Ambos tienen gran influencia en sus ámbitos, el político y el militar. Diego Fernández de Cevallos y Arturo Acosta Chaparro han sido acusados de tener vínculos con el cártel de Juárez y se movieron con recobrada fuerza en el sexenio de Felipe Calderón. Sus destinos se cruzaron a raíz del secuestro del exsenador el viernes 14, y para el martes 18 ya los unía otra circunstancia: el pez gordo de la política seguía desaparecido y el general era baleado.
MÉXICO, D.F., 24 de mayo (Proceso).- Las investigaciones para localizar al exsenador panista Diego Fernández de Cevallos, desaparecido desde la noche del viernes 14, están a cargo del general Arturo Acosta Chaparro, quien hace tres años fue exonerado por el Ejército de las acusaciones que lo implicaban con el narcotráfico y actualmente permanece en el Hospital Central Militar después de que un hombre lo baleó la noche del martes 18.
A los dos se les han atribuido, en distintos momentos, relaciones con el crimen organizado, en particular con el cártel de Juárez y quien fuera su líder, Amado Carrillo Fuentes. Ambos fueron blanco de agresiones en menos de una semana.
Consultadas por Proceso, fuentes que han estado cerca de la indagatoria que se sigue en Querétaro y otras cercanas al general afirman que éste fue “contratado” por “un despacho” ligado a Diego Fernández de Cevallos y a Lozano Gracia.
Este semanario también recabó versiones en el sentido de que los servicios de Acosta los solicitó directamente la familia del político y de que el militar había comenzado a trabajar en algunas hipótesis iniciales:
Una de ellas es que el plagio habría sido motivado por asuntos que involucran a Miguel Fernández de Cevallos, hermano de Diego.
De hecho, uno de los hijos de Miguel –dice una de las fuentes– aseguró en sus primeras declaraciones ante la Procuraduría General de la República (PGR) que el viernes 14 iba en su auto por la carretera federal cuando vio a su tío Diego en el asiento trasero de una camioneta, custodiado por dos hombres vestidos de blanco; declaración que no fue creíble para las autoridades.
Otras hipótesis que presuntamente verificaba Acosta Chaparro son las del narcosecuestro y la guerrilla.
Uno de sus primeros objetivos fue el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), por su supuesta relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dicen a Proceso fuentes cercanas al militar.
Con un destacado historial en la represión de la guerrilla entre los años sesenta y ochenta, y ahora en su condición de asesor de primera línea de la Sedena, Acosta Chaparro se concentró en la información sobre la alegada relación de las FARC con grupos guerrilleros y del narcotráfico en México.
Desarrollaba esa línea de investigación cuando, la noche del martes 18, en la colonia Roma de la Ciudad de México, fue atacado por un sujeto que le disparó con un arma de fuego al momento de que el militar salía de la empresa de seguridad privada Elim.
Apenas unas horas antes, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se había deslindado de la desaparición de Fernández de Cevallos.
“Se están deslindando, pero no les creas. Ese deslinde no quiere decir nada”, le comentó Acosta Chaparro a uno de sus hermanos con quien estaba llevando la investigación, según refieren las fuentes, y advirtió: “La agresión en su contra no fue un accidente. Fue un aviso para que no se meta”.
El profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Guillermo Garduño Valero, especializado en fuerzas armadas y seguridad nacional, coincide: “Por el sistema de información que manejó por décadas y gracias a las puertas que le abrió el actual gobierno para seguir manejando información sobre grupos guerrilleros, se puede focalizar por dónde pudo venir el ataque”.
En esa línea, señala: “El atacante sabía quién era, que no debía matarlo sino dejarlo fuera de la investigación. Eso explicaría que a pesar de haber ingresado por su propio pie al Hospital Central Militar lo hayan declarado grave”.
Quienes informaron a Proceso de la participación de Acosta Chaparro en la indagatoria corroboran que desde su exoneración y liberación el general empezó a prestar servicios a la Presidencia de la República.
Incluso, afirman, entrenó a un grupo de élite del Ejército para constituir la avanzada en operativos contra el crimen organizado, específicamente en el estado de Chihuahua. No obstante, aclaran que el militar ya no trabaja para la Presidencia y únicamente brinda asesoría a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Al cierre de esta edición su estado de salud aún era grave, porque el único proyectil que hizo blanco en su cuerpo lo hizo por el abdomen y salió por un costado.
La certeza sobre la relación entre el atentado contra el general y la desaparición de Diego Fernández está en manos del Ejército, porque el primer delito fue denunciado ante el Ministerio Público Militar. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal únicamente es coadyuvante en el caso y hasta el momento no cuenta con la declaración de Acosta.
