El Gobierno de EU inyectará cerca de 200 millones de pesos al CISEN, dizque para la lucha contra las drogas / Hay insultante derroche
MEXICO, D.F., 5 de octubre (EL UNIVERSAL).- Washington inyectará casi 17 millones de dólares al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de México, para la lucha antidrogas y contra el terrorismo.
El Cisen recibirá una partida de 7 millones 933 mil dólares y otra por 8 millones 864 mil entre 2008 y 2009, en el marco de la Iniciativa Mérida de lucha contra el narcotráfico, indica el Plan de Gastos del Departamento de Estado de EU cuya copia tiene EL UNIVERSAL.
Ambos montos se ubican en el Plan de Gastos del gobierno de EU bajo el rubro Contranarcóticos, Contraterrorismo y Seguridad en la Frontera; en él se precisa que el monitoreo del Cisen será vigilado para ``asegurarse que el equipo será utilizado de acuerdo a las leyes de Estados Unidos y México’‘.
Los suministros al Cisen en 2008 dentro de estos fondos incluirán equipo de cómputo, sistemas operativos, entrenamiento para actualizar comunicaciones seguras y preparación del sitio de computadoras, señala el plan.
“El sistema de telecomunicaciones que enlaza los 18 puertos de entrada donde el Cisen está activo con oficinas matrices, incluirá el encriptamiento de voz en protocolos de internet (VOIP), permitirá el monitoreo de entrevistas a viajeros sospechosos en tiempo real en los cuarteles generales vía voz segura y sistemas de información’‘, precisa.
La renovación de su base de datos busca mejorar la integración de la información que se captura en los puertos de entrada por el Instituto Nacional de Migración (INM), reteniendo información histórica desarrollada por otras agencias de la Ley en México, y esto permita una rápida recuperación y análisis incluyendo análisis de las capacidades de enlace, refiere el Plan de Gastos.
Además se proveerá capacidad de transmisión de datos inalámbrica desde unidades portátiles, e incluye la instalación de lectores biométricos y de huellas digitales.
El equipo de análisis indica, permitirá a técnicos del Cisen interpretar evidencia digital de computadoras confiscadas y será interoperable con equipo utilizado por otras agencias del gobierno mexicano.
El plan de gastos para el Cisen, ``ayudará a los servicios de inteligencia mexicana a reforzar sus capacidades contra amenazas terroristas’‘, por lo que el monto para 2009 destinado al Cisen considera el apoyo para entrenamiento antiterrorista y equipo de detección de explosivos con su correspondiente entrenamiento, detalla.
Para el año fiscal 2009 el plan ``apoyaría el equipamiento de un centro de análisis recién instalado con administración de información y software de análisis de datos que apoye las funciones de inteligencia financiera y las investigaciones de las agencias policíacas’‘.
El modelo proyecta integrar el portal de Cisen con la Plataforma México, el sistema nacional de seguridad del gobierno mexicano de interconectividad entre agencias de a ley. A través de Plataforma México, detalla, la nueva capacidad de análisis del Cisen informará de los operativos de las agencias de México y éstas coordinadas con Estados Unidos, Centroamérica y otros socios regionales.
El Plan de Gastos menciona que el Cisen proporcionará el lugar, el personal y los costos de operación y se considera un paquete de dos años de mantenimiento del equipo, dando tiempo al Cisen de absorber costos de mantenimiento en su propio presupuesto.
Así, el Centro Nacional de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) solicita un cocedor de verduras de 130 mil pesos, dos cortadores de legumbres de 40 mil pesos cada uno y un sartén eléctrico de 90 mil pesos, entre otros equipos.
De acuerdo con el Programa de Inversiones de Adquisiciones (que contempla una erogación de12.7 millones de pesos) que tendría que ejercer entre julio y diciembre de 2008, el organismo encabezado por Guillermo Valdés Castellanos plantea: ``para atender las actividades propias de inteligencia para la seguridad nacional’‘, es necesario renovar activos fijos de la institución.
lunes, octubre 06, 2008
El tiempo se acabó y este domingo se cierra el dialogo
La Epoca/
La masacre de Cobija durante septiembre pasado forzó el parto de un dialogo cuyo nacimiento parecía imposible entre el gobierno y la sangrienta oposición de los prefectos de la Media Luna, casi al final de recorrido dicho dialogo fue suspendido por los mismos prefectos a favor de un confeso terrorista. Aun así se ha logrado rescatar los aportes de aquel inconcluso consenso cuyo debate ahora pasará al Congreso.
El dialogo “temporalmente suspendido” entre el gobierno y los prefectos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca concluirá definitivamente este domingo y se inaugurará un nuevo periodo de debate en el Congreso Nacional en el cual se buscará viabilizar los temas de la convocatoria a los referendos dirimidos y aprobatorio sobre la tierra y por la nueva Carta Magna y su inclusión de las autonomías.
El viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, afirmó esta mañana que el cierre del dialogo terminará con la presentación de los resultados de las mesas que debatieron la inclusión de las autonomías en la nueva constitución y también la problemática del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Así mismo explicó que la presentación de los resultados de las mesas técnicas y el cierre del ciclo de dialogo se realizará se cuente o no con la presencia de los prefectos opositores cuya ausencia seria una “pésima señal”, como la autoridad calificó la hipotética situación.
Yaksic también declaró que ahora seria el pueblo quien tenga la decisión sobre la nueva constitución en el referéndum que deberá ser convocado por el Congreso Nacional hasta el 15 de octubre, de acuerdo a la Agencia Boliviana de Noticias (ABI).
El debate que se llevará acabo en el Congreso rescatará las conclusiones de las mesas técnicas tanto de la oposición como las del gobierno.
La masacre de Cobija durante septiembre pasado forzó el parto de un dialogo cuyo nacimiento parecía imposible entre el gobierno y la sangrienta oposición de los prefectos de la Media Luna, casi al final de recorrido dicho dialogo fue suspendido por los mismos prefectos a favor de un confeso terrorista. Aun así se ha logrado rescatar los aportes de aquel inconcluso consenso cuyo debate ahora pasará al Congreso.
El dialogo “temporalmente suspendido” entre el gobierno y los prefectos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca concluirá definitivamente este domingo y se inaugurará un nuevo periodo de debate en el Congreso Nacional en el cual se buscará viabilizar los temas de la convocatoria a los referendos dirimidos y aprobatorio sobre la tierra y por la nueva Carta Magna y su inclusión de las autonomías.
El viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, afirmó esta mañana que el cierre del dialogo terminará con la presentación de los resultados de las mesas que debatieron la inclusión de las autonomías en la nueva constitución y también la problemática del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Así mismo explicó que la presentación de los resultados de las mesas técnicas y el cierre del ciclo de dialogo se realizará se cuente o no con la presencia de los prefectos opositores cuya ausencia seria una “pésima señal”, como la autoridad calificó la hipotética situación.
Yaksic también declaró que ahora seria el pueblo quien tenga la decisión sobre la nueva constitución en el referéndum que deberá ser convocado por el Congreso Nacional hasta el 15 de octubre, de acuerdo a la Agencia Boliviana de Noticias (ABI).
El debate que se llevará acabo en el Congreso rescatará las conclusiones de las mesas técnicas tanto de la oposición como las del gobierno.
El FBI otorga licencias para "tirar a matar"
Proyecto Censurado 2009
Matthew Rothschild
The Progressive
Más de 23.000 representantes de la industria privada trabajan silenciosamente con el FBI y el departamento de Seguridad de la Patria (DHS, en inglés) para recolectar y proporcionar información sobre las amistades de los estadounidenses. En respuesta, los miembros de este grupo de rápido crecimiento llamado InfraGard reciben advertencias secretas de amenazas terroristas antes que el público y, ocasionalmente, antes que ciertos funcionarios.
"Hay evidencia de que InfraGard puede estar más cerca de un ‘Programa Corporativo de Información Total’ (TIPS, en inglés) que convertiría en los ojos y oídos del FBI a todas las corporaciones del sector privado capaces de manejarlo y dotadas de la capacidad de observar las actividades de millones de clientes individuales”, según un informe de la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU, en inglés) titulado "El complejo de vigilancia industrial: Cómo el gobierno estadounidense está reclutando a negocios y a individuos en la construcción de una sociedad de la vigilancia".
InfraGard comenzó en Cleveland hacia 1996 con más de 350 miembros de Fortune 500, cuando el sector privado local cooperó con el FBI para investigar cyber amenazas. “Desde entonces, el FBI lo reprodujo", dijo Phyllis Schneck, presidenta de la junta directiva de la Alianza Nacional de Miembros de InfraGard, y principal motor del crecimiento de InfraGard durante los últimos años.
El director del FBI Roberto Mueller se adhirió a una convención de InfraGard el 9 de agosto de 2005. "Hasta la fecha, hay más de 11.000 miembros de InfraGard", dijo entonces. "En nuestra perspectiva, ascienden a 11.000 contactos, …11.000 socios en nuestra misión de proteger a EEUU". Luego agregó: "lo de ustedes es la primera línea de defensa en el sector privado".
El 9 de mayo de 2007, George Bush proclamó la Directiva Presidencial Nº 51 de Seguridad Nacional titulada "Política de Continuidad Nacional". En ella, instruyó al ministro de Seguridad de la Patria para coordinar con los "dueños del sector privado y los operadores de infraestructura crítica, como los más apropiados, para prever la entrega de servicios esenciales durante una emergencia".
"Ofrecemos mucho de nuestra capacidad de preparación [a los InfraGard]", dijo Amy Kudwa, portavoz del DHS. "Proporcionamos altavoces, así como presentaciones comunes [con el FBI]. También entrenamos junto con ellos y han participado (a veces por centenares a la vez) en ejercicios nacionales de preparación". Según más de un miembro entrevistado, una ventaja adicional a la calidad de miembro de InfraGard es el permiso de tirar a matar en el evento de ley marcial, sin miedo al procesamiento.
"Conseguimos un fácil acceso a información segura exclusivamente para los miembros de InfraGard", explicó Schneck. "Si usted tuviera que llamar al 1-800-FBI, usted probablemente no se incomodaría", dijo la dirigenta. "Pero si usted conoció a Joe durante el meeting local que con él y se comieron una dona, puede ser que usted llame para dar o conseguir [información]. Quisiéramos que cada uno tuviera un pequeño libro negro".
Jay Stanley, director de educación pública del programa de libertad y tecnología de ACLU, advirtió: "El FBI no debe crear a una clase privilegiada de estadounidenses que consiguen un tratamiento especial. Ante la ley no existe una “clase de negocio”. ¿Si existe información que el FBI puede compartir con 22.000 pesos pesados corporativos, por qué razón no la comparte con el público?, que es justo con quién se supone que debe mantener esa verdadera relación especial. El secreto no es un favor de partido para dárselo sólo a los amigos... Esto distorsiona el trato igualitario, y no almibarado, que debe tener el FBI con las corporaciones que desea atraer a su maquinaria doméstica de vigilancia”.
InfraGard no es de fácil acceso para el público en general. De acuerdo a su sitio web, sus comunicaciones con el FBI y el DHS están fuera del alcance de la Ley de Libertad de Información por estar eximidas como "secretos comerciales". Y cualquier conversación con el público o con los medios debe ser cuidadosamente ensayada.
Actualización de Matt Rothschild
The Progressive emitió un informe de prensa con la historia de InfraGard y ahora he sido entrevistado por Air America, Democracy Now! y otras expresiones de radios alternativas. Pero los grandes medios de información no le han hecho caso a esta historia, a excepción de un pequeño informe del servicio de cable. Pero el FBI no lo ha ignorado. El 15 de febrero publicó su versión en un comunicado de prensa.
El 15 de febrero, el FBI emitió un comunicado de prensa denunciando nuestro artículo. "Las demandas del artículo son patentemente falsas", dijo Shawn Henry, Director Asistente de la División Cyber del FBI. “Los miembros de InfraGard no tienen ningún poder extraordinario y ni un derecho mayor de disparar a matar más que otros civiles".
¿"El derecho no mayor"? ¿Ése es el lenguaje apropiado? Me acordé de un fragmento de mi artículo que contiene una respuesta de Curt Haugen, CEO del S’Curo Group y miembro orgulloso de InfraGard. Cuando le pregunté si los agentes del FBI o de Seguridad de la Patria le habían dicho a miembros de InfraGard que podrían utilizar a discreción la fuerza mortal en una emergencia, él dijo respondió: “Respecto a esto, no mucho puedo yo comentar. Pero como ciudadano privado, usted tiene derecho a utilizar la fuerza si se siente amenazado".
Observé que el FBI no negó que siempre les dijo a los miembros de InfraGard que podrían "tirar a matar." Todo lo que dijo Henry fue que los miembros de InfraGard "tienen derecho no mayor". Y ése es, exactamente, el meollo de mi historia.
El FBI parecía estimar que no di bastante información acerca de mi informante sobre el meeting que cité. "Desafortunadamente, el autor del artículo de Progressive rechazó incluso identificar cuándo o dónde tuvo lugar la pequeña reunión aludida en que se discutieron las aplicaciones de la ley marcial", dijo el comunicado de prensa de Henry. "Si conseguimos esa información, el FBI ciertamente seguirá y clarificará cualquier malentendido posible."
La razón por la que no identifiqué dónde o cuándo ocurrió tal reunión es obvia: No quise revelar cualquier dato que expusiera a mi fuente.
Incidentalmente, el comunicado de prensa omite mencionar, sin embargo, que recibí confirmación sobre las discusiones acerca de la "fuerza letal" de otro miembro de InfraGard, a quien nombré. Reitero cada una de las palabras de mi historia. E invito al Congreso a investigar InfraGard y a examinar los planes que el FBI pueda tener almacenados para épocas de emergencia, no solamente para InfraGard sino para todos nosotros.
Una nota final: Desde que apareció la historia, he recibido varios nuevos datos, incluyendo uno confirmando que le han dado poderes letales a una compañía privada.
Fuente:
The Progressive, February 7, 2008
Título: “Exclusive! The FBI Deputizes Business”
Autor: Matthew Rothschild
Estudiantes investigadores: Chris Armanino y Sarah Maddox
Evaluador académico: Josh Meisel, Ph.D.
Título original: The FBI Deputizes Business
Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)
Matthew Rothschild
The Progressive
Más de 23.000 representantes de la industria privada trabajan silenciosamente con el FBI y el departamento de Seguridad de la Patria (DHS, en inglés) para recolectar y proporcionar información sobre las amistades de los estadounidenses. En respuesta, los miembros de este grupo de rápido crecimiento llamado InfraGard reciben advertencias secretas de amenazas terroristas antes que el público y, ocasionalmente, antes que ciertos funcionarios.
"Hay evidencia de que InfraGard puede estar más cerca de un ‘Programa Corporativo de Información Total’ (TIPS, en inglés) que convertiría en los ojos y oídos del FBI a todas las corporaciones del sector privado capaces de manejarlo y dotadas de la capacidad de observar las actividades de millones de clientes individuales”, según un informe de la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU, en inglés) titulado "El complejo de vigilancia industrial: Cómo el gobierno estadounidense está reclutando a negocios y a individuos en la construcción de una sociedad de la vigilancia".
