Elecciones violentas

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Snowden, el disidente, y los “United Stasi of America”

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Calderón y Peña Nieto, ESPURIOS ASESINOS!

Minera canadiense en Oaxaca: saqueo y violencia

En el tercer municipio más pobre de Oaxaca, la extracción de oro y plata deja a la trasnacional canadiense Fortuna Silver Mines –a través de su filial Compañía Minera Cuzcatlán– cientos de miles de onzas de los minerales preciosos. Sólo por la extracción de oro podría haber ganado 360 millones de pesos en 2012. En contraste, el pago por las concesiones al gobierno mexicano ascendió apenas a 2 millones de pesos y dejó en el municipio 8 millones de pesos para “obras públicas”. Los pobladores, en la incertidumbre ante los efectos al medio ambiente, a la salud y al tejido social

Érika Ramírez, texto y fotografías/ enviada

San José del Progreso, Oaxaca. Las boyas metálicas le impusieron bajar la velocidad del automóvil. Su hermano, el copiloto; su prima, la acompañante. A la par, un vehículo Tsuru sin placas seguía su curso sin detenerse. Una ráfaga de plomo atravesó los cristales del automóvil guinda de Bernardo Vásquez Sánchez.

Era el 15 de marzo de 2012, pasaban las 21:00 horas. Bernardo dio un volantazo. “¡Me dieron!”, gritó. El joven, dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) –organización opositora a la operación de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines–, apenas alcanzó a desviarse de la carretera. Sus últimos respiros quedaban en las inmediaciones del municipio de Santa Lucía Ocotlán.

El copiloto, Álvaro Andrés Vásquez Sánchez, se resguardó lo más que pudo sobre su asiento, pero igual fue herido. Rosalinda se dejó caer sobre el sillón trasero, que terminaría bañado en sangre. El auto de Bernardo se detuvo completamente, su propio resuello estaba a punto de hacerlo. Las balas que le habían penetrado el cuerpo, ahí se alojaron. Una, en el pulmón derecho, fue letal.

A 15 minutos de distancia, las festividades del patrono comenzaban a alistarse. La algarabía religiosa se teñía de rojo. Bernardo moría, Rosalinda estaba herida en la pierna derecha por una bala que casi le destroza la rodilla, de la que aún no ha podido reponerse.

“¡Queríamos salvarlo!”, dice ella, en entrevista con Contralínea. Pararon un taxi. El conductor los ayudó a sacar a Bernardo y trasladarlo a un consultorio médico particular. Murió al llegar al lugar donde se le brindaría atención. “Tenía varios impactos [en espalda y cadera], había entrada, pero no salida”, recuerda la joven.

Meses antes, señala Rosalinda, “en un video que circuló en YouTube, se amenazaba la vida de Bernardo. En éste se burlaban de las personas que estaban en el movimiento en contra de la mina. En un vertedero de la presa municipal quedó inscrita la sentencia de muerte: ‘Te vas a morir, perro Bernardo Vásquez’” (sic).

Él es la segunda víctima perteneciente al movimiento opositor a la Compañía Minera Cuzcatlán. Ingeniero agrónomo de profesión por la Universidad de Chapingo, fue, como mucha gente de campo, emigrante a Estados Unidos. Allá trabajó como albañil para ayudar económicamente a su familia, compuesta por nueve hermanos y sus padres.

Cuando regresó a México en 2008, la minera canadiense ya había comenzado los trabajos de explotación de oro y plata en la zona. La falta de consulta a los integrantes de la comunidad indígena zapoteca puso en alerta al activista. Comenzó, junto con hermanos, familiares y oriundos del municipio, la defensa de su territorio, relata su hermano y sustituto al frente del CPUVO, Leovigildo Vásquez Sánchez.

Derechos humanos, violentados

El informe Transición traicionada: los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012 –elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)– indica que “la empresa minera Cuzcatlán ha violentado diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula el consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos en territorios indígenas”.

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes dice que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que prevean medidas susceptibles de afectarles directamente, y establecer los medios a través de los cuales puedan participar libremente en la adaptación de decisiones en instituciones electivas y otros organismos. Asimismo, se reitera que los pueblos indígenas y tribales deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

El gobierno federal es quien genera los conflictos vinculados a los proyectos mineros, “ya que ellos otorgan permisos y no consultan con el gobierno de Oaxaca. El gobierno estatal reconoce que no hubo un proceso de consulta y acepta que no está bien regulada la consulta a nivel federal”, comentó Eréndira Cruzvillegas Fuentes, comisionada de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo de Oaxaca, ante integrantes de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, en la que participaron 19 organizaciones civiles estatales, nacionales e internacionales.

Además, la comisionada reconoció que “el origen de la división social en varias de las comunidades, como en San José del Progreso, es por el dinero que vienen a ofrecer las empresas trasnacionales a través de los megaproyectos, y que generan una violencia social en el estado”.

El documento del Centro Prodh afirma que se “ha generado un clima de tensión social y política al interior de la comunidad, mismo que el gobierno de Oaxaca ha minimizado bajo el argumento de que es un conflicto interno por el control y el poder del municipio.

“La empresa minera no ha asumido su responsabilidad con los pueblos y comunidades del Valle de Ocotlán. En todo momento se ha deslindado de la problemática de San José del Progreso y de las graves violaciones a los derechos humanos. Esta situación corrobora la tesis de las comunidades y organizaciones que les acompañan acerca de que en México se protegen los intereses privados de empresas trasnacionales por encima de la vida de las comunidades y de defensoras y defensores de derechos humanos. En Oaxaca, esta situación ha cobrado la vida de varias personas, se han vivido enfrentamientos entre pobladores, encarcelamiento y procesos penales contra quienes se oponen a la mina”, dice el Centro Prodh mediante su informe.

El 18 de enero de 2012 fue asesinado Bernardo Méndez, y herida de gravedad Abigail Vásquez Sánchez, quienes también se oponían al proyecto de la Compañía Minera Cuzcatlán.

Sin consulta previa 

Ante la falta de consulta previa de los pueblos, que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, considera que “han sido violados los derechos de la población de una forma sistemática. No hubo consulta, sino imposición. Hay una estrategia de entregar beneficios de parte de la empresa. Nos preocupa también la violencia que se ha dado y observamos el desgaste de la comunidad”.

En una reunión con integrantes de la Misión Civil de Observación “Justicia para San José del Progreso”, aseguró que no ha habido una atención integral para este “conflicto complejo”. Esto ha provocado un grave deterioro en la seguridad de las personas que defienden la causa y no se han visibilizado las violaciones a derechos humanos de comunidades completas.

Peimbert Calvo aceptó que existe una crisis de credibilidad de los organismos públicos en materia de derechos humanos: “Faltan mecanismos y protocolos para garantizar los derechos humanos de los defensores, pero estamos trabajando en ello. Estamos en un proceso de implementación y diseño de protocolos en varias áreas”.

Francisco Cravioto, investigador y monitor de políticas públicas relacionadas con industrias extractivas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explica que en San José del Progreso existe un conflicto social grave desatado por la presencia de un megaproyecto.

“Aquí vemos cuál es el resultado de que no se haga una adecuada instrumentación de la consulta. Este derecho no es aislado, parte del reconocimiento que tienen los indígenas al uso y aprovechamiento de su territorio y sus recursos. La consulta surge como un mecanismo para que siempre que vaya a haber una afectación, el estado tenga la obligación de consultar a las comunidades”, expone el investigador de Fundar.

Infografía:

Ver infografía estática

⇒ Parte I: Minera canadiense en Oaxaca: saqueo y violencia

Parte II: San José del Progreso, explotación y miseria

Parte III: Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema

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Abrazos y no balazos: López Obrador

* Transcripción de la conferencia de prensa que ofreció esta mañana Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Movimiento Progresista

Buenos días. Hoy quiero dar a conocer nuestra propuesta para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública en el país.

