Peña Nieto: la historia de un guardarropa de 2 mdd

Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México.

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 9 de junio (apro).- Cuenta la tradición de la Casa Bijan, creada por el iraní Bijan Pakzard, que el cliente que adquiere un mínimo de 2 millones de dólares en prendas de vestir, accesorios y perfumes se gana la distinción de que su nombre aparezca rotulado en un reloj que se coloca en el aparador del establecimiento en el 420 de Rodeo Drive, en la exclusiva zona de Beverly Hills.

Uno de los “clientes frecuentes” que apareció en la vitrina y cuyo nombre fue grabado en un video que ayer apareció en Youtube es el de Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México.

La difusión de esas imágenes que recorren el aparador de la Casa Bijan ha generado el más grave y reciente escándalo en torno a la figura del gobernador consentido por las televisoras.

A tal grado es el escándalo, que la oficina de Comunicación Social del Estado de México emitió un boletín para negar que Peña Nieto fuera “cliente frecuente” de la Casa Bijan, un sitio donde unos calcetines pueden costar hasta 500 dólares, un traje más de 50 mil dólares y una corbata tiene un precio superior a los 3 mil dólares.

La oficina de prensa del gobierno mexiquense divulgó también una carta de la tienda Casa Bijan donde ellos niegan que Peña Nieto fuera “uno de nuestros clientes frecuentes” y explicó que su nombre apareció en uno de los relojes de los aparadores de la tienda “por una decisión personal del dueño de la tienda”.

El portal Terra entrevistó a uno de los acomodadores de vehículos, en la misma calle de Beverly Hills donde está Casa Bijan y el hombre, de origen mexicano, afirmó:

“Claro que el ‘presidenciable’ viene por aquí. Yo lo he visto en uno de los negocios que visita que es Cartier. ¿Quién no lo reconoce?”

Menos conocidos físicamente porque no aparecen en la pantalla televisiva todos los días, otros millonarios del Estado de México, que figuran en la vitrina de la Casa Bijan son Carlos Peralta y Carlos Hank Rhon, hermano del exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, actualmente procesado por la Procuraduría General de la República.

Antes de que detonara el escándalo, el reloj con el nombre de Enrique Peña Nieto y la bandera mexicana aparecía junto a los de la farándula política de Estados Unidos como Arnold Schwarzenegger o Tom Cruise. Por supuesto, también junto a príncipes y aristócratas del viejo continente que consideran una deferencia que el establecimiento reconozca que ha gastado más de 2 millones de dólares en prendas.

'EXHIBEN' A PEÑA NIETO EN TIENDA DE REYES

REFORMA . Estado de México (8 junio 2011).- Un video que circula desde el lunes en YouTube muestra que el aparador de la exclusiva tienda de diseño de ropa para hombres Bijan, en Beverly Hills, exhibe un reloj de pared con el nombre del Gobernador Enrique Peña, distinción que la firma hace para sus clientes frecuentes, a quienes se les considera así a partir de haber sumado en su cuenta 2 millones de dólares.

El video muestra, en un plano secuencia, que en el aparador de la tienda se hallan los relojes dedicados a personajes mexicanos como Carlos Slim, Jorge y Carlos Hank Rhon, Jaime Camil padre, así como Vicente y Alejandro Fernández.
Entre los personajes internacionales que se destacan por hacer sus compras ahí se encuentran al Príncipe Guillermo, el Príncipe Carlos y el Rey Juan Carlos.

En los subtítulos que se agregaron en la edición posterior al plano secuencia que muestra el reloj de Peña Nieto, se cuestiona si es posible que un funcionario público, sin actividad empresarial ni ingresos adicionales, puede ser cliente frecuente de tiendas como esta, donde arman su guardarropa personalidades del máximo nivel económico.

El video suma, a dos días de haberse subido a la red, unas 2 mil 269 reproducciones.


http://youtu.be/mEIhxrmkRXM

Spot "Ellos" (Alejandro Encinas)

http://youtu.be/Qr3sremNY5o

AGENDA, GIRA DE CAMPAÑA DE ALEJANDRO ENCINAS
Agenda Campana Alejandro Encinas

Parlamento colombiano excluye a víctimas de paramilitares

En espectáculo se convierte una de las demandas más sentidas en Colombia: la de justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en las últimas décadas. Con una ley que supuestamente busca resarcir los daños –pero que se realiza a espaldas de las víctimas y sus familiares– se promueven políticos y “líderes de opinión”

Helda Martínez / IPS-Voces de la Tierra

Álvaro Cepeda Neri *

Bogotá, Colombia. La discusión del proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras avanza en el parlamento de Colombia con amplio registro mediático y entusiastas declaraciones gubernamentales, pero sin que sean atendidos los reclamos de las propias víctimas, los campesinos despojados.

Ante la indiferencia de los grandes medios de comunicación, representantes de ocho organizaciones de campesinos desplazados de sus hogares y tierras entregaron a cada uno de los integrantes de la Comisión Primera del Senado, que trata la iniciativa, un documento en el que expresan sus dudas y lo que entienden son falencias del texto.

Hasta ahora, “no fuimos consultados sobre el texto del proyecto”, se queja ante IPS Orlando Burgos, presidente de la Mesa Nacional de Fortalecimiento de Organizaciones de Población Desplazada.

La norma de reparación podría beneficiar a unas 400 mil familias campesinas desplazadas de sus hogares y de sus tierras de labranza, que involucra alrededor de 2 millones de personas. Es uno de los puntos centrales del programa de gobierno del derechista Juan Manuel Santos, que trata de poner en marcha su ministro de agricultura y desarrollo rural, Juan Camilo Restrepo.

En ese contexto se trata de entregar títulos de propiedad de las tierras que, en el marco del añejo conflicto armado interno, se apropiaron los paramilitares de ultraderecha, con apoyo de una cantidad de grandes ganaderos, terratenientes y gobernantes locales y parlamentarios involucrados en lo que se llamó la “parapolítica”, muchos de ellos hoy encarcelados.

Está práctica de despojo en el mundo rural cruza la historia contemporánea colombiana; aparece ligada a los distintos episodios de violencia política y se evidencia ya en la segunda década del siglo XX con la primera masacre, en 1928, contra trabajadores que exigían el cumplimiento de sus derechos a la firma trasnacional de origen estadunidense United Fruit Company, en Ciénaga, municipio del caribeño departamento de Magdalena.

Colombia sufrió la peor etapa de la violencia bipartidista “entre 1948 y 1958”, cuando murieron unos 200 mil de los 13 millones de colombianos de entonces, “especialmente en el campo, y fueron desplazados alrededor de 2 millones de campesinos”, escribió en marzo en su blog el senador izquierdista Luis Carlos Avellaneda, del Polo Democrático Alternativo (PDA).

Con la Reforma Agraria aprobada en 1961, durante el gobierno del liberal Alberto Lleras Camargo (1958-1962), surgieron nuevas esperanzas para la población campesina, que en esa época representaba casi 70 por ciento del total de la población del país.

En 1967 nació la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que “alcanzó 1 millón de afiliados y ocupó unas 2 mil haciendas entre 1971 y 1975”, según Avellaneda, miembro de la Comisión Primera encargada del análisis del proyecto de restitución.

Pero fue en esos años, con la presidencia del conservador Misael Pastrana (1970-1974), que se produjo la contrarreforma, en 1973, la cual “propició involuciones normativas y planes de despojo, encarcelamiento y persecución al movimiento campesino”, añade el senador.

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¿El PRI a la derecha del PAN contra los obreros?

Álvaro Cepeda Neri *

En las páginas de Contralínea (10 de abril de 2011, fecha intencionalmente pasada por alto por Calderón y su grupo, para ni siquiera un recordatorio del asesinato de Emiliano Zapata, tan olvidado ahora como los propios campesinos sobreviven en el desastre del campo), apareció el ensayo de Marcos Chávez critica la intentona, todavía vivita y coleando, de la iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN)-Partido Revolucionario Institucional (PRI) para, indirectamente, anular el artículo 123 constitucional y, directamente, introducirle contrarreformas político-laborales a la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria de la disposición histórica, devenida en victoria de papel.

Son los legisladores panistas y priistas, en la Cámara de Diputados del Congreso general, quienes perversamente han asegurado que no se trata de modificaciones a la ley fundamental de toda la Unión. Y que los planteamientos de los abogados patronales (El Financiero, 14 de abril de 2011) y los requerimientos de los empresarios son dignos de atenderse para “actualizar” la legislación del trabajo. Es la maniobra de los diputetes para legalizar el desmantelamiento de facto de las conquistas obreras de los empleados con patrones que han estado implantándose para facilitar la depredadora embestida del capitalismo salvaje con su máscara de neoliberalismo económico.

No es que piadosamente el PRI, desde su fundación en 1946 (salido de las entrañas callistas del Partido Nacional Revolucionario y cardenistas del Partido de la Revolución Mexicana), haya, más menos que más, estado de parte de los trabajadores desde el nacimiento y consolidación de la Confederación de Trabajadores de México (1936, con Vicente Lombardo y Fidel Velázquez) hasta su actual agonía en manos del nefasto Gamboa Pascoe. Lo que sucedía era que utilizaban a esos millones de mexicanos para las votaciones del partido casi único y para las manifestaciones de apoyo “y de a huevo” al sistema hegemónico.

Entonces, tras la conquista del artículo 123, como logro de la Revolución Mexicana, un cierto paternalismo de interés político hacía que los ampararan frente a los patrones y empresarios. El PRI, empero, se resquebrajó con sus excesos autoritarios a partir de Díaz Ordaz y la revuelta estudiantil de 1968, que abrió paso a los presidentes de la República del populismo (Echeverría y López Portillo) y luego nacen los privatizadores enganchados al neoliberalismo económico: De la Madrid, Salinas y Zedillo, que de plano vuelcan el apoyo gubernamental y políticas públicas hacia patrones y empresarios, para abandonar a su suerte a los trabajadores.

El priismo, con ese trío –Miguel de Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo–, se pone a la derecha del PAN y le abren la posibilidad de competir y ganar, a duras penas, presidencias municipales, diputados en los Congresos de los estados, legisladores federales, gobernadores y, finalmente, el arribo a la Presidencia de la Republica con Fox y Calderón para, de una vez por todas, entregar la economía pública a la economía privada. Y los trabajadores, campesinos, los millones de empleados, etcétera, vendiendo su fuerza laboral con salarios de hambre, desmantelamiento de los sistemas de salud y echados a la calle para ingresar al desempleo masivo, el empobrecimiento total y millones de jóvenes privados de estudiar en las escuelas públicas de estudios superiores.

Nuevamente está en marcha reformar-contrarreformar la legislación del trabajo para consolidar los hechos antiobreros que prácticamente aparecieron desde 1982. Los diputados federales del PRI en el Congreso, los del botín en el sindicalismo espurio y los abogados patrones han ido más allá del PAN y la iniciativa de contrarreformas de Calderón-Lozano, como una ultraderecha de la derecha, presentando una iniciativa de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo que deja a los trabajadores en total estado de indefensión. Los quieren convertir en esclavos de los intereses de los hombres de presa del capitalismo salvaje.