InfraGard comenzó en Cleveland hacia 1996 con más de 350 miembros de Fortune 500, cuando el sector privado local cooperó con el FBI para investigar cyber amenazas. “Desde entonces, el FBI lo reprodujo", dijo Phyllis Schneck, presidenta de la junta directiva de la Alianza Nacional de Miembros de InfraGard, y principal motor del crecimiento de InfraGard durante los últimos años.
El director del FBI Roberto Mueller se adhirió a una convención de InfraGard el 9 de agosto de 2005. "Hasta la fecha, hay más de 11.000 miembros de InfraGard", dijo entonces. "En nuestra perspectiva, ascienden a 11.000 contactos, …11.000 socios en nuestra misión de proteger a EEUU". Luego agregó: "lo de ustedes es la primera línea de defensa en el sector privado".
El 9 de mayo de 2007, George Bush proclamó la Directiva Presidencial Nº 51 de Seguridad Nacional titulada "Política de Continuidad Nacional". En ella, instruyó al ministro de Seguridad de la Patria para coordinar con los "dueños del sector privado y los operadores de infraestructura crítica, como los más apropiados, para prever la entrega de servicios esenciales durante una emergencia".
"Ofrecemos mucho de nuestra capacidad de preparación [a los InfraGard]", dijo Amy Kudwa, portavoz del DHS. "Proporcionamos altavoces, así como presentaciones comunes [con el FBI]. También entrenamos junto con ellos y han participado (a veces por centenares a la vez) en ejercicios nacionales de preparación". Según más de un miembro entrevistado, una ventaja adicional a la calidad de miembro de InfraGard es el permiso de tirar a matar en el evento de ley marcial, sin miedo al procesamiento.
"Conseguimos un fácil acceso a información segura exclusivamente para los miembros de InfraGard", explicó Schneck. "Si usted tuviera que llamar al 1-800-FBI, usted probablemente no se incomodaría", dijo la dirigenta. "Pero si usted conoció a Joe durante el meeting local que con él y se comieron una dona, puede ser que usted llame para dar o conseguir [información]. Quisiéramos que cada uno tuviera un pequeño libro negro".
Jay Stanley, director de educación pública del programa de libertad y tecnología de ACLU, advirtió: "El FBI no debe crear a una clase privilegiada de estadounidenses que consiguen un tratamiento especial. Ante la ley no existe una “clase de negocio”. ¿Si existe información que el FBI puede compartir con 22.000 pesos pesados corporativos, por qué razón no la comparte con el público?, que es justo con quién se supone que debe mantener esa verdadera relación especial. El secreto no es un favor de partido para dárselo sólo a los amigos... Esto distorsiona el trato igualitario, y no almibarado, que debe tener el FBI con las corporaciones que desea atraer a su maquinaria doméstica de vigilancia”.
InfraGard no es de fácil acceso para el público en general. De acuerdo a su sitio web, sus comunicaciones con el FBI y el DHS están fuera del alcance de la Ley de Libertad de Información por estar eximidas como "secretos comerciales". Y cualquier conversación con el público o con los medios debe ser cuidadosamente ensayada.
Actualización de Matt Rothschild
The Progressive emitió un informe de prensa con la historia de InfraGard y ahora he sido entrevistado por Air America, Democracy Now! y otras expresiones de radios alternativas. Pero los grandes medios de información no le han hecho caso a esta historia, a excepción de un pequeño informe del servicio de cable. Pero el FBI no lo ha ignorado. El 15 de febrero publicó su versión en un comunicado de prensa.
El 15 de febrero, el FBI emitió un comunicado de prensa denunciando nuestro artículo. "Las demandas del artículo son patentemente falsas", dijo Shawn Henry, Director Asistente de la División Cyber del FBI. “Los miembros de InfraGard no tienen ningún poder extraordinario y ni un derecho mayor de disparar a matar más que otros civiles".
¿"El derecho no mayor"? ¿Ése es el lenguaje apropiado? Me acordé de un fragmento de mi artículo que contiene una respuesta de Curt Haugen, CEO del S’Curo Group y miembro orgulloso de InfraGard. Cuando le pregunté si los agentes del FBI o de Seguridad de la Patria le habían dicho a miembros de InfraGard que podrían utilizar a discreción la fuerza mortal en una emergencia, él dijo respondió: “Respecto a esto, no mucho puedo yo comentar. Pero como ciudadano privado, usted tiene derecho a utilizar la fuerza si se siente amenazado".
Observé que el FBI no negó que siempre les dijo a los miembros de InfraGard que podrían "tirar a matar." Todo lo que dijo Henry fue que los miembros de InfraGard "tienen derecho no mayor". Y ése es, exactamente, el meollo de mi historia.
El FBI parecía estimar que no di bastante información acerca de mi informante sobre el meeting que cité. "Desafortunadamente, el autor del artículo de Progressive rechazó incluso identificar cuándo o dónde tuvo lugar la pequeña reunión aludida en que se discutieron las aplicaciones de la ley marcial", dijo el comunicado de prensa de Henry. "Si conseguimos esa información, el FBI ciertamente seguirá y clarificará cualquier malentendido posible."
La razón por la que no identifiqué dónde o cuándo ocurrió tal reunión es obvia: No quise revelar cualquier dato que expusiera a mi fuente.
Incidentalmente, el comunicado de prensa omite mencionar, sin embargo, que recibí confirmación sobre las discusiones acerca de la "fuerza letal" de otro miembro de InfraGard, a quien nombré. Reitero cada una de las palabras de mi historia. E invito al Congreso a investigar InfraGard y a examinar los planes que el FBI pueda tener almacenados para épocas de emergencia, no solamente para InfraGard sino para todos nosotros.
Una nota final: Desde que apareció la historia, he recibido varios nuevos datos, incluyendo uno confirmando que le han dado poderes letales a una compañía privada.
Fuente:
The Progressive, February 7, 2008
Título: “Exclusive! The FBI Deputizes Business”
Autor: Matthew Rothschild
Estudiantes investigadores: Chris Armanino y Sarah Maddox
Evaluador académico: Josh Meisel, Ph.D.
Título original: The FBI Deputizes Business
Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)
“España se hunde en la marea neoliberal europea”
Introducción de la Propiedad Industrial en los planes de estudios universitarios
Fabián Pena
Rebelión
Contrariamente a lo divulgado por los organismos internacionales, regionales y nacionales de propiedad intelectual y grandes estudios de abogados representantes de empresas transnacionales, la propiedad intelectual es simplemente un mecanismo de creación de monopolios, utilizado por las corporaciones de naciones más adelantadas tecnológicamente para captar recursos económicos desde Iberoamérica.
La creación de estos monopolios temporales permite, bajo la protección de leyes abusivas de marcas y patentes, la transferencia de remesas dinerarias desde las empresas subsidiarias españolas o latinoamericanas hacia las casa matrices de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia o Japón; al mismo tiempo que se bloquea la innovación de origen nacional de los pequeños y medianos empresarios españoles o latinoamericanos.
Las patentes y las marcas lejos de promover la innovación y las inversiones en estos países, se han convertido en sofisticados instrumentos, tanto para el control de procesos productivos de bienes tecnológicos (equipos, máquinas, medicamentos, nutrientes alimenticios), como para la fijación artificial de sobre-precios por parte de las principales industrias, en especial alimenticias y farmacéuticas, quienes desde su posición monopólica creada por las patentes y las marcas, asignan precios distorsionados a productos esenciales para la subsistencia de los ciudadanos en su vida cotidiana.
Sin embargo, y por mandato de las grandes corporaciones transnacionales y organismos internacionales (sin el control de los gobiernos o con su complicidad), las oficinas de propiedad industrial venden falazmente el sistema de patentes y marcas como panacea para el desarrollo nacional.
En el Estado español, el organismo encargado de aplicar la ley es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), quien al igual que las oficinas de los países del Sur (con contadas excepciones), funcionan como entes autónomos del gobierno trabajando en contra de los intereses de los empresarios nacionales y consumidores, quienes no alcanzan a identificar a esta institución como parte necesaria en la cadena de confiscación de los magros salarios de la población española. Por el contrario, este organismo estatal promociona a las marcas y patentes como generadores de negocios e inversiones (en realidad de los países extranjeros), naturalizando esta idea en la percepción de la sociedad.
De hecho, la OEPM ha asumido en los últimos años dos roles principales: por un lado ser la oficina destinada a experimentar la eficacia de los nuevos proyectos diseñados por la Oficina Europea de Patentes (EPO) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); y por el otro, ser el ente encargado de trasladar la doctrina neoliberal en esta materia hacia los países de Latinoamérica bajo la figura de cooperación.
Como una muestra más de este primer rol, se llevará a cabo los próximos días 5 y 6 de noviembre en Madrid, el “Taller Itinerante” auspiciado por la Academia Europea de Patentes integrado dentro de un proyecto paneuropeo. Se celebrará en la sede de la OEPM dirigido a Rectores, Decanos y profesores de Universidad, así como a otros actores involucrados en la elaboración de los planes de estudio universitarios. Su objetivo es -según los organizadores- resaltar la importancia de la Propiedad Industrial (PI) y su introducción en dichos planes de estudio.
El taller tendrá dos días de duración y, al final del mismo, se pretende trazar un plan para integrar la PI dentro de los planes de estudios de las universidades españolas.
El primer día se celebrarán dos sesiones en las que se contemplará la situación actual en España y se expondrán las experiencias desarrollas en Europa en esta materia. El segundo día se dedicará íntegramente a España y se presentarán por un lado, los “retos” para integrar la enseñanza de la PI en las diferentes facultades y Escuelas de las universidades españolas, y por otro, proponer específicamente “cómo incluir la enseñanza de la PI en sus planes de estudio”.
Basado en los resultados de este taller, la Academia Europea de Patentes en cooperación con las diferentes oficinas nacionales de PI, lanzará un proyecto paneuropeo que tiene como objetivos:
incrementar el que las universidades europeas se conciencien sobre la importancia de la PI.
crear y expandir una estructura de enseñanza de la PI
establecer unos estándares mínimos para la enseñanza de la PI en varias facultades a nivel europeo.
desarrollar material para la enseñanza de la PI
formación de personal docente
armonizar la enseñanza de la PI en Europa
La penetración de los principios de la propiedad industrial en las universidades españolas es, sin lugar a dudas, una jugada de alto riesgo para una sociedad que parece hundirse cada vez más en la gran marea neoliberal europea.
Fabián Pena
Rebelión
Contrariamente a lo divulgado por los organismos internacionales, regionales y nacionales de propiedad intelectual y grandes estudios de abogados representantes de empresas transnacionales, la propiedad intelectual es simplemente un mecanismo de creación de monopolios, utilizado por las corporaciones de naciones más adelantadas tecnológicamente para captar recursos económicos desde Iberoamérica.
La creación de estos monopolios temporales permite, bajo la protección de leyes abusivas de marcas y patentes, la transferencia de remesas dinerarias desde las empresas subsidiarias españolas o latinoamericanas hacia las casa matrices de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia o Japón; al mismo tiempo que se bloquea la innovación de origen nacional de los pequeños y medianos empresarios españoles o latinoamericanos.
Las patentes y las marcas lejos de promover la innovación y las inversiones en estos países, se han convertido en sofisticados instrumentos, tanto para el control de procesos productivos de bienes tecnológicos (equipos, máquinas, medicamentos, nutrientes alimenticios), como para la fijación artificial de sobre-precios por parte de las principales industrias, en especial alimenticias y farmacéuticas, quienes desde su posición monopólica creada por las patentes y las marcas, asignan precios distorsionados a productos esenciales para la subsistencia de los ciudadanos en su vida cotidiana.
Sin embargo, y por mandato de las grandes corporaciones transnacionales y organismos internacionales (sin el control de los gobiernos o con su complicidad), las oficinas de propiedad industrial venden falazmente el sistema de patentes y marcas como panacea para el desarrollo nacional.
En el Estado español, el organismo encargado de aplicar la ley es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), quien al igual que las oficinas de los países del Sur (con contadas excepciones), funcionan como entes autónomos del gobierno trabajando en contra de los intereses de los empresarios nacionales y consumidores, quienes no alcanzan a identificar a esta institución como parte necesaria en la cadena de confiscación de los magros salarios de la población española. Por el contrario, este organismo estatal promociona a las marcas y patentes como generadores de negocios e inversiones (en realidad de los países extranjeros), naturalizando esta idea en la percepción de la sociedad.
De hecho, la OEPM ha asumido en los últimos años dos roles principales: por un lado ser la oficina destinada a experimentar la eficacia de los nuevos proyectos diseñados por la Oficina Europea de Patentes (EPO) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); y por el otro, ser el ente encargado de trasladar la doctrina neoliberal en esta materia hacia los países de Latinoamérica bajo la figura de cooperación.
Como una muestra más de este primer rol, se llevará a cabo los próximos días 5 y 6 de noviembre en Madrid, el “Taller Itinerante” auspiciado por la Academia Europea de Patentes integrado dentro de un proyecto paneuropeo. Se celebrará en la sede de la OEPM dirigido a Rectores, Decanos y profesores de Universidad, así como a otros actores involucrados en la elaboración de los planes de estudio universitarios. Su objetivo es -según los organizadores- resaltar la importancia de la Propiedad Industrial (PI) y su introducción en dichos planes de estudio.
El taller tendrá dos días de duración y, al final del mismo, se pretende trazar un plan para integrar la PI dentro de los planes de estudios de las universidades españolas.
El primer día se celebrarán dos sesiones en las que se contemplará la situación actual en España y se expondrán las experiencias desarrollas en Europa en esta materia. El segundo día se dedicará íntegramente a España y se presentarán por un lado, los “retos” para integrar la enseñanza de la PI en las diferentes facultades y Escuelas de las universidades españolas, y por otro, proponer específicamente “cómo incluir la enseñanza de la PI en sus planes de estudio”.
Basado en los resultados de este taller, la Academia Europea de Patentes en cooperación con las diferentes oficinas nacionales de PI, lanzará un proyecto paneuropeo que tiene como objetivos:
incrementar el que las universidades europeas se conciencien sobre la importancia de la PI.
crear y expandir una estructura de enseñanza de la PI
establecer unos estándares mínimos para la enseñanza de la PI en varias facultades a nivel europeo.
desarrollar material para la enseñanza de la PI
formación de personal docente
armonizar la enseñanza de la PI en Europa
La penetración de los principios de la propiedad industrial en las universidades españolas es, sin lugar a dudas, una jugada de alto riesgo para una sociedad que parece hundirse cada vez más en la gran marea neoliberal europea.