La violencia junto con el desempleo es el más grave de los problemas nacionales. Tenemos claro que sin garantizar la seguridad, resulta ociosa cualquier nueva propuesta de nación.

Aquí con toda claridad sostengo que vamos a resolver la crisis de inseguridad y de violencia. Hago el compromiso de serenar al país. Lo haremos con una nueva estrategia, no con medidas coercitivas, sino bajo el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.

La solución de fondo al problema de la inseguridad, la más eficaz y la más humana, probablemente la menos cara, pasa por combatir el desempleo; es decir, la falta de falta de trabajo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y por ofrecer alternativas a millones de jóvenes que han sido excluidos del desarrollo y del bienestar.

Está más que demostrado que no basta con la militarización, que no basta con cárceles, con leyes más severas o con mano dura. La violencia no se resuelve con más violencia, el mal no debe enfrentarse con el mal, sino mejorando las condiciones de vida y de trabajo de la población y atendiendo en especial a los jóvenes.

Nosotros vamos a serenar al país ofreciendo oportunidades de trabajo, creando una atmósfera de bienestar y atendiendo de manera especial a los jóvenes. Eso será lo primero. Crear –repito—una atmósfera de progreso y de justicia.

Nadie verá cancelado su futuro y siempre se mantendrán opciones y oportunidades para salir adelante y vivir con dignidad. Por ejemplo, hay decenas de miles de jóvenes que obligados por las circunstancias están a punto de tomar el camino de las conductas antisociales. A ellos, antes de que caigan en las redes de la delincuencia, antes de que sean enganchados, se les rescatará y el gobierno les ofrecerá oportunidades de estudio y de trabajo.

Vamos a ir casa por casa, incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio. Esta nueva estrategia va a ser complementada con las siguientes medidas:

1. En materia de seguridad, como en otros asuntos de interés público, el gobierno se guiará bajo el principio de que nada al margen de la ley y nadie por encima de la ley. En particular señalo que no se perseguirá una banda para proteger a otra, se aplicará la ley por parejo y no habrá impunidad.

2. Los encargados de la seguridad pública y de la procuración de justicia, como ya hemos dado a conocer los nombres de quién será mi consejero jurídico, el procurador general de la República, el secretario de Seguridad Pública y el secretario de Gobernación, son hombres y mujeres rectos, de inobjetable honestidad, incorruptibles. Se va a desterrar la corrupción en agencias del ministerio público y en las corporaciones policiacas.

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Jalisco la silenciosa disputa del narco

Ocultado por la administración de Emilio González Márquez, el clima de ingobernabilidad que desde hace meses se vive en Jalisco, se desbordó el pasado 9 de marzo con los narcobloqueos y la detención de un jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación y su lugarteniente, pero en todo el estado había múltiples focos rojos que el gobernador ignoró. En la cruenta disputa por el territorio, Jalisco se convierte en otro Tamaulipas, Nuevo León o Coahuila.

Ana Lilia Pérez

Jalisco. Sigilosamente, los jaliscienses aprenden a tirarse al piso cuando escuchan un tiroteo; resguardarse en casa, en la escuela, en la oficina, cuando los cristales de las ventanas estallan y el piso cimbra por la detonación que precede a la humareda y fuego de una granada; o de plano, encomendarse a cualquier santo si acaso quedan atrapados entre disparos cruzados.

“Jalisco se convierte en un infierno”, dice Rosaura, una tapatía de ojos color miel, avecindada en La Providencia, una de las colonias más exclusivas de Guadalajara convertida en asiento de capos del narcotráfico, que en los últimos meses vive convulsiones cotidianas. Apenas en septiembre de 2011, allí asesinaron a Javier García Morales, exdiputado priísta e hijo de Javier García Paniagua, descendiente del general Marcelino García Barragán, exsecretario de la Defensa Nacional en la administración de Gustavo Díaz Ordaz.

Rosaura, integrante de una pudiente familia de empresarios, relata, con un dejo de espanto, los avatares que la “guerra” oficial contra el narcotráfico ha traído al estado: la disputa del negocio entre los nuevos cárteles contra familias herederas de linajes mafiosos que reclaman su antigüedad, y en medio de ellos, una sociedad civil indefensa desdeñada por las autoridades de todos niveles.

Hasta antes de los aparatosos narcobloqueos del 9 de marzo pasado, el gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, y el estatal por González Márquez, habían minimizado los brotes de violencia e inseguridad que se han generalizado en Jalisco y que vislumbra para el estado un ambiente de violencia desbordada como se vive hoy, de manera más evidente, en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.

“Parecía que Jalisco era una entidad en relativa calma. Eso parecía, porque no se informa lo que pasa en realidad, que en ciudades, barrios, pueblos, la gente vive amenazada, aterrada, sometida por el crimen organizado. La realidad supera lo poco que se difunde en los medios, pero el problema ha crecido tanto, que ya no lo puede esconder, aún cuando desde la Presidencia de la República o desde el gobierno del estado sigan diciendo que no pasa nada, que todo está bajo control”. El de la voz es Marco Antonio Núñez Becerra, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, quien coordina los trabajos de la sociedad civil jalisciense adheridos al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que dirige el poeta Javier Sicilia.

Joya geográfica

Jalisco es uno de los estados con más alta influencia del narcotráfico desde la década de 1980, cuando bajo el mando del sinaloense Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino, surgió el cártel de Guadalajara, que trasegaba ya grandes cantidades de cocaína y mariguana a Estados Unidos. A la postre, basadas en la capital del estado, familias enteras dedicadas al narcotráfico se encumbrarían como los capos más poderosos del país.

Dentro del mapa del narcotráfico, Jalisco es territorio especial y fuertemente codiciado, no sólo por su ubicación geográfica, con 342.93 kilómetros de litoral al Pacífico y frontera a seis entidades que conectan a los cuatro puntos cardinales del país: Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán y Guanajuato, sino por la infraestructura carretera que conecta directamente hacia el centro del país en rutas cortas, lo que sumado a sus condiciones físicas facilita los trasiegos de droga o cualquier mercancía.

También porque en la entidad está asentado el tercer aeropuerto más importante del país por afluencia de pasajeros sólo después del de Distrito Federal y de Cancún; pero el segundo en importancia para el transporte de carga aérea sólo después del capitalino. Las incautaciones hechas en sus instalaciones, registradas por la Secretaría de Seguridad Pública dan una idea de la incidencia en el trasiego sobre todo de drogas sintéticas.

Además de ser terruño de siembra de amapola y mariguana, Jalisco ocupa el primer lugar en producción de drogas sintéticas, particularmente anfetaminas, y esto se facilita gracias a que es un punto neurálgico de descarga de las materias primas, que vía marítima llegan de los países asiáticos en la ruta Asia-Pacífico. Las zonas rurales y urbanas concentran cientos de narcolaboratorios, en cantidad tal, que de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, Jalisco es la tercera entidad con mayor número de narcolaboratorios del país. Guadalajara y sus municipios conurbados son asiento de fincas y viviendas que albergan esos centros de elaboración de drogas sintéticas que abastecen a México y Estados Unidos, principalmente.

Pero además, su capital es todo un paraíso para el lavado de dinero. La economía formal se ha fortalecido en gran parte con el dinero sucio que se blanquea con facilidad en los circuitos financieros de la entidad.

El Estudio binacional de bienes ilícitos México-Estados Unidos, elaborado en 2010, por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, señala que Guadalajara es la tercera ciudad de México con mayor flujo de lavado de dinero, sólo después de Monterrey y Culiacán.

“Guadalajara es un paraíso natural para los empresarios que tiene doble cara: la pública, que es de respetados empresarios, y la otra, que es de miembros de la delincuencia organizada, cuya función es lavar el dinero”, explica el jalicinense Dante Jaime Haro Reyes, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de seguridad y narcotráfico.

Laboratorios farmacéuticos, importadoras, estéticas, talleres mecánicos, transportistas, clubes nocturnos, restaurantes, entre otros giros, están identificadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como compañías fachada mediante las cuales las organizaciones criminales lavan dinero en la entidad.

