Guerra sucia y abusos de militares contra civiles, entre las omisiones señaladas por el organismo
Emir Olivares Alonso
La Jornada
En vísperas de que el Estado mexicano sea evaluado en el seno del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, Amnistía Internacional (AI) entregó a ese organismo un informe en el que advierte que el gobierno de México “dio una valoración incompleta” a la ONU sobre la situación de las garantías fundamentales en el país.
El documento subraya que el informe de las autoridades mexicanas no señala que en el país aún no se ha hecho rendir cuentas a nadie “por el centenar de homicidios y las 700 desapariciones forzadas” cometidos durante la guerra sucia, y que tampoco informa que los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos –como tortura, abusos sexuales y homicidios– perpetradas durante los hechos en San Salvador Atenco y Oaxaca, en 2006, no han sido sancionados.
El organismo de la ONU evaluará a México el próximo 10 de febrero, en el contexto del examen periódico universal. A finales del año pasado, las autoridades mexicanas entregaron el informe oficial a ese órgano, lo que también hicieron grupos nacionales de defensa de los derechos humanos y la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para esas garantías.
El informe entregado por AI al consejo subraya “que el gobierno mexicano no ha reconocido la frecuente falta de aplicación o impacto de sus políticas y el empeoramiento de la situación de esas garantías en muchas zonas del país”.
La organización internacional de defensa de derechos humanos subraya que otra de las faltas de México en la materia es que a pesar de que ha firmado decenas de tratados internacionales para garantizar y cumplir esos derechos, al momento no han sido reconocidos explícitamente en la Constitución.
Para AI una carencia más del informe oficial nacional es que no reveló a la ONU que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares continúan siendo atraídas por los tribunales castrenses, “cuando las normas internacionales insisten en que estos casos deben ser juzgados por autoridades civiles”.
Agrega que a partir de que el gobierno de Felipe Calderón empezó los operativos para combatir el crimen organizado se han incrementado las acusaciones por abusos de militares contra la población civil, como detención arbitraria, torturas, malos tratos, violencia sexual y homicidio.
Asimismo, la ONG internacional refiere que los defensores de las garantías fundamentales en el país, especialmente en zonas rurales, “a menudo sufren persecución y en ocasiones detenciones prolongadas por cargos penales falsos o de motivación política”. Añade que existen comunidades en marginación, en su mayoría indígenas, que constantemente son acusadas por oponerse a desarrollos económicos e industriales que afectan sus pueblos, recursos naturales y modo de vida.
AI alerta que otro elemento que el gobierno mexicano no expone en el informe entregado a la ONU son los delitos cometidos contra migrantes centroamericanos que atraviesan por México para llegar a Estados Unidos, quienes “sistemáticamente son objeto de malos tratos y violencia sexual por agentes de Estado o de otro tipo de bandas criminales”.
Otro de los señalamientos del organismo internacional es que a pesar de los avances en la legislación para proteger a las mujeres, “su aplicación es tenue”, pues los índices de denuncia, procesamiento y condena de los responsables de violencia intrafamilar, abuso, violación sexual y homicidios de mujeres “siguen siendo extremadamente bajos”.
Refiere que a dos años de la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en dos entidades aún no se introduce la legislación necesaria para hacerla respetar.
Agrega que la pobreza y la marginación continúan privando en cientos de comunidades rurales, con lo que se vulneran los derechos a una vida digna, al desarrollo y a la satisfacción de las necesidades básicas de la población.
Como “buena noticia” en la materia, AI destaca que la lista de reformas e iniciativas enumeradas en el informe del Estado mexicano dirigido a la ONU es un avance.
lunes, febrero 09, 2009
Militarización en América Latina
Entrevista a Ana Esther Ceceña, Coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica
Yásser Gómez
Argenpress
América Latina vive tiempos de cambio con gobiernos de izquierda y el protagonismo alcanzado por el movimiento indígena. Sin embargo, la geopolítica nos dice que aún no hemos derrotado al imperio. Porque los EE.UU. están militarizando la región con la excusa de construir megaproyectos de infraestructura, para apoderarse de los recursos naturales y mantener el control político con una guerra preventiva.
Para analizar este tema Upsidedownworld entrevistó en Perú a Ana Esther Ceceña, doctora en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Paris I – Sorbona, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM (México) y Coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, quien estuvo en Lima dictando el seminario: Emancipaciones en un Contexto Militarizado.
- ¿Qué significan la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana)y el Plan Puebla Panamá para América Latina?
- Son dos megaproyectos que se articulan entre sí, incluso geográficamente y que son similares, porque son dos proyectos de construcción de infraestructura. Están estructurados bajo la idea de canales o líneas de comunicación, en las cuales no solamente se está pensando en que sean vías de comunicación para mercancías y personas. Sino también vías de construcción de líneas de electricidad, energéticas, oleoductos, gasoductos. Incluso en el caso del Plan Puebla Panamá (PPP), está pensado también estas mismas líneas como carreteras de información. La IIRSA(Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) está mucho mejor planeado con canales interoceánicos para conectar los dos océanos y entonces con eso agilizar la salida hacia Europa, Asia y EE.UU.. La idea es tener vías de llegada al más importante mercado que son los EE.UU. que en sus dos costas tiene características económicas diferentes. El propósito es la extracción de recursos en América Latina y trasladar la mercancía que hay hacia estos mercados. No están tan pensados como apertura de mercado interno. Por eso la IIRSA se proyecta desde el corazón de Sudamérica hacia fuera, hacia las dos costas. Y el PPP está pensado desde Panamá hacia el norte. De manera que las rutas, los canales corren en ese sentido.
- ¿El Plan Mérida es la complementación del Plan Puebla Panamá en México? ¿Cuán avanzado está este?
- El Plan Mérida (PM) si es la complementación del Plan Puebla Panamá, pero en realidad el P.P.P. en sí mismo ya se transformó en Proyecto Meso América incorporando a Colombia y muy explícitamente la dimensión de seguridad. Ya el propio Plan Puebla Panamá asumió las dos cosas, la integración energética que era la parte económica más importante que tenía y la integración de seguridad. Y en ese sentido, ya no es que requiera del Plan Mérida, sino que es un eslabón más que permite que el PM que está en México se concrete de manera muy natural, sin necesidad de mucha bisagra con el Plan Colombia. Porque el Plan Mérida corresponde directamente al Plan Colombia, es el mismo proyecto adaptado a las circunstancias tanto geográficas como temporales. Porque ya se asume toda la experiencia tenida con el Plan Colombia y la estructura es similar, ayuda para seguridad y una muy pequeña para desarrollo, que es como avanzan varios de los proyectos del Plan Colombia. Y entonces tienes una superposición del Plan Mérida en la parte norte, proyecto Meso América enlazando esa parte norte con Colombia, Plan Colombia en Colombia y Perú. Además hay la ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte) que es un proyecto también de seguridad y energético, pero difiere en el sentido de que es más la creación de un bloque regional, lo que está implícito en este plan.
- Después de realizadas las fases de invasión denominadas Plan Colombia y Plan Patriota por parte de los EE.UU. en Colombia ¿Qué es lo que sigue?
- La expansión del Plan Colombia hacia dos partes del continente, una es el norte, bueno que se está logrando con el Plan México y con estas acusaciones que se hacen después del ataque de Colombia a Sucumbíos, Ecuador se arma un poco el escenario de que, en México está la oficina internacional de las FARC y que en esa medida, eso justifica el Plan México y digamos, las mismas políticas que en Colombia. Luego el otro derrame es hacia el sur y este se ha intentado por varias rutas. La que más se ha intentado es la de Paraguay como si extendiera un brazo del Plan Colombia hasta la Triple Frontera, que por supuesto, eso lo que hace, es que cubre el área boliviana, pero además permite colocarse en un lugar geográfico que es de gran interés, que es, esta Triple Frontera encima del Acuífero Guaraní y además como epicentro de la parte digamos conosureña, rioplatense de América del Sur. Esto también se intentó en el 2006, se hizo este montaje de que se había secuestrado a la hermana del ex presidente y que entonces, esto indicaba que había células y campos de entrenamiento de las FARC en Paraguay. Y con esta argumentación tan precaria, se estaba pretendiendo montar un operativo Plan Colombia ahí, pero también se ha intentado y de hecho se ha logrado involucrar a Perú desde hace tiempo con el Plan Colombia, porque los recursos del Plan Colombia no son sólo para Colombia, sino para el área. Entonces si los recursos son para el área, incluidos Perú y Ecuador, si los está incluyendo también los está comprometiendo, esta ayuda siempre es con contraparte, esa es como otra ruta de expansión. Pero, lo que se ha puesto en juego hoy después del Plan Patriota, justamente lo que se inaugura con el ataque a Sucumbíos, que es la posibilidad de que los EE.UU. a través de un tercer país, pueda echar a andar una política de guerra preventiva. Y digo EE.UU. porque el operativo de Sucumbíos lo diseñaron en gran medida desde Manta y los operadores en gran parte fueron norteamericanos. Entonces, se inaugura el hecho de que ellos actúen desde Colombia directamente, pero también la posibilidad de que Colombia, emulando la política norteamericana se lance también en una –si se quiere más limitada regionalmente– guerra preventiva, en una defensa de sus intereses, fuera de su territorio, en territorios de otras naciones. Esto marca pautas, que de no haber sido por esa reacción tan fuerte del gobierno ecuatoriano, realmente estarían perfilando ya como la intervención directa en cualquier país del continente.
- En el tablero geopolítico de la región ¿Qué importancia tiene el Perú en los planes hegemónicos de los EE.UU. que intenta establecer una base militar en la región surandina de Ayacucho?
- Se está hablando de dos bases en Perú desde hace tiempo, del área de Chiclayo y también ahora, más recientemente la de Ayacucho. Incluso por ahí, hay alguien quien dice que tal ves, es en la zona de Quinua (Ayacucho), donde se quiere establecer. Pero con bases de nuevo tipo, muy flexibles, eficaces, pero también más pequeñas, realmente bases más adecuadas a lo que son las condiciones de la actuación militar en este momento de la guerra. Pero también del simple trabajo del monitoreo y vigilancia. Entonces cuando nosotros vemos la posición geográfica de Perú y evaluamos la situación política y geopolítica del continente, realmente la posición de Perú es inmejorable como para tener una posibilidad de acceso más directo y más variado hacia algunas regiones que están preocupando mucho como la de la zona sur de Bolivia, la zona gasífera. La zona norte de Argentina que es petrolífera, entonces, está en términos de los recursos, pero también en términos de su potencial rol en la desestabilización de gobiernos que se consideren convenientes. La base de Ayacucho está en línea recta hacia La Paz, de manera que, de acuerdo con los radios de acción –incluso mínimos– que tienen los aviones de guerra actuales, La Paz quedaría bajo el alcance de la base de Ayacucho sin ningún problema. Y lo de Chiclayo apunta más hacia la zona amazónica, la veo como una oportunidad, por un lado, de garantizar la entrada por el río hacia Iquitos y la zona Amazónica, pero también de mantener vigilado a Ecuador por los dos flancos. Porque, pues Colombia está garantizado, pero Ecuador ya no va a tener una base y además se ha rebelado, ha elevado a rango constitucional la idea de que Ecuador es un territorio de paz y por eso, no admite la presencia ni de bases militares extranjeras, ni de tropas extranjeras en su territorio. Entonces, allí les cerró una posición y esa posición parece estarse trasladando simultáneamente hacia arriba y hacia abajo. Hacia abajo sería lo de Chiclayo y seguramente también Ayacucho, porque queda en esa misma línea de alcance. Y hacia arriba, hacia la costa colombiana, posiblemente en la costa del Chocó. Los dos ejes que están moviendo esas nuevas posiciones, el diseño de cómo será mejor establecer estas nuevas posiciones y que están haciendo pensar en Perú son fundamentalmente el de garantizar el acceso a los recursos naturales estratégicos y el del control de la insurgencia o el control de la posible formación de coaliciones contrahegemónicas. Estas dos cosas están perfiladas en el corazón de América del Sur, de manera que el hecho de tener posiciones en Perú o de tener una situación más permisiva para el arribo de tropas y la movilización de tropas. Por un lado, les facilita la entrada a los recursos naturales peruanos, que son muchos, muy valiosos y a los recursos de los países vecinos, pero les facilita también y quizás esto, coyunturalmente es lo más importante, el flanqueo de Bolivia y desde ahí una línea de acceso más directo por el centro a Venezuela.
Yásser Gómez es Periodista, Corresponsal de Upsidedownworld en Perú y Editor de Mariátegui. La revista de las ideas.
Yásser Gómez
Argenpress
América Latina vive tiempos de cambio con gobiernos de izquierda y el protagonismo alcanzado por el movimiento indígena. Sin embargo, la geopolítica nos dice que aún no hemos derrotado al imperio. Porque los EE.UU. están militarizando la región con la excusa de construir megaproyectos de infraestructura, para apoderarse de los recursos naturales y mantener el control político con una guerra preventiva.
Para analizar este tema Upsidedownworld entrevistó en Perú a Ana Esther Ceceña, doctora en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Paris I – Sorbona, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM (México) y Coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, quien estuvo en Lima dictando el seminario: Emancipaciones en un Contexto Militarizado.