Carta de una integrante de Abuelas de Plaza de Mayo
María Isabel Chicha de Mariani, integrante de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, lanzó una carta pública en la que hace un llamado para encontrar a su nieta Clara Anahí, robada en 1976 a los tres meses de edad durante la última dictadura militar argentina, luego de que sus padres, Daniel Mariani y Diana Teruggi, fueron detenidos y posteriormente asesinados.
A sus más de 80 años, Chicha Mariani expresa en la misiva sus esperanzas de encontrar a Clara y reconstruir la historia familiar interrumpida. A continuación, el texto íntegro de la carta:
Querida nieta:
Soy tu abuela “Chicha” Chorobik de Mariani, te busco desde el momento en que Etchecolatz, Camps y su tropa mataron a tu madre y te secuestraron de tu hogar en la calle 30 número 1134 de La Plata, República Argentina. Era el 24 de noviembre de 1976 y tenías tres meses de edad. Desde ese momento con tu padre te buscamos hasta que a él también lo asesinaron.
A pesar de que trataron de convencerme de que habías muerto en la balacera, yo sabía que estabas viva. Hoy está comprobado que sobreviviste y estás en poder de alguien. Ya tienes 31 años y tu número de documento probablemente sea cercano al 25.476.305 con el que te anotamos. Yo quisiera pedirte que busques fotos de cuando eras bebé y las compares con las que acompañan este texto.
Quiero contarte que tu abuelo paterno se dedicó a la música y yo a las artes plásticas; que tus abuelos maternos se dedicaron a las ciencias, que tu mamá amaba la literatura y tu papá era licenciado en economía. Ambos tenían un gran sentido de la solidaridad y compromiso con la sociedad. Algo de todo esto tendrás en tus inclinaciones de vida porque, a pesar de que hayas sido criada en un hogar distinto, uno guarda internamente los genes de sus antepasados. Seguramente hay muchas preguntas sin respuesta que aletean en tu interior.
A mis más de 80 años mi aspiración es abrazarte y reconocerme en tu mirada, me gustaría que vinieras hacia mí para que esta larga búsqueda se concretara en el mayor anhelo que me mantiene en pie, el que nos encontremos.
Clara Anahí, mientras te espero seguiré buscándote.
Te abraza, tu abuela “Chicha” Mariani.
Investigan desaparición de al menos veinte jóvenes en Colombia
Fueron reportados como muertos en combate
Afp
Bogotá, 5 de octubre. Una veintena de cadáveres de jóvenes que en el último mes fueron presentados por el ejército colombiano como presuntos guerrilleros muertos en combate, podrían corresponder en realidad a los de muchachos oriundos de barrios pobres del sur de Bogotá que a base de engaños fueron llevados a la región fronteriza del noreste de Colombia, denunciaron organizaciones de derechos humanos.
Los jóvenes fueron invitados por sujetos no identificados –presuntos miembros de grupos armados paramilitares de Ciudad Bolívar– que les ofrecieron oportunidades de trabajo con buenos salarios, en zonas rurales cerca de la frontera con Venezuela.
El problema comenzó a cobrar relevancia a raíz de que el 24 de septiembre los familiares de 11 jóvenes desaparecidos en enero pasado informaron del hallazgo de los cadáveres en una fosa común en el municipio de Ocaña, en la provincia Norte de Santander, donde fueron enterrados en calidad de “muertos en combate”.
Flor Hilda Hernández, madre de uno de los jóvenes asesinados, dijo que la última vez que se comunicó con su hijo fue el 13 de enero, una semana después de haber salido de Ciudad Bolívar, sin indicarle cuándo y por qué había dejado su casa.
Según reportes de la Defensoría del Pueblo de Colombia, en el último año desaparecieron casi 300 jóvenes de entre 20 y 30 años en circunstancias similares, por lo que el hallazgo de los 11 cadáveres en la fosa –que después subió a 23– podría ser sólo una de las evidencias.
Tras las primeras investigaciones, el fiscal general Mario Iguarán afirmó que la desaparición de jóvenes “podría responder a un reclutamiento masivo de grupos armados ilegales”.
El comandante del ejército, general Mario Montoya, se refirió hoy por primera vez a estos hechos y afirmó que el cuerpo de seguridad a su cargo colabora “para que a la brevedad se investigue”.
En las calles de Ciudad Bolívar la movilización de grupos armados ilegales no es un secreto.
Muy congruente que tanto México como Colombia sean los países en los que se cometen más asesinatos, son los aliados lacayos del imperio genocida en América Latina, ah, y Perú por supuesto.
Afp
Bogotá, 5 de octubre. Una veintena de cadáveres de jóvenes que en el último mes fueron presentados por el ejército colombiano como presuntos guerrilleros muertos en combate, podrían corresponder en realidad a los de muchachos oriundos de barrios pobres del sur de Bogotá que a base de engaños fueron llevados a la región fronteriza del noreste de Colombia, denunciaron organizaciones de derechos humanos.
Los jóvenes fueron invitados por sujetos no identificados –presuntos miembros de grupos armados paramilitares de Ciudad Bolívar– que les ofrecieron oportunidades de trabajo con buenos salarios, en zonas rurales cerca de la frontera con Venezuela.
El problema comenzó a cobrar relevancia a raíz de que el 24 de septiembre los familiares de 11 jóvenes desaparecidos en enero pasado informaron del hallazgo de los cadáveres en una fosa común en el municipio de Ocaña, en la provincia Norte de Santander, donde fueron enterrados en calidad de “muertos en combate”.
Flor Hilda Hernández, madre de uno de los jóvenes asesinados, dijo que la última vez que se comunicó con su hijo fue el 13 de enero, una semana después de haber salido de Ciudad Bolívar, sin indicarle cuándo y por qué había dejado su casa.
Según reportes de la Defensoría del Pueblo de Colombia, en el último año desaparecieron casi 300 jóvenes de entre 20 y 30 años en circunstancias similares, por lo que el hallazgo de los 11 cadáveres en la fosa –que después subió a 23– podría ser sólo una de las evidencias.
Tras las primeras investigaciones, el fiscal general Mario Iguarán afirmó que la desaparición de jóvenes “podría responder a un reclutamiento masivo de grupos armados ilegales”.
El comandante del ejército, general Mario Montoya, se refirió hoy por primera vez a estos hechos y afirmó que el cuerpo de seguridad a su cargo colabora “para que a la brevedad se investigue”.
En las calles de Ciudad Bolívar la movilización de grupos armados ilegales no es un secreto.
Muy congruente que tanto México como Colombia sean los países en los que se cometen más asesinatos, son los aliados lacayos del imperio genocida en América Latina, ah, y Perú por supuesto.
Anuncia Hugo Chávez nuevo sistema financiero en Venezuela
Irán, Rusia y China, aliados estratégicos; lo asesora Fidel Castro, dice
El país estará a salvo de la turbulencia de mercados, asegura el presidente
Afp y Notimex
Caracas, 5 de octubre. El presidente venezolano Hugo Chávez afirmó este domingo que en su país se está gestando “un nuevo sistema financiero” basado en una alianza con sus socios estratégicos de Irán, Rusia y China, y se realiza con asesoramiento del líder cubano Fidel Castro, quien se encuentra alejado del poder desde hace dos años por razones de salud.
“Me asesora Fidel, mi padre político”, afirmó el jefe de Estado venezolano, tras añadir que el revolucionario cubano le “manda cartas casi todos los días, orientándome, abriéndome los ojos” sobre la evolución de la crisis mundial y cómo evitar ser víctima de sus efectos.
“Hemos estudiado esto con paciencia de relojero”, sostuvo Chávez, al anunciar que está creando “un nuevo sistema financiero en Venezuela” para mantenerla a salvo de las turbulencias de los mercados.
El mandatario reveló que su canciller, Nicolás Maduro, se encuentra este domingo en Teherán, donde gestiona la creación de un banco binacional Venezuela-Irán, que sumaría sus operaciones al que ya está constituido con China, y próximamente con Rusia.
“Quizás los llamemos casa de valores Chávez-Ahmadinejad, casa de valores Chávez-Medvedev y casa de valores Chávez-Hu Jintao”, bromeó el presidente venezolano tras hacer el anuncio durante una visita de inspección a obras petroquímicas en el estado Carabobo, a cien kilómetros al suroeste de Caracas.
Irán, Rusia y China son considerados “aliados estratégicos” por el gobierno venezolano, quien sostiene duro enfrentamiento con las autoridades de Estados Unidos, a quienes responsabiliza de la actual crisis internacional. Sin dar mayores detalles de cómo sería la nueva estructura financiera planeada para Venezuela,
Chávez, afirmó hoy que su “revolución bolivariana” salvó a los países latinoamericanos de ahogarse en la crisis financiera iniciada por la banca de Estados Unidos, porque si no, a estas alturas no sólo Venezuela, Brasil, Argentina, y todos los países de América Latina estaríamos ahogándonos en la más espantosa crisis histórica que se hubiera recordado en esta tierra”, añadió.
Agregó que una de las acciones de su gobierno que impidió esta caída es precisamente su oposición en 2002 a que Estados Unidos impusiera la denominada Area de Libre Comercio de las Américas.
Entre las propuestas del ALCA estaba el libre flujo de capitales, sin medidas proteccionistas, señaló Chávez en un acto con trabajadores de la Petroquímica de Morón, en el central estado Carabobo.
Según el ALCA “los bancos centrales no deberían existir decía. Prácticamente habría que haberlos eliminado, así como la moneda nacional”.
“Eso quería Estados Unidos, convertirnos en sus colonias para siempre, que por aquí circulara el dólar y se movieran los capitales libremente y los bancos éstos gigantescos se hubieran tragado a los bancos venezolanos, privados y públicos”, expresó.
El país estará a salvo de la turbulencia de mercados, asegura el presidente
Afp y Notimex
Caracas, 5 de octubre. El presidente venezolano Hugo Chávez afirmó este domingo que en su país se está gestando “un nuevo sistema financiero” basado en una alianza con sus socios estratégicos de Irán, Rusia y China, y se realiza con asesoramiento del líder cubano Fidel Castro, quien se encuentra alejado del poder desde hace dos años por razones de salud.
“Me asesora Fidel, mi padre político”, afirmó el jefe de Estado venezolano, tras añadir que el revolucionario cubano le “manda cartas casi todos los días, orientándome, abriéndome los ojos” sobre la evolución de la crisis mundial y cómo evitar ser víctima de sus efectos.
“Hemos estudiado esto con paciencia de relojero”, sostuvo Chávez, al anunciar que está creando “un nuevo sistema financiero en Venezuela” para mantenerla a salvo de las turbulencias de los mercados.
El mandatario reveló que su canciller, Nicolás Maduro, se encuentra este domingo en Teherán, donde gestiona la creación de un banco binacional Venezuela-Irán, que sumaría sus operaciones al que ya está constituido con China, y próximamente con Rusia.
“Quizás los llamemos casa de valores Chávez-Ahmadinejad, casa de valores Chávez-Medvedev y casa de valores Chávez-Hu Jintao”, bromeó el presidente venezolano tras hacer el anuncio durante una visita de inspección a obras petroquímicas en el estado Carabobo, a cien kilómetros al suroeste de Caracas.
Irán, Rusia y China son considerados “aliados estratégicos” por el gobierno venezolano, quien sostiene duro enfrentamiento con las autoridades de Estados Unidos, a quienes responsabiliza de la actual crisis internacional. Sin dar mayores detalles de cómo sería la nueva estructura financiera planeada para Venezuela,
Chávez, afirmó hoy que su “revolución bolivariana” salvó a los países latinoamericanos de ahogarse en la crisis financiera iniciada por la banca de Estados Unidos, porque si no, a estas alturas no sólo Venezuela, Brasil, Argentina, y todos los países de América Latina estaríamos ahogándonos en la más espantosa crisis histórica que se hubiera recordado en esta tierra”, añadió.
Agregó que una de las acciones de su gobierno que impidió esta caída es precisamente su oposición en 2002 a que Estados Unidos impusiera la denominada Area de Libre Comercio de las Américas.
Entre las propuestas del ALCA estaba el libre flujo de capitales, sin medidas proteccionistas, señaló Chávez en un acto con trabajadores de la Petroquímica de Morón, en el central estado Carabobo.
Según el ALCA “los bancos centrales no deberían existir decía. Prácticamente habría que haberlos eliminado, así como la moneda nacional”.
“Eso quería Estados Unidos, convertirnos en sus colonias para siempre, que por aquí circulara el dólar y se movieran los capitales libremente y los bancos éstos gigantescos se hubieran tragado a los bancos venezolanos, privados y públicos”, expresó.
Se expande un sistema eléctrico privado y paralelo, alerta el SME
Grandes empresas y trasnacionales recibieron 617 permisos para generar energía
Se vale de las redes públicas con cargo al erario
Es “un claro proceso privatizador”
Al sector eléctrico nacional se le escamotea el presupuesto, se le endeuda y no se lo deja crecer
Patricia Muñoz Ríos
En los últimos meses se han otorgado 617 permisos a grandes empresas privadas y trasnacionales que operan en México para que generen su propia energía eléctrica; por ejemplo, se concedieron 19 de estos permisos a Bimbo, 17 a Cinemex, 20 a distintos ingenios azucareros, 13 a Liverpool, 95 permisos a Wal-Mart de México y 119 a Telmex.
“Estamos ante la creación de un sistema eléctrico privado o construido en forma paralela a la industria eléctrica nacional”, apuntó el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza. Expuso que, en contraste, al sector eléctrico público se le escamotea presupuesto, se le endeuda y no se le deja crecer.
El dirigente sindical indicó que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó 68 permisos de electricidad para “usos propios”; 22 a productores independientes; dos a pequeños propietarios; ocho para exportación; 73 para cogeneración y 617 de autoabasto. De estos últimos sobresalen, por ejemplo, las 95 autorizaciones otorgadas a Wal-Mart, empresa que ya no paga energía eléctrica. “No podemos siquiera llamar a esto privatización silenciosa o secreta. Es un llano y claro proceso privatizador”, expuso.
Esta comisión se ha dedicado en años recientes, en especial en los gobiernos “del cambio democrático”, a transitar de lo público a lo privado el sector energético. La prueba es que todas las nuevas obras de plantas generadoras se han entregado a empresas privadas, en especial extranjeras.
Martín Esparza destacó que no solamente los permisionarios dejan de pagar su consumo, sino que también distribuyen energía a sus “compañías asociadas” en todo el país. Así opera, por ejemplo, Iberdrola con sus enormes plantas de autoabasto, que generan 527 megavatios; Tractebel, con 229; Termoeléctrica Peñoles, con 230; Termoeléctrica del Golfo, con 230; Energía Azteca, con 131, y Enertek, que tiene un permiso de cogeneración.
Estas plantas operan para autoabastecer a amplios sectores de clientes que le quitan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro. Por ejemplo, Iberdrola ha sido autorizada por la CRE para modificar una y otra vez su “cartera de clientes”, que abarcan importantes empresas vidrieras, cementeras, papeleras y de otros sectores. Lo mismo en el estado de México, que en Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz y otras entidades.