La intentona del priismo, por medio de sus representantes en la Cámara de Diputados, del Congreso general (comandados por el peñanietista Francisco Rojas, todavía salinista), proponiendo contrarreformas laborales a la derecha de la ultraderecha del PAN y su iniciativa preparada por el diazordacista Lozano Alarcón, ha sido suspendida. Y no hay por qué cantar victoria y desconfiar del debate al que convocaron para discutir esas contrarreformas favorables al panismo y al calderonismo. Hacerle el trabajo sucio al PAN tan de buena gana exhibe al viejo PRI y éste deja mal parado al PRI que, sin Peña Nieto y su grupo, busca posicionarse ante un electorado que ha mostrado intenciones de sufragar a su favor en las elecciones presidenciales.

En mala hora, el PRI de Peña Nieto quiere las contrarreformas, que ahora aplazó por el riesgo electoral mexiquense, donde enfrenta la alternativa de ganar apretada y hasta tramposamente ante un Partido de la Revolución Democrática forzado a no aliarse con los panistas de Calderón y que pondrá a Peña Nieto y a su PRI contra las cuerdas. Y si el galán del copete ganara, en una u otra forma con una victoria pírrica, ésta lo desplazará de su candidatura presidencial hecha del apoyo de Televisa y sus corifeos mediáticos a cambio de multimillonaria suma. Si el PRI que busca renovarse a través de una reforma del estado, política y fiscal no hace el contrapeso al PRI peñanietista, entonces desde ahora debe decir adiós a la Presidencia de la República.

*Periodista

Fuente: Contralínea 236 / 05 de junio de 2011

La nueva generación

9 Junio 2011

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Los mitos sobre Jorge Hank Rhon

Jorge Hank Rhon, exalcalde de Tijuana.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 10 de junio (apro).- El exalcalde Jorge Hank Rhon es una persona en torno de la cual giran una serie de mitos. Y es que no sólo se le ha vinculado con el crimen organizado, también se ha dicho que es el autor intelectual del asesinato de periodistas, que es muy amigo de Benjamín Arellano y que lava el dinero del menguado cártel de los hermanos Arellano Félix.

Pero está su otra faceta: la de empresario con estrella y guardián irredento de su virilidad.

Dicen de él que está tan cerca de Dios como del diablo, pues así como se le ha vinculado con los cárteles de la droga, como empresario también tuvo el privilegio de transportar en su ya extinta línea aérea (TAESA) al ahora beato Juan Pablo II, cuando visitó México por tercera ocasión , el 17 de julio de 1992.

Desde que llegó a vivir a Baja California, a fines de los ochenta, Jorge Hank Rhon se convirtió en un hombre de dudas, y hoy se ha sumado una más en torno de su persona: ¿Quién y por qué decidió incriminarlo por acopio de armas y ponerlo tras las rejas?

Para nadie que vive en Baja California, lo conoce o ha estado cerca de él, es desconocido que el hijo del profesor Carlos Hank González siempre ha tenido hombres armados a su lado, que su aparatoso grupo de seguridad siempre trae armas largas y que en más de una ocasión sus escoltas han provocado algún altercado con la sociedad o la policía.

Por ejemplo en el año 2000, cuando Roberto Madrazo abandonaba la pequeña ciudad de Rosarito, en Baja California –durante su campaña por la presidencia de la República–, el equipo de seguridad de Jorge Hank tuvo un altercado con un automovilista.

Ante la sorpresa de la prensa nacional que acompañaba al priista, los escoltas del empresario sacaron sus R-15 y obligaron a la ciudadana que los había increpado a bajar la guardia.

Así pues, no es novedoso que Jorge Hank tenga armas en su poder, y hasta resulta normal que un empresario, por el tipo de giro que maneja oficialmente, tenga hombres armados a su alrededor.

Lo que sí es extraño es que hasta ahora se le aprehenda y juzgue por ello.

Uno de los nuevos mitos que gira alrededor de la pensión del dueño de Grupo Caliente es que se trató de un intercambio de información y un acuerdo al que llegaron un exgobernador y Felipe Calderón.

La versión señala que entre los ya famosos “expedientes negros” que el gobierno federal panista armaba contra priistas conocidos, figuraba un exgobernador, sobre quien se irían en primer término.

Este exgobernador, con un abultado expediente de enriquecimiento ilícito y quien habría adquirido por lo menos 120 propiedades –que con el salario que percibía jamás podría comprarlas–, buscó a Felipe Calderón.

El intermediario entre el primer exmandatario estatal que el gobierno enviaría a la horca y Felipe Calderón habría sido Liébano Sáenz. El exgobernador, priista, por supuesto, y con un gran conocimiento del grupo Atlacomulco, relató todas las andanzas de Jorge Hank y de cómo él mismo se llegó a rodear de gente cercana a su padre, el profesor Carlos Hank González. También habría dicho que al exponerlo públicamente se golpearía de manera mediática a Enrique Peña Nieto, favorito en las encuestas para ocupar la presidencia de la República.

No olviden –les habría dicho el exmandatario estatal a los panistas– que los hombres del profesor han sido los hombres de su hijo, y que si le pegan a Hank le pegan a cualquier priista que provenga o haga política por el Estado de México.

Y para muestra un botón: el profesor Hank tuvo como sus abogados de confianza a Ricardo García Villalobos (quien con los años pasó a ocupar el mismo papel, pero con Roberto Madrazo) y Humberto Benítez Treviño, concuño de Ernesto Santillana Santillana.

Cuando Jorge Hank ganó, para sorpresa de muchos, la alcaldía de Tijuana, Baja California, nombró como secretario de Seguridad Pública a Santillana, un hombre que llegó a la entidad para crear los llamados “comandos negros policíacos”, que se encargaban de acabar con “los malosos”.

Pero los modos de Santillana no gustaron a los bajacalifornianos, de tal manera que Jorge Hank tuvo que removerlo del cargo.

Ernesto Santillana encontró cobijo muy rápido. Primero fue enviado a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), algo que tampoco agradó a quien en ese momento estaba al frente, Manlio Fabio Beltrones, así es que antes de que diera de qué hablar, también fue relevado del cargo.

Pero el hombre de todas las confianzas del profesor Carlos Hank se encontró con Humberto Benítez Treviño y fue nombrado subprocurador del Estado de México.

Hoy, Benítez Treviño es parte de la bancada más numerosa del PRI en San Lázaro, la del Estado de México. Y, como el resto de sus compañeros mexiquenses, tiene un peso extraordinario a la hora de tomar decisiones que impliquen blindar a Enrique Peña Nieto.

El ex mandatario estatal que habría entregado todo un informe sobre las andanzas de Jorge Hank era el primero que el gobierno panista tenía en la mira como parte de los expedientes negros. Pero traicionó a Hank para salvar el pellejo.

Al pasar los meses nos daremos cuenta si el gobierno calderonista –viendo que el efecto Hank no fue tan nocivo como lo esperaba en las elecciones del Estado de México– no se verá tentado a traicionar su palabra empeñada y sacar, ahora sí, el expediente sobre el primer ex gobernador priista que tenía en la mira.

Y por la forma en que operó el gobierno federal en el caso de Jorge Hank Rhon, que con la utilización del Ejército y sin orden de un juez allanó la casa del exalcalde, seguramente el exgobernador “informante” no está muy tranquilo, como tampoco lo están el resto de los exmandatarios del norte y sureste de México.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

Cortados por la misma tijera

Desfiladero

Imagen del reloj con el nombre de Enrique Peña Nieto, en la tienda Bijan Tomada de Youtube.

Jaime Avilés

Rodeo Drive, ubicada en el centro del barrio de Beverly Hills, en Los Ángeles, a donde acuden de compras las grandes estrellas de Hollywood, los más ricos entre los ricos y los políticos más desvergonzados. En el número 420 de esa calle se erige Bijan, una tienda de ropa exclusiva para hombres, creada por el modista iraní Bijan Pakzad, a la que sólo se puede acceder mediante previa cita.

Fundada en 1976, Bijan se ufana de haber vestido a Barack Obama, George Bush, Ronald Reagan, al príncipe Carlos de Inglaterra, al ex presidente ruso Vladimir Putin, a Tony Blair, a Arnold Schwarzenegger, a John Kerry, a Tom Cruise, Jack Nicholson y Anthony Hopkins, a Giorgio Armani y Óscar de la Renta, a Michael Jordan y a Carlos Slim.

En su vitrina, exhibe una colección de relojes que ostentan el nombre, el cargo, el color de la bandera y la hora local del país de origen de sus clientes más generosos, a quienes les concede tal distinción por haber adquirido trajes, camisas, corbatas, bufandas, abrigos, calcetines, pañuelos, calzoncillos, relojes o perfumes por dos millones de dólares o más.

En ese escaparate figura junto a los ex emperadores de oriente y occidente antes mencionados, el primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi; el ex gobernador Miguel Alemán; el ex procurador general de la República, Fernando Lozano Gracia; el magnate Carlos Peralta, los cantantes Vicente y Alejandro Fernández, el ex presidente municipal de Tijuana –de momento preso por acopio de armas– Jorge Hank Rhon y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto.

La sorprendente noticia fue divulgada hace unos días en Youtube por alguien que se hace llamar dr_yanez, quien con una cámara por momentos temblorosa, quizá debido a la emoción que le provocó semejante hallazgo, grabó de lejos y de cerca el reloj correspondiente a Enrique Peña Nieto, governor, y se preguntó en voz alta cómo un funcionario público, que supuestamente vive de su sueldo, pudo gastarse al menos 25 millones de pesos en ropa... sin ser un corrupto de siete suelas.

Berlusconi se hizo rico en la mafia del mercado inmobiliario de Milán, antes de dedicarse a la política. Que haya despilfarrado dos millones de dólares en Bijan se entiende. Que el príncipe Carlos se haya dado ese lujo también es comprensible: es un zángano mantenido por los súbditos de su madre. Que personas exitosas como Michael Jordan, Tom Cruise, Giorgio Armani o Jack Nicholson se permitan semejante derroche parece lógico aunque en el fondo sea insultante.

A nadie puede sorprender tampoco que Miguel Alemán, heredero del precursor de la oligarquía mexicana de los años 50; los muy populares cantantes Fernández, padre e hijo, el niño nacido en pañales de seda, Jaime Camil, y el dueño de la mayor cadena de casas de apuesta de México, Jorge Hank Rhon, por frívolos y vanidosos, se vistan en Bijad y paguen lo necesario para que les pongan su relojote en la vitrina. Pero Enrique Peña Nieto el intachable, el transparente, el austero, ¿de dónde?

Aunque su oficina de prensa niegue que el gobierno del estado de México sea cliente frecuente de Bijan –algo que de ninguna manera afirma el video del dr_yanez–, Peña Nieto no puede desmentir las imágenes que ofrece el documental en Youtube, ni contrarrestar las razonables sospechas que éstas despiertan acerca de lo que podría llevarlo a los tribunales: enriquecimiento inexplicable.

