Bienes públicos, negocios privadosParaestatales para los barones
Fibra óptica, regalo a particulares
desincorporación(léase privatización) de la infraestructura productiva del Estado sólo ha sido un traspaso a los barones de siempre, con los resultados de siempre: mayor concentración del ingreso y la riqueza, fortalecimiento de la tendencia monopólica y nulos beneficios para quienes deben cubrir exorbitantes precios por algo construido y desarrollado con recursos fiscales.
El referido ex inquilino de Los Pinos, más Salinas, Zedillo, Fox y Calderón no dejaron viva una sola empresa del Estado: de las líneas aéreas a los ferrocarriles; de la banca a generación eléctrica; de los ingenios azucareros a las carreteras; de los fertilizantes al abasto de alimentos; del petróleo a los satélites, más lo que se quede en el tintero. Con tal de entregar los bienes de la nación a los monopólicos barones, no se tentaron el corazón para desaparecer
empresas paraestatales y echar a la calle a miles de trabajadores, tal cual sucedió recientemente con Luz y Fuerza del Centro, la cual escondía
un exquisito bombón –pagado con recursos de los mexicanos– que el capital privado exigió para sí.
Con el pretexto de que tal paraestatal consumía crecientes subsidios
(cerca de 40 mil millones de pesos, producto de las elevadas tarifas que le imponía la Comisión Federal de Electricidad, y los no pocos regalos
que la directiva de LFC entregaba a las grandes empresas al no cobrarles el consumo de energía eléctrica), el gobierno calderonista extinguió
Luz y Fuerza del Centro y de inmediato, en charola de plata, entregó el bombón escondido
: un tendido mayor a mil kilómetros de fibra óptica (Internet, televisión por cable y telefonía), con potencial económico inmejorable.
LFC impedía el negocio privado, luego entonces era imprescindible extinguir
la paraestatal, tal cual procedió el calderonato. Superado ese impedimento
, el inquilino de Los Pinos procedió a entregar el bombón a Televisa, Megacable y Telefónica Movistar, no sin añadir la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (otros 20 mil kilómetros). ¡Y listo! Un filón más para los de siempre, con los resultados de siempre.
Apenas dos semanas después de la extinción
de LFC, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el inefable Juan Molinar Horcasitas en funciones de titular, anunció que licitaría el tendido de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y el correspondiente a Luz y Fuerza del Centro. Para conocer el jugoso alcance del negocio vale precisar que la red de CFE tiene un potencial de 2 mil 961 clientes por kilómetro; la de LFC, de 27 mil 273 clientes por kilómetro (en una de las zonas del país con mayor poder adquisitivo y desarrollo tecnológico). Se licitó, y por una casualidad de la vida el ganador (y único postor) fue un grupo de inversionistas
(constituido ex profeso) conformado por Televisa-Megacable-Telefónica Movistar.
Cuando se dieron a conocer las bases de la licitación
quedó claro que la concesión será por 20 años (con 10 de prórroga) y el valor mínimo
se fijó en 858.6 millones de pesos, más una oferta hasta 3 por ciento superior
a ese monto, con el añadido de que el mantenimiento del tendido de fibra óptica será realizado por la Comisión Federal de Electricidad, con cargo al permisionario
. ¿Cuánto ofreció el llamado Televisa-Megacable-Telefónica Movistar en la solitaria puja
? Exactamente el valor mínimo
más el 3 por ciento de rigor. Ni un centavo adicional en esa competencia
en solitario, mejor conocida como traje a la medida.
Vale recordar lo anterior, porque en su edición dominical, La Jornada (Israel Rodríguez) denunció que los beneficiarios privados de este nuevo filón –construido con recursos e los mexicanos– han incumplido con lo originalmente pactado. El compromiso oficial (Calderón dixit) fue que la entrega de la red de fibra óptica a nivel nacional “busca la expansión ordenada, competitiva, bajo reglas claras y no discriminatorias a los servicios de telecomunicaciones en las próximas dos décadas al menos. Para garantizar el acceso neutral, no discriminatorio a su red de fibra iluminada, la CFE pondrá a disposición de los operadores 111 puntos de entrada a la red, denominados hoteles de telecomunicaciones, en los cuales podrán conectarse entre sí, transmitir voz, datos, video y acceder a una red de cobertura nacional. Con la fibra óptica se esperaba que las universidades públicas, las entidades federativas, los centros de investigación e incluso los hogares tuvieran acceso mediante el fluido eléctrico a la transmisión de voz, datos e imagen
, lo que no ha sucedido.
¿Qué alcance tiene el nuevo negocio privado con bienes de la nación? El Comité Nacional de Estudios de la Energía explica de qué se trata: la fibra óptica tiene un amplio campo de aplicaciones además de la telefonía; automatización industrial, computación, sistemas de televisión por cable y transmisión de información de imágenes astronómicas de alta resolución, entre otras. En México existe una red troncal de comunicación por fibra óptica que enlaza las ciudades más importantes del país a través de un tendido de miles de kilómetros de fibra. Además se encuentra en operación la línea de cable submarino de fibra óptica Columbus II, que comunica a Estados Unidos, México y Centroamérica con Europa y el resto del mundo. La ruta trazada en 1492 por las carabelas del almirante, es hoy la red de telecomunicaciones más importante en América y Europa. La capacidad de transmisión de datos entre ambos continentes por esta red se ha incrementado en más de 500 por ciento, lo que equivale a miles de canales de televisión; 350 mil llamadas telefónicas simultáneas o la transmisión de 200 millones de caracteres en sólo tres segundos. Gracias a este cable submarino se puede intercambiar información en segundos por fax, red digital integrada, audio, texto, servicio digital, videoconferencias, televisión, datos por computadora y telefonía de larga distancia
.
Las rebanadas del pastel
El tendido de la citada red costó 30 mil millones de pesos (recursos públicos). En 2010, primer año de ejercicio privado, la CFE obtuvo ingresos por 266 millones 984 mil pesos, pero al descontar los gastos de operación, la depreciación y amortización y otros gastos, la utilidad neta se redujo a solamente 103 millones 401 mil pesos
(La Jornada). ¡Negocio redondo! (obvio es que no para los mexicanos).
Consideraban, desde esferas gubernamentales, que, a más de un año de desgaste, el SME estaba acabado y dividido, pero su sorpresa fue mayúscula.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el 14 de diciembre, en el aniversario 96 del Sindicato, se vio obligada a entregar la toma de nota que reconoce a su directiva, encabezada por Martín Esparza; pero se apresuró a señalar, en voz del mismo Felipe Calderón, que ello no significaba ceder ante el SME.