“Se trata de verdaderos sistemas eléctricos privados, auspiciados por las trasnacionales disfrazadas, que usurpan las funciones constitucionales de la energía eléctrica nacionalizada, desintegrando a la industria nacional o al sistema eléctrico nacional”, señaló Esparza Flores, y apuntó que para completar el panorama, la CRE ha repartido concesiones a infinidad de plantas privadas pequeñas, que forman un sistema “virtual”, que incluso pone en riesgo la operación del sistema eléctrico nacional.
Además, la mayoría utilizan plantas pequeñas de respaldo, con base en diesel, pese a que muchas están enclavadas en grandes centros urbanos. Es el caso de Enertek, Micase, Energía Azteca III, Hidroelectricidad del Pacífico, Proveedora de Electricidad de Occidente. No quepa la menor duda, se privatiza. La entrega del recurso está a la vista, dijo.
Las obras nuevas, sean en la industria petrolera o en la eléctrica, están siendo realizadas por empresas extranjeras, pero a la CFE como a Pemex no les permiten crecer, y las endeudan enormemente por medio de los Piridegas desde hace más de 10 años; persisten en vulnerar sus capacidades técnicas; retraen el potencial científico del país; socavan la esencia de las empresas; embargan y endeudan el futuro energético del país, apuntó el líder del SME, y señaló que la soberanía energética esta en declive si no es que ya tiende a desaparecer.
Planteó que los permisos se disfrazan de autorizaciones para “autoconsumo”, pero significan la base de un sistema eléctrico privado, que se vale de las redes públicas, ya que estas empresas requieren servicios de transmisión y respaldo que obligan a la expandir la red pública y, más aún, a la instalación de una reserva adicional de generación, todo con cargo al erario.
¡Qué bueno que "alerte" el SME! ¡Qué bueno que lo denuncie! Ya estamos alertas... ¿Y luego?
Se vale de las redes públicas con cargo al erario
Es “un claro proceso privatizador”
Al sector eléctrico nacional se le escamotea el presupuesto, se le endeuda y no se lo deja crecer
Patricia Muñoz Ríos
En los últimos meses se han otorgado 617 permisos a grandes empresas privadas y trasnacionales que operan en México para que generen su propia energía eléctrica; por ejemplo, se concedieron 19 de estos permisos a Bimbo, 17 a Cinemex, 20 a distintos ingenios azucareros, 13 a Liverpool, 95 permisos a Wal-Mart de México y 119 a Telmex.
“Estamos ante la creación de un sistema eléctrico privado o construido en forma paralela a la industria eléctrica nacional”, apuntó el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza. Expuso que, en contraste, al sector eléctrico público se le escamotea presupuesto, se le endeuda y no se le deja crecer.
El dirigente sindical indicó que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó 68 permisos de electricidad para “usos propios”; 22 a productores independientes; dos a pequeños propietarios; ocho para exportación; 73 para cogeneración y 617 de autoabasto. De estos últimos sobresalen, por ejemplo, las 95 autorizaciones otorgadas a Wal-Mart, empresa que ya no paga energía eléctrica. “No podemos siquiera llamar a esto privatización silenciosa o secreta. Es un llano y claro proceso privatizador”, expuso.
Esta comisión se ha dedicado en años recientes, en especial en los gobiernos “del cambio democrático”, a transitar de lo público a lo privado el sector energético. La prueba es que todas las nuevas obras de plantas generadoras se han entregado a empresas privadas, en especial extranjeras.
Martín Esparza destacó que no solamente los permisionarios dejan de pagar su consumo, sino que también distribuyen energía a sus “compañías asociadas” en todo el país. Así opera, por ejemplo, Iberdrola con sus enormes plantas de autoabasto, que generan 527 megavatios; Tractebel, con 229; Termoeléctrica Peñoles, con 230; Termoeléctrica del Golfo, con 230; Energía Azteca, con 131, y Enertek, que tiene un permiso de cogeneración.
Estas plantas operan para autoabastecer a amplios sectores de clientes que le quitan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro. Por ejemplo, Iberdrola ha sido autorizada por la CRE para modificar una y otra vez su “cartera de clientes”, que abarcan importantes empresas vidrieras, cementeras, papeleras y de otros sectores. Lo mismo en el estado de México, que en Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz y otras entidades.
“Se trata de verdaderos sistemas eléctricos privados, auspiciados por las trasnacionales disfrazadas, que usurpan las funciones constitucionales de la energía eléctrica nacionalizada, desintegrando a la industria nacional o al sistema eléctrico nacional”, señaló Esparza Flores, y apuntó que para completar el panorama, la CRE ha repartido concesiones a infinidad de plantas privadas pequeñas, que forman un sistema “virtual”, que incluso pone en riesgo la operación del sistema eléctrico nacional.
Además, la mayoría utilizan plantas pequeñas de respaldo, con base en diesel, pese a que muchas están enclavadas en grandes centros urbanos. Es el caso de Enertek, Micase, Energía Azteca III, Hidroelectricidad del Pacífico, Proveedora de Electricidad de Occidente. No quepa la menor duda, se privatiza. La entrega del recurso está a la vista, dijo.
Las obras nuevas, sean en la industria petrolera o en la eléctrica, están siendo realizadas por empresas extranjeras, pero a la CFE como a Pemex no les permiten crecer, y las endeudan enormemente por medio de los Piridegas desde hace más de 10 años; persisten en vulnerar sus capacidades técnicas; retraen el potencial científico del país; socavan la esencia de las empresas; embargan y endeudan el futuro energético del país, apuntó el líder del SME, y señaló que la soberanía energética esta en declive si no es que ya tiende a desaparecer.
Planteó que los permisos se disfrazan de autorizaciones para “autoconsumo”, pero significan la base de un sistema eléctrico privado, que se vale de las redes públicas, ya que estas empresas requieren servicios de transmisión y respaldo que obligan a la expandir la red pública y, más aún, a la instalación de una reserva adicional de generación, todo con cargo al erario.
¡Qué bueno que "alerte" el SME! ¡Qué bueno que lo denuncie! Ya estamos alertas... ¿Y luego?
Ante la crisis, AMLO propone reducir 50% los salarios de altos funcionarios
Calderón buscará disminuir el gasto social y aumentar las tarifas de servicios públicos, advierte
Fabiola Martínez (Enviada)
Al bat, Andrés Manuel López Obrador durante su gira por Nuevo León. Foto: La Jornada
Pesquería, NL, 5 de octubre. El “gobierno legítimo de México” presentará este lunes una propuesta alternativa para la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2009, sustentada, principalmente, en la cancelación de “privilegios” de los altos funcionarios públicos.
Andrés Manuel López Obrador dijo que posee información que le permite advertir sobre la intención de Felipe Calderón de ajustar el proyecto presupuestal con base en la reducción del gasto social y el aumento de tarifas de servicios públicos, como vía para hacer frente a los efectos de la crisis económica y financiera de Estados Unidos.
La propuesta del “gobierno legítimo” será entregada a los legisladores de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia), que la llevarán “de inmediato” a la Cámara de Diputados, con el propósito de que sea analizada esta misma semana, al mismo tiempo que el gobierno federal envíe a San Lázaro el nuevo esquema del proyecto del PEF 2009.
El proyecto alternativo incluye la reducción de 50 por ciento de los salarios de altos funcionarios públicos, así como la cancelación de la partida para gastos médicos, bonos extraordinarios y cajas de ahorro de ese sector, desde directores generales hacia arriba. De igual forma, cancelación de pensión de los ex presidentes de la República, entre otras medidas.
“Le vamos a decir al secretario de Hacienda del gobierno usurpador (Agustín Carstens) dónde tiene que gastarse el dinero; de dónde puede obtener recursos para enfrentar esta crisis económica y que no se vaya a afectar a los programas sociales ni a aumentar las tarifas de servicios públicos”, expresó.
Durante su recorrido por municipios de Nuevo León, el político tabasqueño dijo que estará al pendiente de la discusión en la Cámara de Diputados para la elaboración del presupuesto federal, y seguirá al frente del movimiento opositor a la privatización de Petróleos Mexicanos.
“Un ojo al gato y otro...”
“Estaré con un ojo al gato y otro al garabato (...) si quieren aprobar la reforma para privatizar el petróleo, ahí estaré para llamar al inicio de la resistencia civil pacífica”, planteó durante las asambleas informativas que encabezó ayer en plazas públicas de esta entidad.
“No vamos a permitir –subrayó el político tabasqueño– que el ajuste que pretenden aplicar sea en detrimento de programas sociales y que, en lugar de apoyar a la gente, se afecte el gasto de salud, educación, vivienda y el destinado al apoyo de los productores agropecuarios, al tiempo de aumentar tarifas de los servicios públicos
“Lo único que enseñan a estos tecnócratas en las universidades extranjeras son fórmulas de ajuste: quitar programas sociales y aumentar precios de las tarifas: gas, luz, cobro de peaje y agua”, indicó.
López Obrador concluyó su recorrido por los 51 municipios de Nuevo León, con lo cual acumula casi mil 700 ayuntamientos visitados en todo el país. Con ello se encamina a la recta final del plan –que comenzó en enero de 2007– para acudir a todas las alcaldías gobernadas con base en el sistema de partidos políticos. Restará, de acuerdo con este plan, ir a las comunidades de Oaxaca, regidas por usos y costumbres.
Primero, en Pesquería y más tarde en Doctor González, Marín, Higueras, General Zuazua y Ciénega de Flores, detalló el plan “anticrisis” que dio a conocer desde el pasado domingo 28 de septiembre en el Zócalo capitalino y afirmó que no permitirá recortes al gasto social.
Fuimos los primeros en advertir esta situación, dijo. “Mis asesores económicos son de los mejores del país. Advertimos, desde agosto pasado, que esta situación se iba a presentar y alertamos para que el gobierno usurpador empezara a prepararse”.
Sin embargo, agregó, no se tomó en cuenta la importancia de apoyar al campo, a la industria de la construcción y a los jóvenes; pasaron dos años y se dejó pasar la oportunidad, “no han pegado ni un ladrillo.
“Duele tener la razón: hay un agravamiento de la crisis económica, al tiempo que el gobierno usurpador emite declaraciones absurdas e irresponsables”, insistió.
El “presidente legítimo de México” pidió a sus simpatizantes buscar las formas de estar al pendiente de las acciones del movimiento que encabeza, porque no hallarán gran cosa en la televisión.
Desde hace algún tiempo, sostuvo, “estoy vetado en Televisa. Calderón aparece todos los días; por eso he dicho que qué sería del pelele sin la tele.
“A nosotros no nos quieren dar espacios porque los jefes les ordenan que se pongan severos con nosotros; hace poco fui a una entrevista a Televisa que se convirtió en debate, pero desde entonces ya no ha habido ninguna invitación”, señaló.
Llamó a que se abran espacios en los medios de comunicación y permitan que se escuchen todas las voces.
López Obrador declaró también que “no hay pleito” entre los simpatizantes de los partidos que integran el FAP. “Nosotros vamos unidos, no hay celos”, aseguró ante sus simpatizantes.
En el recorrido dominical se dio tiempo para dar el micrófono a quienes acuden a las asambleas informativas e incluso para interrumpir un momento su apretada agenda y acercarse a un campo de beisbol, su deporte favorito. En uno de los trayectos no resistió la tentación de ponerse un casco y batear dos hits y un elevado por los Bravos de Higueras.
Fabiola Martínez (Enviada)
Al bat, Andrés Manuel López Obrador durante su gira por Nuevo León. Foto: La JornadaPesquería, NL, 5 de octubre. El “gobierno legítimo de México” presentará este lunes una propuesta alternativa para la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2009, sustentada, principalmente, en la cancelación de “privilegios” de los altos funcionarios públicos.
Andrés Manuel López Obrador dijo que posee información que le permite advertir sobre la intención de Felipe Calderón de ajustar el proyecto presupuestal con base en la reducción del gasto social y el aumento de tarifas de servicios públicos, como vía para hacer frente a los efectos de la crisis económica y financiera de Estados Unidos.
La propuesta del “gobierno legítimo” será entregada a los legisladores de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia), que la llevarán “de inmediato” a la Cámara de Diputados, con el propósito de que sea analizada esta misma semana, al mismo tiempo que el gobierno federal envíe a San Lázaro el nuevo esquema del proyecto del PEF 2009.
El proyecto alternativo incluye la reducción de 50 por ciento de los salarios de altos funcionarios públicos, así como la cancelación de la partida para gastos médicos, bonos extraordinarios y cajas de ahorro de ese sector, desde directores generales hacia arriba. De igual forma, cancelación de pensión de los ex presidentes de la República, entre otras medidas.
“Le vamos a decir al secretario de Hacienda del gobierno usurpador (Agustín Carstens) dónde tiene que gastarse el dinero; de dónde puede obtener recursos para enfrentar esta crisis económica y que no se vaya a afectar a los programas sociales ni a aumentar las tarifas de servicios públicos”, expresó.
Durante su recorrido por municipios de Nuevo León, el político tabasqueño dijo que estará al pendiente de la discusión en la Cámara de Diputados para la elaboración del presupuesto federal, y seguirá al frente del movimiento opositor a la privatización de Petróleos Mexicanos.
“Un ojo al gato y otro...”
“Estaré con un ojo al gato y otro al garabato (...) si quieren aprobar la reforma para privatizar el petróleo, ahí estaré para llamar al inicio de la resistencia civil pacífica”, planteó durante las asambleas informativas que encabezó ayer en plazas públicas de esta entidad.
“No vamos a permitir –subrayó el político tabasqueño– que el ajuste que pretenden aplicar sea en detrimento de programas sociales y que, en lugar de apoyar a la gente, se afecte el gasto de salud, educación, vivienda y el destinado al apoyo de los productores agropecuarios, al tiempo de aumentar tarifas de los servicios públicos
“Lo único que enseñan a estos tecnócratas en las universidades extranjeras son fórmulas de ajuste: quitar programas sociales y aumentar precios de las tarifas: gas, luz, cobro de peaje y agua”, indicó.
López Obrador concluyó su recorrido por los 51 municipios de Nuevo León, con lo cual acumula casi mil 700 ayuntamientos visitados en todo el país. Con ello se encamina a la recta final del plan –que comenzó en enero de 2007– para acudir a todas las alcaldías gobernadas con base en el sistema de partidos políticos. Restará, de acuerdo con este plan, ir a las comunidades de Oaxaca, regidas por usos y costumbres.
Primero, en Pesquería y más tarde en Doctor González, Marín, Higueras, General Zuazua y Ciénega de Flores, detalló el plan “anticrisis” que dio a conocer desde el pasado domingo 28 de septiembre en el Zócalo capitalino y afirmó que no permitirá recortes al gasto social.
Fuimos los primeros en advertir esta situación, dijo. “Mis asesores económicos son de los mejores del país. Advertimos, desde agosto pasado, que esta situación se iba a presentar y alertamos para que el gobierno usurpador empezara a prepararse”.