Si algo demuestra este escándalo, en todo caso, es que Hank Rhon, Berlusconi y Peña Nieto fueron cortados por las mismas tijeras: las del mágico sastre iraní, que murió el pasado 16 de abril, a la edad de 67 años, pero también por las del bandidaje a la sombra del poder público.

Otras figuras públicas que también parecen cortadas por las mismas tijeras, por su tendencia a criminalizar las protestas sociales, serían el secretario de Gobernación, José Francisco Blablablake; el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Esther Orozco.

Luego de cinco años de pacífica y tenaz resistencia, los habitantes de Temacapulín, Acasijo y Palmarejo, en los Altos de Jalisco, se plantaron en marzo en la zona donde una empresa española construye la cortina de la presa El Zapotillo, que inundará y borrará del mapa sus pueblos.

Gracias a esa movilización lograron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) encargara al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) un peritaje sobre los monumentos de esas localidades. El pasado 26 de mayo, el titular del INAH-Jalisco, Cuauhtémoc de Regil Fernández de Lara, entregó un dictamen donde exige que se conserve en su sitio de origen todo el patrimonio arquitectónico de Temacapulín, ya que representa un hito urbano histórico, cuyo valor es de interés manifiesto de sus habitantes, y su conservación responsabilidad del Estado mexicano.

¿Ah, sí? El negocio de El Zapotillo, fraguado por los inversionistas españoles que incrustaron a Felipe Calderón en Los Pinos, no iba a frustrarse por eso. Cinco días después del dictamen de De Regil, Conagua exhibió (sin mostrar su contenido) otro peritaje, firmado por tres funcionarios de rango superior en el INAH –Agustín Delgado, coordinador nacional de monumentos; Arturo Balandrano, director de apoyo técnico, y la directora de licencias, Ana María Lara–, que ordenan el traslado del patrimonio arquitectónico de Temacapulín a la ciudad fantasma de Talicoyunque, donde pretenden reubicar a los desplazados cuando se llene la presa.

Acto seguido, Gobernación cerró las negociaciones con los inconformes, no sin antes recordarles que podría activar las denuncias penales que pesan contra ellos, porque al suspender la construcción de la presa causaron pérdidas económicas millonarias. Por su parte, la rectora de la UACM incurrió en una conducta similar anteayer, al término de la sesión del consejo que dio entrada a la solicitud de revocación de mandato presentada en su contra por una parte de la comunidad académica y estudiantil.

Al finalizar la sesión, la secretaria técnica del consejo, Gloria Luz Alejandre, renunció a su cargo asegurando que había recibido amenazas de muerte. Quienes promueven la destitución de Orozco habían exigido también la salida de Alejandre porque ésta, en repetidas ocasiones, se negó a convocar a los integrantes del consejo obedeciendo órdenes de la rectora pero faltando a sus obligaciones. Así, tras el desmedido señalamiento de que se iba porque teme por su seguridad, la rectora dijo que pedirá a su amigo, el procurador capitalino Miguel Ángel Mancera, que le ponga escoltas y proceda contra quienes se escudan en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para promover la violencia en esa casa de estudios.

Por lo pronto, el consejo de la UACM analizará el próximo día 21 las nueve causales de revocación de mandato que se le imputan a Orozco, entre ellas tráfico de influencias, y uso de recursos para fines ajenos a los de la institución.

Durante el acto organizado el pasado lunes por el movimiento No + Sangre, en el Museo de la Ciudad, el escultor Alfredo López Casanova donó una estatua de Felipe Calderón, de 19 centímetros de alto, inspirada en un dibujo de Hernández, con una frase célebre del espurio sobre la base de madera: (En la lucha contra el crimen organizado) se perderán vidas humanas inocentes pero vale la pena seguir adelante.

jamastu@gmail.com

El precio a pagar

Luis Javier Garrido

La marcha por la paz de Javier Sicilia y cientos de mexicanos a Ciudad Juárez en esta primavera de 2011 está recogiendo la exigencia del pueblo mexicano al gobierno panista de poner un fin a su delirante “guerra contra el narco” para terminar con los delirios desquiciados del presidencialismo actual y establecer en México un régimen de legalidad.

1. La afirmación hecha por Felipe Calderón a funcionarios de la embajada estadunidense en México, en el sentido de que las violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios del gobierno panista de facto en estos años, incluyendo las miles de muertes de mexicanos inocentes, constituyen el precio a pagar en su escenario de supuesta “guerra contra el narco”, según aparece en el despacho diplomático 09México3093, del 27 de octubre de 2009, suscrito por John Feeley (encargado de negocios de Estados Unidos), entregado por Wikileaks a La Jornada, y publicado el miércoles 8, ha generado una viva indignación en el país por el carácter fascistoide de la afirmación y el desprecio que entraña para los mexicanos.

2. La obligación fundamental de un gobierno es la de velar por la vida e integridad de quienes se hallan en territorio nacional, lo que los gobernantes del PAN han desconocido por completo, creyendo tener la prerrogativa de poder sacrificarlos como piezas de un ajedrez macabro, lo que es más criminal al conocerse que los objetivos de la “guerra contra el narco” de Calderón no son –ni pueden ser– terminar con los cárteles, sino crear un escenario de terror para entregar las riquezas estratégicas de la nación a las multinacionales y los aparatos del Estado a Washington, en nombre de la globalización.

3. La caravana encabezada por el poeta Javier Sicilia de Cuernavaca a Ciudad Juárez (4-10 de junio) ha adquirido por todo una nueva importancia, ya que no es como muchos pretenden simplificar un simple espacio de desahogo y consuelo para dejar un memorial de agravios. No: la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad está recogiendo la exigencia nacional de poner un alto a la guerra y hacer vigente el orden constitucional.

4. Los reclamos y exigencias de los mexicanos agraviados no se equivocan al señalar a lo largo del recorrido de la caravana al responsable de los crímenes de estos años, que es el gobierno surgido del PAN, por más que los sectores de las ONG clericales, que han sido en lo que va de este siglo cómplices del calderonismo, pretendan diluir esa responsabilidad al imponer en los discursos el eufemismo de la clase política, que sí tiene en su conjunto una responsabilidad por su complicidad con los crímenes del segundo gobierno del PAN, al mismo título que la jerarquía católica y las ONG vinculadas a ésta, pero que no se equipara a la responsabilidad criminal del gobierno y de quien lo encabeza, y es eso lo que hay que decir.

5. Esos reclamos y exigencias están siendo contundentes y sitúan al poeta Sicilia y a sus compañeros en una disyuntiva que no es la que expresan los analistas de la derecha, pretendiendo que lo fundamental es decidir el futuro del movimiento que anhelan se calderonice (Proceso 1805). Lo esencial para millones de mexicanos es detener la guerra y establecer un gobierno fundado en la razón y el derecho: no en el fanatismo y en los negocios ilícitos como el de Calderón. No en vano muchos de los que tratan de cercar a Sicilia han buscado reducir las demandas del movimiento entre otras cosas a respaldar la contrarreforma electoral del PAN, ya desechada para este periodo, pretendiendo que éste convierta en su bandera las propuestas electorales del blanquiazul, cuando no constituyen más que una nueva engañifa. No buscan ciudadanizar los procesos electorales sino montarse sobre las demandas de plebiscito, referéndum, rendición de cuentas, revocación del mandato, acción ciudadana, iniciativa ciudadana o candidaturas ciudadanas, expresadas desde hace más de un cuarto de siglo desde la izquierda, para hacerlas inviables con múltiples candados, sometiendo al control y gustos del poder estas figuras de democracia semidirecta.

6. El destino del movimiento estará en lo que decida su dirigencia en el futuro inmediato, es decir en los próximos días. Las tentativas de Calderón de usarlo en su beneficio entrevistándose con sus dirigentes en lo oscurito o de los legisladores tratando de mistificar su sentido y convertirlo en un proponente de leyes, son dos de los principales escollos que se le enfrentan pero el principal es el de adentro: el de poder definir en Ciudad Juárez con vigor su exigencia fundamental de terminar con la guerra e instaurar en México la legalidad.

7. El gobierno panista de Felipe Calderón ha llegado a los mayores abusos de poder y a la mayor depredación de las instituciones que se recuerde desde el fin de la Revolución Mexicana, no sólo con sus políticas y acciones contra el pueblo al que ha vejado, humillado y empobrecido como pocos, sino también ante la elite del poder. La detención urdida en Los Pinos del político-empresario Jorge Hank Rhon, buscando intensificar la guerra sucia contra el PRI con vistas al 2012, ha terminado por revertirse contra Calderón hundiéndolo en el ridículo, porque con su fallido quinazo violentó las garantías domiciliarias y procesales de los detenidos y hundió al Ejército en el descrédito al hacerlo actuar de manera inconstitucional y fascistoide, generándole a las autoridades un torrente de críticas, expresadas no por defender al detenido, un personaje turbio, sino porque cualquiera que sea el pretexto no se puede violentar de manera tan grotesca el estado de derecho.

8. La realidad del país, como se ha visto a lo largo de la caravana, dista mucho de lo que dice la propaganda gubernamental, y la versión que dan las cadenas televisoras y radiales. En un coloquio internacional organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el que los ponentes fueron en su mayoría abogados conservadores (6-10 de junio), éstos no pudieron sino condenar sin ambages al régimen calderoniano por su violación sistemática al orden constitucional de la República y exigieron el establecimiento en México de un estado de derecho.

9. La disyuntiva de México, en otras palabras, es esa: proseguir en la barbarie o buscar el camino hacia la legalidad.

10. Las muertes de civiles inocentes durante el gobierno de Felipe Calderón, esencialmente a manos de los aparatos de seguridad del Estado, han sido el precio a pagar, no para que el país alcance un clima de seguridad sino para que el gobierno espurio de la ultraderecha se consolide en el poder y pueda seguir haciendo negocios y entregando el control de la nación a fuerzas del exterior, y por ello se le sigue exigiendo cada vez con una mayor indignación ciudadana que se detenga, espetándole el: ¡Ya basta!

Campaña: "Un Mexicano más con Morena"

Desde la Cordillera del Himalaya, Leonardo "Leony" Fernández lanzó la convocatoria para sumarse a la campaña "1 Mexicano Más con Morena" ( #1MxMorena ), en un mensaje dirigido a las y los Protagonistas del Cambio Verdadero, para continuar con la campaña que inició él mismo en la cima del Everest.
Leony alcanzó la cima considerada la más alta del mundo, el 20 de mayo de 2011 después de 40 días de expedición.

