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sábado, marzo 27, 2010

Presión para liberar a Alberta y Teresa

Protesta de Amnistía Internacional en el Cereso de Querétaro.

MÉXICO, D.F., 25 de marzo (apro).- Ignacio del Valle fue condenado a más de cien años de prisión, por haber sido la cabeza visible de los campesinos de Atenco que se opusieron a un acto de autoridad que quería arrebatarles sus tierras.

La represión contra Atenco y sus pobladores derivó en un ataque sexual a más de 24 mujeres que no han conseguido justicia. Esa represión ha sido condenada en el mundo, al igual que los asesinatos de más de 600 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde hace casi 15 años en que se conoció la barbarie.

En las últimas semanas, México ha sido señalado por un sinnúmero de organismos internacionales por el caso de las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, y ahora tirios y troyanos han alzado la voz para que sean liberadas.

Este caso es harto evidente de cómo se violan los derechos humanos en México. Se trata de dos indígenas de Querétaro, enjuiciadas por un supuesto secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en un mercado de Mexquititlán, y condenadas por el juez cuarto de Querétaro a 21 años de cárcel. Llevan tres. En la prisión, Teresa dio a luz a una niña, ahora de un año de vida.

Por el mismo caso fue detenida y enjuiciada Jacinta Francisco Marcial, liberada en septiembre pasado. A ella le dijeron: “Usted dispense”, pero todavía no opera la reparación del daño.

La contundencia de los hechos que llevaron a estas mujeres a la cárcel involucra a un sistema cómplice y corrupto que llevó a Amnistía Internacional a declarar a Alberta y Teresa como presas de conciencia.

La visita al penal de San José El Alto que hicieron senadores del PRI, encabezados por Manlio Fabio Beltrones, y los buenos oficios legales y mediáticos del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, nos dicen que es posible que Alberta y Teresa sean liberadas.

México ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de siete jóvenes asesinadas y halladas en lo que se conoce como Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y hay una docena de casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el de los 65 mineros que murieron a causa de la explosión de la Mina de Pasta de Conchos, en Coahuila.

A pesar de todo, existen también numerosas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso de Ciudad Juárez y en el de Pasta de Conchos; se conforman expedientes por el caso de Atenco, y es insoportable la situación documentada en Oaxaca por los casos de Loxicha y la región Triqui, además del conflicto social de 2006 por innumerables violaciones a derechos humanos.

Frente a todo ello, ha habido silencio, el más sepulcral de prácticamente toda la clase política. Ahora sorprende imaginar al jefe político del Senado, por parte del PRI, encabezando lo que él llama con urgencia “presión política”; llama la atención su discurso, sus declaraciones, su interés, cuando no apeló a la justicia frente a horrendos crímenes, como los que todos los días se comenten en los campos de batalla abiertos en el país por Felipe Calderón y el Ejército.

Alberta y Teresa son dos indígenas que no dejaron que los AFI robaran sus mercancías, las de Teresa principalmente. Alberta comenta que se opuso y pidió a los policías que justificaran su presencia. Por eso se dice que las detuvieron por venganza.
Lo cierto es que se trata de un caso ominoso, insoportable e inadmisible. Tres años en la cárcel en completa inocencia. Jacinta pasó más de dos años.

No se puede negar que ahora hay un halo de esperanza, como ellas dicen. No obstante, el Ministerio Público que las acusó, los integrantes de la AFI, todo el poder, el juez ciego y necio que las condenó, nadie, absolutamente nadie, piensa en los años perdidos, en las penas, en esa vida de reclusorio que no se me ocurre pensar cómo es de terrible.

Lo más grave es que ahora nos vayamos a festejar jubilosos y jubilosas que, por fin, tanta demanda, tanta denuncia, tantos trabajos jurídicos, finalmente servirán para algo. Ahora mismo ponemos todos nuestros sentidos en la decisión que tomará el estudio que hace la ministra Olga Sánchez Cordero, tras la decisión de la Suprema Corte al admitir el caso para analizar la injusticia.

Lo grave es que hay otros muchos casos que no han sido atendidos. Quizá, y pensando electoralmente, Beltrones ya se apresura a proponer que sean enjuiciadas las autoridades que no cumplan las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Demasiada amargura y pesadez costará ese párrafo en alguna ley, pero será muy lamentable que ello no cambie la vida de las amenazadas con cárcel por aborto en Guanajuato, Veracruz, Guerrero e Hidalgo, donde sabemos hay este tipo de injusticias.n Lamentable será que esta pirotecnia del viejo lobo de mar, Beltrones, sea sólo eso y no se haga justicia en todos los casos de clara y evidente violación a los derechos humanos, como lo han señalado las mismas instancias que han puesto los ojos en Alberta y Teresa.

Ellas, sin embargo, han de saber en el tiempo lo significativo que será su arbitraria detención y su injusto juicio. Es una lección, sin duda; es también un paréntesis a tanta desgracia. Ojalá que la Procuraduría de Justicia de Querétaro retire su acusación, antes mejor que la niña de Teresa, de apenas un año, tenga que permanecer en esas catacumbas del Cereso, donde aprende a caminar y a decir sus primeras palabras.

Pero negarse a mantener en alto la denuncia de los casos ominosos que cubren al gobierno de Felipe Calderón e imaginar que se puede ocultar la estela de atrocidades, sería como renunciar a la memoria, al sentido de la vida y la decencia, por no hablar de ética y sentido común.

Esperemos el final de esta historia.

saralovera@yahnoo.com.mx

domingo, marzo 14, 2010

La cacería contra Peña Nieto

Visos de impunidad
Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México.

Álvaro Delgado

A demás del costo político de elevar impuestos a cambio de abolir una coalición opositora en el Estado de México en 2011, un contubernio del que están confesos panistas y priistas, el convenio firmado por Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, y el gobernador Enrique Peña Nieto a través de Enrique Miranda Nava, secretario de Gobierno de esa entidad, implica también violaciones constitucionales y legales que no deben quedar impunes.

Con esta argumentación los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia –que conforman Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA)– presentaron una denuncia por la intervención de esos servidores públicos en asuntos electorales, lo que prohíben la Constitución y las leyes, ante el Instituto Federal Electoral (IFE), que preside Leonardo Valdés.

Los consejeros –agrupados en dos bloques identificados con los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) – fueron tomados por sorpresa y prefirieron guardar silencio, una conducta que Rafael Hernández, representante del PRD ante el IFE, califica de explicable por la relevancia de los personajes implicados en el escándalo:

“Les cayó una papa caliente, porque la denuncia que presentamos refiere hechos en los que están involucrados el secretario de Gobernación, que es el segundo de a bordo del gobierno federal, y el gobernador del Estado de México, que es el aspirante presidencial mejor posicionado del PRI, cuando menos en estos momentos”.

Se trata, además, de dos personajes cercanos a Valdés: Gómez Mont es su amigo desde hace 25 años, cuando ambos eran representantes partidistas ante la Comisión Estatal Electoral, y Peña Nieto le prestó un helicóptero, el 27 de marzo del 2009, para trasladarse de Ixtapan de la Sal a sus oficinas del organismo electoral.

Pero Hernández asegura que no hay manera de que el IFE ignore la queja presentada ante el propio Valdés, porque es la autoridad competente para investigar y sancionar las violaciones al principio de neutralidad previsto en la Constitución por la firma de esos funcionarios en el convenio entre los presidentes del PAN, César Nava, y del PRI, Beatriz Paredes, celebrado en la Secretaría de Gobernación, el 30 de octubre de 2009.

“Además de la firma, ambos están en medio de toda una estela de declaraciones que aclaran, como dicen los abogados, las condiciones de modo, tiempo y lugar”, asegura Hernández, quien recuerda que en el pacto están implicados los recursos públicos recaudados mediante impuestos.

“Todo ese conjunto de declaraciones de personas se suman a la prueba firme, que es el propio documento, y establecen entonces, con claridad, que los funcionarios públicos involucrados violaron el artículo 134 de la Constitución. Y el IFE es autoridad en esa materia.”

Por ello, expone, el IFE debe proceder a desahogar las diligencias para esclarecer los hechos. “Si después de investigar encuentra que se violó la Constitución, tiene que sancionar”.

–¿Con la integración del Consejo General, por cuotas partidistas de PAN y PRI, está latente la impunidad?

–Pues sí, es un mal de México, pero creo que los consejeros electorales y la institución tiene una gran oportunidad de hacerse valer como una autoridad imparcial, que cumple con su papel y que se pone por encima de los intereses particulares y de las estrategias de los partidos.

“Ojalá aprovechen esta oportunidad en este caso porque, indudablemente, más allá de los protagonistas y de los denunciados, que son muy importantes, el IFE saldría fortalecido de frente al 2012.”

Hernández aclara que “si el IFE es omiso en el cumplimiento del desahogo de esta queja”, los partidos de DIA recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “para que ordene al IFE que cumpla con su obligación de investigar y sancionar los hechos denunciados”.

–Pero el Tribunal Electoral también está integrado por las mismas facciones partidarias.

–Ahí también los magistrados tendrán la ocasión y la oportunidad de demostrar su imparcialidad y su apego a la Constitución.

Todo para el mexiquense

La denuncia de hechos fue presentada el lunes 8, dos días antes de que el Consejo General aprobara el registro de DIA, la denominación del grupo de partidos que sustituyó al Frente Amplio Progresista (FAP), y se resolvió esa vía después de que el equipo jurídico descartó recurrir a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), por considerar que estas instancias sólo garantizarían impunidad a los involucrados.

Además, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece, en los artículos 341, 347, 356 y 347, la competencia del IFE y también, de manera expresa, como sujetos de responsabilidad por infracciones a las disposiciones electorales, a los servidores públicos de la Unión o de los poderes locales, como Gómez Mont y Peña Nieto, que quebrantaron la Constitución.

“En tal orden de ideas –dice la queja– las violaciones que se denuncian fueron cometidas, con motivo y en razón de una negociación entre el PRI y el titular de la Secretaría de Gobernación, con el objeto de favorecer con recursos públicos a los gobiernos de las entidades federativas cuyos titulares emanaron del PRI, así como para favorecer las aspiraciones del C. Enrique Peña Nieto, actual gobernador del Estado de México, para el cargo de presidente de la República en el año 2012.”

En el cuerpo de la queja de DIA se detalla que el convenio es contrario al estado de derecho y a los deberes constitucionales y legales de los servidores públicos denunciados. Pero, además, las propias declaraciones de Peña Nieto y Rojas acreditan el canje de apoyo al paquete económico 2010 a cambio de impedir alianzas del PAN con otros partidos.