Sin embargo, agregó, no se tomó en cuenta la importancia de apoyar al campo, a la industria de la construcción y a los jóvenes; pasaron dos años y se dejó pasar la oportunidad, “no han pegado ni un ladrillo.
“Duele tener la razón: hay un agravamiento de la crisis económica, al tiempo que el gobierno usurpador emite declaraciones absurdas e irresponsables”, insistió.
El “presidente legítimo de México” pidió a sus simpatizantes buscar las formas de estar al pendiente de las acciones del movimiento que encabeza, porque no hallarán gran cosa en la televisión.
Desde hace algún tiempo, sostuvo, “estoy vetado en Televisa. Calderón aparece todos los días; por eso he dicho que qué sería del pelele sin la tele.
“A nosotros no nos quieren dar espacios porque los jefes les ordenan que se pongan severos con nosotros; hace poco fui a una entrevista a Televisa que se convirtió en debate, pero desde entonces ya no ha habido ninguna invitación”, señaló.
Llamó a que se abran espacios en los medios de comunicación y permitan que se escuchen todas las voces.
López Obrador declaró también que “no hay pleito” entre los simpatizantes de los partidos que integran el FAP. “Nosotros vamos unidos, no hay celos”, aseguró ante sus simpatizantes.
En el recorrido dominical se dio tiempo para dar el micrófono a quienes acuden a las asambleas informativas e incluso para interrumpir un momento su apretada agenda y acercarse a un campo de beisbol, su deporte favorito. En uno de los trayectos no resistió la tentación de ponerse un casco y batear dos hits y un elevado por los Bravos de Higueras.
Chinkultic, 2008
Hermann Bellinghausen
Las noticias no son metáforas, aunque a veces sirven como tales. Los hechos represivos de Chinkultic y el ejido Miguel Hidalgo, en La Trinitaria, Chiapas, el pasado 3 de octubre, se deben una vez más a la respuesta de los pueblos contra el enajenamiento de sus tierras y sus derechos territoriales. Y una vez más, el motor de la agresión criminal de la fuerza pública es el turismo (y cierta “soberanía” de las instituciones): protegerlo, propiciarlo, monopolizarlo para los poderes políticos y económicos.
La gente, los pobladores, no se han dejado tan fácilmente. Su futuro no puede decidirse en las mesas de los arquitectos, las proyecciones de los inversionistas ni los planes gubernamentales impulsados por el Banco Mundial o sus equivalentes que, impuestos a los pueblos en nombre del “desarrollo”, pretenden arrasar la vida de dichos pueblos.
Chinkultic, la ciudad maya del periodo clásico (años 600 a 900) que duró hasta entrado el posclásico (hacia 1200), a diferencia del resto de ciudades antiguas de la región que se colapsaron antes del primer milenio. Ahora, abandonada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, su administrador oficial, quedaba en la doble condición de recurso abandonado y potencial proyecto “detonante”.
La gente se organizó, en los márgenes si se quiere. No se trata de una organización política en particular, sino de un ejido más bien oficialista. Sus representantes estaban negociando con el gobierno estatal. La policía los atacó masiva y criminalmente, pues un mes atrás osaron tomar la caseta de peaje al acceso de las ruinas y usufructuarla en beneficio de la comunidad. Y se propusieron dar mejor cuidado a la semiexplorada zona arqueológica, vecina a los lagos de Montebello y sitio del hermoso Cenote Azul, que se puede contemplar de lo alto de la pirámide principal.
No es (¿o sí?) un caso como Atenco. Tampoco Bolon Ajaw o San Sebastián Bachajón, en Chiapas, donde el conflicto “turístico” por las cascadas de Agua Azul ha movilizado a los pobladores en tiempos recientes, y los ha confrontado por acción oficial y con la fuerza pública.
Algo parecido ocurre en las mismas lagunas de Montebello, no lejos de la frontera con Guatemala. Los pueblos y ejidos ocuparon los “atractivos turísticos” donde ellos viven. Y las autoridades los demandaron por “despojo”.
Chiapas no es Quintana Roo. No pueden llegar los planes, los buldózer y los hoteles así como así. Pudieron en Cancún (esa especie de Las Vegas caribeño), y como son imparables ya van sobre Tulum, otra “ruina”. No es igual para los pueblos tzeltales, choles o tojolabales, que ancestralmente viven en las tierras mayas, y son campesinos allí, tiene derechos, tienen razón y tienen, si algo, lo que pisan las plantas de sus pies.
Seis campesinos asesinados, tres con tiro de gracia, por policías federales y estatales. Quisieron quitarlos de ahí, los gasearon, golpearon, vejaron y balearon. Y además, no pudieron quitarlos. Eso significa algo.
Las noticias no son metáforas, aunque a veces sirven como tales. Los hechos represivos de Chinkultic y el ejido Miguel Hidalgo, en La Trinitaria, Chiapas, el pasado 3 de octubre, se deben una vez más a la respuesta de los pueblos contra el enajenamiento de sus tierras y sus derechos territoriales. Y una vez más, el motor de la agresión criminal de la fuerza pública es el turismo (y cierta “soberanía” de las instituciones): protegerlo, propiciarlo, monopolizarlo para los poderes políticos y económicos.
La gente, los pobladores, no se han dejado tan fácilmente. Su futuro no puede decidirse en las mesas de los arquitectos, las proyecciones de los inversionistas ni los planes gubernamentales impulsados por el Banco Mundial o sus equivalentes que, impuestos a los pueblos en nombre del “desarrollo”, pretenden arrasar la vida de dichos pueblos.
Chinkultic, la ciudad maya del periodo clásico (años 600 a 900) que duró hasta entrado el posclásico (hacia 1200), a diferencia del resto de ciudades antiguas de la región que se colapsaron antes del primer milenio. Ahora, abandonada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, su administrador oficial, quedaba en la doble condición de recurso abandonado y potencial proyecto “detonante”.
La gente se organizó, en los márgenes si se quiere. No se trata de una organización política en particular, sino de un ejido más bien oficialista. Sus representantes estaban negociando con el gobierno estatal. La policía los atacó masiva y criminalmente, pues un mes atrás osaron tomar la caseta de peaje al acceso de las ruinas y usufructuarla en beneficio de la comunidad. Y se propusieron dar mejor cuidado a la semiexplorada zona arqueológica, vecina a los lagos de Montebello y sitio del hermoso Cenote Azul, que se puede contemplar de lo alto de la pirámide principal.
No es (¿o sí?) un caso como Atenco. Tampoco Bolon Ajaw o San Sebastián Bachajón, en Chiapas, donde el conflicto “turístico” por las cascadas de Agua Azul ha movilizado a los pobladores en tiempos recientes, y los ha confrontado por acción oficial y con la fuerza pública.
Algo parecido ocurre en las mismas lagunas de Montebello, no lejos de la frontera con Guatemala. Los pueblos y ejidos ocuparon los “atractivos turísticos” donde ellos viven. Y las autoridades los demandaron por “despojo”.
Chiapas no es Quintana Roo. No pueden llegar los planes, los buldózer y los hoteles así como así. Pudieron en Cancún (esa especie de Las Vegas caribeño), y como son imparables ya van sobre Tulum, otra “ruina”. No es igual para los pueblos tzeltales, choles o tojolabales, que ancestralmente viven en las tierras mayas, y son campesinos allí, tiene derechos, tienen razón y tienen, si algo, lo que pisan las plantas de sus pies.
Seis campesinos asesinados, tres con tiro de gracia, por policías federales y estatales. Quisieron quitarlos de ahí, los gasearon, golpearon, vejaron y balearon. Y además, no pudieron quitarlos. Eso significa algo.
La participación de la ciudadanía en la lucha contra el crimen
Fernando del Paso
Por fin, representantes de los tres principales partidos políticos del país se han unido más allá de sus intereses sectarios para dar un ejemplo cívico.
El pasado viernes 3 de octubre leí, en la columna Jaque Mate que publica Sergio Sarmiento en el diario Reforma, algo que me asombró:
La PGR –representante al fin y al cabo del Poder Ejecutivo, en manos del PAN– arrestó hace unos días a un radiólogo del hospital de Xoco, porque el secuestrador Ángel Cisneros, a cuya custodia estaban asignados tres agentes de la AFI, se fugó mientras el técnico procesaba las placas de las radiografías que acababa de tomarle.
En el mismo artículo, titulado “Contra inocentes”, Sarmiento nos dice que la semana pasada los diputados del PRI presentaron una iniciativa que castigaría a aquellos ciudadanos que les alquilen a criminales casas que se utilicen en delitos como el secuestro y el narcomenudeo. Por otra parte, subraya que el jefe de Gobierno de la ciudad de México, Marcelo Ebrard, del PRD, ha manifestado su acuerdo con esta posición: afirmó que quienes alquilen viviendas a criminales son corresponsables de los delitos que éstos cometan, y agregó –nos dice el periodista– “que se fijen a quién se lo rentan”.
En pocas palabras, como las autoridades mismas son incapaces de impedir una fuga o de identificar a los delincuentes, será ahora tarea de los ciudadanos hacerlo... bajo amenaza.
¿Y cómo puede un ciudadano enterarse de que su inquilino en potencia es un narco o un secuestrador? ¿Por la facha? Muchos criminales no tienen la facha de serlo, y muchos ciudadanos inocentes pueden tenerla. Por ejemplo, hay muchos políticos que la tienen y no lo son. Otros que no la tienen y lo son, y una tercera clase: los políticos que sí tienen la facha de criminales, y que sí lo son.
¿Cómo, entonces?
¿No sería otra posibilidad de identificarlos la de pedir a cada inquilino en potencia que lleve colgado al cuello un letrero que diga “No soy criminal”, o bien “Soy narco”, o “Soy secuestrador”. ¿O no convendría que el gobierno federal exigiera a todos los ciudadanos una credencial que dijera algo así como “el dueño de esta credencial no es un criminal”, y cancelarla cuando comience a serlo o darle otra credencial donde diga, con letras rojas, “el dueño de esta credencial es un delincuente”?
Cómo, señores, díganme.
Ah, pues –nos dirán– siempre es posible exigirle al inquilino en potencia un certificado de la policía en el que se asiente que no tiene antecedentes penales. Pero: 1) Los certificados son falsificables, además de que la gran mayoría de los mexicanos nunca han visto uno solo en su vida: no podría reconocer su autenticidad. 2) Hay miles y miles de delincuentes que no tienen antecedentes penales por la simple razón de que nunca los han pescado. 3) Existen otros miles y miles de inquilinos potenciales que tampoco tienen antecedentes penales porque nunca han comenzado a delinquir, y que bien podrían estrenar sus actividades criminales en la casa que acaban de alquilar. Y 4), y lo más grave de todo: pedir un certificado a todo posible inquilino, sería tanto como humillar a millones de ciudadanos inocentes al tratarlos como presuntos criminales.
¿Y qué tal si la propiedad la renta el inquilino por medio de una tercera persona? ¿Y qué si se renta por medio de una agencia? ¿Se va a consignar a la agencia entera, o sólo al empleado que alquiló la propiedad para ganarse una miserable comisión?
Las intenciones tanto de los diputados del PRI como de Ebrard, ambas coincidentes en esta aberración, se refieren a los propietarios que alquilen un inmueble a criminales, no de inquilinos que renten una propiedad de los criminales. Pero seguramente esto no escapará al lúcido entendimiento de unos y otro: deberá también considerarse como corresponsable de los crímenes de un narco y/o secuestrador, a todo aquel que rente un inmueble que pertenezca a uno de éstos. La situación es clara como el agua: los que así lo hagan están financiando las actividades del crimen organizado y son cómplices en el lavado de dinero. De aquí que todo ciudadano que se respete –y respete no sólo a la ley, sino el abstruso y repelente criterio de los diputados priístas y del gobernante perredista– tendrá desde ahora que exigirle a su arrendatario potencial un certificado de la policía. Será un intercambio de certificados, y todos tan contentos.
Dudo, sin embargo, que la sagacidad de nuestras autoridades vaya, un día, más lejos y determinen la corresponsabilidad y complicidad criminales de los directores de los bancos donde tienen sus depósitos los criminales. Los banqueros pueden dormir tranquilos.
Vamos, pues, a jugar a los policías y los ladrones. Los ciudadanos seremos los policías... pero, ¿y los ladrones quiénes son? Nuestra tarea será la de adivinar, al buen tuntún, su identidad con el riesgo de que, si no adivinamos, nos convertiremos en criminales. Y no hay que olvidarse: de aquí en adelante, todo aquel que deje que a un policía se le escape un asaltante, sin auxiliarlo, será arrestado. Aunque sea para sacarle una lana y ser vejado por un ratito.
Me cuesta un inmenso esfuerzo pensar que la iniciativa de los diputados del PRI pueda tener fortuna. Pero de un Congreso que aprobó en unos cuantos minutos la ley Televisa. De un Congreso que echó en el cajón del olvido los salarios e indemnizaciones que un grupo de braceros, hoy pobres y ancianos, reclama desde hace décadas. De un Congreso que congeló la iniciativa para denunciar las enormes comisiones que cobran los bancos, incluidos en éstos los bancos extranjeros aquí establecidos en cuyos respectivos países de origen las comisiones son mucho más bajas. De un Congreso que desaforó a un gobernante de la ciudad de México –Andrés Manuel López Obrador– por un presunto delito cuya desproporcionalidad con el mismo hecho del desafuero era monstruosa, y que fue incapaz de desaforar o hacerles un juicio político a gobernadores de la calaña de un Ulises Ruiz o de un Mario Marín... De un Congreso así, señores, podemos esperar todo. O, como de costumbre, nada.
En mi opinión, el gran periodista Miguel Ángel Granados Chapa merece, y con creces, la Medalla Belisario Domínguez, al igual que otros ciudadanos distinguidos se la han ganado con su valentía, sus acciones o su obra científica, periodística, artística o literaria. Lo que no merece la memoria de Belisario Domínguez es que con esta presea se adornen aquellos que dicen ser nuestros representantes, pero que sólo se representan a sí mismos y a sus intereses partidarios. Esta medalla debería ser otorgada por una institución alejada de la corrupción y del sectarismo. Si es que tal cosa existe, o pueda existir, en México.
Por fin, representantes de los tres principales partidos políticos del país se han unido más allá de sus intereses sectarios para dar un ejemplo cívico.
El pasado viernes 3 de octubre leí, en la columna Jaque Mate que publica Sergio Sarmiento en el diario Reforma, algo que me asombró:
La PGR –representante al fin y al cabo del Poder Ejecutivo, en manos del PAN– arrestó hace unos días a un radiólogo del hospital de Xoco, porque el secuestrador Ángel Cisneros, a cuya custodia estaban asignados tres agentes de la AFI, se fugó mientras el técnico procesaba las placas de las radiografías que acababa de tomarle.