El alpinista mexicano, quien mostró una barba significativamente más corta que en su video anterior, llamó a deportistas y al pueblo en general a motivarse para continuar con esta campaña desde los picos más altos de México, sitios históricos y desde donde nos encontremos. Para finalizar su video, Leonardo recordó a los Protagonistas del Cambio Verdadero: "No lo olviden, vamos con todo para el 2012".

http://youtu.be/aZdg86z92y4

Desde la cima del Everest apoyan a MORENA y a AMLO

http://www.youtube.com/watch?v=ZsCywR7PqoY

El alpinista mexicano y licenciado en administración de empresas por la universidad Iberoamericana, Leonardo Fernández Jiménez, grabó un mensaje para el pueblo de México desde la cima del Monte Everest pidiendo a los mexicanos sumarse al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

"Debate candidatos a gobernador para el Estado de México"

Watch live streaming video from radioamlotv at livestream.com

La respuesta de México a Coca-Cola

http://youtu.be/jcP64xStTs8

Las canonjías en el Tribunal Superior del DF

Los 350 jueces y magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal costarán al erario más de 27 millones de pesos tan sólo este año. El abultado presupuesto que anualmente recibe el órgano –por encima del de varias secretarías y de las delegaciones políticas– lo mismo paga los altos sueldos y jugosos aguinaldos de los juzgadores que atención médica privada y fiestas de más de medio millón de pesos.

Mayela Sánchez

Como una réplica de lo que ocurre a nivel federal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) concede altos sueldos y privilegios a magistrados y jueces, que tan sólo este año costarán al erario 27 millones 674 mil pesos.

Cada uno de los magistrados locales implicará el desembolso de 1 millón 278 mil 216 pesos y en cada juez se gastarán entre 787 mil 44 y 876 mil 828 pesos, aun más de lo que se destina al salario del jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubón, quien recibe al año 30 por ciento menos que un magistrado.

Mas esos montos cubrirán únicamente sus sueldos netos, ya que las cifras referidas por el Tribunal no contemplan las prestaciones de las que gozan los impartidores de justicia locales.

Entre éstas se cuentan un aguinaldo de 40 días sobre el salario total (casi el triple de lo que mandata la ley), el pago de una prima quinquenal y una prima vacacional (por dos periodos vacacionales al año), así como la protección de cuatro seguros: de gastos médicos mayores, de vida, de separación individualizado y colectivo de retiro.

Por si la llegaran a necesitar, los juzgadores cuentan también con la protección social del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y pueden obtener un crédito para una vivienda a través del fondo de dicha institución (Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).

Y aunque los 78 magistrados cotizan en el Sistema de Ahorro para el Retiro, cuentan con un fondo de retiro especial, al que en los últimos tres años el TSJDF ha transferido 80 millones de pesos a través de un fideicomiso.

El órgano de impartición de justicia local también se hace cargo de pagar choferes para los magistrados, y para el año pasado, dispuso de una bolsa de 1 millón 158 mil 855 pesos para vales de gasolina. Todo ello con cargo al erario.

Tribunal oneroso

El pasado 24 de mayo, el presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, informó que este año sólo se pondrán en marcha dos juzgados de ejecución de sentencia de los 25 que se requieren. De acuerdo con la nota publicada por la agencia de noticias Notimex, el argumento esgrimido por el magistrado presidente fue la falta de recursos.

Sin embargo, el Tribunal es el órgano autónomo del Distrito Federal que mayor presupuesto recibe. Tan sólo este año se le entregaron 3 mil 723 millones 191 mil pesos.

Dicho monto está por encima de lo otorgado a la Asamblea Legislativa (1 mil 171 millones de pesos), a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (855 millones 29 mil pesos) y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (281 millones 364 mil pesos).

Los recursos de los que el TSJDF dispone también son superiores a los presupuestos de cada una de las 16 delegaciones capitalinas. Iztapalapa, aun con el mayor presupuesto de todas, recibió 550 millones de pesos menos de lo destinado al Tribunal.

El monto que recibió ese solo órgano también supera lo otorgado por la administración local a las secretarías de Desarrollo Social, Cultura, Educación, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y Turismo juntas.

De acuerdo con la información sobre la programación presupuestal del TSJDF, el 85 por ciento del monto se irá a gasto corriente, lo que incluye los sueldos y prestaciones de los juzgadores.

El tabulador sobre percepciones del Tribunal indica que el sueldo neto de cada uno de los 78 magistrados asciende a 106 mil 518 pesos, mientras que los 204 jueces de primera instancia ganan 73 mil 69 pesos y los 68 jueces de paz alcanzan 65 mil 587 pesos cada mes.

Con ello, los juzgadores se ubican entre los servidores públicos que gozan de mayores sueldos en la administración pública local.

El millonario presupuesto que se le otorga al TSJDF también ha pagado viáticos y viajes de los magistrados y jueces. En 2006, una auditoría de la Contraloría del Tribunal reveló la falta de normatividad interna para la asignación y comprobación de los viáticos nacionales e internacionales.

Aunque la auditoría, con folio CTSJDF-008/20059, se dio por solventada, la información disponible al respecto da cuenta de que el 87 por ciento del monto total por concepto de boletos de avión, gastos de alimentación y viáticos se erogó entre 2000 y 2006.

Se trata de 15 millones 914 mil pesos en boletos de avión, 10 millones 315 mil pesos en alimentos y 2 millones 730 mil en viáticos.

A pesar de que los magistrados y jueces gozan de elevados sueldos, los ampara un seguro de gastos médicos mayores y están afiliados al sistema público de salud. Así, utilizan recursos públicos para pagar servicios médicos privados.

En los últimos dos meses de 2008, la empresa The American British Cowdray Medical Center, IAP, fue contratada para ofrecer “servicios de evaluación de salud”. La institución privada, que en México opera el Centro Médico ABC, cobró 8 mil 610 pesos por cada varón y 9 mil 215 por cada mujer auscultados.

Para realizar exámenes médicos básicos, se contrató a la Sociedad de Beneficencia Española, IAP, por 190 mil 791 pesos. Adicionalmente, se establecieron dos contratos con el Corporativo de Asistencia Médica Mexicana, SA de CV, por concepto de “examen diagnóstico individual ejecutivo”, cuyo costo fue de 7 mil 400 pesos por cada juez y magistrado atendido.

Esa empresa fue contratada también en 2009 y 2010 para realizar exámenes médicos básicos a jueces y magistrados, aunque el contrato TSJDF/DERH/25/10 amparó también la revisión médica de magistrados en retiro, funcionarios con nivel de oficial mayor, director general y director ejecutivo del TSJDF.

El contrato, hecho en 2010, establecía precios variables que iban de los 8 mil 414 a los 15 mil 243 pesos, “de acuerdo con el rango de edad y sexo”.

De los dos contratos signados en 2009, el TSJDF/DERH/012/09 estableció un costo por juzgador de 8 mil 395 y el TSJDF/DERH/014/09 estipuló pagos de 8 mil 625 pesos por persona. Ambos contratos fueron hechos en diciembre de ese año.

Vivir del erario… toda la vida

Además de los privilegios que los impartidores de justicia locales tienen durante su encargo, éstos pueden continuar por el resto de sus vidas, ya que la Ley Orgánica del TSJDF prevé pensiones vitalicias para magistrados y jueces ratificados.

En el caso de los magistrados, el artículo 26 de la Ley indica que, durante los dos primeros años de jubilación, la pensión corresponderá al 70 por ciento de sus percepciones mensuales, proporción que se reducirá a 50 por ciento al tercer año y se mantendrá así hasta el final de sus vidas.

Aunque esta canonjía es sólo para quienes hayan ocupado el puesto de magistrados por 15 años o más o para quienes tengan al menos 30 años de trabajo en el Tribunal, la ley no desampara a los magistrados que no consiguen ser ratificados.

Para ellos existe una pensión por dos años, equivalente al 70 por ciento de su sueldo el primer año, y al 50 por ciento durante el segundo.

La norma estipula que se toma como base el ingreso que recibió el juzgador durante su encargo; sin embargo, también contempla que éste se incrementará en la misma proporción en que lo hacen las percepciones de los magistrados en activo.

Los jueces también tienen derecho a una pensión para toda su vida, siempre que hayan sido ratificados, se hayan desempeñado en el cargo cuando menos 15 años y tengan como mínimo dos décadas de trabajo en el TSJDF.

Además de las pensiones, la Ley Orgánica prevé la existencia de un fondo para el retiro de los magistrados, establecido por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y administrado a través de un fideicomiso.

El llamado Fondo de Retiro para Magistrados deberá integrarse por las aportaciones que hagan los magistrados del 8 por ciento de su percepción mensual neta durante los primeros seis años de su encargo y del 4 por ciento en los años siguientes y hasta su retiro, conforme a lo que señala la Ley.

Sin embargo, también ha recibido recursos del fideicomiso Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito Federal, creado desde 1996 para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, la entrega de estímulos económicos y la constitución y apoyo de fondos de retiro para el personal del Poder Judicial local.

De acuerdo con los informes de actividades del fideicomiso, entre 2008 y 2010 transfirió 80 millones de pesos al fondo de los magistrados. La ley que regula dicho fideicomiso justifica la entrega de esos recursos dado que uno de sus objetivos es “constituir, incrementar y apoyar fondos de retiro para el personal del Tribunal”.

Bajo esa misma razón, el fideicomiso también ha entregado parte de su capital a un fondo de retiro para personal del Tribunal.

Fiestas con cargo al erario

La información disponible sobre las contrataciones hechas en el TSJDF da cuenta de que el dinero público no se emplea sólo para sueldos y prestaciones de los impartidores de justicia, sino también para que éstos se diviertan.

De acuerdo con el pedido 574088/2008, un hotel de la cadena Hoteles Sheraton, S de RL de CV, fue la sede de los convites de fin de año de jueces y magistrados en 2008 y 2009.

En 2008, también fueron invitados los servidores públicos de mandos medios y superiores del Tribunal. Aunque no se precisa el costo exacto del evento, éste se cotizó entre 945 mil 418 pesos y 1 millón 28 mil 873 pesos.

Además, ese año se contrató a la empresa Promotores Artísticos y Taurinos, SA de CV, para la presentación de un espectáculo musical en la Plaza de Toros, cuyo costo fue de 759 mil pesos.

En 2009, sólo se pagó una cena baile para los magistrados. El festejo se cotizó entre 650 mil y 750 mil pesos, como consigna la relación de contratos de ese año.

Para que los magistrados, jueces y servidores públicos de mandos medios y superiores celebrasen el fin de 2010, se contrató a Operadora Hotel Centro Histórico, S de RL de CV, por un evento que duró dos días y costó 630 mil pesos.

Para conocer la postura del TSJDF sobre este tipo de gastos y sobre los elevados sueldos de los jueces y magistrados, Contralínea solicitó entrevista con el magistrado presidente, Edgar Elías Azar. Al cierre de edición, el área de Comunicación Social del Tribunal no había dado una respuesta.

Fideicomiso, caja chica del Consejo de la Judicatura del DF

Al igual que el Consejo de la Judicatura Federal, a nivel local el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal administra un fideicomiso llamado Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito Federal (FAAJDF).