Las medallas del general
Como resultado de una investigación que la PGR abrió en enero de 1996 –justo cuando su hasta entonces titular, Antonio Lozano Gracia, iba de salida–, la dependencia dio a conocer al año siguiente que se había detectado que el general Acosta Chaparro, junto con otro militar, protegía a Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, líder del cártel de Juárez.
También el Ejército lo investigaba. Uno de los reportes de la Subjefatura de Inteligencia de la Sección Segunda del Ejército, fechado el 4 de abril de 1997 y dirigido a un general de apellido Sánchez, refiere una reunión del general Acosta Chaparro con Amado Carrillo. “Esta reunión –dice el informe– se realizó en una casa, en Jalisco, del exlíder nacional del PRI Javier García Paniagua”.
Tres meses después de ese encuentro, en julio de 1997, Amado Carrillo murió en el hospital Santa Mónica.
Al año siguiente, como parte del llamado Maxiproceso que realizó la PGR, Acosta Chaparro fue nuevamente investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico junto con el también general Francisco Quiroz Hermosillo.
Ambos fueron señalados por tres testigos protegidos: Carlos Colín Padilla, operador financiero del cártel de Juárez; Adrián Carrera Fuentes, exdirector de la Policía Judicial Federal, y Tomás Colsa MacGregor, un joyero que fue proveedor de varios narcotraficantes.
Las indagaciones sobre Acosta Chaparro continuaron hasta 2000. En septiembre de ese año fue detenido y procesado por sus presuntos vínculos con El Señor de los Cielos. El procurador militar que inició las indagaciones en su contra y determinó que era culpable fue Rafael Macedo de la Concha, quien meses más tarde, el 1 de diciembre, fue nombrado procurador general de la República por Vicente Fox, el primer presidente panista.
Tras el consejo de guerra al que fue sometido Acosta Chaparro en 2002, el general Tomás Ángeles Dahuajare lo condenó también a perder el grado y todos sus derechos.
Al iniciarse ese proceso, organizaciones de derechos humanos y familias afectadas por la desaparición de activistas sociales de Guerrero durante la guerra sucia de los años setenta interpusieron denuncias en su contra. Lo responsabilizaron de la desaparición y asesinato de varios líderes sociales. Estos cargos se sumaron al proceso por vínculos con el narcotráfico.
Poco antes de que concluyera el sexenio de Vicente Fox, en junio de 2006 Acosta fue absuelto por el Juzgado Cuarto Militar de la acusación de homicidio calificado, relacionada con la desaparición de 22 presuntos guerrilleros.
Con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia, la suerte de Acosta Chaparro cambió por completo: el “máximo jefe de las fuerzas armadas” lo exoneró siete meses después de su accidentada toma de posesión. El 29 de junio de 2007 Acosta Chaparro abandonó el Campo Militar número 1; y el 23 de abril de 2008, en la ceremonia de retiro de 23 generales del Ejército, se le devolvieron todas las condecoraciones que en 2002 le quitó el general Ángeles Dahuajare (actualmente en retiro).
No sólo eso: Acosta Chaparro recibió una nueva condecoración por 45 años de servicio con “patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones”.
Tan compleja como el personaje mismo, la naturaleza del plagio contra el exsenador Diego Fernández de Cevallos revela los vicios del sistema panista: mentiras, contradicciones, torpezas... Del tamaño del poder adquirido por el Jefe Diego a base de relaciones inconfesables y tráfico de influencias es la incapacidad del gobierno de Felipe Calderón para conducirse con transparencia, con eficacia. Cerrazón informativa gubernamental, autocensura en medios electrónicos, son la norma... Y entretanto las especulaciones toman por asalto la credibilidad de los mexicanos.
Eran las cinco de la tarde del viernes 21 cuando las procuradurías general de la República y la de Querétaro tuvieron que admitir la realidad que ocultaron durante seis días: el exsenador panista no estaba “desaparecido”, sino secuestrado.
El jueves 20 por la noche comenzó a circular en las redes sociales una fotografía de Diego Fernández de Cevallos enviada desde el correo electrónico misteriosos.desaparecedores@yahoo.com.mx. La imagen fue publicada el viernes 21 en los periódicos El Universal y Reforma y en ella aparece el exsenador con los ojos vendados.
Está de pie y tiene frente a él un letrero con la fecha del domingo 16 de mayo. Desnudo su torso y casi blancos el bigote y la barba, piel apiñonada, frente amplia y algunas manchas en el rostro. Sus hombros están encogidos.
Junto a la fotografía, el siguiente mensaje: “El Jefe Diego goza de cabal salud, y manda enternecido saludo a quienes lo quieren y hasta rezan por él”. Asimismo, ordena a su hijo exigir a las autoridades desbloquear la comunicación y mantenerse al margen de la negociación que su familia ofrece de manera pública por su liberación.