En el mismo artículo, titulado “Contra inocentes”, Sarmiento nos dice que la semana pasada los diputados del PRI presentaron una iniciativa que castigaría a aquellos ciudadanos que les alquilen a criminales casas que se utilicen en delitos como el secuestro y el narcomenudeo. Por otra parte, subraya que el jefe de Gobierno de la ciudad de México, Marcelo Ebrard, del PRD, ha manifestado su acuerdo con esta posición: afirmó que quienes alquilen viviendas a criminales son corresponsables de los delitos que éstos cometan, y agregó –nos dice el periodista– “que se fijen a quién se lo rentan”.
En pocas palabras, como las autoridades mismas son incapaces de impedir una fuga o de identificar a los delincuentes, será ahora tarea de los ciudadanos hacerlo... bajo amenaza.
¿Y cómo puede un ciudadano enterarse de que su inquilino en potencia es un narco o un secuestrador? ¿Por la facha? Muchos criminales no tienen la facha de serlo, y muchos ciudadanos inocentes pueden tenerla. Por ejemplo, hay muchos políticos que la tienen y no lo son. Otros que no la tienen y lo son, y una tercera clase: los políticos que sí tienen la facha de criminales, y que sí lo son.
¿Cómo, entonces?
¿No sería otra posibilidad de identificarlos la de pedir a cada inquilino en potencia que lleve colgado al cuello un letrero que diga “No soy criminal”, o bien “Soy narco”, o “Soy secuestrador”. ¿O no convendría que el gobierno federal exigiera a todos los ciudadanos una credencial que dijera algo así como “el dueño de esta credencial no es un criminal”, y cancelarla cuando comience a serlo o darle otra credencial donde diga, con letras rojas, “el dueño de esta credencial es un delincuente”?
Cómo, señores, díganme.
Ah, pues –nos dirán– siempre es posible exigirle al inquilino en potencia un certificado de la policía en el que se asiente que no tiene antecedentes penales. Pero: 1) Los certificados son falsificables, además de que la gran mayoría de los mexicanos nunca han visto uno solo en su vida: no podría reconocer su autenticidad. 2) Hay miles y miles de delincuentes que no tienen antecedentes penales por la simple razón de que nunca los han pescado. 3) Existen otros miles y miles de inquilinos potenciales que tampoco tienen antecedentes penales porque nunca han comenzado a delinquir, y que bien podrían estrenar sus actividades criminales en la casa que acaban de alquilar. Y 4), y lo más grave de todo: pedir un certificado a todo posible inquilino, sería tanto como humillar a millones de ciudadanos inocentes al tratarlos como presuntos criminales.
¿Y qué tal si la propiedad la renta el inquilino por medio de una tercera persona? ¿Y qué si se renta por medio de una agencia? ¿Se va a consignar a la agencia entera, o sólo al empleado que alquiló la propiedad para ganarse una miserable comisión?
Las intenciones tanto de los diputados del PRI como de Ebrard, ambas coincidentes en esta aberración, se refieren a los propietarios que alquilen un inmueble a criminales, no de inquilinos que renten una propiedad de los criminales. Pero seguramente esto no escapará al lúcido entendimiento de unos y otro: deberá también considerarse como corresponsable de los crímenes de un narco y/o secuestrador, a todo aquel que rente un inmueble que pertenezca a uno de éstos. La situación es clara como el agua: los que así lo hagan están financiando las actividades del crimen organizado y son cómplices en el lavado de dinero. De aquí que todo ciudadano que se respete –y respete no sólo a la ley, sino el abstruso y repelente criterio de los diputados priístas y del gobernante perredista– tendrá desde ahora que exigirle a su arrendatario potencial un certificado de la policía. Será un intercambio de certificados, y todos tan contentos.
Dudo, sin embargo, que la sagacidad de nuestras autoridades vaya, un día, más lejos y determinen la corresponsabilidad y complicidad criminales de los directores de los bancos donde tienen sus depósitos los criminales. Los banqueros pueden dormir tranquilos.
Vamos, pues, a jugar a los policías y los ladrones. Los ciudadanos seremos los policías... pero, ¿y los ladrones quiénes son? Nuestra tarea será la de adivinar, al buen tuntún, su identidad con el riesgo de que, si no adivinamos, nos convertiremos en criminales. Y no hay que olvidarse: de aquí en adelante, todo aquel que deje que a un policía se le escape un asaltante, sin auxiliarlo, será arrestado. Aunque sea para sacarle una lana y ser vejado por un ratito.
Me cuesta un inmenso esfuerzo pensar que la iniciativa de los diputados del PRI pueda tener fortuna. Pero de un Congreso que aprobó en unos cuantos minutos la ley Televisa. De un Congreso que echó en el cajón del olvido los salarios e indemnizaciones que un grupo de braceros, hoy pobres y ancianos, reclama desde hace décadas. De un Congreso que congeló la iniciativa para denunciar las enormes comisiones que cobran los bancos, incluidos en éstos los bancos extranjeros aquí establecidos en cuyos respectivos países de origen las comisiones son mucho más bajas. De un Congreso que desaforó a un gobernante de la ciudad de México –Andrés Manuel López Obrador– por un presunto delito cuya desproporcionalidad con el mismo hecho del desafuero era monstruosa, y que fue incapaz de desaforar o hacerles un juicio político a gobernadores de la calaña de un Ulises Ruiz o de un Mario Marín... De un Congreso así, señores, podemos esperar todo. O, como de costumbre, nada.
En mi opinión, el gran periodista Miguel Ángel Granados Chapa merece, y con creces, la Medalla Belisario Domínguez, al igual que otros ciudadanos distinguidos se la han ganado con su valentía, sus acciones o su obra científica, periodística, artística o literaria. Lo que no merece la memoria de Belisario Domínguez es que con esta presea se adornen aquellos que dicen ser nuestros representantes, pero que sólo se representan a sí mismos y a sus intereses partidarios. Esta medalla debería ser otorgada por una institución alejada de la corrupción y del sectarismo. Si es que tal cosa existe, o pueda existir, en México.
El tricolor reconquista al IFE
John Ackerman
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) por fin ha recuperado a su hijo pródigo. Después de 12 años y cuatro comicios federales en que el Instituto Federal Electoral (IFE) estuvo bajo el control de fuerzas ajenas al antiguo partido de Estado, el organismo electoral hoy ha regresado a casa.
Habría que recordar que originalmente la creación del IFE en 1990 no se hizo con el propósito de profesionalizar o independizar la organización de las elecciones, sino con el objeto de limpiar la cara de aquel régimen emergido del fraude de 1988. En esa coyuntura, el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN) se aliaron para crear un engendro institucional que se vendió como organismo autónomo, pero que en realidad nunca buscó serlo. El secretario de Gobernación presidía el consejo general, la mayoría de los lugares en éste eran controlados por el PRI y los “consejeros magistrados” que formaban parte del consejo eran todos propuestos por el presidente de la República. El nacimiento del IFE fue entonces producto de la simulación.
La situación cambió a partir de 1996 porque el PRI cometió el “error” de permitir el nombramiento de un grupo de jóvenes consejeros que nunca dudaron en defender sus principios democráticos al confrontar los intereses del régimen del partido de Estado. Jaime Cárdenas, Jesús Cantú, Emilio Zebadúa, Juan Molinar y Alonso Lujambio rápidamente formaron el famoso “pentágono”, conjunto que logró vencer las posiciones más conservadoras o “conciliadoras” que caracterizaron a sus colegas consejeros que habían llegado al cargo como propuestas del PRI.
En los nombramientos de los consejeros de 2003, el Revolucionario Institucional perdió de nueva cuenta, ya que la mayoría de las personas que colocó en el consejo terminaron respondiendo más a los intereses de Elba Esther Gordillo que a los del partido. Una vez más los intereses priístas fueron desplazados en el seno del árbitro electoral.
Hoy, sin embargo, parece que el PRI finalmente saboreará los frutos de la victoria. Un nuevo “pentágono” está tomando forma, en esta ocasión bajo la influencia del viejo partido de Estado. Por su fidelidad a esta causa, los consejeros Virgilio Andrade y Marco Gómez recibieron el premio de terminar sus nombramientos originales hasta 2010. Les acompañan los consejeros Marco Baños y Francisco Guerrero, vinculados con Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, respectivamente. A ellos hoy se les suma el consejero presidente Leonardo Valdés para completar el elenco del nuevo bloque dominante.
La semana pasada tuvimos indicadores contundentes de las funestas consecuencias de esta nueva correlación de fuerzas. El “nuevo” IFE hizo gala de su parcialidad y falta de profesionalismo al realizar una selección sesgada de casos para resolver e imponer multas arbitrarias e inequitativas. Tanto la exagerada multa al PRD como la sanción al PAN carecen de una argumentación jurídica sólida o una individualización precisa de las faltas cometidas.
En cambio, el PRI salió casi ileso con una sanción menor. Los consejeros también mandaron un claro mensaje de impunidad al dar un carpetazo irresponsable a las quejas contra la intromisión ilegal del Consejo Coordinador Empresarial.
El IFE de ninguna manera logró “cerrar el expediente de 2006”, ya que todavía existen casi 200 casos pendientes de aquel proceso electoral. Entre otros, todavía están por resolver las quejas en contra de Vicente Fox y el PAN por la masiva campaña mediática del gobierno en favor de Felipe Calderón, así como las impugnaciones por la utilización del correo electrónico por servidores públicos federales para denostar a López Obrador.
Los consejeros también se han negado a utilizar sus nuevas facultades de investigación de información bancaria, fiduciaria y fiscal para llegar al fondo del financiamiento irregular tanto de las campañas como de la propaganda televisiva de 2006.
El colofón ha sido el nombramiento por el nuevo “pentágono” de Marco Antonio Baños como presidente de la “supercomisión” de Capacitación y Organización Electoral, lo cual sin duda pone en riesgo las elecciones de 2009. Baños es uno de los “dinosaurios” de la institución; ha laborado allí desde 1990, y es muy cercano tanto a Felipe Solís Acero como al mismo Beltrones.
Durante el proceso electoral recientemente inaugurado, el titular de esta comisión tendrá poderes similares a los del mismo consejero presidente, ya que estará a cargo de los detalles más delicados de la elección, desde la impresión y resguardo de las boletas electorales hasta la capacitación de los funcionarios de casilla. También habría que recordar que tres de las otras comisiones más importantes (del Registro Federal de Electores, de Quejas y Denuncias, y el Comité de Radio y Televisión) son presididas por consejeros pertenecientes al mismo grupo de consejeros filopriístas.
Tanto el PRD como el PAN fueron claramente chamaqueados. El desesperado “exhorto” promovido por estos partidos el jueves pasado en la Cámara de Diputados, exigiendo mayor imparcialidad al árbitro electoral, no es sino una patada de ahogado de quienes con su participación en la selección de los nuevos consejeros son los únicos responsables de que el IFE todavía no cuente con la independencia y pluralidad necesarias para recuperar la legitimidad perdida.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) por fin ha recuperado a su hijo pródigo. Después de 12 años y cuatro comicios federales en que el Instituto Federal Electoral (IFE) estuvo bajo el control de fuerzas ajenas al antiguo partido de Estado, el organismo electoral hoy ha regresado a casa.
Habría que recordar que originalmente la creación del IFE en 1990 no se hizo con el propósito de profesionalizar o independizar la organización de las elecciones, sino con el objeto de limpiar la cara de aquel régimen emergido del fraude de 1988. En esa coyuntura, el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN) se aliaron para crear un engendro institucional que se vendió como organismo autónomo, pero que en realidad nunca buscó serlo. El secretario de Gobernación presidía el consejo general, la mayoría de los lugares en éste eran controlados por el PRI y los “consejeros magistrados” que formaban parte del consejo eran todos propuestos por el presidente de la República. El nacimiento del IFE fue entonces producto de la simulación.
La situación cambió a partir de 1996 porque el PRI cometió el “error” de permitir el nombramiento de un grupo de jóvenes consejeros que nunca dudaron en defender sus principios democráticos al confrontar los intereses del régimen del partido de Estado. Jaime Cárdenas, Jesús Cantú, Emilio Zebadúa, Juan Molinar y Alonso Lujambio rápidamente formaron el famoso “pentágono”, conjunto que logró vencer las posiciones más conservadoras o “conciliadoras” que caracterizaron a sus colegas consejeros que habían llegado al cargo como propuestas del PRI.
En los nombramientos de los consejeros de 2003, el Revolucionario Institucional perdió de nueva cuenta, ya que la mayoría de las personas que colocó en el consejo terminaron respondiendo más a los intereses de Elba Esther Gordillo que a los del partido. Una vez más los intereses priístas fueron desplazados en el seno del árbitro electoral.
Hoy, sin embargo, parece que el PRI finalmente saboreará los frutos de la victoria. Un nuevo “pentágono” está tomando forma, en esta ocasión bajo la influencia del viejo partido de Estado. Por su fidelidad a esta causa, los consejeros Virgilio Andrade y Marco Gómez recibieron el premio de terminar sus nombramientos originales hasta 2010. Les acompañan los consejeros Marco Baños y Francisco Guerrero, vinculados con Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, respectivamente. A ellos hoy se les suma el consejero presidente Leonardo Valdés para completar el elenco del nuevo bloque dominante.
La semana pasada tuvimos indicadores contundentes de las funestas consecuencias de esta nueva correlación de fuerzas. El “nuevo” IFE hizo gala de su parcialidad y falta de profesionalismo al realizar una selección sesgada de casos para resolver e imponer multas arbitrarias e inequitativas. Tanto la exagerada multa al PRD como la sanción al PAN carecen de una argumentación jurídica sólida o una individualización precisa de las faltas cometidas.
En cambio, el PRI salió casi ileso con una sanción menor. Los consejeros también mandaron un claro mensaje de impunidad al dar un carpetazo irresponsable a las quejas contra la intromisión ilegal del Consejo Coordinador Empresarial.
El IFE de ninguna manera logró “cerrar el expediente de 2006”, ya que todavía existen casi 200 casos pendientes de aquel proceso electoral. Entre otros, todavía están por resolver las quejas en contra de Vicente Fox y el PAN por la masiva campaña mediática del gobierno en favor de Felipe Calderón, así como las impugnaciones por la utilización del correo electrónico por servidores públicos federales para denostar a López Obrador.
Los consejeros también se han negado a utilizar sus nuevas facultades de investigación de información bancaria, fiduciaria y fiscal para llegar al fondo del financiamiento irregular tanto de las campañas como de la propaganda televisiva de 2006.
El colofón ha sido el nombramiento por el nuevo “pentágono” de Marco Antonio Baños como presidente de la “supercomisión” de Capacitación y Organización Electoral, lo cual sin duda pone en riesgo las elecciones de 2009. Baños es uno de los “dinosaurios” de la institución; ha laborado allí desde 1990, y es muy cercano tanto a Felipe Solís Acero como al mismo Beltrones.