- ¿Qué significan la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana)y el Plan Puebla Panamá para América Latina?
- Son dos megaproyectos que se articulan entre sí, incluso geográficamente y que son similares, porque son dos proyectos de construcción de infraestructura. Están estructurados bajo la idea de canales o líneas de comunicación, en las cuales no solamente se está pensando en que sean vías de comunicación para mercancías y personas. Sino también vías de construcción de líneas de electricidad, energéticas, oleoductos, gasoductos. Incluso en el caso del Plan Puebla Panamá (PPP), está pensado también estas mismas líneas como carreteras de información. La IIRSA(Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) está mucho mejor planeado con canales interoceánicos para conectar los dos océanos y entonces con eso agilizar la salida hacia Europa, Asia y EE.UU.. La idea es tener vías de llegada al más importante mercado que son los EE.UU. que en sus dos costas tiene características económicas diferentes. El propósito es la extracción de recursos en América Latina y trasladar la mercancía que hay hacia estos mercados. No están tan pensados como apertura de mercado interno. Por eso la IIRSA se proyecta desde el corazón de Sudamérica hacia fuera, hacia las dos costas. Y el PPP está pensado desde Panamá hacia el norte. De manera que las rutas, los canales corren en ese sentido.
- ¿El Plan Mérida es la complementación del Plan Puebla Panamá en México? ¿Cuán avanzado está este?
- El Plan Mérida (PM) si es la complementación del Plan Puebla Panamá, pero en realidad el P.P.P. en sí mismo ya se transformó en Proyecto Meso América incorporando a Colombia y muy explícitamente la dimensión de seguridad. Ya el propio Plan Puebla Panamá asumió las dos cosas, la integración energética que era la parte económica más importante que tenía y la integración de seguridad. Y en ese sentido, ya no es que requiera del Plan Mérida, sino que es un eslabón más que permite que el PM que está en México se concrete de manera muy natural, sin necesidad de mucha bisagra con el Plan Colombia. Porque el Plan Mérida corresponde directamente al Plan Colombia, es el mismo proyecto adaptado a las circunstancias tanto geográficas como temporales. Porque ya se asume toda la experiencia tenida con el Plan Colombia y la estructura es similar, ayuda para seguridad y una muy pequeña para desarrollo, que es como avanzan varios de los proyectos del Plan Colombia. Y entonces tienes una superposición del Plan Mérida en la parte norte, proyecto Meso América enlazando esa parte norte con Colombia, Plan Colombia en Colombia y Perú. Además hay la ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte) que es un proyecto también de seguridad y energético, pero difiere en el sentido de que es más la creación de un bloque regional, lo que está implícito en este plan.
- Después de realizadas las fases de invasión denominadas Plan Colombia y Plan Patriota por parte de los EE.UU. en Colombia ¿Qué es lo que sigue?
- La expansión del Plan Colombia hacia dos partes del continente, una es el norte, bueno que se está logrando con el Plan México y con estas acusaciones que se hacen después del ataque de Colombia a Sucumbíos, Ecuador se arma un poco el escenario de que, en México está la oficina internacional de las FARC y que en esa medida, eso justifica el Plan México y digamos, las mismas políticas que en Colombia. Luego el otro derrame es hacia el sur y este se ha intentado por varias rutas. La que más se ha intentado es la de Paraguay como si extendiera un brazo del Plan Colombia hasta la Triple Frontera, que por supuesto, eso lo que hace, es que cubre el área boliviana, pero además permite colocarse en un lugar geográfico que es de gran interés, que es, esta Triple Frontera encima del Acuífero Guaraní y además como epicentro de la parte digamos conosureña, rioplatense de América del Sur. Esto también se intentó en el 2006, se hizo este montaje de que se había secuestrado a la hermana del ex presidente y que entonces, esto indicaba que había células y campos de entrenamiento de las FARC en Paraguay. Y con esta argumentación tan precaria, se estaba pretendiendo montar un operativo Plan Colombia ahí, pero también se ha intentado y de hecho se ha logrado involucrar a Perú desde hace tiempo con el Plan Colombia, porque los recursos del Plan Colombia no son sólo para Colombia, sino para el área. Entonces si los recursos son para el área, incluidos Perú y Ecuador, si los está incluyendo también los está comprometiendo, esta ayuda siempre es con contraparte, esa es como otra ruta de expansión. Pero, lo que se ha puesto en juego hoy después del Plan Patriota, justamente lo que se inaugura con el ataque a Sucumbíos, que es la posibilidad de que los EE.UU. a través de un tercer país, pueda echar a andar una política de guerra preventiva. Y digo EE.UU. porque el operativo de Sucumbíos lo diseñaron en gran medida desde Manta y los operadores en gran parte fueron norteamericanos. Entonces, se inaugura el hecho de que ellos actúen desde Colombia directamente, pero también la posibilidad de que Colombia, emulando la política norteamericana se lance también en una –si se quiere más limitada regionalmente– guerra preventiva, en una defensa de sus intereses, fuera de su territorio, en territorios de otras naciones. Esto marca pautas, que de no haber sido por esa reacción tan fuerte del gobierno ecuatoriano, realmente estarían perfilando ya como la intervención directa en cualquier país del continente.
- En el tablero geopolítico de la región ¿Qué importancia tiene el Perú en los planes hegemónicos de los EE.UU. que intenta establecer una base militar en la región surandina de Ayacucho?
- Se está hablando de dos bases en Perú desde hace tiempo, del área de Chiclayo y también ahora, más recientemente la de Ayacucho. Incluso por ahí, hay alguien quien dice que tal ves, es en la zona de Quinua (Ayacucho), donde se quiere establecer. Pero con bases de nuevo tipo, muy flexibles, eficaces, pero también más pequeñas, realmente bases más adecuadas a lo que son las condiciones de la actuación militar en este momento de la guerra. Pero también del simple trabajo del monitoreo y vigilancia. Entonces cuando nosotros vemos la posición geográfica de Perú y evaluamos la situación política y geopolítica del continente, realmente la posición de Perú es inmejorable como para tener una posibilidad de acceso más directo y más variado hacia algunas regiones que están preocupando mucho como la de la zona sur de Bolivia, la zona gasífera. La zona norte de Argentina que es petrolífera, entonces, está en términos de los recursos, pero también en términos de su potencial rol en la desestabilización de gobiernos que se consideren convenientes. La base de Ayacucho está en línea recta hacia La Paz, de manera que, de acuerdo con los radios de acción –incluso mínimos– que tienen los aviones de guerra actuales, La Paz quedaría bajo el alcance de la base de Ayacucho sin ningún problema. Y lo de Chiclayo apunta más hacia la zona amazónica, la veo como una oportunidad, por un lado, de garantizar la entrada por el río hacia Iquitos y la zona Amazónica, pero también de mantener vigilado a Ecuador por los dos flancos. Porque, pues Colombia está garantizado, pero Ecuador ya no va a tener una base y además se ha rebelado, ha elevado a rango constitucional la idea de que Ecuador es un territorio de paz y por eso, no admite la presencia ni de bases militares extranjeras, ni de tropas extranjeras en su territorio. Entonces, allí les cerró una posición y esa posición parece estarse trasladando simultáneamente hacia arriba y hacia abajo. Hacia abajo sería lo de Chiclayo y seguramente también Ayacucho, porque queda en esa misma línea de alcance. Y hacia arriba, hacia la costa colombiana, posiblemente en la costa del Chocó. Los dos ejes que están moviendo esas nuevas posiciones, el diseño de cómo será mejor establecer estas nuevas posiciones y que están haciendo pensar en Perú son fundamentalmente el de garantizar el acceso a los recursos naturales estratégicos y el del control de la insurgencia o el control de la posible formación de coaliciones contrahegemónicas. Estas dos cosas están perfiladas en el corazón de América del Sur, de manera que el hecho de tener posiciones en Perú o de tener una situación más permisiva para el arribo de tropas y la movilización de tropas. Por un lado, les facilita la entrada a los recursos naturales peruanos, que son muchos, muy valiosos y a los recursos de los países vecinos, pero les facilita también y quizás esto, coyunturalmente es lo más importante, el flanqueo de Bolivia y desde ahí una línea de acceso más directo por el centro a Venezuela.
Yásser Gómez es Periodista, Corresponsal de Upsidedownworld en Perú y Editor de Mariátegui. La revista de las ideas.
Usaron una foto de una manifestación en Grecia para acusar a Chávez de reprimir a estudiantes
Luigino Bracci Roa
Yvke
La desconocida "Asociación Civil por la Educación de los Niños y los Adolescentes" habría pagado un aviso de media página en El Nacional exigiendo al Presidente "no reprimir a nuestros hijos". Pero usaron una foto tomada en Atenas en 2003...
El diario El Nacional de este sábado 7 de febrero publicó, en su página A-14, un costoso aviso de media página con una foto de jóvenes siendo reprimidos por efectivos de un cuerpo policial, quienes le rociaban algún tipo de gas lacrimógeno o pimienta. El aviso dice textualmente "Castiga a los delincucentes, no reprimas a nuestros hijos" y luego "NO a la reelección indefinina", con un claro error ortográfico en la palabra "indefinina".
El aviso trata de asociar la foto con las instrucciónes dadas por el Presidente Hugo Chávez de "echar gas" a los manifestantes que irrespeten a los cuerpos policiales, les lancen objetos contundentes, intenten realizar saqueos o caigan en cualquier tipo de violencia, una vez agotada la vía del diálogo.
Cualquier lector desprevenido seguramente creerá que la fotografía es de alguna marcha reciente realizada en Venezuela. Quien no detalle los cascos blancos creerá que son Policías Metropolitanos. Sin embargo, al buscar en Internet, pudimos encontrar la foto usada.
Y la foto no fue tomada en Venezuela y ni siquiera es reciente. Fue tomada el 16 de abril de 2003 en Atenas, Grecia, por el fotógrafo Thanassis Stavrakis, de Associated Press. La leyenda de la foto dice: "Policía antidisturbios disparó gas pimienta contra manifestantes durante enfrentamientos en una marcha contra la guerra, en las afueras del Parlamento Griego en Atenas el 16 de abril de 2003. La policía lanzó gas lacrimógeno y se enfrentó a manifestantes mientras líderes y representantes de 40 países se reunían en la ceremonia para la expansión de la Unión Europea". La foto puede verse aquí.
El anuncio publicado por El Nacional tiene un número de RIF (J315191555) que, al buscarlo en la página del Seniat, indicó que el aviso fue pagado por la "Asociación Civil por la Educación de los Niños y los Adolescentes".
No pudimos encontrar información alguna sobre esta asociación civil. Lo que sí queda claro es el intento de manipulación.
El aviso publicado en El Nacional
La imagen usada en el anuncio es de Associated Press y fue tomada en abril de 2003 en GRECIA.
La página A-14 de El Nacional de este 7 de febrero de 2009.
Yvke
La desconocida "Asociación Civil por la Educación de los Niños y los Adolescentes" habría pagado un aviso de media página en El Nacional exigiendo al Presidente "no reprimir a nuestros hijos". Pero usaron una foto tomada en Atenas en 2003...
El diario El Nacional de este sábado 7 de febrero publicó, en su página A-14, un costoso aviso de media página con una foto de jóvenes siendo reprimidos por efectivos de un cuerpo policial, quienes le rociaban algún tipo de gas lacrimógeno o pimienta. El aviso dice textualmente "Castiga a los delincucentes, no reprimas a nuestros hijos" y luego "NO a la reelección indefinina", con un claro error ortográfico en la palabra "indefinina".
El aviso trata de asociar la foto con las instrucciónes dadas por el Presidente Hugo Chávez de "echar gas" a los manifestantes que irrespeten a los cuerpos policiales, les lancen objetos contundentes, intenten realizar saqueos o caigan en cualquier tipo de violencia, una vez agotada la vía del diálogo.
Cualquier lector desprevenido seguramente creerá que la fotografía es de alguna marcha reciente realizada en Venezuela. Quien no detalle los cascos blancos creerá que son Policías Metropolitanos. Sin embargo, al buscar en Internet, pudimos encontrar la foto usada.
Y la foto no fue tomada en Venezuela y ni siquiera es reciente. Fue tomada el 16 de abril de 2003 en Atenas, Grecia, por el fotógrafo Thanassis Stavrakis, de Associated Press. La leyenda de la foto dice: "Policía antidisturbios disparó gas pimienta contra manifestantes durante enfrentamientos en una marcha contra la guerra, en las afueras del Parlamento Griego en Atenas el 16 de abril de 2003. La policía lanzó gas lacrimógeno y se enfrentó a manifestantes mientras líderes y representantes de 40 países se reunían en la ceremonia para la expansión de la Unión Europea". La foto puede verse aquí.
El anuncio publicado por El Nacional tiene un número de RIF (J315191555) que, al buscarlo en la página del Seniat, indicó que el aviso fue pagado por la "Asociación Civil por la Educación de los Niños y los Adolescentes".
No pudimos encontrar información alguna sobre esta asociación civil. Lo que sí queda claro es el intento de manipulación.