Su símil a nivel federal fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación por ejercer recursos exentos de fiscalización, lo que calificó como un “régimen de excepción” en la administración pública federal (Contralínea 229).

El FAAJDF funciona de forma semejante, pues sus recursos tampoco se consideran parte del presupuesto del Poder Judicial local, con lo que no están sujetos a supervisión alguna.

De acuerdo con la Ley del FAAJDF, dicho fideicomiso fue constituido en 1996 para operar recursos provenientes de los rendimientos de los depósitos exhibidos en salas, juzgados o cualquier órgano del TSJDF, así como de la mitad de las cauciones por libertad provisional, los sustitutivos de penas y de libertad condicional, y las multas y sanciones económicas.

También participan de sus recursos los montos por concepto de “reparación del daño” no reclamados o a los que la parte ofendida renuncia, al igual que donaciones o aportaciones.

La norma mandata que dichos recursos deberán destinarse a la adquisición, remodelación o renta de inmuebles, equipo y mobiliario para salas, juzgados y oficinas del TSJDF; sin embargo, en los tres últimos ejercicios fiscales no se realizó erogación alguna por esos conceptos.

Por el contrario, rubros como el de “Estímulos económicos al personal del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura”, ambos del Distrito Federal, se vieron favorecidos con 282 millones 706 mil 421 pesos, tan sólo entre 2008 y 2010.

En “Gastos para previsión de contingencias” se ejercieron 1 millón 502 mil 862 pesos, mientras que en honorarios y gastos de la administración del fideicomiso se gastaron 36 millones 344 mil 176 pesos.

Otra erogación significativa ha sido el de “Constitución del Fondo de Retiro para el Personal del Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal”, al que destinaron 36 millones 384 mil 770 pesos, además de 80 millones que se transfirieron al Fondo de Retiro para Magistrados.

Fuente: Contralínea 236 / 05 de junio de 2011

Los amos impunes del carbón

En la maraña jurídica y política que envuelve a los empresarios mineros por los accidentes ocurridos durante la administración de Felipe Calderón –incluidos el de Pasta de Conchos y el del Pozo 3 en Sabinas, donde en conjunto murieron alrededor de 80 trabajadores– salen a relucir los nombres de las familias Montemayor y Garza González. Hábiles para tejer alianzas entre sí y con otros empresarios, sus integrantes también son diestros para doblar a las autoridades, que hasta ahora sólo les han aplicado sanciones menores. Ellos todo lo pueden; son los amos de las minas y los pozos de carbón.

Montemayor. Privilegios familiares.

Arturo Rodríguez García

MÉXICO, D.F, 8 de junio (Proceso).- Los Montemayor y los González Garza son los principales beneficiarios de las mineras asentadas en la región carbonífera de Coahuila. Ambas familias han sabido combinar su poder económico con sus habilidades políticas para obtener las concesiones que les permiten explotar los socavones de sus fundos durante años sin sufrir contingencias laborales.

Sin embargo, la explosión del 3 de mayo en el Pozo 3 en una carbonera de Sabinas, en la que murieron 14 trabajadores y un adolescente de 15 años quedó mutilado, reveló la precariedad con la que operan las minas.

El fundo siniestrado pertenece a la empresa Beneficios Internacionales del Norte, S.A. de C.V. (BINSA), constituida el 2 de febrero de 2007, según el Registro Público de la Propiedad (RPP) local, de la que son socios a partes iguales Hilda Griselda Montemayor Marines y su esposo, Melchor González Vélez, El Chorín, hijo del empresario Alfonso González Garza.

Las autoridades observaron que fue Montemayor Marines la que firmó el contrato de renta del fundo con el concesionario minero Alfonso González Garza, quien le autorizó la explotación del pozo donde murieron los 14 mineros. Por tanto, ella tendrá que enfrentar el litigio, en caso de que prospere la averiguación previa AP/PGR/COAH/SAB-1/09/dd/2011 abierta por un fiscal federal.

De acuerdo con los peritajes, el accidente se debió a que los trabajadores sólo contaban con un desvencijado ventilador doméstico para realizar sus faenas de extracción de gas metano.

Según el registro de la Dirección General de Minas (DGM), adscrita a la Secretaría de Economía, el Pozo 3 se ubica en un lote de 357 mil 343 hectáreas denominado Santa María I en cuyo interior se encuentran por lo menos una docena de pocitos carboneros.

El expediente de la concesión minera otorgado por la DGM –el 218000– consigna que los dueños de BINSA y por lo tanto de ese pozo son Jesús María Chuma Montemayor Seguy y su socio Alfonso González Garza, suegro de Hilda Griselda y padre de El Chorín.

Para obtener esa concesión, Montemayor Seguy y González Garza pagaron 3 mil 670 pesos. Ni siquiera tenían estudios geológicos, pues desde que iniciaron el trámite, con la solicitud de folio 27849 de la DGM, Chuma Montemayor pidió a las autoridades que se les eximiera de presentar los trabajos periciales sobre la propiedad concesionada.

De acuerdo con el expediente, la apertura de una mina de carbón es relativamente barata: las “obras de exploración”, por ejemplo, implicaron dos pagos: uno de 25 mil 850 pesos y otro de 13 mil 500, suficientes para convertir el título 202967 de exploración en el título 218000 de explotación, inscrito en el acta número 260, volumen 331 del Registro Público de Minería (RPM). Por concesión y apertura de la mina, Montemayor Seguy y González Garza pagaron 43 mil 20 pesos.

Los caciques de la minería

El 27 de febrero de 2004, Chuma Montemayor cedió 50% de sus derechos a la empresa Minería y Acarreos, S.A. de C.V., que pertenece a su hermano Edmundo Montemayor y tiene como representante legal a otro familiar suyo: Rogelio Javier Montemayor García, hijo de Rogelio Montemayor Seguy, quien fue gobernador de Coahuila de 1993 a 1999 y director de Pemex entre 2000 y 2002.

Los Montemayor son ampliamente conocidos en la zona. El extinto patriarca, Edilberto Montemayor Galindo, era dueño de la concesionaria Chrysler y durante años fue proveedor de parque vehicular a los gobiernos estatal y municipal.

De sus hijos, Rogelio Montemayor Seguy es el más conocido, incluso por el desvío de recursos millonarios de Pemex a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa, lo que le costó su salida de la paraestatal, aunque posteriormente fue exonerado.

Chuma Montemayor fue alcalde de Sabinas entre 1985 y1987, y su hijo, Jesús María Montemayor Garza, Chumilla, ocupa actualmente la alcaldía. A su vez, Edilberto Montemayor García, hijo de Rogelio, es concesionario de la firma Mercedes Benz en Saltillo.

Rogelio tiene inversiones en autotransporte de carga, pues en 2009 se presentó como accionista de Transportes Signum, S.A. de C.V. Sus otros dos hijos, Rogelio Javier y Salvador Montemayor García, se asociaron para constituir Industrial de Carbón Signum, S.A. de C.V.

En este ramo, la familia Montemayor acumula al menos 26 concesiones en la zona carbonífera coahuilense, según se desprende de un rastreo en el RPM. En total, tienen bajo su dominio 22 mil 786 hectáreas. En lo individual, Enrique Edmundo Montemayor Seguy posee dos concesiones mineras para explotar una extensión de 13 mil 726 hectáreas. Una de ellas abarca 2 mil 235 hectáreas; la otra, cuya razón social es Minería y Acarreos, en realidad tiene 10 concesiones para explotar 11 mil 527 hectáreas.

Chuma tiene siete concesiones por una extensión de mil 30 hectáreas. En tanto que Minería Montemayor, S.A. de C.V., cuyos socios son Casimiro Seguy Fernández y Carlos Chavarría Montemayor, tiene títulos que le autorizan explotar mil 440 hectáreas.

Los Montemayor también están asociados en diferentes concesiones con los hermanos Luis y Alfonso González Garza, incluida la del lote Santa María I, donde ocurrió la explosión que causó la muerte de 14 mineros el pasado 3 de mayo.

Conocidos como Los Mupos, los González Garza tienen fundos mineros que rentan en fracciones a operadores de pocitos, el tipo de minería tan rudimentaria como el Pozo 3 de BINSA, que era manipulado por El Chorín, hijo de Alfonso González Garza, y su cónyuge, Hilda Griselda, nieta de Conrado Marines Ortiz, quien fue alcalde de Sabinas y connotado líder campesino del PRI.

Otro de los González Garza, Luis, posee 41 concesiones mineras que le permiten explotar 39 mil 103 hectáreas en la zona carbonífera.

Los Montemayor y Los Mupos son hábiles en la evasión de obligaciones. En los pozos que operan por arrendamiento dentro de sus lotes, por ejemplo, ellos no asumen ninguna responsabilidad; además, suelen cobrar una renta por la extracción del carbón sin cumplir sus obligaciones laborales, de seguridad y ambientales.

También son diestros en escamotear los beneficios sociales a sus trabajadores y en omitir los trámites administrativos ante las instancias federales. Así, por ejemplo, Luis González Garza, S.A. de C.V., empresa que hasta octubre de 2010 no estaba registrada en el IMSS, sí lo está en la Secretaría de Economía, lo cual muestra que opera sin cumplir obligaciones patronales.

La concesión 205068 está a nombre de Alfonso González Garza, pero en realidad la explota Minería y Acarreos, S.A. de C.V., que, aunque posee derechos sobre la mencionada concesión 218000, no tiene como objeto social la extracción del carbón, sino la compraventa de maquinaria, según su acta constitutiva.

Los otros muertos

La concesión 218000, del Pozo 3 de BINSA, fue otorgada y firmada por Luis Raúl Escudero Chávez, quien en 2002 era titular de la DGM en la Secretaría de Economía. A su vez, su hermano Rubén Escudero Chávez era el gerente de la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos cuando ocurrió el siniestro del 19 de febrero de 2006 en el cual murieron 65 trabajadores y 12 resultaron heridos.

Tras el accidente de 2006, la DGM emitió la “suspensión definitiva” SE/5406/2007 –figura jurídica que deja abierta la posibilidad de una reapertura– para la concesión 196623 del lote Rosita y Pasta de Conchos de Industrial Minera México S.A. de C.V. (IMMSA), subsidiaria de Grupo México.

En el caso del Pozo 3, la dependencia prometió la cancelación de la concesión minera, lo que no ha ocurrido en el caso de Pasta de Conchos, donde la SE emitió sólo una “suspensión definitiva”. Por cierto, dicha “suspensión”, que prohibía cualquier trabajo dentro del fundo minero, no obra en el expediente de la concesión del RPM.

Desde principios de 2009, Rogelio Montemayor Seguy intentó negociar con los deudos de los mineros de Pasta de Conchos el desalojo del predio, donde mantenían un plantón para exigir el rescate de los cuerpos.

Montemayor se ostentaba como accionista de la empresa Transportes Signum, S.A. de C.V., una razón social que, decía, había adquirido la Planta Lavadora de Carbón, ubicada dentro del perímetro de Pasta de Conchos. El obispo Raúl Vera López, quien ha acompañado a las familias de los trabajadores, denunció en marzo de ese año que Montemayor hizo ofertas económicas a los deudos. Como no aceptaron, empezó a intimidarlos.