Durante el proceso electoral recientemente inaugurado, el titular de esta comisión tendrá poderes similares a los del mismo consejero presidente, ya que estará a cargo de los detalles más delicados de la elección, desde la impresión y resguardo de las boletas electorales hasta la capacitación de los funcionarios de casilla. También habría que recordar que tres de las otras comisiones más importantes (del Registro Federal de Electores, de Quejas y Denuncias, y el Comité de Radio y Televisión) son presididas por consejeros pertenecientes al mismo grupo de consejeros filopriístas.
Tanto el PRD como el PAN fueron claramente chamaqueados. El desesperado “exhorto” promovido por estos partidos el jueves pasado en la Cámara de Diputados, exigiendo mayor imparcialidad al árbitro electoral, no es sino una patada de ahogado de quienes con su participación en la selección de los nuevos consejeros son los únicos responsables de que el IFE todavía no cuente con la independencia y pluralidad necesarias para recuperar la legitimidad perdida.
Investigación y abuso
Editorial
Ayer, luego de varios días de permanecer preso en el Reclusorio Norte de la ciudad de México, fue puesto en libertad el médico radiólogo Carlos Martínez Neri, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo y acusó por la fuga del presunto secuestrador Ángel Cisneros Marín, quien escapó del Hospital de Xoco, en el que labora Martínez Neri, donde aquel se encontraba en calidad de detenido bajo el resguardo de tres agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes también fueron arrestados y consignados. Hasta donde se sabe, el supuesto delincuente ingresó al hospital con lesiones de consideración, fue sometido a examen por Martínez Neri y aprovechó para escapar cuando el radiólogo fue a revelar las placas que le había tomado.
La captura del médico generó movilizaciones de solidaridad de sus compañeros de trabajo, y el Gobierno del Distrito Federal, de cuya Secretaría de Salud depende el nosocomio mencionado, asumió la defensa del especialista.
El episodio no sólo es ilustrativo de la incapacidad de las autoridades responsables de la procuración de justicia hasta para vigilar a presuntos infractores detenidos, sino también de su tendencia a afectar a inocentes y a responsabilizarlos por la ineptitud policial.
El manifiesto abuso cometido contra Martínez Neri desafía la lógica elemental y resulta lamentable tener que recordar que la tarea del personal médico y paramédico no consiste en impedir la fuga de los pacientes acusados de hechos delictivos, sino en curarlos. Sin embargo, el episodio dista de ser un hecho aislado. Se inscribe en una vieja práctica conocida como “fabricación de culpables”, característica de autoridades que han perdido el control de la situación, como ocurre actualmente con las instituciones encargadas de prevenir y perseguir a los criminales.
Es preocupante la posibilidad de que la captura referida indique el resurgimiento de esta práctica, que fue habitual en el sexenio pasado. Cuando la PGR estuvo a cargo de Rafael Macedo de la Concha, era común que la policía judicial, después AFI, intentara subsanar su ineptitud presionando y hostilizando a periodistas para que revelaran sus fuentes de información, y saltaron a la luz pública persecuciones y encarcelamientos de inocentes: baste recordar los casos de Artemisa Aguilar, empleada del Instituto Nacional de Migración (INM), injustamente acusada y encarcelada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), entonces a cargo de José Luis Santiago Vasconcelos, de pertenecer a una organización dedicada al tráfico de personas; las imputaciones contra Nahum Acosta Lugo, ex director de Giras de la Presidencia, a quien se acusó, sin fundamentos, de vínculos con el cártel de Juárez y fue recluido en el penal de alta seguridad de La Palma, y la pesadilla que vivió el arquitecto Joaquín Romero Aparicio, sujeto a un prolongado arraigo porque agentes de la AFI le encontraron parecido físico con el narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes.
Actualmente, los abusos como el que sufrió el radiólogo Martínez Neri tienen como telón de fondo el empecinamiento gubernamental en corresponsabilizar a la sociedad del combate contra la delincuencia, pretensión absurda y carente de toda justificación legal: salvo lo que se especifica en la tipificación del delito de encubrimiento, la prevención del delito y la persecución de quienes lo cometen es responsabilidad de las autoridades, no de la población. El llamado a los ciudadanos a que se involucren en la “guerra” proclamada por la administración calderonista contra la criminalidad resulta, además, irresponsable y sumamente peligroso para quienes lo acaten, habida cuenta de que las corporaciones policiales se encuentran, con toda evidencia, infiltradas por el narcotráfico y por las bandas de secuestradores, y no son capaces, en consecuencia, de garantizar la seguridad ni siquiera de sus propios jefes.
Es necesario, en suma, que el gobierno federal asuma sus responsabilidades y las consecuencias de sus propias acciones y deje de criminalizar a la ciudadanía. Cierto, el país está lleno de delincuentes en libertad, y eso es muy grave. Pero es incluso peor que, ante el fracaso de la política oficial de seguridad pública, y en un acto de simulación inaceptable, se opte por llenar las cárceles con gente inocente.
Ayer, luego de varios días de permanecer preso en el Reclusorio Norte de la ciudad de México, fue puesto en libertad el médico radiólogo Carlos Martínez Neri, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo y acusó por la fuga del presunto secuestrador Ángel Cisneros Marín, quien escapó del Hospital de Xoco, en el que labora Martínez Neri, donde aquel se encontraba en calidad de detenido bajo el resguardo de tres agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes también fueron arrestados y consignados. Hasta donde se sabe, el supuesto delincuente ingresó al hospital con lesiones de consideración, fue sometido a examen por Martínez Neri y aprovechó para escapar cuando el radiólogo fue a revelar las placas que le había tomado.
La captura del médico generó movilizaciones de solidaridad de sus compañeros de trabajo, y el Gobierno del Distrito Federal, de cuya Secretaría de Salud depende el nosocomio mencionado, asumió la defensa del especialista.
El episodio no sólo es ilustrativo de la incapacidad de las autoridades responsables de la procuración de justicia hasta para vigilar a presuntos infractores detenidos, sino también de su tendencia a afectar a inocentes y a responsabilizarlos por la ineptitud policial.
El manifiesto abuso cometido contra Martínez Neri desafía la lógica elemental y resulta lamentable tener que recordar que la tarea del personal médico y paramédico no consiste en impedir la fuga de los pacientes acusados de hechos delictivos, sino en curarlos. Sin embargo, el episodio dista de ser un hecho aislado. Se inscribe en una vieja práctica conocida como “fabricación de culpables”, característica de autoridades que han perdido el control de la situación, como ocurre actualmente con las instituciones encargadas de prevenir y perseguir a los criminales.
Es preocupante la posibilidad de que la captura referida indique el resurgimiento de esta práctica, que fue habitual en el sexenio pasado. Cuando la PGR estuvo a cargo de Rafael Macedo de la Concha, era común que la policía judicial, después AFI, intentara subsanar su ineptitud presionando y hostilizando a periodistas para que revelaran sus fuentes de información, y saltaron a la luz pública persecuciones y encarcelamientos de inocentes: baste recordar los casos de Artemisa Aguilar, empleada del Instituto Nacional de Migración (INM), injustamente acusada y encarcelada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), entonces a cargo de José Luis Santiago Vasconcelos, de pertenecer a una organización dedicada al tráfico de personas; las imputaciones contra Nahum Acosta Lugo, ex director de Giras de la Presidencia, a quien se acusó, sin fundamentos, de vínculos con el cártel de Juárez y fue recluido en el penal de alta seguridad de La Palma, y la pesadilla que vivió el arquitecto Joaquín Romero Aparicio, sujeto a un prolongado arraigo porque agentes de la AFI le encontraron parecido físico con el narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes.
Actualmente, los abusos como el que sufrió el radiólogo Martínez Neri tienen como telón de fondo el empecinamiento gubernamental en corresponsabilizar a la sociedad del combate contra la delincuencia, pretensión absurda y carente de toda justificación legal: salvo lo que se especifica en la tipificación del delito de encubrimiento, la prevención del delito y la persecución de quienes lo cometen es responsabilidad de las autoridades, no de la población. El llamado a los ciudadanos a que se involucren en la “guerra” proclamada por la administración calderonista contra la criminalidad resulta, además, irresponsable y sumamente peligroso para quienes lo acaten, habida cuenta de que las corporaciones policiales se encuentran, con toda evidencia, infiltradas por el narcotráfico y por las bandas de secuestradores, y no son capaces, en consecuencia, de garantizar la seguridad ni siquiera de sus propios jefes.
Es necesario, en suma, que el gobierno federal asuma sus responsabilidades y las consecuencias de sus propias acciones y deje de criminalizar a la ciudadanía. Cierto, el país está lleno de delincuentes en libertad, y eso es muy grave. Pero es incluso peor que, ante el fracaso de la política oficial de seguridad pública, y en un acto de simulación inaceptable, se opte por llenar las cárceles con gente inocente.
Provocan al México bronco
Eduardo Ibarra Aguirre
Seis muertos y una decena de heridos es el saldo del desalojo de ejidatarios de Miguel Hidalgo, ubicado en el municipio de La Trinitaria , Chiapas, que realizaron la tarde del viernes 3 a punta de gas lacrimógeno y balazos durante 40 minutos, 250 elementos uniformados de la Policía Federal Preventiva y la Policía Estatal Preventiva.
Las autoridades federales, por medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dirigido por Alfonso de María y Campos Castelló, y las estatales encabezadas por Juan José Sabines Guerrero, formalmente de filiación perredista, sostienen un litigio con los 7 mil habitantes de Miguel Hidalgo porque éstos acordaron en asamblea, realizada el 7 de septiembre, apoderarse de la zona arqueológica de Chincultik, que se ubica en medio de los terrenos ejidales, bajo el argumento de que INAH “la tiene muy abandonada”. Ésta, por cierto, no es la excepción sino la constante del país.
Desde entonces, cuenta un lugareño al reportero Elio Henríquez, ”cobramos 20 pesos por la entrada, no los 35 que cobraba el INAH”. Entre semana obtenían entre 300 y 400 pesos diarios, y los sábados y domingos entre mil y mil 500.
Enseguida comenzaron las negociaciones y la más reciente reunión con funcionarios del gobierno estatal se efectuó un día antes de la masacre y acordaron continuar las pláticas, pues los ejidatarios rechazaron el ofrecimiento de un apoyo de 600 mil pesos para cosechar jitomates, aguacates y duraznos.
Al día siguiente por la mañana, asegura José Vázquez López, uno de los representantes del ejido, llegaron elementos de la PFP y desalojaron a los 25 campesinos que cuidaban las ruinas e incluso a personas ajenas. Previamente desalojaron a los indígenas de otras comunidades que tenían el control de los lagos de Montebello, ubicados a 10 kilómetros del ejido. ( La Jornada , 5-X-08, p. 3).
Enseguida, 250 elementos de la PFP y de la PEP lanzaron gases lacrimógenos en las casas y la escuela primaria, y sitiaron el poblado. Los integrantes de la comunidad se defendieron con machetes y palos, detuvieron a 77 policías, los desarmaron y encerraron en la casa ejidal.
La respuesta de los agentes --convertidos en energúmenos-- y sus jefes tardó cinco horas, con el trágico saldo mencionado. Entre los seis muertos se encuentran tres heridos rematados en el vehículo particular que los trasladaba al hospital, incluido el conductor.
De corroborarse esta última parte de la versión ejidal, estaríamos ante una conducta policiaca de naturaleza delincuencial sin la menor duda, como bien lo entiende Amador Rodríguez Lozano, ministro de justicia chiapaneco.
El ejidatario Vázquez López formula públicamente una interrogante que encierra la clave del problema y que es indispensable darle una respuesta ministerial y judicial pronta y veraz: “Preguntamos al presidente Felipe Calderón y al gobernador Juan Sabines: ¿por qué nos mandaron matar si un día antes habíamos tenido un diálogo con las autoridades para resolver el problema?”
La masacre de La Trinitaria pone en relieve el resurgimiento en Chiapas de una añeja tradición de violencia represiva contra las protestas campesinas e indígenas que hicieron crisis con Carlos Salinas de Gortari y perduran bajo el gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, pasando por Ernesto Zedillo Ponce de León y su guerra de contrainsurgencia y el torpe y derrochador Vicente Fox Quesada.
Difícilmente puede sustraerse esta provocación al México bronco, el de las praderas demasiado secas y la irritación popular a flor de piel, de la relativamente nueva pero peor tradición autoritaria del panismo hecho gobierno, integrada por los criminales y falocráticos episodios de Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México; el asesinato de metalúrgicos en Sicartsa, Lázaro Cárdenas, Michoacán; las cobardes agresiones a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca...
Acuse de recibo
El palenquero Julio Fausto Pomar Jiménez escribió para Argenpressinfo, el 3 de octubre: “Los funcionarios panistas se arrogan el uso arbitrario de dichos recursos, con fines partidistas y parciales, como lo ejemplifica la persecución a innumerables publicaciones independientes, pero en especial a revistas como Forum, que está en la ‘lista negra’ del panismo usurpador derechista.”… Para el general Samuel Lara Villa forumenlinea, distribuidora de Utopía en la red, desarrolla una “Excelente cobertura informativa, gracias, por favor sigan la lucha contra la prensa vendida. Saludos de la Federación ‘Gral. Francisco J. Múgica’ de Militares Retirados.’”… En tanto que al general y doctor José Francisco Gallardo Rodríguez, Guerra entre policías (29-X-08) le pareció “Buena nota”… Juan N. Meléndez García, periodista e historiador con doctorado en la Universidad Patricio Lumumba, de Moscú, falleció el 1 de octubre. Coincidimos gratamente en el semanario Oposición y en la campaña presidencial de Arnoldo Martínez Verdugo. Un abrazo fraternal para su hermano Iván García Solís, su hijo David Meléndez y su compañera Susana Avilés.
"A MEJOR SOCIEDAD, MEJOR GOBIERNO"
PLHINO, o caos
Como lo establece "LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA, ADICIONA, MODIFICA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DEL SECTOR ENERGÉTICO NACIONAL", presentada por el Frente Amplio Progresista, donde a la letra dice "es urgente la reparación y el mantenimiento sotenido del sistema hidráulico del Río Grijalva", como varios Capítulos del Proyecto Alternativo de Nación así como el Proyecto Hidráulico del Golfo Norte, que no es mencionado en este boletín, pero que también es iniciativa del Movimiento de LaRouche, y muchos proyectos más, es necesaria la incorporación de este tipo de obras de infraestructura e inversión pública en el Plan Anti-Crisis, para evitar el hundimiento en una nueva era de las tinieblas, como la terrible situación que ahora viven recurrentemente nuestros paisanos en Veracruz, Tabasco, Chiapas, etc., con las inundaciones que sólo puede ser explicada por la negligencia, racismo e incompetencia en la administración pública de un régimen en México, estilo lo que pasó con Bush en el huracán Katrina para los estados afectados.
La triste realidad es que la desintegración ecodel sistema financiero internacional del FMI basado en el dólar, esta "Era de la Tinieblas", no es un rollo de pose académica ("¿recesión o depresión, crisis del capitalismo, Fobaproa de EU?"), sino un asunto desesperado de vida o muerte para millones de humanos alrededor del mundo.