El aviso publicado en El Nacional
La imagen usada en el anuncio es de Associated Press y fue tomada en abril de 2003 en GRECIA.
La página A-14 de El Nacional de este 7 de febrero de 2009.
Llama AMLO a partidos a “no traficar con el voto del pueblo”
“Ya basta de servir de escalera para los ambiciosos”, señala
Fabiola Martínez (Enviada)
Soyotlán del Oro, Jal., 8 de febrero. Andrés Manuel López Obrador señaló que durante los periodos de campaña, partidos políticos y candidatos “no deben traficar con el voto del pueblo”. En tanto, llamó a los ciudadanos a sufragar en libertad.
“Ya basta de servir de escalera para que unos ambiciosos se encaramen (en puestos públicos y de representación popular). El pueblo no está para limosnas, sino para justicia social”, advirtió.
El ex candidato presidencial convocó a sus principales seguidores en todo el país a una reunión nacional, programada para el 21 y 22 de marzo próximos, con el objetivo de definir la nueva etapa de la lucha política y de defensa de la economía popular.
“Con este movimiento, el año pasado paramos la privatización de Pemex, y ahora defenderemos la economía popular ante los efectos de la crisis de Estados Unidos, del mundo, que nos agarra con una economía muy debilitada y nos va a arrodillar más de la cuenta”, alertó.
López Obrador pretende que el Congreso de la Unión obligue al gobierno a utilizar el presupuesto público para apoyar las actividades productivas, en lugar de rescatar a los empresarios con el uso de las reservas internacionales del país para apuntalar el peso y beneficiar, con ello, a los potentados que tienen deudas de dólares en el exterior.
En el último tramo del proyecto iniciado hace dos años para llegar a todos los rincones del país, el político tabasqueño hace un llamado a sus simpatizantes, quienes acuden a las plazas públicas a escucharlo, para que no queden conformes con la corrupción y el “mal gobierno”.
López Obrador ha advertido en días pasados acerca de la omisión en que ha incurrido el gobierno “usurpador” de Felipe Calderón al no avisar a la población de la magnitud de la crisis económica por la que atraviesa el país y de la fuerza del “huracán” que se avecina por esta causa, el cual, dijo, “arrasará con todo”.
En cada asamblea informativa también difunde la propuesta que ha hecho de cambios al presupuesto, para que se puedan ahorrar cerca de 200 mil millones de pesos con base en una reducción de sueldos a altos funcionarios públicos y evitar que el dinero del pueblo se quede en las cúpulas del aparato burocrático.
El movimiento lopezobradorista está integrado por ciudadanos sin partido y también por militantes del PRD, PT y Convergencia. A través de estos dos últimos partidos impulsa a un grupo de colaboradores para que sean postulados como diputados locales y federales, ya sea por la vía de mayoría relativa (haciendo campaña para la elección del 5 de julio) y/o a través de representación proporcional (plurinominal).
De acuerdo con las primeras proyecciones, entre ellos se ubican algunos de sus propios representantes estatales e integrantes del “gobierno legítimo” de México, como Martha Pérez Bejarano, Bertha Luján, Octavio Romero, Enrique Ibarra y Agustín Ortiz Pinchetti, entre otros.
“No hay que pelearnos los del PRD, PT y Convergencia. Somos el Frente Amplio Progresista. Debemos estar unidos. Tampoco hay que pelearse con los priístas y panistas de abajo, quienes están igual de esperanzados, amolados y desinformados que la mayoría del pueblo de México. El problema está arriba”, afirmó.
Fabiola Martínez (Enviada)
Soyotlán del Oro, Jal., 8 de febrero. Andrés Manuel López Obrador señaló que durante los periodos de campaña, partidos políticos y candidatos “no deben traficar con el voto del pueblo”. En tanto, llamó a los ciudadanos a sufragar en libertad.
“Ya basta de servir de escalera para que unos ambiciosos se encaramen (en puestos públicos y de representación popular). El pueblo no está para limosnas, sino para justicia social”, advirtió.
El ex candidato presidencial convocó a sus principales seguidores en todo el país a una reunión nacional, programada para el 21 y 22 de marzo próximos, con el objetivo de definir la nueva etapa de la lucha política y de defensa de la economía popular.
“Con este movimiento, el año pasado paramos la privatización de Pemex, y ahora defenderemos la economía popular ante los efectos de la crisis de Estados Unidos, del mundo, que nos agarra con una economía muy debilitada y nos va a arrodillar más de la cuenta”, alertó.
López Obrador pretende que el Congreso de la Unión obligue al gobierno a utilizar el presupuesto público para apoyar las actividades productivas, en lugar de rescatar a los empresarios con el uso de las reservas internacionales del país para apuntalar el peso y beneficiar, con ello, a los potentados que tienen deudas de dólares en el exterior.
En el último tramo del proyecto iniciado hace dos años para llegar a todos los rincones del país, el político tabasqueño hace un llamado a sus simpatizantes, quienes acuden a las plazas públicas a escucharlo, para que no queden conformes con la corrupción y el “mal gobierno”.
López Obrador ha advertido en días pasados acerca de la omisión en que ha incurrido el gobierno “usurpador” de Felipe Calderón al no avisar a la población de la magnitud de la crisis económica por la que atraviesa el país y de la fuerza del “huracán” que se avecina por esta causa, el cual, dijo, “arrasará con todo”.
En cada asamblea informativa también difunde la propuesta que ha hecho de cambios al presupuesto, para que se puedan ahorrar cerca de 200 mil millones de pesos con base en una reducción de sueldos a altos funcionarios públicos y evitar que el dinero del pueblo se quede en las cúpulas del aparato burocrático.
El movimiento lopezobradorista está integrado por ciudadanos sin partido y también por militantes del PRD, PT y Convergencia. A través de estos dos últimos partidos impulsa a un grupo de colaboradores para que sean postulados como diputados locales y federales, ya sea por la vía de mayoría relativa (haciendo campaña para la elección del 5 de julio) y/o a través de representación proporcional (plurinominal).
De acuerdo con las primeras proyecciones, entre ellos se ubican algunos de sus propios representantes estatales e integrantes del “gobierno legítimo” de México, como Martha Pérez Bejarano, Bertha Luján, Octavio Romero, Enrique Ibarra y Agustín Ortiz Pinchetti, entre otros.
“No hay que pelearnos los del PRD, PT y Convergencia. Somos el Frente Amplio Progresista. Debemos estar unidos. Tampoco hay que pelearse con los priístas y panistas de abajo, quienes están igual de esperanzados, amolados y desinformados que la mayoría del pueblo de México. El problema está arriba”, afirmó.
La Corte inicia una discusión light del dictamen sobre el caso Atenco
Los ministros sólo buscarán identificar a funcionarios que hubieran violado garantías
No se prevé un señalamiento sobre probables responsabilidades civiles, penales, políticas o administrativas, ni reparación de daño a víctimas
Ninguna mención sobre presos del FPDT
Jesús Aranda
En medio de grandes expectativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comienza hoy la discusión pública del caso San Salvador Atenco, en la que no se prevé que el pleno se refiera a formas de reparación de las “violaciones graves a las garantías individuales” cometidas por autoridades estatales y federales, como tampoco un señalamiento expreso sobre probables responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas de los involucrados.
De acuerdo con información obtenida en el máximo tribunal, los 11 ministros centrarán su labor en identificar el cargo y nombre de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la Agencia Estatal de Seguridad y Procuraduría del estado que hubieran violado gravemente las garantías, pero nada más.
El dictamen que discutirán tampoco hace referencia alguna a los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que aún se encuentran presos y que fueron sentenciados por la justicia mexiquense con un rigor que llama la atención, como es el caso de Ignacio del Valle, quien está en el penal de máxima seguridad del Altiplano, con una condena de 112 años de prisión.
Tampoco plantea el documento que los ministros aprueben un pronunciamiento concreto sobre la reparación de daños a las víctimas, por considerar que el Estado mexicano estaría obligado a hacerlo de acuerdo con el compromiso asumido ante instancias internacionales.
Trascendió que ante lo limitado de los alcances del resolutivo que adopte la Corte sobre los hechos violentos que provocaron dos muertos (Alejandro Benumea y Javier Cortés Santiago), más de 200 detenciones (31 de las mujeres denunciaron agresiones sexuales a manos de los policías mexiquenses durante su aprehensión y traslado al penal de Santiaguito), el pleno centrará su atención en demostrar la necesidad de que los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión y del estado de México aprueben reglamentos y protocolos sobre el uso de la fuerza pública para evitar que a nivel local y nacional se repitan abusos policiacos en contra de la sociedad.
A pesar de que el texto documenta suficientemente la existencia de agresiones sexuales en contra de mujeres –mexicanas y extranjeras– en Atenco, al final el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo señala que las averiguaciones están en proceso y que corresponde a las autoridades locales sancionar a los responsables.
Ello a pesar de que en el dictamen elaborado por el ministro Gudiño se expresa que los días 3 y 4 de mayo de 2006 fueron violados gravemente los derechos constitucionales a la vida, la integridad de la persona, libertad sexual, no discriminación por género, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, de debido proceso, trato digno a los detenidos y derecho a la justicia. El documento se limita a “identificar” el cargo y nombre de los funcionarios que participaron en los hechos.
Cabe señalar que en el texto se menciona la reunión que sostuvieron la noche del 3 de mayo mandos policiacos estatales y federales para analizar la situación en San Salvador Atenco, la cual estuvo encabezada por el actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. A pesar de ello, el documento no atribuye responsabilidad alguna a nadie.
Es más, el texto de 924 cuartillas –de acuerdo con la versión pública del dictamen que fue subido a la página de Internet de la Corte– reconoce que, a pesar de haberle solicitado a la Agencia de Seguridad Estatal los nombres y cargos de los policías que participaron en la detención de mujeres y que las escoltaron desde su detención hasta su llegada al penal, ésta argumentó no tener esos datos.
En cambio, el dictamen de la SCJN –que recoge el sentir de la mayoría de los ministros– señala “omisiones legislativas” en materia de uso de la fuerza pública, que se traducen en carencias y deficiencias con que operan los cuerpos de seguridad; la inexistencia de legislación sobre el uso de la fuerza pública, a nivel legal y reglamentario y la inexistencia de protocolos en materia de policía que permitan prever y automatizar acciones y reacciones de los cuerpos de seguridad y sus elementos.
Esos problemas, enfatiza el texto, tienen alcance nacional y por lo mismo generan un estado delicado de vulnerabilidad de las personas frente al Estado.
No se prevé un señalamiento sobre probables responsabilidades civiles, penales, políticas o administrativas, ni reparación de daño a víctimas
Ninguna mención sobre presos del FPDT
Jesús Aranda
En medio de grandes expectativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comienza hoy la discusión pública del caso San Salvador Atenco, en la que no se prevé que el pleno se refiera a formas de reparación de las “violaciones graves a las garantías individuales” cometidas por autoridades estatales y federales, como tampoco un señalamiento expreso sobre probables responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas de los involucrados.
De acuerdo con información obtenida en el máximo tribunal, los 11 ministros centrarán su labor en identificar el cargo y nombre de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la Agencia Estatal de Seguridad y Procuraduría del estado que hubieran violado gravemente las garantías, pero nada más.
El dictamen que discutirán tampoco hace referencia alguna a los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que aún se encuentran presos y que fueron sentenciados por la justicia mexiquense con un rigor que llama la atención, como es el caso de Ignacio del Valle, quien está en el penal de máxima seguridad del Altiplano, con una condena de 112 años de prisión.
Tampoco plantea el documento que los ministros aprueben un pronunciamiento concreto sobre la reparación de daños a las víctimas, por considerar que el Estado mexicano estaría obligado a hacerlo de acuerdo con el compromiso asumido ante instancias internacionales.
Trascendió que ante lo limitado de los alcances del resolutivo que adopte la Corte sobre los hechos violentos que provocaron dos muertos (Alejandro Benumea y Javier Cortés Santiago), más de 200 detenciones (31 de las mujeres denunciaron agresiones sexuales a manos de los policías mexiquenses durante su aprehensión y traslado al penal de Santiaguito), el pleno centrará su atención en demostrar la necesidad de que los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión y del estado de México aprueben reglamentos y protocolos sobre el uso de la fuerza pública para evitar que a nivel local y nacional se repitan abusos policiacos en contra de la sociedad.
A pesar de que el texto documenta suficientemente la existencia de agresiones sexuales en contra de mujeres –mexicanas y extranjeras– en Atenco, al final el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo señala que las averiguaciones están en proceso y que corresponde a las autoridades locales sancionar a los responsables.
Ello a pesar de que en el dictamen elaborado por el ministro Gudiño se expresa que los días 3 y 4 de mayo de 2006 fueron violados gravemente los derechos constitucionales a la vida, la integridad de la persona, libertad sexual, no discriminación por género, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, de debido proceso, trato digno a los detenidos y derecho a la justicia. El documento se limita a “identificar” el cargo y nombre de los funcionarios que participaron en los hechos.
Cabe señalar que en el texto se menciona la reunión que sostuvieron la noche del 3 de mayo mandos policiacos estatales y federales para analizar la situación en San Salvador Atenco, la cual estuvo encabezada por el actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. A pesar de ello, el documento no atribuye responsabilidad alguna a nadie.