Considerados también los cientos de inmuebles identificados como propiedad de familias estirpes de distintos cárteles, desde las casas a nombre de exesposas o familiares de Joaquín Guzmán Loera Guzmán, el Chapo; las de familiares de Ismael Zambada Niebla,el Mayo, o aquellas casonas que a sus 14 de edad sus padres le regalaron a Francisco Javier Arellano Félix, el Tigrillo, el menor de familia integrantes del cártel de Tijuana.

Todo Jalisco es una de esas entidades donde es más comprobable, por visible, la tesis del doctor Edgardo Buscaglia, asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en temas de seguridad y experto en delincuencia organizada, de que la peor falla de la estrategia de la “guerra” contra el narcotráfico es que no impacta el patrimonio de los cárteles de la droga. Con ello coincide Ramón Martínez Escamilla, doctor en economía por la Universidad de Miramar, San Diego, California, e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien destaca también la urgencia de que se combata el financiamiento de las organizaciones criminales, “y ello por supuesto también incluye la depuración gubernamental de los funcionarios que colaboran en esos ilícitos”.

Aún con las detenciones de supuestos líderes del narcotráfico que el gobierno federal ha hecho en la entidad o la muerte de otros de ellos, “las estructuras financieras siguen intactas, lo que significa que en realidad no se está atacando nada”, refiere Haro Reyes.

“En los cárteles no hay vacío de poder, no por el hecho de que quiten al gerente quiere decir que acaben con la empresa. Con el hecho de que tomen a uno o dos cabecillas no quiere decir que se pierda la estructura ni que se termine la delincuencia organizada. Lo que es evidente es que mientras no se ataque realmente la estructura operativa, financiera, corporativa, de protección –lo que en realidad se tienen que atacar–, no se estará combatiendo nada”, agrega el jurista, doctor en derecho por la Universidad Ruprecht Karl de Heidelberg, Alemania.

—¿Qué advierte para Jalisco de no atacarse el flujo financiero de los cárteles?

—Desde luego que si no se desmantelan sus estructuras de financiamiento, seguirán teniendo poder y control y la violencia irá en ascenso, por la disputa que hay por el territorio.

La guerra interna

Llama la atención las últimas detenciones de la autoridad federal encaminadas a golpear a las organizaciones que le dieron la espalda al cártel de Sinaloa, revelándose a su control, así parecen las detenciones de Érick Valencia Salazar, alias el 85, a quien la Sedena identificó como líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, y de su lugarteniente Otoniel Mendoza, Tony Montana, el pasado 9 de marzo.

Hasta 2010, el cártel de Sinaloa tenía un férreo control de territorio jalisciense, lo que al parecer mantenía la aparente calma en la entidad. A cargo de la “plaza” estaba Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel, identificado como el tercero al mando en la estructura de la organización que dirige Joaquín Guzmán Loera (el segundo es el Mayo).

Pero la muerte del también llamado Rey del cristal, el 29 de julio de 2010, a manos del Ejército en su lujoso condominio de Colinas de San Javier, en Zapopan, fue un parteaguas. A partir de entonces, parafraseando a los lugareños, “en Jalisco los demonios se desataron”.

“A partir de aquel día se dio una atomización de los cárteles, cayeron liderazgos, se rompieron alianzas y entonces cada operador quiso tomar el control defendiendo sus propios intereses, y es esa escisión y disputa lo que padecemos hoy”, explica Haro Reyes.

En esa atomización, Los Valencia, o el llamado cártel del Milenio, conocidos desde la década de 1990 como los “reyes de las drogas sintéticas”, antaño asociados al cártel de Sinaloa rompieron su alianza tras la muerte de Nacho Coronel.

Fracturada la sociedad, de esa escisión surgieron el cártel de Jalisco Nueva Generación y como sus antagónicos, La Resistencia, que buscó alianzas con el cártel del Golfo, con La Familia Michoacana y con Los Zetas, de acuerdo con datos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

En sus primeros meses, al cártel de Jalisco Nueva Generación lo dirigió un sobrino de Nacho Coronel, Martín Beltrán Coronel, el Águila, detenido en julio de 2011, también en Zapopan. La organización anunció su presencia en mantas y en videos en internet en los que se autodenominaron como Matazetas, atribuyéndose la ejecución de 32 hombres en Veracruz, en octubre de 2011, cuyos cadáveres fueron tirados en la zona conurbada Boca del Río-Veracruz. Pronto Los Zetas les devolvieron la afrenta, en noviembre arrojaban 26 cadáveres en el centro de Guadalajara y colocaban también mantas alusivas al gobernador González Márquez.

Desde antes de la muerte de Nacho Coronel, hubo grupos que decidieron no aliarse con el cártel de Sinaloa, como los Güeros, que asociados con Los Zetas, entre Jalisco y Guanajuato coordinaban trasiegos de droga de Colombia y Perú.

La Sedena identifica en Jalisco la presencia de seis cárteles que hoy se disputan el control: el cártel de Sinaloa (o del Pacífico), el de Jalisco Nueva Generación, el de la Resistencia, el de La Familia Michoacana, el de Los Caballeros Templarios y la organización de los Beltrán Leyva, alguno de éstos asociaciones o en alianzas temporales con otros grupos con mayor influencia a nivel nacional como Los Zetas.

El cártel de Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, extendió su área de operación a Nayarit, Michoacán, Colima y Guanajuato, pero también, mediante videos en internet, la organización anunció su presencia en Veracruz, con los 35 cuerpos que, como ya se mencionó, arrojaron en Boca del Río, en 2011.

El municipio de Zapopan es el principal bastión del cártel de Jalisco Nueva Generación, desde hacía décadas, era uno de los municipios con mayor influencia de los Valencia. Los registros de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dan cuenta de numerosas fincas y ranchos de ese grupo usados también como casas de seguridad y laboratorios. En una de las incautaciones a ese grupo, en 2010, por ejemplo, se hallaron armas de alto poder, incluídas lanzagranadas, municiones, vehículos, joyas.

Gobierno sin confiabilidad

En Jalisco hay un reclamo ciudadano que va en el sentido de que el gobernador Emilio González Márquez se ha negado a reconocer públicamente que la violencia y el nivel de operación de los cárteles rebasa por mucho a las autoridades por la filtración en las áreas de gobierno.

Las operaciones de la Sedena al margen del Ejecutivo estatal son para los jalisciences indicativo de la desconfianza en la administración de González Márquez.

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Un gobierno paralelo, objetivo de Los Zetas

Como nunca en la historia reciente del país, la contienda electoral que arrancó formalmente el viernes 30 de marzo estará permeada no sólo por la tensión política, sino por el activismo inédito de los grupos criminales. Dos prestigiados académicos estadunidenses, George W. Grayson y Samuel Logan, advierten –en El verdugo de hombres, libro de publicación inminente- acerca del fracaso de la guerra calderonista contra el narcotráfico y alertan sobre el actual propósito del más violento de esos grupos, Los Zetas: establecer un “gobierno paralelo” en México, lo que de hecho ya lograron en varias regiones.

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON.- Los sanguinarios métodos de operación del cártel de Los Zetas reflejan el fracaso de la lucha militarizada de Felipe Calderón contra el narcotráfico y amenazan al estado de derecho en México.

“No tiene precedente ni forma ni razón el reguero de sangre que hay en México, pero afecta directamente el panorama político”, sostienen los analistas estadunidenses George W. Grayson y Samuel Logan en su libro El verdugo de hombres, que saldrá a la venta en Estados Unidos en los próximos días bajo el sello editorial Transaction Publishers, cuando en México estén en pleno desarrollo las campañas electorales más profusas de los últimos tiempos.

La obra es resultado de una amplia y minuciosa investigación sobre el origen y comportamiento de la organización criminal mexicana más violenta y peligrosa en la historia del trasiego de drogas, personas y armas en México y otros países.