“Esto es, el principal recurso público de la nación, que son los recursos fiscales y el Presupuesto de Egresos, se utilizó para un propósito eminentemente electoral, como es el de impedir una alianza electoral en los comicios locales del 2011 en el Estado de México y, desde luego, con ello, favorecer electoralmente al actual gobernador de esa entidad federativa, Enrique Peña Nieto, en sus pretensiones de ser candidato presidencial.”

Luego de presentada la queja, el único consejero que se refirió a ella públicamente fue Valdés, quien se comprometió a estudiarla. El resto optó por el silencio, si bien algunos de ellos anticiparon, a condición del anonimato, que la queja difícilmente procederá, porque la fracción sexta del artículo 134 de la Constitución opera sólo para los procesos electorales y, además, no se ha acreditado el uso de recursos públicos.

Hernández responde que eso es falso y cita el sexto párrafo del artículo 134: “Los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.”

Subraya que en la redacción de ese párrafo se prohíbe a los servidores públicos usar recursos públicos a favor de partidos y candidatos “en todo tiempo”, no nada más a los plazos legales de las campañas o de los procesos electorales federales o locales.

“Sobre lo segundo se necesita tener una visión muy obtusa, casi ciega, para no ver que estaban involucrados los recursos públicos. No estaban involucrados a través de una despensa o de una beca o de alguna otra dádiva que se acostumbra utilizar en las elecciones, no, estaban implicados todos los recursos públicos. ¿Por qué? Porque la materia de intercambio es el alza a los impuestos, que son universales, porque todos los pagamos, particularmente el IVA del que no se salva nadie.”

–Salvo a los grandes grupos empresariales.

–Exacto, salvo los grandes que tienen devolución, los clientes de Diego Fernández de Cevallos. Entonces la materia del intercambio fue, repito, que el PRI apoyara el paquete fiscal, como lo dijo Francisco Rojas, aunque lo niegue o lo quiera matizar. Y los funcionarios públicos que concurrieron a la firma de ese convenio, aunque no pusieron sus cargos, pero sí su firma, lo que comprometieron fueron recursos públicos a cambio de una estrategia electoral a favor del PRI y a favor concretamente de Peña Nieto.

Recuerda:

“Acordémonos cómo los gobernadores, particularmente los del PRI, se llevaron la gran tajada del presupuesto y en condiciones además de opacidad, con una gran manga ancha para que lo gasten en lo que quieran, que no es otra cosa que en las campañas. Y eso fue parte del acuerdo.”

Juzga: “Claro que ahora Beatriz Paredes, en una defensa infantil, dice que eso no está en el documento. Pero todo el mundo lo sabe, porque además ellos mismos lo dijeron, ella misma y el coordinador en la Cámara de Diputados, lo dijo: Fue a cambio del paquete económico”.

–A confesión de parte, relevo de pruebas.

–Así es. Entonces hay recursos públicos involucrados. ¿Cuáles? Todos los recursos públicos pasaron por ese acuerdo.

Calderón lo permitió

En efecto, tal como lo documentó Proceso en un reportaje de Jesusa Cervantes y Carlos Acosta, publicado el 3 de enero, los estados gobernados por priistas donde habrá elecciones en 2010 fueron los más beneficiados en la asignación de recursos, aunque también el Estado de México, cuya gubernatura se renovará en 2011.

La entidad gobernada por Peña Nieto, que es la más poblada del país, recibirá 101 mil 394 millones 670 mil 45 pesos, la mayor cantidad de recursos, seguida por el Distrito Federal, que obtendrá 67 mil 610 millones y celebrará elecciones hasta 2012, y después vienen Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa…

Al respecto, Mario di Costanzo, diputado por el Partido del Trabajo y experto en el análisis del Presupuesto de la Federación, explicó que la primera parte de la estrategia del PRI consistió en ubicar a un alto número de sus diputados en las principales comisiones que se encargarían de destinar millonarios recursos a los gobernadores priistas, a fin de que ellos, a su vez, puedan decidir sobre el presupuesto y hacer campaña electoral con las obras que efectuarán.

Y luego, indicó, el PRI cerró la pinza con la elección de quien supuestamente se encargará de verificar que no haya desvío de esos recursos para los procesos electorales: el responsable de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, quien si bien no es militante de este partido, sí tiene cercanía con el coordinador de los 237 legisladores priistas, Francisco Rojas.

A su vez, Juan Pardinas, director de Análisis de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), aunque no habló del posible uso de ese dinero en las contiendas electorales, sí afirmó que con la confección del presupuesto federal para 2010 “se está dejando el total del gasto público en manos de los gobernadores”.

Pardinas atribuyó responsabilidad a Felipe Calderón en ello: “Por llevar la fiesta en paz, está cediendo a todo. El presidente se está volviendo un objeto de burla de los gobernadores, y las instituciones federales simplemente no reaccionan.”

Ahora que se presentó la queja ante el IFE, que contó con la presencia del presidente del PRD, Jesús Ortega, y del coordinador de DIA, Manuel Camacho, Hernández anuncia que exigirá al IFE desahogar con rapidez el procedimiento ordinario.

“No se necesita más de un mes para que se resuelva. Claro que puede llevarse más tiempo, sobre todo si se realiza una investigación exhaustiva. Pero vamos a estar al pendiente de que eso se esté llevando a cabo y no que simplemente le den largas al asunto.”

Pero además, advierte, exigirá que si acredita que Gómez Mont, Peña Nieto y Miranda Nava violaron el principio de imparcialidad prevista en la Constitución, como se presume, sea el IFE el que aplique sanciones, no sólo que dé vista a otras autoridades.

“Pero también, si en un momento dado el IFE se limita a dar vista, eso también es muy importante, porque tendrá que resolver la queja de fondo y decir si hay violación a la Constitución o no y, si hay violación, tendría que señalar a Gómez Mont, a Peña Nieto y a su secretario de Gobierno como responsables precisamente de violar la Constitución.”

Peña Nieto, alianza ilegal
Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México

MÉXICO, D.F., 9 de marzo (apro).- A Enrique Peña Nieto le gusta firmar todo, aunque sean documentos clandestinos. Firmó los cheques de la administración de Arturo Montiel, especializada en corromper a opositores, empresarios y colaboradores. Firmó con TV Promo, empresa intermediaria de Televisa, un contrato multimillonario para que desde 2005 a la fecha lo llevaran a la Presidencia de la República, a costa de comprar con dinero del erario, sin fiscalización, más de 3 mil millones de pesos en espots, entrevistas a modo y hasta noviazgos tele-producidos.

En octubre de 2009, sagaz como suelen ser los Golden Boys, Peña Nieto le ordenó a su secretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, que firmara como “testigo de honor” en las oficinas de Bucareli, donde despacha aún Fernando Gómez Mont, un documento en el cual se comprometen los dirigentes nacionales del PAN, César Nava, y del PRI, Beatriz Paredes, a no realizar alianzas electorales en el 2011 que despeinaran al copete más caro del país y que le permitieran a la dinastía política que encabeza continuar gobernando el Estado de México como si fuera un casino Caliente.

Tres de las seis cláusulas del ahora multicitado “convenio de colaboración” constituyen una verdadera joya de la infamia política contemporánea:

“Tercera. Cada una de las partes se obliga a no utilizar la descalificación personal como herramienta para demeritar (sic) la imagen de su contraparte ante la opinión pública.”

¿Qué entendían “las partes” como descalificación personal? ¿Acaso se trata de que el PAN no criticara más los convenios secretos y multimillonarios de Peña Nieto con los medios electrónicos, para que, a su vez, los priistas no atacaran al gobierno de Felipe Calderón con el mismo argumento? No se sabe. Quizá fue una cláusula que se le ocurrió al señor Alejandro Quintero, accionista de TV Promo y vicepresidente de Comercialización de Televisa.

“Cuarta. Las partes se abstendrán de formar coaliciones electorales con otros partidos políticos, cuya ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus respectivas declaraciones de principios.”

Esta es una verdad de Perogrullo. ¿Qué partido firmaría una coalición que viole sus documentos básicos? El astuto Peña Nieto quería de esta manera “amarrar” al PAN para que en el 2011, el año de la sucesión en el Estado de México, ninguno de sus aspirantes a sucederlo (Alfredo del Mazo Maza, Luis Enrique Miranda Nava o a quien se le ocurriera) tuviera que enfrentar una alianza opositora que pusiera en riesgo toda la millonaria operación de compra-venta y coacción del voto para garantizar la “absoluta mayoría” del PRI en esa entidad.

La sexta cláusula le da sentido a todo el documento: “El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia hasta el 31 de julio de 2011”. Es decir, el convenio culmina justo cuando el señor Peña Nieto, siempre tan precavido, se pretendiera lanzar como precandidato del PRI a la Presidencia de la República.

La ilegalidad fundamental de toda esta alianza radica en sus dos condiciones: ser un pacto secreto, ajeno al escrutinio público, con un adéndum que hasta ahora se conoce a medias. Las dirigencias nacionales del PRI y del PAN se comprometen a todo esto, a cambio de que se aprobara el incremento al IVA en la Cámara de Diputados –dominada ampliamente por la bancada del Estado de México y sus coaligados priistas-- y que el gobierno de Enrique Peña Nieto recibiera carretadas de dinero, más de 50 mil millones de pesos, como el cobro por la factura de sacar adelante la Ley de Ingresos de Felipe Calderón.

A pesar de la existencia de este documento, el señor Peña Nieto se sintió molesto porque el PAN de César Nava y una parte del PRD, de Jesús Ortega, comenzaron a articular una serie de alianzas estatales que muy pronto pusieron en jaque el buen año electoral que preveía el PRI para este 2010.

Vino la renuncia de Gómez Mont a una “militancia cachirul” en el PAN como acto escenográfico para que el “testigo de honor” calmara las ansias del heredero y sobrino de Arturo Montiel, quien al parecer vuelve por sus fueros a tomar el control de la política en Toluca. Le siguieron las reiteradas declaraciones de César Nava negando que él formara parte de pacto alguno, y el cinismo transexenal de Beatriz Paredes, que acusó de “chaqueteros” a los panistas.

Como nada de esto bastó, Peña Nieto decidió contraatacar a su estilo: con frases crípiticas y entrevistas a modo en Televisa para hacer valer lo acordado. El 24 de febrero dio un adelanto de lo que ya estaba tramando:

“No es que estén prohibidas las alianzas, sino que hay que dejarle muy en claro a la ciudadanía cuál es la razón de éstas, y aquí no veo otra que no sea buscar el poder por el poder. La ambición del poder parece que deja de lado ideologías y las propuestas que se hacen a la ciudadanía”, le declaró Peña Nieto a Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula.