Es más, el texto de 924 cuartillas –de acuerdo con la versión pública del dictamen que fue subido a la página de Internet de la Corte– reconoce que, a pesar de haberle solicitado a la Agencia de Seguridad Estatal los nombres y cargos de los policías que participaron en la detención de mujeres y que las escoltaron desde su detención hasta su llegada al penal, ésta argumentó no tener esos datos.
En cambio, el dictamen de la SCJN –que recoge el sentir de la mayoría de los ministros– señala “omisiones legislativas” en materia de uso de la fuerza pública, que se traducen en carencias y deficiencias con que operan los cuerpos de seguridad; la inexistencia de legislación sobre el uso de la fuerza pública, a nivel legal y reglamentario y la inexistencia de protocolos en materia de policía que permitan prever y automatizar acciones y reacciones de los cuerpos de seguridad y sus elementos.
Esos problemas, enfatiza el texto, tienen alcance nacional y por lo mismo generan un estado delicado de vulnerabilidad de las personas frente al Estado.
Ojalá fuera mentira 2
Mil y una veces las Naciones Unidas se han pronunciado contra la usurpación israelí de la patria palestina.
En 1948, la fundación del estado de Israel implicó la expulsión de ochocientos mil palestinos. Los palestinos desalojados se llevaron las llaves de sus casas, como habían hecho, siglos atrás, los judíos que España echó. Los judíos nunca pudieron volver a España. Los palestinos nunca pudieron volver a Palestina.
Los que se quedaron fueron condenados a vivir humillados en territorios que las continuas invasiones van encogiendo cada día.
Susan Abdallah, palestina, conoce la receta para fabricar un terrorista:
Despójelo de agua y de comida.
Felicitaciones: ha creado usted un ejército de hombres-bomba.
Eduardo Galeano, Espejos. Una historia casi universal. Siglo XXI Editores, 2008.
“Aspiramos a crear una nueva corriente de pensamiento que reconozca y exalte la cultura y la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo. Una nueva corriente de pensamiento para impedir el predominio del dinero, del engaño, de la corrupción y del afán de lucro sobre la dignidad, la verdad, los valores morales y el amor al prójimo.”
Andrés Manuel López Obrador.
Arq.EduardoBistráin
Ejército del terror
Abel Barrera Hernández
La guerra contra las drogas desarrollada por el Ejército Mexicano nos remite a la década de 1970, cuando el presidente José López Portillo aplicó la Operación Cóndor con el auspicio del ejército de Estados Unidos, que vino a marcar otra etapa oscura en la historia del Ejército Mexicano, porque su lucha fuera de los cuarteles ha ocasionado graves violaciones a los derechos humanos.
El operativo del Ejército supuestamente se centró en capturar a los grandes capos del narcotráfico y a erradicar el cultivo y la venta de estupefacientes. Nada de eso se logró, porque los grandes narcotraficantes se desplazaron a otros estados y el Ejército se quedó a guerrear contra la población campesina, dejando una estela de muerte en centenares de comunidades rurales y miles de desplazados que buscaron refugios en las ciudades. Los saldos de esta guerra en el estado de Sinaloa son la violencia endémica y la aparición de la cocaína como un negocio de alta rentabilidad. El terror que sembró el Ejército fue para destruir el tejido social de las comunidades rurales y para abonarles el terreno a los inversionistas de la economía criminal.
Después de tres décadas, constatamos cómo el poder de los varones de la droga se ha extendido en todo el país como si el Estado mexicano les hubiera brindado todas las facilidades para posicionarse en regiones estratégicas. Los planes antidrogas diseñados por Estados Unidos han servido para darle mayor proyección y fama a los grandes narcotraficantes, que han tenido la capacidad de adaptarse a los nuevos planes belicistas de los gobiernos neoliberales y sacar provecho de los mejores cuadros del Ejército para darle fuerza al nuevo fenómeno del sicariato, que disputa literalmente a sangre y fuego el territorio. En esta lluvia de plomo, la población civil es la que ha puesto los muertos y la que enfrenta la crueldad y el terror de las fuerzas armadas.
A causa de las ocho decapitaciones de militares, acaecidas el 21 de diciembre de 2008 en Chilpancingo, Guerrero, el mensaje que dirigió el general de división Enrique Alonso Garrido Abreu fue que este atrevimiento se trató de un grave error, pues constituye una ofensa a todas las instituciones en su conjunto y que por lo mismo se usaría toda la fuerza del Ejército para que los responsables de estos delitos estén en la cárcel. El mensaje fue entendido por la sociedad como una promesa de que en realidad desencadenarían su poder para desmantelar las redes y las fuerzas del narcopoder; sin embargo, este lenguaje bélico se ha descargado contra la población civil indefensa en más de 15 colonias populares de Chilpancingo.
La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos ha documentado, del 22 de diciembre de 2008 al 3 de enero de 2009, es decir, en 12 días, 14 quejas contra el Ejército Mexicano. Se trata de allanamientos de morada, donde elementos del Ejército llegaron derribando puertas y sometiendo a sus moradores que se encontraban descansando. La noche del 22 de diciembre nada ni nadie detuvo al Ejército; instaló retenes en varias colonias y en las entradas de la ciudad. Por cuenta propia realizó cateos en varias viviendas, interrogó a varios jefes de familia, revisó sus pertenencias en busca de armas y drogas; tomó fotografías, se llevó teléfonos celulares para conocer e inspeccionar las últimas llamadas realizadas de los ahora sospechosos.
En la colonia Obrera, una familia que se encontraba realizando los preparativos de la cena de Navidad vio cómo se estacionaban tres camionetas Hummer y un vehículo artillado. Bajaron más de 20 militares ostentosamente armados y encapuchados. Tomaron la calle para instalar un retén, pararon a los vehículos y bajaron a las personas con el fin de amedrentarlas; otros se metieron por la fuerza a varias casas para intimidar a las familias. Con las armas empuñadas, los militares encañonaban a los hombres para preguntarles sobre una camioneta en la que iban narcotraficantes. Insistían en que la persona que buscaban se encontraba dentro de su domicilio. Una madre de familia alcanzó a decir: “Somos gente humilde y no sabemos de qué nos hablan”. Los militares no sabían dar más explicaciones, era evidente su nerviosismo y que el encañonamiento hacia las personas era la forma más segura para obtener algún dato que les ayudara a ubicar mejor lo que buscaban. Esta irrupción violenta del Ejército vino a cambiar el ambiente festivo por una noche llena de tensión y miedo, ante el riesgo inminente de que fueran a detener de manera arbitraria a un miembro de la familia. Dos días después, en la colonia El PRD, como a las 20 horas, cuatro camiones del Ejército implantaron un operativo en varias viviendas; sin que contaran con el apoyo de alguna corporación policiaca, ministerio público y mucho menos con órdenes de cateo, entraron en un domicilio amagando a las señoras y a las niñas. Preguntaron por droga y les exigieron que les dijeran dónde la tenían. Sin esperar alguna respuesta se dirigieron hacia las cuatro niñas y las tres señoras para manosearlas. Esta escena se repitió en otras colonias, como la Francisco Figueroa Mata, la Ignacio Manuel Altamirano y la Primer Congreso de Anáhuac. En todas esas viviendas, el Ejército fue para causar terror, buscó a los delincuentes en los lugares equivocados, molestó a las familias humildes dejando intactas las estructuras del narcopoder. La población de Chilpancingo tiene miedo, no solamente por la violencia, sino por la forma impune en que está actuando el Ejército que focaliza sus operativos contra familias ajenas al negocio del crimen organizado. A la población le preocupa que el Ejército no quiera saber ni ver lo que la gente sabe y ve, sobre la forma cómo se han tejido las redes del narcotráfico y que la fuerza del Ejército no las detecta ni las enfrenta. Es grave que el Ejército siga suplantando a las corporaciones policiacas en el combate al crimen organizado, pero es más grave que el Ejército violente los derechos humanos con el argumento falaz de que combate al narcotráfico, causando terror entre la población pobre e indefensa.
La guerra contra las drogas desarrollada por el Ejército Mexicano nos remite a la década de 1970, cuando el presidente José López Portillo aplicó la Operación Cóndor con el auspicio del ejército de Estados Unidos, que vino a marcar otra etapa oscura en la historia del Ejército Mexicano, porque su lucha fuera de los cuarteles ha ocasionado graves violaciones a los derechos humanos.
El operativo del Ejército supuestamente se centró en capturar a los grandes capos del narcotráfico y a erradicar el cultivo y la venta de estupefacientes. Nada de eso se logró, porque los grandes narcotraficantes se desplazaron a otros estados y el Ejército se quedó a guerrear contra la población campesina, dejando una estela de muerte en centenares de comunidades rurales y miles de desplazados que buscaron refugios en las ciudades. Los saldos de esta guerra en el estado de Sinaloa son la violencia endémica y la aparición de la cocaína como un negocio de alta rentabilidad. El terror que sembró el Ejército fue para destruir el tejido social de las comunidades rurales y para abonarles el terreno a los inversionistas de la economía criminal.
Después de tres décadas, constatamos cómo el poder de los varones de la droga se ha extendido en todo el país como si el Estado mexicano les hubiera brindado todas las facilidades para posicionarse en regiones estratégicas. Los planes antidrogas diseñados por Estados Unidos han servido para darle mayor proyección y fama a los grandes narcotraficantes, que han tenido la capacidad de adaptarse a los nuevos planes belicistas de los gobiernos neoliberales y sacar provecho de los mejores cuadros del Ejército para darle fuerza al nuevo fenómeno del sicariato, que disputa literalmente a sangre y fuego el territorio. En esta lluvia de plomo, la población civil es la que ha puesto los muertos y la que enfrenta la crueldad y el terror de las fuerzas armadas.
A causa de las ocho decapitaciones de militares, acaecidas el 21 de diciembre de 2008 en Chilpancingo, Guerrero, el mensaje que dirigió el general de división Enrique Alonso Garrido Abreu fue que este atrevimiento se trató de un grave error, pues constituye una ofensa a todas las instituciones en su conjunto y que por lo mismo se usaría toda la fuerza del Ejército para que los responsables de estos delitos estén en la cárcel. El mensaje fue entendido por la sociedad como una promesa de que en realidad desencadenarían su poder para desmantelar las redes y las fuerzas del narcopoder; sin embargo, este lenguaje bélico se ha descargado contra la población civil indefensa en más de 15 colonias populares de Chilpancingo.
La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos ha documentado, del 22 de diciembre de 2008 al 3 de enero de 2009, es decir, en 12 días, 14 quejas contra el Ejército Mexicano. Se trata de allanamientos de morada, donde elementos del Ejército llegaron derribando puertas y sometiendo a sus moradores que se encontraban descansando. La noche del 22 de diciembre nada ni nadie detuvo al Ejército; instaló retenes en varias colonias y en las entradas de la ciudad. Por cuenta propia realizó cateos en varias viviendas, interrogó a varios jefes de familia, revisó sus pertenencias en busca de armas y drogas; tomó fotografías, se llevó teléfonos celulares para conocer e inspeccionar las últimas llamadas realizadas de los ahora sospechosos.
En la colonia Obrera, una familia que se encontraba realizando los preparativos de la cena de Navidad vio cómo se estacionaban tres camionetas Hummer y un vehículo artillado. Bajaron más de 20 militares ostentosamente armados y encapuchados. Tomaron la calle para instalar un retén, pararon a los vehículos y bajaron a las personas con el fin de amedrentarlas; otros se metieron por la fuerza a varias casas para intimidar a las familias. Con las armas empuñadas, los militares encañonaban a los hombres para preguntarles sobre una camioneta en la que iban narcotraficantes. Insistían en que la persona que buscaban se encontraba dentro de su domicilio. Una madre de familia alcanzó a decir: “Somos gente humilde y no sabemos de qué nos hablan”. Los militares no sabían dar más explicaciones, era evidente su nerviosismo y que el encañonamiento hacia las personas era la forma más segura para obtener algún dato que les ayudara a ubicar mejor lo que buscaban. Esta irrupción violenta del Ejército vino a cambiar el ambiente festivo por una noche llena de tensión y miedo, ante el riesgo inminente de que fueran a detener de manera arbitraria a un miembro de la familia. Dos días después, en la colonia El PRD, como a las 20 horas, cuatro camiones del Ejército implantaron un operativo en varias viviendas; sin que contaran con el apoyo de alguna corporación policiaca, ministerio público y mucho menos con órdenes de cateo, entraron en un domicilio amagando a las señoras y a las niñas. Preguntaron por droga y les exigieron que les dijeran dónde la tenían. Sin esperar alguna respuesta se dirigieron hacia las cuatro niñas y las tres señoras para manosearlas. Esta escena se repitió en otras colonias, como la Francisco Figueroa Mata, la Ignacio Manuel Altamirano y la Primer Congreso de Anáhuac. En todas esas viviendas, el Ejército fue para causar terror, buscó a los delincuentes en los lugares equivocados, molestó a las familias humildes dejando intactas las estructuras del narcopoder. La población de Chilpancingo tiene miedo, no solamente por la violencia, sino por la forma impune en que está actuando el Ejército que focaliza sus operativos contra familias ajenas al negocio del crimen organizado. A la población le preocupa que el Ejército no quiera saber ni ver lo que la gente sabe y ve, sobre la forma cómo se han tejido las redes del narcotráfico y que la fuerza del Ejército no las detecta ni las enfrenta. Es grave que el Ejército siga suplantando a las corporaciones policiacas en el combate al crimen organizado, pero es más grave que el Ejército violente los derechos humanos con el argumento falaz de que combate al narcotráfico, causando terror entre la población pobre e indefensa.