-RegioEnResistencia
La triste realidad es que la desintegración ecodel sistema financiero internacional del FMI basado en el dólar, esta "Era de la Tinieblas", no es un rollo de pose académica ("¿recesión o depresión, crisis del capitalismo, Fobaproa de EU?"), sino un asunto desesperado de vida o muerte para millones de humanos alrededor del mundo.
-RegioEnResistencia
3 de octubre de 2008 (LPAC).— Si México no lleva a cabo proyectos de desarrollo de la infraestructura como el PLHINO (Plan Hidráulico del Noroeste), advirtió de nuevo LaRouche en su conferencia transmitida por internet del 1 de octubre, se verá sujeto a un enorme caos económico y social en la medida en que millones de inmigrantes mexicanos son embarcados de regreso a México, bajo las actuales condiciones de depresión. Y es del interés de seguridad vital, inmediato, de Estados Unidos, el participar en proyectos como el PLHINO, con el fin de promover la estabilidad y el desarrollo de nuestros vecinos.
Considere lo que está pasando ahora con la caida en picada de las remesas que envian a sus lugares de origen los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, producto del desplome de la economía estadounidense. Según el Banco de México, en agosto las remesas cayeron en 12.2% comparadas con agosto del 2007, por mucho la mayor caida en la historia. De hecho, la tasa de desplome de las remesas se está acelerando en la medida en que la depresión arrasa en Estados Unidos: en el primer trimestre del 2008, las remesas cayeron 3.4%; en el segundo trimestre, cayeron "solo" 1.1%; pero después en julio la caida fue de 6.9%; y en agosto se desfondó con una caida del 12.2 %.
El 1 de agosto —el mismo dia que LaRouche daba su discurso transmitido por internet en Washington en donde presentó una alternativa al caos— se celebraban audiencias en el Congreso de México, en donde el gobernador del estado de Michocaban, Leonel Godoy, informaba que su estado era el mayor recipiente de remesas, con 14% del total y que la mitad de la población del estado, está en Estados Unidos (4 millones de personas). Godoy advirtió que el gobierno tiene que estar preparado para el influjo masivo de inmigrantes que regresan, cosa que por supuesto, no está preparado.
El mismo razonamiento setacó dirigente de un grupo de inmigrantes mexicanos del estado de Hidalgo, con sede en Tampa, Florida, quien informó que por lo menos 10,000 hidalguenses regresarán a México debido a la crisis financiera estadounidense, en la medida en que golpea el sector de la construcción. Hasta hace un año, el grupo tenía 40,000 miembros, que ahora se ha reducido a 30,000. Y cerca de 700 personas salen semanalmente de regreso a México. Localmente, muchos pequeños negocios propiedad de mexicanos han cerrado.
Alianza por la calidad de la educación
PUNTO DE VISTA
POR: José Angel Miramontes Cordero
Esta Alianza se sustenta en 5 ejes rectores: Modernización de los centros escolares, Profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas, Bienestar y desarrollo integral de los alumnos, Formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo y, por último, Evaluar para mejorar. (http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion). Por cuestiones de espacio sólo me referiré en este documento a los dos primeros aspectos.
Sin duda, en el papel estos 5 ejes parecen impecables; sólo que en la práctica, en la realidad cotidiana a la que se enfrentan los maestros y las maestras de México, ah qué pelón está el cochi. Comenzando con las condiciones en que se encuentran la mayoría de los planteles educativos del país. Si en las zonas urbanas tenemos todavía escuelas con techos y paredes de lámina o de cartón, con mobiliario inadecuado, pisos de tierra, imagínense cómo están en las zonas marginadas. El testimonio de la profesora guerrerense Vanesa López es más que elocuente:
“Soy maestra. de una secundaria de la región montaña alta de Guerrero, radico en Chilpancingo, viajo 8 hrs. de mi casa al trabajo (…) en la mayoría de estos lugares las escuelas están construidas con adobe, paja, madera o debajo de los árboles, sin luz y ni la más mínima comparación a escuelas urbanas, y para acabarla, el acceso a medios de comunicación (teléfono, televisión, radio) es imposible (…)
Tiene razón la profesora. El uso de la tecnología educativa -aún a pesar de que este concepto comenzó a utilizarse en la década de los 50’s en otros países más avanzados-, a estas alturas en México todavía estamos, como se dice, en pañales. En la mayoría de las aulas de medios de las escuelas públicas los equipos de cómputo son insuficientes y obsoletos. Los docentes encargados de esos centros no son especialistas en la materia y, al carecer del perfil adecuado, hacen verdaderos milagros para atender su encomienda.
Es más, en muchas de las escuelas privadas del país, sobre todo, en esas que han proliferado como hongos en lo que va de los ocho años de gobiernos panistas y que la vox populli conoce como “patitos”, en no pocos casos adolecen no tan sólo de computadoras, sino hasta laboratorios de biología, física y química. Si alguien lo duda, basta con echarle una “inspeccionadita” a alguna de esas escuelas de la localidad para corroborar lo que aquí señalo. Salvo las de renombre, las demás están para llorar.
En cuanto a lo que los medios de circulación nacional, las autoridades y las cúpula sindical que encabeza, Elba Esther Gordillo, nos quieren vender como el quid del problema: la selección del personal docente de nuevo ingreso y la promoción de los que ya están en servicio, mediante exámenes y que pregonan como la panacea mediante la cual se resolverán los problemas del sistema educativo nacional, eso es una trampa que quieren que nos traguemos los maestros y la sociedad. ¿Por qué?
Por que se quiere culpar de todos los males en este renglón a los docentes. Y si este es rebelde, si no se deja, si sale a la calle a protestar exigiendo mejores condiciones para desempeñar su trabajo, por que la autoridad y el congreso otorguen mayor presupuesto a la educación y lucha por salarios más decorosos, con mayor razón lo tildan de revoltoso, de pelafustán, de holgazán y hasta de traidor a la patria. Nomás investiguen si el docente en las mismas escuelas “patito” tiene, ya no digamos salario decoroso sino, seguro social o issste -ni a hospitalito llega- y aguinaldo. Es una explotación voraz en la que ni las manos puede meter por que no hay nadie que lo defienda. Los dueños de los colegios particulares, muy católicos y todo lo que sea, pero ah qué pesados están en lo tacaño. Y el sindicato, bien gracias. Si este es quien lo está acuchillando con esta alianza de marras.
Con esto no quiero eximir de la responsabilidad que le corresponde al maestro ya que, hay que entenderlo, este es parte de todo un sistema en el que también juegan su papel las autoridades educativas nacionales y estatales, los padres de familia y la sociedad en su conjunto. Ah pero si el alumno reprobó, el maestro tiene la culpa. Si en los indicadores de la OCDE el país ocupa los últimos lugares en Ciencias, Español y Matemáticas, al que hay que colgar es al profesor. Momento señores, hay que ver el bosque, no sólo el árbol.
Por eso digo que todo esto es un falso debate ya que resulta paradójico que hoy que se discute elevar la calidad de la educación, el presidente solicite al Congreso un incremento para el año 2009 del 1.5 por ciento en comparación con este 2008 –ni tan siquiera equiparable con el índice inflacionario del año que corre- y pretenda otorgar un aumento de casi un 50 por ciento en materia de seguridad. Cuando está comprobado que no hay mejor inversión que la que se hace en educar a un pueblo.
Lo que indigna a muchos trabajadores de la educación es que esos acuerdos sean firmados a su nombre por alguien que desde hace varias décadas no sabe lo es tomar en sus manos un gis o un plumón. Por alguien que por muchos años no sabe lo que es hacer una planeación, elaborar un examen ni llevar la guardia o la tiendita en una escuela. Qué le importa a Elba Esther que los maestros egresados que aspiran a una plaza, muchos de ellos hijos de profesores que cuentan con el perfil requerido, anden ahora mendingando una oportunidad para ingresar al servicio.
A la “maestra” eso no le preocupa. A ella el gobierno federal ya le dio las plazas que necesitaba. Su yerno Fernando Sánchez, en la SEP. Sus amigos, Roberto Campa, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (aunque acaba de renunciar), Francisco Yáñez, flamante Director de la Lotería Nacional, Miguel Angel Yunez, la plaza de Director del ISSSTE y a ella, con la reforma de la Ley del Instituto, le dio el control del Fondo de Pensiones (Pensionissste), que por tres años forzosos jineteará los recursos que generosamente pondrá el gobierno federal en sus manos (algo así como 160 mil millones de pesos) sic.
Finalmente, el maestro, también de Guerrero, Octavio Pineda Giles, cuestiona: “¿Aceptará Vázquez Mota y Elba Esther someter a concurso sus cargos? ¿Aceptarán la aplicación de un examen de los que actualmente nos aplican a nosotros para ver si como roncan duermen?” Bueno, el tema da para más, mucho más, que espero tratar en los próximos puntos de vista.
POR: José Angel Miramontes Cordero
Esta Alianza se sustenta en 5 ejes rectores: Modernización de los centros escolares, Profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas, Bienestar y desarrollo integral de los alumnos, Formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo y, por último, Evaluar para mejorar. (http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion). Por cuestiones de espacio sólo me referiré en este documento a los dos primeros aspectos.
Sin duda, en el papel estos 5 ejes parecen impecables; sólo que en la práctica, en la realidad cotidiana a la que se enfrentan los maestros y las maestras de México, ah qué pelón está el cochi. Comenzando con las condiciones en que se encuentran la mayoría de los planteles educativos del país. Si en las zonas urbanas tenemos todavía escuelas con techos y paredes de lámina o de cartón, con mobiliario inadecuado, pisos de tierra, imagínense cómo están en las zonas marginadas. El testimonio de la profesora guerrerense Vanesa López es más que elocuente:
“Soy maestra. de una secundaria de la región montaña alta de Guerrero, radico en Chilpancingo, viajo 8 hrs. de mi casa al trabajo (…) en la mayoría de estos lugares las escuelas están construidas con adobe, paja, madera o debajo de los árboles, sin luz y ni la más mínima comparación a escuelas urbanas, y para acabarla, el acceso a medios de comunicación (teléfono, televisión, radio) es imposible (…)
Tiene razón la profesora. El uso de la tecnología educativa -aún a pesar de que este concepto comenzó a utilizarse en la década de los 50’s en otros países más avanzados-, a estas alturas en México todavía estamos, como se dice, en pañales. En la mayoría de las aulas de medios de las escuelas públicas los equipos de cómputo son insuficientes y obsoletos. Los docentes encargados de esos centros no son especialistas en la materia y, al carecer del perfil adecuado, hacen verdaderos milagros para atender su encomienda.
Es más, en muchas de las escuelas privadas del país, sobre todo, en esas que han proliferado como hongos en lo que va de los ocho años de gobiernos panistas y que la vox populli conoce como “patitos”, en no pocos casos adolecen no tan sólo de computadoras, sino hasta laboratorios de biología, física y química. Si alguien lo duda, basta con echarle una “inspeccionadita” a alguna de esas escuelas de la localidad para corroborar lo que aquí señalo. Salvo las de renombre, las demás están para llorar.
En cuanto a lo que los medios de circulación nacional, las autoridades y las cúpula sindical que encabeza, Elba Esther Gordillo, nos quieren vender como el quid del problema: la selección del personal docente de nuevo ingreso y la promoción de los que ya están en servicio, mediante exámenes y que pregonan como la panacea mediante la cual se resolverán los problemas del sistema educativo nacional, eso es una trampa que quieren que nos traguemos los maestros y la sociedad. ¿Por qué?
Por que se quiere culpar de todos los males en este renglón a los docentes. Y si este es rebelde, si no se deja, si sale a la calle a protestar exigiendo mejores condiciones para desempeñar su trabajo, por que la autoridad y el congreso otorguen mayor presupuesto a la educación y lucha por salarios más decorosos, con mayor razón lo tildan de revoltoso, de pelafustán, de holgazán y hasta de traidor a la patria. Nomás investiguen si el docente en las mismas escuelas “patito” tiene, ya no digamos salario decoroso sino, seguro social o issste -ni a hospitalito llega- y aguinaldo. Es una explotación voraz en la que ni las manos puede meter por que no hay nadie que lo defienda. Los dueños de los colegios particulares, muy católicos y todo lo que sea, pero ah qué pesados están en lo tacaño. Y el sindicato, bien gracias. Si este es quien lo está acuchillando con esta alianza de marras.
Con esto no quiero eximir de la responsabilidad que le corresponde al maestro ya que, hay que entenderlo, este es parte de todo un sistema en el que también juegan su papel las autoridades educativas nacionales y estatales, los padres de familia y la sociedad en su conjunto. Ah pero si el alumno reprobó, el maestro tiene la culpa. Si en los indicadores de la OCDE el país ocupa los últimos lugares en Ciencias, Español y Matemáticas, al que hay que colgar es al profesor. Momento señores, hay que ver el bosque, no sólo el árbol.
Por eso digo que todo esto es un falso debate ya que resulta paradójico que hoy que se discute elevar la calidad de la educación, el presidente solicite al Congreso un incremento para el año 2009 del 1.5 por ciento en comparación con este 2008 –ni tan siquiera equiparable con el índice inflacionario del año que corre- y pretenda otorgar un aumento de casi un 50 por ciento en materia de seguridad. Cuando está comprobado que no hay mejor inversión que la que se hace en educar a un pueblo.
Lo que indigna a muchos trabajadores de la educación es que esos acuerdos sean firmados a su nombre por alguien que desde hace varias décadas no sabe lo es tomar en sus manos un gis o un plumón. Por alguien que por muchos años no sabe lo que es hacer una planeación, elaborar un examen ni llevar la guardia o la tiendita en una escuela. Qué le importa a Elba Esther que los maestros egresados que aspiran a una plaza, muchos de ellos hijos de profesores que cuentan con el perfil requerido, anden ahora mendingando una oportunidad para ingresar al servicio.
A la “maestra” eso no le preocupa. A ella el gobierno federal ya le dio las plazas que necesitaba. Su yerno Fernando Sánchez, en la SEP. Sus amigos, Roberto Campa, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (aunque acaba de renunciar), Francisco Yáñez, flamante Director de la Lotería Nacional, Miguel Angel Yunez, la plaza de Director del ISSSTE y a ella, con la reforma de la Ley del Instituto, le dio el control del Fondo de Pensiones (Pensionissste), que por tres años forzosos jineteará los recursos que generosamente pondrá el gobierno federal en sus manos (algo así como 160 mil millones de pesos) sic.
Finalmente, el maestro, también de Guerrero, Octavio Pineda Giles, cuestiona: “¿Aceptará Vázquez Mota y Elba Esther someter a concurso sus cargos? ¿Aceptarán la aplicación de un examen de los que actualmente nos aplican a nosotros para ver si como roncan duermen?” Bueno, el tema da para más, mucho más, que espero tratar en los próximos puntos de vista.
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