El joven de Atlacomulco, que se preocupa más por sus portadas en revistas de espectáculos y que un día sí y otro, también humilla a sus colaboradores más cercanos, habla ahora en contra de la “ambición de poder”. No se mordió la lengua porque eso nunca estará en el guión.

El 2 de marzo, con Adela Micha en Televisa, Peña Nieto lanzó el último dardo: reveló que existía un pacto firmado por César Nava y Beatriz Paredes para que no se hicieran alianzas “contra natura”. Y ardió Troya.

Quizá se sintió más abusado que sus adversarios inmediatos, incluidos los otros precandidatos priistas (la propia Beatriz Paredes y Manlio Fabio, su adversario más peligroso). Lo que en realidad operó Peña Nieto fue el inicio de un suicidio político que puede arrastrar a su partido al desastre.

En el caso del PAN, las mentiras de César Nava lo han llevado a un callejón sin más salida que la renuncia a la dirigencia de su partido, y a Fernando Gómez Mont lo ha colocado como un insigne representante de la “concertacesión” más grotesca del gobierno de Felipe Calderón. Ahora quieren salvarse con argumentos tan contradictorios que logran el efecto inverso a lo que pretenden: en lugar de defender a su jefe sólo lo exhiben como iluso, desinformado, en el mejor de los casos, o como parte de un trueque que le está costando al bolsillo de millones de mexicanos.

Pero el problema fundamental está en el palacio de gobierno de Toluca. Peña Nieto buscó un efecto mediático y le regresó un boomerang político que puede llegar a ser judicial. Por más que sus plumas rentadas insistan en decir que él salió ileso de este escándalo, la realidad es que aquí comenzó el descarrilamiento de un ambicioso retorno a la Presidencia de la República. No hay vuelta a la página sin copete despeinado.

La perversidad del jefe político de la campaña de Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, pudo más que la ansiedad del gobernador de los informerciales.

Email: jenarovi@yahoo.com.mx

sábado, marzo 13, 2010

Pactos vergonzantes

La discusión en la Cámara.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, DF, 12 de marzo (apro).- La verdad es un arma tan poderosa que asusta a los políticos y les cancela el poder de la manipulación, la posibilidad de hacer acuerdos en lo oscuro y, sobre todo, actuar para su beneficio y no para quienes dicen servir: los ciudadanos.

Y como prueba de lo anterior, sólo basta echar un vistazo al intercambio de acusaciones, señalamientos, pero sobre todo de revelaciones y confesiones evidenciadas durante las sesiones de los pasados 9 y 10 de marzo en la Cámara de Diputados.

Las palabras asustaron a más de un político y en ellas se escudaron para optar después por el silencio, para demandar tregua y cancelar el debate.

De uno y otro lado, el PRI y el PAN --sumándose algunos perredistas-- aceptaron públicamente verdades (hasta esta semana) confesables sólo en privado; en otros casos se indignaron porque (algunos) de sus actos fueron puestos a la vista de todos los mexicanos.

Por ejemplo, los priistas aceptaron que para ellos Felipe Calderón Hinojosa no ganó las elecciones del 2006, pero que juntos llegaron a un acuerdo para darle legitimidad y facilitarle su entrada al Congreso de la Unión.

Un hecho expuesto desde la máxima tribuna de la nación, el mismo lugar desde donde se pretendió hacer realidad una ficción: que Felipe Calderón ganó probadamente las elecciones presidenciales.

Los mismos priistas remacharon así: “Lo que mal empieza, mal acaba”. A partir de ahí, la verdad confesa desde tribuna, de que para ellos, los priistas, las elecciones no fueron claras y por lo tanto nunca tuvieron la certeza de que Calderón hubiera ganado la Presidencia de la República, pero que gracias a un pacto en lo oscuro entre PRI y PAN pudo el michoacano entrar a San Lázaro cubierto por una simulación.

Otro dato más, revelado al calor del malestar por haber sido desnudados entre sí y ante la vista de toda la ciudadanía, fue el haber negociado el aumento de impuestos en contra de la población.

Todo para supuestamente “evitar una crisis o salvar al país”, cuando en realidad fue allanar el camino a un político que pretende ser el candidato presidencial del 2012: el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.

Esta verdad, revelada por quienes se sintieron traicionados (el PAN), mas no porque hayan sentido la urgente necesidad de redimirse ante la ciudadanía que afectaron y afectan y dar marcha atrás a los impuestos, generó indignación entre los diputados del PRI, los que iracundos respondieron provocando la incontinencia verbal de los panistas.

Y aquí, nuevamente una verdad (el indignante trueque) provocó que los panistas se hicieran eco de lo que algunos mexicanos ponen en tela de juicio sobre las reales razones de la súbita muerte de la esposa del gobernador del Estado de México, Mónica Pretelini, y acusaron, los panistas, desde la máxima tribuna de la nación, a Enrique Peña Nieto de haberla asesinado.

Cuando la diputada panista por el Estado de México, María Elena Pérez de Tejada, soltó el que se indagara a todos los que han cometido un delito, “incluso el gobernador, que no lo digo yo, lo dicen muchos medios, de que está acusado de haber matado a su mujer”, provocó que los priistas empezaron a retorcerse en sus curules.

Las palabras los hirieron en lo más hondo de su militancia priista, pues en ese momento se estaba acusando al PRI de pretender colocar en la silla presidencial a un presunto asesino, según la pública denuncia panista.

Las palabras fueron certeras y generaron temor en la bancada del PRI.

Mientras que en el PAN las revelaciones (de establecer acuerdos indignos como consumar no alianzas a cambio de impuestos o pactar con el PRI para que se legitimara a Felipe Calderón) sólo acrecentaron y reeditaron su temor por la forma en como pudiera reaccionar la ciudadanía.

Y si de un lado estuvieron PAN y PRI desnudándose mutuamente, del otro, uno de los invitados al debate, el PT, aprovechó e hizo también revelaciones. Dijo que César Nava, el diputado y aún presidente nacional del PAN, acudió a ellos como mensajero de Los Pinos para ofrecerles dinero, posiciones gubernamentales y respaldo en sus programas sociales, a cambio de que reconocieran a Felipe Calderón como el presidente de México.

Por primera ocasión, la verdad en materia política se exponía en la tribuna de la Cámara de Diputados, donde siempre debió estar. Por vez primera la ciudadanía se estaba enterando, en propia voz de los involucrados, de los pactos vergonzantes que de manera cotidiana establecen los políticos.

Priistas y panistas, incluyendo a Felipe Calderón Hinojosa, reaccionaron.

Por esa razón, de uno y otro lado hicieron llamados a la mesura, se dieron golpes de pecho por “el bajo nivel” del debate parlamentario y se comprometieron a regresar al diálogo, al ambiente cordial, en una frase: a la simulación.

Y es que la simulación les resulta a los políticos, que ostentan y comparten el poder con sus cómplices, más cómoda y manejable.

La mentira, la omisión, la ausencia de transparencia resultan para los políticos baluartes que no quieren perder; de lo contrario, hablar con la verdad, decir con todas su letras los acuerdos a los que llegan, les impediría seguir manejando a su antojo los destinos de más de cien millones de mexicanos.

La ignorancia es un haber en la política mexicana, necesaria para mantenerse en el poder. De ahí que Calderón, César Nava, Beatriz Paredes o Manlio Fabio Beltrones prefieran darle “vuelta a la página”, “dejar atrás el debate sobre los agravios y el reparto de culpas”.

Sin embargo, será difícil que lo puedan hacer, porque un rumor que se puede convertir en verdad, derivado de todo este ignominioso episodio, no deja dormir a algunos, como por ejemplo al diputado Luis Videgaray, legislador por el Estado de México, presidente de la Comisión de Presupuesto y uno de los delfines de Enrique Peña Nieto para sucederlo en la gubernatura.

Los panistas soltaron ya el rumor de que César Nava cuenta con grabaciones donde una de las voces que se escucha es la del diputado mexiquense. La versión que han soltado es que ahí puede estar la prueba plena de la negociación que tanto niegan los priistas.

Otra verdad aún no revelada y motivo por el que es preferible para algunos priistas cerrar el debate, es quién obligó a Beatriz Paredes a firmar ese convenio, quién está detrás de toda esta maquinación y cuál fue su objetivo.

Por lo pronto, lo que parecer ser cierto es que en todo este episodio hay alguien que, ante la amenaza de hacer público el convenio, obligó al principal afectado --Enrique Peña Nieto--, a decir la verdad y al PAN a ahogarse en su propio lodo.

Ese alguien se llama Manlio Fabio Beltrones, y la verdad que todavía queda pendiente por revelar es quién estuvo y está detrás del senador sonorense, el mismo que, al parecer, pretende ahora deshacerse del candidato televiso.

Comentarios: mjcervanets@proceso.com.mx


Pinocho
El Pinocho de San Lázaro.
José Gil Olmos


MÉXICO, D.F., 10 de marzo (apro).- Pinocho no encontraba su curul el martes pasado en la Cámara de Diputados. Iba de un lugar a otro de las bancadas del PRI y el PAN, un poco perdido. Los fotógrafos se divertían viéndolo deambular entre las sillas legislativas, en un juego en el que nadie quería participar.

Era el juego de la mentira, de la impostura, el juego del que los políticos mexicanos forman parte desde hace mucho tiempo y que, paradójicamente, quieren ocultar detrás de máscaras discursos y convenios revestidos de supuestos ideales democráticos.

Muy temprano, antes de que empezara la sesión, la diputada del PRI, María Estela Fuentes, llevó a Pinocho en su auto al palacio legislativo, pensando quizá que haría la mejor obra de su gestión como representante popular y que le haría el día a los dirigentes de su partido.

Para ir a la Cámara de Diputados, Pinocho se había vestido de colores. De moño azul, playera amarilla, gorro naranja y pantalón de peto rojo, el niño de la nariz alargada por las mentiras esbozaba una sonrisa y una mirada pícara que a todos hacia reír. Bueno, a casi todos.

Desde que lo cargó para entrar al salón legislativo, a la diputada María Estela Fuentes ya se le veía divertida con Pinocho y lo abrazaba, aprovechando que el niño de madera tenía siempre los brazos abiertos. Cuando entraron al enorme salón de sesiones de inmediato llamaron la atención. Hubo sonrisas burlonas y también miradas de reprobación.

Pero esto último no le importó al hijo de Don Gepeto, que como invitado especial siempre reía divertido, con los ojos azules fijos en el escenario donde los diputados del PRI y el PAN se peleaban acusándose mutuamente de que por mentirosos les iba a pasar lo mismo que a él. Les crecería la nariz sin poderlo ocultar.

