había pasado a sus hogares supuestamente levantando dicho censo. En muchos casos, en los que en una vivienda vive más de una familia, sólo ha sido considerada una sola familia. Para personas que rentaban la casa afectada de plano no hay apoyo alguno, pues el censo es para el propietario del inmueble; tenemos reportados casos de desalojo por parte de los caseros para así ellos poder cobrar los 25 mil pesos, quedando las personas verdaderamente afectadas literalmente en la calle.

Por si esto fura poco, de los supuestos 25 mil pesos que serán destinados para las familias afectadas no ha aparecido ni un solo centavo. Incluso si esta entrega se efectuara, ¿de qué sirven 25 mil pesos cuando se perdió el esfuerzo de toda una vida? ¿para qué intentar rehabilitar los hogares si no se garantiza que la inundación no vuelva a suceder? Es claro que al mal gobierno no le preocupan ni la vida ni el modesto patrimonio del pueblo trabajador.

5. Al temor de una nueva ruptura de las paredes laterales del Canal, ahora se le suma el temor a ser agredidos por los cuerpos policíacos. Pues la presencia de la policía federal y estatal no ha sido para contribuir a las labores de limpieza y mucho menos para garantizar la seguridad e integridad de las personas afectadas y de sus pertenencias.

Los pasados lunes 15 de febrero y jueves 25 de febrero, pobladores que se manifestaron de manera civil y pacífica para que sean atendidas sus demandas, fueron atacados por las policías estatal y federal, con saldo de decenas de heridos (ancianos, mujeres, hombres y niños) y dos detenidos. La policía federal allanó y rompió cristales de casas y comercios para seguir golpeando a mujeres embarazadas, niños y ancianos.

“No hay dinero para entubar el Canal”, dicen, “No hay dinero para indemnizar a tantas personas”, dicen, pero demuestran que sí hay dinero para mandar a cientos de policías a intimidar y golpear a la gente humilde y trabajadora.

Ante estos hechos, nos sumamos y reiteramos las demandas de nuestros compañeros, familiares y vecinos:

I. Solución total y definitiva al problema: que se entube de manera total el Canal de La Compañía para evitar nuevas inundaciones.

II. Reparación total de los daños ocasionados a las viviendas por dicha inundación.

III. Alto a los ataques policíacos contra la población y libertad inmediata para las dos personas detenidas.

6. Durante estos amargos días, la solidaridad de los de mero abajo no ha faltado. Compañeros y compañeras de organizaciones, colectivos y a título individual han brindado su apoyo. Gracias a ell@s y a nuestras convicciones de abajo y a la izquierda, nos hemos mantenido de pie, sin doblegarnos ante lo peor de la adversidad.

En medio del dolor, la rabia, la miseria, y ahora la represión, seguimos empeñados en la construcción de ése Otro mundo que anhelamos, que acariciamos, que merecemos, y que cada vez se nos revela como más necesario y urgente.

Por ello, como parte del plan de acción de la Coordinadora Valle de Chalco ─con el apoyo solidario de compañer@s de La Otra campaña─ realizaremos éste próximo domingo 7 de marzo, a partir de las 10:00 a.m. una Jornada Solidaria de Salud, una Verbena Popular (teatro, música, baile y comedor popular) y pondremos en marcha el Censo Autónomo.

Los invitamos pues a compartir dolores, esperanzas, rabia, dignidad y alegría.

¡Que la Rebeldía y la Solidaridad inunden las calles y NUNCA más las aguas negras!

Coordinadora Valle de Chalco


¡L@s zapatistas NO están sol@s!

Más información y contacto:

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coordiandora.libre@gmail.com

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Riesgos en la frontera de Colombia y Venezuela

La secuela del conflicto armado colombiano aún se expresa en la frontera con Venezuela por el paso ilegal de paramilitares hacia ese territorio y el auge de la delincuencia organizada en Cúcuta, una ciudad gobernada por la oposición cuya vida económica depende del consumo de sus vecinos.