Catastrofistas e intolerantes
Eduardo Ibarra Aguirre
The New York Times, el periódico más importante de la Unión Americana , aseguró que el mitin del domingo 25, convocado por Andrés Manuel López Obrador, “fue significativamente más grande” que los anteriores de meses recientes, y que con la recesión económica su mensaje “está resonando de nuevo en un amplios sectores del público”. Y el mal humor que raya en la intolerancia se instaló en Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
No es lo mismo sortear los formidables retos que presenta la crisis financiera y económica global –subestimados por Los Pinos y “uno de los mejores equipos económicos del mundo”--, que hacerlo desde la agobiante realidad mexicana y no desde Davos, con el cinismo convertido en virtud al lado de Ernesto Zedillo Ponce de León, y ser aplaudido por los contados dueños de la aldea y los muchos ejecutivos que acudieron a la desolada cumbre.
Nada de extraordinario tiene la nota del diario. Es la simple constatación de lo que la mediocracia, con honrosas excepciones, se resiste a informar a cambio de prebendas y concesiones gubernamentales.
Raymundo Riva Palacio, ácido crítico del obradorismo, hace un par de semanas pronosticó un mejor futuro para aquél, siempre y cuando introduzca correctivos en los rumbos. Aquí le platiqué el 19 de enero: “Con el Movimiento Nacional en Defensa del Pueblo, del Petróleo y la Soberanía Nacional , la cuarta metamorfosis de la resistencia civil pacífica, y su primera convocatoria a la principal plaza de la República , López Obrador enfrenta el reto de mostrar su capacidad para incidir en los grandes problemas nacionales, aguzando la sensibilidad de un liderazgo que no sólo suscita apoyos, no pocos conmovedores, sino también múltiples críticas y crecientes envidias de líderes que viven de su respetable pasado y sus actuales lectores.”
Sin embargo, a Calderón Hinojosa no le interesa lo que aquí se escriba, más puede llamarle la atención la columna del otrora director de El Universal. ¡Ah! Pero un periódico de la metrópoli imperial no es ignorable. Baste recordar el sacrificio de Ramón Aguirre Velázquez como candidato triunfador de Guanajuato frente Vicente Fox Quesada y que finalmente favoreció a Carlos Medina Plascencia, por una nota publicada en The Wall Street Journal. En esta materia, nuestros gobernantes aún son aldeanos, colonizados.
Si a todo lo anterior sumamos: “El presidente Calderón no tomó buen aire en la montaña blanca y pierde su escasa calma a medida que los indicadores y las expectativas de analistas y empresarios se unen en una caída prácticamente libre”, como postula Rolando Cordera Campos, entonces es más comprensible, mas no por ello menos preocupante e inaceptable, la irritación del economista y abogado que con un impresionante dispositivo de seguridad en el Teatro de la República , el Centro Histórico y el espacio aéreo de la capital queretana, justamente el 5 de febrero denominó a sus críticos y adversarios “catastrofistas”, particularmente al tabasqueño de Macuspana, a quien el diario neoyorquino le augura “ser una fuerza con la que se tendrá que tratar”.
El viajero internacional incansable, que sólo entonces hace gala de excelente humor, llamó a “rechazar el catastrofismo sin fundamento”, el “alarmismo, que ignora los esfuerzos que hacen los mexicanos”, a “los personalismos e intereses que medran con infundadas profecías de desastre”. Jesús Reyes Heroles denominaba, en 1976, a los comunistas “agoreros de lo peor”.
Calderón remató: “No es tiempo de actitudes protagónicas ni egoístas”. Lástima que el verbo no se corresponda con el uso y abuso de la televisión y la radio para publicitarse, más aun que las obras que por escasas que sean, existen. En tanto que el grupo gobernante actúa en consecuencia y sigue integrado por amigos e incondicionales.
Acuse de recibo
El domingo 1, a las 17:08 horas, presencié como cinco agentes de la Policía Federal Preventiva, portando uniformes de una inconstitucional policía federal con el escudo nacional en la espalda, impidieron a una joven, acompañada de una señora, que accediera a la catedral Metropolitana, en la que oficia el cardenal Norberto Rivera Carrera, con un ejemplar de La Fuerza del Sol, periódico de la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal. Un señor que ya había traspasado la reja, molesto por las leyes de excepción impuestas por Genaro García Luna, presumió a los agentes un ejemplar de La Jornada y otro de Proceso sin que éstos pudieran hacer nada por temor al escándalo periodístico… Jorge Reyes, autor del género tloque nahuaque (música corporal con canto armónico) e introductor de instrumentos prehispánicos al rock, jazz y música electrónica, falleció el sábado 7 de un paro cardiaco. Una semana antes brindó un concierto inolvidable en el Zócalo a miles de absortos capitalinos, durante La noche de las estrellas. El etnomúsico, como él se definía, nativo de Uruapan, Michoacán, dejó 26 álbumes grabados: Bajo el Sol, Jaguar, Nierika y El costumbre, entre los principales.
www.forumenlinea.comGobierno Legítimo de México
Tiene toda la razón el maestro Ortiz Pinchetti, lo fallido no es el estado, sino el estúpido proyecto neoliberal...
Un Estado fallido o un proyecto fallido
El Despertar
José Agustín Ortiz Pinchetti
La visión benévola y cómplice de los estadunidenses hacia los gobiernos conservadores de México ha dado un giro dramático. Diversas agencias de ese país están de acuerdo en que México es un Estado fallido. Creo que esta crítica es egoísta y tardía, aunque en alguna forma resulte justa.
Les preocupa que una ruptura en México provoque una oleada inmanejable de millones de inmigrantes. Hace 25 años que el proyecto neoliberal ha tenido rendimientos decrecientes, pero como permitía ventajas para ellos prefirieron apoyar a la elite mexicana. Ahora han despertado ante el grave peligro en su dilatada frontera sur.
¿Es fallido el Estado mexicano? Un Estado es la estructura jurídica y política de una nación. México no está en proceso de disolución. Hasta donde alcanza la vista, el Estado mexicano que se consolidó hace 150 años tendrá centenares más de vida.
El gobierno de Felipe Calderón, basado en elecciones fraudulentas e injustas, es fallido, es decir, frustrado, desacreditado, a un paso de la quiebra. Repase usted cualquier indicador y verá los resultados negativos abrumadores.
Es fallido también el proyecto neoliberal. Un intento de modernización conservadora, copia extralógica del estadunidense aplicado a rajatabla desde 1983.
Una ONG found for peace ha señalado una multitud de déficits en los terrenos demográfico, económico, en la desigualdad entre las clases y castas, en la fragmentación e ilegitimidad del gobierno y el desastre del aparato de seguridad.
Ni Calderón ni el proyecto "neoliberal" pueden ser identificados con México. Si se hunden, no tienen por qué arrastrar a la nación. Existe un proyecto alternativo. Podemos volver a crecer, empezar a redistribuir, compactar la estructura de gobierno, defender el interés nacional, completar el proceso democrático. Este proyecto no es una utopía lejana. México no tiene por qué ser una nación marginal y decadente. Podemos recuperar el rumbo y convertirnos en una nación poderosa que ocupe el lugar que le corresponde en el mundo y que haga aportaciones sustantivas en beneficio de la humanidad.
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/08/index.php?section=opinion&article=011o1pol
Un Estado fallido o un proyecto fallido
El Despertar
José Agustín Ortiz Pinchetti
La visión benévola y cómplice de los estadunidenses hacia los gobiernos conservadores de México ha dado un giro dramático. Diversas agencias de ese país están de acuerdo en que México es un Estado fallido. Creo que esta crítica es egoísta y tardía, aunque en alguna forma resulte justa.
Les preocupa que una ruptura en México provoque una oleada inmanejable de millones de inmigrantes. Hace 25 años que el proyecto neoliberal ha tenido rendimientos decrecientes, pero como permitía ventajas para ellos prefirieron apoyar a la elite mexicana. Ahora han despertado ante el grave peligro en su dilatada frontera sur.
¿Es fallido el Estado mexicano? Un Estado es la estructura jurídica y política de una nación. México no está en proceso de disolución. Hasta donde alcanza la vista, el Estado mexicano que se consolidó hace 150 años tendrá centenares más de vida.
El gobierno de Felipe Calderón, basado en elecciones fraudulentas e injustas, es fallido, es decir, frustrado, desacreditado, a un paso de la quiebra. Repase usted cualquier indicador y verá los resultados negativos abrumadores.
Es fallido también el proyecto neoliberal. Un intento de modernización conservadora, copia extralógica del estadunidense aplicado a rajatabla desde 1983.
Una ONG found for peace ha señalado una multitud de déficits en los terrenos demográfico, económico, en la desigualdad entre las clases y castas, en la fragmentación e ilegitimidad del gobierno y el desastre del aparato de seguridad.
Ni Calderón ni el proyecto "neoliberal" pueden ser identificados con México. Si se hunden, no tienen por qué arrastrar a la nación. Existe un proyecto alternativo. Podemos volver a crecer, empezar a redistribuir, compactar la estructura de gobierno, defender el interés nacional, completar el proceso democrático. Este proyecto no es una utopía lejana. México no tiene por qué ser una nación marginal y decadente. Podemos recuperar el rumbo y convertirnos en una nación poderosa que ocupe el lugar que le corresponde en el mundo y que haga aportaciones sustantivas en beneficio de la humanidad.
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/08/index.php?section=opinion&article=011o1pol
domingo, febrero 08, 2009
La recesión ya afecta el consumo y las ventas de industriales: López Obrador
La gravedad de la crisis económica, la peor en dos décadas, dice en su gira por Jalisco
Calderón oculta la realidad; no le habla con la verdad al pueblo, señala el político tabasqueño
Fabiola Martínez (Enviada)
Andrés Manuel López Obrador durante su gira por San Juan de los Lagos, Jalisco. Foto: La jornada
San Juan de Los Lagos, Jal., 7 de febrero. Andrés Manuel López Obrador dijo que Felipe Calderón “oculta la realidad” respecto a la gravedad de la crisis que enfrenta el país, “la peor” en dos décadas.
Esta recesión ya afecta al consumo y, en consecuencia, tiene agudas repercusiones en el nivel de ventas de industriales y comerciantes, advirtió el ex candidato presidencial en su mensaje, cuya alerta es, desde hace varias semanas, el recrudecimiento de la crisis económica. Informó que el gobierno federal eroga a diario millones para tratar de detener la devaluación del peso.
“Calderón ha ocultado la realidad; no le habla con la verdad al pueblo. La crisis también es de consumo, se están cayendo las ventas. Por ello, ante el pasmo de Calderón, es necesario que el Poder Legislativo le entre al quite”, expresó.
López Obrador visitó este sábado municipios considerados como la cuna del movimiento cristero de 1927, ayuntamientos de férreo control de los gobiernos panistas y con marcada influencia de costumbres permeadas por el catolicismo.
Comenzó el recorrido en San Julián, la cuna de la cristiada, territorio de Victoriano Ramírez, El 14, personaje que participó –junto con miles– en las batallas contra el ejército callista en marzo de 1927, en defensa de la religión católica.
Los propios organizadores de la asamblea informativa del “presidente legítimo de México” estaban inquietos por la respuesta que encontrarían en este lugar, donde en la elección de 2006, López Obrador obtuvo 200 votos. En el jardín central, a un lado del monumento a los cristeros “que derramaron su sangre en defensa de la libertad de la fe” –dice en la placa respectiva–, el tabasqueño les habló acerca del periodo “decadente” que vive México.
Relató los pormenores de la actual crisis económica y lo “hondo que ésta pegará”. La reacción de las decenas de personas que se acercaron a escuchar fue antagónica. Algunos, no se retiraban pero tampoco dejaban de murmurar críticas al político perredista: “Yo a los políticos no les creo. A ningún cabrón de estos. ¿Presidente legítimo?, bueno, cada quien se pone como quiere”, dijo uno de los asistentes. A unos metros de distancia, doña Francisca, una señora de 80 años de edad, se mostraba esperanzada por el visitante: “Dios quiera le vaya bien y ora sí lo dejen ser presidente; hay que seguir luchando, ¿viera que los que están ahora no hacen nada por nosotros?”, comentó.
En esta plaza, como en casi todas las que ha visitado en su gira final por Jalisco –de jueves a domingo– la mayoría de sus escuchas son campesinos, ancianos, amas de casa, profesores y comerciantes en pequeño. Otros, transeúntes de las plazas centrales de los ayuntamientos ubicados en la región alteña, lo escuchan atentamente y enseguida lanzan severas críticas y hasta insultos que comentan sin aspavientos. Unos reclaman, otros escuchan, otros se burlan.