Durante tres horas, los diputados del PRI y el PAN se acusaron de mentir, azuzados por los del PRD, que recriminaban a los primeros la firma de un “convenio político”, en el que los priistas se comprometían a apoyar la política presupuestaria del gobierno de Felipe Calderón, basada en aumento de impuestos, a cambio de que los panistas no realizaran alianzas con ningún otro partido en las elecciones estatales de este año, sobre todo para la del Estado de México en 2011, a fin de no poner en riesgo la carrera desaforada de Enrique Peña Nieto rumbo a la silla presidencial.

Desde su curul de invitado, Pinocho escuchaba atento las diatribas de la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, excusándose de la firma del documento.

“Porque tengo la conciencia tranquila, porque hago política con altura de miras, porque valoro la capacidad de acuerdo, pero también la capacidad de disensión y la verdad, ruego que se dé lectura al texto”, dijo, pidiendo se diera a conocer el convenio que ya todos conocían.

En eso estaba el niño de la nariz larga, cuando de pronto fue alzado en vilo por su anfitriona. Los priistas querían que ocupara la curul del dirigente nacional del PAN que estaba ausente, lejos del palacio legislativo, negociando con el PRD otras alianzas electorales.

Sin embargo, la diputada Fuentes se topó con el panista Camilo Ramírez, quien tomó a Pinocho y lo arrojó al pasillo, evitando que ocupara otro asiento para seguir atento a la larga lista de oradores que se seguían acusando de mentirosos.

Del suelo, la misma diputada que lo invitó a San Lázaro recogió a Pinocho y, de nuevo en sus brazos, le buscaron un nuevo sitio.

Se le ocurrió entonces a la legisladora ponerlo exactamente detrás del coordinador de la bancada del PRI, Francisco Rojas, y un poco más atrás de la curul de Beatriz Paredes, quien escuchaba atenta las acusaciones en su contra por haber escondido el convenio también firmado –desde octubre– por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el secretario de Gobierno del Estado de México, Luis Enrique Miranda.

Pinocho estaba contento otra vez en su nueva curul. Atento escuchaba al vicecoordinador panista Roberto Gil Zuarth, quien empezó hablando de la dignificación de la política. “No aprobamos los diputados del PAN la política fiscal, la política presupuestal ni por chantajes ni a cambio de alianzas o de votos electorales. Los legisladores panistas no tienen mancha”, afirmó el panista, ante la mirada inescrutable de Pinocho.

En esas estaba el invitado especial, cuando de pronto sintió la mirada iracunda de Beatriz Paredes y Francisco Rojas. Al percatarse de su presencia por las fotos que le tomaron desde uno de los balcones, de inmediato ordenaron su retiro de la sesión.

Pinocho fue sacado en vilo del salón legislativo y ya no escuchó las elucubraciones del histriónico panista Javier Corral acusando al senador Manlio Fabio Beltrones de filtrar el convenio para dañar los planes de Peña Nieto; tampoco las del perredista Guadalupe Naranjo atacando al gobernador del Estado de México, y menos las del diputado priista César Augusto Santiago, quien recordó que desde hace mucho tiempo en la política mexicana existe la práctica secreta de los acuerdos políticos y que, gracias a ellos, algunos han llegado al poder, como Felipe Calderón.

Pinocho había escuchado lo suficiente antes de salir volando del Palacio de San Lázaro. Pero salió con su sonrisa enigmática, sabiendo que entre ciertas personas, sobre todo los políticos mexicanos, la mentira es inevitable. Y que a todos, sin que se dieran cuenta, les había crecido la nariz, pero ninguna hada madrina los podría ayudar, como sí lo ayudaron a él.

domingo, febrero 21, 2010

Las órdenes venían “de Los Pinos”



Acusados de montar una vasta red de espionaje cuya organización y financiamiento, de acuerdo con datos de la PGR, podría implicar al gobierno del Estado de México, exfuncionarios de los servicios de inteligencia que estuvieron en ella responsabilizaron en cambio a la Presidencia de la República de las actividades de seguimiento de decenas de personajes públicos desde el inicio de la administración de Felipe Calderón.

Dos de los principales acusados, Luis Miguel Dena Escalera y Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, aseguraron que la Oficina de la Presidencia fue el origen del espionaje que se realizaba desde domicilios del Distrito Federal y del Estado de México.

“Jamás actuamos solos. Lo que hicimos se nos ordenó desde Los Pinos y se operó con el apoyo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional” (Cisen), manifestaron los espías que trabajaron más de una década para el Cisen y la Policía Federal Preventiva (PFP).

En agosto pasado, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) buscaba aprehenderlos junto con otros 11 coacusados, ambos exagentes se acercaron a Proceso para responder a las imputaciones que semanas antes había filtrado la dependencia a cargo de Eduardo Medina Mora.

Dena Escalera y Rodríguez Rosas intentaron entonces desmontar las acusaciones de la PGR en su contra como los principales responsables del espionaje descubierto a partir de la denuncia penal que presentó, el 13 de junio de 2008, el senador del PRI Manlio Fabio Beltrones, quien fue sólo uno de las decenas de personajes públicos espiados.

Cuando se disponían a ofrecer pruebas de sus señalamientos, a finales del año pasado, los exagentes fueron capturados. Sometidos a proceso judicial, se encuentran detenidos en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Poco antes de ser aprehendidos, en diversas conversaciones telefónicas con este medio dieron su versión sobre las actividades que desarrollaban y la manera en que operaban. Aseguraron que el objetivo fue crear una estructura de espionaje fuera de los servicios de inteligencia para que pudiera desempeñarse con más facilidad y sin riesgo político.

Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, quien laboró con Dena Escalera en el Cisen y en la Coordinación de Inteligencia de la PFP, explicó: “Un grupo de personas que habíamos trabajado en servicios de inteligencia fuimos organizados para hacer estas actividades. Las órdenes las recibíamos de la Oficina de la Presidencia”.

Durante el supuesto reclutamiento, la Oficina de la Presidencia estaba a cargo de Juan Camilo Mouriño, quien en enero de 2008 fue designado por Calderón como titular de la Secretaría de Gobernación, a la que está adscrito el Cisen, cuyo director desde el inicio del sexenio es Guillermo Valdés Castellanos.

De acuerdo con la propia PGR, en noviembre de ese año –cuando Mouriño murió en la Ciudad de México– el grupo seguía espiando, a pesar de que habían pasado cinco meses desde la denuncia de Beltrones, quien fungía como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Rodríguez refirió que el grupo siguió espiando aún después de la muerte del secretario de Gobernación y puntualizó que el contacto con Mouriño era a través de Yolanda Esparza, “quien era la secretaria de todas sus confianzas”.

(Yolanda Esparza López fue la secretaria de Mouriño en el Grupo Energético del Sureste, en Campeche. Después se convirtió en su secretaria particular. Cumplió esa función en la Cámara de Diputados, la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación. A la muerte de Mouriño, pasó al Instituto Mexicano del Seguro Social, con el actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas. En el IMSS, Esparza López trabajó hasta el año pasado en la secretaría particular de la Unidad de Vinculación.)

Rodríguez insistió: “Tan teníamos el respaldo de la Presidencia y del Cisen, que los equipos con los que operamos tenían número de inventario de la Dirección General” del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Mencionó los nombres de más de 50 personas a las que espiaron “por órdenes de la Presidencia”. Según su dicho, se trató de políticos oficialistas y opositores, miembros del gabinete, funcionarios de organismos autónomos, abogados, ejecutivos, periodistas…

Reveló que el escándalo desatado en febrero de 2009 contra el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes y actual presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Luis Téllez, fue resultado de las grabaciones hechas por ese equipo de espías gubernamentales.

De acuerdo con Rodríguez, además de Téllez y los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), para ese caso también fueron espiados el abogado Juan Velásquez y el director jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé.

Aseguró que como resultado de su espionaje, contaban con “numerosos expedientes” y copiosa documentación almacenada en cintas magnéticas, grabaciones digitales y videos. Disponían también de fotografías y números de cuentas bancarias de los espiados.

Téllez no fue el único miembro del gabinete sometido al espionaje presuntamente ordenado desde la Presidencia. Rodríguez dijo que la misma suerte corrieron el secretario del Trabajo, Javier Lozano; el entonces director del IMSS y sucesor de Téllez en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, al igual que otro personaje que se desempeñaba como subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Miguel Alessio Robles, hoy consejero jurídico de la Presidencia.

Según el exespía, se dio asimismo seguimiento a personal de Los Pinos. Mencionó el caso del propio secretario particular de Calderón en ese momento y actual presidente del PAN, el diputado César Nava. Su antecesor en el partido, Germán Martínez, también estuvo en la lista.

Otros panistas que citó fueron los senadores Santiago Creel Miranda, Federico Döring y Fernando Elizondo –quien fue secretario de Energía con Vicente Fox–, así como el actual gobernador de Sonora, el exsenador Guillermo Padrés. Rodríguez destacó entre los espiados al entonces litigante Fernando Gómez Mont, hoy secretario de Gobernación.

Las líneas telefónicas del Centro Fox, en Guanajuato, también fueron intervenidas, como las de otro personaje cercano al expresidente, Guillermo Velasco Arzac.

A decir del acusado, aliados electorales de Calderón tampoco se salvaron, en particular Elba Esther Gordillo, su hija Mónica Arriola y el diputado del Partido Nueva Alianza Jorge Kahwagi. Lo mismo pasó con los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).

En el caso del PRI, además de Beltrones los exespías gubernamentales aseguraron haber dado seguimiento a las actividades de la presidenta del partido, Beatriz Paredes; del hoy exgobernador de Sonora Eduardo Bours, y del aún gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

La inclusión del gobernante mexiquense contrasta con la versión de la PGR, según la cual el espionaje se originó en el Estado de México, aunque la misma dependencia ha filtrado la información de que la actriz Angélica Rivera, La Gaviota, pareja sentimental de Peña Nieto, también fue espiada.

Desde luego, dijeron los exagentes, en su lista estaban el “presidente legítimo”, Andrés Manuel López Obrador; el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y el presidente del PRD, Jesús Ortega.

Especial atención dedicaron a los colaboradores más cercanos de López Obrador: José Agustín Ortiz Pinchetti, Octavio Romero y el diputado perredista Alejandro Encinas. Los tres formaron parte del gabinete de López Obrador en el Gobierno del Distrito Federal. Otro de los espiados fue el ahora diputado del PT Gerardo Fernández Noroña.

Por lo que respecta al gobierno de Marcelo Ebrard, siguieron los pasos del procurador general de Justicia del DF, Miguel Mancera, y del secretario de Seguridad Pública, Manuel Mondragón.

