Implacables

Manuel Bartlett Díaz

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Calderón, coordinadores legislativos, cúpulas partidistas, organismos empresariales, televisoras, brokers innombrables, transnacionales, constituyen la oligarquía que acordó destruir al SME. Golpe de Estado conforme al diccionario. Diseño extranjero aplicado con torpeza, justificado en el engaño en las pantallas, spots y comentarios mediáticos. Este es el poder que nos gobierna.
No es fantasía, cada actor lo evidencia. Calderón, no sólo con su ilegal acuerdo, lo exhibe además con su verborrea explicativa atacando directamente al sindicato; el PAN, en su derechismo natural, y el PRI, por boca de Beltrones, Labastida y el cobijo de Beatriz Paredes; la cámara de radiodifusores aclamando al Presidente, valiente matador. Las organizaciones patronales en abierto apoyo. Se acatan los mandatos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
El golpe buscó la muerte súbita: la intimidación, el asalto policiaco, las amenazas; la desmoralización: no hay marcha atrás, es definitivo; el chantaje: oferta de liquidaciones con bono adicional a los despedidos, si aceptan en un mes, después nada. Hacienda ofrece dinero adicional “para hacer más tersa la transición”. El secretario del Trabajo, inmoral, presiona a trabajadores dejados sin sustento de la noche a la mañana y ofrece a los primeros en rendirse prioridad en una eventual recontratación.
El secretario del Trabajo violenta su responsabilidad esencial de garantizar el equilibrio entre patrón y trabajadores; descalifica la defensa legal del sindicato, aventura inútil —machaca— ordena ilegalmente a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Todo arropado en la manipulación, la más indigna y mendaz campaña mediática, dirigida y expensada por el Presidente.
Pero la muerte no llega, el SME resiste, se organiza, suma solidaridades y marcha, pese a la intimidación. La liquidación fracasa aun con sus cifras cuestionadas, no hay desbandada. Caen en lo grotesco, ofrecen a los trabajadores franquicias, hacerlos empresarios y, el colmo de la obviedad, confieren Premio en Ingeniería al director de la CFE, Elías Ayub, cuyo único mérito sería su obediencia servil a las instrucciones desnacionalizadoras, hoy esquirol bien retribuido. El gobierno no ceja, intensifica la campaña de medios. Descalifica las marchas, infla el número de liquidaciones. Espera el olvido en el silenciamiento y el hambre.
¿Por qué liquidar al SME, en medio de una crisis nacional, y arrojar a la calle a 44 mil familias? Porque urgía destruir la última resistencia a la extranjerización de la electricidad y del negocio. Cuentan ya con el sindicato petrolero, principal facilitador; con el SUTERM, sindicato de la CFE llevado al entreguismo por Rodríguez Alcaine, humilde ayudante de Pérez Ríos, aquel vigoroso defensor de la nacionalización eléctrica. Había que tener domesticado a todo el sector energético; se pudo abrir el petróleo, pero la situación podría complicarse, no convienen organizaciones nacionalistas ni sindicatos independientes.
Se golpea a los trabajadores a favor de los poderes económicos, como se hizo con el paquete fiscal cobrando impuestos a la población para que los grandes empresarios no paguen, y tantas política similares, porque la plutocracia manda. Calculan que afianzan su hegemonía cerrando filas y en la connivencia con los poderes transnacionales, y que en las circunstancias políticas actuales el pueblo no cuenta. Tienen en la alianza de las cúpulas priístas y panistas una competencia ficticia que les permitiría ganar de cualquier lado y cuentan con el poder manipulador de las televisoras que hacen de la democracia una farsa. Implacables. ¿Será que no pase nada?
mbartlett_diaz@hotmail.com
Ex secretario de Estado

Plutocracia

Manuel Bartlett Díaz

Plutocracia

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La reforma constitucional que prohíbe la compra de propaganda en los medios electrónicos y asegura el acceso gratuito a todos los partidos en tiempos del Estado significó un avance fundamental para la equidad electoral y el derecho a la información; persigue conjurar el dominio del dinero y la dictadura televisiva, o sea, el dominio inapelable de la plutocracia. No es invención mexicana; está en la legislación de la mayoría de los países democráticos.
Dos escándalos forzaron a la reforma. Primero, la ausencia de control de las precampañas y la compra ilimitada de propaganda en los medios permitieron a los “amigos de Fox” imponer su candidatura. Durante seis años se intentó la reforma que evitara lo anterior, pero se topó con la colusión de intereses en el Congreso que no sólo la impidieron sino reviraron con la ley Televisa.
El segundo escándalo se dio en la elección de Felipe Calderón; el Tribunal Electoral reprobó la manipulación del electorado por las televisoras, sus “campañas negras” y la compra ilegal, aun impune, de spots por organismos empresariales.
Resultó rabiosa la oposición de empresarios y televisoras a la reforma constitucional. Los primeros promoviendo campañas descalificadoras y amparos para defender su particular concepción de libertad de expresión contraria a la equidad electoral. Las televisoras, por su parte, mantienen la presión no sólo por las ganancias perdidas por la gratuidad decretada, sino por el poder que significa la utilización de una concesión destinada al servicio público para imponer sus intereses.
Unos y otros apoyan su labor de zapa en sus aliados; en el Congreso, los mismos que les sirvieron aprobando la ley Televisa, y en el gobierno, que igual al anterior sostiene una falsa popularidad basada en la realidad ficticia que fabrica la televisión.
La agresión al público y a las autoridades con la confabulación de Televisa y TV Azteca para interrumpir eventos deportivos de la más alta audiencia, concentrando los mensajes ordenados por el IFE para enardecer al público y presentar la trascendente reforma como absurda, no expresa sólo la insolencia de dos personajes —Azcárraga y Salinas— o supuesta valentía, sino su confianza en la protección por su connivencia con el poder. Connivencias que desarmaron la Ley Electoral estableciendo sanciones intrascendentes, eliminando la cancelación de la concesión que había sido propuesta como medida última indispensable.
Recordemos las declaraciones timoratas ante el reclamo general de los legisladores que aprobaron la reforma constitucional ridiculizada ante el público. El coordinador del PRI en el Senado, que ya había anunciado impúdicamente una segunda ley Televisa, en lugar de reprobar el desacato arguyó que toda ley es perfectible, insinuando posible rectificación. El IFE ya inició el procedimiento sancionador, pero le repitieron la violación al siguiente domingo, no interrumpieron partidos pero no pasaron los mensajes. La contumacia es evidente. El IFE surgido de los partidos tiene que trascenderlos. Gobernación se disfraza de “amigable componedor” cuando es autoridad en radiodifusión, responsabilidad que hace tiempo incumple en detrimento del auditorio. De no someter a las televisoras a la ley no habrá democracia, otra vez.
mbartlett_diaz@hotmail.com
Ex secretario de Estado