López Obrador sigue hablando en plazas municipales llenas o semillenas, con la presencia de dirigentes locales, principalmente gente sin partido que, con el reparto de volantes y el perifoneo en las calles, hacen previamente la labor de difusión del movimiento lopezobradorista. En los mítines ondean banderines del PRD y del PT, pero los líderes estatales no han acompañado al ex candidato presidencial en este tramo de su recorrido.
Luego fue a San Miguel El Alto y más tarde a Jalostotilán, tierra de Santo Toribio Romo, “patrón de los migrantes”. El “presidente legítimo de México” habló de su propuesta hecha en días pasados a legisladores para lograr una reducción de 200 mil millones de pesos, a través de recortes a “gastos improductivos” como los salarios de altos funcionarios.
El tabasqueño habla también del financiamiento y objetivos de su movimiento e incluso del esfuerzo físico que demanda esta tarea, iniciada hace dos años, para visitar los más de 2 mil 400 municipios que tiene México. Ahora le faltan unos 90.
“Aunque parezca increíble, el dinero para las giras sale de la gente, quien coopera en la cuenta que tenemos en Banorte. También ayudan diputados y senadores y autoridades que pertenecen a este movimiento. No recibimos dinero de grupos de intereses creados, de la mafia porque de si así fuera estaríamos como el pelele de Calderoncito atado de pies y manos”, explicó.
Más tarde, López Obrador fue a San Juan de los Lagos, donde las decenas de los peregrinos y comerciantes del lugar, se arremolinaron para saludarlo; luego se trasladó a Teocaltiche, Villa Hidalgo y Encarnación de Díaz.
“Vengo a invitarlos a hacer historia –añadió en las asambleas públicas–; a transformar la vida pública del país y a trabajar para evitar que se siga hundiendo el país. Había el mito que la gente de Jalisco son muy conservadores; eso no es cierto, son progresistas, pero nosotros no hemos sido capaces de orientar e informar al pueblo”, dijo.
Calderón oculta la realidad; no le habla con la verdad al pueblo, señala el político tabasqueño
Fabiola Martínez (Enviada)
Andrés Manuel López Obrador durante su gira por San Juan de los Lagos, Jalisco. Foto: La jornadaSan Juan de Los Lagos, Jal., 7 de febrero. Andrés Manuel López Obrador dijo que Felipe Calderón “oculta la realidad” respecto a la gravedad de la crisis que enfrenta el país, “la peor” en dos décadas.
Esta recesión ya afecta al consumo y, en consecuencia, tiene agudas repercusiones en el nivel de ventas de industriales y comerciantes, advirtió el ex candidato presidencial en su mensaje, cuya alerta es, desde hace varias semanas, el recrudecimiento de la crisis económica. Informó que el gobierno federal eroga a diario millones para tratar de detener la devaluación del peso.
“Calderón ha ocultado la realidad; no le habla con la verdad al pueblo. La crisis también es de consumo, se están cayendo las ventas. Por ello, ante el pasmo de Calderón, es necesario que el Poder Legislativo le entre al quite”, expresó.
López Obrador visitó este sábado municipios considerados como la cuna del movimiento cristero de 1927, ayuntamientos de férreo control de los gobiernos panistas y con marcada influencia de costumbres permeadas por el catolicismo.
Comenzó el recorrido en San Julián, la cuna de la cristiada, territorio de Victoriano Ramírez, El 14, personaje que participó –junto con miles– en las batallas contra el ejército callista en marzo de 1927, en defensa de la religión católica.
Los propios organizadores de la asamblea informativa del “presidente legítimo de México” estaban inquietos por la respuesta que encontrarían en este lugar, donde en la elección de 2006, López Obrador obtuvo 200 votos. En el jardín central, a un lado del monumento a los cristeros “que derramaron su sangre en defensa de la libertad de la fe” –dice en la placa respectiva–, el tabasqueño les habló acerca del periodo “decadente” que vive México.
Relató los pormenores de la actual crisis económica y lo “hondo que ésta pegará”. La reacción de las decenas de personas que se acercaron a escuchar fue antagónica. Algunos, no se retiraban pero tampoco dejaban de murmurar críticas al político perredista: “Yo a los políticos no les creo. A ningún cabrón de estos. ¿Presidente legítimo?, bueno, cada quien se pone como quiere”, dijo uno de los asistentes. A unos metros de distancia, doña Francisca, una señora de 80 años de edad, se mostraba esperanzada por el visitante: “Dios quiera le vaya bien y ora sí lo dejen ser presidente; hay que seguir luchando, ¿viera que los que están ahora no hacen nada por nosotros?”, comentó.
En esta plaza, como en casi todas las que ha visitado en su gira final por Jalisco –de jueves a domingo– la mayoría de sus escuchas son campesinos, ancianos, amas de casa, profesores y comerciantes en pequeño. Otros, transeúntes de las plazas centrales de los ayuntamientos ubicados en la región alteña, lo escuchan atentamente y enseguida lanzan severas críticas y hasta insultos que comentan sin aspavientos. Unos reclaman, otros escuchan, otros se burlan.
López Obrador sigue hablando en plazas municipales llenas o semillenas, con la presencia de dirigentes locales, principalmente gente sin partido que, con el reparto de volantes y el perifoneo en las calles, hacen previamente la labor de difusión del movimiento lopezobradorista. En los mítines ondean banderines del PRD y del PT, pero los líderes estatales no han acompañado al ex candidato presidencial en este tramo de su recorrido.
Luego fue a San Miguel El Alto y más tarde a Jalostotilán, tierra de Santo Toribio Romo, “patrón de los migrantes”. El “presidente legítimo de México” habló de su propuesta hecha en días pasados a legisladores para lograr una reducción de 200 mil millones de pesos, a través de recortes a “gastos improductivos” como los salarios de altos funcionarios.
El tabasqueño habla también del financiamiento y objetivos de su movimiento e incluso del esfuerzo físico que demanda esta tarea, iniciada hace dos años, para visitar los más de 2 mil 400 municipios que tiene México. Ahora le faltan unos 90.
“Aunque parezca increíble, el dinero para las giras sale de la gente, quien coopera en la cuenta que tenemos en Banorte. También ayudan diputados y senadores y autoridades que pertenecen a este movimiento. No recibimos dinero de grupos de intereses creados, de la mafia porque de si así fuera estaríamos como el pelele de Calderoncito atado de pies y manos”, explicó.
Más tarde, López Obrador fue a San Juan de los Lagos, donde las decenas de los peregrinos y comerciantes del lugar, se arremolinaron para saludarlo; luego se trasladó a Teocaltiche, Villa Hidalgo y Encarnación de Díaz.
“Vengo a invitarlos a hacer historia –añadió en las asambleas públicas–; a transformar la vida pública del país y a trabajar para evitar que se siga hundiendo el país. Había el mito que la gente de Jalisco son muy conservadores; eso no es cierto, son progresistas, pero nosotros no hemos sido capaces de orientar e informar al pueblo”, dijo.
Un Estado fallido o un proyecto fallido
El Despertar
José Agustín Ortiz Pinchetti
La visión benévola y cómplice de los estadunidenses hacia los gobiernos conservadores de México ha dado un giro dramático. Diversas agencias de ese país están de acuerdo en que México es un Estado fallido. Creo que esta crítica es egoísta y tardía, aunque en alguna forma resulte justa.
Les preocupa que una ruptura en México provoque una oleada inmanejable de millones de inmigrantes. Hace 25 años que el proyecto neoliberal ha tenido rendimientos decrecientes, pero como permitía ventajas para ellos prefirieron apoyar a la elite mexicana. Ahora han despertado ante el grave peligro en su dilatada frontera sur.
¿Es fallido el Estado mexicano? Un Estado es la estructura jurídica y política de una nación. México no está en proceso de disolución. Hasta donde alcanza la vista, el Estado mexicano que se consolidó hace 150 años tendrá centenares más de vida.
El gobierno de Felipe Calderón, basado en elecciones fraudulentas e injustas, es fallido, es decir, frustrado, desacreditado, a un paso de la quiebra. Repase usted cualquier indicador y verá los resultados negativos abrumadores.
Es fallido también el proyecto neoliberal. Un intento de modernización conservadora, copia extralógica del estadunidense aplicado a rajatabla desde 1983.
Una ONG found for peace ha señalado una multitud de déficits en los terrenos demográfico, económico, en la desigualdad entre las clases y castas, en la fragmentación e ilegitimidad del gobierno y el desastre del aparato de seguridad.
Ni Calderón ni el proyecto “neoliberal” pueden ser identificados con México. Si se hunden, no tienen por qué arrastrar a la nación. Existe un proyecto alternativo. Podemos volver a crecer, empezar a redistribuir, compactar la estructura de gobierno, defender el interés nacional, completar el proceso democrático. Este proyecto no es una utopía lejana. México no tiene por qué ser una nación marginal y decadente. Podemos recuperar el rumbo y convertirnos en una nación poderosa que ocupe el lugar que le corresponde en el mundo y que haga aportaciones sustantivas en beneficio de la humanidad.
José Agustín Ortiz Pinchetti
La visión benévola y cómplice de los estadunidenses hacia los gobiernos conservadores de México ha dado un giro dramático. Diversas agencias de ese país están de acuerdo en que México es un Estado fallido. Creo que esta crítica es egoísta y tardía, aunque en alguna forma resulte justa.
Les preocupa que una ruptura en México provoque una oleada inmanejable de millones de inmigrantes. Hace 25 años que el proyecto neoliberal ha tenido rendimientos decrecientes, pero como permitía ventajas para ellos prefirieron apoyar a la elite mexicana. Ahora han despertado ante el grave peligro en su dilatada frontera sur.
¿Es fallido el Estado mexicano? Un Estado es la estructura jurídica y política de una nación. México no está en proceso de disolución. Hasta donde alcanza la vista, el Estado mexicano que se consolidó hace 150 años tendrá centenares más de vida.
El gobierno de Felipe Calderón, basado en elecciones fraudulentas e injustas, es fallido, es decir, frustrado, desacreditado, a un paso de la quiebra. Repase usted cualquier indicador y verá los resultados negativos abrumadores.
Es fallido también el proyecto neoliberal. Un intento de modernización conservadora, copia extralógica del estadunidense aplicado a rajatabla desde 1983.
Una ONG found for peace ha señalado una multitud de déficits en los terrenos demográfico, económico, en la desigualdad entre las clases y castas, en la fragmentación e ilegitimidad del gobierno y el desastre del aparato de seguridad.
Ni Calderón ni el proyecto “neoliberal” pueden ser identificados con México. Si se hunden, no tienen por qué arrastrar a la nación. Existe un proyecto alternativo. Podemos volver a crecer, empezar a redistribuir, compactar la estructura de gobierno, defender el interés nacional, completar el proceso democrático. Este proyecto no es una utopía lejana. México no tiene por qué ser una nación marginal y decadente. Podemos recuperar el rumbo y convertirnos en una nación poderosa que ocupe el lugar que le corresponde en el mundo y que haga aportaciones sustantivas en beneficio de la humanidad.
Bolivia: la refundación de un país
Editorial
Ante decenas de miles de personas –campesinos, indígenas, dirigentes sociales, funcionarios de gobierno, elementos de la fuerza pública, representantes de la prensa nacional e internacional, ciudadanos comunes– el presidente de Bolivia, Evo Morales, proclamó ayer, día de la promulgación de la nueva Constitución –aprobada por amplia mayoría en el referéndum del pasado 26 de enero–, la refundación del país andino como un “Estado plurinacional, unitario, social y económicamente de socialismo comunitario”, en un acto que fue calificado por el mandatario como una “segunda independencia, la verdadera liberación del pueblo boliviano”.
La promulgación de la nueva Carta Magna reviste especial importancia por cuanto salda algunas de las deudas históricas y contribuye a corregir injusticias sociales que recorren el país andino. Entre otras cosas, el nuevo texto constitucional estipula la libre determinación “de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos”; consagra la potestad de la nación sobre los recursos naturales; reconoce un conjunto de autonomías étnicas, regionales, departamentales y municipales; promueve la reforma agraria y la eliminación de los latifundios –la propiedad agrícola no podrá ser mayor a 5 mil hectáreas–, y rompe, en suma, con una estructura de dominación de corte colonialista, basada en el poder de una minoría criolla y en la exclusión, la marginación y la explotación de los pueblos indios de ese país, que constituyen un porcentaje mayoritario de la población.
La recién promulgada Constitución representa un avance en el reconocimiento de la realidad multicultural de Bolivia, en la reivindicación de los derechos de amplias franjas de habitantes y en la consolidación de una sociedad plural y respetuosa. En contraste con lo que han señalado algunos sectores de la oposición boliviana, en el sentido de que la nueva ley suprema distingue entre “ciudadanos de primera y de segunda”, el texto apunta a la construcción de un país inequívocamente incluyente y, como lo señaló ayer el propio mandatario, “protege igual a todos los bolivianos y bolivianas; garantiza la igualdad de oportunidades para la gente del campo, garantiza la igualdad, dignidad y libertad” para todos los habitantes de la nación andina.
