Si Petróleos Mexicanos (Pemex) fuera una sociedad anónima y si Juan José Suárez Coppel fuera su gerente, dueño o principal accionista y compartiera los títulos de propiedad con Carlos A Morales, Miguel Tame,Rafael Beverido y María del Rocío Cárdenas, junto con otros socios más que, por ejemplo, podrían ser Felipe Calderón y su gabinete y los legisladores priístas, panistas o ecologistas, es obvio que tendrían todo el derecho de manejarla como se les antojara. Podrían elegir libremente a sus accionistas, convertir a la firma en una trasnacional “exitosa” como las de Carlos Slim, venderla o hundirla, como sucedió con Mexicana de Aviación, gracias a las pillerías de Gastón Azcárraga. Su destino sería un asunto particular, apenas digno del anecdotario de la jungla capitalista.
Las únicas restricciones que enfrentarían el hipotético Pemex, SA de CV, y sus imaginarios propietarios estarían determinadas por las leyes que normarían las relaciones entre los asociados, competidores, deudores, acreedores y trabajadores, consumidores, autoridades y demás personas físicas y morales involucradas, supuestamente para salvaguardar los intereses de unos y otros y velar por la moral y la salud del sistema de la “libre empresa”. Desde luego, en ese escenario figurado, utilizo las palabras “moral” y “salud” en un sentido retórico, porque en el mundo real, el modus operandi de los capitalistas y las compañías es diáfanamente viscoso y denso como el petróleo pesado, como lo constató el sociólogo estadunidense Edwin H Sutherland, también considerado uno de los más influyentes criminólogos del siglo XX.
En su trabajo La delincuencia de las grandes empresas (1948), donde estudia a las 70 corporaciones estadunidenses más grandes y su relación con la legalidad (comercial, publicitaria, financiera, laboral, el uso de patentes, marcas y derechos de autor y del consumidor), concluye que “el hombre de negocios ideal y la gran corporación son en buena medida como el ladrón profesional”, debido a su desprecio por las leyes y las autoridades que se inmiscuyen en sus actividades, por su misteriosa y seductora proclividad por violarlas reiteradamente como una política definida, “sirviéndose de lo que se pueden llamar métodos del crimen organizado”, como lo hacen “los ladrones profesionales”. La diferencia entre ellos es que mientras éstos admiten que son delincuentes cuando hablan con honestidad, los hombres de negocios se consideran honestos, respetables. Sólo se aceptan como transgresores cuando consideran que las normas están mal hechas. Para ellos, los malhechores pertenecen a la clase socioeconómica más baja.
En su estudio Los delincuentes de cuello blanco (1949) destaca que las personas con un elevado estatus socioeconómico, a los que nombra “barones ladrones”, violentan las leyes destinadas a regular sus actividades profesionales (antimonopolios, de cambios, de valores, etcétera) y que su tasa de reincidencia es mucho más alta en comparación con otra clase de delincuentes (El delito de cuello blanco, La Piqueta, Madrid, 1999).
Pero el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no son recursos naturales privados. Constitucionalmente se encuentran bajo el dominio directo de la nación. Son inalienables e imprescriptibles. Su explotación corresponde exclusivamente a la patria. No son susceptibles de concesiones ni de contratos (por lo que no deben subsistir los que se hayan otorgado). El petróleo, los hidrocarburos y la petroquímica básica son áreas estratégicas bajo la responsabilidad del Estado y de Pemex, entidad encargada de su aprovechamiento. Sus funcionarios son servidores públicos y sus tareas están sometidas a la Carta Magna y las leyes reglamentarias. Son los responsables del patrimonio y del funcionamiento de la paraestatal, de la industria petrolera y del uso racional de los recursos naturales, y deben rendir cuentas a los organismos comisionados de la supervisión.
El problema empieza cuando el Ejecutivo y el Legislativo ?responsables de velar por el imperio de las leyes? son los primeros en darle la vuelta a la Carta Magna con normas secundarias, con el objeto de someter el interés público a la acumulación del capital nacional y extranjero. La derecha neoliberal priísta-panista ha reinterpretado dolosamente la Constitución para reprivatizar la explotación de los recursos energéticos, despedazarla industria petrolera, transformar en negocio de particulares todas las actividades de Pemex, compartir la renta petrolera con las grandes empresas y convertir a la paraestatal en una simple administradora discrecional de los contratos incentivados de reputación anticonstitucional.
Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada de velar por el estado de derecho, se mantiene ciega, sorda y muda ante las tropelías y los derechos de la población (al claudicar ante los intereses del poder político y económico y sustituir la toga por los faldones clericales, que degradan a la institución a la que representa) asumió una postura ambigua ante dichos contratos, se escurrió por las ramas al negarles el derecho a varios legisladores para someter a una controversia respecto de su constitucionalidad y dejó de lado el fondo de la litis. Era el último obstáculo para anteponer los preceptos constitucionales al pillaje y a la depredación del bloque dominante. Pero decidió arrogarse el papel de tapadera infranqueable de la impunidad. Enjuto favor les hizo a las mujeres al negarles su derecho a decidir en relación con el aborto. Ahí antepuso sus preceptos religiosos y subjetivos sobre los constitucionales, y nos regresó al oscurantismo. Le hizo el juego a Calderón, Lorenzo Servitje, Norberto Rivera y demás personajes de la actual inquisición, equiparable con el de la derecha religiosa estadunidense que le grita a Barack Obama “¡Jesús es el señor; Obama es el anticristo!”.
Desaprovechó una oportunidad para limpiar un poco su imagen y emitir una resolución racional, justa y democrática a una nación necesitada de verdaderas instituciones que puedan enfrentar los retos actuales de una sociedad que está siendo llevada al retroceso). Cuando los neoporfiristas de Pemex interpretan a modo la indeterminación y el silencio cómplice de la Suprema Corte y, para abrir boca, empiezan el reparto de espléndidos y oscuros contratos, como los tres bloques “maduros” para su exploración y explotación y por estas fechas concederán otros más, pese al estercolero heredado por los Pidiregas consolidados como deuda pública en 2009 y que pagamos con nuestros impuestos (un saldo de casi 1 billón de pesos, más 367 mil millones y 143 mil millones de pesos por concepto de amortizaciones e intereses pagados). Cuando la Secretaría de la Función Pública evidencia una vez más su incompetencia y su papel de trastienda, la Auditoría Superior aparece como un león desdentado y la mayoría legislativa encubridora mira hacia otro lado.
La sórdida relación entre “los socios asociados en sociedad” ?en palabras del poeta cubano Nicolás Guillén? directivos de Pemex, Sacyr Vallehermoso y Repsol es un capítulo más de la política petrolera neoliberal que despide el tufo de la transgresión de las empresas y de los delincuentes de cuello blanco.
La mala reputación enloda a los asociados
La mala reputación enloda a los asociados
La del economista Suárez Coppel es una delicia. Es un Chicago Boy forjado en las desacreditadas y vulgares escuelas del Instituto Tecnológico Autónomo de México y en Chicago mismo (corresponsables del colapso del neoliberalismo). Se dice que fue apadrinado por el oscuro Chicago Boy Francisco Gil Díaz, de siniestra memoria, como servidor público y que llegó a Pemex con la encomienda de consolidar la entrega de la industria a la voracidad de los hombres de presa, pese a su participación en el fracaso de la emisión de los bonos petroleros, la parodia del “capitalismo thatcheriano”, y que poco antes había sido despedido del Grupo Modelo al provocarle pérdidas patrimoniales y financieras con sus especulativas operaciones en los mercados bursátil y de futuros, como recordara Graco Ramírez.
La periodista Jesusa Cervantes señala en su obra Los hijos de Marta que era identificado como un capi “inamovible”, “el líder de la organización interna” de Pemex, ligado a Antonio Juan Marcos Issa, exasesor de los entonces directores de la paraestatal, Rogelio Montemayor, Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, quienes entregaron millonarios contratos a las empresas favoritas del sexenio de Vicente Fox: Oceanografía y el consorcio Blue Marine, ligadas a los cachorros de Marta Sahagún.
Las periodistas Nancy Flores y Ana Lilia Pérez, de Contralínea, documentan sus “transparentes” relaciones incómodas con su primo José Alfredo Coppel Salcido, propietario de Global Drilling Fluids de México (http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/07/24/el-primo-incomodo-de-suarez-coppel/)y la vida regalada de barón que se da en la Quinta Avenida o en Londres, a costa de Pemex y de nuestros impuestos (http://www.voltairenet.org/Suarez-Coppel-dispendio-en-tiempo).
El acuerdo entre los socios Pemex-Sacyr Vallehermoso tiene su discreto encanto. Se realiza a través de la filial holandesa PMI Holdings, una de las 25 compañías creadas por Pemex, 11 de las cuales son manejadas por la división PMI Comercio Internacional, cuyas operaciones superan los 26 mil millones de pesos (Nancy Flores, “Pemex privatiza 26 mil MDP en operación de Repsol”; http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/09/18/pemex-privatiza-26-mil-mdp-en-operacion-de-repsol/). Son entidades creadas por una empresa estatal, con dinero público y que manejan éste. Pero funcionan como compañías privadas. No rinden cuentas a nadie. Nadie puede supervisarlas. Han sido abiertas en los llamados paraísos fiscales, lugares donde se instalan empresas fantasmas, públicas (el capitalismo público offshore) y privadas, anónimas, simples membretes. Con un pago mínimo, por esas zonas fluyen de manera triangulada miles de millones de dólares que no les gusta la supervisión. Prefieren la opaca discrecionalidad. Y como el Triángulo de las Bermudas, en los insondables abismos de dichos paraísos se pierden inquietantes historias. Se borran sus orígenes y reaparecen como capitales limpios, o blanqueados, si se prefiere.