Fuera de partidos, gobierno y Congreso, aseguraron que intervinieron igualmente las comunicaciones de quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Carlos Salinas, José Córdoba Montoya, y del exprocurador Ignacio Morales Lechuga, notario de los empresarios Carlos Ahumada y Zhenli Ye Gon.

Por lo que se refiere a los periodistas espiados, mencionaron los nombres del conductor de Televisa Joaquín López Dóriga; del director de El Universal, Jorge Zepeda Patterson; del director de la revista electrónica Reporte Índigo, Ramón Alberto Garza; de la editora de la sección de Estados de La Jornada, Mireya Cuéllar, y de Alfonso Millares, a la sazón directivo de la agencia Notimex.

Requeridos para dar pruebas de sus aseveraciones, los acusados proporcionaron a Proceso los números telefónicos de una veintena de las personas sometidas a espionaje. Los teléfonos, en efecto, pertenecen a los señalados.

Las acusaciones

Según Luis Miguel Dena Escalera y Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, ellos se escondieron en diversos estados del país, y pretendían entregarse a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal luego de dar a conocer públicamente parte de sus investigaciones cuando, a finales de noviembre de 2009, el Segundo Tribunal Unitario de Procesos Penales Federales ordenó abrir el proceso penal en su contra.

Junto con Dena Escalera y Rodríguez Rosas, el magistrado Ricardo Paredes Calderón dictó auto de formal prisión contra Teresita Flores Dena –sobrina del exfuncionario del Cisen–, Guillermo Lago Montes y José Tagle Balderas, ambos exempleados del centro de investigación dependiente de la Secretaría de Gobernación. Tagle Balderas trabajó además en la PFP con Dena Escalera.

Todos están acusados de asociación delictuosa, y a cuatro de ellos –con excepción de Rodríguez– se les fincó además el cargo de intervención de comunicaciones privadas. Dena y Lago son procesados asimismo por cohecho, y Rodríguez, por copiado de información propiedad del Estado, en particular del Cisen.

En total, de acuerdo con la PGR, en esa red participaban por lo menos 13 personas, varios de ellos exfuncionarios del Cisen, de la PFP y de la Secretaría de Hacienda. Entre los acusados se halla igualmente el comercializador israelí de armas y equipo de espionaje Yosef Shevah Porat, Sharon.

La versión que ha sugerido la PGR desde que, el 2 de julio del año pasado –en vísperas de las elecciones federales intermedias–, el periódico Reforma publicó parte del expediente, es que Dena Escalera y Rodríguez Rosas integraron una red de espionaje que podría implicar al gobierno del Estado de México y que estaba dirigida contra políticos priistas, particularmente “contra aquellos que son antagonistas del gobernador Enrique Peña”.

El diario informó que el 6 de noviembre de 2008 –dos días después de la muerte de Mouriño– la PGR cateó dos domicilios en el municipio de Naucalpan, Estado de México, donde se procesaba la información obtenida mediante espionaje, al igual que un domicilio en la colonia Popo, en el Distrito Federal.

La PGR indicó que los acusados usaban como fachada la empresa Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas, que obtuvo su permiso de operación en 2007 de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna.

Manifestó que también se valían de la empresa Servicios de Inteligencia Industrial y Comercial FEVI, y dijo que en una de las instalaciones encontró equipos de lanzagranadas, al parecer vendidos por Sharon, quien escapó del país con un pasaporte falso, según la propia dependencia.

En julio de 2009, Medina Mora declaró que la PGR había incautado en dos “casas de seguridad” de Naucalpan computadoras que tenían más de 200 mil páginas de información sobre las personas espiadas.

En posteriores filtraciones, la PGR ha señalado que, además de los priistas, fueron espiados miembros del gobierno de Felipe Calderón; entre ellos, el propio Mouriño y quien fungía como secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, actual secretario de Hacienda.

Refirió que en la misma situación estuvieron el subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, Jordy Herrera, ahora director de Pemex Gas y Petroquímica, y el expresidente del PAN Manuel Espino.

En el caso del PRI, aparte de Beltrones, la PGR enlistó al senador Francisco Labastida y a los gobernadores Mario Marín, de Puebla; Fidel Herrera, de Veracruz, y Humberto Moreira, de Coahuila.

La PGR sostiene que antes de la denuncia de Beltrones ya había integrado una averiguación previa en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, con el número 83/UEIDCSPCAJ/2008.

A esa averiguación sumó la 97/UEIDCSPCAJ/2008, abierta por la acción judicial del senador priista, quien interpuso la demanda “contra quien resulte responsable”.

Según la PGR, ambas averiguaciones apuntan al Estado de México.

jueves, diciembre 17, 2009

PRI y PRD rechazan reforma política de Calderón

La redacción

MÉXICO, D.F., 15 de diciembre (apro).-El PRI y el PRD rechazaron la propuesta de reforma política enviada al Congreso por el presidente Felipe Calderón, mientras que el PAN y la iniciativa privada, elogiaron la iniciativa.
El gobernador Enrique Peña Nieto se pronunció en contra de la reelección. Entrevistado en el Vaticano, donde realiza una visita oficial, el gobernador mexiquense afirmó que no es el momento para la reforma política planteada por Calderón.
La fracción del PRI en el Senado, que coordina Manlio Fabio Beltrones, criticó que la propuesta de 10 puntos de reforma política enviada por Calderón no incluya cambios para modernizar la institución presidencial, como es la ratificación de los miembros del gabinete, al tiempo que el coordinador del PAN, Gustavo Madero advirtió que un mecanismo de este tipo “caería en chantajes, cuotismo”.
A su vez, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Carlos Rojas, restó importancia a la iniciativa, ya que, a su juicio, es de mayor prioridad combatir el problema del desempleo y los impactos de la crisis económica.
“Hay de prioridades a prioridades; una fundamental es la reforma económica y hacendaria para que el país pueda recuperar su ritmo de crecimiento”, señaló.
Aunque reconoció que desconocía a fondo la propuesta, Rojas afirmó que “estarían faltando algunas propuestas sobre reformas al propio gobierno federal, que dé eficiencia y eficacia a un aparato administrativo, más delgado en sus estructuras, para que funcione bien y cueste menos”.
En sentido contrario, el presidente nacional del PAN, César Nava, respaldó la propuesta de Calderón y afirmó que su partido está dispuesto a dialogar con todas las fuerzas políticas para enriquecerla. “Es una propuesta muy ambiciosa que superó por mucho las expectativas que se habían generado”, afirmó.
En conferencia de prensa, el también diputado federal pronosticó que si se aprueba la iniciativa “cambiará la faz del Estado mexicano y el rostro de nuestra democracia”.
Dijo que se trata de una de las propuestas más ambiciosas de los últimos años y que se podría facilitar el “el tránsito del sufragio efectivo a la democracia efectiva”.
Con esta iniciativa, se trata de darle “más poder a los ciudadanos al establecer la reelección legislativa por ejemplo, se le daría a la gente la posibilidad de premiar o castigar a los buenos o malos legisladores, igualmente ocurriría con los alcaldes que podrían ser premiados con una reelección o castigados con el retiro a su casa". En el mismo sentido se pronunció la coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota.
La coordinadora panista en San Lázaro del PAN en la Cámara de Diputados llamó a apoyar la propuesta, ya que, a su juicio, “será la plataforma para la modernización del sistema político” mexicano.
Vázquez Mota dijo que la iniciativa representa el “empoderamiento de los ciudadanos, en el ejercicio de la política”.
Por su parte, la iniciativa privada le dio la bienvenida a la propuesta gubernamental, en particular la reelección de legisladores, la cual consideró un mecanismo de rendición de cuentas.
En tanto, el presidente del Senado y coordinador del PRD, Carlos Navarrete, advirtió que el paquete de reformas constitucionales se discutirá hasta el periodo ordinario que inicia en febrero de 2010. “Si el presidente esperó hasta el último momento para mandar su iniciativa, ahora que el presidente espere a que el Congreso sesione en febrero para entrar en materia, es una elemental actitud recíproca”, afirmó Navarrete.
Para el coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, la iniciativa es un “proyecto pobre, regresivo y contrario al pluralismo” que ha sido la base de la estabilidad política de México desde los años 70.
Encinas aseguró que la iniciativa de Calderón “no es una reforma política”, ya que sus propuestas son limitadas y sólo destacan dos puntos: las candidaturas ciudadanas y la iniciativa ciudadana, las cuales, recordó, el PRD ha impulsado desde hace 20 años.
Sin embargo, agregó, que la iniciativa ciudadana no es suficiente; “Quedan pendientes el plebiscito, referéndum, revocación de mandato y la rendición de cuentas."
Encinas coincidió con el presidente de su partido, Jesús Ortega en el tema de la segunda vuelta. Aunque ambos calificaron de positiva la propuesta, consideraron que ésta inducirá al bipartidismo, ya que actualmente no hay garantías democráticas plenas en el país.
En rueda de prensa y después a través de un comunicado, Beltrones afirmó que la iniciativa da la pauta para iniciar la reforma pospuesta desde hace tres años, pero criticó que no se incluyan cambios a la institución presidencial.
“Vemos que esta iniciativa solamente abarca el aspecto del Congreso, pero no que el presidente de la República en turno también se vea sujeto a una serie de controles adicionales que, sin mermar su autoridad, ayuden a resolver el tema de la calidad de los integrantes de un gobierno que deben presentar mejores resultados a los que hasta ahora han tenido”, afirmó Beltrones.
Polemizó con el senador Gustavo Madero, del PAN, quien consideró un “chantaje” la ratificación de los miembros del gabinete. “Creo que este mecanismo no debe iniciarse con chantaje alguno para discutirlo. La ratificación de los miembros del gabinete funciona y muy bien en presidencialismos maduros”, abundó Beltrones y citó el caso de Estados Unidos.
Por su parte, el senador Pablo Gómez, del PRD, destacó como positiva la propuesta de las candidaturas independientes, pero expresó su desacuerdo con disminuir de 500 a 400 el número de diputados y de 128 a 96 el de los integrantes del Senado.
Gómez defendió también su iniciativa para incorporar la figura de la revocación de mandato del Ejecutivo federal, presentada en septiembre de 2006. “¿Cómo es posible que un gobernante malo tenga que estar ahí seis años? El juicio político no opera, la revocación de mandato que es un derecho del pueblo para quitar al gobernante tampoco existe”, argumentó.
A nombre de la fracción del PRI, el senador Pedro Joaquín Coldwell leyó un comunicado para “saludar” el envío de las iniciativas de reforma constitucional, pero destacó la “omisión” de las reformas al Poder Ejecutivo y consideró como “discutible e insuficiente” la propuesta de la segunda vuelta electoral.
Otra “omisión” destacada por Coldwell es la ausencia de mecanismos de sustitución del presidente, en caso de falta absoluta. “Tampoco vemos el planteamiento de la creación de una fiscalía autónoma que permita despolitizar la procuración de justicia y evitar la impunidad”, agregó.
Para Salomón Presburger, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la mejor manera que haya rendición de cuentas es con la reelección, “porque van a tener que reportar los legisladores qué hicieron y cuáles son los argumentos para volver a votar por ellos”.
En conferencia de prensa, el presidente de la Concamin se pronunció por reducir el número de diputados de 500 a 400. “Sería un buen inicio”, aunque lo ideal sería reducirlo a la mitad. En el mismo sentido se manifestó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), ya que la reelección de presidentes municipales permitiría detonar proyectos de infraestructura locales de largo plazo.
El presidente del organismo, Pedro Núñez Rodríguez, señaló que muchos proyectos de infraestructura rebasan el periodo de gobierno de los presidentes municipales, por lo que de aprobarse esta propuesta habría una mejor planeación, ejecución de obras y, por ende, mayor generación de empleos. (Con información de Jenaro Villamil).
Fuente: Proceso