En una entrevista radial con Carlos Puig en W Radio, Calderón enfatizó: “No, no se está cediendo. Yo creo que se está actuando conforme a la ley”. Sin embargo, contradictoriamente, el presidente tuvo que reconocer que fue por el plantón y la huelga de hambre que llevaron los electricistas en lucha lo que obligó al gobierno a “explorar posibilidades legales para que el Sindicato fuera reconocido”. Quiso decir: “Me tuvieron que presionar para respetar la ley”.
La STPS, por las repercusiones que tuvo la movilización de los trabajadores en las votaciones y la obligada entrega de la toma de nota, pagó desplegados y mandó boletines de prensa a medios de comunicación para aclarar que la entrega del reconocimiento de personalidad al SME no implicaba, “de ninguna manera”, la reversión del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Que tampoco significa, según la STPS, “la creación de una nueva empresa para la prestación de un servicio público de energía eléctrica, o el reconocimiento de la existencia de una nueva relación laboral, ni mucho menos que la Comisión Federal de Electricidad se convierta en patrón sustituto, o que esté obligada a contratar colectivamente a extrabajadores de LFC”.
Fue querer decir: me preocupa su demanda por una nueva empresa eléctrica.
El gobierno federal sabe muy bien que la fuerza y la cohesión demostrada por el SME obliga a revisar la creación de una nueva compañía, en la región donde operaba Luz y Fuerza del Centro; sabe que es necesario buscar alternativas a este conflicto, que de no lograrlas se puede convertir en una herencia transexenal de enormes costos electorales para el Partido Acción Nacional.
El enfrentamiento no puede ser el estilo de gobernar, ya que esta práctica cierra posibilidades de búsqueda de alternativas. La actitud de respeto mostrada en el proceso electoral, que culminó con la entrega de la toma de nota, fue ejemplo de ello. No participaron funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ni de la STPS como una muestra de reconocimiento a su autonomía.
Pero si participaron, por decisión del SME, ciudadanos de organizaciones civiles y de notarios públicos que avalaron un proceso electoral legal y transparente de los 27 mil 86 electricistas votantes.
Lo destacado fue observar a los 12 mil 43 jubilados de un total de 22 mil 185, muchos de ellos de avanzada edad, con dificultades para caminar, en muletas, en sillas de ruedas y hasta enfermos, llegar a expresar su voto. Algunos decían: “Venimos a demostrarle al gobierno que estamos unidos y no vamos a permitir que se nos arrebate nuestro Sindicato. Venimos a demostrar que el SME está vivo”.
Los 15 mil 33 trabajadores de los 15 mil 738 que mantienen su demanda de reinstalación mostraron una enorme entereza a pesar de la prolongación de su conflicto.
Algunos tuvieron que esperar entre tres o cuatro horas para llegar a la gran urna transparente, después de identificarse y constatar que aparecían en las listas y luego en mamparas, de manera secreta, expresar el sentido de su voto.
Muchos se veían unos a otros con enorme satisfacción en una demostración de ellos mismos, que el SME es una organización de una fortaleza histórica difícil de quebrar. En jornadas agotadoras, el SME demostró cómo se realizan sus procesos electorales.
El haber decidido como opción presentar una sola planilla, a pesar de que era posible se registraran otras más, fue una muestra de unidad y de madurez para enfrentar esta nueva fase de este conflicto.
El gobierno está obligado a resarcir los enormes daños a las y los trabajadores que mandó a la calle de manera ilegal para favorecer empresas contratistas incapaces de atender el servicio eléctrico. La creación de una nueva empresa estatal con la participación de los integrantes del SME es un compromiso que se debe concretar en el corto plazo para bien de la nación.
*Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
El miércoles 20 la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez Cordero ordenó suspender las medidas anunciadas en el decreto de Calderón, en especial la formación de la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital encabezada por los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Hacienda, Gobernación, Desarrollo Social, Economía y Educación Pública, todos ellos “precandidatos” presidenciales del PAN.
Senadores priistas encabezados por Manlio Fabio Beltrones, Raúl Mejía y Fernando Castro impulsaron una controversia constitucional pues advirtieron que el presidente estaba “legislando por decreto” y violaba la sentencia 07/2009 contra la Ley Televisa, en la que se estableció que la única autoridad en materia de radiodifusión es la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
Y además la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) señaló en un comunicado que las medidas anunciadas en el decreto del 2 de septiembre “pueden convertirse en un condenable recurso de clientelismo político”, ya que las subvenciones para adquirir los decodificadores de acceso a la televisión digital se distribuirán en 2012, año de la sucesión presidencial.
La relación entre el gobierno de Calderón y Televisa se ha convertido también en un juego de intereses político-electorales.
La jugada de Televisa
En el caso de la Licitación 21 –correspondiente a la banda 1.7 Ghz para el llamado cuádruple play–, la Cofetel, la Comisión Federal de Competencia (CFC), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Felipe Calderón defendieron hasta el último minuto la decisión de otorgar a la sociedad Televisa-Nextel el bloque nacional de 30 megahertz, el más valioso, con un “enganche” de 180.3 millones de pesos, 28 veces menos que lo erogado por los competidores (Telcel y Telefónica pagaron más de 5 mil millones de pesos en la misma licitación por los bloques de 10 megahertz).
Pero de nada valieron los más de 70 pleitos judiciales interpuestos por Iusacell, compañía telefónica de Ricardo Salinas Pliego, concesionario de TV Azteca; tampoco las medidas cautelares ordenadas por tres jueces ni el punto de acuerdo del Congreso de la Unión para que se suspendiera la licitación, dadas las irregularidades documentadas desde la emisión de las bases. Mucho menos la fractura en la Cofetel: la Licitación 21 fue aprobada con los votos a favor de sólo dos de los cinco comisionados del pleno.
El verdadero “golpe” a la Licitación 21 se lo propinó uno de sus principales beneficiarios: Televisa. Con un mensaje críptico, característico de sus comunicados bursátiles, la compañía de Emilio Azcárraga Jean anticipó el inminente fracaso de su sociedad con Nextel, dejando mal parados a los directivos de esa empresa; al secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; al titular de la CFC, Eduardo Pérez Motta, y al propio Felipe Calderón.
El 4 de octubre, tres días después de que Molinar había entregado los títulos de la concesión a los representantes de Nextel, Televisa anunció que “con respecto a la adjudicación de la concesión del espectro por 30 Mhz en la banda AWS el pasado viernes, Grupo Televisa y NII Holdings (controladora de Nextel) están evaluando si las condiciones precedentes para el cierre de la transacción se han alcanzado o se podrán alcanzar”.
De esta manera Televisa informó a sus accionistas de México y Estados Unidos que estaba en duda el compromiso de invertir mil 40 millones de dólares para adquirir 30% de Nextel. En febrero pasado, el vicepresidente de Finanzas del consorcio televisivo, Alfonso de Angoitia, había condicionado esta inversión a la entrega del título de concesión de la banda 1.7 Ghz.