Y remata: “Seguiremos informando.
“Los misteriosos desaparecedores.
“20-05-10”.
“Es él”, comentan sus hermanos a Proceso el mismo viernes 21 por la tarde. “Si lo tuviera enfrente y le pusiera una venda en los ojos, lo reconocería de inmediato”, dice uno de ellos.
Poco antes los peritos que apoyan a la familia del panista les confirmaron la autenticidad de la imagen. Los especialistas les explicaron que Diego fue puesto de pie ante un muro por sus secuestradores. El plástico negro que se observa al fondo es para ocultar los detalles del sitio donde lo tienen secuestrado e impedir su localización.
Sobre el torso desnudo y con los brazos a los costados, le amarraron con una cinta el papel que muestra la fecha del domingo 16. Sus hombros se ven tensos, incluso tiene un golpe en el lado izquierdo, encima del labio superior. Esa parte del rostro y la nariz están hinchadas.
Lo que sorprendió a la familia Fernández de Cevallos es que en el mensaje atribuido a Diego el exsenador utiliza el término “enternecido saludo”, una expresión que, dicen, emplea con frecuencia.
Con esas pruebas, los familiares de Fernández de Cevallos pidieron al exprocurador Antonio Lozano Gracia, amigo y colaborador de Diego, que difundiera un mensaje en el que pedían a los gobiernos federal y estatal dejar de investigar.
“Agradecemos a las autoridades su diligente y comprometido actuar desde que se confirmó la desaparición del Lic. Diego Fernández de Cevallos, pero solicitamos encarecidamente que se mantengan al margen de este proceso, para así favorecer la negociación, anteponiendo la vida e integridad de nuestro padre”, decía el mensaje entregado a los medios de comunicación de la Ciudad de México.
El lunes 17 Lozano Gracia entregó un primer comunicado firmado por Diego Fernández de Cevallos Gutiérrez, hijo del plagiado, a través de medios electrónicos, para pedir “a quienes tuvieran cautivo a Diego Fernández establecer contacto para entablar una negociación que permitiera su liberación”.
Había molestia entre hijos y hermanos de Diego puesto que, a pesar de que las líneas de investigación y todas las señales apuntaban al secuestro, la PGR y la procuraduría estatal insistían en desplegar operativos de búsqueda, realizar peritajes en la finca y sus alrededores, rastreos con agentes de la Dirección de Investigación del Delito, así como en manejar la versión de que el político queretano estaba desparecido.
El domingo 16, en Santander, España, durante su visita oficial en ese país, Calderón declaró que, “si pudiera”, transmitiría un mensaje a Diego para decirle que sus hijos “están orando” por él, “pero también siguiendo su ejemplo de valor, entereza y gallardía, y están firmes en la esperanza de recuperar a su padre”. Y el propio anfitrión, el jefe de Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, condenó el “secuestro” del exsenador panista.
Despliegues ostentosos
Desde el sábado 15, los aparatosos operativos de los agentes federales y estatales se concentraron en las inmediaciones de la finca del rancho La Cabaña, una de las tantas propiedades que Fernández de Cevallos tiene entre San Juan del Río y Querétaro, en el municipio de Pedro Escobedo, a unos pocos kilómetros de la autopista federal 57.
Para el domingo 16, un avión con radar y peritos del Ejército llegaron al lugar con sus equipos para rastrear armas. El despliegue se prolongó durante varios días, pero no se instaló ningún retén carretero. Los vehículos circulaban por la carretera federal sin ningún problema.
Los familiares del secuestrado aseguran que ese inusual despliegue policiaco era pura simulación. Las autoridades estatales y federales querían demostrar que Lse estaba haciendo todo lo posible por localizar a Fernández de Cevallos”, pero en realidad sólo dificultaron el contacto con los plagiarios, quienes desde el principio exigieron el retiro de las fuerzas de seguridad de las inmediaciones del rancho La Cabaña.
También comentan que les extrañó que desde el principio la Procuraduría General de la República (PGR) no atrajera la investigación del caso, aun cuando el procurador Arturo Chávez Chávez trabajó en el despacho de Fernández de Cevallos.
Durante seis días fue la procuraduría estatal, encabezada por Arsenio Durán, la que inició la averiguación previa SC/31/2010. Durante ese lapso hubo jaloneos. Y aunque el gobierno del priista José Calzada Rovirosa esperaba que la PGR atrajera el asunto, asegura a Proceso una fuente cercana a las investigaciones, la dependencia federal no actuó.
Los tres comunicados oficiales sobre la “desaparición” del excandidato panista a la Presidencia en 1994 fueron emitidos por la procuraduría estatal. El primero se difundió el sábado 15 a las 20:30 horas.