sábado, diciembre 12, 2009

López Obrador en la victoria de Iztapalapa

Desfiladero
*López Obrador en la victoria de Iztapalapa

Durante la tarde-noche del domingo pasado, en el pequeño departamento de la colonia Del Valle donde vive con su esposa y su hijo de dos años, Andrés Manuel López Obrador escribió la cuarta y última parte de su relato, Un viaje al corazón del México Profundo, en el que narra su visita a los 418 municipios de usos y costumbres de Oaxaca, por los que transitó, de julio a noviembre, hablando con todos los grupos indígenas de aquella entidad, luego de haber recorrido, de enero de 2007 a marzo de 2009, los 2 mil y pico de municipios de régimen de partido que hay en el país, en todos los cuales organizó comités ciudadanos del gobierno legítimo, que a la fecha cuentan con 2 millones 400 mil afiliados.
Una vez concluida su labor literaria, el lunes estuvo en Guadalajara para evaluar el desarrollo de esos comités en Jalisco; el martes aterrizó en Monclova, donde tomó nota de cómo va el movimiento en el norte de Coahuila; horas después bajó por carretera a Monterrey, donde presidió una reunión similar en un jardín al pie del Cerro de la Silla. El miércoles llegó temprano a Ciudad Victoria, por la tarde a San Luis Potosí y por la noche a Querétaro. El jueves se trasladó a Pachuca y a lo largo del día habló por teléfono con cada uno de los diputados del extinto Frente Amplio Progresista (ahora se llama Diálogo para la Reconstrucción de México) que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no querían votar por Clara Brugada para jefa delegacional de Iztapalapa. Y los convenció.
Ayer a mediodía, a pesar de los petulantes y ridículos vaticinios de los levantacejas, que ya festejaban la supuesta imposición de un jefe delegacional “de” Marcelo Ebrard y el “distanciamiento” entre éste y López Obrador, Clara Brugada quedó al frente de la demarcación más populosa y conflictiva de la ciudad de México, al ser ratificada en la ALDF con 46 votos a favor, tres abstenciones y la oposición de la minoría panista que dirige Mariana Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala de Calderón, hasta hace poco amiga de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, o simplemente Maca, quien ya rompió con la pandilla de Los Pinos para echarse en brazos de Manlio Fabio Beltrones.
Es tan grande y cínica la deshonestidad intelectual de los manipuladores de la opinión pública, mercenarios del micrófono y de la pluma, que a lo largo del conflicto de Iztapalapa borraron de la memoria colectiva el hecho cierto e irrefutable de que todo el problema empezó cuando Maca y los magistrados del TEPJF le arrebataron a Brugada, de manera fraudulenta y extemporánea, la candidatura del PRD al cargo de jefa delegacional. Para los merolicos de la mentira, el autor único y exclusivo del sainete fue el “loco” de López Obrador, por proponer que la gente tachara la boleta electoral por el abanderado del PT, para que éste, después de triunfar, dimitiera en favor de Clara.
De eso ya no se acuerdan aquellos que convirtieron a Juanito en ídolo de quienes se traicionan a sí mismos con tal de obtener dinero y privilegios ilimitados. Pero mientras ellos continuaban escribiendo las páginas más sucias del periodismo mexicano, Maca y los magistrados volvieron a hacer otra de las suyas, al anular esta semana las elecciones constitucionales del municipio de Villa Juárez, en Coahuila, donde el candidato del PRD ganó con 700 de los mil votos que fueron depositados en las urnas. ¿La causa que, según los magistrados, ameritó la nulificación del proceso? Agárrense: descubrieron que un representante del Partido Verde Ecologista en una casilla era empleado del ayuntamiento. Y por eso, en vez de eliminar los votos de esa casilla, echaron a la basura los de todas. ¿Para qué? Obviamente para favorecer al PRI y a los amigos de Manlio Fabio.
Tras la ardua victoria del movimiento de López Obrador en Iztapalapa, el pueblo combativo que apoya a Brugada comenzará a beneficiarse de los programas sociales que crearán empleos de corto plazo para atenuar la desocupación; becas para las personas mayores a partir de los 65 años de edad; orquestas juveniles para evitar la drogadicción y la delincuencia; asambleas para decidir en forma comunitaria la aplicación de los recursos públicos, entre muchos planes y proyectos más, como el de salud barrial, que ofrecerá los servicios gratuitos de un médico y de un dentista en cada colonia.
Enfermos de desvergüenza, los levantacejas repiten a diario que el “botín” de Iztapalapa es un presupuesto de casi 4 mil millones de pesos anuales que ansía López Obrador. Falso: en 2009 fue de 3 mil millones, de los cuales la mitad se destinó a pagar sueldos de la burocracia local y el resto a obras de bacheo, alumbrado público y drenaje. Para 2010, debido a los recortes que el PRI, el PAN y los chuchos aprobaron en la Cámara de Diputados, Ebrard le recortará al gobierno popular de Brugada 400 millones de pesos, de modo que ella en realidad administrará 2 millones 600 mil pesos. ¿Cómo sacará adelante sus proyectos? Primero que todo, con austeridad, al reducir ella misma su salario 50 por ciento e invitando a sus colaboradores a hacer lo propio.
Clara Brugada tiene ante sí incontables problemas, que se multiplicarán en la medida en que le pongan zancadillas para descarrilarla quienes, desde el PRD y el GDF, saben que si sale airosa de la prueba inaugurará una nueva forma de hacer política social en la capital del país, más allá de las frívolas pistas de hielo, los arbolotes que rompen récords Guinnes y otras tonterías similares. Con la victoria de Iztapalapa, la resistencia civil pacífica culmina un año terrible y espantoso con un saldo doblemente favorable: el movimiento que nació en 2004 al calor de la lucha contra el desafuero sigue en pie y al alza, mientras tirios y troyanos saben y reconocen que López Obrador es la única opción verdadera para cambiar sin violencia el destino del país y poner fin a la dictadura de la oligarquía sin llenaderas, la alta burocracia sin escrúpulos, los levantacejas inverecundos y los clérigos medievales aliados a los fundamentalistas de PRI, PAN y PRD que persiguen, incluso con cárcel, el placer sexual de las mujeres mediante la penalización del aborto, como bien lo expuso Humberto Musacchio antenoche, en la librería Gandhi, durante la presentación de Tabaco, exageraciones y mentiras, el deslumbrante alegato de Octavio Rodríguez Araujo contra la Organización Mundial de la Salud y sus políticas sobre el consumo de nicotina.
Mientras tanto, mañana, a lo largo de todo el día, numerosas organizaciones sociales y gremiales acompañarán a los 20 mil trabajadores que aún pertenecen al Sindicato Mexicano de Electricistas, a soplar las 95 velitas del pastel de cumpleaños de la agrupación obrera más antigua del país (fundada el 14 de diciembre de 1914). La fiesta no estará exenta de tristeza, después del fallo de la juez federal que ayer le negó al SME el amparo definitivo contra el decreto que extinguió ilegalmente a Luz y Fuerza del Centro.
La semana entrante, los electricistas llevarán a cabo su último acto público de 2009 y se irán de vacaciones, para reanudar en enero las movilizaciones populares en demanda de que la Comisión Federal de Electricidad los contrate como “patrón sustituto”, con las mismas prestaciones que lograron como SME y con la personalidad jurídica que aún posee su sindicato. Si en la guerra civil española los anarquistas catalanes combatían sujetos a un estricto horario laboral, nada de raro tendrá que los electricistas se tomen unas merecidas semanas de reposo para contrarrestar los efectos de tanto desgaste físico. También, en este sentido, pronto habrá que emularlos...
jamastu@gmail.com

miércoles, diciembre 02, 2009

¿Quién manda en el país?