El 5 de octubre, Emilio Azcárraga anunció que Televisa invertirá mil 200 millones de dólares para adquirir 5% de las acciones de Univisión, la televisora de habla hispana más importante de Estados Unidos. Además amplió tres años el contrato de exclusividad de contenidos con aquella empresa. El impacto bursátil fue inmediato para Televisa: en un día sus acciones ganaron 13%.
La otra jugada financiera de Televisa ocurrió el 12 de octubre, dos días antes de que un juez concediera el amparo definitivo a Iusacell para cancelar la Licitación 21. En un comunicado la televisora anunció la oferta de certificados bursátiles a través de la Bolsa Mexicana de Valores por un monto de 10 mil millones de pesos con una tasa de 7.38% y vencimiento en 2020.
El 14 de octubre, el juez segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Civiles Federales, Octavio Bolaños Valadez, concedió el amparo definitivo a Iusacell, el cual impide que, mientras dure el litigio, la sociedad Televisa-Nextel opere la concesión entregada el 1 de octubre.
El 18 de octubre, la compañía de Azcárraga formalizó el rompimiento: “Ambas partes han decidido dar por terminado el acuerdo de inversión previamente anunciado el 15 de febrero de 2010”, indicó un comunicado.
El ridículo y el trabajo sucio
El favoritismo de las autoridades hacia la sociedad Nextel-Televisa generó un debate entre el diputado federal panista Javier Corral y Juan Molinar Horcasitas. El día en que el juez ordenaba la suspensión definitiva, Molinar envió varias cartas a los medios para desmentir que hubiera existido una “ganga” o un descuento a favor de Televisa-Nextel.
Después el funcionario ya no mencionó a la compañía de Azcárraga Jean en sus réplicas a Reforma y La Jornada. Según Molinar, “Nextel no sólo pagará los 180 millones de pesos de enganche, sino también cerca de 18 mil millones de pesos de derechos. Eso no es una ganga. Por el contrario, esa cantidad garantiza y satisface el interés patrimonial del Estado pues es equivalente al precio actualizado de mercado que se obtuvo en la licitación de la banda 1.9 Ghz, en 2005”.
Corral demandó a Molinar Horcasitas que se repusiera el proceso de Licitación 21 y recordó que tres de los cinco comisionados de la Cofetel impugnaron las bases y demandaron que se suspendiera la entrega del espectro, ya que existían órdenes judiciales que dictaron medidas cautelares por la serie de irregularidades detectadas desde enero.
Calderón también salió en defensa de la entrega del espectro a Televisa-Nextel y de la licitación de la fibra óptica, que también benefició a Televisa en sociedad con Megacable y Telefónica. En la semana de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, Calderón afirmó que gracias a estas subastas “ya no hay, como hace varios años, sólo un gran operador o dos, sino que ahora tenemos tres y hasta cuatro operadores que pueden, precisamente, en condiciones de competencia, proveer servicios con más calidad y a mejor precio a los mexicanos”.
Al comparecer ante la Cámara de Diputados, Pérez Motta también defendió los criterios establecidos por este organismo antimonopólico y negó que la autorización de la sociedad Nextel-Televisa implicara favorecer el poder de la empresa más importantes de medios electrónicos en México.
Insistió en que Nextel era un “jugador entrante” en telefonía móvil, ya que los 22 megahertz que detenta son sólo para servicios de trunking (radiocomunicación móvil basada en las redes de telefonía celular) y su ingreso a la competencia favorecerá una paulatina reducción de precios a los consumidores “por decenas de millones de pesos en los próximos años”.
No obstante, desde septiembre de 2009 en la Cofetel –según testimonios de algunos trabajadores– y por órdenes de Patrocinio Barajas, responsable de la Unidad de Prospectiva y Regulación, existía la instrucción de “revisar” y “poner en orden” los títulos de concesión de Nextel, pues se buscaba “ampliar” su cobertura.
“Prácticamente estuvimos ‘arreglando’ Nextel para que meses después se asociara con Televisa. Hicimos un trabajo sucio que en lugar de beneficiar al país (las multas hubieran entrado a las arcas de la nación) benefició a Televisa-Nextel”, escribió a Proceso Juan Carlos Flores López, uno de los trabajadores a las órdenes de Barajas, quien después fue despedido de la comisión.
El “pleito” Televisa-Calderón
El 18 de octubre, cuando se anunció la ruptura de la sociedad Televisa-Nextel, Emilio Azcárraga Jean emitió un mensaje en twitter para justificarse: “Hay que tomar decisiones todos los días y creo que tomamos la mejor para nosotros”.
Además los conductores de los dos principales noticiarios de Televisa, Carlos Loret de Mola y Joaquín López Dóriga, publicaron en sus columnas del martes 19 –en El Universal y Milenio Diario, respectivamente– que la decisión beneficia a Telcel, la compañía de Carlos Slim (que actúa a través de Iusacell) y afirmaron que Televisa fue víctima de una campaña en contra.
Más explícito, Loret de Mola escribió en su columna Tengan su “ganga” que la entrega de la concesión fue una medida de “chantaje” de Calderón para presionar a Televisa en la sucesión de 2012.
“Esta sucesión de hechos”, afirma Loret de Mola, “puede ser la habitual torpeza de la SCT o constituir una estrategia de la administración de Felipe Calderón destinada a vulnerar al grado de poder sostener con sus alfileres la licitación y con ello chantajear a Televisa, de cara a la contienda electoral de 2012. Esa sí que era una ganga. Televisa no aceptó quedar en manos del gobierno federal y ayer por la mañana dejó la polémica licitación sobre la mesa y se levantó.
“En el camino muchos se fueron con la finta: denunciaron que el gobierno federal estaba ‘amarrado’ con Televisa (al parecer, jamás encendieron los noticieros o programas de opinión). La alianza verdadera quedó exhibida cuando Televisa se hizo a un lado y en las bolsas de valores subieron sus acciones. Tengan su ganga.”
Para otros especialistas consultados por Proceso la razón principal de la salida de Televisa no fue la orden judicial ni un pleito definitivo con el gobierno o con el Grupo Salinas, sino una maniobra empresarial para cancelar el compromiso de invertir mil 40 millones de dólares en Nextel, privilegiar su inversión en Univisión, en vías de ser aprobada por las autoridades regulatorias de Estados Unidos, y quitarse “piedras en el camino”.
Para Javier Corral la ruptura Televisa-Nextel deja sin efecto los títulos de concesión, por lo que la SCT debe convocar a una nueva licitación.
La Amedi, presidida por Raúl Trejo Delarbre, advirtió en comunicado el riesgo de que Televisa pueda tener acceso a los 30 megahertz por la vía del uso de las frecuencias de televisión digital.