El 31 de julio de 2009, un grupo de 60 policías estatales, 40 guardias privados y 40 trabajadores irrumpieron en el predio del fundo, rodearon a los deudos de los mineros y los desalojaron. En la refriega resultaron lesionados la viuda Rosa María Mejía y César Ríos, hermano de un trabajador fallecido, así como un menor.

El operativo policiaco se realizó con unas horas de diferencia respecto del desalojo de los huelguistas de Cananea, propiedad de Grupo México, ejecutado por la Policía Federal. En esa ocasión el gobierno federal se desligó del caso y responsabilizó al gobierno de Humberto Moreira.

Entonces se iniciaron las contradicciones. Aunque la “suspensión definitiva” impedía todo tipo de actividades en Pasta de Conchos, el gobierno de Moreira justificó la acción policiaca porque, afirmó, al desalojar a los familiares de los mineros muertos se podía volver a trabajar en el predio.

Tras el accidente en el Pozo 3, los dueños de BINSA intentaron escamotear la raya de los trabajadores muertos a sus familiares, quienes también reclamaban sus cuerpos. Recuerdan que Patricia Garza, esposa de Chuma Montemayor, intentaba callarlos a base de regaños:

“¡Cállate! –le dijo a una de las madres enlutadas–. Los hijos son prestados. Dios los da y Dios los quita.”

La impunidad debe terminar

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.

Diego Valadés

MÉXICO, D.F., 8 de junio.- Enjuiciar a un presidente no es deseable; pero que un presidente viole la Constitución tampoco es aceptable. Durante el periodo en el que ejercen el cargo, los presidentes sólo pueden ser procesados por traición a la patria y por delitos graves “del orden común”. Sin embargo, la inmunidad no es vitalicia. Este delicado asunto ha venido debatiéndose en las páginas de Proceso, a través de las cuales me pronuncié en el sentido de que el presidente Felipe Calderón sea enjuiciado al término de su mandato por violar el precepto constitucional que regula la forma como el pueblo ejerce su soberanía. No formulé un juicio de valor ni una acusación personal; me basé en una resolución firme del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde, de manera clara y unánime, se demostró esa violación.

Es sintomático que no se trate de un hecho aislado. El mismo tribunal, en el dictamen de septiembre de 2006 mediante el que declaró presidente electo al ciudadano Felipe Calderón, señaló que el presidente Vicente Fox también alteró el proceso electoral. Como expresidente se ha jactado de esa violación al ordenamiento jurídico, por la que nunca se le llevó a juicio. Estamos ante un fenómeno de impunidad recurrente que debe ser detenido antes de que ocasione más estragos.

A pesar de que la resolución fue emitida y difundida en agosto del año pasado, el presidente la ignoró en el informe que rindió en septiembre al Congreso de la Unión. El presidente debió reconocer su error y ofrecer una disculpa pública. Era lo menos que merecía la sociedad.

Se ha optado por la estrategia de restar importancia al acto jurisdiccional que responsabiliza al presidente de trasgredir la norma suprema. Espero que el Congreso no caiga en ese juego. Se insiste en que para sancionar al presidente es indispensable reformar la Constitución. En efecto, es necesario modificar el sistema de responsabilidades de los presidentes y de sus colaboradores, a quienes se han extendido los beneficios de la inmunidad y de la impunidad. Sin embargo, con los elementos de que se dispone es posible adoptar sanciones para los casos de violaciones a la Constitución, así sea cuando su periodo concluya.

La teoría de la inocuidad constitucional postula que algunas disposiciones carecen de sanción. Cuando además se sostiene que el artículo 41, conforme al cual “el pueblo ejerce su soberanía”, es una expresión declarativa y no una norma vinculante, se priva de sustento a la democracia y se abre la puerta a los excesos del poder. Esa teoría no tiene fundamento lógico ni jurídico.

La Constitución está compuesta por artículos, no por versículos. Los preceptos constitucionales son normas jurídicas de acatamiento inexorable, no normas morales de cumplimiento potestativo. Si se toma en serio el estado de derecho, no es admisible la violación sin consecuencias de la norma suprema. En cuanto a las violaciones demostradas por el Tribunal Electoral, el presidente deberá responder a partir del 1 de diciembre de 2012. Resultaría contradictorio que se exigiera enjuiciar al presidente en funciones y que, al no lograrlo, tampoco se procediera en su contra cuando deje el cargo.

Los precedentes indican que hay un riesgo progresivo de que el presidente vuelva a intervenir en el proceso electoral. Reiterar en 2012 las actuaciones inconstitucionales de 2006 y de 2009 sería un revés para nuestra incipiente democracia. La Cámara de Diputados tiene facultades para evitar que el país desemboque en una vorágine; bastaría con que desde ahora pusiera al Ministerio Público en conocimiento de lo resuelto por el Tribunal Electoral.

Hasta hace unos años las fuerzas de izquierda y el Partido Acción Nacional se caracterizaron por sus exigencias de reformas para garantizar la objetividad electoral. Sería desconcertante que el partido de Manuel Gómez Morín se convirtiera ahora en el defensor de la teoría de la violación sin consecuencias del ordenamiento constitucional, y que solapara desde el poder lo que tantas veces denunció desde la oposición: la vulneración de las reglas electorales.

Los ciudadanos requerimos que cada partido asuma en la Cámara de Diputados la posición con la que se identifique: a favor o en contra de violar la Constitución. El artículo 87 de la carta fundamental faculta a la nación para demandar al presidente por incumplir su promesa de guardar y hacer guardar la Constitución, y el 51 señala que “la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación”. A ella le corresponde actuar en nombre de la nación cuando el presidente incumple su juramento.

Lo que se espera de los diputados no es un ataque al presidente. No es una cuestión de hostilidad política, sino un acto de civismo para mostrar a los gobernantes que no pueden seguir violentando la Constitución ni defraudando la democracia. El presidente continúa en la inercia de un poder omnímodo; es necesario que él y sus sucesores sepan que hay una nación cuyos representantes están dispuestos a decir: la impunidad ha terminado.

EU: García Luna falsea datos sobre la lucha antidrogas

Fantasía-Hernández

Me sumo a la cargada-Fisgón

Rezagado-Helguera

Otra vez la Bartola-Rocha

Reacción-Magú

Wikileaks en La Jornada

Minimiza García Luna papel del Ejército en lucha antinarco: EU

• Reacias al riesgo, autoridades de inteligencia mexicanas prefieren no hacer nada, se reportó luego de encuentro del funcionario con Kirk
• El titular de la SSP fue desmentido por personal de la cancillería, que según Feeley le dijo que eso es evidentemente falso

¿De cuánta credibilidad goza Genaro García Luna –secretario de Seguridad Pública (SSP)– ante sus interlocutores estadunidenses? Una medida puede ser la visita del legislador republicano Mark Kirk, ocurrida entre el 29 de junio y el 2 de julio de 2009.

El legislador se reúne con el funcionario federal el primero de julio y la reseña corre a cargo del diplomático John Feeley: García Luna restó importancia al papel de los militares en la lucha contra la delincuencia organizada, afirmando que había menos tropas desplegadas ahora que cuando el gobierno de Calderón asumió el cargo (cable 09MEXICO1971, dado a conocer por Wikileaks).

Enseguida, una nota de Feeley: Un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció que eso es evidentemente falso.

No es el único punto en el que desmiente al titular de la SSP: García Luna afirmó que, como regla, los crímenes cometidos por los militares fueron juzgados en tribunales civiles, cuando en realidad eso sólo ha ocurrido en un caso.

Lamentos frente al ICE

En julio de 2009, el titular de la SSP se reúne con John Morton, jefe del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y hace para él un resumen del michoacanazo, así como “una visión general de la sique e ideología de la organización de narcotraficantes La Familia” (cable 09MEXICO2134).

Además, le ofrece informes de los distintos frentes de la guerra contra el narco: “En Michoacán ha establecido una fuerte operación de inteligencia. En Ciudad Juárez, la rotación de patrullas y un aumento de la continua presencia física en las calles. La SSP también planea aumentar sus operaciones en la zona comprendida entre Matamoros y Nuevo Laredo para enfrentar mejor a Los Zetas”.

García Luna se sincera con el encargado de la deportación de migrantes: Lamentó que a pesar de que ha habido muchos éxitos en seguridad pública, la percepción del mexicano promedio es que la situación de seguridad se está deteriorando.

Y el funcionario mexicano no se explica por qué. Contrariamente a la creencia popular, dice a Morton, los crímenes violentos relacionados con drogas son sólo 6 por ciento de los delitos registrados en total.

Es muy posible que siga sin explicarse la percepción pública, pese a sus muchos éxitos, como indica la muy reciente encuesta de Consulta Mitofsky, según la cual la cifra de mexicanos que creen que la guerra la va ganando el crimen organizado creció de 30 a 58 por ciento en un año.

En respuesta a la preocupación de García Luna, John Feeley, encargado de negocios de la embajada y firmante del despacho confidencial, le ofrece trabajar juntos para mejorar la percepción de la población mexicana y del Congreso de EU sobre la situación de la seguridad en México.

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Wikileaks en La Jornada

• Advertencia a Tony Garza ante exámenes de confianza a policías

Riesgo de crear un poderoso sistema de justicia con poca rendición de cuentas

Los exámenes de control de confianza lograrían limpiar la casa, decía el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a la embajada de Estados Unidos en México, pero también podían tener efectos perniciosos: “La SSP reconoce que esto puede causar escasez de mano de obra temporal. También hubo preocupación por la posibilidad de que funcionarios separados pueden ir a trabajar para ‘el otro lado’, con lo cual quiso decir para la delincuencia organizada”.

El funcionario mexicano que reconocía que los echados de las fuerzas policiacas podrían engrosar las filas del otro lado fue Héctor Sánchez, encargado de relaciones internacionales de la SSP, quien el 27 de febrero de 2008 se reunió con personal de la embajada interesado en aprender más de los planes de restructuración de la dependencia.

El resultado es un despacho que expone extensamente la biblia de García Luna (cable 08MEXICO1063, clasificado confidencial y firmado por el embajador Anthony Garza).

Sánchez explica con detalle el nuevo organigrama de la SSP y las funciones precisas de cada una de sus unidades (de proximidad social a antidrogas).

En el punto 16 del extenso reporte, la embajada informa que para mediados de 2008, la SSP espera tener 300 poligrafistas capacitados, encargados de examinar tanto a los efectivos de la propia secretaría como a las policías estatales y municipales.

Sin embargo, Sánchez no pudo proporcionar detalles acerca de cómo los poligrafistas serían utilizados en los contextos locales y estatales. Tampoco estuvo seguro acerca de si la SSP sería capaz de obligar a las autoridades locales a someterse a los exámenes, o si sería sólo por invitación.