Según los académicos Grayson y Logan, ni “Los Zetas ni ningún otro cártel desean el fracaso del estado de derecho en México. Al contrario, están ansiosos de llevar a cabo sus actividades con total impunidad; esto es, establecer un gobierno paralelo junto con rutas clave para el trasiego de drogas”.

Es más: los autores afirman que “dicha soberanía compartida ya existe en regiones como Tierra Caliente y el Triángulo Dorado (conformado por Chihuahua, Sinaloa y Durango), en Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, así como en sectores del norte del país, como Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo”.

A Los Zetas les atribuyen gran parte de los secuestros y otros delitos que ocurren en los territorios donde operan, así como actividades de lavado de dinero. Hoy, subrayan, los sicarios y dirigentes de ese cártel son los más temidos del hemisferio. “Es difícil persuadir a cualquier persona en México, Estados Unidos o Centroamérica para que hable sobre Los Zetas de manera abierta y franca”.

En 257 páginas Grayson y Logan no sólo indagan sobre la “zetanización de México”; también hacen un balance de la estrategia de Calderón para combatir a ese grupo y a sus organizaciones rivales: los cárteles del Golfo, de Sinaloa, Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana, e incluso rastrean su expansión a otros países, incluido Estados Unidos.

Los académicos ubican 1999 como el año en que se conformó ese grupo como brazo armado de Cártel del Golfo, liderado entonces por Osiel Cárdenas Guillén. Temeroso y desconfiado, el capo contrató a Arturo Guzmán Decena (Z-1), un exmilitar mexicano de élite, para crear un escuadrón de sicarios que garantizara su seguridad personal y eliminara o neutralizara a sus enemigos en Tamaulipas.

En El verdugo de hombres, Grayson, quien imparte la materia de gobierno en la Universidad de William and Mary, en el estado de Virginia, y Logan, un investigador especializado en temas de seguridad y crimen organizado, ofrecen un panorama aterrador del ambiente de inseguridad que priva en México.

Ambos observan que la violencia generada por el trasiego de las drogas se exacerbó a raíz de la guerra militarizada que desató Calderón contra los grupos del narcotráfico, y también por la disputa entre las bandas criminales por el dominio de rutas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Los reacomodos

Para su investigación, Grayson y Logan consultaron reportajes publicados en medios de comunicación mexicanos, incluido Proceso, estadunidenses y centroamericanos, así como análisis gubernamentales y expedientes de testigos protegidos, para conocer la pirámide de poder del cártel y los nombres de sus dirigentes.

Según la edición que Transaction Publishers adelantó a Proceso, tras la muerte del Z-1 el 21 de noviembre de 2002, la dirigencia se concentró en Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca o El Verdugo, y Miguel Ángel Treviño Morales, El 40. Luego vienen 16 integrantes más, algunos identificados sólo por sus apodos. Ellos son los jefes de plaza.

La región norte, concentrada en Monterrey y Saltillo, es controlada por Francisco El Quemado Medina Mejía y Omar Treviño Morales, El 42, hermano de El 40. Piedras Negras y Nogales son custodiados por Raúl El Lucky Hernández Lechuga.

La región del noroeste, en Tamaulipas, es territorio de Salvador Alfonso Martínez Escobar, La Ardilla; de Jorge López, El Chuta; de Gustavo González Castro, El Erótico, y de Alberto José González Xalate, El Paisa.

En Durango el lugarteniente de El Lazca y El 40 es José Luis Sarabia, El Pepito 1; en Zacatecas el líder zeta es Iván Velázquez Caballero, El Talibán; en San Luis Potosí, una persona identificada como Alemán; en el Estado de México, Emilio Chamorro Almazán, El TJ o El Tejón”; en Guerrero, Víctor Nazario Castrejón Pena; en Chiapas, El Comandante Lobo, y en Guatemala, El Z-200 y Carlos Guízar.

Dicen Grayson y Logan: Los continuos cambios en la estructura original de la organización sobre la asignación de operaciones impiden a las autoridades “identificar a los criminales que están a cargo de una plaza, ciudad o estado, lo que complica los planes para rastrear, emboscar y capturar a jefes de medio pelo”.

En México, la ola de crímenes que se asocian o atribuyen a Los Zetas no necesariamente los cometen sus sicarios. Muchos corren a cargo de simples delincuentes que se hacen pasar por integrantes de ese cártel para infundir miedo a la población.

“Algunos zetas que son jefes de plaza dejan en paz a las familias después de que cooperan o pagan el monto del rescate o de la extorsión que han exigido por la libertad de secuestrados. En contraste, los zetas falsos repiten la extorsión contra la familia o negocio afectado”, escriben los autores.

Y acotan a renglón seguido: “Los Zetas genuinos llevan a cabo venganzas muy rápidas contra sus imitadores”.

La presunta alianza entre los cárteles del Golfo, Sinaloa y La Familia Michoacana para eliminar a Los Zetas, que desde 2010 se transformó en organismo independiente, es tema recurrente a lo largo de los 12 capítulos de El verdugo de hombres.

“Los Zetas es el único cártel del narcotráfico mexicano que tiene un importante componente femenino: Las Panteras, cuya estructura se concentra en el estado de Nuevo León, aunque tienen representación en otras áreas del país.

“Las Panteras son mujeres habilidosas que se encargan de negociar los acuerdos con los policías, políticos y oficiales militares u otros que pueden apoyar a Los Zetas en sus objetivos. Si no resulta el acuerdo, una pantera puede matar a su interlocutor”, indican Grayson y Logan.

Dicen también que como toda organización criminal, Los Zetas tienen personal dedicado al manejo del dinero que les deja la diversidad de sus actividades criminales, en particular el trasiego y venta de droga en Estados Unidos.

“El encargado de las finanzas de Los Zetas es El Comandante Sol, de quien se desconoce su verdadera identidad. Él es quien maneja los fondos de Los Zetas y se reporta directamente con El 40 y con su hermano Omar”, acota el libro.

Proyección hemisférica

La organización del Lazca y El 40 se distingue también por su apoyo irrestricto a quienes se muestran identificados con ellos, pues nunca abandonan a su compañeros caídos. Los familiares de zetas asesinados o encarcelados reciben mil dólares cada dos semanas, señalan Grayson y Logan. Por lo que respecta a los desertores, añaden, los sicarios los persiguen hasta aniquilarlos, al tiempo que hostigan a sus familiares.

Para ingresar a las filas de Los Zetas, los aspirantes son sometidos a rigurosos entrenamientos en centros que incluso El Verdugo y El 40 han instalado en Estados Unidos.

“Presuntamente Los Zetas dirigen cursos de adiestramiento que usualmente duran seis meses. Los entrenamientos se realizan en campos ubicados al suroeste de Matamoros, frente a la ciudad fronteriza de Brownsville; al norte del aeropuerto de Nuevo Laredo, cerca de Abasolo, entre Matamoros y Ciudad Victoria; y en el rancho Las Amarillas, en las orillas del pueblo de China, cerca de la frontera entre Nuevo León y Tamaulipas”, destaca el libro.

También consigna que “el FBI reportó que una célula de Los Zetas tenía un rancho en un condado aislado en el estado de Texas donde entrenaba a su personal y neutralizaba a la competencia (por medio del asesinato y tortura)”. Entre los “instructores” se encuentran Luis Alberto, Z-5, y el teniente Carlos Hau Castañeda, según el relato de un testigo protegido que se incluye en el libro de Grayson y Logan.

Dos de esos centros de adiestramiento zetas ubicados en Tamaulipas tienen incluso pistas de aterrizaje, anotan los autores de El verdugo de hombres, y explican que los ingresos por actividades ilícitas son divididos porcentualmente.

Analistas que hablaron off the record para la integración del trabajo, Grayson y Logan indican que el tráfico de cocaína constituye 50% de los ingresos de Los Zetas; de 10 a 15%, el tráfico de metanfetaminas y heroína; otro tanto las extorsiones; 5% el tráfico de indocumentados y contrabando, y entre 10 y 15%, otras actividades.