Los economistas Thierry Godefroy y Pierre Lascoumes prefieren llamar a esos mercados como los parásitos fiscales y financieros del capitalismo, de contabilidad creativa, donde trabajan los piratas mercantiles que mueven capitales turbios, corruptos, sangrientos: dinero público y privado, del narco, de las iglesias (El capitalismo clandestino, Paidós, 2005).
Justificar la ampliación de la participación accionaria de Pemex en Repsol, que aumenta la deuda de la paraestatal (53 mil millones de dólares, antes de la operación), como parte de la estrategia de internacionalización de la empresa o la transferencia de tecnología, no son más que mentiras de lactante.
¿Qué pretenden ocultar Suárez Coppel, el gobierno mexicano y sus socios de mala reputación? ¿Qué favores le deben al “amigo” Luis del Rivero, presidente de Sacyr, qué compromisos quieren saldar, a cambio de qué pretenden evitar el derrumbe del español con el dinero público mexicano? Porque Sacyr Vallehermoso es una entidad quebrada debido a la crisis inmobiliaria española. La firma desconoce el negocio petrolero. Su inversión apalancada en Repsol es la típica operación de una empresa que compra lo que sea para diversificar su portafolio, elevar sus ganancias y luego vender especulativamente los papeles. Pudo invertir su dinero en una granja de cerdos o en una empresa limpiadora de cloacas. Da lo mismo. Pero necesita urgentemente capital para pagar las acciones que tiene de Repsol, compradas con créditos.
La reputación de esa trasnacional en Argentina, Bolivia y Perú es simpáticamente negra: la máxima extracción de hidrocarburos, la sobreexplotación de los yacimientos, sin realizar las inversiones necesarias para reponer o elevar las reservas; la destrucción ambiental; el fraude contable y bursátil para evadir el pago de impuestos y engañar a los compradores de títulos; la violación de los derechos laborales; la corrupción; y el desacato jurídico.
En 2005, la agencia federal Securities andExchange Commission de Estados Unidos desnudó su “creatividad contable”. Y Respsol abastece con gas peruano a la Comisión Federal de Electricidad, por medio de contratos que apestan a corrupción.
Mientras tanto, las reservas mexicanas de crudo, la producción, las exportaciones de éste y sus derivados declinan, y las importaciones de estos últimos se elevan sustancialmente, al igual que la depredación y el saqueo de los capitales privados. ¿También se inflan las cuentas bancarias de los calderonistas? Y la Refinería de Tula se reduce a una barda. Y los mexicanos pagamos más impuestos y precios más altos para sostener este esquema. Es la magia de la política petrolera priísta-panista.
*Economista
A Vega Casillas le gusta hablar de los casos exitosos. Asegura que entre el 90 y el 95 por ciento de los hechos que denuncia la Secretaría ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se mantienen firmes. Las sanciones económicas siempre las gana la dependencia a su cargo.
—Antonio Juan Marcos Issa, accionista del Grupo Blue Marine, fue coordinador de asesores de dos directores generales de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy y Raúl Muñoz Leos. Cuando entra Luis Ramírez Corzo a la Dirección General acuerdan que Marcos Issa se separe del cargo, porque también había trabajado en Turbina Solar. Entonces se piensa que podría demostrarse un conflicto de intereses. Él se separa, pero sus empresas privadas siguen brindando servicios a Pemex. ¿Hay responsabilidad en esto? ¿Hay algún indicio de que el principal asesor de los dos directores generales y socio del tercer director general tuviera su empresa y sea ésa exactamente la que estaba cometiendo los actos ilícitos que ustedes documentan? ¿Eso también está dentro del marco de la investigación?
El procedimiento, una vez que queda firme la sanción, es que se convierte en un crédito fiscal y es la Secretaría de Hacienda quien lo cobra. De acuerdo con el Código Fiscal, Hacienda es la que hace los cobros y ellos son los que llevan todo el asunto de las recuperaciones. ¿Por qué se fincan multas tan altas? Lo que la ley prevé es que a cada uno de los funcionarios se le cargue todo el daño que causó, porque los funcionarios cuando hacen este tipo de cosas tienen más capacidad de daño que capacidad de pago. Entonces la ley dice que se les finque todo el daño que causaron porque lo que se busca es que entre todos se recupere el mayor dinero que se pueda, hasta donde les den sus bienes. Esto se vuelve un asunto ejemplar para los demás funcionarios: si cometes un acto de corrupción, no sólo vas a perder el dinero mal habido, vas a perder todo lo que tienes. Ése es el castigo y la ley lo que trata es que el Estado mexicano pueda recuperar la mayor cantidad del daño. Por supuesto que no sería aceptable que la ley dijera que sólo regresaran lo que se llevaran; eso sería un aliciente para que todos los funcionarios cometieran actos de corrupción. Se trata de que sea un asunto ejemplar.
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