De acuerdo con información reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, poco más de tres años después, apenas poco más de la mitad (52.6 por ciento) de los mandos de seguridad del país se han sometido al examen de control de confianza. Según Sánchez, la limpieza de la casa obligaría a los funcionarios corruptos a abandonar las filas policiacas, pero con los costos ya descritos al principio de esta nota.

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Wikileaks en La Jornada

• El cuerpo diplomático sugirió presionar sobre todo a la PGR para que respete garantías

Para Calderón, las violaciones a los derechos son un precio a pagar, informó la embajada

El presidente Felipe Calderón y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) consideran que, en el combate a los cárteles del narcotráfico, las violaciones a los derechos humanos son un precio a pagar, según la embajada de Estados Unidos en México.

Un despacho diplomático firmado el 27 de octubre de 2009 por el encargado de negocios, John Feeley, dice: “Hay indicios de que Calderón y, especialmente la Sedena, consideran que las violaciones a los derechos humanos son un ‘precio a pagar’ y no presionarán para otorgar garantías judiciales (por ejemplo, la supervisión efectiva de los tribunales civiles sobre las denuncias de transgresiones por los militares) y una eficaz formación (por ejemplo, de nivel superior y a las unidades operativas), que son críticamente necesarias para mejorar el historial de México” (en derechos humanos, se entiende).

El cable confidencial 09MEXICO3093 (entregado por Wikileaks a La Jornada) fue enviado con motivo de las visitas a Washington de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública (SSP), y de Arturo Chávez Chávez, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), y en sus líneas la legación diplomática sugiere a los interlocutores de los funcionarios presionarlos para que el gobierno mexicano tome medidas concretas en materia de derechos humanos.

En esa área, la mayor presión iba dirigida al procurador: Una vez más, debemos presionar a Chávez en medidas concretas en el ámbito de los derechos humanos. Chávez también tiene que saber que seguimos comprometidos en el caso de Brad Will y esperamos que la PGR se moverá rápidamente para resolver los problemas persistentes sobre el enjuiciamiento de los presuntos autores.

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Cordero falta al respeto a los mexicanos, dicen legisladores

• Enojo, ironías y reclamos de seriedad, entre las reacciones emitidas

Senadores y diputados de PRI, PRD y PT advirtieron que el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, utiliza las estadísticas conforme a los intereses electorales del gobierno y del PAN, y consideraron una falta de respeto a los trabajadores su afirmación en torno a una supuesta mejora en el poder de compra del salario mínimo.

Durante la comparecencia del subsecretario de Hacienda, Gerardo Rodríguez Regordosa, el senador del PT Ricardo Monreal advirtió que Cordero vive en una burbuja, una fantasía, una galaxia distinta a la Tierra.

Al respecto, el diputado del PAN y presidente de la Comisión de Hacienda en San Lázaro, Mario Alberto Becerra Pocoroba, reconoció que los funcionarios públicos deben ser más cautelosos y tratar de evitar declaraciones que generen polémica.

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Aquí las desapariciones son en grupo, escucha la caravana por la paz a su paso por Coahuila

• Calderón tiene quien le proteja a sus hijos, pero nosotros, los jodidos, sólo tenemos a Dios

Saltillo, Coah., 7 de junio. La Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad comenzó su incursión en el norte, y la violencia se asoma con mayor crudeza conforme se adentra en este teatro de guerra en que se ha transformado la región. Aquí domina el crimen organizado, pese a la guerra oficial emprendida en su contra con su saldo sangriento. Se percibe rabia, pero también temor, dolor y, sobre todo, desesperanza.

Mil y una historias se cuentan, propias de la más imaginativa mente de un escritor de literatura negra. Pero no, es una realidad más perversa que la ficción que avasalla al norte de la República. Es la historia de terror que se va escribiendo día a día, cuyos protagonistas no encuentran ya dónde gritar. Narcofosas, desapariciones, ejecuciones, secuestros, violaciones o la simple equivocación oficial que acribilla inocentes, todo ello con tal saña que el llanto o los dramáticos testimonios que se hacen públicos apenas permiten imaginar.

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Exigen al gobierno federal garantizar la integridad de los activistas en Juárez

Decenas de organizaciones defensoras de garantías condenaron el allanamiento a las oficinas del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y exigieron a los gobiernos estatal y federal garantizar la seguridad e integridad de los miembros de ese centro.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, los centros Miguel Agustín Pro Juárez, de las Mujeres, Solidaridad Popular, Victoria Diez, Fray Matías de Córdova, Fray Julián Garcés, Tlachinollan, Fray Bartolomé de las casas, Fray Francisco de Vitoria, el Cereal, entre muchos otros, exigieron una investigación para identificar a los autores intelectuales y materiales del operativo policiaco en el que fueron allanadas y cateadas las oficinas de Paso del Norte, y que se les apliquen las sanciones correspondientes.

Organizaciones civiles de Chihuahua y el propio Centro de Derechos Humanos Paso del Norte exigieron al presidente Felipe Calderón; a los secretarios de Gobernación, Francisco Blake, y de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, así como a la procuradora general de la República, Marisela Morales, y al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se investigue y sancione penalmente, y se destituya a los agentes de la Policía Federal que intervinieron en el allanamiento y daños a dicho centro.

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Suspendidos, al menos 20 agentes federales por allanamiento al Centro Paso del Norte

• Lo que hicieron es un amenaza para defensores de derechos humanos, afirma De la Rosa Hickerson

Ciudad Juárez, Chih., 7 de junio. Al menos 20 elementos de la Policía Federal (PF) se encuentran suspendidos y arrestados, luego del allanamiento a las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, la noche del pasado domingo, informó el visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Gustavo de la Rosa Hickerson.

Puntualizó que se está a la espera de que los abogados de dicho centro, presidido por el sacerdote católico Óscar Henríquez, presenten la denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR), para que se abra una investigación contra los agentes que catearon el inmueble sin orden judicial.

Fue un allanamiento de morada, una invasión injustificada, causando daños y perjuicios, acusó. Es una idiotez lo que cometieron esos agentes, una idiotez contra su propia corporación, una tontería para Juárez y una amenaza para los defensores de los derechos humanos, expuso.

De la Rosa Hickerson advirtió que este tipo de actos no afectarán la marcha encabezada por el poeta Javier Sicilia, la cual se espera arribe a esta ciudad fronteriza el próximo viernes.

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• El académico lamenta que la justicia se encuentre relegada

No puede haber estados permanentes de excepción, advierte Diego Valadés

No puede haber estados permanentes de excepción, pero en el Estado mexicano lamentablemente lo hemos conseguido, advirtió Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En México, dijo, se han tomado posiciones que privilegian la seguridad sobre la justicia.

Durante la Conferencia internacional sobre seguridad y justicia en democracia, organizada por la UNAM, especialistas coincidieron en que hay riesgo de que México pase a ser un Estado autoritario y que hay preocupantes reformas en curso.

Moderador de la mesa Derecho penal y control social, amenazas al estado democrático de derecho, Valadés comenzó la presentación con el planteamiento de que sobre seguridad y justicia se han tomado, se pueden tomar todavía, posiciones excluyentes que privilegian la seguridad sobre la justicia.

El derecho penal del enemigo, dijo, ha llevado a modificaciones e hipertrofias en los sistemas jurídicos. El mexicano no es la excepción. El hecho de que una persona pueda permanecer en arraigo 80 días antes de ser puesta a disposición de una autoridad judicial denota un cambio significativo a los precedentes de nuestro sistema.

En su intervención, Sergio García Ramírez, también del Instituto de Investigaciones Jurídicas y presidente de la Academia de Ciencias Penales, sostuvo que se han dado reformas preocupantes, como la reducción en la exigencia para ejercitar acción penal, hay flexibilidad. Cuando en derecho se habla de esto, alguien pierde derechos. Los ciudadanos estamos en trance de perder derechos, se han reducido los pasos para ejercer acción penal, esto es preocupante.

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Demandan eliminar el perfil militar a la política de combate al crimen organizado

• Especialista del Inacipe propone adoptar el principio de seguridad humana promovido por la ONU

Al iniciarse la consulta pública sobre la iniciativa de ley de seguridad nacional, especialistas plantearon a diputados de las comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos que la minuta del Senado debe modificarse para quitar el perfil militar a la política de combate a la delincuencia organizada y a la preservación de la seguridad interior.

El investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Martín Barrón Cruz, señaló que si el uso de las fuerzas armadas por parte del Ejecutivo parte del artículo 89 de la Constitución, que define al Presidente de la República como su comandante supremo, la definición de seguridad nacional no puede ser militar cuando el Ejército y la Marina están bajo la conducción y el mando de una autoridad civil.

También propuso modificar la definición de ley de seguridad nacional por la de seguridad humana, principio que adoptó Naciones Unidas desde la década de los 90, y que se aplica en países como Inglaterra y Francia.

A las preguntas de los diputados, el investigador señaló que de ese concepto se derivan como seguridad humana las garantías a las personas en su economía, alimentación, salud, riesgos a la vulnerabilidad en un grupo social, preservación cultural, seguridad ambiental, así como política.

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Ocultan cifras de feminicidios

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) denunció que hay un ocultamiento de cifras por parte de los estados, respecto de los homicidios dolosos y otro tipo de agresiones en contra de las mujeres.

Si bien el feminicidio no está tipificado como tal en los códigos penales –salvo en el caso de Guerrero–, las fiscalías o procuradurías no tienen o no proporcionan información exacta acerca de este problema.

En ese contexto proliferan cifras de una sola entidad, relativas a las agresiones contra las mujeres. Por esta razón, la comisión considera que la mayoría de las entidades no tiene información clara y transparente, pese a que México se encuentra en un nivel de alerta entre amarillo y rojo, según la entidad de la que se trate, y se ubica en la región más violenta del mundo en lo que se refiere a agresiones contra mujeres.

Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio reporta para el periodo enero 2009-junio 2010, 890 homicidios dolosos contra mujeres en todo el país, de los que 309 se ubicaron en el estado de México, 125 en Sinaloa y 103 en Tamaulipas.

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Se pronuncia López Obrador contra los monopolios y por el libre comercio

• Ante empresarios europeos plantea ver las cosas desde la experiencia nacional, sin maniqueísmos

Al reunirse con integrantes de las cámaras de comercio europeas con presencia en el país, Andrés Manuel López Obrador se pronunció contra el monopolio y en favor de la libre competencia, pero dejó claro que en México ha costado mucho pensar que la iniciativa privada es garantía de buena administración y honestidad, y no sucede así.

Que no se piense, sostuvo, que el Estado es malo y la iniciativa privada es buena, o al revés; no hay que actuar de manera maniquea, hay que ver las cosas en su justa dimensión.

En la experiencia nuestra, indicó, la privatización no ha dado resultado. Aquí, desgraciadamente, privatización ha sido sinónimo de corrupción, y lo podemos ver en todas las desincorporaciones que se han llevado a cabo.