“Sería inadmisible que los megahertz para la telefonía móvil que hoy rechazó Televisa en la alianza con Nextel los obtenga dentro de pocos meses y de manera gratuita como resultado de los nuevos usos que podrían tener las frecuencias de televisión digital”, señaló.
La digitalización electoral
Felipe Calderón expidió el decreto mediante el cual “se establecen las acciones que deben llevarse a cabo por la administración pública federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre”. Desde ese momento, legisladores del PRI y del PRD advirtieron que se trataba de un decreto “electorero” (Proceso 1766).
Los puntos fundamentales del decreto son: adelantar de 2021 a 2015 el “apagón analógico” para que todos los televisores tengan acceso a la señal digital; liberar la banda de 700 megahertz para 2012 y “posibilitar la prestación de otros servicios de telecomunicaciones para favorecer el uso eficiente de dicha banda”; establecer las acciones necesarias para que los hogares mexicanos con menos recursos tengan acceso a receptores o decodificadores de la señal digital, a través de las secretarías de Economía y de Desarrollo Social, y crear una comisión intersecretarial para la transición digital, presidida por Juan Molinar Horcasitas.
El decreto de Calderón no echó abajo lo estipulado en el acuerdo previo, establecido por el gobierno de Vicente Fox en julio de 2004, especialmente la renovación automática de las 462 concesiones de televisión hasta el 31 de diciembre de 2021 (94% de ellas en manos de Televisa y TV Azteca) ni aclaró las dudas respecto al uso, asignación y devolución del espectro sobrante como resultado de la digitalización. A la fecha operan 65 “canales espejos” o “canales adicionales” –que ocupan esos espectros “sobrantes”– en todo el país, la mayoría en manos de Televisa y TV Azteca.
Un informe de la Cofetel difundido en enero de 2009 afirmó que sólo 1.6 millones de hogares, menos de 7% del total del país, están en posibilidad de recibir transmisiones digitales.
El especialista Gabriel Sosa Plata afirmó en su análisis para la revista Zócalo que entre 2004 y 2010, los primeros seis años de la transición analógica-digital, prevaleció una política de “opacidad y falta de rendición de cuentas por parte del gobierno, así como por la indiferencia y compromiso de algunos operadores para incentivar el desarrollo de la tecnología del país”.
Ejemplificó: Televisa se comprometió a transmitir en digital en ciudades como Villahermosa, Mérida, Morelia, Uruapan, San Luis Potosí y Zacatecas a partir del 15 de diciembre de 2009, pero en 2008 cambió de opinión y la Cofetel le autorizó modificar los títulos de concesión de las repetidoras de Canal 2 y Canal 5 en esas plazas para iniciar transmisiones en 2015 y 2018.
Frente a esta falta de certeza Calderón emitió un nuevo decreto que no corrigió los errores de la digitalización emprendida por Fox para favorecer a las dos grandes compañías televisoras, pero le agregó un ingrediente electoral: el reparto de los decodificadores entre 2011 y 2012 y la formación de una comisión intersecretarial que dependerá directamente de él, marginando a la Cofetel.
Esta decisión motivó el recurso de anticonstitucionalidad interpuesto ante la SCJN y la decisión de la ministra Sánchez Cordero de suspender el decretazo de Calderón como medida cautelar. “No se afectarán la seguridad ni la economía nacionales con la suspensión”, afirmó la ministra el jueves 21.
Lo que comienza a afectarse es el plan electoral del gobierno de Felipe Calderón y su relación con los medios electrónicos dominantes.
MÉXICO, D.F., 19 de octubre (apro).- Si el anuncio de la ruptura de la sociedad entre Televisa y Nextel tiene consecuencias administrativas y jurídicas reales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) deben declarar desierta la licitación 21 en relación con el bloque de 30 megahertz que ambas empresas obtuvieron por sólo 180.3 millones de pesos de enganche.
Como han advertido especialistas, legisladores y agrupaciones como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, si se trata de enmendar un proceso viciado desde su origen, las autoridades del sector de telecomunicaciones deben reponer el procedimiento.
Si esto no se realiza, el anuncio de la “desinversión” o del “divorcio pactado” entre Nextel y Televisa será simplemente una maniobra para quitarle el impacto mediático y jurídico a una sociedad que se firmó expresamente para garantizar el ingreso de Televisa al mercado de la telefonía móvil convergente (cuádruple play) en condiciones sumamente ventajosas y de auténtica ganga, aunque le moleste este calificativo a los voceros y jilguerillos del monopolio de medios electrónicos.
No en balde, ahora resulta que bajo el espantapájaros de que Telcel-Telmex es dominante y es un monopolio en telecomunicaciones, tanto el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, como algunas voces vinculadas a Televisa, se quejan de que el gran favorecedor de todo el enredo en torno de la licitación 21 es el magnate Carlos Slim.
¿Qué acaso no cuenta la Cofetel o la SCT con elementos para impedir, regular o frenar la dominancia en esta área? ¿Por qué ahora pretenden presentar a la sociedad Televisa-Nextel como una “víctima” del emporio de Slim, si quienes redactaron las bases de licitación, determinaron el tope de 80Mhz, establecieron los tres bloques de 10 y dos de 30 Mhz a nivel nacional, y determinaron que con sólo 180.3 millones Nextel y Televisa se podían quedar con el espectro más valioso, fueron las autoridades regulatorias (Cofeco, Cofetel, SCT) y no el multimillonario de la telefonía mexicana?
Es muy probable que estemos asistiendo a una gran mascarada o a una maniobra político-jurídico-empresarial –para atenuarle el golpe a Televisa, que también se quedó con la licitación de los casi 20 mil kilómetros de fibra óptica (en sociedad con Megacable y Telefónica)– y no a un acto de corrección de la licitación más sucia en los últimos años.
Incluso hay especialistas que han advertido que la gran cantidad de litigios y de solicitudes de amparo que interpuso Iusacell, empresa del Grupo Salinas, forman parte de una estrategia para que TV Azteca le haga el trabajo a Televisa de “ganar tiempo”.
Si Televisa estuviera tan enfurecida con Iusacell, TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego, no hubiera pasado ni un día para que viéramos un linchamiento en la pantalla de Canal 2 o se rompiera la sociedad que mantienen ambas empresas en la Iniciativa México. Por menos, Televisa emprendió una agresiva campaña en contra del grupo editor del periódico Reforma.
La ruptura entre Televisa y Nextel debe echar abajo la entrega de la concesión que el 1 de octubre anunció a trasmano el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, después de una larga sesión de mentiras y medias verdades durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.