La refundación de ese país se da –es cierto– en un ambiente de confrontación y polarización política que, en meses y semanas recientes, se ha expresado a través de enfrentamientos violentos en distintas regiones del territorio. El gobierno y el pueblo bolivianos enfrentan la embestida de una oligarquía que se niega a renunciar a los privilegios que han sido afectados tras la llegada de Morales al poder y para ello se han valido de acciones abiertamente subversivas, secesionistas y hasta golpistas. Al respecto, es por demás significativo el hecho de que en la nueva Constitución haya sido incluido el añejo reclamo en torno a las autonomías, demanda que había sido explotada por la oposición oligarca con fines políticos, y en nombre de la cual se han cometido flagrantes violaciones a la legalidad, acciones fraudulentas y antidemocráticas como el referendo para aprobar el “estatus autonómico” de Santa Cruz de la Sierra, en mayo del año pasado.
Otro elemento de suma importancia en el nuevo texto constitucional es la ruptura con la tradición de injerencias por parte de Estados Unidos y la reivindicación de la soberanía nacional, elementos presentes en la prohibición a la instalación de bases militares en territorio boliviano y en el refrendo de la potestad del Estado sobre los recursos naturales, que protegen a ese país y a sus habitantes de los afanes hegemónicos de Washington y de la voracidad de las empresas energéticas trasnacionales.
Con la promulgación de la nueva Constitución concluye un arduo proceso iniciado hace casi tres años, cuando se lanzó convocatoria a la Asamblea Constituyente; se erige un marco legal que responde a la actualidad social y política de esa nación y a los cambios ocurridos en esos ámbitos tras el arribo de Evo Morales a la presidencia, y se inaugura una nueva etapa en la vida republicana de ese país. Ayer, en suma, se vivió una jornada histórica para Bolivia y para toda América Latina, y cabe felicitarse por ello.
Ante decenas de miles de personas –campesinos, indígenas, dirigentes sociales, funcionarios de gobierno, elementos de la fuerza pública, representantes de la prensa nacional e internacional, ciudadanos comunes– el presidente de Bolivia, Evo Morales, proclamó ayer, día de la promulgación de la nueva Constitución –aprobada por amplia mayoría en el referéndum del pasado 26 de enero–, la refundación del país andino como un “Estado plurinacional, unitario, social y económicamente de socialismo comunitario”, en un acto que fue calificado por el mandatario como una “segunda independencia, la verdadera liberación del pueblo boliviano”.
La promulgación de la nueva Carta Magna reviste especial importancia por cuanto salda algunas de las deudas históricas y contribuye a corregir injusticias sociales que recorren el país andino. Entre otras cosas, el nuevo texto constitucional estipula la libre determinación “de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos”; consagra la potestad de la nación sobre los recursos naturales; reconoce un conjunto de autonomías étnicas, regionales, departamentales y municipales; promueve la reforma agraria y la eliminación de los latifundios –la propiedad agrícola no podrá ser mayor a 5 mil hectáreas–, y rompe, en suma, con una estructura de dominación de corte colonialista, basada en el poder de una minoría criolla y en la exclusión, la marginación y la explotación de los pueblos indios de ese país, que constituyen un porcentaje mayoritario de la población.
La recién promulgada Constitución representa un avance en el reconocimiento de la realidad multicultural de Bolivia, en la reivindicación de los derechos de amplias franjas de habitantes y en la consolidación de una sociedad plural y respetuosa. En contraste con lo que han señalado algunos sectores de la oposición boliviana, en el sentido de que la nueva ley suprema distingue entre “ciudadanos de primera y de segunda”, el texto apunta a la construcción de un país inequívocamente incluyente y, como lo señaló ayer el propio mandatario, “protege igual a todos los bolivianos y bolivianas; garantiza la igualdad de oportunidades para la gente del campo, garantiza la igualdad, dignidad y libertad” para todos los habitantes de la nación andina.
La refundación de ese país se da –es cierto– en un ambiente de confrontación y polarización política que, en meses y semanas recientes, se ha expresado a través de enfrentamientos violentos en distintas regiones del territorio. El gobierno y el pueblo bolivianos enfrentan la embestida de una oligarquía que se niega a renunciar a los privilegios que han sido afectados tras la llegada de Morales al poder y para ello se han valido de acciones abiertamente subversivas, secesionistas y hasta golpistas. Al respecto, es por demás significativo el hecho de que en la nueva Constitución haya sido incluido el añejo reclamo en torno a las autonomías, demanda que había sido explotada por la oposición oligarca con fines políticos, y en nombre de la cual se han cometido flagrantes violaciones a la legalidad, acciones fraudulentas y antidemocráticas como el referendo para aprobar el “estatus autonómico” de Santa Cruz de la Sierra, en mayo del año pasado.
Otro elemento de suma importancia en el nuevo texto constitucional es la ruptura con la tradición de injerencias por parte de Estados Unidos y la reivindicación de la soberanía nacional, elementos presentes en la prohibición a la instalación de bases militares en territorio boliviano y en el refrendo de la potestad del Estado sobre los recursos naturales, que protegen a ese país y a sus habitantes de los afanes hegemónicos de Washington y de la voracidad de las empresas energéticas trasnacionales.
Con la promulgación de la nueva Constitución concluye un arduo proceso iniciado hace casi tres años, cuando se lanzó convocatoria a la Asamblea Constituyente; se erige un marco legal que responde a la actualidad social y política de esa nación y a los cambios ocurridos en esos ámbitos tras el arribo de Evo Morales a la presidencia, y se inaugura una nueva etapa en la vida republicana de ese país. Ayer, en suma, se vivió una jornada histórica para Bolivia y para toda América Latina, y cabe felicitarse por ello.
¿Sólo con refinerías privadas?
Antonio Gershenson
El ocupante principal de Los Pinos culpó al PRI y a los partidos de izquierda de que en México no se puedan construir varias refinerías al mismo tiempo, por haber rechazado su propuesta de refinerías de empresas privadas. Que por haber mantenido el postulado constitucional de que sólo el Estado, Pemex en este caso, puede hacer refinerías, por eso sólo se pueden hacer de una en una.
Primer punto que no es cierto: no fueron sólo el PRI y los partidos de izquierda los que votaron en ese sentido. También el PAN y otras agrupaciones de derecha votaron por la iniciativa actual que excluye refinerías privadas y deja la responsabilidad a Pemex.
Segundo: no es cierto que con Pemex, que con una empresa estatal, se deban hacer las refinerías una por una. De esto nos vamos a ocupar más en detalle.
Tercero: el estudio de Pemex para una nueva refinería concluye que para la mayor rentabilidad no se debe hacer sólo un tren de refinación que procese 300 mil barriles de petróleo crudo diarios, sino 600 mil en dos trenes de refinación. Y establece que “una vez que se determinen el tamaño y configuración del primer tren de refinación (lo cual ya se hizo), pueden iniciarse los estudios para definir el segundo tren”, del cual dice que incluso podría ser en un sitio diferente del primero, o sea, una segunda refinería… y nada dice de esperar a que se termine la primera.
Se plantea que la ingeniería sea en 2009 y 2010, y que de 2010 a 2015 sea la obra. Todo 2009 debería aprovecharse consiguiendo el terreno, aplanándolo y en general empezando la obra civil en lo que ésta no requiere de los proyectos específicos.
Es un problema la lentitud con que se procede con esa parte inicial de la refinería. No sólo nos referimos a las declaraciones que sustituyen a los hechos. Una publicación especializada del medio petrolero internacional publica una información firmada en Los Ángeles. Dice que Pemex retrasa la construcción de la nueva refinería hasta fines de año (se refiere a fines de 2009). Se atribuye a funcionarios mexicanos a que de aquí a fin de año se definiría la mejor ubicación para la planta. Sin embargo, el estudio que, entre otras cosas, evalúa nueve posibles sitios y concluye cuál es el más rentable, no sólo ya se terminó sino que se envió al Congreso de la Unión desde el 31 de julio de 2008.
El artículo mencionado señala que Pemex anunció el plan de la refinería a mediados de 2008, y preveía empezar a preparar el sitio antes del final de 2008. Es obvio que eso implica un retraso.
No he visto que haya ningún desmentido de Pemex al citado artículo.
En cuanto a que siendo una empresa pública sólo se pueden hacer las refinerías una por una, ponemos un ejemplo que acaba de ocurrir: Brasil y la empresa pública Petrobras. Ya lo mencionamos el domingo pasado en este espacio; vamos a detallar más la información.
El viernes 23 de enero pasado, el consejo de administración de Petrobras aprobó el plan quinquenal 2009–2013, con un aumento de 55 por ciento frente al plan anunciado hace poco más de un año para 2008-2012. El aumento se aprobó a pesar de las críticas de sectores privados que decían que con la crisis esa inversión no se iba a recuperar. La respuesta fue que para cuando se terminen las refinerías de exportación, a partir de 2013, ya no va a haber crisis y sí una gran demanda de refinados, especialmente de diesel.
Una parte del plan de cinco años son las nuevas refinerías. Y sí se pueden hacer simultáneamente por una empresa estatal. La de Pernambuco, con capacidad de 200 mil barriles de crudo al día, entrará en operación en 2011. La de Río de Janeiro, que alimenta un nuevo complejo petroquímico del cual forma parte, procesa 150 mil barriles diarios y se termina en 2012. La unidad Premium I de Marianao, con 600 mil barriles diarios de capacidad, entra en 2013. Esta última tiene una capacidad doble que la de la única refinería que se anuncia para México. La Premium II, con 300 mil, en Ceara, entra en operación en 2014. Las Premium son para exportar refinados a Europa y Estados Unidos. También se construirá una refinería pequeña, para 30 mil barriles diarios, en Río Grande do Norte.
No se trata sólo de palabras y escritos. Para el complejo de Río de Janeiro, del que dijimos que entra en operación en 2012 (habrá una segunda etapa que se termine en 2013), ya se convocaron los primeros concursos (y no como aquí, puros discursos) de la parte de refinería, incluyendo la destilación atmosférica. Se anuncia que las obras de aplanado de tierras y otras asociadas estarán terminadas en diciembre de 2009.
Los nuevos yacimientos del área bajo la roca salina entrarán a tiempo para ayudar a alimentar las refinerías que vayan entrando en operación. La intención es no exportar crudo, sino vender ya el producto con el valor agregado por la refinación.
Las obras se llevan a cabo con recursos presupuestales, en buena medida con ingresos propios y lo demás consiguiendo dinero en el mercado. Ya hubo un crédito enorme de un banco japonés.
Así que sí se puede. Tal vez sean las personas a cargo del asunto quienes no sean las indicadas para que se pueda.
El ocupante principal de Los Pinos culpó al PRI y a los partidos de izquierda de que en México no se puedan construir varias refinerías al mismo tiempo, por haber rechazado su propuesta de refinerías de empresas privadas. Que por haber mantenido el postulado constitucional de que sólo el Estado, Pemex en este caso, puede hacer refinerías, por eso sólo se pueden hacer de una en una.
Primer punto que no es cierto: no fueron sólo el PRI y los partidos de izquierda los que votaron en ese sentido. También el PAN y otras agrupaciones de derecha votaron por la iniciativa actual que excluye refinerías privadas y deja la responsabilidad a Pemex.
Segundo: no es cierto que con Pemex, que con una empresa estatal, se deban hacer las refinerías una por una. De esto nos vamos a ocupar más en detalle.
Tercero: el estudio de Pemex para una nueva refinería concluye que para la mayor rentabilidad no se debe hacer sólo un tren de refinación que procese 300 mil barriles de petróleo crudo diarios, sino 600 mil en dos trenes de refinación. Y establece que “una vez que se determinen el tamaño y configuración del primer tren de refinación (lo cual ya se hizo), pueden iniciarse los estudios para definir el segundo tren”, del cual dice que incluso podría ser en un sitio diferente del primero, o sea, una segunda refinería… y nada dice de esperar a que se termine la primera.
Se plantea que la ingeniería sea en 2009 y 2010, y que de 2010 a 2015 sea la obra. Todo 2009 debería aprovecharse consiguiendo el terreno, aplanándolo y en general empezando la obra civil en lo que ésta no requiere de los proyectos específicos.
Es un problema la lentitud con que se procede con esa parte inicial de la refinería. No sólo nos referimos a las declaraciones que sustituyen a los hechos. Una publicación especializada del medio petrolero internacional publica una información firmada en Los Ángeles. Dice que Pemex retrasa la construcción de la nueva refinería hasta fines de año (se refiere a fines de 2009). Se atribuye a funcionarios mexicanos a que de aquí a fin de año se definiría la mejor ubicación para la planta. Sin embargo, el estudio que, entre otras cosas, evalúa nueve posibles sitios y concluye cuál es el más rentable, no sólo ya se terminó sino que se envió al Congreso de la Unión desde el 31 de julio de 2008.
El artículo mencionado señala que Pemex anunció el plan de la refinería a mediados de 2008, y preveía empezar a preparar el sitio antes del final de 2008. Es obvio que eso implica un retraso.
No he visto que haya ningún desmentido de Pemex al citado artículo.