Nydia Egremy

San José de Cúcuta, Colombia. Esta ciudad limítrofe con Venezuela, y capital del norte de Santander, condensa en su vida cotidiana las problemáticas y desafíos de la realidad política y económica de la región: inseguridad pública, diferendos políticos, trasiego ilegal de bienes y paso ilegal de personas.
En la frontera se construye un nuevo espacio geopolítico de 2 mil 300 kilómetros de extensión –que incluye el Mar Caribe hasta la selva amazónica–, con una identidad binacional y un mercado común que sobrepasa los 6 mil millones de dólares anuales. En ese mismo espacio ocurren incursiones de paramilitares colombianos hacia territorio venezolano, actos de la guerrilla y denuncias por los actos de la delincuencia organizada.
Semanalmente cruzan esa frontera 250 mil personas para trabajar en faenas temporales agrícolas, en instalaciones de la pequeña y mediana industria y en el comercio informal. A pesar de ese constante flujo humano, ambos países comparten la que se considera la más peligrosa frontera regional. También contribuye el fenómeno del contrabando por el desarrollo desigual en la frontera; basta mencionar que hasta 2001 San Cristóbal era la ciudad menos pobre de Venezuela, mientras que Cúcuta (su ciudad vecina) ostenta hace varios años la menor tasa de desempleo del país (8.6 por ciento).
La frontera que comparten Colombia y Venezuela es una zona geopolítica lejana de sus respectivos centros, donde se diluyen las nacionalidades. Aunque permanecen las tensiones entre los gobiernos de Hugo Chávez Frías y Álvaro Uribe Vélez, avanza la integración social y comercial entre San José de Cúcuta y San Cristóbal.
De acuerdo con el informe Caracterización de la frontera colombo-venezolana, de la Comunidad Andina de Naciones y de la que forma parte Colombia, esta zona constituye “el sector fronterizo de mayor interés e importancia para la relación bilateral” y para la integración andina, porque aquí tiene lugar uno de los procesos de integración “más intensos a escala de todo el subcontinente suramericano”. Cúcuta (Colombia) y San Cristóbal (Venezuela) congregan, en conjunto, casi 3 millones de habitantes; predomina en ese universo el 85 por ciento de jóvenes en una población urbana y con alta movilidad geográfica.
No obstante, el límite geográfico que comparten Colombia y Venezuela “se caracteriza por la ausencia significativa del Estado, una gran militarización y reiterada y sistemática violación de los derechos humanos de la población que habita en ella”, indica el estudio Género, desplazamiento y refugio. Frontera de Colombia y Venezuela del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, elaborado en 2005 por la investigadora Nubia Pedraza Palacios.
En julio de 2008, Jesús Gregorio González, director del Comando Estratégico Operacional de Venezuela, expresó al diario regional Panorama que en el estado de Zulia habían detectado un centro de entrenamiento de paramilitares colombianos a los que se señaló como responsables de los secuestros y asesinatos cometidos en la zona.
A su vez, estadísticas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Metroseguridad), que se apoyan en datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, apuntan que entre enero y septiembre de 2008 Cúcuta fue escenario de 412 muertes violentas: asesinatos, suicidios y defunciones por incidentes de tránsito, así como por enfrentamientos armados.
Contrabando
Ante las denuncias del comercio ilegal de armas, de drogas, de personas y el contrabando de todo tipo, la prioridad de la actual alcaldesa (2008-2012) María Eugenia Riascos es el Plan Fronteras, que busca acercar al gobierno nacional con las ciudades limítrofes. En materia de seguridad, además, se ha concentrado en la creación de la Policía Metropolitana para Cúcuta.
Desde abril de 2008, la alcaldesa Riascos propuso el pago de recompensas para que los cucutenses delaten a los criminales. También impulsó un plan de desarme y puso en marcha un programa para abatir la explotación sexual de menores, que prosperaba en esa ciudad.
La actividad guerrillera, particularmente atribuida al Ejército de Liberación Nacional y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que causó enfrentamientos en plena zona urbana de Cúcuta entre paramilitares y comandos guerrilleros, ha disminuido desde 2006, cuando se estableció una coordinación entre los ministerios de Defensa de Venezuela –encabezados por Isaías Baduel, general de aquel país, quien más tarde pasó a la oposición– y Colombia.
Con la problemática guerrillera en segundo plano, el dinamismo comercial de Cúcuta depende prácticamente de los visitantes venezolanos. Así lo manifestó Pedro Sayago Rojas, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta. De acuerdo con la información de ese organismo empresarial, “si Chávez reduce el cupo Cadivi (Comisión de Administración de Divisas del gobierno venezolano) y si se cierra la frontera un minuto, él sabe que nos crea un obstáculo y lo resentiremos terriblemente”.
El empresario y economista cucutense aludía así al mecanismo de control de divisas que estableció el gobierno de Chávez Frías, por el que permite a cada familia la disposición de una tarjeta de 5 mil dólares; un capital que multiplicó el poder de compra de los venezolanos y que, en la mayoría de los casos, se traslada a la zona fronteriza, pues, a quienes cruzan el río una vez que llegan a San Antonio del Táchira, no se les exige visa ni pasaporte.
A pesar de la crisis financiera mundial, San José Cúcuta vive un auge económico como resultado de la autonomía que le otorga su estatuto de Distrito Especial de Desarrollo Fronterizo y Turístico. Ésta es la sexta ciudad de Colombia con mejores oportunidades de negocios, según el índice Doing Bussiness.
Periodismo acotado
Los trabajadores de los medios electrónicos son de todas edades; esta ciudad de más de 1 millón de habitantes sólo tiene un periódico impreso. Todos han sido testigos de la intolerancia del poder político contra la libertad de expresión y, además, han sufrido los embates de la delincuencia organizada.
“En Colombia, prácticamente la libertad de expresión no ha existido”, porque los propietarios de los medios están comprometidos con figuras políticas o con las empresas y exigen que el reportero dé un sesgo a la información, asegura J. Mario Martínez, reportero de la emisora Vox Dei de la diócesis de Cúcuta. Sin embargo, el también productor acota que “los espacios para ejercer el periodismo independiente sí existen”.
Rosy Reyes explica que en Cúcuta sólo un diario –La Opinión– es “el que manda, el que dice cuál es la noticia de actualidad”. Los periodistas consultados denuncian que mucha información valiosa no se divulga y, en cambio, otra que no tiene sustento o que es la voz oficial sí sale a la luz.
En el municipio se hace un “periodismo de barriga: si te pagan, hablas bien”, dice John Roso, autor de la página electrónica SOS Cúcuta. (NE)