Frente a casi un centenar de empresarios convocados por la Cámara Sueco Mexicana de Comercio, en el salón La Troje de la Hacienda de Los Morales, López Obrador centró parte de su intervención en el caso de Petróleos Mexicanos.

Está demostrado que la ineficacia y la corrupción, no sólo de la parestatal, sino de las empresas privadas nacionales y extranjeras, que obtienen jugosos contratos, resultan perjudiciales para el interés nacional.

Porque en México, subrayó, se mantienen contratos por intereses políticos, pero si se administra bien Pemex, se van a beneficiar las empresas primero, porque habrá reglas claras, no influyentismo.

Durante su discurso, pidió no ver la política económica sólo con visión ideológica, sino con juicios prácticos, con racionalidad, y luego se pronunció por la libre competencia.

Tenemos estudios que establecen que si se logra terminar con las prácticas monopólicas, habría ahorros de hasta 10 por ciento de los ingresos en México, porque tenemos que pagar más por todos los bienes y servicios que consumimos.

Hay monopolios, apuntó, desde la tortilla hasta los bancos, pasando por las telecomunicaciones y por muchas otras cosas.

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Publican en el DOF sentencia de CIDH

La Secretaría de Gobernación publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, en la que este organismo internacional condenó al Estado mexicano a reparar los daños con motivo de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas mencionadas. La demanda demuestra responsabilidad por el sometimiento del que fueron objeto Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores mientras se encontraban detenidos y bajo custodia de miembros del Ejército. Además, por la falta de presentación expedita ante un juez y por irregularidades en todo el proceso penal. La CIDH halló culpable al Estado mexicano de falta de investigación adecuada de las denuncias de tortura, así como del uso del fuero militar dentro de la investigación de violaciones a los derechos humanos en los hechos ocurridos en 1999.

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• Presentan en PGR otra denuncia de hechos supervinientes y promoción de actuaciones judiciales

A 40 años del halconazo, ex dirigentes estudiantiles insisten: cárcel a Echeverría

Este viernes 10 de junio se cumplen 40 años del halconazo. Jesús Martín del Campo y Raúl Álvarez Garín, ex dirigentes del movimiento estudiantil del 68, presentaron en la Procuraduría General de la República (PGR) la quinta denuncia de hechos supervinientes y promoción de actuaciones judiciales para el rencarcelamiento del ex presidente Luis Echeverría Álvarez como responsable de las masacres estudiantiles del 2 de octubre de 1968, 10 de junio de 1971 y por los desaparecidos de la guerra sucia.

La denuncia busca que se reactiven de inmediato los procesos contra el ex presidente Luis Echeverría, en particular por los hechos del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971, que son los adelantados procesalmente, sin olvidar que está indiciado en decenas de casos penales que se encuentran en situación de haber sido concluidas las averiguaciones previas, que desde hace varios años debieron ser consignadas y que no lo han sido por consideraciones político administrativas.

Demandan esclarecer la represión ejercida por las fuerzas armadas del Estado mexicano contra el movimiento estudiantil de 1968, específicamente la masacre del 2 de octubre de ese año, y castigar a los responsables.

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Exige el Frayba libertad para ocho campesinos detenidos en Chiapas

Hermann Bellinghausen

Los ocho chiapanecos, habitantes de la ciudad rural Nuevo Juan de Grijalva (municipio de Osatuacán) y encarcelados desde marzo junto con su abogado defensor en Pichucalco, Chiapas, son víctimas de una injusticia, y además no han contado con las garantías procesales a que tienen derecho, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), el cual demanda su libertad inmediata y el cese de hostigamientos policiacos y judiciales contra otros compañeros y familiares suyos.

El Frayba recapitula: el 17 de marzo, durante una manifestación pacífica en el ejido Juan del Grijalva fueron capturados de manera arbitraria y bajo engaño Marcelo Díaz Castellanos, Ceferino Hernández Castro, Fidencio Altunar Cabos, José Francisco López Díaz y Teodoro Sánchez Morales, por policías ministeriales, la Fiscalía de Distrito Norte, a cargo de José Luis Gómez Santaella, y el fiscal del Ministerio Público de Ostuacán, con el apoyo de la Policía Estatal Preventiva.

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Astillero

• Otro golpe electoral
• Sabines frena a Salazar
• Temporada abierta de caza
• Hoy, decisión sobre Hank

Julio Hernández López

El gobernador de Chiapas ha cerrado el improbable camino de retorno electoral de su antecesor, Pablo Salazar Mendiguchía, mediante un golpe judicial politizado que, al igual que en el norte del país, en Tijuana, deja la sensación de que se ha abierto una temporada de cacería en la que las armas y las leyes están siendo utilizadas retorcidamente para amagar o castigar a personajes que ciertamente han hecho suficientes méritos para ser sujetos a procesos penales pero que hoy más bien están siendo aprovechados desde los poderes constituidos para consolidación de éstos o para estrategias comiciales no sólo aventuradas, sino peligrosamente pervertidas.

Salazar Mendiguchía ejemplifica la historia de las opciones de cambio que, impulsadas por alianzas partidistas de oportunidad (en el 2000 lo apoyó el abanico partidista opositor pleno, incluido el PAN, en una convergencia promovida por el propio López Obrador), acaban traicionando sus principios y, hundidas en conflictos diversos, muchos de ellos agravados por la soberbia del poder que en su momento ejercieron, pretenden reaparecer luego mediante fórmulas tragicómicas que son combatidas con energía por los segmentos políticos y sociales que fueron afectados por esos gobernantes abusivos o por sus sucesores que con frecuencia practican los mismos excesos.

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Dinero

• ¿Debate anticipado Peña Nieto-Cordero?
• Tema: poder adquisitivo del mínimo
• Causa daños el nuevo edificio del tribunal

Enrique Galván Ochoa

El aspirante presidencial priísta Peña Nieto refuta al aspirante presidencial panista Cordero: no hay tal recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Cordero, como respuesta, lo reta a un debate público. El gobernador del estado de México dice que tiene la visión exactamente contraria, pues uno de los principales desafíos es combatir la pobreza que sigue presente en gran parte del territorio nacional. El debate sería un anticipo de la campaña formal que tendrá lugar el próximo año. No se conocen dotes de tribuno al joven secretario de Hacienda, ha ganado cierta reciente celebridad pero como ilusionista. En cambio, Peña Nieto es un político profesional con mucha experiencia en el arte de hablar en público. Además, en este tema del salario le asiste la razón. (Ni por un momento piensen que soy atlacomulqueño, tampoco panista ni perredista, sólo estoy reflejando una realidad.) A pesar de su ventaja, el resultado del debate podría no favorecer a Peña Nieto, quizá preferiría dejarse ganar, como se dejó ganar Fernández de Cevallos –un buen orador, aunque nada recomendable en todo lo demás– frente al oscuro burócrata Ernesto Zedillo. La pregunta es si le convendría derrotar al candidato del presidente Calderón. Dicen los que saben que él es el objetivo principal de la campaña del miedo –distinta a la de hace seis años, pero campaña del miedo al fin.

México SA

• Salario mínimo real vs discurso
• Cordero, candidato Guinness
• Calderón y su crecimiento

Carlos Fernández-Vega

Pobre hombre: no tiene remedio. La fotografía publicada ayer en la página 5 de La Jornada lo dice todo, y la gráfica que acompaña esta entrega despeja cualquier duda, si la hubiera, sobre la supuesta fortaleza del poder adquisitivo del salario mínimo en el país presumida por Ernesto Cordero, el voluntarioso secretario de Hacienda que afanosamente trabaja para destrozar cualquier posibilidad, por lejana que sea, de convertirse en el candidato panista para 2012. Pero ese es su problema, porque el de millones de mexicanos consiste en sobrevivir en la realidad con salarios miserables y empleos, cuando los hay, cada vez más precarios.

Decidido a imponer récord Guinness en cuanto al mayor número de sandeces en el menor tiempo, el susodicho se aventó: “el poder adquisitivo del salario mínimo es mucho mejor en la época actual que hace 30 años. Por primera vez en décadas el poder adquisitivo del salario mínimo está creciendo en México, aunque sea de manera muy modesta; es decir, lo que alcanza para comprar con un salario mínimo es más… En la década de los 80 el poder adquisitivo del salario mínimo se contrajo 50 por ciento, mientras que en los 90 retrocedió 20 por ciento. Ahora, por primera vez en la historia reciente en México el salario mínimo ha incrementado su poder adquisitivo, si quieren de manera muy modesta, no hay duda de eso. Pero sí al menos con un salario mínimo cada vez se pueden comprar más cosas, y esto es debido al control de la inflación y a la estabilidad en los precios que, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, en este momento en México los precios son bastante estables y no pierden poder adquisitivo nuestro salario, nuestros ingresos y nuestra moneda".

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Ifai: ¿transparencia u opacidad?

En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el relator especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión de ese organismo, Frank La Rue, recomendó que las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) adquieran carácter de definitivas e inatacables, a efecto de que no sean desacatadas por las autoridades; sugirió, asimismo, considerar a las entidades de interés público –en particular a los partidos políticos– como sujetos obligados por la legislación de acceso a la información, y pidió profundizar la transparencia en el sistema de procuración y administración de justicia.

Es difícil no estar de acuerdo con los planteamientos de La Rue sobre la necesidad de que el país cuente con mecanismos e instituciones que le permitan avanzar en materia de transparencia –componente indispensable del desarrollo democrático–, sobre todo en un entorno caracterizado por el abuso del poder, el manejo turbio y patrimonialista de los recursos públicos y el desaseo administrativo en las oficinas gubernamentales de los distintos niveles.

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Rebase en los topes de campaña y Hank Rhon en Edomex

Bernardo Barranco V.

Tres temas acaparan la agenda del proceso electoral del estado de México esta semana. La detención de Jorge Hank Rhon y las repercusiones en las elecciones, el presunto rebase de topes de campaña de la coalición Unidos por Ti, de Eruviel Ávila, y el debate nocturno entre candidatos que se desarrollará hoy 8 de junio. Los tres temas están imbricados pero, por espacio, nos ocupamos sobre todo del segundo, porque pone a prueba toda la legalidad del proceso y sobre todo la imparcialidad del órgano electoral.

Hay que reconocer una creciente percepción entre la ciudadanía de que la propaganda electoral es ostentosa y exagerada. Las imágenes de Eruviel Ávila son omnipresentes en todos los rincones del estado. Hay una impresión de derroche de recursos en la profusa propaganda electoral de la coalición Unidos por Ti mediante espectaculares, vallas, bardas, pendones en grandes y pequeñas avenidas de la entidad mexiquense; propaganda en paraderos, camiones, combis, móviles, videos, Internet y perifoneo. En las redes sociales, este hecho se comenta abundantemente; la promoción política de Eruviel Ávila es no sólo onerosa, sino invasiva. Esta sensación déjà vu es aún mayor que la que se tenía en 2005 de la campaña de Peña Nieto, quien además invirtió grandes sumas en la utilización indiscriminada de medios electrónicos.

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