¿Por qué decimos esto? Porque de acuerdo con los artículos 14 y 24 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, la licitación se entregó a una sociedad formada por Televisa-Nextel (anunciada desde febrero de 2010) y no a alguna de las dos empresas. El artículo 24 claramente establece:
“Los interesados en obtener una concesión para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones deberán presentar, a satisfacción de la SCT, una solicitud que contenga como mínimo:
1.- Nombre y domicilio del solicitante.
2.- Los servicios que desea prestar.
3.- Las especificaciones técnicas del proyecto.
4.- El plan de negocios, y
5.- La documentación que acredite su capacidad financiera, técnica, jurídica y administrativa. Lo anterior, sin perjuicio de obtener, en su caso, concesión para explotar bandas de frecuencia en los términos del artículo 14”.
Es decir, jurídica, técnica y administrativamente la concesión entregada el pasado viernes 1 por Molinar Horcasitas fue a una sociedad conformada por Nextel-Televisa y no a una sola empresa.
Se rumoran graves diferencias entre Nextel y Televisa, incluso desencuentros recientes. Pero eso no es lo importante. La pregunta que está en el aire es si el gobierno de Calderón está dispuesto, por una sola vez en este sexenio, de enmendar una licitación que compromete el futuro de las telecomunicaciones del país, o volver al ciclo de relación sadomasoquista con Televisa.
MÉXICO, D.F., 5 de octubre (apro).- Una serie de eventos, en apariencia inconexos, se sucedieron desde que el viernes 1 de octubre, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, decidió pasar por alto las medidas cautelares ordenadas por varios jueces y entregar los títulos de concesión para que Televisa y Nextel exploten durante 20 años la nueva banda de telefonía móvil convergente con triple play.
Un día después, el sábado 2 de octubre, Molinar convocó a una rueda de prensa para confirmar que la “ganga” a favor de Televisa-Nextel se había consumado. “No existía ningún obstáculo legal vigente para la entrega de los títulos”, advirtió.
Con cinismo, Molinar mintió y pasó por alto las severas críticas que horas antes le emitió el diputado federal panista, Javier Corral, quien lo acusó de formar parte de una trama de corrupción para favorecer a la empresa mediática más poderosa del país.
Molinar se indignó durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, pero ocultó la información sobre la entrega de los títulos.
El sabadazo de Molinar sólo confirmó cómo Televisa ordena y los funcionarios del gobierno calderonista se arrodillan. Peor aún: ningún funcionario de la televisora se atrevió a dar la cara en la rueda de prensa extraordinaria convocada en las instalaciones de la SCT. Sólo asistieron al sabadazo los representantes de la empresa Nextel, Peter Foyo y Gustavo Cantú.
El lunes 4 de octubre, el abogado de Grupo Salinas, Salvador Rocha Díaz, afirmó que se procederá legalmente contra Molinar por haber incurrido en al menos tres tipos de responsabilidades al firmar los títulos de concesión: de carácter administrativo, porque los entregó en contra de los mandatos judiciales; de carácter penal, por el desacato que le valdrá una demanda ante la PGR, y de carácter político, que puede costarle el puesto al funcionario que ha tenido un pésimo papel en el caso de la quiebra de Mexicana y en las licitaciones de la fibra óptica y de telefonía móvil, ambas en beneficio de Televisa.
Televisa envió el mismo lunes 4 un extraño comunicado a sus inversionistas bursátiles. En él señala lo siguiente: “Grupo Televisa S.A.B. anunció el día de hoy que, con respecto a la adjudicación de la concesión del espectro por 30Mhz en la banda AWS el pasado viernes, Grupo Televisa y NII Holdings están evaluando si las condiciones precedentes para cierre de la transacción se han alcanzado o se podrán alcanzar”.
En otras palabras, la sociedad con Nextel no es segura.
El críptico mensaje quedó en segundo plano frente al anuncio mediático de Emilio Azcárraga Jean, quien afirmó en Nueva York que Televisa va a invertir 1,200 millones de dólares para comprar el 5% del capital de Univisión y llegar hasta el 30% de la inversión en este conglomerado.
“Mediante este acuerdo, Univisión podrá expandir la oferta de canales de TV de paga y Televisa logrará finalmente llegar con su contenido a plataformas de internet a través de Univisión.com”, afirmó el presidente de Televisa.
El anuncio triunfalista tenía otro objetivo: convertir la derrota de Televisa en la compra de Univisión (junio de 2006) en una victoria pírrica. Falta que el consorcio de Azcárraga Jean sea autorizado por las entidades regulatorias y antimonopólicas de Estados Unidos.
En el país vecino no todo es tan rápido ni tan fácil para que Televisa incremente su presencia monopólica en territorio norteamericano. Ahí no hay un Juan Molinar o un Felipe Calderón que hagan todo para favorecerlas. Además, existe un candado legal que impide que un extranjero posea más del 25% de propiedad de un medio de comunicación electrónica en Estados Unidos.
Y eso lo saben Azcárraga Jean y su vicepresidente, Alfonso de Angoitia.
El anuncio tenía el objetivo de posicionar a Televisa en el mercado bursátil mexicano. Y lo lograron. Este martes, los títulos de la televisora (CPO’s) cotizaron en 53.80 pesos, lo que representó una ganancia de 12.8%, en comparación con un día antes. Pura especulación bursátil.
Todo parecía bien hasta que Brozo, el “Payaso Tenebroso”, el alfil de Televisa en los videoescándalos, lanzó al aire esta mañana una amenaza digna de un sicario: “Ya estamos sobre ti. Ya todos los instrumentos que hay en la empresa y en la justicia mexicana estamos muy cerca de ti. Hazte a un lado, bríncate, llégale como quieras. Estás en peligro. Ya estamos muy cerca y te vamos a caer, si te metes con uno de nosotros te metes con todos. Ya te chingaste y te lo estoy diciendo por la buena”.
Tal amenaza tuvo como pretexto un twittero que se hizo pasar pos su colaboradora Marissa Rivera. Brozo afirmó que le llegaron amenazas que fueron subiendo de tono. Y como parece que no existe ministerio público que valga, Televisa decidió lanzar una amenaza al aire, sin que la dirección general de Radio, Televisión y Cinematografía –un organismo fantasma que solía vigilar que los concesionarios cumplan con la ley-- le dijera nada. Al menos hasta ahora.
¿De qué se tratan estos mensajes? ¿Televisa intimida así a las redes sociales o a sus críticos? ¿Estamos en la impunidad mediática o en un nuevo macartismo televisivo?
MÉXICO, D.F., 16 de septiembre.- El decreto emitido por Felipe Calderón para reducir en seis años el periodo de transición de la televisión analógica a la digital no garantiza que los beneficios de dicho proceso se traduzcan en una mayor diversidad en la propiedad de los medios de comunicación, y mucho menos en una mayor pluralidad en la oferta de contenidos televisivos para favorecer el derecho fundamental de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones.