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Muerte en Hidalgo: tragedia sobre desgracias

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

La muerte de 11 campesinos en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, ocurrida en el primer día de la primavera, pone de nuevo ante la atención pública el aberrante fenómeno de que las aguas negras del Distrito Federal sirvan para regar extensas zonas en el estado de Hidalgo, productoras de comestibles que se contaminan de los desechos lanzados desde la Ciudad de México hacia zonas pobrísimas que por décadas se han resignado a ese tipo de riego, que causa estragos a su salud, y no a padecer la resequedad que es típica de la comarca vecina en el Valle del Mezquital.La capital de la República expulsa a través del Gran Canal del Desagüe 80 metros cúbicos de agua residuales por segundo. Poco más de la mitad de ese volumen, 43.5 metros cúbicos por segundo, llega a dos distritos de riego, el 03, de Tula, y el 100, de Alfajayucan, en la región poniente de Hidalgo. Ese líquido espeso y maloliente, caldo de cultivo de gérmenes patógenos, sirve a mil 200 usuarios que viven en siete ejidos de varios municipios. Por esa particularidad, y contrariamente a lo que dispone la ley, en esos distritos de riego, donde hace ya largo tiempo debieron instalarse plantas de tratamiento de las aguas negras, la administración del agua no ha sido entregada a los campesinos, sino que la ejerce la Comisión Nacional del Agua. Lo hace a medias, a partir de relaciones equívocas con los usuarios, a los que se responsabiliza de limpiar instalaciones bajo la dirección de la Conagua, que no los provee de entrenamiento ni equipo, además de que no cuenta con las instalaciones necesarias para proveer de líquido a los cultivos o no las tiene a punto..Esta situación es fuente de conflictos frecuentes. Más de una vez la oficina del delegado de la Conagua en Pachuca ha sido tomada, o estorbado el acceso a la misma, por usuarios inconformes con el incumplimiento de medidas a que se comprometen los funcionarios. Apenas el 24 de febrero, en preparación de la limpieza de una planta de rebombeo en la comunidad de El Refugio (donde ocurrió la tragedia), quedó clara la distancia entre las demandas de los afectados y la disposición de la autoridad. Según lo dijo el ingeniero Sergio Soto Priante, subdirector de Infraestructura Hidroagrícola de la Conagua, en aquella fecha “en la dirección local del estado de Hidalgo se realizó una reunión con la organización de usuarios en la cual se hicieron algunos planteamientos… en donde se solicita la modernización, la instalación de algunos equipos adicionales, (un) cuarto equipo de bombeo, estaban tres funcionando”.

El caudal de aguas negras ...