Varias lecciones quedan luego de las discusiones acerca de la Ley de Ingresos, pero especialmente de la Ley de Egresos. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene el sartén por el mango y sabe crear alianzas, romperlas y encontrar otras; la Secretaría de Hacienda parece una agencia más de los tricolores que del Ejecutivo; el nerviosismo, desesperación y exabruptos de Felipe Calderón muestran a un político débil y que se enfrenta hasta a sus antiguos aliados; el Partido Acción Nacional (PAN) es una organización sin rumbo, con pleitos internos graves.
Y la izquierda oscila entre la sumisión, el peticionismo y la rabieta testimonial.
Algunas pruebas de que vamos mal: somos de los países donde la corrupción está cada vez más arraigada, la competitividad va en declive, el desarrollo no se alcanzará hasta dentro de tres años y entre nuestros hombres más poderosos se encuentra el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Todo ello según cifras internacionales. Pero eso sí, el presupuesto al deporte es el único que aumenta constantemente desde las épocas de Fox y especialmente ahora, no obstante que a los atletas paralímpicos se les desprecia al no incluirlos entre los galardonados nacionales.
El diputado Alberto Cano Vélez, quien es cercano a Manlio Fabio Beltrones, dijo que el actual presupuesto de egresos no era un agandalle (sic) de su partido, sino más bien proporcional. Y en seguida afirmó: “Todavía no se dan cuenta que somos mayoría”.
Y claro, ejerciendo dicho poder aumentaron las asignaciones los estados de México, Veracruz, Oaxaca e Hidalgo, entre otros. En los dos primeros casos, está un dúo de aspirantes a la carrera priista a 2012: Enrique Peña Nieto y Fidel Herrera; en el tercero, Oaxaca, el impugnado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ulises Ruiz, quiere reemplazar a Beatriz Paredes en el PRI nacional, y Osorio Chong podrá tener recursos para salud y caminos al por mayor.
Se reasignaron en la Cámara de Diputados 20 mil millones de pesos al campo, 16 mil millones a carreteras y 13 mil 500 a infraestructura. En el sector agropecuario, la negociación fue directa entre Cruz López, de la Confederación Nacional Campesina, y Agustín Carstens, mostrando que las instancias oficiales son de pacotilla. Para realizar la obra pública más visible, se les otorgará el dinero a los gobernadores, especialmente priistas, sin la menor supervisión. Respecto de la infraestructura que se construirá, en Oaxaca se han edificado puentes varias ocasiones con diferentes presupuestos: esto es, una obra sirve para medio hacerla y meterle otros billetes o ya edificada volverla a cobrar. ¿Alguien puede dudar que eso sea corrupción?
En los tres casos, es la mejor forma de hacer populismo y ganar adeptos para las elecciones de los próximos años, especialmente en 2010.
Y si bien los programas Oportunidades y Procampo continuarán en manos del gobierno federal, ambos tendrán la supervisión de los caciques estatales. En síntesis, los secretarios calderonistas no se mandarán solos. No se olvide que en transas, los albiazules son hoy expertos, comprueba el volumen Las manos sucias del PAN, de José Reveles.
Dos perlas del nuevo poder del antiguo partidazo: el régimen de consolidación fiscal que envió Felipe Calderón para que los empresarios liquidaran sus adeudos vencidos se fijó en 60 por ciento, fue disminuido primero a 40 por ciento y quedó finalmente en 25 por ciento; regalazo como el de telecomunicaciones de 6 mil millones diferidos a los próximos dos años; y a las secretarías que deseaba extinguir Calderón, Reforma Agraria, Turismo y la Contraloría, se les otorgaron 10 mil millones de pesos.
Según las crónicas periodísticas, ni siquiera Hacienda metió las manos para los detalles finales; por lo tanto a Peña Nieto se le otorgan más de 2 mil millones de pesos para carreteras, instalaciones deportivas y medio ambiente. En contraste, al Distrito Federal, que pedía 15 mil millones de pesos, especialmente para obras como la conclusión de la línea 12 del Metro, el bordo poniente (con el afán de prevenir el desbordamiento de aguas), drenaje y cultura, únicamente, le otorgaron 4.5 mil millones de pesos.
Todo eso trajo que Carlos Navarrete, jefe perredista en el Senado, implorará a Felipe que vetara la Ley de Egresos, algo en el que coincidieron días posteriores los panistas que anteriormente estaban azorados. Jesús Ortega corrió de Hacienda a una junta con Beatriz Paredes y César Nava para rescatar algo de lo perdido. Estamos, pues, ante un nuevo poder. Existe desesperación entre el círculo felipista, los panistas y los perredistas, ya que bailan al son que les tocan quienes manejaron el país 70 años.
El esquema es nuevo, propio de un hibridismo neoliberal, en el cual muchos poderes se han levantado sobreponiéndose al central, ya que éste no determina hace años, pues cedió el mando de grandes zonas a los privados y sus cúpulas. Por cierto, los empresarios se encuentran muy nerviosos porque su interlocución no es con un poderoso, sino con una multiplicidad de señores de diverso tipo.
Frente a la imposición priista, es lógico que Felipe Calderón ande irritable y dé palos de ciego, y que el PRD, que buscaba cobijo con algunos personajes como Manlio, no sepa qué hacer, pues hay otros que tienen en ocasiones mayor fuerza: Peña Nieto y Beatriz Paredes.
En el fondo, perdemos todos, ya que el país va en picada. Un último apunte: no obstante que ya tenemos 105 mil personas con dengue y viene en serio el virus AH1N1, el aumento a la Secretaría de Salud fue sólo de ¡230 millones de pesos! Una miseria.
jamelendez44@gmail.com

martes, diciembre 01, 2009

Del Val, ¿Favorito para encabezar la ASF?


MÉXICO, D.F., 27 de noviembre (apro).- ¿Qué andaba haciendo Enrique Del Val en la Cámara de Diputados, el pasado jueves 26, platicando amenamente con el beltronista y hoy diputado federal Alberto Cano Vélez?, se podrían preguntar los interesados en el relevo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La presencia del exsecretario general de la UNAM genera suspicacias, pues Del Val es uno de los tantos nombres que se manejan para sustituir, durante los próximos ocho años, al contador público Arturo González de Aragón en la ASF.
En los múltiples pasillos de la Cámara de Diputados se piensa que anda verificando si, con el apoyo suficiente de todas las bancadas, o por lo menos de las tres principales (PRI, PAN y PRD), tiene posibilidades de encabezar la ASF. Y es que dicen que Del Val no se atreverá a concursar si antes no tiene los amarres suficientes para llegar al cargo.
Y aunque hasta el momento es quien más genera simpatías entre todos los grupos, lo cierto es que son muchos los apuntados.
Ahí está, por ejemplo, el actual secretario general de la Cámara, Guillermo Haro Bélchez, un hombre que cuando se le pregunta sobre el tema, esboza una sonrisa, pero no suelta prenda, en el sentido de si realmente desea el cargo.
Haro Bélchez es una posición del diputado mexiquense Emilio Chuayffet en la Cámara de Diputados, y forma parte de su cercano círculo político. Al inicio de la actual legislatura, el secretario general fue una de las cartas que Chuayffet puso sobre la mesa de su grupo parlamentario para ocupar el cargo.
En aquel momento se dijo, y Proceso lo documentó, que Chuayffet cedió cualquier posición en las comisiones, ya fuera la de Gobernación o la de Puntos Constitucionales, a cambio de que se le asegurara el lugar a Haro Bélchez en la ASF.
Y si bien en septiembre pasado le aseguraron que le darían todo el apoyo, lo cierto es que al interior del propio PRI cada grupo tiene a su candidato para la Auditoría Superior de la Federación. Una posición nada despreciable, pues se trata de quien auditará los últimos tres años del gobierno de Felipe Calderón, información a la que accederá quien llegue al cargo y que será de mucha utilidad en la contienda presidencial del 2012.
Del otro lado del priismo está la dirigente nacional, Beatriz Paredes, una mujer a quien se le ha señalado como cercana a Felipe Calderón cuando de negociaciones importantes se trata.
Pues resulta que Paredes tiene su corazón puesto en el actual contralor de la Cámara de Diputados, Alfonso Grey, quien en un momento estuvo involucrado en el Pemexgate por haber manejado las finanzas del priismo, antes y durante la elección presidencial del 2000.
Otro de los grupos políticos, el que encabeza el senador Manlio Fabio Beltrones, tenía en Arturo González de Aragón sus fichas puestas para que fuera reelecto en la ASF, sin embargo, el contador parece insostenible en el cargo, pues el panismo acarrea viejas rencillas que tuvo con él durante el gobierno de Vicente Fox, aunque lo cierto es que también le debe algunos favores, como el no haber fincado "observaciones" en contra de los hijos de Marta Sahagún en el ya añejo y trillado asunto de las casas del IPAB que fueron a parar a las manos de Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún.
Hay que recordar que a pesar de existir pruebas de la participación de los vástagos de la "exprimera dama" Marta Sahagún, el auditor se limitó a decir que su participación fue "atípica" y nunca fueron llamados a cuentas, pues con la calificación que dio a su intervención quedaron fuera de toda investigación que realizó la Procuraduría General de la República en contra de Marta y sus hijos.
Otro favor que los panistas le deben a González de Aragón fue el aval que éste dio para dar por cerrado el caso del ya también añejo caso del Fobaproa. Fue la ASF la que dijo que las famosas auditorías "gel" al PCC (Programa de Compra de Cartera) fueron correctas y que los bancos involucrados en el más grande desfalco a la nación podrían liquidar los pagarés y entregar al gobierno federal 9 mil millones de pesos. Con esto se cerró el caso y los más de 100 mil millones de pesos que se usaron para rescatar a los bancos no se retribuyeron al erario federal.
A pesar de todo, el PAN no quiere a González de Aragón, y una fracción del PRI siente que no tiene la fuerza suficiente para que sea reelecto, en tanto que el PRD tiene bajo la manga otro nombre: Gabriel Reyes Orona, exprocurador fiscal de la Federación durante el primer año de gobierno de Vicente Fox y quien abrió varios expedientes en contra de vocales del Instituto para el Ahorro Bancario (IPAB).
Desde la legislatura pasada, la LX, Reyes Orona se acercó al PRD, incluso los asesoró en varios casos, como aquel que los perredistas abrieron en contra del exsecretario de Hacienda y Crédito Público y viejo enemigo político, Francisco Gil Díaz.
Reyes Orona tiene el apoyo de una buena parte del PRD, pero carece del total respaldo del priismo.
Otro de los nombres que se manejan es el de Raúl Sánchez Cobiachi, exdirector del Sistema de Administración Tributario y exdirector de Agroasemex; también el de Roberto Michel Padilla, actual director de la Unidad de Evaluación de la ASF en la Cámara de Diputados y quien, por cierto, le abrió una denuncia a González de Aragón cuando los panistas lo acusaron de beneficiar al despacho que heredó a sus hijos, mismo que ha realizado auditorías a varios estados, al igual que la ASF.
Parece que Michel Padilla no se registrará, pero su nombre aún figura en la lista de las especulaciones.
Y la que parece ser, hasta ahora, la única candidata del PAN es Mónica Barrera, hermana del exencargado de comunicación social del IPAB, Roberto Barrera, y actual secretaria ejecutiva de obra, recursos materiales y servicios generales del Consejo de la Judicatura Federal.
El PAN dice a sus contrapartes en la Cámara que hasta el momento no tienen candidato, sin embargo, también entre los pasillos se comenta que puede ser una de sus cartas fuertes.
De todos lo mencionados, quien parece generar mayor simpatía es Enrique Del Val, un hombre ligado al salinismo y a los hermanos Francisco y Carlos Rojas, actual coordinador de la bancada del PRI. Con Francisco, Del Val trabajó en la Secodam cuando aquel fue su titular, después pasó a Fonatur, para luego estar al lado del hermano de su antiguo jefe, Carlos Rojas, en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Durante los cinco años que Carlos Rojas estuvo al frente de Sedesol, el primero de ellos fue en el último año de Carlos Salinas de Gortari y los cuatro siguientes en el sexenio de Ernesto Zedillo, y el también exsecretario general de la UNAM ocupó el cargo de subsecretario de Sedesol.
Su paso por la UNAM le generó afectos políticos entre algunos miembros del PRD y uno que otro del PAN, pero la última palabra aún no está dicha.
En los próximos 10 días los aspirantes deberán inscribirse como tales. La convocatoria ya fue lanzada y los diputados tienen hasta el 15 de diciembre para elegir al nuevo auditor.
La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que preside la perredista Estela Damián, presentará entre el 13 y 14 de diciembre su terna pera que luego, con las dos terceras partes de la cámara, el pleno elija a quien se encargara de revisar el uso de los recursos públicos que maneja el gobierno federal, y por supuesto le corresponderá poner la lupa en los millonarios recursos que se autorizaron para los estados en el recién aprobado Presupuesto de Egresos de la Federación.
No hay que olvidar que los gobiernos priistas fueron los más beneficiados en el reparto de los millonarios recursos federales, sobre todo las entidades donde este 2010 habrá elecciones para renovar gobernador y, por lo mismo, los priistas están muy interesados en que quien quede al frente de la ASF sea alguien con quien puedan contar.
La moneda está en aire y las dos siguientes semanas serán definitorias para el destino de la ASF… Y por supuesto para quienes aspiren a la presidencia de la República para el 2012.

jueves, noviembre 19, 2009

Implacables


Escucha al autor AQUI.