A Calzada Rovirosa le preocupaban las consecuencias que traería el secuestro de Diego a la entidad, así como la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad locales; incluso modificó su agenda para dedicarse ciento por ciento al caso.
El mandatario organizó encuestas a lo largo del país para saber con detalle lo que se opinaba sobre el secuestro de Fernández de Cevallos. La PGR fue la dependencia “más golpeada” mediáticamente por el plagio del exsenador.
El Comité Estatal del PAN optó por organizar a sus correligionarios para que oraran por la aparición de Diego. El miércoles 19, el presidente estatal del partido, el diputado Ricardo Anaya Cortés, decidió colocar anuncios espectaculares en distintos puntos de la capital queretana con el mensaje: “Diego, estamos contigo”; otros tenían la leyenda: “Por un Querétaro seguro y en paz”.
Sin embargo, desde el martes 18 el gobierno federal y el propio Calzada Rovirosa sabían que Diego había sido secuestrado. Aun así prefirieron seguirlo ocultando a los medios de comunicación. En la víspera, la intervención de Lozano Gracia, así como de los hijos mayores de Fernández de Cevallos y algunos de sus hermanos tensaron el ambiente, sobre todo por el rechazo de las autoridades federales y estatales.
Los hijos Diego se quejan porque, dicen, aun cuando asistieron a las reuniones de Gabinete de Seguridad desde el principio, nunca vieron ninguna pista concreta en las investigaciones.
El cerrojazo
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, optó por decir a los medios que guardaran silencio sobre el plagio, luego de que Lozano Gracia, a nombre de la familia Fernández de Cevallos, pidió a las autoridades ser discretas en el manejo de las investigaciones.
Joaquín López Dóriga, conductor de El Noticiero, fue el primero en plegarse a la estrategia del silencio. El gobernador Calzada Rovirosa también lo hizo a su manera y retomó su agenda pública, mientras que los panistas queretanos tuvieron que retirar el miércoles 19 los anuncios panorámicos por instrucciones del presidente del CEN de su partido, César Nava.
Con todo, el gobierno federal no aguantaba la presión. El viernes 21, conocida ya la foto en la que Diego Fernández de Cevallos aparece vendado y ante la presión de la familia del secuestrado, el presidente nacional del PAN, César Nava, todavía intentó ocultar el secuestro.
Gómez Mont también quiso atenuar la situación: “Ustedes deben entender que nosotros estamos obligados a ser respetuosos, cautelosos y discretos”, dijo Gómez Mont a reporteros en un evento del Club de Industriales. Incluso rezó, dijo, con la esperanza de “encontrar a Diego con vida”.
El jueves 13 y el viernes 14, los dos días previos al secuestro, Fernández de Cevallos estuvo en el municipio de Jerécuaro, Guanajuato, en la hacienda La Barranca, que adquirió hace cinco años.
Llegó el jueves para supervisar la construcción de viviendas que pretendía regalar a los habitantes del rancho en un terreno que donó para ese fin, informaron el sábado 15 al diario local Correo varios trabajadores del exsenador.
Durmió en La Barranca y el viernes 14 por la tarde salió en su camioneta rumbo a Querétaro, señalaron al diario Correo dos hombres y dos mujeres que trabajan en el rancho La Barranca. También comentaron que lo vieron por última vez poco antes de las seis de la tarde.
El sábado 15, cuatro empleados del rancho La Barranca, ubicado en el municipio de Yerécuaro, Guanajuato, comprado por Diego Fernández de Cevallos, declararon a Correo que vieron a su patrón por última vez el viernes 14 alrededor de las seis de la tarde.
Ese mismo día el velador del rancho La Cabaña declaró ante el Ministerio Público que alrededor de las 23 horas oyó llegar la camioneta de su patrón. Sin embargo, aclaró que no lo vio. Fue hasta el sábado 15, a las 7 de la mañana, cuando se dio cuenta de que Diego no estaba.
Al día siguiente, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, y el gobernador de Querétaro, José Calzada, anunciaron, al término de una reunión de cinco horas en las instalaciones de la XVII Zona Militar, la constitución de un grupo interinstitucional en el que participarían las corporaciones de los estados vecinos.
En el anecdotario documentado en torno a la relación entre Felipe Calderón y su correligionario Diego Fernández de Cevallos quedó el registro de la “amistad” –muy sui generis– a la que hizo referencia el presidente mientras se hallaba de gira en Estados Unidos: un odio que detonó desde finales de 2004, cuando ambos intercambiaron insultos en una sesión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. El motivo: la sumisión del Jefe Diego ante Carlos Salinas de Gortari.
“¡Eres un cobarde!”, le gritó Diego Fernández de Cevallos a Felipe Calderón, en respuesta a su acusación de someterse a Carlos Salinas: “¡Fuiste un vendido!”