La transición de lo analógico a lo digital con el protocolo seleccionado en México, de acuerdo con Raúl Trejo Delarbre, permite que en el espacio que hoy ocupa una frecuencia analógica se puedan transmitir las señales de “dos canales de alta definición, seis canales digitales con buena calidad de imagen, o uno de alta definición y tres digitales que no sean de alta definición”.
Esta es una de las principales ventajas del cambio a lo digital, pues debe conducir a la liberación de espectro para permitir el ingreso de nuevos prestadores de servicios; sin embargo, para garantizar al menos la diversificación de la propiedad, eso debe establecerse explícitamente en los decretos y/o la legislación respectivos, pues de lo contrario lo único que sucederá es que los actuales operadores serán los principales beneficiados, ya que podrán disponer –eventualmente a cambio de una contraprestación económica– del espectro liberado.
Esto significa que, en el espacio que hoy tiene asignado Televisa para transmitir la señal de sus cuatro cadenas nacionales, si no se dieran restricciones explícitas previas podría optar por televisar ocho cadenas de alta definición; 24 digitales, aunque no de alta definición; 4 de alta definición y 12 digitales adicionales; 6 de alta definición y 6 digitales, entre otras combinaciones. En el mismo caso se encontraría TV Azteca, con sus dos cadenas nacionales. Además, el duopolio televisivo también tendría la opción de agregar a las combinaciones de oferta televisiva la prestación de otros servicios alternativos: transmisión de datos, audio y/o video, en el espacio liberado o, al menos, en parte del mismo.
Si bien es cierto que los dos decretos –el emitido por Vicente Fox el 2 de julio de 2004, y el expedido por Calderón el 2 de septiembre de este año– establecen que los actuales concesionarios únicamente pueden utilizar el llamado canal espejo (frecuencia adicional que la SCT asignó a quienes así lo han solicitado con el fin de transmitir señal digital) para reproducir exactamente los mismos contenidos que hoy transmiten en su versión analógica, TV Azteca ya utiliza el espacio adicional para ofrecer un servicio de televisión restringida, y aunque tanto la Comisión Federal de Telecomunicaciones como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes consideraron que dicha acción viola el título de concesión y la Ley Federal de Telecomunicaciones, la televisora continúa prestando dicho servicio, mientras se resuelve el litigio en las instancias judiciales.
Por ello es urgente adoptar las medidas necesarias para hacer realidad la promesa de Calderón: “Esta transición hará posible la participación de un mayor número de proveedores de señal de televisión…”. Tal como hoy está planteada, puede garantizar que haya más cadenas o canales de televisión, pero no necesariamente más proveedores, pues los actuales concesionarios estarían en condiciones de acaparar también las nuevas señales y servicios.
Incluso la presencia de nuevos proveedores no garantiza que los consumidores tengan mayor libertad de elección, pues si los nuevos prestadores de servicios son las mismas empresas que dominan los mercados nacionales y mundiales de medios de comunicación y telecomunicaciones, en realidad no habría diferencias significativas ni verdaderas alternativas.
Y, como bien señala el Parlamento Europeo, la diversidad en la propiedad de los medios de comunicación y la competencia entre operadores no es suficiente para garantizar un pluralismo de contenidos, pues éste se ve cancelado por la creciente concentración de los medios en manos de corporaciones trasnacionales, organizaciones comerciales y grupos políticos o económicos nacionales. Las normas generales para combatir los monopolios y oligopolios y promover la libre competencia, en general, son insuficientes en materia de radio y televisión, pues los niveles de diversidad entre las distintas ofertas no agregan valor real para la sociedad.
Es precisamente por eso que una práctica extendida en este sector consiste en establecer otros límites, como son un número de canales fijos; un porcentaje determinado del total de frecuencias disponibles; un porcentaje de participación del mercado potencial. O bien, limitaciones a la concentración vertical, como puede ser el impedimento para poseer prensa, radio y televisión en un mismo mercado o limitar el número combinado de éstos.
En el ámbito de la radio y la televisión es imperativo también asegurar que la propiedad de los medios de comunicación se reparta entre prestadores de gestión estatal (medios vinculados a las distintas instancias de gobierno o poderes); de gestión privada con fines de lucro (las radiodifusoras y televisoras comerciales); y de gestión privada sin fines de lucro (medios comunitarios).
Se requieren asimismo más precisiones para garantizar la presencia de medios públicos como la BBC de Londres, Televisión Francesa y Televisión Española, entre otros, que están bajo la conducción de un órgano de dirección integrado pluralmente y con participación de la sociedad civil, precisamente para asegurar que no se conviertan exclusivamente en reproductores y magnificadores del discurso del Ejecutivo.
Esto último atañe particularmente a México, con los sistemas de radio y televisión estatal, el Imer, Imevisión y el mismo Canal Once, el cual, a pesar de que ofrece algunos contenidos –particularmente educativos, aunque también incluya algunos programas de análisis político y social– atractivos, de calidad y diferentes a lo que hacen las televisoras comerciales, no goza de autonomía de gestión y tiene que someterse a las directrices presidenciales.
En el terreno de los medios comunitarios, la definición de la legislación argentina en la materia que se aprobó recientemente es muy interesante: Los medios comunitarios, dice, “son actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionados por organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro. Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida”.
La oportunidad y el reto que abre la transición a lo digital es precisamente el aprovechamiento óptimo del espectro liberado no sólo para garantizar la diversidad de proveedores, sino también para ensanchar la libertad de elección de las audiencias y garantizar la pluralidad en los contenidos.
Mediante decretos presidenciales, lo más que puede lograrse es ampliar el número de proveedores, pero corresponde totalmente al Congreso de la Unión que esto se traduzca en más opciones efectivas para las audiencias garantizando la universalización del derecho de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones.
México no se colombianiza, "allá hay corrupción pero no equivalente a la vista aquí", dice
Ocosingo, Chis. 10 de septiembre. El gobierno federal debe aclarar cómo se detuvo al presunto narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, porque primero las autoridades dijeron que fue al llegar a su casa de refugio gracias al trabajo de inteligencia iniciado en junio de 2009, y luego que lo avistaron patrullas de tránsito federal en la carretera México-Toluca, observó Andrés Manuel López Obrador.
Realmente vives mejor hoy que hace cuatro años? Es la divisa del gobierno calderonista: "Vivir mejor". El 94 por ciento de los foristas que encuestamos la semana pasada coinciden: no viven mejor. Un 2 por ciento dice que sí. Y 4 por ciento sostiene distintas opiniones sobre el tema.MÉXICO, D.F., 31 de agosto (apro).- Acostumbrados a debatir a través de inserciones pagadas en prensa y no en sus propios canales de televisión –siempre cerrados al debate crítico que los implique--, los ejecutivos de Televisa ordenaron el lunes 30 de agosto la publicación de desplegados en contra de la exsubsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Purificación Carpinteyro, pero también contra un sector de empresarios de televisión por cable que están descontentos con las crecientes prácticas monopólicas del consorcio.