Calderón, coordinadores legislativos, cúpulas partidistas, organismos empresariales, televisoras, brokers innombrables, transnacionales, constituyen la oligarquía que acordó destruir al SME. Golpe de Estado conforme al diccionario. Diseño extranjero aplicado con torpeza, justificado en el engaño en las pantallas, spots y comentarios mediáticos. Este es el poder que nos gobierna.
No es fantasía, cada actor lo evidencia. Calderón, no sólo con su ilegal acuerdo, lo exhibe además con su verborrea explicativa atacando directamente al sindicato; el PAN, en su derechismo natural, y el PRI, por boca de Beltrones, Labastida y el cobijo de Beatriz Paredes; la cámara de radiodifusores aclamando al Presidente, valiente matador. Las organizaciones patronales en abierto apoyo. Se acatan los mandatos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
El golpe buscó la muerte súbita: la intimidación, el asalto policiaco, las amenazas; la desmoralización: no hay marcha atrás, es definitivo; el chantaje: oferta de liquidaciones con bono adicional a los despedidos, si aceptan en un mes, después nada. Hacienda ofrece dinero adicional “para hacer más tersa la transición”. El secretario del Trabajo, inmoral, presiona a trabajadores dejados sin sustento de la noche a la mañana y ofrece a los primeros en rendirse prioridad en una eventual recontratación.
El secretario del Trabajo violenta su responsabilidad esencial de garantizar el equilibrio entre patrón y trabajadores; descalifica la defensa legal del sindicato, aventura inútil —machaca— ordena ilegalmente a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Todo arropado en la manipulación, la más indigna y mendaz campaña mediática, dirigida y expensada por el Presidente.
Pero la muerte no llega, el SME resiste, se organiza, suma solidaridades y marcha, pese a la intimidación. La liquidación fracasa aun con sus cifras cuestionadas, no hay desbandada. Caen en lo grotesco, ofrecen a los trabajadores franquicias, hacerlos empresarios y, el colmo de la obviedad, confieren Premio en Ingeniería al director de la CFE, Elías Ayub, cuyo único mérito sería su obediencia servil a las instrucciones desnacionalizadoras, hoy esquirol bien retribuido. El gobierno no ceja, intensifica la campaña de medios. Descalifica las marchas, infla el número de liquidaciones. Espera el olvido en el silenciamiento y el hambre.
¿Por qué liquidar al SME, en medio de una crisis nacional, y arrojar a la calle a 44 mil familias? Porque urgía destruir la última resistencia a la extranjerización de la electricidad y del negocio. Cuentan ya con el sindicato petrolero, principal facilitador; con el SUTERM, sindicato de la CFE llevado al entreguismo por Rodríguez Alcaine, humilde ayudante de Pérez Ríos, aquel vigoroso defensor de la nacionalización eléctrica. Había que tener domesticado a todo el sector energético; se pudo abrir el petróleo, pero la situación podría complicarse, no convienen organizaciones nacionalistas ni sindicatos independientes.
Se golpea a los trabajadores a favor de los poderes económicos, como se hizo con el paquete fiscal cobrando impuestos a la población para que los grandes empresarios no paguen, y tantas política similares, porque la plutocracia manda. Calculan que afianzan su hegemonía cerrando filas y en la connivencia con los poderes transnacionales, y que en las circunstancias políticas actuales el pueblo no cuenta. Tienen en la alianza de las cúpulas priístas y panistas una competencia ficticia que les permitiría ganar de cualquier lado y cuentan con el poder manipulador de las televisoras que hacen de la democracia una farsa. Implacables. ¿Será que no pase nada?
mbartlett_diaz@hotmail.com
Ex secretario de Estado

viernes, noviembre 13, 2009

La rechifla


El llamado del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a restaurar el orden constitucional y a instaurar un nuevo pacto social”, reiterado en las movilizaciones del día 11, está marcando una nueva etapa en la lucha de los electricistas que la convierte en un movimiento nacional.
1.
El éxito de las movilizaciones de la jornada del paro nacional, convocado por el SME el miércoles 11, durante la cual nuevamente cientos de miles de mexicanos se movilizaron en respaldo a la lucha de los trabajadores electricistas, ha sorprendido a todos y está dejando al gobierno de Calderón en una situación de perplejidad la que sólo parece poder enfrentar con la manipulación de la información.
2. En el país existe ya un abismo absoluto entre quienes pretenden gobernar y el pueblo, y eso hace inviable cualquier proyecto de gobierno. La rechifla que dieron 30 mil aficionados a Felipe Calderón al inaugurar el miércoles 11 el estadio Territorio Santos-Modelo, de Torreón, y las pancartas, mantas y manifestaciones de abucheo en la jornada cívica del paro nacional al espurio michoacano ese mismo día, no evidencian nada más el agravio creciente del pueblo, sino que anuncian una situación mucho más crítica de la que se advierte desde el poder.
3. El gobierno espurio de Calderón no atina en tanto más que a buscar consolidar su alianza con el priísmo salinista, y así en un acto patético otorgó el mismo día 11 nada menos que el Premio Nacional de Ingeniería al millonario Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad, quien ha sido el instrumento para entregar el sector eléctrico a las multinacionales y ahora se asume como el esquirol mayor.
4. Los empresarios que se reunieron durante varios días en San Pedro Garza García se desgarraron las vestiduras por la que entienden como crítica situación nacional, y fueron uno a uno lanzando llamados alarmistas, pero no fueron capaces de reconocer que son los principales culpables de lo que acontece al haber impuesto en 2006 por medio de la violencia electoral a un gobernante espurio al que sabían que podían manejar como su pelele y que no ha hecho otra cosa que instaurar un gobierno de ineptitud y de corrupción. Y lo son doblemente porque insisten en ignorar que la crisis económica no viene del contexto internacional, que sólo la agravó, sino del trasnochado modelo neoliberal que de manera fascista pretenden seguir imponiendo al país.
5. El SME ha privilegiado hasta ahora la lucha jurídica a la lucha social y a la política, pero las probabilidades de que la Suprema Corte intervenga de oficio, como está facultada para hacerlo, a fin de restablecer el orden constitucional son inexistentes, pues no hay en ella juristas: está integrada por mediocres abogados sin mérito, muchos de ellos filopanistas que han dado evidencias de venalidad, corroborando la inexistencia en México de un estado de derecho. Las tonterías que expresaron el ministro Cossío para desafanarse de la acción interpuesta por la legislatura capitalina (9 de noviembre) o el ministro Ortiz Mayagoitia para rechazar el exhorto de los electricistas a investigar de oficio lo que acontece (11 de noviembre) no son más que un adelanto de las barbaridades a las que van a acudir sus colegas con tal de servir de manera incondicional al gobierno panista ante la controversia presentada ayer por el Congreso de Hidalgo y la posible acción de inconstitucionalidad, y esto abre otro escenario en el país al reconocerse que no hay ya una legalidad vigente, situación en la que muchos son los responsables.
6. El PRI, por muy dividido que evidencie estar, se ha plegado también a las decisiones y acuerdos cupulares, y como actor político es un responsable fundamental de que se esté lanzando al país a la ilegalidad. Los integrantes de la cúpula dirigente (Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones, Paco Rojas, Peña Nieto) están todos sometidos a Salinas y al gran botín que es también para ellos la privatización del sector energético y no sólo no han condenado las acciones anticonstitucionales de Calderón y de sus amigos, sino que no va a avalar que la Cámara de Diputados presente una controversia constitucional.
7. El dilema del SME y del movimiento social que se ha ido consolidando en torno a la lucha de los electricistas se está definiendo desde ahora ante la evidente decisión de las mafias que gobiernan al país, y de quien prevalece sobre ellas, que es Carlos Salinas de Gortari, a) de oponerse a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga valer la legalidad constitucional de México, a pesar de la exigencia que se manifiesta en los ámbitos jurídico, político y social, argumentando que ello supone reconocer que Calderón actuó en la ilegalidad, como también de b) negarse al diálogo y, en consecuencia, a cualquier rectificación. Es decir, al insistir quienes detentan el poder político en su terquedad de insistir en irse por la vía de la ilegalidad y de la fuerza.
8. El escenario que se presenta en México a un mes del decreto anticonstitucional de Calderón no deja lugar a dudas, pues ese profundo menosprecio de la legalidad constitucional de la República de los grupos que manejan a Calderón, que han entendido que sólo por la fuerza pueden lograr la entrega del sector energético nacional a las corporaciones multinacionales a las que se encuentran asociados, no deja más alternativa para los mexicanos que la resistencia civil (y en serio) o la de la revolución, bajo cualquiera de sus formas.
9. Los políticos como los juristas saben, pero pretenden ignorarlo, que cuando un gobierno, como está haciendo el gobierno de facto de Calderón, desconoce el orden constitucional de su país al violentarlo de manera generalizada –asumiendo facultades que no tiene, cancelando derechos individuales y sociales y atentando contra los intereses de la nación– quebranta el pacto nacional y hace inviable cualquier proyecto social y económico, y que, por lo mismo, el pueblo, en ejercicio de su soberanía, puede legítimamente desconocer sus actos ilegales y tratar por todos los medios de buscar el restablecimiento del orden constitucional.
10. Las decisiones del poder político espurio de México reflejan prepotencia e irresponsabilidad, pero sobre todo un gran desprecio por el pueblo, y eso es algo que está ya teniendo una respuesta, que apenas se esboza, pero cuyas dimensiones no pueden imaginar quienes siguen impunemente usufructuando los bienes de la nación, y no prestan atención a las mantas que dicen: “El SME se queda y Calderón se va”.

Abuchean A Felipe Calderon En Torreon

http://www.youtube.com/watch?v=RTJB7hzZtBo