Áspera su relación, sobre todo desde la gestión de Carlos Castillo Peraza como presidente del Partido Acción Nacional (PAN), el temperamento de ambos los condujo a la confrontación y al insulto.
El choque se produjo en una sesión del Comité Ejecutivo Nacional, a finales de 2004, cuando Calderón evocó la relación de Fernández de Cevallos con Salinas, en el periodo de Luis H. Álvarez como presidente del PAN.
Fernández de Cevallos, quien era entonces coordinador de los senadores del PAN, se había distraído en la revisión de papeles y no había reparado en lo que decía Calderón, hasta que una imputación lo cimbró.
–A ver, ¿me lo puedes repetir?
–Sí, que tú fuiste un vendido.
El excandidato presidencial se defendió: Adujo que las gestiones que hizo ante Salinas fueron a petición de Álvarez, como lo hizo también ante Ernesto Zedillo cuando Calderón fue presidente del PAN, y le recriminó: “¡No te hagas pendejo!”
Luis Felipe Bravo Mena, el entonces presidente del PAN, trató de tranquilizar al excandidato presidencial, quien le reclamó no haber reconvenido a Calderón y él tenía derecho a responderle.
De frente a Calderón, en medio de la expectación de los miembros del CEN, le recordó que le pidió interceder ante Zedillo, pero que mantuviera el secreto.
“Te llegué a ayudar y siempre me dijiste que no se supiera. ¿Por qué? ¡Porque eres un cobarde! Te llegué a ayudar, porque era el presidente del partido el que me lo solicitaba.
“–No es cierto –pretendió negar Calderón.
“–¡Es que eres un cobarde! ¡Acéptalo!”
Esta escena –verificada por el reportero con tres testigos directos– desmiente la amistad que Calderón dice que ha tenido con Fernández de Cevallos a raíz de la desaparición de éste, el viernes 14, en un hecho que cinco días después definió, en Washington, como “un misterio”.
Las diferencias entre ambos han sido hondas desde que Fernández de Cevallos fue coordinador de los diputados federales, entre ellos Calderón, en el segundo trienio de Salinas, pero se profundizaron a tal punto que, a finales de 1996, estuvieron a punto de liarse a golpes.
Según la semblanza “El abogado del diablo” que el periodista Roberto Rock hizo de Fernández de Cevallos para el libro Los intocables, éste puso en duda la hombría de los intelectuales, entre los que incluía a Castillo Peraza, que entonces presidía el PAN.
“Pues yo no soy intelectual, pero aquí estoy para defender a Carlos, levántate”, lo retó Calderón, al tiempo que se quitaba los lentes. Aunque no se produjo el intercambio de golpes, la enemistad jamás ha sido superada, si bien se han unificado –junto con Salinas y Fox– para combatir a su adversario común, Andrés Manuel López Obrador, en los videoescándalos, el desafuero, las elecciones y la calificación presidencial.
Banderas arriadas
La relación de Fernández de Cevallos con Salinas, en cuyo sexenio se inauguró un cogobierno del PAN con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –que prevalece con Calderón–, lo ha puesto bajo sospecha permanente entre prominentes figuras del panismo, beneficiario de esa relación.
El propio Álvarez, quien presidió el PAN cuando pactó con Salinas legitimarse “en el ejercicio del poder”, deja ver su desconfianza en Fernández de Cevallos en una conversación con él que incluye en su libro de memorias Medio siglo. Andanzas de un político a favor de la democracia, justo después de revelar que el expresidente lo quiso cooptar con dinero.
“Oiga, don Luis, usted me reinventó. Si no es por usted, yo no hubiera regresado al PAN”, le reconoció Fernández de Cevallos. “Y entonces le dije: ‘Pues no sé si la patria algún día me lo vaya a reclamar’. Se me quedó viendo y luego se rió.”
Álvarez, quien ha formado parte de la alta burocracia con Vicente Fox y ahora con Calderón, no explica las razones del reproche, pero responsabiliza a Fernández de Cevallos de ser el promotor de la quema de las boletas de la elección de 1988, en 1991, que denomina “un detalle menor pero simbólico”.
Cuenta: “Diego fue quien me planteó la iniciativa bajo el argumento de que ya de nada servían dado que habían estado a disposición de cuanta persona las quiso consultar. Accedí a su solicitud; sin embargo, hoy me arrepiento de ello porque esas boletas merecieron nuestra gran crítica tres años antes”.
Otro prominente panista, Ernesto Ruffo, el primer gobernador del PAN, manifestó siempre su desconfianza en Fernández de Cevallos, en una conversación con el reportero, en marzo de 2000, justo después del debate que el excandidato presidencial sostuvo con López Obrador.