El origen de este desplegado es el artículo que publicó Carpinteyro el jueves 26 de agosto en el periódico Reforma. Bajo el título “Ni veo ni oigo”, la exsubsecretaria de la SCT aporta un dato fundamental: Televisa no sólo es propietaria de tres grandes empresas de televisión por cable –Cablevisión, TVI y Cablemás--, sino que también ha logrado amarrar un control sobre la empresa Productora y Comercializadora de Televisión, mejor conocida como PCTV.
Carpinteyro señala que PCTV, cuyo origen fue agrupar a los pequeños concesionarios de televisión por cable para negociar conjuntamente con Televisa y otros proveedores los contenidos de los programas de televisión restringida, ha sido engullido por la empresa de Emilio Azcárraga Jean, ya que su subsidiaria Cablemás tiene una posición accionaria y de control en PCTV.
Con la compra de Cablemás, apunta Carpinteyro en su artículo, “Televisa también adquirió la capacidad de fijar precios unilateralmente para la distribución y comercialización de 85% de los paquetes de canales comercializables a nivel nacional y, por lo tanto, de restringir sustancialmente el abasto de contenidos sin que los cableros puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder”.
“Es cierto que se condicionó la compra de Cablemás y TVI al cumplimiento de diversas obligaciones entre las que se encuentra la de vender las acciones de PCTV, propiedad de Cablemás antes de diciembre de 2009, pero con la venia de la Comisión Federal de Competencia, esto no sucedió”, sentencia Carpinteyro en uno de los párrafos que originó la airada reacción de Televisa.
El desplegado del 30 de agosto, firmado por Manuel Compeán, vocero de Televisa, pretende negar la grave acusación de práctica monopólica, pero no aporta documentación ni compromiso alguno por parte del consorcio.
Según Compeán, el periódico Reforma “intentó censurar” y decidió “no publicar” su réplica al artículo de Carpinteyro, y por eso decidieron pagar inserciones en medios impresos. Su primera réplica es una insidia absurda: Televisa argumenta que sí existe competencia en televisión restringida, ya que la empresa DISH México, formada por MVS-Echostar y apoyada por Telmex, “logró en poco tiempo sumar poco más de un millón de suscriptores. MVS también ha declarado que espera llegar al cierre de este año a más de 2 millones de clientes, con el apoyo y financiamiento de Telmex.
“Telmex está promocionando abiertamente en medios del país paquetes de triple play… Sólo con estos datos se puede concluir de manera evidente que existe competencia en el mercado de televisión de paga en México y que Telmex-Dish están teniendo un crecimiento sostenido”.
En este punto, Televisa evade el debate fundamental: no se trata de discutir si existen otras empresas exitosas de televisión de paga, sino de las prácticas monopólicas que está aplicando para forzar a las pequeñas empresas de televisión por cable (DISH México no es una cablera, sino una competencia para la señal satelital conocida como Sky, filial de Televisa) a realizar “compras amarradas” de los contenidos de sus canales.
Es decir, Televisa estaría violando las reglas del must carry y del must offer que le impuso la Comisión Federal de Competencia para que pudiera adquirir Cablemás y TVI.
El segundo punto de la réplica señala que “PCTV es una compañía fundada, hace años, por cientos de empresas de cable del país. Tiene un consejero integrado por múltiples compañías (Megacable, Grupo Hevi, Cablecom, Cablemás, entre otros), quienes toman en apego a sus estatutos las decisiones en forma colegiada.
“Televisa no tiene –ni directa ni indirectamente-- el control de PCTV como erróneamente lo expone la señora Carpinteyro. Ningún grupo en lo individual ha tenido –ni tiene-- el control”.
Televisa cree que el control de una empresa o de una sociedad de empresas como PCTV sólo se da a través de la adquisición de acciones e ignora convenientemente que el control se da también cuando se imponen precios de forma unilateral –como sucedió con la retransmisión de los partidos del reciente Mundial de Futbol de Sudáfrica-- y con la amenaza, velada o no, de suspender el suministro de sus canales de televisión abierta y gratuita a las empresas que no asuman sus designios.
Y este es el punto fundamental de las irregularidades que se están generando, con un silencio preocupante por parte de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).
Dice Televisa que la multa que le impuso Cofeco por 48 millones de pesos, en noviembre de 2009, por realizar prácticas monopólicas, “se refiere a hechos anteriores a la existencia de las condiciones establecidas por la autoridad y es materia de diversos procesos judiciales que se encuentran en curso”. Carpinteyro “omite mencionar que la Cofeco redujo la propia multa sustancialmente con motivo de los argumentos expresados en el recurso de reconsideración correspondiente. Las condiciones impuestas por Cofeco se han cumplido al pie de la letra”.
¿Realmente se han cumplido al pie de la letra? ¿Sólo porque Televisa lo dice hay que creerles? ¿Qué dicen las pequeñas empresas de televisión por cable que tienen la bota encima de Televisa que ya controla no sólo a las cuatro cableras más grandes del país (Megacable es su socio en YOO y en la fibra óptica de la CFE; Cablemás, Cablevisión y TVI son sus subsidiarias), sino también a la cámara del sector (la Canitec) que siempre sale a defender los intereses del monopolio televisivo?
El remate del desplegado es prueba del método insidioso de los ejecutivos de Televisa. “¿Quién se beneficia con la publicación de información incorrecta o tendenciosa incluida en los artículos de la señora Carpinteyro?”, se pregunta Compeán. Acusan a la exsubsecretaria de evitar que se llevara a cabo la consolidación de las áreas de servicio local (ASL’s) “con lo que millones de mexicanos continúan pagando tarifas de larga distancia, en lugar de tarifas locales; situación que ha beneficiado al operador dominante”. En otras palabras, Televisa acusa a Carpinteyro de beneficiar a Telmex.
Televisa evade el debate real sobre el mercado de contenidos en la televisión por cable. Eso sí, manda un mensaje típico de los cárteles monopólicos: quien se atreva a cuestionarlos será merecedor de sus desplegados. Y todavía tienen la gracia de acusar a un periódico de “censura”. ¡El burro hablando de orejas!
MÉXICO, D.F., 30 de agosto.- Lo sabíamos bien, pero los relatores de la OEA y la ONU lo han confirmado desde la solidez de su indagación institucional en México: “el vigor, la diversidad, la pluralidad en el debate democrático se encuentran seriamente limitados, entre otros motivos, por la alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se les han asignado frecuencias de radio y televisión”.