En cuanto a que siendo una empresa pública sólo se pueden hacer las refinerías una por una, ponemos un ejemplo que acaba de ocurrir: Brasil y la empresa pública Petrobras. Ya lo mencionamos el domingo pasado en este espacio; vamos a detallar más la información.
El viernes 23 de enero pasado, el consejo de administración de Petrobras aprobó el plan quinquenal 2009–2013, con un aumento de 55 por ciento frente al plan anunciado hace poco más de un año para 2008-2012. El aumento se aprobó a pesar de las críticas de sectores privados que decían que con la crisis esa inversión no se iba a recuperar. La respuesta fue que para cuando se terminen las refinerías de exportación, a partir de 2013, ya no va a haber crisis y sí una gran demanda de refinados, especialmente de diesel.
Una parte del plan de cinco años son las nuevas refinerías. Y sí se pueden hacer simultáneamente por una empresa estatal. La de Pernambuco, con capacidad de 200 mil barriles de crudo al día, entrará en operación en 2011. La de Río de Janeiro, que alimenta un nuevo complejo petroquímico del cual forma parte, procesa 150 mil barriles diarios y se termina en 2012. La unidad Premium I de Marianao, con 600 mil barriles diarios de capacidad, entra en 2013. Esta última tiene una capacidad doble que la de la única refinería que se anuncia para México. La Premium II, con 300 mil, en Ceara, entra en operación en 2014. Las Premium son para exportar refinados a Europa y Estados Unidos. También se construirá una refinería pequeña, para 30 mil barriles diarios, en Río Grande do Norte.
No se trata sólo de palabras y escritos. Para el complejo de Río de Janeiro, del que dijimos que entra en operación en 2012 (habrá una segunda etapa que se termine en 2013), ya se convocaron los primeros concursos (y no como aquí, puros discursos) de la parte de refinería, incluyendo la destilación atmosférica. Se anuncia que las obras de aplanado de tierras y otras asociadas estarán terminadas en diciembre de 2009.
Los nuevos yacimientos del área bajo la roca salina entrarán a tiempo para ayudar a alimentar las refinerías que vayan entrando en operación. La intención es no exportar crudo, sino vender ya el producto con el valor agregado por la refinación.
Las obras se llevan a cabo con recursos presupuestales, en buena medida con ingresos propios y lo demás consiguiendo dinero en el mercado. Ya hubo un crédito enorme de un banco japonés.
Así que sí se puede. Tal vez sean las personas a cargo del asunto quienes no sean las indicadas para que se pueda.
Los ciclos de los movimientos sociales
Página/12
Los foros sociales mundiales, regionales y nacionales nacieron en un período de ascenso de las luchas sociales contra la primera fase del modelo neoliberal, como forma de establecer relaciones no jerárquicas ni centralizadas entre los más diversos movimientos del mundo. En buena medida sus éxitos se debieron a que, a diferencia de los movimientos antisistémicos del período anterior, no reprodujeron algunos de sus errores y afirmaron su autonomía de los partidos de izquierda y de los gobiernos progresistas, aunque mantengan fluidas relaciones con ellos.
Naturalmente, luego del ascenso vino el declive de la actividad pública de los movimientos, que se enfrentaron con escenarios políticos mucho más complejos en los que no siempre acertaron a ubicarse. En poco tiempo dejaron de ocupar, como en la década anterior, un lugar central en el tablero político. La llegada a los gobiernos de una camada de fuerzas y presidentes progresistas y de izquierda, gracias a la oleada de movilizaciones y resistencias que deslegitimaron el modelo neoliberal, contribuyó a desplazarlos del lugar que habían jugado en los '90. Como se señaló repetidamente en el reciente Foro Social Mundial en Belém, el papel de los movimientos fue y seguirá siendo relevante desde el punto de vista del cambio social, pese a que una buena parte de ellos hayan sido cooptados. Sin embargo, sería poco responsable culpar de ello sólo a una de las partes, ya que en el seno de los movimientos las tendencias a la subordinación han desplazado, en no pocos casos, las tendencias a la autonomía. Este debería ser uno de los ejes de los debates en el período actual.
El problema mayor que atraviesa el continente está, sin embargo, en otro lugar. Sería demasiado simplista asegurar que el neoliberalismo es cosa del pasado por el solo hecho de que el aparato estatal sea gestionado por fuerzas que enarbolan un discurso antineoliberal. El modelo inspirado en el Consenso de Washington, pese a la profunda crisis en curso y a la erosión de su credibilidad, está lejos de haber desaparecido. Luego de una primera fase anclada en las privatizaciones, la apertura de las economías y un conjunto de desregulaciones que redundaron en un debilitamiento del Estado, fue creciendo hasta hacerse hegemónica una segunda fase basada en la minería a cielo abierto, los monocultivos de soja y caña de azúcar para biocombustibles y el complejo forestación-celulosa.
Este tipo de emprendimientos muestra la hegemonía del capital financiero en el control de los recursos y bienes comunes, de tal magnitud que están rediseñando de arriba abajo las economías sudamericanas. Mientras la primera fase del modelo fue piloteada por gobiernos conservadores como los de Fernando Henrique Cardoso y Carlos Menem, esta segunda fase la comandan los gobiernos progresistas, lo que induce a confusión a numerosos analistas que se focalizan en el discurso de los gobernantes. Pero los movimientos no se han dejado seducir por los argumentos que hablan de un "posneoliberalismo". El MST de Brasil asegura una y otra vez que el agronegocio creció como nunca bajo el gobierno de Lula, desplazando a la agricultura familiar y expandiendo la frontera agrícola al punto de poner en peligro la sobrevivencia de la Amazonia.
En segundo lugar, se suelen omitir las contradicciones existentes aquí y ahora entre los gobiernos progresistas y los movimientos sociales. Por debajo del discurso de Rafael Correa, en Ecuador se despliega una durísima batalla de los movimientos indígenas contra la minería a cielo abierto apoyada con entusiasmo por los mismos que hablan de "socialismo del siglo XXI". La huelga y movilización del 20 de enero para impedir la aprobación de la Ley Minera se saldó con decenas de heridos y detenidos en el marco de una represión no muy diferente de la que ejercían gobiernos anteriores. La compacta defensa de Correa de una actividad como la minera, que es punta de lanza del neoliberalismo actual, pone en negro sobre blanco los límites del progresismo de la región.
La debilidad por la que atraviesan los movimientos no permite concluir que ahora sean los gobiernos la punta de lanza contra el neoliberalismo o los hacedores del cambio social. Es cierto que el progresismo ha reforzado el papel del Estado en la economía, frenó las privatizaciones cuando ya queda poco por privatizar, promueve políticas sociales más ambiciosas y busca regular algunos aspectos de la actividad económica. Pero en modo alguno puede decirse que se esté procesando una ruptura con el modelo, quizá con la excepción de Bolivia. Pese a estos cambios, la "acumulación por desposesión", que es el núcleo del neoliberalismo, sigue intacta como lo demuestran la creciente concentración de riqueza y la depredación del medio ambiente. Será imposible salir del modelo sin mediar una profunda crisis política, ya que las fuerzas interesadas en mantenerlo han acumulado mucho poder material y mediático y cuentan con amplios apoyos sociales que abarcan capas nada despreciables de los asalariados.
En los períodos de repliegue de la movilización social suelen tejerse en la sombra los lazos de las futuras acciones que conformarán nuevos ciclos de lucha. Así sucedió en los oscuros primeros años de la década de 1990, y es muy probable que ahora esté sucediendo algo similar. Cuando la acción social vuelva a desplegarse con todo su vigor, serán los gobernantes progresistas los que deberán tomar su lugar de un lado u otro de las barricadas. Porque en el próximo ciclo de luchas serán, en buena medida, el blanco de la actividad de los movimientos sociales.
Bazar del Gobierno Legítimo
Hacemos una atenta invitación a todos y todas al bazar del gobierno legítimo, que se llevara a cabo mañana domingo, a partir de las 10 horas, en San Luis Potosí 70, en la colonia Roma. Apoya a la defensa de la economía popular, del petróleo y la soberanía nacional.
Laura G. Nieto.
SONRIE QUE GANAMOS, RESISTIMOS CONTRA EL FRAUDE
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR PRESIDENTE LEGÍTIMO DE MÉXICO.
PASO A PASO CONSTRUIMOS LA CUARTA REPÚBLICA
ES UN HONOR LUCHAR CON OBRADOR
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR PRESIDENTE LEGÍTIMO DE MÉXICO.
PASO A PASO CONSTRUIMOS LA CUARTA REPÚBLICA
ES UN HONOR LUCHAR CON OBRADOR
NO A LA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX
APOYA AL MOVIMIENTO NACIONAL EN DEFENSA DE LA ECONOMÍA POPULAR, DEL PETRÓLEO Y DE LA SOBERANÍA NACIONAL
LA PATRIA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE
LA PATRIA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE
Puedes depositar tus contribuciones al Gobierno Legìtimo en la cuenta número 0544555080 de Banorte, a nombre de Honestidad Valiente A.C., desde $30.00 hasta $30, 000.00
Editorial. En la lucha por el Poder. .
Año 6, número 2518
Domingo 08, febrero del año 2009
Domingo 08, febrero del año 2009
En plena lucha por el Poder, los medios electrónicos de comunicación, principalmente las televisoras, se rebelan a la Autoridad que representa el traspatio de los Partidos Políticos, el IFE y deciden pasar los obligados spots a la hora que les da la gana.
Autoridad Electoral quien sin ninguna calificación moral para censurar a nadie por delitos electorales (solo recordar lo que pasó en el 2006) o sea, reservándose el derecho para hacer fraudes, tendrá que hacer algo ante la rebelión si no quiere que los próximos comicios terminen en otro desastre.
Aunque también cabe la perversa posibilidad de que su actuar obedezca a predeterminada conducta, que auspiciando el desorden, ante la consabida lentitud de las Autoridades en materia de Justicia, de alguna manera lo facilite para después las elecciones tengan que ser calificadas por el no menos desprestigiado TEPJF y cometer otro fraude.
Porque siempre se ha dicho, y el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra, que si las cosas suceden una vez, pueden o no volver a suceder; pero si suceden dos veces, se puede tener la seguridad de que volverá a suceder.
Y solamente olvidando lo que ya nos hicieron en el 88 y en el 2006 para la Presidencia (en las elecciones de los Estados los fraudes se suceden continuamente; y esa es la realidad de la Democracia en nuestro México, no admitirlo es no pisar tierra) se puede ser lo suficientemente iluso como para volver a votar.
Por lo que ya sabiendo que viene de nueva cuenta otro fraude, sería bueno que los ciudadanos que no queremos el México que estamos viviendo, que somos la mayoría, dejáramos solos a los Partidos Políticos y su show dizque democrático y de alguna manera nos uniéramos virtual y efectivamente a través de un boicot a productos comerciales específicos (como la Coca-Cola).
Lo que actuaría como una verdadera fuerza coercitiva y pacífica que acabaría forzando a las Autoridades a acatar el mandato del Pueblo. Y así la Democracia estaría en nuestras manos. De nosotros depende.
600,000 Jobs Lost in January, Senate Conservatives Ask: What's The Rush?
No hurry, unless it's a bank bailout or Tax cut for the Rich
Just for the record, that means 3.6 million jobs lest since this recession began.
Today, the Labor Department reported that the economy lost 598,000 jobs in January, the worst monthly jobs loss since 1974. 1.8 million jobs have been lost in the last three months alone, and U.S. unemployment now stands at 7.6 percent, the highest in nearly two decades.
While President Obama and congressional Democrats are pushing for a recovery and reinvestment plan that the non-partisan Congressional Budget Office predicts would create up to 3.6 million jobs by next year, Republicans are stonewalling action to help the economy recover. Even as millions of Americans are losing their jobs, conservative Senators insist that there's no rush to help them:
LINDSEY GRAHAM (R-SC): We do not need any more news conferences. What we need is getting more than 16 people in a room. We need to slow down, take a timeout, and get it right.
ROGER WICKER (R-MS): As Thomas Jefferson reminded Americans in his day -- and I quote -- "Delay is preferable to error." Let's not rush into doing this the wrong way.
JOHN ENSIGN (R-NV): So we need to act much more responsibly than this bill acts. It's still time. There is no hurry.
TOM COBURN (R-OK): There's no reason for us to hurry up, number one. There's no reason for us not to look at every area of this bill and make sure the american people know about it.
Watch a compilation:
As Unemployment Skyrockets, GOP Senators Ask "What's The Rush?"
http://www.youtube.com/watch?v=F_660Jyx6Ow
Speaking to House Democrats last night, Obama emphasized that the soaring jobless rates "aren't just statistics"; they're real people who are counting on Washington to reinvest in America's economic future -- and to do it now:
[T]hese aren't just statistics. This is not a game. This is not a contest for who's in power and who's up and who's down. These are your constituents. These are families you know and you care about. [...]
We're not moving quickly because we're trying to jamb something down people's throats. We're moving quickly because we're told that if we don't move quickly, that the economy is going keep on getting worse, and we'll have another 2 or 3 or 4 million jobs loss this year.
I'd love to be leisurely about this. ... We're not doing this because we think this is a lark. We're doing this because people are counting on us.
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