“Diego aparece siempre en momentos cruciales, en situaciones en las cuales él influye y aplica esta manera de ser que no entiendo, porque nos lleva a situaciones que no arrojan resultados objetivos y concretos para la causa de México y del cambio democrático. Está dentro de los asuntos, pero cada uno ha concluido siempre en una situación no muy clara de por qué hace lo que hace.”
Además de la incineración de los documentos de la elección de 1988, Ruffo recordó la intervención de Fernández de Cevallos en la solución de conflictos electorales en Guanajuato, Sinaloa, San Luis Potosí, y en el desenlace de las negociaciones para una eventual candidatura de toda la oposición en la elección de 2000.
“Diego rebasó a la presidencia del partido, se llevó la discusión a su casa. Y se atravesó en las elecciones presidenciales de 2000.
“–¿Para qué?
“–Para que no pase nada.”
Y resumió: “Por eso digo que la palabra que define mi persona respecto de él es que no le tengo confianza”.
Es conocida también la animadversión entre Fernández de Cevallos y Fox, quien le reprochó a él y al PAN no haber tenido decisión para ganarle al PRI desde 1988, como lo escribió en su libro A Los Pinos.
“Cuando finalmente tuvimos tirado al sistema y le pusimos el pie en el pescuezo, fuimos una bola de coyones y no le dimos el tiro de gracia cuando pudimos, en gran medida por una corriente de temerosos al interior del PAN.”
Puso como ejemplo el caso de Fernández de Cevallos, a quien acusa de que, en 1994, “simplemente se echó para atrás”, y advirtió: “A mi juicio, en el PAN no hay todavía suficiente coraje ni hambre de triunfo. Pero la historia de Diego no se repetirá: voy por la Presidencia de la República”.
Más recientemente, Juan José Rodríguez Prats, que fue su allegado, tomó distancia de Fernández de Cevallos, después de que éste asistió, como invitado de honor y junto con Salinas, al cuarto informe de gobierno del priista Enrique Peña Nieto, en agosto de 2009. “Siento que Diego ya arrió sus banderas de panista”.
–¿De plano?
–De plano. Ir al informe de gobierno de Enrique Peña Nieto es una traición. Peña Nieto es el candidato de la ultraderecha. Detrás de él están los intereses más nefastos y sucios del país. ¡Cómo pudo ir!
Contó al reportero que, después de ese episodio, habló con Fernández de Cevallos: “Le dije que tenga autoestima: ‘Qué desgracia que tu lema de un México sin mentiras sea una mentira’”.
–¿Qué le respondió?
–Nada. Se quedó callado.
A raíz de la publicación en Proceso de un reportaje de María Scherer en torno a las propiedades de Fernández de Cevallos (edición 1373), el editor Rogelio Carbajal le propuso a la reportera hacer una biografía de Fernández de Cevallos, con quien se reunió, según lo narra ella misma en la Edición Especial del 30 Aniversario de Proceso.
Por fin, María Scherer le planteó la idea de Carbajal.
–¿Una biografía?
–Una biografía.
–Cuando me muera valdrá la pena.
–Vale la pena ahora, senador.
–Ten paciencia. Cuando me muera te dejo husmear en mis archivos. l
El gobierno federal tendrá que pagar a 80 ejidatarios —y sus abogados panistas— mil 500 millones de pesos por los daños y perjuicios de la expropiación de sus terrenos hace 25 años en lo que hoy es el puerto de Altamira, Tamaulipas. Pero eso no es todo. Además deberá regresarles los predios que, en parte, sostienen una infraestructura portuaria con un valor 50 veces superior al monto de la penalización. Todo porque a algunos funcionarios de la SCT se les “olvidó” solicitar a tiempo a la Suprema Corte la revisión del caso. La incompetencia es una posibilidad, pero también lo es la corrupción. Y no hablamos de los dos magistrados que concedieron el amparo (no creen que 18 mil empleos directos y 12 mil indirectos sean de “utilidad pública”), sino de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que dirigía hasta hace unos meses Luis Téllez, hoy presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cómo no dudar de la honorabilidad o capacidad de los funcionarios que enfrentaron este caso si después de la sentencia, el 8 de noviembre de 2008, la secretaría no aprovechó el plazo de 10 días que le confiere la ley para impugnar el fallo del Tribunal Colegiado de Circuito ante Suprema Corte de Justicia de la Nación? La dirección jurídica de la SCT dejó pasar el plazo y, con eso, hizo inapelable la aberrante decisión de los dos magistrados a favor de los representados por el ex procurador panista, Antonio Lozano Gracia, y el ex candidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos. A menos que creamos que la pifia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se debió a su desconocimiento de la ley, o a una mera incompetencia, este caso amerita la investigación de varios funcionarios federales. Con semejantes coincidencias y tratándose del bufete jurídico que encabezan los ex servidores públicos Antonio Lozano Gracia y Diego Fernández de Cevallos, resulta inevitable recurrir —como dijera otro connotado panista— al “sospechosismo”.