Los dos investigadores dedican un importante espacio de su obra a destacar la presencia y dominio de Los Zetas en Honduras, El Salvador y Guatemala. Revelan también una alianza trasatlántica de El Verdugo y El 40, según los reportes de diversos medios de comunicación de México y América Central.

“Nicola Gratteri, el jefe de las operaciones antinarcóticos del gobierno de Italia, sostiene que en los últimos dos años Los Zetas han colaborado con la mafia de Calabria, con la ‘N’drangheta’.

“Esta relación se estableció en razón del bajo costo de la cocaína que ofrecen Los Zetas y el Cártel del Golfo a los consumidores de Italia. Los narcotraficantes mexicanos venden el kilo a 25 mil dólares y los italianos la venden a sus clientes europeos a 45 mil dólares el kilo”, casi al doble, explica el libro.

Las operaciones de tráfico de droga y de inmigrantes, secuestros y piratería de Los Zetas se sustentan en la compra de funcionarios públicos locales, según se desprende de El verdugo de hombres.

Con base en las declaraciones de un testigo protegido, Grayson y Logan afirman que “un presidente municipal que trabaja para La Familia Michoacana y al mismo tiempo pasa información a Los Zetas recibe un salario mensual de unos 15 mil dólares”.

También afirman que integrantes de esa organización son especialmente sádicos, y describen sus métodos para levantar, torturar, asesinar y eliminar los cuerpos de sus víctimas.

Dentro de Estados Unidos

En Estados Unidos, Los Zetas cuentan con una red de colaboradores.

Grayson y Logan aluden al proceso judicial de James Bostic, un narcotraficante confeso que compró cocaína a Los Zetas de 2005 al 2 de febrero de 2010 para traficar. En su declaración, Bostic aseguró haber pagado 589 mil dólares a un distribuidor de drogas de Los Zetas en un hotel en White Marsh, Maryland.

Desde mediados de 2007, investigadores federales admitieron que los narcos de esa organización tenían actividad en Tennessee y Oklahoma, donde también realizaban secuestros y extorsionaban a los ciudadanos. En Atlanta incluso negociaron con el grupo de Los Tolles para operar en esa ciudad y tener a su disposición las rutas del trasiego de narcóticos que llega a Chicago.

Al año siguiente llegaron a Memphis y dominaban los corredores de droga que cruzan Texas, en particular las ciudades de Dallas y Houston. En octubre de 2008 el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) emitió un boletín de inteligencia en el cual asentó que el alcance y presencia de Los Zetas se había extendido al suroeste y medioeste de Estados Unidos.

Asimismo, dicen Grayson y Logan, por medio de informantes y de un integrante de la pandilla Pistoleros Latinos, agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza confirmaron que Los Zetas contrataron a pandilleros locales para que protegieran los cargamentos de droga en territorio estadunidense y perpetraran asesinatos o secuestros.

Las conclusiones de Grayson y Logan sobre el problema que representan Los Zetas para México y la región son alarmantes. Y su dictamen en torno de la estrategia militarizada de Calderón para contener al narcotráfico es devastador:

“El gobierno de México asesta golpes solamente contra individuos del crimen organizado o grupos pequeños, pero tiende a concentrarse en atrapar a uno por uno de los capos. Esta estrategia hace que aumente la violencia porque los subalternos, quienes son menos habilidosos que sus jefes destronados, buscan remplazar al capo y otros cárteles sacan provecho del grupo decapitado.

“(…) Su relación con la organización de los Beltrán Leyva permitió la expansión de Los Zetas en Monterrey y Zacatecas, y posiblemente los relaciona con La Línea –el grupo de sicarios del Cártel de Juárez– que les abrió las puertas de esa ciudad”.

Advierten también que, de acuerdo con reportes de inteligencia, La Línea se encarga de las operaciones del debilitado Cártel de Juárez. Ante el posible retiro de Vicente Carrillo Fuentes y el arresto de sus socios, puntualizan, esta despiadada pandilla podría unirse a la causa común de Los Zetas por medio del intercambio de tácticas de apoyo y permitiendo que tengan acceso al lucrativo corredor de Juárez.

“Si se materializa su supuesta alianza con La Línea –insisten–, Los Zetas se beneficiarán de los servicios y experiencia de expolicías en la región Ciudad Juárez-El Paso, en lugar de depender de las labores de criminales neófitos.”

Cierran 169 mil empresas por narcoviolencia en 2011: Coparmex

El asesinato del comandante de la Policía Ministerial de Sinaloa, José Luis Ibarra Velázquez.

Juan Carlos Cruz Vargas

MÉXICO, D.F. (apro).- La violencia provocada por el crimen organizado ha desalentado de tal manera la inversión que en 2011 cerraron 160 mil empresas y emigraron “miles” de familias “productivas” a otras naciones, denunció la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Al rendir su mensaje semanal, el presidente de la Coparmex, Alberto Espinosa Desigaud, afirmó que “en México la inseguridad está alcanzando niveles no vistos en décadas. La percepción de los ciudadanos es que la violencia, lejos de disminuir, está aumentando”, subrayó.

En un comunicado, el líder empresarial aseguró que en todos los sectores de la sociedad hay frustración y decepción por la impunidad que predomina en el país y por la falta de responsabilidad de las autoridades.

La violencia en el país es imparable, al grado que ni el gobierno de Felipe Calderón ha logrado detenerla, pese a la “guerra” declarada a los criminales al inicio de su sexenio, que ha dejado más de 47 mil muertes, señaló la Coparmex.

“El Estado no está cumpliendo con su principal obligación: garantizar la seguridad y la integridad física y patrimonial de todos los ciudadanos. Los esfuerzos realizados hasta ahora han sido insuficientes. Ni la implementación de la Plataforma México ni la inversión en equipos policiacos con tecnología de punta han logrado disminuir la delincuencia”, sostuvo Espinosa Desigaud.

Al contrario, añadió, los homicidios, el secuestro, los plagios, las extorsiones, la impunidad y las fugas en los penales se han incrementado en los últimos años.

Según el organismo, en los últimos cinco años los delitos ocurridos en el país pasaron de 1.5 a 1.8 millones. El homicidio doloso se duplicó y el secuestro se disparó 81%. Sólo en Durango, Tamaulipas y Guerrero, apuntó, el incremento en ambos delitos ha sido superior al promedio nacional.

Pero eso no es todo. Según cifras de las 32 procuradurías estatales, en 2011 se reportaron en promedio cuatro plagios y 2 mil robos cada día en todo el territorio nacional.

Ese mismo año se registraron 4 mil 600 denuncias por el delito de extorsión, con mayor afectación en los estados de Chihuahua, Baja California, Jalisco y el Distrito Federal.

Además, 98 de cada 100 delitos quedan impunes, y del total de los casos que llegan a juicio, solamente uno de cada 10 delincuentes recibe sentencia.

La Coparmex advirtió que frecuentemente se producen fugas masivas de reos, así como secuestros e incendio de vehículos para bloquear carreteras y vías primarias, además de ejecuciones, principalmente en Nuevo León, Guerrero, Coahuila, Durango, Chihuahua y Tamaulipas.

Y por supuesto, subrayó, la economía también es afectada por la inseguridad. En el norte del país, detalló, la prima de los seguros aumentó 30%, y 24 millones de viajeros fronterizos prefieren no hospedarse en México, con lo que se ha perdido una derrama económica de más de 800 millones dólares en los últimos cinco años.

Pese a que el gobierno federal mantiene un discurso “alegre” sobre la seguridad del país, Alberto Espinosa aseguró que la imagen de México está deteriorada.

“La imagen de México se ha deteriorado gravemente. Varias naciones han emitido alertas para evitar que los turistas viajen a nuestro país. En Estados Unidos se considera a Ciudad Juárez como la urbe más peligrosa del mundo. Y lo más grave es que empresarios y familias enteras se van a otros países en busca de seguridad y bienestar”, enfatizó.