Es decir, hay una relación directa entre monopolios de los medios electrónicos y democracia pobre. Por eso, la batalla que desde hace más de una década libra Javier Corral en contra de la concentración de privilegios en ese campo es claramente una batalla por la democracia. No es contra Televisa, como asume ese consorcio que todo lo domina y todo lo recibe, sino contra la precariedad del debate democrático.
Como diputado federal por segunda vez, Corral ha concentrado su esfuerzo reciente en explicar y tratar de impedir la entrega de una concesión de telefonía celular a Televisa, que ya reina en la televisión abierta, la satelital, la transmitida por cable, y acaba de adquirir nuevas frecuencias de televisión abierta (con las que dará alcance nacional al capitalino Canal 4), así como más de 20 kilómetros de fibra óptica a la Comisión Federal de Electricidad. Corral ha tratado de evitar que se consume la licitación 21 del espectro radioeléctrico, convocada desde el principio para favorecer al monopolio. Influyó centralmente en la solicitud aprobada por todas las fracciones en la Comisión Permanente para que el presidente de la República declarara desierta aquella licitación.
No ha sido escuchado, por lo que promueve ahora que se finque juicio político a Mony de Swan y Gonzalo Martínez Pous, cuyos dos votos en la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) fueron más poderosos que los de tres comisionados más. El procedimiento se extendería al secretario de Comunicaciones Juan Molinar Horcasitas, si como es de preverse confirma el irregular fallo de la Cofetel, ya infectada de ilegalidad por el nombramiento de un comisionado, De Swan, que no satisface el requisito de contar con “desempeño sobresaliente” en telecomunicaciones, no obstante lo cual en la misma sesión en que tomó posesión como comisionado fue elegido presidente del organismo.
Corral imputa responsabilidades en el beneficio a Televisa no sólo a la Cofetel y la SCT, sino también a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), que “estableció barreras de entrada, entre ellas autorizar alianzas, pues no se favoreció la competencia; por el contrario, se disminuyó la posibilidad de que al menos hubiera dos competidores por el bloque de 30 mhz, en el que, finalmente, las dos empresas interesadas se unieron para obtener el espectro licitado… resulta contradictorio que la autoridad antimonopolios declare que la intencionalidad de las licitaciones no es recaudatoria, sino que se trata de fomentar la competencia, cuando (se) autorizó la alianza Televisa-Nextel, en lugar de dejar que ambas empresas pujaran por la asignación.
“El momento de mayor cinismo fue cuando se hizo claro que en el bloque de 30 mhz dedicado a nuevos competidores, no habría puja alguna, pues la única propuesta era la de la alianza Televisa Nextel. Era de obligada conducta en el ejercicio público introducir una regla ‘de igualación de precios’, a efecto de que el precio final por mhz para nuevos incumbentes se sujetara al precio final resultante de las pujas en los otros bloques. De esa manera, además de asegurar las mejores condiciones para el Estado, se habría asegurado equidad en el proceso.
“Pero la decisión de quién iba a ganar el segmento de 30 mhz y cuánto el monto a pagar de entrada estaba determinada desde antes que empezara la ahora famosa licitación que en el caso de Televisa-Nextel no tuvo subasta. Ese es el tamaño de la simulación que quieren envolver en el discurso de la competencia, cuando lo que hacen es reforzar el acaparamiento de espectro en manos de Televisa. Es una nueva claudicación” (El Universal, 24 de agosto).
Ese mismo día adquirió concreción la campaña de mofa y difamación que se esparce entre los bajos fondos de la prensa para desprestigiar a Corral y con ello fortalecer la posición de Televisa. El martes 24 la propia empresa asumió el cuestionamiento a Corral, que sería enteramente lícito, en bien del debate democrático, si no estuviera encuadrado en antecedentes y prácticas de intimidación. El tocayo de Corral, Javier Tejado, cerebro jurídico de Televisa, presentado ahora como director de Información, atribuyó al diputado intenciones diferentes a las explícitas, tendientes al provecho propio del legislador.
Tejado deforma los hechos con ánimo burlón. Dice que Corral trata de exhibir “el gran complot con el que supuestamente el gobierno federal (emanado de su propio partido) pretende favorecer al consorcio Nextel-Televisa al otorgarle una concesión para darle telefonía móvil. No he escuchado decir a Corral qué arreglo tendrá el gobierno federal con la empresa antes señalada. Sólo alcanza a hilar que es un abuso más de los poderes fácticos y señala que llevará a juicio político al secretario de Comunicaciones Juan Molinar y al presidente de la Cofetel, Mony de Swan, junto con no sé qué tantos funcionarios federales. Incluso, desliza todo tipo de insinuaciones contra el propio presidente de la República…
“Uno pensaría que el diputado Corral sabe de lo que habla. Lleva siendo 10 años legislador e incluso dirigió la Conferencia Parlamentaria en Telecomunicaciones. Desafortunadamente no ha producido ninguna legislación en telecomunicaciones. Pero eso es seguramente imputable también a los poderes fácticos… O quizá el diputado Corral está en realidad preocupado por construir una coalición que le permita contender por la presidencia nacional del PAN, para lo que puede servir juntar al panismo tradicional (resentido históricamente con las televisoras) y a una parte del neopanismo que se siente desplazado por el presidente Calderón y los suyos. Bajo ese escenario, lo de menos serán los consumidores mexicanos y los ingresos que por licitación reciba la nación. Siempre el beneficio personal por delante. Lo demás puede esperar”. (Reforma, 24 de agosto.)
Tejado concluye su mofa insidiosa dándose un tiro en el pie. Compara a Corral con el senador Joseph McCarthy, que no era otra cosa que un perseguidor de comunistas y no discutidor de políticas públicas. Y le recomienda ver una cinta con George Clooney, que los televidentes de los canales abiertos de Televisa no han visto ni verán jamás, porque está por encima de los estándares del monopolio.
Por medio de campañas como la que está en curso, y de análisis tramposos como el de Tejado, Televisa busca linchar a quien juzga su adversario, para mitigar el daño que puede causar la exhibición de sus provechosos vínculos con el gobierno. En esa campaña se ha traído a cuento, una vez más, el garlito tendido por Televisa Chihuahua al diputado, al que judicialmente le exige el pago de un adeudo que no contrajo Corral sino el PAN y que ese partido está dispuesto a cubrir. La embestida de Televisa ha puesto en riesgo el patrimonio familiar del diputado, que en efecto no ha podido llevar adelante ninguna ley de telecomunicaciones porque, sí, se han opuesto los poderes fácticos, pero ha contribuido a impedir que el abuso de la Ley Televisa se consumara plenamente.
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