El ex senador panista Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador Antonio Lozano Gracia obtuvieron un amparo en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo que implicaría la paralización de labores del puerto de Altamira, Tamaulipas, o el desembolso de más de mil 500 millones de pesos del erario. Dos grupos de ejidatarios representados por los dos ex dirigentes del PAN comenzaron en junio de 2007 la impugnación del decreto presidencial que expropió —hace 28 años, en 1981— los terrenos donde se ubica la terminal marítima. La protección otorgada contra la acción federal se dio porque en el texto del decreto no se justificó la utilidad pública del puerto para la expropiación, y no porque los ejidatarios no hayan recibido el pago por sus tierras o no se les haya dotado de nuevos predios. En entrevista, el ex senador Fernández aceptó que junto con el ex procurador llevaron la defensa de los ejidatarios y que ya ganaron el juicio. Agregó que están a la espera de la sentencia favorable a los ejidatarios, y confió en que sea en el sentido del pleno goce de los derechos sobre las tierras. Altamira recibió en nueve años inversión por 2 mil 500 millones de dólares. La determinación del tribunal federal coloca en la incertidumbre jurídica las tierras donde se asienta. Ahora, la resolución abre la puerta para que otros tres ejidos exijan un amparo similar, además de poner en riesgo al puerto y al gobierno federal en la antesala de pagar, en momentos de crisis, indemnizaciones millonarias.
MÉXICO, D.F., 23 de marzo (apro).- A 15 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, Othón Cortés, quien era el chofer del candidato presidencial del PRI en 1994, decidió salir de su ostracismo e insiste en que lo torturaron para involucrarlo en un presunto complot y así acusar como autores intelectuales del crimen al senador Manlio Fabio Beltrones y al general Domiro García Reyes. Oaxaqueño de origen, pero arraigado por años en Tijuana, ahora Cortés acusa al exfiscal Pablo Chapa Bezanilla y al entonces titular de la PGR, el panista Antonio Lozano Gracia, de ofrecerle 5 millones de dólares a su abogado defensor, Héctor Sergio Pérez Vargas, para que abandonara su caso. Afirma que también le dieron 35 mil dólares a los tres testigos que lo incriminaron.Estas revelaciones forman parte del libro El segundo tirador, que empezará a circular en Tijuana a partir del martes 24. El autor es Constantino Presa, quien durante un año se dedicó a entrevistar a Othón Cortés a fin de recuperar la historia de su detención y de su estancia en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, hoy conocido como del Altiplano, donde también estuvieron presos Mario Aburto y Raúl Salinas de Gortari. Othón Cortés permaneció año y medio en prisión. Al salir, no tuvo empleo durante más de ocho años porque en todos los lugares donde presentaba solicitudes lo reconocían como el "segundo tirador" contra Colosio, no obstante que los tres testigos que lo acusaron terminaron por retractarse y él salió ya libre de culpa. Hace apenas 18 meses consiguió trabajo en el parque más grande de Tijuana, donde sirve de guía turístico a grupos infantiles. Ahí se siente tranquilo."Apenas comencé trabajar en el Parque Morelos, soy guardia, atendiendo a niños... los llevo a conocer los animalitos, hago los recorridos culturales. A eso me dedico, porque ni para rata sirvo. Tengo tres hijos, tengo 42 años, y mi esposa es educadora desde hace 22 años. Hemos hecho una vida a base de esfuerzo, de trabajo, hasta de plomero la he hecho", comenta con cierto resentimiento, pues ninguno de sus jefes del PRI lo apoyó cuando lo necesitaba."A mí me siguen señalando. Cuando me reconocen, gritan: 'ahí va el que mató a Colosio, el del segundo disparo'. Me han marcado de por vida. Recurrí a los priistas con los que trabajé, a mis exjefes, a los que cuidé a sus familias. Yo era chofer del CEN del PRI en Baja California, pero todos me cerraron las puertas. Tuvieron que pasar casi nueve años para que Jorge Ramos, presidente municipal de Tijuana por el PAN, me diera chamba". Durante todos esos años Cortés no quiso hablar del caso Colosio, pero decidió participar en el libro de Constantino Presa, un publicista de la Ciudad de México que colabora desde hace tiempo en la alcaldía tijuanense."Guardé silencio porque tengo una familia que ya había sido pisoteada, vejada, muy lastimada. Se llevaron entre las patas a mi familia", dice en entrevista telefónica. –¿Por qué aceptó hablar para que escribiera este libro? –Porque en estas administraciones se siguen practicando muchas injusticias como la mía, es como si regresara el tiempo. Esto me duele, me lastima que