La iniciativa privada consideró que se debe trabajar en la reconstrucción del tejido social mediante programas de empleo y educación en zonas de alta marginación en las que hay gran incidencia de criminalidad, además de revisar la estrategia federal contra el narcotráfico.

A los legisladores, el sector patronal demandó aprobar la Ley de Combate al Lavado de Dinero y la Ley de Seguridad Nacional antes de que termine el periodo ordinario de sesiones.

El mensaje también fue para los candidatos a la presidencia de la República, a quienes exigió “compromisos claros”, pues –añadió– “no basta con criticar la política actual u ofrecer cambiar la estrategia, los ciudadanos necesitamos saber qué acciones específicas van a tomar para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y solucionar de raíz este problema. No queremos más retórica. Necesitamos soluciones concretas”.

La Coparmex pidió un cambio estructural a la actual “lucha” contra el crimen organizado, ya que 50% de los ciudadanos considera que éste va ganando la batalla al gobierno, y 40% define como un fracaso la estrategia actual, señaló.

AMLO en Agenda México 12.18 - 2 abril 2012

Vamos a gobernar juntos; sólo así vamos a sacar adelante a nuestro querido México, expresa López Obrador a expertos en seguridad y justicia.


México, Distrito federal
Lunes 02 de abril de 2012

* Palabras de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Movimiento Progresista, después de recibir de parte de organizaciones, académicos y especialistas la Agenda México 12.18 Seguridad y Justicia

Amigas, amigos, de asociaciones civiles, de integrantes de la sociedad civil. Ciudadanos, especialistas en la materia, en el tema de la procuración de justicia y de la seguridad pública.

Primero agradecerles la invitación para recibir esta agenda, de parte de ustedes. Vamos a tomar en cuenta sus propuestas.

Hemos venido trabajando en este importante asunto, pensamos tener una reunión nacional sobre el tema de la procuración de justicia y la seguridad pública a finales de este mes.

Vamos a presentar una propuesta definitiva y vamos a incluir los puntos de vista de ustedes.

Agradecerles mucho por su interés en este tema que tanto les preocupa a los ciudadanos, a todos los mexicanos. Hay dos grandes preocupaciones en la actualidad: la falta de trabajo y la inseguridad y la violencia.

Y son dos grandes y graves problemas que se entrelazan, como aquí se expresó. Hemos llegado a una situación tal que no hay trabajo por la inseguridad y hay inseguridad por la falta de trabajo.

De modo que tenemos que atender estos dos problemas con todo el esmero, con toda nuestra imaginación, con toda nuestra capacidad. En el tema particular de la seguridad pública, por experiencia, sabemos que se tienen que atender las causas del delito, que tenemos que poner por delante el crear mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo.

Los mexicanos y creo que los seres humanos en general, no nacemos con vocación delictiva, no somos malos por naturaleza, creo que son las circunstancias las que obligan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales.

Nosotros pensamos que la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Hay este estallido de resentimiento, de odio, de inseguridad y de violencia que tanto daña al país, que tanto nos preocupa porque no ha habido, en los últimos 30 años, crecimiento económico, y si no hay crecimiento económico no hay empleos, y si no hay empleos no hay bienestar, y si no hay bienestar no puede haber tranquilidad ni paz social.

Por eso tenemos que atender las causas, no es algo ajeno el que para garantizar la tranquilidad y la paz públicas, se piense primero en reactivar la economía y en generar empleos. Eso es parte de la solución al problema.

Si hay empleos y bienestar y si se atiende a los jóvenes, si no se les cierran las puertas a los jóvenes, como ha sucedido, que se les han cerrado las puertas, que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio, si logramos crear un ambiente de progreso con justicia, vamos a tener mejores condiciones para serenar al país, para garantizar la tranquilidad y la paz pública.

En eso consiste en lo fundamental nuestra propuesta, combatir la pobreza, combatir la desigualdad, para que no se siga produciendo frustración y estallidos de odio y de resentimiento, para que de esta manera podamos enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia.

No somos partidarios, porque consideramos que ni humanamente es recomendable ni tiene eficacia el enfrentar la violencia con la violencia, el querer enfrentar el mal con el mal, es como querer apagar el fuego con el fuego.

Necesitamos atender primero las causas y, repito, no solo por razones humanitarias, sino porque de esa manera es como todos vamos a poder vivir en paz, como lo deseamos.

Vamos a atender las causas, pero también vamos a gobernar con honestidad, que es lo segundo. Primero crear condiciones favorables para el trabajo y el bienestar del pueblo y, segundo, no permitir la corrupción.

El problema de la inseguridad y de la violencia incide mucho, como ustedes aquí lo han señalado, la corrupción y la impunidad. Si lo analizamos bien, ese es un grave problema.

Por eso tenemos que cuidar, y ese es mi compromiso, que los encargados de las instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia y los cuerpos policiacos, sean incorruptibles, de inobjetable honestidad, porque de eso depende mucho el que se pueda garantizar la tranquilidad y la paz social.

Si arriba hay contubernio, si no se traza, si no se define con claridad una línea divisoria entre delincuencia y autoridad, no hay mucho qué hacer, si no hay una frontera clara.

Por eso estamos haciendo propuestas para que nos acompañen en el gabinete gente honesta, el maestro Bernardo Bátiz va a ser el próximo procurador de la República. A veces las personas o las biografías hablan más que los proyectos, lo que representan las personas.

Esto va a ayudar mucho. También en el caso de la seguridad pública va a estar el doctor Manuel Mondragón, que ha demostrado en la ciudad de México eficacia, aquí en la ciudad de México no sólo por eso, sino porque esta es la ciudad en donde hay más programas sociales, de todo el país.

Aquí, el 70 por ciento de los habitantes de la ciudad de México recibe un apoyo del gobierno. El que no tiene una pensión para adulto mayor, recibe una beca para discapacidad, una beca para madre soltera, una beca para que su hijo estudie en la preparatoria.

Aquí hay programas sociales y entre más atención hay a la gente, más se les aparta de la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales. En la ciudad se ha logrado mantener la tranquilidad y la seguridad pública.

Quien lo dijera, ahora la ciudad de México es de las ciudades más seguras del país. De modo que ha funcionado la fórmula. Aquí se ha cuidado que las autoridades encargadas de la tranquilidad y de la seguridad pública sean gente honorable.

Y eso es lo que queremos hacer a nivel nacional. Lo mismo con los mandos policiacos. En esta ciudad hay más de 80 mil policías de cuatro corporaciones: policía preventiva, auxiliar, bancaria y ministerial. Aquí se tiene a una de las mejores policías del país: la policía bancaria.

Se ha cuidado que la policía no se corrompa. Por eso pensamos que es muy importante que se combata la corrupción. No permitir la corrupción y no permitir la impunidad.

Hay otras acciones que se deben aplicar, sólo mencionaré una más, para no extenderme mucho. El que se trabaje de manera coordinada, eso es fundamental.

Lo digo sin ánimo de criticar o polemizar. Cada dependencia tiene su propia estrategia, el Ejército hace lo que le corresponde, la Marina lo mismo y la Policía Judicial Federal, las policías ministeriales, las policías de los estados y las municipales. No hay coordinación ni hay mando.

¿Qué planteamos? Que haya una sola estrategia y seguimiento permanente al problema de la inseguridad y de la violencia.

Fui jefe de gobierno de esta ciudad y todos los días, incluidos los sábados y domingos, tenía yo a las seis de la mañana una reunión con el gabinete de seguridad pública.

Me reunía con el secretario de Gobierno, con el procurador, con el secretario de Seguridad Pública, con la consejera jurídica y yo recibía el parte de la policía, los delitos que se cometían en las últimas 24 horas y ahí tomábamos las decisiones, todos los días.

Este asunto no se puede delegar, no es para reuniones cada semana, cada mes, es atenderlo diariamente.

De modo que sabemos lo que se tiene qué hacer y hacemos el compromiso responsable de serenar al país.