La respuesta burocrática a esos planteamientos consistió en decir “que se han hecho las gestiones para conseguir recursos para ese fin”. Se dijo también en la minuta respectiva, acerca de la cuarta bomba que era necesaria para la limpieza del cárcamo donde se produjo la tragedia del 21 de marzo, que “en la inversión para la dirección local Hidalgo, en caso de ser autorizada, será incluida la modernización de la cuarta bomba que está pendiente”. Se agrega que “esa obra se considera prioritaria”, pero no lo parece porque a continuación se calcula, según estimaciones, que “la licitación se haría en el mes de junio”. Como tampoco estaba en buenas condiciones la tercera bomba, en esa junta de 24 de febrero “se pone un plazo de veinte días para funcionamiento de la tercera bomba” Se dice también que “la dirección local hará las gestiones ante la gerencia del Programa Integral de Atención a Emergencias para conseguir una bomba de achique para el apoyo a los trabajos de limpieza que realizarán los usuarios”.El asunto, pues, era que la limpieza correspondiente a marzo se enfrentaba con limitaciones logísticas importantes. Así lo reconoció indirectamente el subdirector Soto Priante, cuyas palabras recojo de la versión estenográfica de la conferencia de prensa del 25 de marzo, cuatro días después de la muerte de los 11 campesinos, causada por intoxicación resultante de acumulación de gases derivada a su vez de la falta de limpieza. Dijo el funcionario que “los días cinco y seis de marzo se empiezan a realizar los trabajos”. Primero, explicó a la prensa, se saca el agua, y después, “con las bombas de achique que se consiguieron se van sacando los residuos que quedan”; esto es, “primero sacar el agua y dejar que se ventilara y dejar que se secara el lodo para hacer la extracción”.“¿Qué sucedió? –se pregunta el subdirector, que se contesta de inmediato: Lo que sucedió es que la bomba de achique no dio la capacidad; entonces el trabajo se hizo a la mitad… entonces se dejó entrar el agua y se volvió a bombear en tanto se conseguía una bomba más adecuada”. En la confusa descripción hecha por Soto Priante no queda claro cuándo se consiguió la bomba necesaria para no dejar los trabajos a la mitad. Pero de pronto resulta que ni la bomba ni la limpieza eran en realidad necesarias porque, según dijo, no había problema de suministro de agua, algo contrario a lo alegado por los campesinos que de modo intempestivo acudieron el 21 de marzo en pos del líquido y por ello murieron: en la semana del 16 al 20 de marzo la demanda de agua era de 660 litros por segundo (y con las tres bombas en funcionamiento puede surtirse más de esa cantidad, 750 litros por segundo. Más todavía, el 19 “se pararon todas las bombas porque no hubo demanda… por parte de los usuarios”.Y sin embargo, se creería que los usuarios enloquecieron, pues el 21 un grupo que procedía de la comunidad de Texas apareció en el cárcamo de El Refugio en demanda de agua. Si lo dicho por el subdirector de la Conagua es verdad, tiene razón el director de la propia comisión, José Luis Luege, que no se explica lo sucedido aquel sábado. La decisión (que los funcionarios presentan como arbitraria, incomprensible y aun suicida) de los usuarios de intentar la limpieza para contar con más líquido, sólo se explica porque estaban siendo desatendidos por la autoridad y ellos tenían urgencia de regar sus cultivos. Autoridades municipales de Atotonilco de Tula deslizaron la especie de que la intoxicación por gases que causó la muerte de 11 personas habría sido causada por desechos industriales arrojados al río Salado por la empresa Ecoltec. Consigné esa versión en la Plaza Pública del 25 de marzo, y el mismo día la empresa, subsidiaria de Holcim Apasco, informó que “no descarga agua ni otros materiales al río Salado ni a ningún otro manto acuífero, por lo que… no tiene responsabilidad alguna en ese infortunado suceso”. De ser así, la muerte de los 11 usuarios del distrito de riego fue causada por los gases a que se expusieron al entrar sin autorización al cárcamo de la tragedia. Una indagación debe establecer si los gases se habían concentrado porque la limpieza de la planta quedó a la mitad y ello generó la impaciencia de los campesinos, urgidos del líquido para su trabajo, impaciencia no compartida y ni siquiera conocida desde las oficinas de la Conagua.Debe saberse con puntualidad lo ocurrido, por respeto a las víctimas, a sus deudos y a quienes estén en riesgo de padecer una muerte semejante si no se activa el trabajo de la Comisión Nacional del Agua y se corrigen sus deficiencias. l