el Poder Judicial siga dando órdenes de arraigo sin bases y que se les condene (a las víctimas de esas irregularidades). Por eso es que acepté que Constantino Presa hiciera el libro. –A 15 años del asesinato, ¿qué cree que ocurrió en realidad? –Una gran injusticia. No lo acabo de creer, ha sido una cosa terrible en mi vida. Se me desarrolló la diabetes, mataron a quien iba a ser nuestro presidente... Fue una injusticia. –¿Señala en el libro a algún grupo como autor del asesinato de Colosio? –No, no tengo por qué hacerlo. Haría lo mismo que hizo el maquiavélico de Chapa Bezanilla: incriminar a alguien sin tener pruebas, como hizo conmigo. Yo fui un simple chofer del PRI, nunca he querido ser diputado o tener un puesto de elección popular, siempre he trabajado honestamente y nunca me he coludido con algún grupo de poder. Incriminado Desde que Chapa Bezanilla asumió la Fiscalía Especial de la PGR, acusó a Othón Cortés Vázquez de ser coautor material del homicidio junto con Mario Aburto. Para ello se basó en el testimonio de María Belem Mackliz Romero, Jorge Romero Romero y Jorge Amaral Muñoz, quienes declararon que Cortés portaba un arma y disparó desde muy cerca contra el costado izquierdo de Luis Donaldo Colosio. Sin embargo, los tres se desdijeron y Chapa Bezanilla tuvo que renunciar a su cargo, porque además fracasó en la investigación de los asesinatos del líder nacional del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, y del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo."A mí me utilizaron –afirma–, queriendo que incriminara al compadre del licenciado Colosio, a quien era entonces gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones. También querían que incriminara al general Domiro García Reyes. Me decían que ya los tenían sitiados, rodeados, que sólo esperaban que yo firmara la declaración para detenerlos. Pero nunca lo hice, por eso me rompieron un oído, la dentadura, me torturaron". Asegura que las autoridades ya tenían un borrador donde Cortés declaraba que "estaba preparado por órdenes del señor gobernador, Manlio Fabio Beltrones, y del general Domiro García Reyes, para atentar en contra de la vida del licenciado Luis Donaldo Colosio". –¿Se lo pedía Chapa Bezanilla? –Yo estaba vendado de los ojos, pero como siempre lo he dicho: siempre hay una cabeza en las bandas y esa cabeza era Chapa Bezanilla. Eso creo, porque sus órdenes eran que me torturaran y lo hicieron: me echaron agua de gas con chile en la nariz, me metieron alfileres en las uñas, y muchas cosas que pongo en el libro. –¿Quién mató entonces a Colosio? –Creo que fue Mario Aburto, como lo dice en su investigación el fiscal Luis Raúl González Pérez, quien se basó en pruebas científicas, no en suposiciones o en invenciones. Siguiendo investigaciones serias comprobó que fue un solo hombre. –¿Que puede aportar su libro? –La aportación es que (se pugna para que) ya no haya acusaciones prefabricadas, que ya no existan autoridades como Antonio Lozano o Pablo Chapa Bezanilla, para que sólo se aplique la ley, que no se manipule la justicia. Othón Cortés afirma que el papel de Antonio Lozano como procurador general de la República fue pésimo: "Es un hombre sin escrúpulos, igual que Pablo Chapa Bezanilla. Son maquiavélicos, enfermos mentales, querían dejarme en la cárcel toda la vida y lavarse las manos, pasándose por el arco del triunfo la ley". Sin embargo, manifiesta que gracias a su abogado defensor, que era de oficio porque él no tenía dinero para pagar uno privado, se comprobó que era inocente. "Chapa Bezanilla lo quiso comprar con 5 millones de dólares para que abandonara mi caso, pero nunca aceptó. Yo iba a ser el chivo expiatorio perfecto, pero gracias a Dios se comprobó que todo era una mentira. Yo sólo fui el chofer del licenciado Luis Donaldo Colosio", sostiene Cortés.Constantino Presa, el autor del libro, señala por su parte que fue muy difícil sacar la información por el temor que tenía Othón de que dañaran a su familia y porque el caso del asesinato de Colosio aún pesa en la sociedad. "El libro es muy vigente porque en Tijuana siguen ocurriendo casos similares –explica–. Si antes fue un crimen político del que se acusó a Othón Cortés, ahora es el Ejército el que ha actuado en contra de la ciudadanía. El aporte del libro es que cambia la imagen negativa que se le quedó (a Cortés) como el segundo tirador, y a 15 años del asesinato de Colosio, la gente tiene que cambiar esa idea errónea que hay sobre Othón".Y concluye: "Intentamos contar lo que le hicieron las autoridades de ese tiempo, para que no ocurra lo mismo hoy".
Cevallos, Acosta y Carrillo. 
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