Vamos a devolverle la tranquilidad y la seguridad pública a los ciudadanos.

Yo les agradezco mucho esta invitación y, reitero, les felicito por actuar como buenos ciudadanos, por participar en este tema que es fundamental. Hay mucha preocupación, mucho miedo y temor, mucha tristeza y mucho dolor por la inseguridad y por la violencia.

Esto que están haciendo ustedes demuestra que son buenos ciudadanos. En lo que a nosotros corresponde, siempre van a tener atenciones y, desde luego, una apertura total, porque este es asunto de todos, el lograr el renacimiento de nuestro querido México.

Van, ustedes, a tener abiertas las posibilidades de participaciones; es más, les puedo decir que vamos a gobernar juntos, porque sólo así vamos a sacar adelante a nuestro querido México.

Muchísimas gracias.


http://youtu.be/6Mhjmjkr7PQ

Presentación del libro México país éxito o fracaso, Andrés Manuel López Obrador

El candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, en su participación en la presentación del libro México país éxito o fracaso de René Drucker y Rosalba Namhira Guerrero, en el Centro Cultural San Ángel, en la Ciudad de México.

Acompañaron López Obrador, el próximo secretario de Educación Pública, Juan Ramón de la Fuente, el delegado en Alvaro Obregón Eduardo Santillán Pérez, el próximo consejero jurídico a nivel nacional, Génaro Góngora Pimentel; el líder social Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, entre otras personalidades.

http://youtu.be/kpI_moEPyW8

Guadalajara: la ira del cártel de Jalisco Nueva Generación

La captura –el pasado viernes 9– de los dos líderes principales del Cártel de Jalisco Nueva Generación por efectivos del Ejército desató una reacción inusitada en la capital tapatía: con actos sincronizados casi cronométricamente, integrantes de ese grupo criminal, liderado por los hermanos Valencia, bloquearon en 16 puntos las principales vialidades de Guadalajara y algunas carreteras en otros municipios de Jalisco, donde quemaron 25 autos, autobuses y tráileres. Al final de la jornada el saldo fue de cuatro muertos y 16 presuntos delincuentes detenidos.

Reportan balacera y narcobloqueos en Guadalajara.

La Redacción

GUADALAJARA, JAL.- La captura de Erick Valencia Salazar, El 85, máximo jefe del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de su lugarteniente Otoniel Mendoza, Tony Montana, desató el pasado viernes 9 la mayor y más violenta reacción de la delincuencia registrada hasta ahora en esta ciudad, con al menos 16 bloqueos de vialidades y el incendio de 25 automotores en calles, avenidas y carreteras, con saldo final de cuatro muertos.

Durante toda la tarde del viernes muchas escuelas suspendieron actividades, el transporte urbano disminuyó y la circulación vehicular fue un caos en la zona metropolitana y sus alrededores; en buena medida la situación se extendió hacia las carreteras que conectan las zonas sur, costa, centro y altos, y afectó directa o indirectamente a más de una veintena de municipios.
También el aeropuerto de Guadalajara resultó afectado: se cancelaron algunos vuelos y se demoró la llegada de otros. En tanto, el consulado de Estados Unidos pidió a todos los ciudadanos de ese país asentados en la región tomar toda clase de precauciones.
Aunque antes del anochecer del viernes la ciudad pareció volver a la calma, por la noche, pese a ser fin de semana, restaurantes, bares y centros nocturnos vieron disminuida su actividad y las vías públicas, parques y jardines estuvieron desolados.

La captura

Poco antes del mediodía comandos del Ejército llegaron a una residencia entre las calles Piscis y Lomas del Rocío, colonia Lomas Altas, Zapopan, donde los militares fueron recibidos a tiros; éstos respondieron con una lluvia de balas, como quedó marcado en la fachada del inmueble y como confirmaron testigos que dijeron haber escuchado denotaciones de granadas.
El comunicado oficial emitido en dos partes la noche del mismo viernes confirmó la captura de Valencia Salazar y de su lugarteniente, pero no daba el nombre de éste, aunque en medios policiacos se confirmó posteriormente que se trataba de Tony Mendoza, hasta ahora un personaje poco conocido. Inicialmente se habló de que el otro detenido había sido Nemesio Oceguera El Mencho.
El boletín de la Sedena decía: “La Secretaría de la Defensa Nacional (…) hace del conocimiento de la opinión pública que derivado de la operación de precisión realizada por el Ejército Mexicano, en esta fecha se logró detener a Erick Valencia Salazar (a) El 85, considerado el líder de la estructura del grupo criminal Cártel de Jalisco Nueva Generación y a su lugarteniente, segundo en importancia en dicho cártel. (…) Los detenidos serán trasladados a la Ciudad de México y posteriormente se proporcionará mayor información.”

Los bloqueos

“¡Que abras las puertas te estoy diciendo o te va a llevar la verga!…” Con esa frase cuatro sujetos que viajaban en una camioneta de lujo y que portaban armas largas sometieron al conductor de un autobús de la ruta 27 en el cruce de Enrique Díaz de León y avenida de Los Maestros. El hecho ocurrió a unas calles del primer cuadro de Guadalajara. Ahí empezaba la reacción criminal a la captura de sus jefes, con la quema de una de las primeras unidades de transporte colectivo.
Después de amenazar al chofer, indicó un policía estatal a Proceso, los delincuentes dieron tiempo para que los pasajeros bajaran de la unidad y se retiraran; luego la rociaron de gasolina y le prendieron fuego.
Algunos de los agentes de seguridad indicaron que el operativo (al que calificaron como “una acción como de guerrilla”) de los narcobloqueos fue una acción bien estudiada y que tenía la intención de colapsar totalmente la ciudad, aunque no lo lograron del todo.
Organizados en comandos de seis a ocho sujetos distribuidos en dos o tres camionetas y apoyados por al menos dos halcones, los criminales se dedicaron a detener autos particulares, camiones de carga y minibuses para bajar al pasaje o a los conductores e incendiar las unidades.
Algunos policías consideran que en todos los ataques participaron cerca de 140 sujetos.

Acción y reacción

Lo que hubo en Guadalajara el pasado viernes fueron dos operativos de alto impacto. Primero los militares detuvieron al número uno y al número dos del CJNG y dos horas después (aparentemente cuando se produjo el traslado de los capturados a la Ciudad de México) vino la respuesta del grupo criminal, que provocó la máxima alerta de la historia reciente de Jalisco y mostró una impecable capacidad logística y de movimiento de los delincuentes.
Desde antes de las 11 de la mañana, padres de familia y maestros empezaron a sacar a los alumnos del Colegio Los Altos, en la calle de Piscis; hacia las 11:30 comenzó el movimiento de militares, narran algunos vecinos a este semanario.
Al mediodía el operativo estaba en plena ejecución. La célula del CJNG que protegía a Valencia Salazar y Tony Montana reaccionó disparando ráfagas de fusiles de alto poder contra los militares, pero para ese momento ya estaban rodeados.
Algunos vecinos indican que el tiroteo se escuchó intermitentemente durante varios minutos y que se detonaron varias granadas de fragmentación, al parecer lanzadas por los militares.
Cerca de las 14 horas aterrizó un helicóptero militar en el Colegio Los Altos para llevarse a uno o dos detenidos, informaron residentes de la zona.
Tras la captura de los dos capos comenzaron los bloqueos y las quemas de vehículos en distintos puntos de la zona metropolitana, fenómeno que se repitió sincronizadamente en distintas carreteras y municipios. Todo a partir de las 14:00 horas.
Los dos primeros bloqueos en conocerse fueron el de la calle Miguel Blanco, entre Camarena y Rayón. Ahí fue incendiado un minibús de la ruta 625 y el de Enrique Díaz de León y Maestros, por donde circulaba una unidad de la Ruta 27. Luego se supo de otro bloqueo en Cruz del Sur y Lázaro Cárdenas. Ahí otro camión de transporte fue incendiado.
En la carretera a Chapala, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, hubo dos bloqueos al ser incendiados dos vehículos, entre ellos un camión de carga. En Villa California de Tlajomulco también se le prendió fuego a otra unidad. En Zapopan hubo camiones quemados en la Avenida Las Torres y Guaymas, donde un hombre murió calcinado luego en su vehículo.
Más bloqueos se habrían registrado en la autopista Guadalajara-Ciudad Guzmán, en el entronque de la carretera a Atoyac. También se habló, sin confirmar, de uno más en Sayula y en la carretera a San Gabriel, y otro más en Capilla de Guadalupe, entre algunos otros que no fue posible confirmar.
A partir de las 15:00 horas la reacción de los delincuentes a la captura de sus jefes causó la suspensión de clases en diversos plantes de la Universidad de Guadalajara y de instituciones privadas, mientras que las rutas del transporte urbano dejaron de operar o dejaron sin servicio a miles de pasajeros.
Hacia las cinco de la tarde un enfrentamiento entre policías y tripulantes de una Cherokee dejó un sicario muerto y otro herido cerca de San Juan de Ocotán.
Poco después de las seis de la tarde diferentes medios confirmaron el hallazgo de dos cuerpos colgados de un puente sobre la autopista que une a Ocotlán con La Barca.
A las 19:00 horas el gobernador Emilio González Márquez reportaba 25 vehículos, entre camiones de carga y de transporte público, incendiados o afectados en 16 puntos de todo el estado, principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, además de varias personas detenidas.
A las 22:00 horas la Procuraduría General de Justicia presentó a 16 detenidos por estos hechos. Entre los presuntos delincuentes, todos jóvenes y la mayoría habitantes de Guadalajara, había algunos que usaban vestimenta tipo militar.
El vocero de la Procuraduría estatal, Lino González Corona, dijo que no se tenía la referencia exacta de a qué grupo del crimen organizado pertenecían los detenidos, pero reconoció que había elementos para considerar que eran parte de la misma banda recién descabezada por los militares.

Valencia

Ubicado como uno de los grupos de narcotraficantes de más reciente creación y de mayor crecimiento en estados del occidente de México, el Cártel de Jalisco Nueva Generación es visto como una organización creada con el apoyo de familiares y amigos de Ignacio Nacho Coronel Villarreal, abatido en julio de 2010.
Según versiones periodísticas el CJNG se constituyó entre 2007 y 2008 y sus integrantes son sujetos que se separaron del Cártel de Sinaloa, la banda de narcotraficantes encabezada por Joaquín El Chapo Guzmán, y del Cártel del Golfo. Sin embargo su consolidación se observa después de la muerte de Coronel, conocido como El Rey del Crystal por el importante papel que jugaba en la producción y distribución de esa droga sintética.
En información publicada el 2 de febrero de 2011 en internet, un día después de los primeros narcobloqueos registrados en Jalisco encabezados por La Resistencia, según las autoridades estatales, el CJNG declaró como sus principales enemigos a los miembros de la alianza La Familia Michoacana-Cártel del Golfo-Cártel del Milenio.
En una nota publicada por el diario Reforma el 29 de mayo de 2005 se asegura que la ruptura de Nacho Coronel y el Cártel de Sinaloa se dio luego de que algunos integrantes de ese grupo consideraron que el primero había sido traicionado por Ismael El Mayo Zambada, El Chapo Guzmán y Juan José Esparragoza, El Azul.
La influencia del CJNG se extiende a todos los municipios de la zona urbana de Guadalajara y alcanza otras entidades del centro, occidente y sur del país; sus principales enemigos son La Resistencia y El Cártel del Milenio (aliado con Los Zetas). A los miembros del CJNG sus enemigos los llaman Los Torcidos.
Erick Valencia Salazar era reconocido como el capo del Cártel del Milenio o de Los Valencia, anteriormente vinculado al de Sinaloa. Tras la muerte de Nacho Coronel, Valencia Salazar y otros miembros de su agrupación, entre ellos, Nemesio Oceguera Ramos, El Mencho, formaron el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El Mencho habría estado al mando de los sicarios de la organización.
Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, las líneas de investigación han permitido conocer que además de Valencia y El Mencho, otro líder de la organización era Martín Arzola Ortega, El 53, detenido en 2011, pero no se mencionaba al ahora capturado Tony Montana.
Lo poco que se sabe de éste es que a fines de agosto en Zamora, Michoacán, aparecieron narcomantas en las que se ofrecía una recompensa de 100 mil dólares “por estas lacras” a quienes acusaban de ser “violadores, extorsionadores, traficantes de órganos”.
El CJNG, autodenominado Los Matazetas, se atribuyó el año pasado –mediante la difusión de videos en internet– la ejecución de 35 zetas cuyos cuerpos fueron abandonados en Boca del Río, Veracruz.
Nueva Generación y La Resistencia están en pugna desde hace tres años y su conflicto se agravó desde la caída de Nacho Coronel.
Los integrantes del CJNG han puesto en internet al menos seis videos, dos de ellos que hacían las veces de comunicados. En el primero, del 5 de agosto de 2010, aparecen seis hombres atados de manos y pies –uno de ellos mutilado– que confiesan que hay comandantes policiacos ligados a La Resistencia.
Uno de los comunicados está dirigido a Felipe Calderón y al secretario de Marina; el otro a Los Zetas.
Un día después del deceso de Nacho Coronel Villarreal, elementos del Ejército Mexicano mataron a uno de sus sobrinos, Mario Carrasco Coronel, El Gallo, a quien la Sedena consideraba como el posible sucesor del capo duranguense.
A Martín Arzola Ortega, El 53, lideraba el CJNG y le correspondía supervisar el narcomenudeo en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La Secretaría de Seguridad Pública federal informó que el miércoles 13 de julio de 2010, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, elementos de la Policía Federal aprehendieron a ese sujeto.
Según reportes de la dependencia, Arzola Ortega controlaba los grupos operativos del CJNG en los municipios jaliscienses de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. Añaden que este individuo servía a las órdenes directas de Nemesio Oseguera, El Mencho, que en aquellas fechas tenía presencia en los estados de Jalisco, Colima y Guanajuato.
Arzola Ortega, de 34 años, es originario de Guadalajara, Jalisco, y desde hace 11 meses utilizaba el nombre de Ramón Franco Zavala para evitar ser ubicado por integrantes de grupos rivales, principalmente de La Resistencia.
Pese a las alianzas que La Familia Michoacana estableció con otras organizaciones delictivas, las pugnas y traiciones a su interior, así como la muerte de su líder Nazario Moreno El Chayo, ocurrida en diciembre de 2010, y la captura de José de Jesús El Chango Méndez el pasado 21 de junio, ocasionaron la disolución de ese cártel.
A raíz de este hecho varios grupos –La Resistencia, Los Caballeros Templarios, Los Zetas, Los Tarascos y La Nueva Generación– se disputan los estados de Michoacán, Jalisco y parte del Estado de México, que durante años estuvieron controlados por La Familia y que el gobierno considera claves para el trasiego de droga hacia Estados Unidos.

Bloqueos en Michoacán

La Dirección de Seguridad Pública del municipio de Marcos Castellanos, en Michoacán, informó que tras las capturas del viernes 9 un grupo armado incendió tres vehículos. El titular de la corporación, Armando Lomelí, explicó que la quema de unidades ocurrió cerca de las 14:10 horas, en la carretera que comunica a Marcos Castellanos (San José de Gracia) con Jiquilpan, a la altura del kilómetro 31.
Llamadas telefónicas anónimas reportaron que sobre esa vía hombres armados detuvieron a los propietarios de dos camionetas para uso agrícola y una más familiar, a las cuales posteriormente les prendieron fuego, sin que ninguna persona resultara lesionada.
Información extraoficial reveló que la quema de vehículos en este municipio michoacano se debió al operativo realizado por el Ejército en Zapopan, en el que fueron detenidos Erick Valencia Salazar y/o Saúl Ulloa Cuevas, así como Nemesio